Diario de Sesiones 74, de fecha 9/4/2013
Punto 25

· 8L/C-0905 Comparecencia del Gobierno -vicepresidente del Gobierno y consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad-, instada por el Grupo Parlamentario Popular, sobre las ayudas públicas al transporte escolar.

El señor presidente: Continuamos con las comparecencias. La del transporte escolar, don José Miguel, es suya también, la va a defender.

Entonces vemos la comparecencia 905, solicitada por el Grupo Parlamentario Popular, sobre las ayudas públicas al transporte escolar.

Don Fernando Enseñat.

El señor Enseñat Bueno: Buenos días, señor presidente. Señor consejero, señores diputados.

Dar la bienvenida también a los representantes del transporte escolar, que hoy nos acompañan.

Señor consejero, le hemos pedido esta comparecencia porque el sector del transporte escolar en los últimos meses se ha dirigido a mi grupo parlamentario para denunciar la intranquilidad y la preocupación que usted está generando en casi 200 empresas y 4.000 trabajadores en Canarias. Intranquilidad y preocupación provocada por las decisiones tomadas por su consejería y por el temor a que este Gobierno no cumpla con los acuerdos alcanzados con el sector. Como he dicho, un sector, el del transporte escolar, formado por casi 200 empresas, 1.500 guaguas asociadas y 4.000 empleos directos entre conductores, acompañantes y personal administrativo. Un sector que mira su futuro y su supervivencia con pesimismo, ya que a los efectos de esta crisis económica, que se ceba especialmente en estas empresas, tienen que sumarles las consecuencias de la deficiente gestión de su consejería al frente del transporte escolar, que está poniendo en peligro más del 50% de los ingresos de las empresas canarias del transporte por carretera.

En los años 2008 y 2009, en dos concursos, la Consejería de Educación saca a licitación, por procedimiento abierto y modalidad de concierto, el servicio público de transporte escolar de los alumnos matriculados en los centros docentes públicos no universitarios para los cursos escolares, el primero 2008/2009 al 2012/2013 y el segundo, 2009/2010 al 2012/2013. Los transportistas aseguran que se llegó a un acuerdo entre el Gobierno de Canarias y las empresas concesionarias del sector del transporte escolar, por el que estas se obligaban a realizar una fuerte inversión en la renovación de guaguas, en la seguridad, en la formación y especialización de los trabajadores y en implementar la última tecnología. Por su parte, la consejería se comprometía, según ambos conciertos, a prorrogar los contratos por un máximo de 25 años para dar tiempo a dichas empresas a amortizar las millonarias inversiones que iban a realizar y que de hecho ya han realizado.

Es verdad que se trató de un acuerdo verbal que no llegó a formalizarse por escrito, pero no por ello tiene menos validez y eficacia. Además varios datos nos llevan al convencimiento de que dicho acuerdo existió y no solo la palabra de los transportistas, que tiene todo el valor para nosotros.

Primero. En ambos pliegos de cláusulas administrativas particulares, en el apartado segundo de la cláusula octava, sobre la duración del contrato y plazo de ejecución del mismo, se prevé que el plazo de vigencia puede ser prorrogado de forma expresa y por mutuo acuerdo entre las partes antes de su finalización por un periodo máximo de 25 años.

Segundo. En una respuesta por escrito, en marzo del 2009, de la Consejería de Educación, sobre la gestión del servicio público de transporte escolar, se pone de manifiesto la importancia de controlar que el servicio se esté realizando con los vehículos comprometidos en el concurso, ya que literalmente se reconoce que esta fue la causa determinante de la adjudicación de las rutas.

Y tercero. Se produce un hecho objetivo, la comunidad autónoma pasó del puesto 14 al número 1 en cuanto al criterio de modernización y seguridad de la flota del transporte escolar en España.

Señor consejero, le pregunto: ¿usted reconoce este acuerdo?, ¿usted reconoce que este acuerdo existió? Y, lo que es más importante, ¿lo va usted a respetar? Los transportistas cumplieron su parte: ¿va usted a cumplir el compromiso asumido por la consejería, sí o no?

En el próximo mes de junio finalizarán los contratos suscritos sobre el 65% de las rutas escolares. Faltan solo dos meses y los transportistas se encuentran en una situación de total inseguridad e incertidumbre sobre el futuro o, mejor dicho, sobre si tienen futuro. Necesitan la prórroga del concierto para poder amortizar las inversiones realizadas, porque de otra forma estas empresas irán a la quiebra.

Le instamos a que declare cuáles son sus verdaderas intenciones: ¿va a prorrogar los contratos conforme al compromiso con los transportistas? Al respecto le advertimos que la cláusula octava de ambos concursos prevé dicha posibilidad, siempre y cuando se formalice previamente a la finalización del plazo. Aún está usted a tiempo y tiene la vía legal para hacerlo. O por el contrario va usted, como hizo en diciembre pasado, a sacar las rutas a un nuevo concurso, permitiendo licitar a empresas públicas que hacen competencia desleal y ofertando la consejería las rutas a precios de salida tan bajos que pueden llegar a poner en riesgo la seguridad y la calidad del servicio, un servicio -no se olvide usted- que es el transporte escolar, el transporte de niños.

Gracias.

El señor presidente: Muchas gracias, don Fernando.

Señor vicepresidente del Gobierno, don José Miguel Pérez.

El señor vicepresidente del Gobierno y consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad (Pérez García): Gracias, señor presidente. Señorías.

El objeto de la comparecencia, evidentemente, era, según se anunciaba, el comentar cuál es la situación del servicio del transporte escolar. Voy a intentar hacer referencia a ello y luego, a lo largo de la comparecencia, haré mención concreta a algunos de los aspectos que usted plantea.

Quiero destacar, en primer lugar, que nos encontramos en una comunidad autónoma en la que, si algo caracteriza al servicio de transporte escolar, viene siendo la flexibilidad en todos los sentidos. Flexibilidad que implica, lógicamente, el intento de ga rantizar la calidad de las prestaciones de los estudiantes que hacen uso del transporte escolar. Y, por tanto, este transporte, siendo un servicio complementario a la educación, apoya la escolarización del alumnado perteneciente a los centros educativos públicos no universitarios y también a los vinculados a las residencias escolares de nuestra comunidad.

La Consejería de Educación, en la normativa en vigor desde hace mucho tiempo, garantiza el transporte de los alumnos de la siguiente manera: los alumnos de Educación Primaria y de Educación Secundaria Obligatoria, en 1º y 2º de la ESO, que tengan su domicilio en el área de influencia del centro educativo y que tengan que ser trasladados 2 o más kilómetros de distancia del mismo, ya sea por las rutas del transporte escolar establecidas o mediante las ayudas económicas individualizadas. Contribuye también al transporte de los alumnos de 3º y 4º curso de la ESO cuando deban ser trasladados a más de 5 km de su residencia habitual durante el curso, matriculados en sus áreas de influencia, o cuando, por necesidades de escolarización, sean desplazados a otros centros, bien por línea regular de uso especial de escolares o mediante ayudas individualizadas o por transportes públicos regulares de viajeros por medio de bonos. También garantiza el transporte, fuera de estos dos grupos de alumnos, a los alumnos con necesidades educativas especiales en todas las etapas, desde la Educación Infantil hasta el Bachillerato, y además hay transporte en las residencias escolares, como antes señalaba.

Independientemente de este alumnado con derecho al transporte escolar, tal y como se recoge en nuestra normativa, existe además otra clase de alumnos que hacen uso de las diferentes rutas de transporte y que son aquellos que pertenecen a la Educación Infantil de los centros de enseñanza Infantil y Primaria, de Bachillerato y de Formación Profesional en los institutos de Enseñanza Secundaria cuando las vacantes así lo posibilitan.

Cuando por cuestiones económicas o por estructuración se hace inviable una ruta de transporte escolar o no puede utilizar alguna de las rutas de transporte establecidas, como decía, los estudiantes hacen uso de las ayudas individualizadas. Ayudas que, como usted sabe, se han incrementado en los dos últimos años en un 61% (Abandona su lugar en la Mesa el señor presidente. Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente segundo, Fernández González).

Lógicamente este es el panorama normativo. Voy a darle algunos datos que pueden ser interesantes y que responden a la característica de flexibilidad de nuestro sistema. Durante el presente curso escolar, el alumnado transportado asciende a 42.580 alumnos. Son más alumnos que los que teníamos en cursos anteriores. El porcentaje de alumnos que llamamos no preferentes, es decir, que están fuera del derecho estricto, que es transportado en nuestro sistema de transporte escolar abarca el 30% del alumnado transportado, distribuidos de la siguiente manera: los alumnos de 3º de la ESO, que se transportan en un total de 4.336, representan casi un 40%, alumnos que no tienen en principio derecho al transporte escolar, dado que no cumplen los requisitos de distancia correspondientes. De 4º de la ESO, en un número de 3.486, representan también de ese porcentaje un 39,24%, alumnos que están fuera del requisito exigido de los 5 km o de cualquier otra circunstancia. El alumnado de Educación Infantil, es decir, 4-6, este alumnado viene a suponer el 52% de los alumnos que, estando en circunstancias de alumnado no preferente, hacen uso del sistema gratuito de transporte público escolar. Son en total unos 6.625 alumnos, a los que hay que sumar los alumnos de esta edad preferentes con discapacidad, por tanto, 6.849.

El presupuesto destinado al servicio de transporte, si sumamos los cuatro últimos presupuestos, es fácil de calcular. Puede usted ver que se ha incrementado notablemente en los últimos años, al igual, como decía, que el número de alumnos. El total de rutas que se cubren en nuestra comunidad hacen 1.229, con un gasto diario de 236.325 euros.

Esta es la realidad inicial de las cifras, que responden también, lógicamente, a prestaciones que efectúan diferentes empresas de transporte, que sirven, como no puede ser de otra manera, a los distintos trayectos.

Contratos hay de muy distintas clases y características, hechos en diferentes fechas, y efectivamente en su día se hizo creo que un esfuerzo importante, tanto por parte de la Administración como por parte de las empresas, para poder acoger las novedades, las innovaciones, que se plantearon para renovar los vehículos, para renovar, por tanto, el conjunto de los servicios. Es nuestra obligación cumplir, como no puede ser de otra manera, los contratos y es nuestra obligación, como no puede ser de otra manera también, atender el presupuesto del que disponemos.

Características que tienen algunos de estos contratos y que han sido renovados. Ha hecho usted una afirmación que en nuestra opinión no se corresponde con la realidad, puesto que plantea usted un 50% de riesgo, que nosotros no tenemos constancia del mismo. ¿Cómo se calcula el coste de un contrato para evitar la arbitrariedad? Para calcular el coste del contrato de una guagua el Gobierno de Canarias utiliza las siguientes variables: la capacidad del vehículo, los kilómetros del recorrido, es decir, teniendo en cuenta la ida y la vuelta a la cochera, cuatro horas por ruta, el tipo de carretera, si es llana, si es de dificultad media o es de máxima dificultad, los costes fijos y variables durante los días y duración del trayecto, la amortización del vehículo, el precio del combustible en el surtidor, todo ello según un cálculo que no hace, lógicamente, exclusivamente la Consejería de Educación, lo hace el Simertran, que, como usted conoce muy bien, es el sistema oficial de medición del transporte de mercancías y pasajeros que viene siendo considerada por nuestra Consejería de Transportes. Además de todas esas variables, se tiene en cuenta un incremento de un 20% en concepto de beneficio empresarial al resultado anterior y aparte se paga el conductor y se paga el acompañante.

Bien. Podría seguir efectuando cálculos que ya no serían para las guaguas sino para vehículos menores o para los taxis, pero estos son los cálculos que tenemos. Cálculos que por otro lado tienen que adaptarse cada vez que se obtiene la propuesta de bases para un nuevo concurso o para una renovación de pliegos.

Ha planteado usted un tema que nos preocupa efectivamente, seguramente por algo que va mucho más allá de lo que usted ha suscitado. Al Gobierno le preocupa el conjunto de la estructura de la red empresarial de transporte terrestre de viajeros en Canarias, y le preocupa en el sentido de que cualquier disfunción en cualquiera de las prestaciones que efectúa puede condicionar el presente y el futuro de esta red, y estamos trabajando para intentar combinar dos aspectos no fácilmente conciliables.

Primero, estamos tratando de combinar los intereses de la Administración. Intereses de la Administración que pasan por ejemplo por producir flexibilidad en las rutas, aspecto que nos demandan sí o sí los centros educativos, y a esto se puede oponer, por ejemplo, alguna cláusula contractual que imponga que una ruta que ya no es necesaria y haya de ser sustituida por otra obligatoriamente haya de ser abonada la primera junto con la segunda, salvo que medie algún cambio en la condición inicial. Esto, lógicamente, es un problema que tendremos que resolver, porque ni existe recurso para tanto ni existe necesidad de que esto siga siendo así. He puesto un ejemplo de algunos de los problemas a los que nos estamos enfrentando.

Necesitamos, además, acoplar el coste presupuestario a la realidad actual. Por ejemplo, ¿tiene sentido que cada año haya que subir el coste cuando nuestros presupuestos son absolutamente decrecientes? Esta es otra cuestión que tenemos que plantear, como no puede ser de otra manera.

El Gobierno tiene la voluntad de lógicamente combinar y conciliar ambos intereses, los de mantener la necesidad de una red de transporte que nos garantice en el futuro no solamente el transporte escolar...

El señor vicepresidente segundo (Fernández González): Vale, gracias, señor consejero.

Le iba a dar un minuto, pero...

Tienen la palabra ahora los grupos no proponentes. Grupo Mixto, por favor, señor Román.

El señor Rodríguez Rodríguez: Señor presidente. Señorías, muy buenas tardes.

Sobre este tema y en los tres minutos que me tocan.

Esta comunidad se gasta 45 millones de euros al año en garantizar el transporte escolar de nuestros chicos y chicas. Una cantidad muy significativa y que es elemento importante cara a la accesibilidad del sistema educativo, de la gente que no tiene la oportunidad de vivir al lado del colegio. Aunque no tengo ninguna encuesta rigurosa, yo creo que el nivel de satisfacción de los alumnos, de las familias y diría que de los centros es muy alto. Hemos chequeado en algunos centros y no hay problemas con el transporte escolar, el transporte escolar funciona bien. Y en el último concurso, que cambió de manera relevante la estructura de servicios, mejoró mucho la calidad de los vehículos, la seguridad y la confortabilidad, en definitiva. De manera que por esa parte no hay especiales problemas, aunque puede haber algún alumno en algún núcleo que no tenga ni transporte regular ni transporte escolar y se tengan que ajustar. Seguro que hay rutas absolutamente necesarias y otras, menos. De manera que por parte de la demanda, por parte de los ciudadanos, no hay problemas con el transporte escolar. El problema está en la estructura empresarial, que yo creo que poniendo sobre la mesa un riesgo calculado, porque el mundo empresarial vive también con el riesgo... Las empresas pequeñas y medianas del sector del transporte, que en Canarias, como en casi todas partes, es un sector muy fraccionado y con problemas de competitividad severos y que está muy afectado por la crisis, porque el sector del transporte está vinculado a otros ámbitos de la economía, están temerosas del futuro de esta vinculación contractual. Han hecho un gran esfuerzo de inversión que se amortiza a medio y largo plazo. Estas son máquinas de 400, 500, 600.000 euros y no se amortizan en seis meses. Y tienen un contrato con la Administración muy importante, muy relevante, muy significativo, que es posible, con las reglas en la mano y sin quebrantar nada, darle continuidad de mutuo acuerdo.

Yo creo que el señor consejero y vicepresidente del Gobierno lo decía al final, aquí de lo que se trata es de conciliar lo que debe ser siempre una preocupación de cualquier gobierno, y es que la gente nuestra, las estructuras empresariales, pues, puedan sobrevivir sin renunciar a la razón de ser del contrato, que es que se preste un servicio de calidad flexible y adaptado al momento económico. De forma que yo creo que eso es perfectamente posible. Creo que la afirmación del señor vicepresidente del Gobierno dice que esas dos cuestiones se pueden y se deben conciliar y yo confío en que sea así, porque será bueno para el servicio que prestan y será bueno para la estructura empresarial que soporta un sector, insisto, debilitado también por la crisis.

Muchísimas gracias.

El señor vicepresidente segundo (Fernández González): Muchas gracias, señor Román.

Tiene la palabra por el Grupo Socialista doña Rita.

La señora Gómez Castro: Gracias, señor presidente.

Yo voy a empezar precisamente por lo que ha finalizado tanto el portavoz de Nueva Canarias como el propio consejero. Aquí estamos en una situación, estamos ahora mismo en un proceso en el que hay que combinar y que hay que buscar una solución equilibrada para garantizar el servicio complementario de apoyo a la educación y para garantizar el mantenimiento de la red empresarial de esta comunidad. Por lo tanto, desde el Grupo Parlamentario Socialista, a esa red empresarial, que también se ha reunido con el Grupo Parlamentario Socialista, no en concreto conmigo como portavoz con Educación, pero sí en concreto con el portavoz de transportes, el señor Cruz, por lo tanto, darle la tranquilidad y la seguridad de que el Gobierno de Canarias, en este caso la Consejería de Educación, quien está dirigiendo y presidiendo esa negociación, buscará el equilibrio mediante el consenso, el acuerdo y el diálogo, que es el único medio para que las dos partes se consideren satisfechas.

Ya nombraba el señor Román, el señor portavoz de Nueva Canarias, que estamos hablando de unas cifras significativas. Estamos hablando de un presupuesto para el transporte escolar que asciende a unos 45 millones. Son tiempos para optimizar, para garantizar y para no reducir el servicio que se está prestando y para flexibilizar. Yo creo que esa es la postura que debemos adoptar. Está siendo un servicio que es satisfactorio, tal y como ha dicho el portavoz y como ha dicho el consejero. Salvo pequeñas incidencias que las vemos siempre al principio del inicio del curso escolar o que surgen porque las circunstancias hacen que surjan nuevos casos, estamos hablando de un servicio complementario, gratuito, esencial y fundamental para el apoyo de escolarización en nuestra comunidad. Siempre se ha trabajado de la mano del sector empresarial, de esa red empresarial en Canarias, y no le quepa duda alguna, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, que seguiremos trabajando de la mano y en un acuerdo todas las partes tienen que ser conscientes de la realidad económica en la que nos encontramos y, por lo tanto, tener voluntad de ceder y aceptar para llegar a un acuerdo.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente segundo (Fernández González): Muchas gracias, señora diputada.

Coalición Canaria.

La señora Zamora Rodríguez: Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías.

Efectivamente, como decía la señora Gómez Castro, el transporte escolar es un servicio complementario, un servicio compensatorio y un servicio gratuito, del que se benefician 42.580 escolares, como ha dicho el consejero, y con una cantidad importante de 45 millones de euros, aparte también de las ayudas individualizadas, que son 150.000 euros.

Es verdad que durante muchos años hubo muchos problemas con el transporte escolar, se producían muchas incidencias sobre todo al principio de curso, y con el concurso de 2008/2009 todo eso cambió y se hizo una importante inversión, y se cambió, todas las incidencias desaparecieron.

Estamos en un momento diferente: un momento económico malo, una situación económica en donde recibimos 370 millones de euros menos del Estado y que por supuesto hay que reestructurar todo lo que es el transporte escolar. Hay que hacer un nuevo mapa del transporte escolar, porque no es una foto fija sino que a veces desaparecen rutas porque los chicos ya son grandes y les apetece ir caminando, y hay núcleos nuevos de población que surgen, como es en el caso de El Sobradillo, que hay 40 viviendas nuevas y que hay que crear una nueva ruta.

Primero se sacó un concurso pequeño, que se resolvió en el mes de marzo, de 93 rutas para las rutas de nulidad, que son aquellas que están fuera de contrato, en donde es verdad que se presenta Titsa, pero que Titsa tiene la autorización del cabildo, además aparece en sus estatutos, tiene actividad separada. Y se presenta además solamente a un pequeño número de rutas, concretamente 16, de las que se le adjudican 12. Algunas no las quiere nadie, rutas alejadas, como Tierra del Trigo, que hay 18 alumnos que no tienen ningún tipo de transporte y donde Titsa tiene una mayor penetración que otros transportistas privados.

Pero ahora lo que a mí me preocupa en realidad es el concurso o la segunda parte, que afecta a cuatrocientas y pico rutas en la isla de Tenerife. Yo creo que, señor consejero, y me consta -señor vicepresidente del Gobierno-, que hay que seguir en diálogo con el sector de los transportistas privados. Hay que seguir con un entendimiento, porque ellos están dispuestos a bajar los precios y adaptarlos al observatorio, a lo que establece el observatorio de costes del Gobierno de Canarias en transporte. Estoy segura de que hay cláusulas lesivas con los contratos anteriores, como es, por ejemplo, que cuando se desaparece una ruta haya que seguir abonándola, que estarían dispuestos a adaptarla, y yo pienso que hay que estudiar todas las fórmulas posibles, como es la posible prórroga. Porque la prórroga aparece también en el contrato anterior, ellos han hecho una inversión muy grande en reformar la flota, en ampliarla y, por tanto, han dado mayor seguridad. Tenemos el transporte escolar más seguro de toda España y, por tanto, hay que darles facilidades a los empresarios privados, a los transportistas privados, para que...

El señor vicepresidente segundo (Fernández González): Gracias, doña Marisa.

Por parte del grupo proponente, don Fernando.

El señor Enseñat Bueno: Gracias, señor presidente.

Señor consejero, no me ha contestado a nada de lo que le he preguntado. Le pedí hablar del transporte y los transportistas y el 70% del tiempo se lo ha pasado hablando de los alumnos, lo cual no significa que los alumnos no sean importantes. Pero hay algo positivo: por primera vez yo creo que un miembro de este Gobierno afronta un problema sin echarle, al menos no mucho, toda la culpa a Madrid de todo y para todo. Pero en este caso, la verdad, no sé si lo hará en su segunda intervención, sería absurdo, porque este problema lo ha creado usted, eso sí, con el beneplácito de su jefe, el señor Paulino Rivero, y ahora es usted el que tiene que explicar al sector del transporte escolar por qué ha creado este embrollo y sobre todo cómo va a salir de él sin llevarse por delante al sector.

Usted pretende excusarse en los recortes presupuestarios, pero la verdad es que en el año 2012 el presupuesto ajustado de la comunidad autónoma alcanzó los 6.200 millones de euros, más otros 1.100 millones que el Gobierno de la nación le puso sobre la mesa con el FLA y el pago de facturas a proveedores. En total han tenido ustedes 7.300 millones de euros en el 2012 para gastar, tantos como en los mejores años. ¿Dónde está ese supuesto maltrato? Usted en otras ocasiones pretende excusarse detrás del control del déficit público que le impone el Estado, pero la verdad es que en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma del 2013 este Gobierno, de los 450 millones que tenía que reducir, prefiere recortar 130 en educación, en vez de recortar, por ejemplo, en los gastos de la Administración General de la Comunidad Autónoma, que alcanza los 252 millones de euros. Y la verdad es que usted ha recortado la partida de transporte escolar, a pesar de que sabía que en el año 2013 necesitaría como mínimo 5 millones de euros más al tener que incluir las 170 rutas ofertadas en diciembre del 2012.

Usted pretende justificarse con que no hay dinero y que hay que hacer ajustes por los cambios en el mapa escolar, pero es que los transportistas ya se han mostrado dispuestos a negociar con usted para alcanzar acuerdos que abaraten el coste del servicio y mejoren el trazado y la eficiencia de las rutas. Ya lo hicieron el verano pasado, aceptando modificaciones en las rutas y una drástica rebaja del 16%, a pesar de que usted no actuó desde el diálogo y la negociación, como suele presumir, sino de la fuerza que le da el poder: el amenazo, el ordeno y el mando.

Por lo tanto, su problema no es presupuestario ni es de variación de la demanda, entonces ¿cuál es la verdadera razón por la que no se quieren prorrogar esos contratos?, porque, aunque usted no se atreva a decirlo, sabemos que no lo va a hacer. Ya estamos acostumbrados a la forma de actuar de este Gobierno, que engaña y oculta sus verdaderas intenciones hasta el último minuto, hasta el último momento. Mire, lo hicieron con los trabajadores de las oficinas liquidadoras. Les prometieron que serían contratados por Grecasa e incluso les obligaron a hacer dos exámenes y luego, el último día, los 200 empleados todos a la calle. Lo han hecho con el personal sanitario, se llenan la boca diciendo que ustedes no van a despedir a nadie y acto seguido no renuevan contratos a 3.800 sanitarios. Y ahora les toca a los 4.000 empleados del sector del transporte escolar. Los tienen engañados. ¿Esperando a qué?: ¿no estará usted esperando a que finalice el curso escolar para que cuando el sector quiera levantarse sus acciones de protesta no tengan repercusión alguna al no haber transporte escolar en verano? Usted no debe, no puede seguir jugando con el sector y poniendo en peligro la supervivencia de cientos de pymes y autónomos canarios, empresas familiares canarias.

Dígame una cosa: ¿qué sentido tiene que con una mano estén diciendo que quieren fomentar solo la contratación de desempleados inscritos en Canarias y con la otra estén poniendo en peligro la estabilidad de 4.000 empleos canarios? No tiene sentido (Se reincorpora a su lugar en la Mesa el señor vicepresidente primero, Cruz Hernández, y pasa a ocupar la Presidencia).

Señor consejero, le aventuro, cuando llegue el verano su consejería sacará por vía de urgencia un nuevo concurso con todas estas rutas y lo peor es que lo hará como en diciembre, a unos precios irrisorios, que usted afirma que son precios de mercado pero la verdad es que solo se basan en el simulador de costes del transporte de viajeros de Canarias. Todas esas cosas que dicen es el simulador, pero usted sabe, o debería de saber, que este simulador se ha elaborado adaptando los resultados del Observatorio del coste del transporte de viajeros a nivel nacional, el cual a su vez se ha realizado con los datos del transporte discrecional en la Península. Datos que no tienen nada que ver ni con el transporte discrecional ni el regular en Canarias y mucho menos con el transporte escolar. No son precios de mercado.

Pero si usted no quiere creer al Grupo del Partido Popular crea al menos a los transportistas, que en diversas reuniones le han justificado cuál es el coste real del servicio. Pero si tampoco quiere creer al sector, crea entonces la cruda realidad. De las 173 rutas ofertadas en el concurso que usted sacó en diciembre 74, 74, quedaron desiertas por falta de rentabilidad para las empresas.

No quiero terminar mi intervención sin transmitir la disconformidad de los transportistas por la participación de la empresa pública Titsa en el concurso de diciembre, ya que ha vulnerado lo dispuesto en el artículo 54.2 de la Ley de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias. Cuántas veces hemos denunciado en este Parlamento que las empresas públicas, los entes y las fundaciones de la comunidad autónoma, además de ser deficitarios y costarnos ciento de millones a los canarios, hacen competencia a las empresas privadas, competencia desleal. Gesplan, Radiotelevisión Canaria, Grafcan, Gestur Las Palmas, Gestur Tenerife y ahora Titsa. Una empresa pública 100% del Cabildo Insular de Tenerife que acude a un concurso de la comunidad autónoma y se adjudica 12 rutas por valor de 721.000 euros, ganando a otros transportistas que concursaban por esas mismas rutas y haciendo competencia desleal.

Mire, de las 12 rutas tuvo el 100% de los puntos. Los máximos puntos en antigüedad de las guaguas, todas de un año de antigüedad, todas compradas con dinero público, y los máximos puntos en la oferta económica, con quitas de un 13 y un 15%, cuando el límite marcado como oferta desproporcionada se había fijado en un 8%.

¿Por qué se permite esas rebajas temerarias que el sector privado no puede permitirse? Tal vez la respuesta sea que para el Gobierno de Canarias no importa tener pérdidas, ya que las pagan los impuestos de los canarios.

Pero cuando uno piensa que las cosas no pueden empeorar, cuando el Partido Socialista y Coalición Canaria están en medio empeoran y a todos los problemas e inquietudes mencionados hay que sumarles que desde julio del año 2012 el sector del transporte no cobra la devolución del impuesto especial sobre combustibles que grava el gasóleo profesional. Y hay que tener en cuenta que el combustible es el segundo coste más alto de esta actividad, por lo que esta deuda está asfixiando aún más si cabe al sector. Una deuda más, un impago más, de ese gran moroso que es el Gobierno de Canarias.

Señor consejero, recapacite. Cualquier objetivo que usted esté buscando, cualquier enfrentamiento interno de este Gobierno de Coalición Canaria y Partido Socialista por el tema del transporte escolar, no compensa poner en peligro el futuro de 4.000 empleos, la viabilidad económica de 200 transportistas y el derecho de los niños a un transporte seguro y de calidad. Y le reitero el ofrecimiento de todo el sector para negociar con usted y, por supuesto, la mano tendida del Grupo Parlamentario Popular para que desde el consenso y el diálogo resolver este y todos los problemas de su consejería.

Por último, no quiero pasar esta oportunidad sin que me aclare unas denuncias que nos han llegado por parte del personal, de cierto personal, de la Dirección Territorial de Educación de Las Palmas. Denuncian que se encuentran en una situación tercermundista. ¿Es verdad que se están pagando rutas inexistentes? ¿Se ha hecho alguna comisión de estudio al respecto? ¿Qué fue de esa comisión de estudio? ¿Es verdad que se están realizando obras -entre comillas- irregulares en los aparcamientos de esa dirección territorial? ¿Se han sacado a concurso esas obras?

Gracias, señor consejero.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señor diputado.

Por parte del Gobierno, el señor vicepresidente y consejero de Educación, por tiempo de diez minutos tiene usted la palabra.

El señor vicepresidente del Gobierno y consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad (Pérez García): Gracias, señor presidente. Señorías.

Yo no he querido hablar del Gobierno central, es usted el que lo ha citado y, por tanto, pues, me lo pone en bandeja, porque, claro, si los empresarios del transporte de Canarias pensaran que este Gobierno nada en la abundancia como consecuencia de los ingresos que nos coloca el actual Gobierno central y encima usted pretende hacerse el valedor y el paladín de los empresarios del transporte partiendo de esa premisa, coloca usted a la Administración educativa y al Gobierno de Canarias en su conjunto ante una situación absolutamente irreal. No es verdad, no es cierto. Y no es cierto sencillamente porque todos sabemos cuál ha sido la disminución paulatina que, en recursos, las áreas que fueron en su día transferidas como competencia a la comunidad autónoma, hemos experimentado en el año 2012 y en el año 2013. Se ha reiterado, se ha explicado y se ha publicado con precisión.

Por tanto, no me voy a detener en eso, pero si alguien tiene alguna duda, le recuerdo la cifra mágica: del 2011, fecha del último presupuesto del anterior Gobierno, a ahora hemos perdido en educación, procedentes del Gobierno central por una y otra vía, 340 millones de euros. Y usted viene aquí pretendiendo decir, primero, que se ha subido y, en segundo lugar, que encima hay que seguir subiendo los recursos con cargo a 340 millones de euros menos que había y que ya no hay. Eso es lo que está usted planteando, pero si con esas armas piensa usted ser el paladín de los empresarios, nos va a llevar a un barranco sin salida. Yo prefiero hablar con ellos, por parte de los responsables de la consejería, que es lo que están haciendo, y tratando de poner orden no solo en las cuentas sino en aquellos aspectos que permitan, insisto, conciliar dos objetivos que en estos momentos son de extraordinaria dificultad. Y le he reiterado, 2010/2011, 2012/2013, que, sumando las cifras de ambos bienios, en el segundo el transporte escolar ha recibido más dinero que en el primero, a pesar de tener 340 millones de euros menos.

Pero plantea usted un tema que a mí me parece interesante desde el punto de vista de cómo resolvemos esto. Resolvemos contratos que, efectivamente, requieren flexibilidad, como he dicho, porque hay rutas que efectivamente quedan obsoletas. Muchas rutas quedan obsoletas con respecto a las existentes o, lo que es lo mismo, los centros nos plantean cambios. Y cuando hablo de los estudiantes y hablo de los directivos de los centros, hablo del cliente, que para cualquier entidad que preste servicios, hombre, es un actor fundamental con el que hay que contar, porque no a otra cosa nos debemos. Y esto es fundamental considerarlo. Si en virtud de determinadas cláusulas contractuales es imposible mantener esa flexibilidad, estaremos encareciendo absurdamente el coste para una Administración pública -no lo olvidemos- que ha tenido, como he dicho, ingresos fuertemente decrecientes. Y como tenemos que operar bajo esa lógica nosotros estamos intentando conciliar y combinar, insisto, los intereses de presente y de futuro. Y digo de futuro porque somos conscientes de la importancia que tiene la red de transporte público terrestre, no solamente afrontando circunstancias como la que acabo de comentar, afrontando, por ejemplo, lo que es el coste en precios.

En muchos de estos contratos, efectivamente, el coste en precios solo tiene una variable: subida con el IPC. Claro, si los contratos los tienen atados a esta variable cuando toda la realidad administrativa, cuando toda la realidad administrativa decrece, en presupuestos, en gastos, en el conjunto de los servicios, en todos los ámbitos, realmente es imposible su sostenibilidad, su sostenimiento y, por tanto, llegará un momento en que estalle, a pesar de que hayamos puesto más recursos, insisto. Pero habrá que hacerlo sostenible. Sostenible significa dos cosas: no solamente sostenible desde el punto de vista presupuestario sino sostenible desde el punto de vista de que sirva adecuadamente a las rutas que demandan en estos momentos nuestros centros. Que son cambiantes, como no puede ser de otra manera; no es lo mismo las que teníamos y las necesidades que teníamos hace cuatro años de la realidad actual.

Tenemos, por tanto, circunstancias que se han puesto de manifiesto en estas circunstancias cambiantes cuando hemos tenido que afrontar contratos de nulidad considerables y lo que hemos hecho es tratar de regularizar una situación que se volvió extraordinaria cuando con los anteriores contratos era imposible hacer frente a las situaciones cambiantes que se venían produciendo.

Estas son algunas de las circunstancias a las que nos enfrentamos. Y hay más, y hay más. Hay algunas más interesantes, por ejemplo la necesidad de la prórroga o la necesidad de un nuevo contrato para afrontar esto. Pues, mire usted, lo estamos analizando con detalle. ¿Por qué?, porque tiene implicaciones jurídicas y convendrá usted conmigo en que las implicaciones jurídicas todos nos vemos obligados a respetarlas. Si tenemos que adoptar nuevas rutas, lógicamente -y eso tiene implicación concreta sobre los contratos en vigor-, habrá que analizar lo que supone una opción y otra. Ya les adelanto que, por parte de la consejería, no hay ningún inconveniente en producir esa prórroga si fuera legal, si pudiéramos adaptar las necesidades que tienen nuestros centros y nuestros estudiantes a esos cambios de forma legal. Y esto es lo que se está hablando, no solamente en el seno de la Administración sino con los representantes de los empresarios del transporte. ¿Y por qué?, ¿por qué esta opción inicial, que es la que nos trasladan los propios empresarios? Porque se teme, como ha ocurrido en otros muchos lugares, que la apertura de nuevos contratos termine, vamos a llamar, desmoronando la actual red de transporte terrestre de viajeros en Canarias. ¿Cómo?: con la llegada de operadores que luego no garanticen la continuidad. Y eso el Gobierno lo entiende y así se les ha planteado en las reuniones que hemos tenido.

Por lo tanto, es fundamental tratar de conciliar estos dos elementos que no son sencillos. Ni nosotros estamos dilatando nada, como usted podrá comprender. Si todo dependiese de algo que se llama "presupuesto" que hemos tenido en ingreso creciente, según se ha dicho aquí, comprenderá usted que no tendríamos ningún problema, de qué problema estaríamos hablando, pero da la casualidad de que no ocurre tal cosa. Yo insisto, yo no cité al Gobierno central, ha sido usted el que lo ha planteado, pero, puestos a hablar, ya le recuerdo las cifras de lo que tenemos de menos. Desde luego la Consejería de Educación -y usted lo ha dicho muy bien- no ha decrecido en 340 millones de euros en estos tiempos. ¿Por qué?, porque el resto del Gobierno, el resto del Gobierno, para el transporte y para todos los demás servicios educativos, ha sido solidario y ha implementado los recursos necesarios. Y esa es la realidad que a día de hoy afrontamos.

El proceso, lógicamente, está abierto y el ánimo con el que concurrimos pretende la conciliación del sector, de sus intereses, de precios justos para todos, y desde luego los intereses públicos de la Administración, que van a estar de forma muy clara encima de la mesa.

Desconozco qué análisis tiene usted de costes. Supongo que tiene los de una parte. Yo le invitaría a que conociera las cifras y los estudios que tiene la propia Administración para que vea cómo cada ruta se calcula desde la Administración y cómo, cada ruta, se estiman sus costes en función de los que entendemos son precios justos y convenientes. Que se tenga que hacer un esfuerzo por los dos lados, no tengo ninguna duda; que existe voluntad, también, porque así se ha manifestado. Que no estamos ante una salida fácil, desde luego, pero no entiendan ustedes que se trata de que alguien tiene aquí interés en hacerle la trastada a nadie. En ningún momento.

Hay además algunos de los contratos que fueron en su día recurridos por los propios operadores isleños, que no estuvieron de acuerdo y que están en estos momentos en tribunales. Tenemos ahí un factor considerable de incertidumbre y nos gustaría al menos que de cara a futuro esas incertidumbres quedaran absolutamente despejadas, no solamente porque lleguen cuanto antes las correspondientes decisiones judiciales sino porque algunos de los elementos que nos dejan en situación de dificultad, pues, lógicamente no se tengan que producir.

Me hizo usted una pregunta que entiendo hace referencia a uno de los centros territoriales, en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, de la Consejería de Educación con respecto a determinado tipo de aparcamientos. He visto en un medio de comunicación una información que no se ajusta a la realidad, porque entre otras cosas se decía que allí estamos de prestado. No, no, no, no, se trata de unas instalaciones que son propiedad de la comunidad autónoma y que tienen además plazas de garaje propiedad de la propia comunidad autónoma. Y, por tanto, como no estaba definida la segregación con respecto a otros miembros de la comunidad de propietarios, lo que ha ocurrido es que la propia comunidad autónoma ha tenido que definir cuál es el espacio de las plazas de uso de la propia comunidad autónoma, como miembro de la propia comunidad de propietarios. Esa es la información que yo le puedo trasladar.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señor consejero.

(El señor vicepresidente segundo, Fernández González, ocupa un escaño en la sala.)