Diario de Sesiones 76, de fecha 23/4/2013
Punto 29

· 8L/C-0886 Comparecencia del Gobierno, a petición propia, sobre actuaciones en materia de transparencia y acceso a la información.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Pasamos a la siguiente comparecencia, señorías: del Gobierno, a petición propia, sobre actuaciones en materia de transparencia y acceso a la información.

Para la primera intervención, por parte del Gobierno el señor consejero de Presidencia, don Francisco Hernández Spínola, por tiempo de diez minutos tiene usted la palabra.

El señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad (Hernández Spínola): Buenas tardes, señorías.

El Gobierno de Canarias ha solicitado esta comparecencia con el objeto de informar al Parlamento, a la Cámara, de las acciones que ha iniciado en cumplimiento de un objetivo importante de esta legislatura, que no es otro que el aumento de la transparencia y facilitar el acceso a la información pública por parte de la ciudadanía.

Partamos del concepto de transparencia que se recoge en la real academia de la lengua. "Transparencia" es un cuerpo a través del cual pueden verse los objetos con claridad. Y podemos preguntar: ¿es nuestra Administración pública transparente para los ciudadanos? La respuesta es obvia: no. ¿Debe ser transparente y abierta?: sí, y de hecho la ciudadanía lo exige a las instituciones. Por tanto, facilitar información sobre las instituciones y administraciones públicas a los ciudadanos de forma directa, sin cortapisas, sin retrasos, sin bloqueo es un objetivo de este Gobierno.

Eso sí, tenemos que tener en cuenta que tiene límites, límites objetivos, que están determinados y fijados por el propio Consejo de Europa. Límites como la seguridad pública, como las relaciones exteriores, como la propia protección del medio ambiente.

¿Qué ha hecho el Gobierno hasta ahora, señorías? Pues ha iniciado su trabajo en dos vertientes. Primera vertiente, legislativa. Legislativa embarcándose en un proceso de elaboración de un anteproyecto de ley de transparencia para esta comunidad autónoma. Transparencia y acceso a la información. Y, en segundo lugar, la otra vertiente se refiere, desde el punto de vista práctico, a la puesta en marcha, la construcción, de un portal web, que ya lo tenemos en fase de explotación y que reunirá en una misma página todos los enlaces hacia la información que exige la Organización Internacional de Transparencia, que ha detallado un conjunto de indicadores con los que se mide el grado de transparencia real de cada institución pública en el mundo.

Como he dicho, los trabajos de ese portal web están muy avanzados, están ya en fase de explotación, con lo que en un periodo corto de tiempo serán presentados y abiertos a la ciudadanía. Para ello hemos creado un grupo de trabajo en el conjunto de todas las consejerías, que están determinando, analizando, todos los indicadores, para una vez que estén verificados abrirlos a la ciudadanía, como digo, en un plazo breve de tiempo.

En cuanto al ámbito normativo, quisiera resaltar algunos extremos. En primer lugar, que en la actualidad hay 90 países que cuentan con una ley de transparencia y que España, junto con Chipre, Malta y Luxemburgo, es uno de los cuatro países europeos que aún no la tienen. Resulta altamente ilustrativo, elocuente y al mismo tiempo preocupante que España hasta el momento actual no tenga una ley de transparencia. Esta situación contrasta con países como Suecia, cuya ley es del siglo XVIII, 1766; Estados Unidos, 1966; Noruega, 1970; Reino Unido, 2000; Eslovenia, 2003; Serbia, 2004; Alemania, 2005, o Chile, 2008. Es decir, hay un conjunto amplio de países que cuentan con una ley de transparencia.

El retraso de España como país en esta materia es evidente, pero saben también que el Gobierno, el Gobierno de España, en julio del año pasado, del 2012, aprobó un proyecto de Ley de Transparencia y Buen Gobierno, que se encuentra en este momento en trámite parlamentario, concretamente en la Comisión Constitucional.

Contamos, por tanto, señorías, contamos con un esbozo, con un texto, con un borrador, que será finalmente la determinación de los diputados y diputadas y también de los senadores y senadoras quienes finalmente, cuando concluyan su trabajo, podemos contar finalmente con una Ley de Transparencia.

Es previsible que ese texto inicial que presentó el Gobierno en julio del 2012 sufra modificaciones, y sufra modificaciones importantes. ¿Por qué?, pues porque el proyecto inicial del Gobierno fue un proyecto bastante corto, bastante restringido, un proyecto que obligó al propio Partido Popular a modificar su posición inicial. De hecho, en el debate del estado de la nación del mes de febrero del 2013 se amplía el objeto y los sujetos contenidos en este proyecto de ley. Ya no será un proyecto de ley solo referido a las administraciones públicas sino también se extiende a partidos políticos, organizaciones empresariales y también a aquellas instituciones, a aquellas organizaciones privadas que se financien con fondos públicos. Eso va a obligar, lógicamente, a producir una modificación sustancial del contenido del proyecto de ley, y en eso están en este momento trabajando en el Congreso de los Diputados.

Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados que está recibiendo a expertos, que están planteando sus posiciones sobre este proyecto de ley. La información que tengo es que las intervenciones de los expertos finalizarán el próximo mes de mayo, el 8 de mayo o 9 de mayo. A partir de ese momento se va a abrir el plazo para presentar las enmiendas.

Bien, ese el camino que está iniciado en las Cortes Generales. ¿Y qué hemos hecho aquí, en Canarias? Podíamos optar por dos vías. La primera, esperar a que concluyera el trámite en el ámbito estatal o bien iniciar los trabajos para ir avanzando en una normativa de ámbito autonómico, de modo que cuando dispongamos de una ley estatal Canarias tarde muy poco tiempo en que entre en vigor su propia normativa. Esta opción es la que ha manejado y maneja el Gobierno de Canarias, trabajar desde ya, elaborar este anteproyecto de ley, y para ello mantuve una reunión el 19 de marzo pasado con los cuatro portavoces de los grupos parlamentarios. Una reunión, quiero decir, que fue provechosa, fue productiva, fuimos capaces de aunar voluntades para poner en común el trabajo de todos los grupos parlamentarios con el objeto de concluir la elaboración de este proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información, de forma tal que sea aprobada por consenso y, si es posible, con la unanimidad de la Cámara.

Proyecto de ley que ha de contar desde luego con un proceso de participación ciudadana activo. Nos vamos a volcar en eso. Es muy importante que la ciudadanía participe, participe, y para ello vamos a activar los mecanismos previstos en la Ley de Participación Ciudadana.

Por tanto, el consenso es una prueba fehaciente de la firme voluntad política de los partidos para cumplir los criterios de transparencia. El consenso es un instrumento que permitirá trasladar la transparencia a todas las instituciones y a todos los niveles de la Administración pública. El consenso es la garantía que otorgará a la ciudadanía una mayor capacidad para exigir a todos el respeto al ejercicio de estar informados sobre lo que hacen y sobre lo que acontece en las administraciones públicas.

Este es el compromiso de la consejería. La consejería ya tiene avanzado un borrador, un borrador que estaría en condiciones de ofrecer a todos los grupos parlamentarios en un breve periodo de tiempo para, sobre ese borrador, trabajar, trabajar conjuntamente, hacer alegaciones, hacer observaciones, mejorar el texto, someterlo a información pública y luego, a medida que va avanzando el trámite del proyecto de ley en las Cortes Generales, ir aquí, en esta comunidad autónoma, avanzando en un texto que podamos aprobar espero que a lo largo de este mismo año, en el año 2013. Yo calculo que, si el ritmo de trabajo de las Cortes Generales es el previsto, después del verano, antes de que acabe el año, puede haber a nivel estatal una ley y también de forma simultánea podamos aprobarla aquí, en la comunidad autónoma.

¿Cuáles van a ser los sujetos a los que se va a aplicar esta ley? Pues, lógicamente, a la Administración pública de Canarias, a sus organismos autónomos, a las entidades empresariales, a sus agencias, a los consorcios y a las demás entidades de Derecho público vinculadas o dependientes de...

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Sí, señor consejero, tiene un minuto para concluir, por favor.

El señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad (Hernández Spínola): Voy concluyendo.

También a las fundaciones públicas y las sociedades mercantiles en las que sea mayoritaria la participación directa.

Queremos que también afecte al Parlamento de Canarias, al Diputado del Común, a la Audiencia de Cuentas, al Consejo Consultivo, al Consejo Económico y Social, en cuanto esa actividad esté sujeta a Derecho Administrativo. Por supuesto que habrá también una regulación modificando el Reglamento del Parlamento, pero que en lo que afecta a Derecho Administrativo creo que también puede regularse y contenerse en este proyecto de ley.

En definitiva, concluyo esta primera intervención solicitando el apoyo de los grupos a esta iniciativa, como me lo han brindado en esta reunión que he mantenido en el mes de marzo, para que finalmente podamos llegar a un consenso, a un proyecto de ley en el que todos se vean representados, de forma tal que este no sea un éxito del Gobierno sino un éxito de la Cámara y de todos los grupos parlamentarios.

Gracias.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señor consejero.

Por parte de los grupos. Por el Grupo Parlamentario Mixto, doña Carmen Hernández, por tiempo de diez minutos tiene usted la palabra.

La señora Hernández Jorge: Gracias, señor presidente.

Hablamos hoy de transparencia, hablamos de la necesidad de avanzar hacia gobiernos y hacia administraciones realmente transparentes, también de la necesidad de hablar de gobiernos abiertos, de más participación ciudadana. Lo hablamos hoy y es un tema en el que coincidimos que es absolutamente clave, que, junto a la crisis económica y el paro, uno de los grandes problemas -o por lo menos lo percibe así la ciudadanía- es la opacidad de las administraciones públicas, la opacidad de los gobiernos. No descubro nada nuevo si afirmo que vivimos un momento de absoluto desapego, que lo que empezó siendo un distanciamiento de la ciudadanía es hoy un auténtico divorcio hacia las instituciones, hacia las administraciones públicas y hacia los responsables políticos y que en ese alejamiento, ese divorcio de hoy, contribuye o ha contribuido mucho esa sensación generalizada o esa sensación objetiva de que las administraciones y los gobiernos no son transparentes. Esto ha hecho que hoy esté bastante generalizada la opinión entre la ciudadanía de que la democracia, de que nuestra democracia necesita una revisión profunda para hacerla más madura, para hacerla más auténtica.

Nueva Canarias está muy preocupada por esta situación, quiere dejar claro desde este inicio que nuestra intención es promover las reformas e iniciativas necesarias para que esta crisis no siga deteriorando el modelo democrático en el que creemos de forma convencida, a pesar de que sabemos, que entendemos que es un modelo no perfecto y que, por tanto, puede y debe ser mejorado.

Decía que es una democracia, la nuestra, que muestra signos de inmadurez y que necesita, por tanto, dar un salto cualitativo. Hablo de un salto cualitativo en lo que se refiere a la calidad democrática, procurando armonizar una arquitectura institucional útil y eficaz con el desarrollo de canales, de espacios y de procesos de debate e implicación ciudadana en los asuntos públicos, favoreciendo la iniciativa ciudadana, donde los ciudadanos puedan decidir directamente en algunas cuestiones, sobre todo en aquellas que afecten a temas de interés general a la ciudadanía, favoreciendo, por tanto, me refiero, las consultas populares.

Parece evidente que estamos en una encrucijada. La crisis que vivimos supone un cambio de época que necesita la adecuada o la adecuación del sistema político a los requerimientos de la sociedad del siglo XXI. Estamos convencidos de que ya no se pueden abordar los asuntos públicos únicamente desde la percepción técnica de los profesionales de la Administración, pero tampoco desde la legitimación democrática de los responsables políticos. Debemos tener en cuenta otras perspectivas, debemos buscar nuevas conexiones, más transversalidad, favoreciendo una mirada poliédrica que ayude a buscar las respuestas más eficaces a los nuevos retos. Por eso apoyaremos de forma constructiva cualquier avance en esta materia de transparencia, que conectamos de manera indisoluble a la necesaria profundización de nuestra democracia. Pero consideramos que este proceso se debe llenar de contenido y no se puede renunciar de antemano a cualquier meta que colectivamente podamos ponernos con objetivos de mejora. Y no solo desde la representación que conforma esta Cámara sino también, como ya están haciendo otras comunidades como Asturias o País Vasco, hay que contar en el proceso de elaboración de esta ley con la ciudadanía, organizada o de manera individual, que la ciudadanía canaria pueda aportar propuestas e iniciativas para que de esta Cámara salga definitivamente un texto lo más participado y lo más corresponsable posible, con la implicación de todos y de todas.

Desde nuestro punto de vista, esta reforma o esta propuesta normativa que plantea el Gobierno no solo debe promover todo un cambio cultural. Un cambio que exige impulsar un proceso de interiorización y de asunción por parte de los agentes implicados de principios como la información, la participación o la rendición de cuentas, para que la consecuencia final desemboque en un nuevo contrato social entre el Gobierno, los trabajadores y trabajadoras públicos y la ciudadanía. Un contrato social que debe basarse en un sistema de relaciones justas y equilibradas en el que predomine la complicidad con la sociedad en su conjunto y en el que también deben tocarse otros temas en los que, por desgracia, entendemos que en este Parlamento en otras ocasiones no se ha tenido la necesaria sensibilidad. Nos referimos a la reforma pendiente del sistema electoral. Recordemos que el nuestro, el canario, es el sistema electoral más antidemocrático del Estado y de los países de nuestro entorno. Es difícil hablar hoy en Canarias de más y mejor democracia si ignoramos la necesidad de revisar nuestro sistema electoral y mejorarlo. Pero también nos referimos a las necesarias reformas del Reglamento de esta Cámara. La transparencia no solo debe afectar a las administraciones públicas sino a todas y cada una de las instituciones canarias, y en ese sentido es una opinión bastante generalizada, y por lo menos también lo es de nuestro grupo, que este Parlamento, esta Cámara, debe modificar su Reglamento para ser realmente una institución abierta, una institución verdaderamente transparente. Y en ese sentido también deberemos abordar, si queremos recuperar la confianza de la ciudadanía, la reforma reglamentaria necesaria a la hora de tramitar las iniciativas legislativas populares, que hasta ahora han provocado decepción y frustración en miles de ciudadanos firmantes de ILP, que entienden que sus iniciativas quedan muchas veces en el olvido.

Tampoco, y hablando de olvido, debemos olvidar, en una ley como la que se está debatiendo, en esta ley, la imperiosa necesidad de que se legisle y se actúe no solo sobre el control de la información sino sobre la evaluación de lo que los responsables políticos proyectamos y sobre cómo la ciudadanía puede interactuar sobre ello. En este sentido hoy las nuevas tecnologías, las redes sociales, nos ofrecen una oportunidad única y, por tanto, se convierten en una herramienta esencial.

Vivimos un momento político donde en todo el Estado se habla de favorecer leyes de transparencia -en otros territorios, País Vasco, Asturias, Navarra, el propio Congreso del Estado-, pero creemos que lo que hagamos aquí, desde Canarias, debemos hacerlo de la manera más seria y más comprometida posible. Y debemos, entendemos que nosotros estamos en la obligación de alertar ante la tentación de realizar una ley que no aborde los distintos problemas y necesidades, que nos quedemos en una operación de estética y no abordemos las reformas de fondo y de calado que son hoy necesarias para responder de manera verdadera a lo que hoy es sin duda un clamor popular.

Este proyecto de Ley de Transparencia, de Acceso a la Información, también, como decíamos, se debate en el Estado. Entendemos, la impresión que nos da la ley estatal que se está tramitando se puede terminar convirtiendo en una ley que solo trate la información pública, que, siendo importante, no es el único concepto que está en juego. Estamos más en la línea de lo que se está trabajando en otras leyes territoriales de transparencia y de buen gobierno, como la vasca o la navarra, donde se hace más hincapié en la necesidad de que los ciudadanos participen en los procesos.

Por tanto, entendemos que esta necesaria legislación de la que hablamos debe afrontarse en un sentido amplio, regulando en una doble vertiente. Por un lado, como derecho del individuo a buscar y encontrar la información de las administraciones, pero también, por otro, en la necesidad de que los ciudadanos puedan ser copartícipes en los procesos de elaboración de las políticas públicas, de su planificación y de su evaluación. Es necesario, es fundamental, que los ciudadanos puedan sentirse corresponsables de la planificación y de la evaluación y conceptos como la escucha activa a los ciudadanos y el diálogo bidireccional nos parecen esenciales.

Por tanto, entendemos -y para ir acabando- que el momento nos obliga a ser audaces y valientes y esperamos que por lo menos los grupos que sustentan al Gobierno lo sean. Estamos dispuestos de forma constructiva y dialogante a contribuir a que el debate sobre esta futura ley esté lo más cercano posible a los objetivos que tenemos, o que debiéramos tener todos y todas, de mejorar la democracia. En nuestra organización llevamos meses reflexionando sobre la necesidad de avanzar hacia medidas que favorezcan la mayor transparencia y los gobiernos más abiertos. Avanzar, por tanto, hacia una democracia más auténtica y en este sentido haremos propuestas que seguramente podrán mejorar la propuesta legislativa del Gobierno.

Gracias.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señora diputada.

Por el Grupo Socialista Canario. Les recuerdo a sus señorías que si quieren hablar, pueden hablar en el pasillo. No está prohibido salir, por si consideran algunos que necesitan hablar, pues, frecuentemente dentro del hemiciclo.

El señor Fajardo Palarea: Buenas tardes, señorías. Señor presidente. Señor consejero.

Señorías, hoy había un titular en un medio de comunicación que decía que la comunicación y la transparencia son básicas para la regeneración democrática, y en el Grupo Socialista estamos totalmente de acuerdo con ese titular. Tenemos que profundizar en una cultura organizativa de la transparencia que nos permita avanzar en prácticas de buen gobierno y fortalecer la calidad democrática. En su obra Sobre la paz perpetua, Kant señaló la máxima de que son injustas todas las acciones que se refieren al derecho de otros hombres cuyos principios no soportan ser publicados. No hay que considerar este principio -añadía- como un mero principio ético sino que hay que tenerlo también como un principio jurídico, un principio que adoptaría sus primeras formas en la publicación de las normas como requisito ineludible para cumplir su cumplimiento. Como se ha dicho en muchas ocasiones, en las dictaduras el poder se hace opaco a los ciudadanos y la privacidad de los ciudadanos se hace transparente al poder, mientras que en una democracia el poder es transparente en su ejercicio y la privacidad ha de ser respetada por el poder.

Señorías, en los últimos años se ha producido una fractura del lazo entre los representantes y los representados que ha debilitado la confianza de la ciudadanía en la política y en los políticos. Cuando la política se convierte en territorio de lo inexorable, la política desaparece. Por lo tanto, no es extraño que los ciudadanos ante tal fatalidad se alejen de la política, de los políticos y de las instituciones, que no aciertan a dar respuesta a sus problemas.

Pues bien, en estas circunstancias la transparencia ha de ser un buen instrumento para recuperar parte del prestigio y la credibilidad de la política, en la medida en que todas las decisiones que afectan a los ciudadanos sean coherentes con la voluntad de estos y en la medida en que esas decisiones sean transparentes para estos.

Señorías, desde el Grupo y el Partido Socialista no consideramos que la transparencia pueda entenderse como un mero deber de información. Hacerlo así, hacer de la información un fin en sí misma, es un error. La transparencia debe ir además acompañada del reconocimiento de derechos concretos de participación, porque con un compromiso con la transparencia no solo queremos evitar abusos de poder sino además hacer a este más participativo, para recuperar así el sentido más profundo de la política.

Iniciativas, señor consejero, como la de la Junta de Andalucía de crear en el Parlamento andaluz el escaño 110 para los ciudadanos, para que los ciudadanos puedan no solo plantear una iniciativa sino también defenderla, merecen la mayor de las consideraciones.

Señorías, este no es un debate para establecer jerarquías morales, es un debate para fortalecer la democracia, a la que todos llegamos y en la que todos estamos con los mismos títulos de crédito. Los ciudadanos necesitan una ley que afecte a los políticos y a la política que hacen los políticos. Las modernas democracias, señorías, constitucionales no solo deben garantizar reglas claras y confiables para la competencia electoral y el acceso al poder, sino además deben asegurar un ejercicio transparente de la función pública, de tal modo que la sociedad pueda conocer y evaluar la gestión gubernamental y el desempeño de los servidores públicos.

La transparencia de la actividad pública es una manifestación y un requisito típico de los sistemas democráticos, que tiene como objetivo el sometimiento al escrutinio público de las actividades y resultados de los distintos poderes del Estado. En un Estado democrático la actividad de los tres órdenes de gobierno -ejecutivo, legislativo y judicial- debe siempre regirse por el principio de publicidad. Una política pública es transparente si es comprensible, si la información está disponible, si la rendición de cuentas es clara y si los ciudadanos saben qué papel desempeñan en dicha política. La transparencia no implica un acto de rendir cuentas a un destinatario específico sino la práctica de colocar la información en la vitrina pública para que aquellos interesados puedan revisarla, analizarla y, en su caso, usarla como mecanismo para sancionar en caso de que haya anomalías en su interior. Una organización que abre sus procesos al escrutinio, vigilancia y crítica de los demás es una organización transparente. En este sentido la transparencia debe ser de fácil acceso a la información, comprensiva, relevante y de calidad y confiabilidad. En consecuencia, señorías, el gobierno democrático debe rendir cuentas para reportar o explicar sus acciones y debe transparentarse para mostrar su funcionamiento y ser sujeto del escrutinio público. Con la rendición de cuentas nos aseguramos que las autoridades se responsabilicen ante alguien de sus actos, en tanto que con la transparencia exigimos que los poderes públicos actúen según principios admitidos por todos.

Es precisamente en este punto, señor consejero, donde aparece el derecho del acceso a la información, cuya finalidad es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, ofreciendo el poder de la información para su uso cercano y personal, todo ello dando forma, contenido y sentido al derecho de la información en general.

La transparencia no puede dejar de afectar a los partidos políticos, y lo digo aquí. En los tiempos que corren la confianza en el quehacer político está minada. Los partidos políticos están en deuda con una ciudadanía que no acierta a comprender el comportamiento de quienes dicen representarla y a su vez recelan de ella. Entre los factores que provocan tal desconfianza encontramos la incongruencia entre lo que se declara y lo que se hace; el incumplimiento, en definitiva, de las propuestas de campaña. El fortalecimiento de las instituciones y los procedimientos propios de la democracia son necesarios para recuperar la confianza de la sociedad.

Por tanto, señor consejero, es esencial aprobar una norma sobre transparencia y acceso a la información en España y en Canarias, que esté a la altura de los tiempos y adaptada a la creciente reivindicación de profundización democrática, iniciativa que podría encontrar un alto grado de consenso político, esperamos, mediático y social. Y no es fácil, usted ha hablado de la ley estatal. Mire, la ley estatal empezó a tramitarse en enmiendas el 25 de septiembre de 2012. Lleva 26 solicitudes de ampliación del plazo de enmiendas y una solicitud de comparecencia, y las que nos quedan, porque ya ha avisado -por eso digo que no es fácil-, porque ya ha avisado la vicepresidenta de que los trabajos -como usted ha anunciado- se van a prolongar hasta después del verano.

De todas maneras, mi grupo quiere dejar constancia de lo siguiente: apoyaremos a este Gobierno en la ley de transparencia, de la que usted ya en una primera reunión con todos los grupos nos ha dado un avance. Una ley que tenga como objeto regular la implantación de una nueva forma de interrelación entre la Administración pública y la ciudadanía, el gobierno abierto; una ley que garantice de forma efectiva la transparencia en la actividad de la Administración de la comunidad autónoma canaria y de los organismos y entidades vinculadas a la misma; una ley que garantice el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a acceder directamente a la información pública, veraz e imparcial; una ley que garantice el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a participar en la toma de decisiones sobre asuntos que incidan directa o indirectamente en el interés público; una ley que impulse el modelo de gobierno abierto; y una ley con un ámbito de aplicación lo más amplio posible.

La señora doña Carmen no estuvo en esa reunión, pero en el esbozo que usted nos hizo aquí, como se dice vulgarmente o coloquialmente, no escapa nadie. Todo el mundo -digo "escapa" en el buen sentido de la palabra-, todo el mundo va a estar sometido a esta ley de transparencia, porque yo creo que todas las organizaciones, desde el Parlamento de Canarias, Diputado del Común, Audiencia de Cuentas, Consejo Consultivo, Consejo Económico y Social, los demás previstos en el Estatuto de Autonomía, partidos políticos, organizaciones sindicales, empresariales, instituciones que se financien a través de dinero público, cabildos insulares, ayuntamientos, personas físicas y jurídicas que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas, deberán estar contenidas en esta ley. Este debe ser el objeto que usted nos ha esbozado.

Totalmente de acuerdo y lo apoyamos en la creación de un portal web de transparencia, del que usted ya ha dicho que en poco tiempo va a empezar a funcionar.

Y también, lo decía a la salida de la reunión que mantuvimos con usted, lo mejor que tiene esta ley es que es una ley que es del Gobierno pero es una ley para los ciudadanos. Es un primer paso.

Y totalmente de acuerdo en que la elaboración de esa ley se lleve a cabo con el proceso participativo que usted nos ha adelantado: documento base, apertura a toda la sociedad -decía la señora Hernández-, ciudadanos en particular, asociaciones... Todo tipo de sugerencias. Sobre ese documento base, trabajar. Lógicamente tenemos la ley estatal y cuando llegue la ley estatal nosotros poder terminar una ley de transparencia canaria que dé respuesta a un clamor de la ciudadanía que en estos momentos más que nunca tenemos que atender.

Lo decía en el debate de la nacionalidad, lo que empezó por una crisis del sistema financiero se convirtió en una crisis del sistema económico, luego se ha convertido en una crisis social...

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Sí, señor diputado, tiene usted un minuto para concluir, por favor.

El señor Fajardo Palarea: ...puede quebrar principios sobre los que descansa la propia democracia. Transparentemos nuestras acciones, las del Gobierno, las de los partidos, las de todas las personas que desempeñamos cargos públicos, transparentemos todo lo que tiene que ver con las empresas o entidades que se financian con dinero público. En beneficio, vuelvo a repetir, no del Gobierno, no de nosotros, en beneficio de los ciudadanos, que es lo que nos están demandando, y así podremos evitar las tentaciones de que algún iluminado pueda salir diciendo que es el salvador de esta comunidad o el salvador de la patria. Y pongo un dato sobre la última encuesta que he conocido. Cuidado, porque ya un 39% de los españoles piensa que el sistema democrático no es el mejor para regir los destinos de esta nación.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señor diputado.

Por parte del Grupo Nacionalista Canario, doña Marisa Zamora, por tiempo de diez minutos tiene la palabra.

La señora Zamora Rodríguez: Presidente, señorías: muy buenas tardes a todos. Señor consejero.

Los cambios que se han producido en nuestra sociedad en los últimos años, pues, han supuesto una nueva forma de concebir la política por parte de la ciudadanía, en la que se solicita otro tipo de relación entre los ciudadanos, la Administración y los poderes políticos, donde exista una mayor transparencia y participación de los mismos. Por tanto, para hacer frente a esta demanda generalizada es totalmente necesario poner a disposición de los ciudadanos un instrumento normativo, una ley que posibilite esa nueva forma de relación.

Y, señorías, uno de los objetivos del Gobierno de Canarias para la presente legislatura es elaborar su propia ley de transparencia y acceso, a la ciudadanía, a la información pública. Esta futura ley estará inspirada en los 80 indicadores o en los 80 parámetros que la ONG Transparencia Internacional España utiliza para obtener el nivel de transparencia de las comunidades autónomas.

Por tanto, el Gobierno de Canarias se ha marcado como objetivo traer a este Parlamento este año un proyecto de ley de transparencia que cuente con un amplio apoyo político y social. Y para promover este gran acuerdo en el ámbito político el consejero, como ha dicho antes, de Presidencia ya se ha reunido con los portavoces de los cuatro grupos parlamentarios y todos han expresado su voluntad de realizar un trabajo conjunto para favorecer la elaboración de esta norma y su aprobación definitiva, a ser posible con la unanimidad de toda la Cámara.

Es un proceso usted ha dicho ambicioso, lo ha dicho públicamente, en el que es totalmente necesario que el texto se abra a la participación general de la ciudadanía. Estamos en el inicio, comenzando un proceso amplio, como he dicho ambicioso, que va a afectar a todas las instituciones de la comunidad autónoma y será extensible a las corporaciones locales y, como no podía ser de otra manera, al Parlamento de Canarias, al cual no se ha nombrado.

Bueno, pues, esta es una ley que debe ser aprobada, por unanimidad a ser posible, con el mayor consenso de la Cámara, tiene que contar con la participación política pero también con la participación de la sociedad civil y otras instituciones, como pueden ser las universidades, asociaciones, fundaciones, etcétera.

Según ha manifestado el consejero, para canalizar este proceso de participación el Gobierno de Canarias, una vez tenga redactado el texto del anteproyecto de ley, expondrá abiertamente, a través del portal de transparencia, con el propósito de que todas las personas o colectivos que lo deseen trasladen sus comentarios, sugerencias y propuestas de mejora sobre el anteproyecto.

En definitiva, lo que le he entendido al consejero es que va a necesitar este anteproyecto mucha participación desde la ciudadanía y desde las asociaciones, como digo, y universidades y otras instituciones.

Señor consejero, usted ha hablado de este portal web específico, con datos e información relevante de toda la Administración canaria. Usted pidió una comparecencia ante la Comisión de Presidencia, Justicia y Desarrollo Autonómico para explicarnos los objetivos y funcionamiento de este portal web. Al final esta comparecencia no se pudo ver, se quedó sobre la mesa. Me gustaría que nos explicara algo más de este portal, que es un instrumento, una herramienta informática fundamental para el desarrollo de la ley y para la participación e información a todos los ciudadanos. ¿En qué situación se encuentra este portal, se va a poder utilizar en breve? Usted ha dicho que está en explotación, que próximamente se va a poder utilizar.

Y yo le iba a preguntar también que si este portal está inspirado en estos 80 indicadores o parámetros de la ONG de Transparencia Internacional en España y si se ha dado formación a los funcionarios, que son los que tienen que volcar los datos en esta web y que la tienen que mantener y actualizar, ¿no?, si se ha dado formación a las personas que van después a volcar los datos.

Usted ha dicho, le iba a preguntar si ya existe un borrador de anteproyecto, si hay un documento para que empiecen a trabajar los grupos parlamentarios y que se pueda llegar a este consenso por todos deseado. Usted ha dicho que sí, que ya existe por lo menos un documento para poder seguir avanzando.

Siempre hemos hablado de que queremos una Administración transparente, moderna, eficaz, accesible a los ciudadanos, con menos trabas burocráticas, y se han dado pasos pero no los suficientes. Es difícil cambiar la inercia de las cosas pero la ciudadanía lo pide a gritos. Es totalmente necesario en estos momentos de desencanto, de desilusión de los ciudadanos, momento en que los ciudadanos nos ven a los políticos como un problema, cuando no debería ser así, donde nos levantamos todos los días con casos de corrupción a diestro y siniestro, hasta corrupción que afecta a la misma Casa Real, cosa que hace unos años a todo el mundo le hubiese parecido algo imposible... A veces digo: "¡si mi padre levantara la cabeza...!". Pues todo esto es lo que hace que los ciudadanos nos vean como un lastre, como dije antes, como un problema, porque todos estamos en el mismo saco.

Usted también ha manifestado que los recientes sondeos de opinión han puesto de manifiesto que el 96% de los españoles cree que la corrupción política es muy alta y que los partidos políticos la amparan y protegen. Por tanto, es necesario mejorar los índices de transparencia en las islas. La transparencia tiene que ser una obligación de las instituciones públicas y un derecho de los ciudadanos. La transparencia es una herramienta fundamental para prevenir la corrupción. El objetivo de esta ley tiene que ser acabar con la opacidad, que la gestión administrativa sea limpia, clara y transparente para la ciudadanía. La gestión de los recursos públicos tiene que ser más transparente que el cristal.

Mi grupo parlamentario piensa que es bueno que el Gobierno de Canarias ya empiece a trabajar en una ley propia, autonómica, que tendrá que ser por supuesto concordante con la del Estado, que me imagino que será una ley orgánica al incluir los gastos de la Casa Real, aunque al principio la vicepresidenta había dicho que no. Por tanto, que se empiece a trabajar ya, que el Gobierno, con los grupos parlamentarios, con los ciudadanos, pues, adelante ya una ley autonómica, o vaya adelantándola, y no dejemos el trabajo para el final, cuando la ley estatal ya esté aprobada, porque creo que tenemos que caminar en paralelo.

Europa, como usted ha dicho, todos los países de más de un millón de habitantes tienen alguna norma que regula el acceso de los ciudadanos a la información. España es la excepción a la norma, pues entrará en esta lista cuando el proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno se apruebe definitivamente. Ahora mismo, como ha dicho el señor Fajardo, está en fase de enmiendas y ya lleva 25 o 26 solicitudes de prórroga de enmiendas. Coalición Canaria ha presentado sus enmiendas, que además hay algunas muy interesantes y muy importantes. Y en total hay 93 países en el mundo que poseen leyes de transparencia de información sobre sus entidades públicas y gobiernos.

Sin embargo, en España nunca ha existido una ley de acceso a la información pública. Un 50% de las peticiones de los ciudadanos sobre datos públicos quedan sin respuesta, según denuncia Access Info Europe, ya que no hay una ley que obligue a las instituciones a facilitar dicha información.

En cuanto a las comunidades autónomas que ya han dado pasos en este sentido, pues, se encuentran Navarra, que tiene una Ley Foral de la Transparencia y del Gobierno Abierto, que entró en vigor a finales del 2012, creo que Galicia y creo que por ejemplo en Euskadi, pues, ya se están llevando a cabo algunas iniciativas, aunque lo que hay es un proyecto de ley. Después se encuentran Extremadura, que también lo leí en Internet, Asturias... Pues todas estas comunidades autónomas también están tramitando su proyecto de ley.

Pues bien, consejero, la transparencia y el derecho a la información no es un capricho de los ciudadanos, es una garantía de un Estado democrático, una garantía para que la democracia funcione. Muchos de los recientes escándalos relacionados con la corrupción y los abusos de poder se habrían evitado si hubiésemos tenido una ley que garantizase una mayor transparencia en la gestión de lo público. Lo que explica este rosario de escándalos es una deficiente regulación institucional. La relación entre corrupción y opacidad es directa. Por eso hoy por hoy es la más importante de las reformas que necesita este país, para romper con esta peligrosísima brecha institucional que se está generando entre los representantes públicos de los ciudadanos y la sociedad y esta es una de las razones que explican por qué los políticos aparecen en las encuestas como uno de los grandes problemas del país.

Por tanto, todo organismo que reciba dinero público tiene que ser sometido a transparencia, tiene que explicar en lo que se gasta cada euro: los partidos políticos, los sindicatos, las asociaciones empresariales, las ONG, la Iglesia católica y también los medios de comunicación.

Señor consejero, como dijo uno de los expertos que compareció en el Congreso, el periodista Ignacio Escolar, en el ámbito del alcance de esta ley deben estar todos los organismos públicos, absolutamente todos tienen que estar sometidos a transparencia. También el Tribunal de Cuentas o el Consejo de Estado o el Banco de España. Especialmente el Banco de España, igual que sucede en Estados Unidos con la Reserva Federal, donde incluso son públicas las actas de las reuniones de sus consejeros. Un país como el nuestro, que se ha visto obligado a rescatar con dinero público a gran parte de su sector financiero, necesita esta herramienta para que un colapso de este calibre no vuelva a repetirse. El Banco de España debería ser transparente en cualquier caso, pero después de que España se ha visto obligada a solicitar un rescate para el sector financiero, con más razón aún. Hay que exigir transparencia en las cuentas públicas y privadas, incluyendo la transparencia bancaria.

Señor consejero, hay más cosas de las que quería hablar. Por ejemplo, me gustaría hablar de cuestiones como si se va a tratar el derecho a la información o se va a regular como un derecho fundamental, cuál es el límite entre lo público y lo privado, es decir, entre el derecho a la información y el derecho a la privacidad y la protección de datos. Yo no creo que sean conceptos contradictorios sino que hay que buscar el equilibrio. Me gustaría hablar sobre el silencio administrativo, que en la ley del Estado es negativo y no sé cómo va a ser, qué es lo que piensa usted sobre este tema; si se regularán los lobbies; me gustaría ver si las normas de buen gobierno, el código de buen gobierno se va a regular en esta ley o va a quedar, se va a regular fuera de ella. Y yo creo que la ley estatal, mi idea es que ha sido una ley restrictiva y cicatera y, evidentemente, ha ido ampliando su ámbito de aplicación a golpe de machete, y después del debate del estado de la nación, como usted dice, lo ha abierto, pues, a la Iglesia, a las ONG, a los partidos políticos y demás.

Espero, señor consejero...

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Sí, concluya, señora diputada.

La señora Zamora Rodríguez: Sí, gracias.

...para que siga trabajando con los grupos parlamentarios, con las aportaciones de los ciudadanos, para que esta ley autonómica sea una realidad que cubra las expectativas de la ciudadanía y que se pueda recuperar la confianza en los políticos y en las instituciones.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señora diputada.

Por parte del Grupo Parlamentario Popular, don Asier Antona, por tiempo de diez minutos tiene usted la palabra.

El señor Antona Gómez: Gracias, señor presidente. Señorías, buenas noches. Señor consejero.

Apoyo de mi grupo parlamentario a esa voluntad del Gobierno de transparentar la acción pública, la acción del Gobierno, apoyo de mi grupo parlamentario, de mi partido, a todo lo que tiene que ver con las acciones del buen gobierno, pero no nos quedemos, señor Spínola, en un compromiso de intenciones, como ya pasara con la reforma de la Administración pública, que sabe usted también que ha habido buena voluntad por su parte pero ha tenido que ser mi grupo parlamentario quien incorpore ese debate en este Parlamento.

Por tanto, todo el apoyo que sea para llevar a cabo esta cuestión, sí, pero entenderán sus señorías, y estaremos de acuerdo todos los portavoces que han intervenido, que si hoy estamos hablando de transparencia y de buen gobierno es porque hay un Gobierno de España, del Partido Popular, de Mariano Rajoy, que lo ha puesto en marcha en una aprobación en un Consejo de Ministros. Esa es la realidad hoy, esa es la realidad hoy. Porque, miren, hace siete meses, el 4 de septiembre del año 2012 el Gobierno de España, el Gobierno del Partido Popular, registró en el Congreso de los Diputados el proyecto de Ley de Transparencia, de Acceso a la Información y de Buen Gobierno. Ha habido otros intentos, señorías del Grupo Socialista, ha habido otros intentos, pero la historia de España es muy amplia. Pero, sin irnos muy lejos, tengo que decirles y referirme también a precedentes muy próximos. Sitúense, año 2004, el Partido Socialista acababa de ganar las elecciones generales y el presidente Zapatero se comprometía ante todos los ciudadanos, entre otras cosas, a una nueva ley, la futura ley -prometía Zapatero- de transparencia, de acceso a la información pública; cinco años después, el Gobierno anuncia, nuevamente Zapatero, ante la presión pública de varias ONG, la aprobación inminente del proyecto de ley de transparencia. Señorías, así es la historia y así hay que contarla. Año 2011, enero, el Gobierno descarta oficialmente la aprobación del proyecto de ley que había prometido a todos los españoles, siete años después, y decía el presidente del Gobierno de España, el señor Zapatero: "no forma parte del calendario de medidas urgentes"; para agregar después: "ya veremos cuál puede ser el mejor momento para su presentación". Por tanto, alabamos esa voluntad, pero también digamos... que decía el señor Fajardo aquello de Kant de la paz perpetua. Señor Fajardo, yo me sitúo en el mito de la caverna de Platón; ustedes han estado en la caverna durante muchísimos años y no han querido ver la luz después de la caverna. Por tanto, es verdad que hagamos alusiones filosóficas, pero no es la de Kant, la paz perpetua, la que viene aquí a colación sino el mito de la caverna de Platón.

Dicho esto, hay que decir y hay que reconocer que, efectivamente, como lo decía el consejero, hay cuatro países de nuestro entorno que no tienen una ley de transparencia, como Chipre, Malta, Luxemburgo y España. Y usted decía: "es que nos hemos retrasado mucho", ¿y qué han hecho ocho años de Gobierno socialista?, ¿qué ha pasado en esos ocho años de Gobierno socialista? Lo único que sabemos es el incumplimiento, a pesar del compromiso, del señor Zapatero. Pues bien, el Gobierno de España, el Gobierno del Partido Popular, ha tardado exactamente nueve meses, nueve meses, no ocho años de incumplimiento del Gobierno socialista. Nueve meses en registrar el proyecto de ley de transparencia en el Congreso.

¿Se puede mejorar? Evidentemente que es así. Esa es la voluntad del Gobierno de España. Pero esa es la realidad. Es que si no hacemos referencia a la realidad, estamos autoengañándonos o haciendo trampas al solitario. Por tanto, yo creo que es bueno, aunque a alguno no le guste, reconocer que ha sido el Gobierno de España quien ha puesto en marcha este debate de la transparencia. Ha sido un Gobierno del Partido Popular, ha sido Mariano Rajoy, quien ha puesto esto en marcha.

Por tanto, el objetivo central del proyecto es hacer efectivo el derecho constitucional de los ciudadanos españoles a acceder a la información pública. Así de claro y así de sencillo, señor Spínola. El proyecto incluye -y no voy a repetirlo aquí- a ONG, a administraciones, universidades, la Seguridad Social al completo, todas las agencias públicas y fundaciones, como ustedes dicen, que reciban dinero público, Cortes Generales, el Tribunal Constitucional, el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y ahí también al ámbito de las comunidades autónomas, que es lo que nos toca. Por eso y por supuesto en esta casa, señor Spínola, también contará con el trabajo del Grupo Parlamentario Popular para llevar a cabo esta futura ley que, como bien ha dicho, ha sido promovida por el Gobierno de España.

Y, cómo no, señor Hernández Spínola, a lo que le invitamos es a no seguir hablando de intenciones sino de realidades, de poner en marcha cuanto antes este tipo de cuestiones.

Creo, por tanto, que estamos ante un proyecto legislativo ambicioso que garantiza el acceso efectivo de los ciudadanos a la información pública y que ayudará, y ahí también van a tener al Grupo Popular, a todo lo que sea la recuperación de la confianza perdida de los ciudadanos ante las instituciones y ante los partidos políticos.

Y quiero señalar un elemento más de la futura ley de transparencia pero creo que es fundamental, y que creo que también el Gobierno de Canarias tiene que copiar, es todo lo que tiene que ver con los efectos disuasorios de la propia norma, que tendrán todas las administraciones públicas y en especial para aquellas, unas pocas, que pueden tener la tentación de gestionar los fondos públicos de manera opaca. Por tanto, cojan también el recorte bueno de esas medidas disuasorias que tiene la propia ley nacional para aplicarlas también en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Señor Spínola, ha hablado usted de buenas intenciones, y yo se las aplaudo. Ya le digo que los antecedentes que usted tiene de sus áreas los conocemos también, de buenas voluntades, también las aplaudimos con la reforma de la Administración pública. Ha hablado usted de un grupo de trabajo y a mí me da miedo escucharlo, porque ese grupo de trabajo también lo aplicó a la reforma de la Administración pública, con un comité de expertos, y no conocemos nada. Por tanto, déjese usted de comités de expertos, déjese usted de grupos de trabajo, traiga a este Parlamento el debate, para que todos los grupos parlamentarios participemos, mejoremos ese proyecto de ley. Demos apertura -evidentemente también estamos de acuerdo- a todos los colectivos sociales, pero déjese usted de grupos de trabajo. ¡Si ya sabemos lo que hace el Gobierno con los grupos de trabajo y con los comités de expertos!, y no hace falta que le diga. Por lo tanto, mi pregunta es clave: ¿para cuándo, señor Spínola, para cuándo?, ¿para cuándo va a traer usted aquí, a debate parlamentario, ese proyecto de ley?

Fíjese, señor Spínola, la primera vez que tuvimos conocimiento de la firme voluntad de presentar este proyecto de ley fue el 5 de diciembre del año 2012. Hace cuatro meses. ¿En esos cuatro meses qué ha habido por medio?: ¿buena voluntad, buenas palabras, buenas intenciones? Es verdad que nos ha convocado a una reunión y nosotros seguimos con la mano tendida. Cuatro meses. No podemos seguir alargando todo esto. ¿Sabe por qué?, porque entre los compromisos del pacto de gobierno entre Coalición Canaria y el Partido Socialista en el inicio de la legislatura también estaba eso, y también fue uno de los compromisos, dentro de esos diez, que también en el discurso de investidura tenía Paulino Rivero. Dos años: ¿qué ha pasado desde entonces?, ¿qué ha pasado desde entonces?

Por tanto, señor Spínola, quédese de verdad con la buena voluntad de ayudar también y el Grupo Popular va a empujar a todo lo que sea clarificar, todo lo que sea trabajar por la transparencia, todo lo que sea para trabajar para mejorar la comunicación y la información. Vamos a trabajar en todo lo que sea para el buen gobierno y acciones de buen gobierno, pero no nos quedemos en esa buena voluntad, porque si no ya le adelanto aquí que, si ustedes no son capaces de traer esta iniciativa, va a ser el grupo mayoritario de esta Cámara quien va a liderar también, como lo va a hacer con la reforma de la Administración pública, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Por tanto, me parecen muy bien sus consideraciones, señor consejero, me parecen muy bien sus ilusiones, me parecen muy bien sus interpretaciones y hasta me parece muy bien su preocupación sincera y la del resto de los grupos de recuperar la confianza. De verdad, yo creo que si hay algo que nos une es que todos nos hemos dado cuenta -todos, y como decía la señora Zamora, todos en el mismo saco- de que hemos perdido la confianza de la calle, que la gente nos ve como un problema. Sí, señor Fajardo, porque usted ha puesto hoy aquí a la Junta de Andalucía como ejemplo y es el peor ejemplo que usted puede poner en la tribuna parlamentaria, en la tribuna parlamentaria. Por tanto, trabajemos todos desde la mejor de las voluntades, trabajemos todos desde la sinceridad para aportar lo mejor de cada uno de nosotros, trabajemos por recuperar la confianza perdida con los ciudadanos, dejemos de seguir siendo un problema para pasar a ser una solución a los problemas que tienen los ciudadanos. Y en esa línea, señor consejero, nos va a encontrar, en esa línea sincera de trabajo permanente; ahora, no puede pedir usted que el grupo mayoritario de esta Cámara, el que tiene el mayor respaldo electoral de Canarias, miremos para otro lado cuando pasan los días y los meses y con lo único que nos quedamos es con buenas voluntades, con intenciones, pero en la práctica nada de nada. Hágalo, señor Spínola, lo vamos a apoyar, porque de lo contrario será mi grupo quien lleve esta iniciativa.

Nada más y muchas gracias.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señor diputado.

Por parte del Gobierno, señor consejero, por tiempo de diez minutos tiene usted la palabra.

El señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad (Hernández Spínola): Señor presidente. Señorías.

Intervengo para hacer la última intervención de este debate que hemos tenido hoy sobre la transparencia en España y en Canarias.

Y voy a empezar esta intervención refiriéndome a algunas cuestiones que ha planteado el último de los intervinientes, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Intenta el Grupo Popular hacer ver a la Cámara que lo que se hace aquí, que lo que hace el Gobierno, es producto de sus iniciativas, y tengo que negarlo, y tengo que negarlo, y tengo que negarlo. Usted ha empezando esta tarde hablando del proyecto de Ley o de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y ese debate que tenemos que tener en la Cámara, empezó haciendo referencia a él, y ha dicho que el Gobierno ha incumplido. El Gobierno no ha incumplido, el Gobierno no ha incumplido. El Gobierno ha hecho un pacto, el Gobierno ha hecho un pacto con la Cámara, el Gobierno ha dicho que esta es una de sus prioridades para esta legislatura y que traerá un proyecto de ley de reforma de la Ley 14/90, y el Gobierno va a cumplir su palabra y lo va a hacer. Por tanto, la iniciativa no es suya, la iniciativa es del Gobierno. Cada cosa en su sitio, señor portavoz del Grupo Popular.

Usted al Gobierno de Canarias le pide mucho, le pide que inmediatamente tenga los proyectos de ley encima de la mesa y los traiga. Mire, si le hubiese hecho caso a usted, ¿qué hubiese traído respecto de las competencias de los ayuntamientos?, ¿qué?, ¿qué ponemos en el proyecto de ley del Gobierno de Canarias cuando el Gobierno del señor Rajoy tiene un texto que no pasa de ser un mero anteproyecto de ley? Porque no se ponen de acuerdo ustedes en el Partido Popular para tramitar un proyecto de ley que es vital, que es la reforma de las administraciones locales. Claro, claro, es que ahí se definen las competencias, es que ahí se definen las competencias de los municipios. ¿Qué ponemos en la ley canaria si ustedes, si el Gobierno de España, no determina de definir qué es básico y lo que no? Está claro, está claro. Por eso, por eso, sensatamente este Gobierno ha dicho: "no podemos traer a esta Cámara un proyecto de ley de modificación de las administraciones públicas canarias hasta tanto sepamos qué va a hacer el Gobierno de España, señor portavoz del Grupo Popular".

¿Y mientras tanto qué, no hacemos nada? No, sí hacemos, y por eso el Gobierno se ha comprometido a elaborar un borrador sobre la estructura, funcionamiento y competencias de los cabildos insulares, y eso, y eso, va a estar a final de este periodo de sesiones en conocimiento de todos los grupos parlamentarios. No hablo de un proyecto de ley, hablo de un borrador de anteproyecto de una ley que está, que figura en el Estatuto de Autonomía en el artículo 22.3, que dice que el Parlamento aprobará una ley que regule la organización y funcionamiento de los cabildos insulares por una mayoría absoluta que determine esta Cámara. Bien. Usted ha gobernado 18 años y no ha traído esa ley, porque esta ley está en el Estatuto de Autonomía desde el año 1996. Este Gobierno lo va a hacer.

Y le puedo decir lo mismo respecto de la ley de transparencia. Nos da mucha prisa: "¿dónde está el texto, dígame la fecha, señor Spínola?". Mire, le voy a decir algo, porque da la impresión de que usted, en fin, cree que el consejero tiene buena fe pero que no materializa, que no ejecuta. El proyecto de ley está aquí, está elaborado, está elaborado el borrador, el que nos comprometimos con todos los grupos parlamentarios. El Gobierno ahora está pendiente, ¿de qué? ¿Qué contenido le damos a ese borrador cuando día a día en las Cortes Generales se está modificando el texto de la ley estatal? Porque han de saber ustedes, usted, que habla de que el mundo nació el día en que el señor Rajoy presentó la ley de transparencia, quiero decirle que no creo que sea bueno en este proceso hablar del pasado. Porque usted habla del Gobierno Zapatero, que no aprobó una ley de transparencia, pero antes del señor Zapatero gobernó ocho años el Partido Popular y yo le podía decir, "¿por qué el señor Aznar durante ocho años no presentó el proyecto de ley de transparencia?". Por tanto, llevar el debate este hacia el pasado me parece que no satisface absolutamente y no vamos a ganar nada. Hagamos un debate de futuro. Le propongo que hagamos un debate de futuro. Vamos a trabajar juntos.

Y el Gobierno no está dormido, el Gobierno está elaborando y tiene redactado ya un borrador de anteproyecto. Lo tengo aquí, lo tengo aquí, y próximamente se les dará traslado a todos los grupos de la Cámara.

¿Podemos avanzar más? No, no podemos avanzar más, porque, como he dicho, las modificaciones de la ley estatal son continuas. Mire, hace dos meses no se hablaba de partidos políticos ni de organizaciones empresariales, hace quince días no se hablaba de la Corona, hace una semana no se hablaba de la Iglesia y hoy ya se habla de todo eso y además ya se está hablando de las ONG, ya se está hablando de los medios de comunicación, de los medios de comunicación que se financian con dinero público. Porque aquí la clave es a partir de qué porcentaje, a partir de qué porcentaje esas asociaciones privadas, esos grupos privados, están sometidos a la ley de transparencia. Esa es la cuestión y eso lo tienen que determinar las Cortes Generales. Y el ámbito de aplicación, por tanto, puede extenderse muchísimo y la regulación de todos esos sujetos supone una modificación sustancial del régimen jurídico. Porque el proyecto de ley que hizo el Gobierno del señor Rajoy estaba pensado solo para la Administración pública, pero cada día se van aumentando los sujetos, y eso obviamente significa que el régimen jurídico aplicable a la Casa del Rey, a las Cortes Generales, al Banco de España será distinto al de la Administración pública. Por tanto, el proyecto de ley hay que rehacerlo, ¡hay que rehacerlo!, y por eso afecta directamente a la norma que vamos a hacer nosotros.

Yo, en todo caso, no me quiero extender en exceso sobre el pasado. Creo que debemos centrarnos en el trabajo que hemos iniciado de forma muy fructífera entre todos los grupos parlamentarios. Yo he alabado y alabo la predisposición de su grupo parlamentario, del Grupo Mixto, del Grupo Socialista y del Grupo Nacionalista. Agradezco muchísimo el esfuerzo que están haciendo y la voluntad política que están demostrando, que esta ley la hagamos entre todos, la hagamos por consenso, que esto sea un éxito, no del Gobierno, un éxito de todos, de todos los grupos, que demos ejemplo, y estoy seguro de que si hay un poquito de flexibilidad lo podemos lograr. El Gobierno, desde luego, lo va a intentar y va a hacer todas las reuniones que sean necesarias para que esto sea posible.

Pero no queremos que esta sea una ley solo de los grupos parlamentarios, queremos que esta sea una ley de los ciudadanos. Para que sea una ley de los ciudadanos tienen que participar los ciudadanos, y vamos a abrir todos los cauces posibles para que los ciudadanos participen directamente. Nos parece que eso es imprescindible. Vamos a escuchar a los ciudadanos en una ley como esta, porque si no lo hacemos, si no lo hacemos con esta ley, ¿con qué lo vamos a hacer?

Bien. Hay algunas cuestiones que me han planteado y quería, lógicamente, también responder. Me han preguntado por el portal web. El portal web está prácticamente terminado. Está pendiente de que se hagan verificaciones por los responsables de cada consejería. No va a haber ningún grupo de trabajo, señor portavoz del Grupo Popular, ningún grupo de trabajo para crear no se sabe qué. Es para verificar en la página web la comprobación de aquellos aplicativos, aquellos indicadores, que deben incluirse y que coinciden, y que coinciden, con los de Transparencia Internacional, los 80 indicadores de Transparencia Internacional.

Me ha hecho también la portavoz del Grupo Nacionalista algunas preguntas relacionadas con el silencio, por ejemplo, el silencio, la regulación del silencio administrativo, que es negativo, porque en todas las leyes del mundo el silencio es negativo excepto en una, que es la ley de Navarra, pero no tiene ningún sentido que aquí el silencio sea positivo. La norma es que debe ser un silencio negativo y esa es la pretensión del Gobierno. Porque imagine usted que el silencio actúe de forma positiva, alguien, un ciudadano, le plantea a la Administración "deme usted tal información", la Administración no se la da: ¿cómo juega el silencio positivo? No tiene ningún sentido, ¿verdad? Por tanto, el silencio, la regulación normal, será negativo...

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Sí, señor consejero, le ruego concluya en un minuto, por favor.

El señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad (Hernández Spínola): Bueno, si me permite, un minuto, un minuto para ir concluyendo.

¿Debe ser este derecho un derecho fundamental, este derecho que está reconocido en la Constitución en el artículo 105? Bien. La mayoría de los expertos entienden que no, entienden que no es un derecho fundamental, porque la regulación de un derecho fundamental habría de hacerse por ley orgánica, y eso implicaría que las comunidades autónomas no podrían dictar leyes de transparencia. Por tanto, será una ley, una ley ordinaria.

Yo concluyo, señorías, haciendo una referencia que me parece importante. La transparencia no lo es todo, la transparencia no es un fin en sí misma, es solo un instrumento, es un instrumento para profundizar en la democracia y en la defensa del interés general. Existe un riesgo con leyes como esta, y no lo quiero obviar, el riesgo es la decepción, es que hagamos una ley y que los ciudadanos no sientan que esta norma sea útil. Es un riesgo, es un riesgo grave, porque hay desafección, hay descrédito de la política en este momento en los ciudadanos. Por tanto, creo que debemos ser generosos y hacer una ley que realmente sea y sirva al interés general, sirva a los ciudadanos.

Yo espero seguir trabajando con todos. El Gobierno se va a volcar para que en un periodo breve de tiempo, de forma coetánea a la regulación y aprobación de la ley estatal, estemos en condiciones de aprobar una ley en Canarias.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señor consejero.