Diario de Sesiones 79, de fecha 15/5/2013
Punto 4

· 8L/PNL-0196 Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre solicitud al Gobierno del Estado en relación con la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley Hipotecaria.

El señor presidente: Entramos en el punto del orden del día de las proposiciones no de ley: del Grupo Nacionalista Canario, en este caso, sobre solicitud al Gobierno del Estado en relación con la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley Hipotecaria.

Hay enmiendas, por este orden, del Grupo Parlamentario Popular, del Grupo Mixto y del Grupo Socialista.

Doña Rosa Pulido tiene la palabra para la presentación de la proposición no de ley, en nombre del Grupo Nacionalista Canario.

La señora Pulido Rodríguez: Gracias, señor presidente. Señorías.

Tal como recogemos en la exposición de motivos o antecedentes de esta proposición no de ley, una de las más crudas manifestaciones de la grave crisis económica y social que estamos padeciendo es, sin duda alguna, la de las ejecuciones hipotecarias y los desahucios que conllevan las mismas. Tal es así que no podemos borrar de la memoria las lamentables imágenes de estos últimos meses, en las que vemos cómo familias procedentes de los sectores más castigados por esta crisis económica no solo se ven condenadas al desempleo sino que, al no poder hacer frente a los créditos hipotecarios, pierden su residencia personal y familiar habitual y además tienen que seguir haciendo frente a una importante deuda derivada del préstamo que no han podido pagar. Llegándose a dar la paradoja de ver cómo entidades financieras que han recibido fondos públicos para su saneamiento, apoyándose en cláusulas abusivas de los contratos hipotecarios, están desahuciando de sus viviendas a miles de familias, sin ofrecerles ninguna salida, dejándolas en la más absoluta indigencia.

Esta situación abusiva tiene causa en la defectuosa y antigua regulación de la ejecución hipotecaria. Por ello tenemos que exigir la paralización de todos los desahucios y un nuevo marco legal que ampare a las familias, pues si antes este drama pasaba prácticamente inadvertido, ahora se ha convertido en uno de los mayores problemas a los que se enfrenta la sociedad, que reclama una solución con urgencia. Respuesta que desgraciadamente no se le ha querido dar, pues las medidas adoptadas por el Gobierno del PP han resultado insuficientes y no han servido para resolver, ni siquiera para paliar, la situación de las familias afectadas, bien por tratarse de medidas parciales y que no abordan en su integridad el problema o bien por haber definido muy restrictivamente el umbral de exclusión en el que deben encontrarse las familias para poder acogerse a las medidas establecidas. Y ello lo podemos comprobar analizando el Real Decreto-Ley 8/2011, que pretendió garantizar que las ejecuciones hipotecarias se realizaran sin dar lugar a situaciones abusivas o malbaratamiento de los bienes hipotecarios, pero que resultó a todas luces ineficiente. O el Real Decreto 6/2012, que también se ha mostrado insuficiente para resolver los problemas, diseñando un código de buenas prácticas para las entidades financieras pero que se dejó que sean los bancos, mediante la adhesión voluntaria, para acogerse a las mismas. O el más reciente Real Decreto 27/2012, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, medidas a las que no podrá acogerse la mayor parte de las familias afectadas, pues se establecen requisitos muy parciales y restrictivos para determinar qué personas pueden beneficiarse y qué personas quedan fuera.

Pero más grave es, señorías, la falta de voluntad política del Gobierno del Partido Popular al no asumir lo propuesto en la iniciativa legislativa popular, dándole la vuelta a la misma y aprobando en su contra, la pasada semana, una descafeinada ley contra los desahucios que no mejora en nada lo que ya determinaban los citados reales decretos, basándola en la máxima de cambiar algo para que nada cambie (Abandona su lugar en la Mesa el señor presidente. Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente primero, Cruz Hernández).

Resulta, por tanto, oportuno un pronunciamiento de este Parlamento como órgano de representación del pueblo canario para promover una solución definitiva a tan grave asunto. Por ello, entendiendo que es un momento excepcional el que vivimos, hay que buscar soluciones excepcionales. Desde el Grupo Nacionalista Canario, por tanto, presentamos la siguiente proposición no de ley para que el Parlamento de Canarias inste al Gobierno de Canarias a que, a su vez, solicite al Gobierno de España para que se modifique la Ley de Enjuiciamiento Civil y Ley Hipotecaria, estableciendo una nueva regulación que corrija los abusos cometidos por las entidades financieras, amparadas en la obsoleta legislación actual, donde se recoja la dación en pago de la ejecución hipotecaria, de tal forma que si el bien ejecutado fuese la vivienda habitual, el deudor pueda comparecer con anterioridad a la subasta y entregar el bien hipotecado en pago de la deuda garantizada, extinguiéndose la misma junto con los intereses y las costas, y recoja también la paralización de los desahucios derivados de las ejecuciones hipotecarias, así como el establecimiento de un alquiler social a favor de los ocupantes, de forma que no se pueda acordar el lanzamiento de la vivienda habitual cuando el impago sea por motivos de insolvencia sobrevenida e involuntaria.

Que se modifique el Real Decreto-Ley de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, de tal forma que se amplíe el umbral de exclusión social en el que deben encontrarse las familias, para que no se cierre su aplicación a miles de personas gravemente afectadas por este problema; y modificando también su disposición transitoria única, de tal forma que la norma pueda ser de aplicación con carácter retroactivo.

Además solicitar que se amplíe el Fondo Social de Vivienda, adoptando las medidas legales y reglamentarias necesarias para que se destine una parte importante del stock inmobiliario absorbido por el Sareb -el denominado "banco malo"- a la constitución de una bolsa de viviendas que se incorporen al mercado del alquiler social.

Y, por último, solicitar que en el nuevo Plan de Vivienda estatal 2013-2016 se incorporen medidas de apoyo financiero, con la aportación de los recursos necesarios a las comunidades autónomas, para fomentar el parque de vivienda pública en alquiler o vivienda social, así como medidas de impulso a la rehabilitación de viviendas y edificios que se encuentran vacíos para incorporarlas al mercado del alquiler.

Esta es nuestra propuesta, señorías, que choca frontalmente con la posición del Partido Popular, que una vez más dice una cosa para luego hacer la contraria, como ha hecho al aceptar a regañadientes la ley de iniciativa popular, votando su toma en consideración para luego desnaturalizarla hasta no poder reconocerla, aceptar la propuesta avalada por casi un millón y medio de firmas para luego hacer todo lo contrario, dando la espalda a la ciudadanía.

Desde el Grupo Nacionalista Canario queremos concluir felicitando a los miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, animándoles a continuar en su justa lucha, pues junto a las mareas en defensa de la sanidad y la educación pública se han convertido en símbolo de la lucha social frente a las políticas de solo austeridad que aplica fervientemente el Partido Popular al dictado de Bruselas y que están generando cada vez más desigualdades, imponiendo cada día nuevos sacrificios, que solo sirven para que los que tengan más sean los que sigan teniendo más y los que tienen poco acaben por perderlo todo. Y en el caso que nos ocupa me atrevo a decir que acaban perdiendo más que todo, puesto que no solo pierden lo que tienen en el momento del desahucio, sino que además han perdido su empleo, pierden todos sus bienes, incluida su única vivienda, y se quedan aún con una deuda personal derivada del préstamo hipotecario de la vivienda que ya han perdido y que se les obliga a seguir pagando en muchas situaciones casi de por vida...

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señora diputada.

A esta proposición no de ley se han presentado tres enmiendas, que han sido admitidas por la Mesa: del Grupo Parlamentario Popular, del Grupo Mixto y del Grupo Parlamentario Socialista.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, don Emilio Moreno, por tiempo de diez minutos tiene usted la palabra.

El señor Moreno Bravo: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, se ha de destacar que desde que se produce la llegada del Partido Popular al Gobierno de la nación a finales del año 2011 no se ha dejado de legislar para ofrecer medidas tendentes a defender los intereses de las familias españolas que atraviesan dificultades para atender sus obligaciones hipotecarias como consecuencia de la crisis económica, ofreciéndose mecanismos realistas que protegen a los ciudadanos afectados en una situación de especial vulnerabilidad. Señorías, el drama social de los desahucios no se resuelve desde el populismo sino con la determinación de reformar la legislación, protegiendo a los afectados, que es ni más ni menos lo que está haciendo el Partido Popular.

Toda nación es rehén de su historia y sobre la historia reciente quiero detenerme, en especial en la actividad política desempeñada por el Partido Socialista Obrero Español hasta el año 2011, apoyado en su acción de gobierno por Coalición Canaria, cuyo grupo es hoy autor de esta iniciativa. Miren, febrero del 2011, Congreso de los Diputados, el ministro de Justicia, del Partido Socialista Obrero Español, el señor Caamaño Rodríguez, refiere en el Pleno del Congreso de los Diputados: "imponer sin más que los deudores hipotecarios se liberen de cualquier responsabilidad entregando la finca puede conducir a una injusticia social mayor"; añadiendo: "constreñir la responsabilidad hipotecaria exclusivamente al valor de la vivienda puede propiciar una contracción del crédito que al final perjudica a todos los ciudadanos". Diario de Sesiones número 108.

Marzo del 2011, decía un prohombre socialista ante el Pleno del Congreso de los Diputados cuando se le preguntaba sobre los deudores hipotecarios en situación difícil como consecuencia de la crisis, decía: "parece razonable que intentemos preservar la fortaleza y la solvencia de los bancos, porque es tanto como preservar la solvencia y los ahorros de la inmensa mayoría de los ciudadanos". Pues, señorías, esto lo decía ni más ni menos que el presidente del Gobierno de la nación, don José Luis Rodríguez Zapatero, intentando o interesado en defender el statu quo de las entidades bancarias, de los bancos. ¿Y esta era la manera de atender la preocupación social que había en la calle por parte de un Gobierno socialista apoyado por los nacionalistas canarios?

Todavía hay más, señorías. Decía una eminente política socialista con relación a la dación en pago a principios del año 2011 ante la Comisión de Vivienda del Congreso de los Diputados -permítanme que extracte su intervención, no tiene desperdicio-; decía la política progresista: "las consecuencias para el sistema financiero serían dramáticas"; llegando a defender la redacción vigente del 140 de la Ley Hipotecaria cuando afirmaba: "si está disponible y no se usa, será por algo". Señorías, esto lo decía ni más ni menos que la señora Corredor Sierra, secretaria de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas del Gobierno del Partido Socialista.

Y un apunte más. Miren lo que decía la diputada del Partido Socialista Obrero Español, señora Fuentes Pacheco, el 14 de junio de 2011: "sabemos que jurídicamente la dación en pago con efecto retroactivo es imposible". Diario de Sesiones número 251.

Señora Pulido Rodríguez, esto es lo que pensaban sus socios cuando estaban en el Gobierno de la nación gracias a sus votos. Le puedo poner más ejemplos, pero no creo que sean necesarios, aunque eso sí deben saber ustedes que apoyaron en su acción de gobierno a aquellos que ahora exigen, igual que ustedes, propuestas de máximo cuando la única medida que se hizo por parte del Gobierno socialista ante este supuesto fue crear juzgados especiales para agilizar los desahucios.

Señorías, ya lo decía el diputado del Partido Popular, señor Matos Mascareño, y así consta en el Diario de Sesiones 87 del Congreso de los Diputados: "esta es la primera vez en la historia de España que se han suspendido en un plazo de dos años los lanzamientos de las familias que se encuentran en una situación especial de riesgo de exclusión; esta es la primera vez en España, en la historia de España, que una ley obliga a las entidades financieras a aceptar -en determinadas condiciones- la reestructuración de la deuda hipotecaria y una quita del 25%; esta es la primera vez en España que una ley permite al deudor hipotecario en determinadas condiciones solicitar y obtener de la entidad financiera la dación de pago con cancelación total de la deuda y la posibilidad de seguir en la vivienda mediante el arrendamiento; esta es la primera vez en España que una ley prohíbe el desalojo de la vivienda que constituye su hogar familiar como consecuencia de un proceso hipotecario de ciudadanos con dificultades económicas, con menos de 19.164 euros, y esta es la primera vez en España que se ha constituido por el Gobierno de la nación un fondo social de viviendas para alojar a las familias que fueron desalojadas desde enero del 2008", por inacción de las políticas llevadas a cabo por un gobierno socialista apoyado por los nacionalistas canarios.

Sí, toda esta actividad legislativa la hemos hecho desde el Partido Popular: Real Decreto-Ley 6/2012, de 6 de marzo, Real Decreto-Ley 27/2012, de 15 de noviembre, y hoy aprobada y publicada en el Boletín Oficial del Estado la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de Medidas para Reforzar la Protección a los Deudores Hipotecarios, Reestructuración de Deuda y Alquiler Social, que viene a establecer, ni más ni menos, y ampliar a tres meses el plazo de impago por la hipoteca para que se ponga en marcha la ejecución, a limitar los intereses de demora hasta un límite máximo que dure hasta la recuperación del deudor, a establecer que el valor de tasación para la subasta no pueda ser menor del 75% del valor de tasación en escritura, a incrementar hasta el 70% el porcentaje de deuda que cancela la adjudicación y los intereses de deuda pendiente tras una ejecución hipotecaria no devengarán a su vez intereses. Y, además, hablando de la segunda oportunidad, se establece una quita por pronto pago para los ejecutados con deudas pendientes, un descuento del 35% si uno paga antes de los cinco primeros años y un 20 si lo hace a los 10.

Mire, señora Pulido, hasta incluso se han iniciado los trámites para la eliminación...; perdón, ya se ha publicado, porque es hoy vigente en el Boletín Oficial del Estado, la eliminación de cláusulas abusivas en los títulos ejecutivos, dando cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de marzo de 2013, con el fin de efectuar la renovación específica de determinadas cláusulas especialmente complejas, como la cláusula suelo, las cláusulas referentes a hipotecas multidivisas, los swaps de intereses y otras, permitiendo en este caso la paralización de los desahucios y la eliminación de las mismas.

El Gobierno de la nación, liderado por don Mariano Rajoy, adoptó medidas excepcionales en momentos excepcionales y sigue trabajando para que en España se establezca un sistema hipotecario más justo y proporcionado en la relación entre el deudor y la entidad financiera acreedora, aportando una solución y respuesta al drama que sufren miles de familias.

Por favor, señorías, el Gobierno de Canarias debe, en el ámbito de sus competencias, completar, complementar estas políticas del Gobierno de la nación, razón de nuestra enmienda de sustitución, que hemos presentado porque el Grupo Nacionalista debe abandonar o debe, perdón, venir hacia el consenso y acuerdo y abandonar el populismo y la hostilidad. El Gobierno de Canarias tiene mucho que hacer aquí, ¡mucho! Le relato varios asuntos: el Gobierno de Canarias no ha pagado las ayudas prometidas a los jóvenes para la hipoteca de sus viviendas de emancipación, el Gobierno de Canarias ha incumplido sistemáticamente sus planes de vivienda, el Gobierno de Canarias no ha creado, dentro del seno del Instituto Canario de la Vivienda, una oficina de asesoramiento a personas y familias afectadas por problemas de pago con la hipoteca y el riesgo de ejecución y desahucio, como se aprobó en el Parlamento de Canarias en una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, el Gobierno de Canarias, a través de Visocan, tiene cerca o mantiene cerca de 800 viviendas vacías. ¿A qué espera el Gobierno de Canarias para que estas viviendas sean destinadas a alquiler social?

Lo cierto es que el presidente del Gobierno de Canarias, don Paulino Rivero, se reúne con los colectivos afectados mientras que desde las instituciones públicas canarias se siguen tramitando desahucios en viviendas sociales. Si no me cree, lea la prensa, que ayer estaba buena. Eso sí, la solución que ahora se ofrece es el corta y pega del proyecto de la Junta de Andalucía, sobre el que Bruselas ya ha puestos pegas jurídicas, pues dichas propuestas pueden provocar y chocar con los compromisos adquiridos por España con la firma del ...(Ininteligible.) ¿Y entonces qué harán ustedes? Por eso únanse al consenso, al acuerdo, a las acciones legislativas claras y abandonen posiciones populistas.

Y le diré algo más: no vamos a permitir que se hable de que el Gobierno del Partido Popular o el Gobierno de la nación ignora a la ciudadanía. ¡No lo vamos a permitir! Para su conocimiento, se lo dejo claro, y para el conocimiento de los restantes grupos.

Y voy acabando. El señor Borrell, ministro de Obras Públicas del Gobierno Zapatero, marzo de 2012, dijo: "ojalá el Gobierno Socialista hubiera aprobado algunas medidas del Partido Popular, como la dación en pago y la cancelación de la deuda pública con pymes y autónomos". Añado lo que dijo el señor Bono, ministro de Defensa del Gobierno de Zapatero: "quiero lamentar que haya sido el Gobierno popular y no socialista el que haya bajado el sueldo a los banqueros y haya promovido la dación en pago". Señorías, esta es la verdad y entiendo su inquietud, ya que ha sido el Partido Popular quien ha llevado a cabo, adelante todas estas reformas.

Por cierto -y se lo explico tanto al Partido Socialista Obrero Español como a Coalición Canaria-, la monarquía parlamentaria de la que disfrutamos en España permite, sí, iniciativas legislativas populares, pero el mandato de los diputados y senadores no puede ser sustituido por la buena voluntad de un buen número de ciudadanos, pues para eso están las urnas y las elecciones. ¿Le suena? Eso se llama ni más ni menos democracia.

Nada más y muchas gracias.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señor diputado.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, don Román Rodríguez, por tiempo de diez minutos tiene usted la palabra.

El señor Rodríguez Rodríguez: Señor presidente. Señorías.

Este es un debate que interesa a la ciudadanía, que preocupa a la gente y que nosotros hemos tenido la oportunidad de considerarlo en anteriores ocasiones. La primera de ellas en una proposición no de ley presentada por Nueva Canarias cuando Zapatero era presidente del Gobierno y donde reclamábamos entonces algunos o bastantes de los contenidos de esta proposición no de ley que presenta el Grupo de Coalición Canaria.

Pero no es solo en estas dos ocasiones en las que hemos hablado de este asunto sensible y relevante, que daña a miles de familias pero que preocupa a la mayoría social, sino que hemos tenido la oportunidad de interrogar aquí al señor presidente del Gobierno sobre las medidas a adoptar en la materia y también a la responsable del departamento.

A nosotros nos parece -y lo hemos dicho también de forma reiterada- que esta crisis está haciendo pagar los platos rotos a los más débiles y esta pudiera ser una de sus expresiones más crudas. Esta crisis no ha acabado, esta crisis continúa y dicen muchos expertos que en el mejor de los casos se cronifica, que los niveles de deterioro socioeconómico para un amplio sector de la mayoría social se mantendrán los próximos años. De manera que el problema de los desahucios, el problema del deterioro socioeconómico de las familias, de los desempleados, no solo no ha tocado fondo sino que todavía, desgraciadamente, va a tener un largo recorrido. Por ello sigue siendo absolutamente actual persistir en la necesidad de respuestas adecuadas a la realidad sobrevenida.

Aquí las Cortes Generales tienen mucho que decir, no hay ninguna duda. La Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley Hipotecaria solo pueden ser reformadas en ese ámbito y hay que decir que no se salva ninguno de los dos grandes partidos. Y ni siquiera sirve de pretexto que el otro lo haya hecho mal, lo que es indiscutible es que en España la crisis económica está haciendo que miles de familias pierdan su única vivienda, porque tenemos una legislación injusta, desequilibrada. Lo dicen los tribunales europeos, hoy el resquicio más importante para que la Administración de Justicia paralice tanto desastre y tanta injusticia. Ni entonces ni ahora se ha estado a la altura de las circunstancias y no puede ser un argumento, y desde luego no es un pretexto, el que el otro tampoco lo hiciera bien.

A nosotros nos parece oportuna y con buenos contenidos esta proposición no de ley, entre otras cuestiones porque está trabajada, que no siempre pasa. No somos aquí los que ponemos el baremo de lo que está bien trabajado o no, pero hemos de decir que, como nos leemos los papeles, creemos que esta proposición no de ley se ha trabajado, ha buscado las respuestas que, entendemos, pudieran mejor contribuir, si se dieran las mayorías políticas, a encauzar este problema.

Es necesario, y no va a ocurrir en esta ocasión porque la ley está de facto aprobada por las Cortes Generales, una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley Hipotecaria para favorecer la dación en pago. Esto no se va a conseguir porque hay una mayoría política en España que dice que no y desgraciadamente creo que el único camino que queda es modificar esa mayoría política.

Tampoco se van a paralizar los desahucios al conjunto de familias afectadas por este drama. Solo en situaciones excepcionales y casi imposibles de cumplir.

Los contenidos del segundo real decreto de la etapa del Partido Popular, incorporados a la ley de facto aprobada, tampoco resuelven los problemas.

De manera que nos parecen bien los puntos a) y b) de la proposición no de ley y por supuesto nos parece especialmente importante el Fondo Social de la Vivienda.

Y aquí voy al asunto de la solvencia de la banca, aquí voy al asunto de la solvencia de la banca. Para garantizar la solvencia de la banca, el Estado español, nosotros, los ciudadanos, nos hemos endeudado en más de 40.000 millones de euros en un préstamo europeo, además de lo que se ha enterrado en recursos del FROB y además de los avales por casi 60.000 millones. Todas estas operaciones de la llamada reestructuración bancaria han estado destinadas a garantizar la solvencia de la banca y que pagamos todos en déficit, en deuda y en pérdida de bienestar. Lo que no entienden los ciudadanos, porque es difícil de entender, es que ahora el llamado banco malo -la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria española-, tenga -no se sabe bien porque la información es confusa, es poco transparente-, tenga en torno a 700.000 viviendas que los bancos se quedaron en dación en pago de las inmobiliarias y promotoras. Es decir, 700.000 viviendas de bancos, promotoras e inmobiliarias se las ha quedado de facto el Estado a través de la dación en pago y no se puede, porque cuestiona el futuro del sistema financiero, garantizar la dación en pago de 15, 20, 30.000 ciudadanos, familias, que han perdido el empleo y que no pueden hacer frente a la hipoteca. ¡Esto no lo entiende nadie, porque esto no es explicable! Esto significa que hay gobiernos y mayorías políticas que están dispuestas a hacer lo que sea, a endeudarnos hasta la ceja, para garantizar la solvencia de las entidades financieras con dinero de todos y no están dispuestas a hacer el menor esfuerzo por salvaguardar los intereses de una parte de la ciudadanía que lo ha perdido todo o casi todo y que precisa de la ayuda colectiva.

De manera que nosotros insistimos y reclamamos una modificación de la norma para garantizar la dación en pago de los ciudadanos que han perdido su trabajo, que tienen una única vivienda, de la misma manera que se ha regulado históricamente para los poderosos. Desgraciadamente esto no va a ocurrir, y fíjense lo que les digo. Hoy aporta más soluciones al drama de los desahucios el trabajo de los colectivos ciudadanos que están detrás de ese movimiento cívico que representa a estos desahucios, están haciendo más por las familias los ayuntamientos comprometidos y trabajando al lado de los ciudadanos, buscando negociación, buscando parque de vivienda pública para ponerlo en circulación, hacen más por este colectivo de ciudadanos comunidades autónomas que, rebuscando en la normativa, buscan hueco para defender el interés de los más necesitados, como es el decreto-ley de Andalucía, que esperemos replique el Gobierno y luego me referiré a ello, y hacen más por los ciudadanos los propios jueces que, rebuscando en la normativa, aprovechando la sentencia de Luxemburgo, están paralizando lo que las Cortes Generales no han sido capaces de hacer.

De manera que no tenemos ninguna duda en la necesidad, en la pertinencia, de la proposición no de ley. Pero, eso sí, estamos demasiado acostumbrados al "y tú más y no tengo ninguna responsabilidad". Esta comunidad tiene competencias en vivienda y lo que no puede ser es que cuando uno está allí la culpa es de la comunidad autónoma y cuando uno está aquí la culpa es del Estado. Oiga, totalmente de acuerdo en las exigencias a la Administración General del Estado con estos contenidos, totalmente de acuerdo, pero, ¿y qué pasa con nuestra comunidad?, ¿con nuestras competencias?, ¿con nuestro Gobierno? Ni una palabra, y es ahí donde vienen nuestras enmiendas, para decir que aquí hay competencias en vivienda y se pueden hacer cosas, y para recordarnos, para insistirle al Gobierno que tiene que de forma rápida enviar a esta Cámara la modificación de la Ley de Vivienda para parar los desahucios en determinadas condiciones.

Y vamos a esperar a ver si las condiciones que dice la PNL se cumplen para la modificación de ley, porque aquí se pone cuatro veces el Iprem. Que nos parece bien, nos parece bien. Por lo tanto, que se mande esta ley aquí. Que lo que pasa en Visocan, en la dirección general de turno, se gestione con transparencia y con diligencia.

Que el Fondo Social de Vivienda, que nos parece muy importante, se movilice. Y aquí decimos una cuestión, porque es imprecisa en mi propuesta y creo que, si ustedes me lo permiten, la rectificaría. En el punto quinto: "Favorecer la movilización, a través de incentivos y penalizaciones, del parque de viviendas privadas de propiedad de las entidades financieras, de inmobiliarias y de sociedades de gestión de activos". En ningún caso de particulares y no está claro, y pido, pues, ahí una enmienda a mi propia propuesta.

En definitiva, señorías, de acuerdo en las exigencias al Estado, absolutamente de acuerdo en los contenidos, porque creo que recogen respuestas que sí serían operativas de existir, pero añadiendo...

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Un minuto para concluir.

El señor Rodríguez Rodríguez: ...añadiendo a las propuestas de esta PNL la exigencia al Gobierno para que cumpla con su deber, en el ámbito de sus responsabilidades, con las precisiones que hagan falta, porque esto es lo que legitima la posición de los grupos que sustentan al Gobierno. Aquí se hace lo que se puede, lo que está en nuestro marco competencial, y se exige a los poderes centrales del Estado lo que se tenga que exigir, porque allí se residencian competencias y capacidad legislativa que no tenemos aquí.

De manera que nosotros le proponemos a doña Rosa Pulido un conjunto de enmiendas que creemos que lo que hacen es legitimar, completar y mejorar la proposición no de ley. Que en cualquier caso estamos totalmente de acuerdo.

Muchísimas gracias.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señor diputado.

Por parte del Grupo Parlamentario Socialista Canario, don Manuel Fajardo Palarea, por tiempo de diez minutos tiene usted la palabra.

El señor Fajardo Palarea: Buenos días. Señorías, señor presidente.

Mi grupo parlamentario ha presentado una enmienda de adición a la proposición no de ley presentada por Coalición Canaria, puesto que llega hasta un momento determinado, que es a finales del 2012, en cuanto a la regulación con respecto a los desahucios. Y a lo que instamos es a que el Parlamento de Canarias inste, a su vez, al Gobierno del Estado para que modifique precisamente la ley que se aprobó el 8 de mayo, en el Senado, sobre la Ley de Medidas para Reforzar la Protección a los Deudores Hipotecarios, Restructuración de Deuda y Alquiler Social en los siguiente términos, de forma que respete el contenido de esa iniciativa legislativa popular que estaba avalada por más de 1.500.000 personas, de forma que, efectivamente, establezca un verdadero procedimiento de segunda oportunidad, de forma que establezca la obligatoriedad de la adhesión de las entidades bancarias al código de buenas prácticas, creando un auténtico parque público de alquiler social y primando, en definitiva, el fin y derecho social de la vivienda, reconocido constitucionalmente, sobre la visión economicista y especulativa de la misma.

Y creo que si el Partido Popular, porque todos podemos leer diarios de sesiones, y esto no debe convertirse en un "y tú más"... Yo también me he leído las intervenciones que tenía el Partido Popular sobre este tema cuando estaba en la Oposición. Y digo que creo que si el Partido Popular tuviera palabra, no tendría ningún problema en respetar el mandato que se dará por este Parlamento al Gobierno de Canarias para que inste al Gobierno de España en aras de que se haga la modificación que antes referencié. Y digo esto porque en el Congreso de los Diputados, cuando se debatió la toma en consideración de la iniciativa legislativa popular de la dación en pago, de paralización de los desahucios y el alquiler social, avalada por más de un millón y medio de personas, el señor García Egea, portavoz del Partido Popular, dijo textualmente: "Creemos que esta iniciativa legislativa popular ha servido para mejorar la ley que en muy pocos días será sometida a aprobación y que permitirá cumplir con la mayor parte de las reivindicaciones y con el fondo de los promotores de esta iniciativa. Señorías, la austeridad, el enfrentamiento, las desavenencias, no van a paralizar los desahucios. La propuesta, el acuerdo, los consensos, las alianzas, conseguirán solucionar los graves problemas por los que pasan hoy muchos ciudadanos". Y sigue diciendo: "tras la reunión con la plataforma, a la que hemos transmitido en estos términos nuestra postura, hemos decidido que apoyaremos esta iniciativa. Señora Colau, representantes de la plataforma, se lo dije en la comisión y se lo repito hoy, el Grupo Popular y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca van por el mismo camino y al final de ese camino están los intereses generales de los ciudadanos, y seguiremos trabajando y cooperando para alcanzarlos".

Pero, señorías, lo ocurrido después ya ha pasado a la peor historia del parlamentarismo en España. El PP, después de haber dicho lo que anteriormente explicité y de votar a favor de la toma en consideración de la ILP, hizo gala del más puro estilo de filibusterismo en la tramitación parlamentaria y enterró y fagocitó la ILP, la voluntad de más de un millón y medio de ciudadanos, mediante la presentación de un texto alternativo raquítico, insuficiente y frustrado en sus objetivos. Y así aprobaba una proposición de ley por el procedimiento de urgencia que no desarrolla un verdadero procedimiento de segunda oportunidad, ignora la dación en pago, olvida aportar soluciones cuando el procedimiento hipotecario afecta al local de negocios en el que el trabajador autónomo ejerce su actividad, no da solución al sobreendeudamiento sobrevenido no doloso de las personas, dando la espalda al derecho constitucional a una vivienda digna, poniendo por encima del interés de las personas y la función social de la vivienda el interés de la banca y su visión economicista y especulativa sobre este problema que arranca desde que ese mismo partido modificó la Ley del Suelo. No favorece un reparto equitativo esta ley en las cargas del procedimiento hipotecario ni la nulidad de las cláusulas suelo, no dando tampoco una solución a la necesidad de la creación de un auténtico parque público de viviendas de alquiler social. Parque que podría nutrirse, entre otras aportaciones, como bien decía la portavoz del Grupo Nacionalista, de las viviendas en manos del Sareb o de entidades bancarias que hayan sido intervenidas, sin que tales aportaciones fueran voluntarias sino obligatorias, manteniendo intereses de demora del 12%, que en muchos casos ni paralizan desahucios ni el devengo de los intereses y manteniendo las costas judiciales en un 5% del valor del bien sujeto a ejecución.

Señorías, en suma, el Partido Popular aprobó un texto que, frente a la necesidad de respuestas integrales e inmediatas para aquellas personas desahuciadas o en riesgo de desahucio, no ofrece garantías legales ni un reparto equitativo de las cargas inherentes al procedimiento hipotecario, aportando solo soluciones muy limitadas, excluyendo en todo caso de las mismas a quienes ahora están en el trance de poderse ver desposeídos de su vivienda o local de negocios como consecuencia del impago de su hipoteca.

Una resistencia -aquí se ha dicho- y negativa del Gobierno y del Grupo Parlamentario Popular a articular respuestas legales efectivas, cuando es más clamorosa y empecinada la respuesta que nos da la Unión Europea a través de la sentencia de marzo que todos conocemos, pero es que en abril, en abril de este año, se ha aprobado una directiva que será de aplicación en todos los países a partir de su aprobación formal en el plazo de dos años, que va en contra de lo aprobado en el Parlamento por el Partido Popular, por cierto, destrozando y despreciando 275 enmiendas que presentó el resto de grupos. ¿A eso le llaman consenso? ¿A eso le llaman acuerdo? Eso es pura y exclusivamente paso de rodillo, ni más ni menos.

Señorías, la tibieza e inacción del Gobierno de España contrasta con los pasos que se están dando en otras comunidades autónomas -aquí se han citado-, que están trabajando para que parte del parque de viviendas vacías, especialmente el que se encuentra en manos de las entidades bancarias y de sus grandes inmobiliarias, pueda ser utilizado por las familias afectadas por los desahucios o que carezcan de recursos económicos. El ejemplo lo tenemos en la Junta de Andalucía -ahora les hablaré-, que ha optado por afrontar la emergencia social que suponen los desahucios a través de un decreto que ya se encuentra en vigor.

Señorías, en la actualidad existen pocos problemas más dramáticos y acuciantes que los que padecen las familias que se encuentran en situación de desempleo y que tienen que hacer frente a deudas elevadas y a muy largo plazo, que se derivan en un 90% de la adquisición de vivienda habitual o del local de negocios en donde desarrollan su actividad, que constituye su medio de vida. Señorías, muchas de esas familias no pueden afrontar el pago de las cuotas de su préstamo, y no porque no quieran, que es lo que no entendemos; es porque realmente no pueden, y no pueden en un momento en que la vivienda ha perdido gran parte de su valor y no constituye en sí suficiente garantía frente al crédito concedido.

Señorías, es un callejón sin salida. En el año 2012 afectó a 30.011 familias, que perdieron sus viviendas y que siguen siendo, en su mayor parte, deudores de las entidades crediticias de por vida. Por eso tenemos que actuar, y actuar de inmediato, pero adoptando políticas consensuadas e integradoras, políticas públicas que den soluciones justas y equilibradas en una situación que amenaza con romper la vertebración social de nuestro país y no con propuestas injustas y desequilibradas como las que aprobó el PP el pasado día 8 de mayo.

Les voy a poner un ejemplo sobre lo aprobado por el PP. ¿Sabían ustedes, señorías, que una familia con ingresos de 1.500 euros mensuales y con un niño de 3 años sí se puede acoger a la ley del Partido Popular y una familia con iguales ingresos pero con dos niños, con dos niños de más de 3 años no? Esa es la lógica de la ley aprobada por el Partido Popular.

Se trata, en definitiva, señorías, tal como se expresa en la exposición de motivos del decreto-ley de la Junta de Andalucía, de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda -y en esto me entenderá el señor Moreno-, que, a pesar de la importancia que la Constitución otorga al derecho de la vivienda, lo cierto es que en la práctica es considerada un simple bien de consumo sujeto a las leyes de mercado. Y en este contexto es urgente y necesario que desde los poderes públicos se adopten las medidas necesarias para asegurar la función social de la vivienda y de esta forma se haga efectivo el cumplimiento del artículo 47 de la Constitución, garantizando desde las administraciones públicas la realización de este derecho.

Señorías, es cierto que el artículo 33 de la Constitución consagra el derecho a la propiedad privada, estableciendo que se trata de un derecho cuyo contenido viene delimitado por su función social, que es básica para la generalización de los derechos sociales. La Constitución no tutela, por tanto, usos antisociales del derecho de propiedad. Este principio debe vincularse con la previsión del artículo 128 de la Carta Magna y el artículo 40 del mismo texto constitucional y, siendo en este caso finalidad propia de la vivienda la de propiciar la posibilidad de dar cumplimiento al derecho a disponer de un techo bajo el que las personas puedan desarrollar su vida dentro de una normalidad, su desocupación representa el mayor exponente del incumplimiento de la finalidad del bien y, por tanto, de su función social. La función social de la vivienda, señorías, en suma, no es un límite externo a su definición o a su ejercicio sino una parte integrante del derecho mismo. Utilidad individual y función social, por tanto, componen de forma inseparable el contenido del derecho de propiedad. Por tanto, la defensa de la función social de la vivienda adquiere mayor relevancia en los actuales momentos, que pueden ser calificados como de emergencia social y económica. Por tanto, las medidas que por su mayor urgencia deben acometerse sin dilación suponen, por su propia naturaleza, un plan de choque en salvaguarda del bien jurídico protegido, el derecho a una vivienda digna. Y eso es lo que le pido al Gobierno del Estado y al Gobierno de mi comunidad autónoma, a ambos, a ambos, que asuman sus responsabilidades.

Señorías, dicho esto, se hablaba hoy de para qué nos quieren los ciudadanos, cómo nos ven los ciudadanos. Señorías, hay cuestiones que dependen solo y exclusivamente de la voluntad...

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Sí, señor diputado, le ruego que concluya en un minuto, por favor.

El señor Fajardo Palarea: ...y los políticos. Y nuestra obligación consiste en acabar con las injusticias y con los abusos, rescatando a las personas, porque ya hemos rescatado a los bancos -ya que hablaba usted antes de la solvencia bancaria-. Ahora nos toca a nosotros, ahora les toca a las personas, y por eso, sobre todo a ustedes, señorías del Partido Popular, porque son los que tienen la capacidad de que sus compañeros modifiquen en Madrid la ley que aprobaron el día 8 de mayo, a eso les conmino con humildad y creo que es posible. Pese a que ustedes han criticado mucho el decreto-ley de Andalucía, de Andalucía, lo cierto es que cuando fue llevado a convalidación, curiosamente el mismo día 8 de mayo, ustedes no votaron en contra, señor Moreno, ustedes se abstuvieron en el decreto-ley de Andalucía, porque hasta ustedes mismos están de acuerdo con ese decreto-ley.

Termino. Esta mañana se ha hablado de inmoralidad en esta Cámara. La mayor inmoralidad que se puede cometer en este país hoy en día es no cambiar la ley que ustedes aprobaron el día 8 de mayo e intentar solucionar el problema de muchísimos españoles, como es el tema de los desahucios.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señor diputado.

Por parte del grupo autor de la iniciativa, de la proposición no de ley, para fijar posición en relación a las tres enmiendas, la señora Pulido tiene la palabra.

La señora Pulido Rodríguez: Gracias, señor presidente.

Señor Rodríguez, para que vea que nosotros desde el Grupo Nacionalista Canario también le solicitamos al Gobierno de Canarias que se tomen las medidas necesarias para solucionar, en la medida de nuestras competencias, los problemas de las familias que lo están pasando más mal y en este caso, que es el que nos ocupa, con respecto a la vivienda, le diré que desde nuestro grupo vamos a aceptar sus enmiendas. Eso sí, le proponemos dos transaccionales. Con respecto al punto 2, le proponemos que se modifique por poner "continuar con la política de no desahucios en las viviendas de régimen especial en alquiler de Visocan y las viviendas públicas del Instituto Canario de la Vivienda por impagos de alquileres derivados de la situación económica sobrevenida por la crisis, tal como se ha establecido en el Decreto 77/2012, de 30 de agosto". Y le digo modificarlo porque, primero, porque no se está desahuciando por motivos económicos en ningún caso en las viviendas ni de Visocan ni en las del Instituto Canario de la Vivienda, y además está recogido en el decreto expresamente que así no se puede hacer. Y luego le propongo también modificar el apartado 3, sustituyéndolo por "agilizar los trámites para la recuperación de las viviendas actualmente vacías y su posterior rehabilitación, continuando con la política de que sean los ayuntamientos los que adjudiquen dichas viviendas en segunda adjudicación y facilitando su acceso a las familias desahuciadas". Creo que con esto se recoge lo que usted proponía. Le damos este intento porque de lo que se trata, los trámites se están haciendo, de lo que se trata es de solicitarle al Gobierno que los agilice. La competencia del Gobierno de Canarias es recuperar las viviendas que las personas hayan dejado por el motivo que sea y rehabilitarlas para luego ponerlas en manos del ayuntamiento y que sea el ayuntamiento el que las adjudique, que es como así viene siendo y me imagino que también es como usted desea que se continúe.

Con respecto a la enmienda del Partido Popular, no la podemos aceptar, porque lo que proponen es continuar con la Ley 1/2013 que se acaba de aprobar ya la semana pasada y, como ya dije en mi anterior intervención, se trata de una ley descafeinada, que no aporta ninguna propuesta que mejore lo que ya ustedes habían establecido en los decretos anteriores, que mejore con respecto a la situación de los deudores hipotecarios y los desahucios de las familias que están viéndose sometidas a ello y que tan mal lo están pasando.

A lo que usted me dijo con respecto a darle la espalda a la ciudadanía, esta diputada -ahora no hablo en nombre de mi grupo- entiende que es darle la espalda a la ciudadanía no recoger la dación en pago, porque está siendo reclamada por más del 90% de la población. Hay estadísticas que así lo dicen con encuestas que se han hecho. Además una iniciativa popular, una ley de iniciativa popular firmada por 1.500.000 personas, ustedes la han desvalorizado, la han admitido a trámite y luego le han dado la vuelta y no han respetado sus principios, que era lo que habría que haber hecho para no darles la espalda a estos ciudadanos, al menos a los que han firmado y, según las encuestas, al 80% de la población. Por eso es por lo que esta diputada les dijo que ustedes en este caso, como otros muchos pero en este caso es al que me ciño en este momento, le están dando la espalda a la ciudadanía. Y lo que nosotros creemos es que tienen que aceptar la dación en pago y que sean los bancos, que los bancos estén obligados a aceptarla. ¿Y por qué?, pues porque a los bancos se les ha rescatado con 40.000 millones de euros provenientes de Europa. Y aparte de eso, en el caso del Sareb, del banco malo, se les está haciendo un segundo rescate a través de las viviendas que están asumiendo, del parque de viviendas que están asumiendo y de las hipotecas que están asumiendo, que no tienen en este momento ningún valor. Por eso es por lo que no aceptamos su enmienda.

Y al Grupo Socialista decirle que sí aceptamos su enmienda, porque a pesar de lo que ya proponen, pues, ya estaba recogido en la PNL. Lo que ustedes están pidiendo es que se modifique la Ley 1/2013, de 14 de mayo, que en el momento de redactar la PNL se estaba tramitando pero no estaba aprobado y, bueno, que estamos de acuerdo y que creemos que es fundamental también recogerlo.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Sí, señorías, para explicar a la Cámara cómo queda la proposición no de ley, la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, añadiendo las dos enmiendas siguientes: la enmienda del Grupo Socialista en su totalidad y la enmienda del grupo... que sustituiría a la enmienda del Grupo Socialista, de adición al punto segundo, y la enmienda del Grupo Mixto con dos transaccionales a los puntos 2 y 3. De tal manera que el punto 2 quedaría "continuar con la política de no desahucios en las viviendas de régimen especial en alquiler de Visocan y las viviendas públicas del Instituto Canario de la Vivienda por impagos de alquileres derivados de una situación económica sobrevenida por la crisis, tal y como se ha establecido en el Decreto 77/2012, de 30 de agosto". Entiendo que es así, ¿no? Y el punto 3: "agilizar los trámite para la recalificación o...". Es que está en... (La señora Pulido Rodríguez se acerca a la Mesa para aclararle al señor presidente el texto.) (Pausa.)

Bien. En lo que la compañera aclara la letra, decir que el punto 5 quedaría: "favorecer la movilización, a través de incentivos y penalizaciones, del parque de viviendas privadas vacías de entidades financieras, inmobiliarias y sociedades de garantías de activos existentes en Canarias, estableciendo los instrumentos administrativos de intervención necesarios, creando un registro público de viviendas deshabitadas que permita gestionar el fenómeno de la no habitación de las viviendas con el fin de garantizar el derecho de acceso a una vivienda digna". Esa sería la modificación correspondiente en el punto 5, añadiendo "viviendas privadas y entidades jurídicas", entiendo. Y el punto 3 sería: "agilizar los trámites para la recuperación de las viviendas actualmente vacías y su posterior rehabilitación, continuando con la política de que sean los ayuntamientos los que adjudican dichas viviendas en segunda adjudicación y facilitando su acceso a las familias desahuciadas".

Bien. Queda clara entonces cuál es la iniciativa. Es la proposición no de ley del Grupo Nacionalista, la adición al punto 2 del Grupo Socialista y la adición del Grupo Mixto con esas tres correcciones que les he leído y que constan en el Diario de Sesiones, a efectos de que quede claro cómo queda el texto.

Bien. Procedemos a un nuevo llamamiento y votamos (Suena el timbre de llamada a la votaci ón).

(Se reincorpora a su lugar en la Mesa el señor presidente.)

El señor presidente: Señorías, pues, vamos a votar la proposición no de ley del Grupo Nacionalista Canario, sobre solicitud al Gobierno del Estado en relación con la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley Hipotecaria, con las enmiendas que han sido explicadas por el vicepresidente del Parlamento, que estaba presidiendo en estos momentos. Comienza la votación (Pausa).

Resultado de la votación: 53 presentes; 33 a favor, 20 en contra y ninguna abstención.

Queda aprobada la proposición no de ley.