Diario de Sesiones 70, de fecha 12/3/2013
Punto 9

· 8L/PO/P-0775 Pregunta de la señora diputada doña María Luisa Zamora Rodríguez, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre reforma integral de los registros propuesta por el Gobierno del Estado, dirigida al señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.

El señor presidente: Siguiente pregunta, de la señora diputada doña María Luisa Zamora Rodríguez, del Grupo Nacionalista Canario, dirigida al señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.

Doña María Luisa Zamora.

La señora Zamora Rodríguez (Desde su escaño): Gracias, presidente.

Señor consejero, en el ámbito de la justicia cada día nos encontramos con una cosa nueva. No hay precedentes en la historia de España que igualen lo que ha hecho el Partido Popular con la justicia y ahora con lo que pretende hacer con un servicio público, como es el Registro Civil.

El señor Gallardón tiene ya un récord, porque es el primer ministro de Justicia de la democracia que ha unido a todos los sectores del mundo del Derecho y de la justicia en su contra. Jueces, fiscales, abogados, sindicatos y consumidores se han opuesto a todas estas reformas que se han ido y que se irán implantando en el futuro. La obsesión del señor Gallardón por crear nuevos impuestos, tasas y aranceles y cobrar por todo va por camino de convertirle en plusmarquista mundial también de las privatizaciones.

Así, vemos que en el anteproyecto de Ley de Reforma Integral de los Registros el Gobierno prevé dejar el Registro Civil en manos de los registradores de la propiedad y mercantiles, que sufragarán los costes derivados de la prestación de este servicio público, así como sus honorarios, mediante la aplicación de los correspondientes aranceles. El texto del ministerio prevé que entrar, el traspaso, los usuarios tengan que pagar un arancel por determinados servicios que hasta el momento no tenían costes. Esos pagos deberán sufragar los gastos de gestión, funcionamiento y conservación de las oficinas registrales, así como la retribución de sus profesionales.

Piense usted que, aunque los registradores de la propiedad son funcionarios públicos, no cobran de los Presupuestos del Estado sino que sus ingresos provienen de los aranceles que cobran a quienes solicitan sus servicios. Entonces, según el ministerio, los actos habituales para los que se recurre al Registro Civil, como pueden ser la inscripción de nacimientos y las de actas de defunción, seguirán siendo gratuitos, pero este extremo tampoco aparece en el anteproyecto del Ministerio de Justicia. Incluso sus fuentes han oscilado, han dicho, han previsto que las tasas, los aranceles que se aplicarán oscilarán entre los 10 y 40 euros para todos aquellos actos, como son trámites de matrimonio, divorcios, filiación de los hijos, cambios de nombres y apellidos, peticiones de nacionalidad, etcétera. Hemos pasado del tasazo judicial al arancelazo judicial, sin que, por otra parte, se pueda alegar reducción de costes en salarios públicos, ya que los funcionarios encargados hasta ahora de los registros civiles, pues, deben ser ubicados en otros departamentos del Ministerio de Justicia, sin alivio para las arcas del Estado.

Tampoco entiendo la contradicción, porque el Gobierno ha invertido unos 128 millones de euros en la modernización, informatización y digitalización de los registros y que ahora aproveche esta mejora...

El señor presidente: Muchas gracias, doña María Luisa Zamora.

Señor consejero de Presidencia y Justicia, don Francisco Hernández Spínola.

El señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad (Hernández Spínola) (Desde su escaño): Buenos días, señor presidente. Señoría.

Me pregunta usted que qué opinión le merece la reforma de los registros al Gobierno de Canarias. Bien, en primer lugar quiero decirle que ha habido una reforma que se operó por medio de una ley publicada en el Boletín Oficial del Estado en el mes de junio del año 2011, y quiero decirle que nosotros estamos de acuerdo con los objetivos de esa reforma. Ahora bien, lo que nos preocupa es el modo de ejecución. ¿Por qué? Pues, mire, los registros, el Registro Civil debe estar desjudicializado, porque digamos que no tiene, no hay una función jurisdiccional ahí y, por tanto, es correcto que se separe del ámbito judicial. Ahora bien, dicho esto, nosotros estamos radicalmente en contra de la privatización del Registro Civil.

¿Qué atiende el Registro Civil? Pues fundamentalmente el estado de la persona: el nacimiento, los matrimonios, las defunciones, etcétera, y eso no puede privatizarse, debe haber un control público sobre todos esos actos que se desarrollen.

Bien. Lo que sabemos hasta ahora es que el Ministerio de Justicia les ha encargado a los registradores de la propiedad la tramitación de los expedientes de nacionalidad, que estaban atascadísimos. Sabe usted que el señor Rajoy le tiene un cariño especial al cuerpo de los registradores de la propiedad, ya sabe por qué, y esta función ha sido encargada por el ministro de Justicia. Ahora bien, ¿qué va a pasar con el resto de actuaciones?, estamos a la espera.

No nos parece en absoluto correcto que no se esté contando con las comunidades autónomas, porque las comunidades autónomas que tenemos competencias en materia de justicia hemos hecho inversiones para modernizar el Registro Civil. Los funcionarios dependen de la comunidad autónoma. ¿Cómo es posible que el Ministerio de Justicia no tenga en consideración a las comunidades autónomas y en este caso a la nuestra, que hemos invertido recursos para modernizar el Registro Civil en Canarias? Por tanto, nos parece sorprendente y criticable esa actuación que está llevando a cabo el Gobierno de España, que desde luego vive en la opacidad, porque no termina de diseñar...

El señor presidente: Muchas gracias, don Francisco Hernández Spínola, señor consejero.