Diario de Sesiones 80, de fecha 28/5/2013
Punto 10

· 8L/PO/P-0929 Pregunta de la señora diputada doña María Luisa Zamora Rodríguez, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre disminución de los recursos contencioso-administrativos, dirigida al señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.

El señor presidente: Siguiente pregunta: de la señora diputada doña Marisa Zamora Rodríguez, del Grupo Nacionalista Canario, dirigida al señor consejero de Presidencia.

Doña Marisa Zamora.

La señora Zamora Rodríguez (Desde su escaño): Gracias, presidente.

Señor consejero, es difícil encontrar una ley como es la nueva Ley de Tasas, cuya entrada en vigor haya producido el rechazo unánime de todos los profesionales de la justicia y que dicho rechazo sea compartido por sectores tan diversos como la totalidad de los partidos de la Oposición, la mayoría de las asociaciones de jueces y fiscales, operadores jurídicos, sindicatos, asociaciones de consumidores y, sin miedo a equivocarme, toda la sociedad en general. Esta ley pretende avanzar hacia una justicia privada que hará que muchos ciudadanos no puedan plantearse acceder a la defensa de sus derechos.

En Canarias la presentación de recursos contencioso-administrativos ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en su sede de Las Palmas, porque no tengo datos de Tenerife, se ha reducido en un 40,2% desde que en noviembre del año pasado entró en vigor la Ley de Tasas, que condiciona el acceso a algunos órdenes jurisdiccionales de la justicia al pago de una tasa que tiene una cuantía fija y una suma variable que no se devuelve aunque se gane el pleito.

En cuanto al orden contencioso-administrativo, las tasas se incrementan de 120 a 200 euros en el proceso abreviado, de 210 a 350 euros en el ordinario y en los recursos de apelación, pues, pasan de 300 a 800 euros y de 600 a 1.200 en los de casación.

La cifra más alta de disminución de los juicios contencioso-administrativos se ha dado en Murcia, según los datos recogidos por los 83 colegios de abogados de España, aunque la bajada es general en todas las comunidades autónomas. Según un reciente estudio que leí del Consejo General de la Abogacía, en todo el país las tasas han provocado una caída del 60% en los recursos contra las administraciones públicas españolas.

Señor consejero, las demandas contra la Administración pública deberían ser la garantía del ciudadano ante la arbitrariedad de la Administración. Las nuevas tasas están retrayendo a los ciudadanos a ejercer el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva y al disminuir los recursos de apelación y de casación el número de administraciones controladas por la justicia bajará muy sensiblemente, como ya estamos viendo.

Señor consejero, seguimos creyendo que la Ley de Tasas, a pesar de la reforma por decreto-ley tan solo después de tres meses de su entrada en vigor, solo ha supuesto un maquillaje, un lavado de cara, para la calidad de la justicia, que va a ser peor porque el modo no puede ser frenar el acceso a los ciudadanos a través de disuadirlos a golpe de tasas.

Por lo tanto, yo le pregunto cuál es su valoración y si me puede aportar algún dato más sobre el descenso de recursos contencioso-administrativos en la comunidad autónoma canaria.

Muchas gracias.

El señor presidente: Muchas gracias, doña Marisa Zamora.

Señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, don Francisco Hernández Spínola.

El señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad (Hernández Spínola) (Desde su escaño): Gracias, señor presidente. Señorías. Señora diputada.

Me pregunta usted por los datos. Los datos de los que disponemos en estos momentos son datos referenciales, porque estamos a la espera de datos oficiales, que serán publicados en el mes de julio. Por tanto, a partir de esa fecha podemos dar datos exactos.

De todas formas sí que podemos decir que con los datos referenciales ya se aprecia que hay una reducción sustancial de asuntos que ingresan en el orden contencioso-administrativo y también -y esto es muy importante- en el orden civil. Los pronunciamientos que hasta ahora se han hecho sobre el efecto de la aplicación de la Ley de Tasas son concluyentes. Se ha expresado el presidente de la Sala del Tribunal Superior de Justicia, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas, el señor César García Otero, valorando la disminución como muy significativa, muy importante, y ha aseverado que en los próximos meses puede ser incluso mayor, especialmente en asuntos de urbanismo.

Todo esto viene a confirmar un hecho perverso del que ya he tenido ocasión de manifestarme en esta misma Cámara, cuando advertí en el Parlamento, en el mes de diciembre, que esta Ley de Tasas obstaculiza, cuando no impide, el acceso a la justicia de muchos ciudadanos. Se trata, sin ninguna duda, de un incremento de la desigualdad. Es una norma que choca con la propia Constitución, porque afecta claramente al derecho constitucional de la tutela judicial efectiva, dejando desprotegidos a los más desfavorecidos. Se trata, por tanto, de una brecha, de una nueva brecha que se crea en la sociedad, que distancia, sin ninguna duda, a ricos y a pobres.

Creo que esta ley supone un retroceso, un retroceso en los derechos sociales. Creo que esta ley supone y provoca además que los ciudadanos tengan que renunciar a un derecho fundamental, previsto, garantizado por la Constitución, por carecer de recursos económicos para acudir a la justicia. En definitiva, creo que es una mala ley...

El señor presidente: Muchas gracias, don Francisco Hernández Spínola.