Diario de Sesiones 85, de fecha 25/6/2013
Punto 25
· 8L/M-0022 Moción, del Grupo Parlamentario Popular, consecuencia de la interpelación, del Grupo Parlamentario Popular, sobre la gestión de los medios de comunicación audiovisual de titularidad pública, dirigida al Gobierno (I-35).
El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Pasamos al siguiente punto del orden del día: moción, del Grupo Parlamentario Popular, consecuencia de la interpelación del Grupo Parlamentario Popular, sobre la gestión de los medios de comunicación audiovisual de titularidad pública, dirigida al Gobierno.
Para la defensa de la moción, don Víctor Moreno, por tiempo de diez minutos tiene usted la palabra.
El señor Moreno del Rosario: Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías.
Subo hoy a esta tribuna para defender en nombre de mi grupo parlamentario la moción consecuencia de la interpelación que tuvimos ocasión de plantear al Gobierno en el Pleno del Parlamento que tuvo lugar el pasado 29 de mayo.
Nuestra propuesta, señorías, constituye un verdadero desafío especialmente para Coalición Canaria y para el PSOE, que deberán decidir hoy si les interesa más mantener una televisión pública o bien utilizar el procedimiento legalmente previsto para su gestión privada, que permitiría al Gobierno cumplir con el compromiso de su presidente de aportar 10 millones de euros a la financiación del Plan de Empleo Social o también dotar económicamente la Estrategia contra la pobreza.
Y es que no conviene perder de vista cuál es la realidad de lo que acontece hoy en Canarias, y la realidad hoy, señorías, desgraciadamente, es que somos la región donde más ha crecido la pobreza desde el inicio de la crisis en el año 2006, el triple que la media estatal. El informe de Cáritas de 2012 corrobora que Canarias es la región que más se ha empobrecido desde entonces: un 38% de los canarios. 700.000 personas están en riesgo de exclusión social, la tasa de paro ronda el 35% y hay 32.000 canarios sin ningún tipo de ingresos. Pero además se pone de manifiesto que el Gobierno de Canarias ha dejado toda su tarea en manos de las ONG, las mismas, por cierto, a las que ha reducido su financiación. Los datos son demoledores: en el 2012, 5.000 canarios más tuvieron que pedir ayuda a Cáritas y hoy 45.000 canarios dependen de la solidaridad. También son expresivos los datos en la evolución del Plan de Alimentos de Cruz Roja Española, el cual llega a 55.000 canarios. No nos podemos olvidar tampoco de los bancos de alimentos en ambas provincias, que dieron ayudas a 68.000 personas. Y el informe de Unicef también es muy revelador, 112.000 niños viven bajo el umbral de la pobreza en Canarias.
No me andaré con rodeos, Canarias vive una situación de emergencia social. En Canarias hay personas que acuden a los contenedores a buscar alimentos, acuden a las iglesias, a las ONG, a buscar lo básico, y lo básico hoy, señorías, es comer.
Y ante este panorama el Gobierno de Canarias destina menos dinero que nunca a proteger al más débil en esta situación de crisis, tiene los presupuestos más antisociales que nunca antes se hayan aprobado y que redujo para este ejercicio en casi 17 millones de euros. El área de Servicios Sociales del Presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2013 cae un 11% en el peor momento para los canarios. Baja 4,5 millones la Prestación Canaria de Inserción, bajan las cantidades al Plan concertado de servicios sociales y a la atención a la discapacidad, baja el presupuesto para Cáritas, baja el dinero para viviendas sociales y desaparece la aportación para entidades como Proyecto Hombre.
En la calle, señorías, las miradas están puestas en los 60 diputados que conformamos el Parlamento de Canarias. Tenemos que pensar en la gente, especialmente en aquellos que peor lo están pasando y dejar a un lado los enfrentamientos que no conducen a ningún lugar. Llevamos desde el año pasado debatiendo sobre la exclusión social en esta Cámara, mientras la gente ahí afuera está desesperada, y yo hoy quiero reconocer que me produce vergüenza decir que todavía el Gobierno de Canarias no ha llevado ni una medida a la práctica.
Señorías, los canarios están esperando por nosotros. Se necesitan respuestas inmediatas. Los ciudadanos nos han elegido para que aportemos soluciones y al menos desde el Grupo Parlamentario Popular asumimos la responsabilidad que se nos ha encomendado, y por ello traemos hoy esta moción, en la que instamos al Gobierno de Canarias a proceder a la privatización de forma inmediata de Radiotelevisión Canaria. La gravedad de la situación en Canarias es tan grave, señorías, que su presupuesto, que ronda los 35 millones de euros, se podría destinar a fomentar el empleo y a combatir la pobreza en las islas. Señorías, en sus manos está si prefieren mantener una televisión pública o utilizar el procedimiento legalmente previsto para su gestión privada, que permitiría dotar económicamente la Estrategia contra la pobreza elaborada por el Gobierno y que tantos quebraderos le está ocasionando al consejero de Economía y Hacienda para buscar su financiación; o a cumplir con el compromiso de Rivero para financiar, con los 10 millones de euros prometidos, el Plan de Empleo Social, dirigido a los ciudadanos que no poseen ningún tipo de ingreso propio ni reciben prestación económica alguna.
No se trata de un capricho. La actual situación de Canarias aconseja adoptar medidas efectivas que favorezcan el ahorro y permitan eliminar el gasto público superfluo para destinarlo a lo realmente necesario. Y en estos momentos más que nunca se trata de establecer prioridades en el gasto, para destinar el mismo a lo realmente necesario, que son los servicios públicos básicos.
Se cumple un año desde que se modificara la Ley General Audiovisual para flexibilizar los modos de gestión de los servicios públicos de comunicación audiovisual autonómicos. Una reforma que permite a las comunidades que así lo deseen suprimir o privatizar en parte o en su totalidad la gestión de las radios y televisiones autonómicas. Les voy a dar un dato: las televisiones autonómicas en España nos costarán este año 1.000 millones de euros; por su parte Radiotelevisión Canaria lleva gastados en sus trece años de vida alrededor de 600 millones de euros, de los cuales en los últimos cinco años se ha consumido casi la mitad, alrededor de 280 millones de euros. ¿Y para qué han servido? Veamos por encima cuál es su programación: series americanas, películas antiguas del Oeste para echar la siesta, algún culebrón sudamericano, programas musicales de ínfima calidad, programas de encargo, retransmisiones deportivas -lo único de interés, por cierto- y espacios informativos bien ejecutados en su forma por un gran plantel de profesionales, pero manipulados y controlados en su contenido para mayor gloria de Paulino Rivero. Prima el interés partidista sobre la información veraz y objetiva. Esa es la Televisión Canaria.
Señorías, nuestra petición para que el Gobierno de Canarias inicie el proceso de privatización de Radiotelevisión Canaria con el fin de liberar partidas presupuestarias para atender los servicios públicos esenciales se refuerza, además, por las deudas acumuladas, la opacidad y la falta de información a los órganos de control y a la pésima gestión del ente.
Últimamente han saltado todas las alarmas, cuando hemos conocido un proyecto de informe de la Audiencia de Cuentas que habla de millones de euros en contrataciones que el máximo órgano fiscalizador de Canarias dice que no se ajustan al procedimiento administrativo común. Dice que en tres de cada cuatro contratos auditados no hubo informe justificativo y que cuatro de cada cinco fueron negociados sin publicidad. 264 millones, según la Audiencia de Cuentas, gastados en contrataciones que no garantizaban la transparencia debida.
Ante estos datos tan escandalosos, no nos extraña lo más mínimo que se haya anunciado por la Unión de Profesionales de la Comunicación de Canarias una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal de Cuentas de España ante estos hechos y mucho nos tememos que no será la única.
Por si alguien se ha olvidado, estamos en el Parlamento de Canarias y lo que a nosotros nos compete es Radiotelevisión Canaria, por mucho que sus señorías de Coalición Canaria y del PSOE se empeñen una y otra vez en comparar a la Televisión Canaria con Televisión Española. Y es que una y otra nada tienen que ver, ni en su funcionamiento ni en su historia de 50 años en Canarias ni en el papel que juegan ni en su dimensión ni nivel técnico ni en su presupuesto, ni en su presupuesto, el cual les puedo anu nciar, por cierto, que no llega ni a la cuarta parte del coste de Radiotelevisión Canaria.
¿Y qué ocurre en otras comunidades autónomas? Pues bien, la Asamblea de Madrid, por ejemplo, ha aprobado que el Gobierno de la comunidad inicie los trámites para privatizar Telemadrid. Están planteándose esa misma posibilidad en las islas Baleares. En Canal Nou, en la Comunidad Valenciana, han aprobado un contrato-programa que permite que determinadas franjas de programación puedan ser realizadas por la iniciativa privada. Así, la Generalitat solo financiará contenidos que sean exclusivamente de servicio público, definidos claramente en dicho contrato-programa. Y en Murcia, en Murcia, su televisión autonómica ha pasado de un presupuesto de 40 millones de euros a uno de 750.000 euros para la emisión de un informativo diario -por cierto, allí no tienen centro de producción de Televisión Española- y ocho producciones propias, que se autogestionarán con publicidad.
Voy concluyendo, señorías. Canarias vive hoy una situación de emergencia social. La situación...
El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Le ruego concluya en un minuto, señor diputado.
El señor Moreno del Rosario: La situación es tan dramática que en nuestra tierra hay personas que tienen que acudir a los contenedores a buscar alimentos, que acuden a las iglesias, a las ONG, a buscar lo básico, y lo básico hoy, señorías, es comer. Los ciudadanos nos han elegido para que aportemos soluciones y al menos desde el grupo parlamentario asumimos dicha responsabilidad. Nuestra petición no se trata de un capricho, la actual situación de Canarias aconseja adoptar medidas efectivas que favorezcan el ahorro y permitan eliminar el gasto público superfluo para destinarlo a lo realmente necesario, que hoy en día es el empleo y atender a los que peor lo están pasando.
Por este motivo sometemos a la consideración de la Cámara la presente moción, en la que instamos al Gobierno de Canarias a iniciar con carácter de urgencia el procedimiento pertinente para sacar a concurso y privatizar el ente público Radiotelevisión Canaria, salvaguardando los contratos actualmente en vigor, y destinar su presupuesto a políticas sociales y fomento del empleo.
Muchas gracias.
El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señor diputado.
A esta moción se ha presentado una enmienda, admitida por la Mesa, del Grupo Parlamentario Mixto. Para su defensa, don Román Rodríguez, por tiempo de diez minutos tiene usted la palabra.
El señor Rodríguez Rodríguez: Señor presidente. Señorías.
No me gusta ese discurso, porque podía venir como anillo al dedo a ese término tan socorrido de la política, que es la demagogia; decir lo que la gente quiere oír, lo que la gente necesita. Utilizar los sentimientos y las necesidades para ganar apoyo político, para ganar el favor de la ciudadanía. Y yo creo que en este caso el Partido Popular con este discurso se columpia. No es de recibo, no es de recibo, decir que los problemas de la pobreza y la exclusión se van a resolver privatizando la tele. No es justo utilizar esta argumentación.
Nosotros estamos absolutamente de acuerdo, estamos inquietos -lo hemos expresado aquí yo creo que tanto como el que más-, acerca del deterioro socioeconómico de nuestra gente, acerca de la pobreza, acerca de la exclusión y acerca de la persistencia de esta lacra social, de esa fractura social, que esta crisis está generando. Y somos plenamente conscientes y hemos sido críticos con el Gobierno en la necesidad de actuar de forma rápida, decidida, con recursos adicionales, para auxiliar a la gente que lo ha perdido todo o casi todo. Y además sabemos que para esto tenemos recursos si se priorizan de forma adecuada, pero no es de recibo, no es justo, decir que la solución a estos problemas está en eliminar un determinado servicio, que por otra parte es habitual, normal, en cualquier sociedad democrática, como son los servicios públicos de radiotelevisión.
Yo les puedo poner muchos ejemplos de dónde se pueden sacar los recursos adicionales que hay que poner en este tema. El Gobierno no sé cuánto tiempo va a eludir esto, pero no le queda mucho tiempo. Tendrán que buscarlos. Yo hago una propuesta que reitero: el jueves está convocado el Consejo de Política Fiscal y Financiera, espacio institucional entre las comunidades autónomas y la Administración General del Estado, donde se toman decisiones relevantes, entre ellas se tomará la decisión de la distribución de la flexibilización de los objetivos del déficit. 2 puntos se han logrado sobre el acuerdo anterior, del 4,5 al 6,5 del PIB se permite de déficit al Estado español. Si fuéramos mínimamente justos, mínimamente justos, había que reclamar al menos 1 punto de esos 2 para las comunidades autónomas, y eso significaría que el déficit este año se autorizaría, si fuera igual para todos, hasta el 1,7%. Es decir, aumentaríamos 1 punto el déficit de aquí a final de año. Esos son 420 millones de euros adicionales. Si se hace una mínima justicia, y es que el déficit que el jueves decide el Consejo de Política Fiscal y Financiera no nos trate mejor, que tenemos razones para que nos trataran mejor, porque tenemos paro, miseria y encima somos cumplidores, como nadie, de las reglas de estabilidad. Como nadie, máxima nota. Si nos trataran igual que a la media, si de verdad se distribuyeran los objetivos de flexibilización con justicia y nos dieran ese punto a las comunidades autónomas, que soportamos los grandes servicios públicos, podríamos aspirar el jueves a disponer en los próximos meses de 420 millones adicionales.
Yo sé que el Gobierno tiene una cartera de necesidades infinita, pero hay que priorizar y desde luego en esa priorización nosotros mañana en una PNL sobre este tema lo precisaremos. De ahí es de donde tienen que salir los 40 o los 50 millones adicionales que hay que dedicar a este tema. Es que el dinero ese es para eso, es para atender a la gente, para atender los servicios públicos, para promover inversiones, para promover políticas activas. No es de recibo decir que los pobres se quedarán sin comer en Canarias si no vendemos la tele. Primero hay que suponer si alguien quiere comprar semejante negocio, eso es mucho suponer. Planteamiento, por lo tanto, demagógico, señor Moreno, lo tengo que lamentar porque sabe el cariño que le tengo, demagogia. Porque yo le podría decir, oiga, puestos a eliminar cosas que no son eficaces, que no transforman nada, ¿sabe usted cuánto se gastó la política de defensa española el año pasado, el año 2012?: 9.600 millones de euros. Yo podría decir, "oiga, en vez de gastarse 9.600 millones de euros en política de defensa, pues, nos podríamos gastar 6.000". Bueno, eso es demagogia y lo suyo es más, más irresponsable. Yo no lo he hecho, lo estoy poniendo en evidencia, le estoy poniendo en evidencia que no se puede jugar con las cosas de comer.
De manera que nosotros no vamos a apoyar ni por asomo esta iniciativa del Partido Popular, porque estamos totalmente en contra de las formas pero también del fondo. Nosotros defendemos de forma inequívoca, estemos o no en el Gobierno, que existan medios de comunicación de titularidad pública. Lo consideramos básico para la democracia, para el pluralismo, lo consideramos importante para la unidad del archipiélago, para que las informaciones que no son rentables salgan. Lo consideramos importante también para ayudar al sector audiovisual, que es un sector importante en nuestra estructura si algún día lo atendiéramos de forma debida. De manera que nosotros no aceptamos, combatimos, nos parece demagógico, nos parece falso y además peligroso desde el punto de vista democrático dejar todas las políticas de información en manos privadas, porque harán exactamente lo que les interese a su dueño. Nosotros aquí representamos al pueblo, a todo el pueblo, a toda la ciudadanía, con un color político en función de las mayorías o de otro color, pero los medios de titularidad pública son vitales. No hay democracia que se precie que no tenga potentes medios de titularidad pública.
Ahora bien, ¿cuáles deben ser los contenidos de esos medios? Nosotros no estamos contentos con la Radiotelevisión Canaria en absoluto y creemos y reiteramos y hemos dicho, y hay un compromiso de los partidos que apoyan al Gobierno de una ley que cambie esto y que el director se decida aquí por una mayoría reforzada y plural. Porque ya me estoy viendo venir el asunto, que pondrán una mayoría que irá decreciendo hasta que se decida, como hizo el PP ahora; puso una mayoría reforzada, a la segunda votación, como no se garantiza, deciden los que están. Espero que no sea así, no lo sé, espero que no sea así. Me llevaré una alegría, que no me llevo muchas, me llevaré una alegría.
De manera que una radiotelevisión pública con un director o directora general decidido aquí por mayoría plural, un consejo de administración con mayoría plural, un consejo profesional, un consejo de redacción, por el procedimiento que sabemos que funciona en el mundo más desarrollado. En definitiva, una redacción profesionalizada, sin consignas, sin estar al servicio del presidente de turno mañana, tarde y noche. Es que eso deslegitima a los medios, eso les quita crédito.
Y también decimos con una gestión más transparente. No es razonable, no es de recibo que conocer el salario del director general haya costado aquí año y medio y yo sigo teniendo dudas. No es razonable, no se puede llenar uno la boca con que hay que ser transparente y que vamos a hacer una ley de transparencia y luego ser casi imposible saber cuánto gana un director general de este Gobierno. No es razonable lo que apunta el informe provisional, ya veremos el definitivo si llega, de la Audiencia de Cuentas; no es razonable que tres de cuatro contratos tengan problemas formales. Y por eso hablamos de una gestión transparente, ser austeros en el gasto también ahí.
Y por supuesto una radiotelevisión al servicio de la información veraz, al servicio de la diversidad, al servicio de la cultura, al servicio de todos los canarios. Y por eso decimos también al servicio de un sector incipiente pero con una gran potencialidad en nuestra tierra, que es el sector audiovisual, y eso significa transparencia y pluralismo, que los mejores se lleven los contratos, los mejores se lleven los contratos.
De manera que nosotros lo que proponemos a esta Cámara, frente a su propuesta, que es legítima, lo de la privatización... Lo que no me parece tan legítimo -y me va a perdonar el señor Moreno- es que asocie eso a la pobreza y a las necesidades básicas de la población, porque esas obligaciones las tiene esta Cámara, las tiene la mayoría, a través de otros procedimientos que están perfectamente delimitados. Legítimo defender que no existan medios de radiotelevisión pública. Sería razonable que se fuera además coherente y se lo aplicara uno también cuando gobierna aquí o a nivel estatal y no solo cuando está en la oposición. Y por eso les propongo una sustitución de la propuesta del Partido Popular, y es recuperar el sentido de la radiotelevisión pública, recuperar la necesidad de un medio austero, transparente, eficaz, plural, diverso, al servicio de la mayoría, no importa quién gobierne.
Y por eso hoy en este tema no tengo la menor duda de que vamos a votar rotundamente...
El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señor diputado.
Para fijar la posición en relación a la enmienda, por el grupo proponente, don Víctor Moreno, por tiempo de cinco minutos tiene usted la palabra.
El señor Moreno del Rosario: Gracias, señor presidente.
Quiero, en primer lugar, agradecer al Grupo Mixto las aportaciones que hace en su enmienda, no tanto ya en la intervención de su portavoz, que poco menos que se ha limitado a calificar en tono despectivo la intervención del Grupo Parlamentario Popular respecto a esta moción.
Respecto a la enmienda que ha presentado, tengo que decir que no se ajusta a lo que el Grupo Parlamentario Popular persigue con esta moción, a pesar de que compartimos en gran medida los puntos que en ella se recogen.
Nosotros creemos, señorías, que es hora de que el Parlamento de Canarias se moje, que tome decisiones; que todos los diputados aquí presentes decidamos con claridad por qué apostamos. Y la impresión que me llevo, señorías, es que hoy unos diputados, los del Grupo Parlamentario Popular, vamos a votar a favor de que el Gobierno de Canarias modifique su presupuesto y destine cerca de 35 millones de euros a lo que ahora es urgente: potenciar el empleo, ayudar a las pymes e incrementar el apoyo que damos a las personas que hoy prácticamente no tienen ni qué comer. Otros diputados, según parece, van a votar a favor de dedicar 35 millones de euros en el peor momento a una televisión pública cuando hay un sistema para que se pueda privatizar y sufragar su coste fuera de la esfera del gasto público. Los tiempos no están para que todos los canarios sigamos pagando una campaña de publicidad gratuita a Paulino Rivero, con eslóganes de Coalición Canaria, cuando hay gente en la calle pasándolo realmente mal.
Por todo ello, señorías, les quiero invitar a que hagan una reflexión y desde luego, por todo lo expuesto, no vamos a admitir la enmienda.
Muchas gracias.
El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señor diputado.
Los grupos no solicitantes de las enmiendas, para fijar posición en relación a la moción, por el Grupo Parlamentario Socialista...
Doña Belinda Ramírez, para fijar posición en relación a la moción. La enmienda no ha sido admitida.
La señora Ramírez Espinosa: Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes.
Bueno, pues, volvemos a debatir otra vez sobre la privatización del ente de la Radiotelevisión Canaria. Una vez más intenta el Partido Popular aplicar esa modificación de la Ley General de la Comunicación Audiovisual, y lo vuelven a hacer utilizando, pues, los mismos argumentos que utilizaron hace unos meses. Argumentos que no nos convencieron antes y que desde luego, teniendo en cuenta la trayectoria en cuanto a la gestión y en cuanto a la responsabilidad que también ha tenido el Partido Popular en cuanto al ente de la Radiotelevisión Canaria, pues, tampoco nos convencen ahora.
Y es que lo ponen, desde luego, muy difícil. Ponen ustedes muy difícil, señorías del Partido Popular, que podamos creer en la buena voluntad y creer en los argumentos que utilizan ahora para defender la privatización de la Radiotelevisión Canaria. Primero porque, como digo, el Partido Popular tiene una responsabilidad en lo que ha sido la gestión de la Radiotelevisión Canaria durante nada más y nada menos que dieciocho años. Dieciocho años en los que han estado ahí apoyando ciegamente la gestión de la Radiotelevisión Canaria, incluso en años de incertidumbre económica, con la crisis ya acusada y, sin embargo, pues, ha sido la época en la que no se les ha visto una actitud crítica ni censurante; todo lo contrario más bien. Lo cual, pues, viene a demostrar que cuando les ha interesado sí que han estado defendiendo la existencia de la radiotelevisión autonómica, sin importarles nada, porque incluso hasta alababan la gestión de la dirección del ente.
Segundo, porque esa modificación de la Ley General de la Comunicación Audiovisual, mire, señor Moreno, es que no me va a convencer usted de que se reformó en la línea de optimizar los recursos, porque esa modificación -se lo repito una vez más- obedece simple y llanamente a la intención de buscar un modelo de radio y de televisión al servicio del Partido Popular. Lo que buscaban con esa modificación era claramente abrir la posibilidad al control absoluto de los canales públicos, porque ni siquiera, ni siquiera, esa modificación ha establecido instrumentos o maneras de garantizar los controles democráticos en los contenidos de las radiotelevisiones públicas, porque digo yo que el control democrático habrá que garantizarlo aun cuando se haya privatizado el ente, porque precisamente esa herramienta de democracia, junto a la cohesión ciudadana, pues, son las condiciones básicas de una televisión pública.
Tercero, porque todos sabemos ya, y lo repito otra vez, lo que se esconde detrás de ese interés desmesurado y abrumador del PP en privatizar, porque yo creo que está más que claro. Ha quedado más que demostrado, no solamente con las televisiones públicas, en todas las áreas en las que han querido privatizar. Si no, díganme qué es lo que hay detrás del desmantelamiento del sistema sanitario público o del sistema educativo, por ejemplo. Pues supuestamente, simplemente buscar el lucro personal de empresas, de altos cargos, de consejeros y de exministros. Es todo un supuesto entramado de intereses del Gobierno central en empresas privadas, hacer negocio privado con las necesidades públicas. Simplemente lamentable. Y con las televisiones públicas, pues, igual, no iban a ser menos.
Y le repito lo que ya le dije desde esta misma tribuna hace unos meses: ustedes lo que quieren es privatizar para controlar. ¿Y cómo lo hacen? Pues eso, asegurándose previamente que las empresas que tienen posibilidades de optar a la adjudicación estén gestionadas por ustedes mismos.
Y, en cuarto lugar, ustedes, señorías del Partido Popular, que con la falta de objetividad y de imparcialidad de los servicios informativos han sido siempre muy críticos... -bueno, siempre no, siempre no, ahora, porque, como decía, durante dieciocho años han estado apoyando la gestión y todo eran flores y todo eran alabanzas para la dirección del ente-. Ustedes es ahora que, estando en la Oposición, pues, son críticos con la falta de neutralidad, yo les pregunto: ¿certificarían ustedes que una televisión pública privatizada garantice una programación y una información más independiente, más neutral y al servicio de los ciudadanos? ¿Creen ustedes que unos servicios informativos gozarían de más independencia informativa en una radiotelevisión privatizada? Permítame que lo ponga en duda, porque yo me temo que esas empresas privadas que ustedes quieren poner al frente de las televisiones públicas, pues, se van a deber más a los intereses económicos e ideológicos de sus accionistas, y me temo que ya sabemos quiénes van a ser. Pero es que ahí es donde está la verdad del objetivo que persigue el Partido Popular con la privatización de las televisiones públicas, no es optimizar recursos para atajar el desempleo y para atajar la pobreza, sino controlar aún más y manipular aún más, porque esa es la única manera en la que ustedes entienden una televisión pública. Además es que ya lo están demostrando y de hecho ya lo están haciendo. No hay más que mirar los titulares de prensa que recogen las denuncias públicas de los trabajadores de Televisión Española. Yo ya se lo leí hace unos días en la Comisión de Control de Radiotelevisión Canaria, pero es que, oiga, se lo voy a repetir hoy. Mire, los trabajadores de Televisión Española -y leo textualmente- denuncian...
El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Concluya en un minuto, señora diputada.
La señora Ramírez Espinosa: ...denuncian prácticas intimidatorias de la dirección de Informativos. La manipulación, la censura y las prácticas intimidatorias han vuelto a Televisión Española. La dirección de Informativos no tiene suficiente con imponer el contenido de las informaciones a los trabajadores violando la independencia profesional sino que intimida a aquellos que se niegan a firmar las informaciones impuestas por la dirección. Por lo tanto, es evidente que manipulan allí donde gobiernan y donde no, pues, quieren privatizar, porque, si no, pues, por qué no proponen también lo mismo con respecto a la Televisión Española en Canarias, ¿o es que el dinero que se destina a la Televisión Española en Canarias no es dinero público? No sé...
Y, mire, por supuesto que no nos gusta el modelo actual de la Ley de la Radiotelevisión Canaria. Ya lo hemos dicho y lo seguimos manteniendo, pero nosotros somos coherentes y lo que decíamos en la Oposición lo seguimos manteniendo ahora, no como ustedes. Por eso ahora los grupos que apoyan al Gobierno están trabajando en la modificación de la ley, la cual entrará dentro de muy poco en esta Cámara. Sentará las bases de los instrumentos que garantizarán un control más democrático, que garantizarán la objetividad y además con instrumentos que suponen un apoyo y una apuesta decidida por...
El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señora diputada, sabe que el tiempo es el que es.
Por parte del Grupo Nacionalista Canario, doña Nuria Herrera, por tiempo igualmente de cinco minutos, para fijar posición por su grupo, tiene usted la palabra.
La señora Herrera Aguilar: Gracias, señor presidente.
Señor Moreno -y también se lo digo con todo el cariño del mundo-, el debate que usted plantea en el día de hoy se basa en una premisa que es falsa: "ustedes se han venido acostumbrando a lo largo del tiempo a utilizar a la Televisión Canaria como si fuera un chicle Bazooka", y permítame usted la utilización del símil. Ustedes hacen y venden un mensaje populista y demagogo: con los 33 -que no son 35-, con los 33 millones de la Televisión Canaria debemos y tenemos que atender a los inmigrantes, con los 33 millones de la Televisión Canaria tendremos que cumplir los convenios de infraestructuras turísticas que no ha cumplido el Estado, con los 33 millones de la Televisión Canaria podemos cumplir a su vez los convenios de infraestructuras de carreteras que tampoco ha cumplido el Estado. Ustedes utilizan la Televisión Canaria de forma populista y demagoga para vender una posición y un planteamiento ideológico que no es de recibo.
Porque quiero decirle una cosa, ya lo están diciendo numerosos analistas europeos: la política, que no el principio, la política económica de austeridad que se está llevando por parte de España y algunos otros países de Europa está llevando a la quiebra social en esta comunidad autónoma, en España y en el resto de Europa. De ahí que hay muchos países que se estén posicionando. Es decir, la situación de desempleo, la situación de precariedad, la situación en la que se encuentran inmersas muchísimas familias en Canarias viene determinada directamente, no por la existencia de medios públicos de comunicación sino por la existencia de una política económica de austeridad que no está contribuyendo para nada en el crecimiento y la riqueza de esta comunidad autónoma. Ni siquiera, vamos a ser sinceros, tiene justificación económica la petición que ustedes realizan de la privatización de la Televisión Canaria, no solamente porque no supera ni el 0,5% de su presupuesto, tampoco quiero volver a perder el tiempo en determinar el ingente presupuesto y sobredimensionada infraestructura que tienen las televisiones autonómicas del Partido Popular, porque me parece una pérdida de tiempo.
Los presupuestos de Televisión Española en Canarias, usted dice, "no, no, yo soy diputado del Partido Popular en Canarias y a mí no me interesa la fiscalización de Televisión Española en Canarias". Está usted muy equivocado. ¿Usted se ha leído la ley estatal de la televisión española? ¿Usted se ha leído que tiene que cumplir una función social en esta comunidad autónoma? ¿Usted se ha leído que en función de que estamos hablando de una televisión española en Canarias tiene que fiscalizarse y tenemos derecho también a obtener cuentas de cómo se utiliza ese dinero en esta comunidad autónoma? Yo estoy tentadísima francamente de utilizar su mensaje de demagogia: ¿por qué no cierran Televisión Española en Canarias? ¿Por qué, por ejemplo, que me he enterado en el día de hoy de que Radiotelevisión Española gasta 21,5 millones en el ...(Ininteligible.) comidas, pese a los números rojos que tiene de pérdidas la Televisión Española y que pretenden cargarlo también a los trabajadores, que asuman en sus nóminas la parte de lo que suponen estos gastos?
Yo también puedo hacer demagogia, yo también puedo decir que si cerramos Televisión Española también tendremos más dinero para luchar contra la pobreza. Por supuesto que sí, pero que no es justo ni es razonable.
Habla usted de que las televisiones o medios de comunicación privados van a cumplir, se supone, una función social de información, y habla usted de los principios de neutralidad, de transparencia... ¡Vamos a ser sinceros!, ¿usted me va a decir a mí que un medio de comunicación privado va a responder a los mismos principios de un medio de comunicación público? ¿Me va a decir a mí que va a atender a otros objetivos que a sus beneficios económicos?
Y encima me habla de salvaguardar los contratos. Es que ni siquiera voy a mencionar el disparate al que hace usted referencia, con esta cuestión, en su PNL.
La crisis económica -se lo hemos dicho por activa y por pasiva- no es el argumento para acabar con los servicios públicos de información. El ejemplo claro también lo tiene usted en Grecia. ¿Qué ha dicho la justicia griega cuando se ha cerrado la televisión pública?: que no se puede cercenar la televisión pública. Y además quiero decirles aquí: los medios de comunicación públicos no son caprichos, son derechos constitucionales, el artículo 20 de la Constitución y el artículo 149.1.27.ª y el artículo 32 de nuestro Estatuto de Autonomía. Un derecho constitucional que aún tiene más sentido en nuestra comunidad autónoma. Somos un territorio, un archipiélago, islas, y es un elemento fundamental de cohesión territorial.
Además sigo sin entender que usted utiliza como uno de sus argumentos más sólidos la Ley general del sector audiovisual. ¿Usted se ha leído el artículo 40 de la Ley general del sector audiovisual? ¿Usted se leyó el Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, donde su partido político determinaba que el modelo de esta comunidad autónoma es el modelo que debe exportarse en épocas de crisis, que es el modelo al que deben optar todas las televisiones públicas? ¡Es el modelo que tenemos! Usted está confundiendo varias cuestiones, aquí se confunden en muchísimos debates cuestiones...
El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Concluya en un minuto, señora diputada.
La señora Herrera Aguilar: ...lo que es el modelo de la Televisión Canaria con otras cuitas y consideraciones personales en las que yo no voy a entrar. El modelo actual se basa, lógicamente, en ese artículo 40 de la Ley general del sector audiovisual.
No puede aceptarse su iniciativa, señor Moreno. Estoy de acuerdo, y ya se ha dicho aquí, hay que mejorar siempre los servicios públicos, la prestación. Los principios que deben regir nuestra televisión siempre hay que mejorarlos, en todos, no solamente en la televisión sino en todos los demás servicios públicos básicos y esenciales, pero desdeñar, destruir y menospreciar en este caso los medios públicos de comunicación, a eso sí que no nos prestamos, señor Moreno.
Muchas gracias.
El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señora diputada.
Señorías, procedemos a la votación de la moción del Grupo Parlamentario Popular. No ha sido admitida la enmienda y, por lo tanto, tal como ha sido redactada y propuesta por el Grupo Parlamentario Popular.
Señorías, procedemos a la votación. Comienza la votación (Pausa).
50 señorías presentes: 17 a favor, 33 en contra y ninguna abstención.
Queda rechazada la moción.