Diario de Sesiones 74, de fecha 9/4/2013
Punto 3

· 8L/PO/P-0851 Pregunta del señor diputado don Román Rodríguez Rodríguez, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre el proyecto de Ley de Fomento de la Competencia y Refuerzo de la Seguridad en los Sistemas Eléctricos Insulares y Extrapeninsulares, dirigida al señor presidente del Gobierno.

El señor presidente: Siguiente pregunta, del señor diputado don Román Rodríguez Rodríguez al señor presidente del Gobierno.

Don Román.

El señor Rodríguez Rodríguez (Desde su escaño): Señor presidente. Señor presidente del Gobierno, señorías: muy buenos días.

El objeto de la pregunta es conocer la valoración y las medidas que piensa tomar el Gobierno en relación a un importantísimo proyecto de ley, ya en tramitación en las Cortes Generales, que afecta de lleno al sistema eléctrico de Canarias.

El señor presidente: Muchas gracias, don Román Rodríguez.

Señor presidente del Gobierno.

El señor presidente del Gobierno (Rivero Baute) (Desde su escaño): Muchas gracias, señor presidente.

Señor diputado, ¿la valoración?: un cacicada más del Gobierno de España en contra del autogobierno de Canarias y el respeto a sus singularidades. ¿Las medidas?: utilizar todos los instrumentos que nos da el Estado de Derecho para recurrirla en todos los espacios donde podamos.

El señor presidente: Gracias, señor presidente del Gobierno, don Paulino Rivero.

Don Román Rodríguez.

El señor Rodríguez Rodríguez (Desde su escaño): Señor presidente, la ley en tramitación invade competencias de esta comunidad autónoma, expresa una deslealtad absoluta hacia las instituciones legítimas de esta comunidad, paraliza las inversiones previstas poniendo en riesgo la seguridad del sistema eléctrico de Canarias, retrasa sine díe inversiones estratégicas, entre ellas una muy simbólica que son las hidroeléctricas, especialmente Chira-Soria en Gran Canaria, aumenta la burocracia, porque se establecen nuevos requisitos para la toma de decisiones de aquellos que teóricamente hablan de la simplificación y generan una potente inseguridad jurídica porque se va a judicializar todo el proceso de instalaciones en Canarias. Además se favorece un nuevo monopolio, el monopolio de Red Eléctrica Española, que, contraviniendo la legislación europea, es ahora competente no solo como operador, como transportador, sino como productor de energía. Y además genera una cuestión -que yo nunca negaré porque soy partidario en situaciones excepcionales de que el Estado ejerza las funciones de interés general-: nacionaliza recursos privados sin que existan razones aparentes que lo justifiquen.

Solo hay un argumento que se esgrime en el texto legislativo en tramitación, y es romper los monopolios. Es curioso que quien privatizó Unelco con el argumento de que era un monopolio público que impedía la entrada de otros operadores 15 años después el mismo partido sea quien, con el mismo argumento, hable de romper el llamado monopolio privado.

No sabemos cuáles son todos los intríngulis de esta iniciativa, pero seguro que está presidida por lo que preside toda la política del Partido Popular desde que llegó al Gobierno: ajustar el gasto público. Y eso significa que si para ajustar el gasto público hay que descapitalizar el sistema energético de Canarias, se hará; si para ajustar el gasto público hay que cuestionar inversiones estratégicas como las centrales hidroeléctricas, se hará; y si para ajustar el gasto público hay que subir la factura de los usuarios de la electricidad en Canarias, se hará.

Por eso me parece importante que el Gobierno esté al quite, que exija responsabilidades y en este caso utilice todos los medios a su alcance para impedir que se ningunee a esta comunidad en sus competencias y para defender un sistema eléctrico seguro, suficiente y al servicio del interés general de Canarias y no al servicio de intereses por lo menos confusos, que es lo que creo que genera el proyecto de ley en tramitación.

Muchísimas gracias.

El señor presidente: Muchas gracias, don Román Rodríguez.

Señor presidente del Gobierno, don Paulino Rivero.

El señor presidente del Gobierno (Rivero Baute) (Desde su escaño): Gracias, señor presidente.

Efectivamente, decía que es una cacicada más contra el autogobierno y el respeto a las singularidades canarias porque la actual Ley del Sector Eléctrico contempla una disposición especial para los territorios insulares y extrapeninsulares que obliga al Gobierno del Estado a formalizar acuerdos previamente con estos territorios a la hora de cualquier acción que tenga que ver con el suministro de energía eléctrica, cualquiera de las acciones.

Por lo tanto, en las formas, una cacicada y en el fondo, pues, muy dudoso. Muy dudoso porque la liberalización del sistema eléctrico en Canarias, está liberalizado desde hace mucho tiempo, ¿eh?, mucho tiempo; por lo tanto, no se va a conseguir el abaratamiento del precio de la energía en Canarias, que es un precio igual, homogéneo, en todo el territorio español.

Y, por otra parte, son muy dudosas las acciones que se llevan a cabo para tanto lo que significan las regasificadoras como los bombeos de agua. Esta adjudicación a dedo, porque es lo que se hace, a dedo, a una empresa directamente de la actividad que tiene que ver con el gas en Canarias, pues, es una intervención clara en el sistema. De igual manera también la designación de un operador a dedo de todo lo que significa la política de bombeos en Canarias, pues, también es de muy dudoso ajuste a nuestro Estado de Derecho.

Canarias necesita un control público de los sistemas estratégicos. Necesitamos un control público del sistema eléctrico en general en Canarias, energético globalmente. Necesita un control público, igual que el transporte, igual que políticas que tienen que ver con el interés general y donde no está garantizada la competencia, pero una cosa es el control público y otra cosa es un intervencionismo para jugar solo en contra de los intereses de Canarias.

El señor presidente: Muchas gracias, señor presidente del Gobierno.