Diario de Sesiones 74, de fecha 9/4/2013
Punto 7

· 8L/PO/P-0813 Pregunta del señor diputado don David de la Hoz Fernández, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre anteproyecto de Ley del sistema eléctrico aprobado por el Consejo de Ministros, dirigida a la señora consejera de Empleo, Industria y Comercio.

El señor presidente: Siguiente pregunta: del señor diputado don David de la Hoz Fernández, del Grupo Nacionalista Canario, dirigida a la señora consejera de Empleo e Industria.

Don David.

El señor De la Hoz Fernández (Desde su escaño: Buenos días, gracias, señor presidente. Buenos días, señorías.

Señora consejera, lo primero que me llama poderosamente la atención de este proyecto de Ley del Sistema Eléctrico, aprobado por el Consejo de Ministros el 15 del 3 de 2013, son las formas, y es que desgraciadamente parece que empieza a ser una práctica habitual por parte del Estado español tomar decisiones y legislar sin la más mínima lealtad institucional. Que el Gobierno de Canarias se tenga que enterar por una nota de prensa de este proyecto de ley, denominado proyecto de Ley para la Garantía del Suministro e Incremento de las Competencias en los Sistemas Eléctricos Insulares y Extrapeninsulares, es decir, Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, es inadmisible. Que se quiera legislar para aumentar la competencia, reducir los costes o garantizar el suministro no parece algo negativo, pero mucho nos tememos que esto pondrá en serio riesgo varios proyectos relativos a la generación de energía, paralizando inversiones y la ejecución de proyectos relacionados con parques eólicos o las estaciones de bombeo en Gran Canaria.

Me llama poderosamente la atención que el Gobierno del Estado español, que ideológicamente se define como Gobierno liberal, haga en Canarias lo mismo que critica cuando gobiernos de otros estados hacen lo propio en otras latitudes, expropiando la parte privada tanto de Gorona del Viento como el proyecto de bombeos en Gran Canaria. Me temo que lo que subyace es un intento del control del sistema eléctrico a través de Red Eléctrica.

Señora consejera, como usted bien sabe, la energía es un asunto vital, de importancia incalculable para nuestra tierra, un elemento estratégico y una gran oportunidad. Canarias tiene derecho a decidir, a decidir qué modelo de desarrollo quiere, a decidir qué mix energético queremos. Y, señorías, este diputado y el grupo al que represento tenemos la obligación de defender los intereses de esta tierra por encima de cualesquiera otros intereses.

Muchas gracias.

El señor presidente: Muchas gracias, don David de la Hoz.

Por parte del Gobierno, la señora consejera de Empleo, Industria y Comercio, doña Francisca Luengo.

La señora consejera de Empleo, Industria y Comercio (Luengo Orol) (Desde su escaño): Gracias, presidente.

La opinión que merece al Gobierno esta ley, que todavía, como saben ustedes, está en trámite, es que se trata de una ley que solo genera incertidumbre. No es una opinión de esta consejera y del Gobierno sino de un comité de expertos conformado por ingenieros técnicos superiores dentro del departamento y también por letrados.

Además de esas incertidumbres desde el punto de vista energético, quiero decirle que, lógicamente, como comunidad autónoma, y es de todos sabido, es un proyecto de ley que ha salido a la luz violentando la legalidad, porque por ley se exige informe previo del Gobierno de Canarias, y violentando también la lealtad institucional.

Pero además estamos ante un documento... y en esto quiero detenerme específicamente, en cuanto que supone un auténtico retroceso competencial. Miren ustedes, el artículo segundo añade un trámite que es una resolución de compatibilidad a cargo del ministerio, previo informe de la Comisión Nacional de Energía y del operador del sistema, por supuesto marginando a la comunidad autónoma.

"A partir de la entrada en vigor", ¿qué significa eso?, ¿o qué significaría? Naturalmente que vamos a defender -como ha dicho el presidente-, el Gobierno autónomo, nos vamos a defender ante este proyecto de ley. Pues, mire, va a ser lo siguiente: a partir de la entrada en vigor de la ley será el ministerio el que decida qué empresas, tanto de régimen ordinario como especial, podrán instalarse en Canarias. Se entiende así por qué el ministro no nos ha consultado, naturalmente, porque aunque dirá que en realidad nosotros damos al final también la autorización, si él dice no es no. Nunca podremos decir que sí a un proyecto que no sea del agrado del ministerio. Será él quien decida qué empresa y qué proyectos se harán en Canarias a partir de la entrada en vigor de la ley. Por eso el ministerio no ve incertidumbre y solo la ve el Gobierno de Canarias.

Además, el proyecto prevé una gran incertidumbre, los técnicos, con el 40% de la limitación de la competencia. ¿En este caso qué pasa?: que solo se justifica si esas incertidumbres -como digo- no son para el ministerio, donde ha declarado que van a venir empresas a punta pala. Debe ser que el ministro sabe qué empresas van a venir, porque será que las conoce. Nosotros, como digo, vamos a adoptar dos medidas -el ministerio-, y es que esas empresas van a tener, porque si no no van a tener la autorización, solvencia técnica suficiente para instalarse en Canarias, y...

El señor presidente: Muchas gracias, doña Francisca Luengo, señora consejera.