Diario de Sesiones 86, de fecha 26/6/2013
Punto 6

· 8L/PNL-0246 Proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Popular, sobre delimitación de núcleos poblacionales situados en la zona de protección del dominio público marítimo-terrestre.

El señor presidente: Siguiente proposición no de ley: del Grupo Parlamentario Popular, sobre delimitación de los núcleos poblacionales situados en la zona de protección del dominio público marítimo-terrestre.

Doña Cristina Tavío tiene la palabra.

La señora Tavío Ascanio: Muchas gracias, presidente.

La Ley de Costas tiene una historia. Mal que les pese a algunos, fue aprobada exclusivamente por el Partido Socialista. El Partido Popular entró a gobernar España y no hubo conflictos; volvió a entrar el Partido Socialista y otra vez volvió la conflictividad. Menos mal, señorías, que hemos modificado por fin esta injusta y arbitraria ley socialista para acabar con tanta injusticia, con tanta inseguridad y con tanta arbitrariedad.

Fue precisamente el 5 de octubre de 2012 -hace casi un año, lo hará el próximo octubre- cuando al Consejo de Ministros llegaba este anteproyecto de Ley de Costas para toda España, y dijo entonces el ministro de Agricultura, el señor Arias Cañete, que la motivación de este anteproyecto de ley precisamente se basaba en la experiencia que acumulaba el Ministerio de Agricultura, la Dirección General de Costas y precisamente la experiencia que se había adquirido durante los últimos veinticinco años de aplicación de esta ley. Porque hay que reconocerlo, señorías, existía inseguridad jurídica en los titulares de viviendas, también existía inseguridad jurídica en las ocupaciones -muchas personas ocupaban ese litoral y no existían medios precisamente para evitar estas ocupaciones- y existía incertidumbre en cuanto a las actividades económicas, los usos, que permitía la Ley de Costas del año 88. Existía también -hay que decirlo- falta de homogeneidad en cuanto a los criterios para aplicar los deslindes y existía, y ha existido, desgraciadamente en los últimos veinticinco años falta de igualdad en los usos permitidos en cuanto a esta Ley de Costas en distintos lugares de nuestro litoral. Según quién fuera el director general de Costas de cada comunidad autónoma, aplicaba unos criterios u otros. Y, por lo tanto, señorías, la Ley de Costas del 88 ha generado mucha conflictividad en Canarias, pero también en toda España.

Y desde luego -hay que decirlo- en aquel momento sus señorías, los socialistas, dijeron a través de esa ley: "tenemos que recuperar el dominio marítimo, el dominio público marítimo-terrestre", pero no tuvieron en cuenta asentamientos anteriores a esa fecha y no tuvieron en cuenta a esos, señorías, titulares de derechos, en definitiva propietarios, los que desde entonces vienen sufriendo, desgraciadamente, esta inseguridad jurídica.

Y la nueva ley, señorías, yo creo que es una muy buena noticia, porque refuerza la protección del litoral en toda España, conciliando, esta vez sí, el uso de esos lugares, de ese litoral, con ese uso sostenible, pero también con ese uso para todos los ciudadanos en gratuidad. Refuerza, por lo tanto, la seguridad jurídica y genera confianza, que es algo que nos venían demandando en la Unión Europea, genera confianza en esas ocupaciones en la costa y en el ejercicio de esa actividad económica.

Señorías, es algo muy importante y que ha sido aplaudido por los grupos ecologistas de toda España. Es una ley que refuerza la prohibición de nuevas edificaciones en el litoral español, y precisamente por eso ha sido aplaudida.

Por lo tanto, señorías, dieciocho meses de gobierno del Partido Popular han bastado para aprobar y para dejar atrás más de veinticinco años de incertidumbre, de inseguridad jurídica, de arbitrariedad.

La reforma de la Ley de Costas por fin pone sobre la mesa soluciones para más de 60.000 ciudadanos canarios que, insisto, vienen sufriendo una mala aplicación de esa ley desde el año 88. En este caso, bueno, podrán regularizarse con un trámite administrativamente sencillo y jurídicamente seguro, gestión que la nueva norma deja en manos de la autonomía urbanística local y del Gobierno de Canarias. Son ustedes, somos nosotros, todos, las administraciones públicas canarias -los 88 ayuntamientos y nuestro Gobierno, la Consejería de Política Territorial-, quienes tenemos que hacer esos informes jurídicos de delimitación de esos núcleos costeros y en esos informes establecer el grado de consolidación de esos núcleos y los servicios de que disponen.

Por ponerles un símil futbolístico, la pelota, el balón, está en Canarias. Tenemos que jugarlo y esta es la última oportunidad que tienen estos núcleos costeros de poder regularizar su situación. Señorías, hagamos esos informes, delimitemos esos núcleos y establezcamos en ellos qué grado de consolidación y de qué servicios disponen. Insisto en que en un primer cálculo hemos calculado que son unos 60.000, unos 60.000 los canarios que pueden beneficiarse de este cambio normativo.

Insisto, señorías, doña Claudina, es sin duda una muy buena noticia, aunque algunos quieran contarla al revés. La primera disposición transitoria incluida en la nueva ley precisamente, y lo decía Miguel Arias Cañete, el ministro de Agricultura y Medio Ambiente del Gobierno de España, viene a solucionar la injusticia para el litoral gallego y para el litoral canario, y lo decía desde el 5 de octubre del año 2012. En este tiempo hemos estado en el trámite tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado y, por lo tanto, es bueno que se sepa que el retraso, este retraso desde luego no es imputable a nuestro partido, que tenía un compromiso en la campaña electoral y que lo ha cumplido. Y, por lo tanto, por mucho que se empeñen en confundir y en decir las cosas de otra manera, nosotros intentaremos convencer y reunirnos con todas... La semana pasada lo hacíamos con las plataformas de Anaga en Igueste de San Andrés, ya tenemos una reunión concertada para reunirnos con los núcleos de Lanzarote la próxima semana e iremos por todos esos núcleos para reunirnos con todos esos vecinos para explicarles que ya tiene Canarias, el Gobierno de Canarias, a su disposición una herramienta precisamente para legalizarlos.

Y desde luego habrá que decir en ese informe si disponían de acceso rodado, si tienen abastecimiento de agua, si tienen evacuación de aguas residuales y si tenían electricidad antes del año 1989. Pero voy más allá: no son solamente estos requisitos, si faltara -dice la ley, la nueva Ley de Costas-, si faltara alguno de estos requisitos, sería suficiente con justificar el grado de consolidación de las edificaciones en diferentes porcentajes, dependiendo de si el municipio en cuestión tiene planeamiento aprobado o no.

Para los profanos, quizás suene complejo pero les aseguro que no se pueden facilitar más las cosas para arreglar este viejo conflicto.

No ha sido -les reconozco- una tarea sencilla aprobar, sancionar esta ley, precisamente por la cantidad de intereses que había en juego, pero yo espero que de una vez por todas solucionemos, acabemos con esta injusticia.

Y hay que decirlo aquí, en sede parlamentaria, señorías: el gran problema que han tenido muchos de estos núcleos tiene que ver con que en Canarias el 80% del suelo no tiene actualizado su planeamiento y precisamente la Ley de Costas decía que para legalizarlos tenían que haber sido declarados urbanos, y aquí nuestros ayuntamientos no lo habían hecho. Pero les digo más: desde el año 2009 hay una ley aprobada por Coalición Canaria y por el Partido Popular en esta Cámara que obligaba al Gobierno de Canarias a hacer ese censo de viviendas, precisamente a delimitar esos núcleos costeros. Y si los hubiéramos tenido delimitados, como establecía una ley y un mandato de este Parlamento, cuando el señor consejero se reunió con el secretario de Estado de Medio Ambiente y el secretario de Estado le dijo que les dieran las delimitaciones canarias precisamente para exceptuarlas en la ley, como se habían exceptuado en otros lugares de España, el consejero no pudo aportar...

El señor presidente: Sí, un minuto, doña Cristina.

La señora Tavío Ascanio: Gracias, señor presidente.

Y, por lo tanto, yo insisto en que no es tiempo de mirar atrás, es tiempo de sentarnos con los afectados, instarlos a sentarse con sus ayuntamientos, que son, en definitiva, señorías, los que ahora se tienen que mojar y decir en cada núcleo costero si quieren realmente defenderlo, y hacer esos informes jurídicos, delimitarlo y establecer el grado de consolidación y los servicios que tienen, o no lo quieren hacer. Dicho de otra manera, señorías: ahora nos vamos a ver todos las caritas y vamos a ver quién está en un lado y quién está en el otro.

Señorías, termino, nada más que diciéndoles que realmente tenemos una oportunidad y que yo espero que no sigamos confundiendo a la gente. Miren, se lo digo de otra manera, se lo pedimos por favor, desde que se aprobó esta ley hace dos semanas, desde que fue publicada, está pasando, está el reloj en marcha, tic, tac, tic, tac, tic, tac, y cada segundo que pasa en que no enviemos esos informes a Madrid es un segundo de angustia para alguna de las familias canarias...

El señor presidente: Muchas gracias, doña Cristina Tavío.

Para el turno de los grupos, Grupo Parlamentario Mixto, don Fabián Martín.

No tiene enmiendas; por lo tanto, es fijación de posiciones.

El señor Martín Martín: Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señores diputados.

Señorías, hace dos semanas celebrábamos un Pleno en el que la aprobación de la Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de Modificación de la Ley de Costas se convirtió en eje central del debate de los diferentes grupos políticos.

El Gobierno de Canarias, a través del consejero de Política Territorial, fundamentaba en esa sesión, en la sesión de esta Cámara, su oposición a este nuevo cuerpo legal en tres puntos, que valdrá la pena recordar y que son la base del recurso de inconstitucionalidad que se ha presentado por parte del Ejecutivo canario.

El primer punto a tener en cuenta es que se generan excepciones y dispensas singulares en la costa peninsular sin que se atienda la realidad cultural, social, económica y territorial de este archipiélago; esto es, se vulnera el principio de igualdad.

La segunda consideración es que se suscita un problema de delimitación de las competencias entre los diferentes niveles administrativos responsables de la ordenación y gestión de las costas. Se habla, por tanto, de una invasión de competencias autonómicas y de una vulneración de la autonomía local.

Y el tercer punto a considerar es el que se refiere a la retroactividad de la norma a través de la disposición transitoria primera de esta ley, que exige precisamente nuevos informes vinculados despachados desde el Ministerio de Medio Ambiente.

Sin que dejemos de insistir una vez más en los aspectos más negativos de esta ley, como es el hecho de que en su tramitación no ha contado con la audiencia preceptiva de las comunidades autónomas o de que no se haya justificado convenientemente el criterio seguido para excluir a determinados núcleos de población del dominio del Estado y sin que se sepa a ciencia cierta cuál va a ser el futuro de este recurso anteriormente mencionado, haremos hincapié en ver las oportunidades que esta ley nos pueda brindar, si ese es el caso.

En el debate del último Pleno este diputado hacía referencia a dos disposiciones que pueden abrir nuevas vías. La primera es la disposición adicional tercera, que abre la posibilidad de desafectar los terrenos situados hacia el interior de los paseos marítimos, flexibilizando, entiendo, en muchos casos la interpretación de la norma legal a una realidad consolidada.

Y la segunda es la disposición transitoria primera, objeto de debate entre los diferentes grupos, y que dependiendo de la lectura que se haga puede suponer una vía más o menos generosa en la búsqueda de resoluciones factibles.

La proposición no de ley que presenta el Grupo Parlamentario Popular viene a instar al Gobierno de Canarias a realizar lo que esta nueva Ley de Costas ya le mandata, esto es, a que en el plazo de dos años solicite ante el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en calidad de Administración urbanística competente, el informe favorable que permita a muchos núcleos costeros acogerse al régimen previsto en la disposición transitoria tercera, apartado 3, de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, siempre y cuando no estuvieran clasificados como suelo urbano. Es decir, esta proposición no de ley pretende recordarle a este Gobierno lo que por ley, y entiendo que también por interés, tiene que hacer. Y aunque no es menos cierto, señora Tavío, que a este Ejecutivo se le requiere en ocasiones que recuerde cuáles deben ser sus cometidos, creo que ante una nueva realidad legal cuando menos habrá que otorgar un plazo de confianza.

Tampoco querría dejar de recordar el hecho de que hace catorce días, en la última sesión plenaria, fueron tres representantes de los grupos parlamentarios de esta Cámara quienes insistíamos en preguntarle al señor consejero si existía una relación, un censo, por parte del Gobierno de Canarias, relativo a los núcleos, a las instalaciones, a las infraestructuras o a las viviendas afectadas. La respuesta del señor consejero fue que precisamente se cuenta con una colaboración estrecha con la Dirección General de Costas al respecto.

Espero de ser cierta la respuesta del señor consejero y con la vía que abre -y creo que ese es el camino que tiene que seguir el Gobierno de Canarias- esta disposición transitoria primera, que puedan, de una vez por todas, muchos canarios encontrar la tranquilidad, el amparo jurídico que se merecen.

Es por esta cuestión por lo que el Grupo Parlamentario Mixto se va a abstener respecto a esta proposición no de ley.

Muchas gracias.

El señor presidente: Muchas gracias, don Fabián Martín.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, don Manuel Fajardo Palarea.

El señor Fajardo Palarea: Buenos días, señorías, o buenas tardes ya.

En las comparecencias celebradas sobre este mismo tema en el último Pleno ya advertí al Partido Popular que, ante el llamamiento para que apoyáramos la presente PNL, nosotros íbamos a presentar otra que recogería el sentir unánime expresado por este Parlamento al aprobar al inicio de la presente legislatura una PNL del Grupo Nacionalista Canario, con enmiendas, que, en definitiva, expresaba la legítima aspiración de todos los partidos representados en esta Cámara de representación, incluido el PP, para reclamar para Canarias del Estado las competencias en materia de gestión de nuestro litoral y las funciones y servicios en materia de costas, de tal manera que se adecuaran las actuaciones en la misma a las especificidades de la isla, amén de que se instara al Estado a que considerara la retirada del recurso de inconstitucionalidad que en su día se interpuso contra la llamada comúnmente Ley de Costas, aprobada por Coalición Canaria y el Partido Popular.

Bien. Hoy se ha vuelto a incidir en la interpretación de que hubo un antes y un después del 2004 -del 96 al 2004 no pasó nada, en España no gobernó nadie, nadie cambió la Ley de Costas-, que había una interpretación arbitraria -el 97% de los litigios los ganó el Estado, etcétera-, bueno, el discurso muy manido que viene desde hace muchísimos años explicitándose desde esta tribuna por parte del Partido Popular. Pero yo, en aras de buscar el consenso, en aras incluso de que se lleve a cabo lo que se dijo aquí por el Partido Popular cuando se discutió esta proposición no de ley que trajo a la Cámara el Partido Nacionalista Canario, vuelvo a reiterar, el señor don Ignacio González... Se decía por parte de quien intervino por el Partido Popular: Y, por lo tanto, si no se reconsidera -estábamos hablando del recurso de inconstitucionalidad- por parte de la Abogacía del Estado, entiendo que no estamos intentando inmiscuirnos en materia de costas en las competencias del Estado, sino lo que estamos diciendo es que la Comisión de Ordenación del Territorio de Canarias lo que está diciendo es cuáles son las zonas urbanas y cuáles no. Y eso es lo que yo pido que expliquen los servicios jurídicos, porque si eso se entendiera, mañana mismo, no ahora con la disposición transitoria primera, no, mañana mismo enclaves como Los Ajaches, Famara o Cho Vito -fueron los tres que se nombraron-, muchos de los canarios que vienen meses, años, defendiendo sus posesiones, pues, tendrían esperanzas de resolverlas ya, y eso es lo que yo creo y yo creo que es el mandato que tenemos sus señorías y yo. Eso lo decía quien hablaba en nombre del Partido Popular.

Por tanto, nosotros ya decimos: aplazamos la PNL que teníamos presentada para el día de hoy para intentar la búsqueda del consenso con el Partido Popular.

¿Nos vamos a ver las caras?, sí, sí, yo quiero verme la cara, si usted me lo permite, y quiero que se vean mis compañeros de apoyo de pacto, con quien sea en Madrid, para explicarles lo que pasa en Canarias y para refrescarles, que saquen de las gavetas toda la documentación que aquí don Domingo Berriel en el último Pleno no solamente explicitó sino que difundió y que enseñó. Todos los núcleos costeros canarios constan en la Dirección General de Costas de Madrid, perfectamente delimitados.

Por tanto, señora Tavío, aunque busque el consenso, y espero que lo podamos encontrar en el mes de septiembre, o sea, más pronto que tarde, o sea, mucho más pronto que la disposición transitoria primera, a la que usted se refiere en su PNL, nosotros no vamos a caer en la trampa. Claro, yo no puedo olvidar, yo no puedo olvidar que se ha quebrantado el principio de igualdad ante la ley, porque no lo puedo olvidar. Ustedes, y vuelvo a repetir, y no es el "tú más", durante muchos años prometieron muchísimas cosas en este tema y llegados al Gobierno no han hecho absolutamente nada. Ustedes, por exceptuar, si exceptuaron fue a San Borondón, que es nada, pero, sin embargo, exceptuaron y se cuidaron muy mucho de exceptuar -fotografías que vimos aquí en el último Pleno- 12 núcleos urbanos en la Península y una isla entera y con Canarias no tuvieron esa misma sensibilidad. Ustedes, además, lo han hecho con arbitrariedad, y la arbitrariedad está prohibida, ustedes van contra la autonomía local.

Pese a todo lo que le estoy diciendo y que será motivo y es motivo de un recurso ante el Tribunal Constitucional, y yo respeto a los tribunales y serán los tribunales los que decidan, lo que le ofrezco desde ahora, que voy a votar que no, obviamente, a la proposición no de ley... Porque además la proposición no de ley contiene un término cuando menos curioso -usted que es jurista lo sabe-, "implementar la obligatoriedad". Mire, lo obligatorio es obligatorio, lo obligatorio es obligatorio, ni más ni menos. Implementar la obligatoriedad, eso no es así, lo que es obligatorio es obligatorio, no puede ser menos obligatorio u obligatorio...

El señor presidente: Sí, un minuto, don Manuel.

El señor Fajardo Palarea: Por tanto, como bien le decía el señor Martín, ustedes, en definitiva, a lo que están instando a la comunidad autónoma es a que cumpla con la ley y nosotros, claro, la comunidad autónoma y los ayuntamientos tendrán que cumplir con la ley, si la ley no es suspendida por el Tribunal Constitucional como consecuencia del recurso de inconstitucionalidad que se ha interpuesto.

Tiendo la mano al Partido Popular. Espero verme las caras con los representantes del Partido Popular, que sean aquellos que puedan adoptar las decisiones pertinentes, para solventar el problema de los 60.000 canarios que usted dice, pero, le vuelvo a repetir, no vamos a entrar, yo, Partido Socialista, no va a entrar en la trampa de legitimar a través de esta proposición no de ley la ley en sí.

Nuestra proposición no de ley, que yo espero que ustedes se sumen en septiembre, es mucho más amplia y tiene una gran diferencia con la suya. Y, mire usted, y ustedes, el Partido Popular, no usted, ustedes fueron los que aprobaron la ley de costas canaria. Es que nosotros sí queremos las competencias para Canarias en el tema de costas.

El señor presidente: Muchas gracias, don Francisco Manuel Fajardo.

Por el Grupo Nacionalista Canario, don José Luis Perestelo Rodríguez.

El señor Perestelo Rodríguez: Gracias, señor presidente. Señorías.

Permítanme en primer lugar que plantee al Grupo Popular, como decía el propio compañero del Grupo Socialista, la retirada de esta iniciativa para trabajar, como bien ha hecho el Grupo Socialista retirando hoy su iniciativa, para trabajar en el consenso y en el diálogo en algo que es importante, y usted lo ha dicho en su intervención. Si ustedes así lo consideran debiera retirar esta iniciativa y plantearse esta iniciativa en conjunto con los representantes de los grupos de la Cámara.

Señorías, la Ley 2/2013, de 21 de mayo, de Protección y Uso Sostenible del Litoral y Modificación de la Ley de Costas del 88, no afronta una nueva regulación integral y estructurada, solo es una modificación parcial y sesgada que no afronta, a nuestro juicio, la verdadera problemática del litoral y no responde a los objetivos fijados por la exposición de motivos: la sostenibilidad del litoral.

Por cierto, señora Tavío, le invito a que en el minuto ese de ser contradicha nos pueda enseñar los colectivos ecologistas que defienden y hablan de las bondades de esta ley, a los que usted hizo referencia en su intervención.

Señorías, amnistiar determinadas áreas o urbanizaciones concretas del arco mediterráneo y Galicia, establecer un deslinde excepcional en la isla de Formentera con la única justificación de su especial configuración geomorfológica, eso se contrapone a ninguna solución para el territorio de Canarias, a los problemas que tenemos en núcleos costeros del litoral canario, ignorando su situación y realidad, tanto en relación con su afección al deslinde marítimo-terrestre como a la servidumbre. En concreto, para nada se atiende a las singularidades de Canarias, la comunidad autónoma con mayor longitud de costa por superficie con más de 1.500 km de litoral. En definitiva, no atiende a nuestra realidad cultural, social y económica, que se encuentra íntimamente ligada a la zona marítimo-terrestre, núcleos costeros y pesqueros tradicionales en nuestras costas existentes con anterioridad a la Ley de Costas de 1988, cuyos valores etnográficos, culturales, arquitectónicos o pintorescos, pese a la insistente solicitud, no han merecido protección en la nueva norma, que solo establece protección a los excepcionales, bienes de interés cultural, que, en su caso, a los que corresponde aplicar la Ley de Patrimonio.

Señoría, hablaba de consenso, hablaba de diálogo. En Canarias, en el Estado con Canarias funcionó una comisión hasta hace muy poco, una comisión mixta formada por el Estado, la comunidad autónoma y los cabildos insulares. Esa comisión tenía un trabajo extenso, al que hizo referencia también el portavoz socialista, al que hizo referencia el consejero en su comparecencia, estaban señalados todos los núcleos afectados, con sus problemáticas singulares. ¿Por qué el Gobierno, ese Gobierno dialogante del que ustedes hablan pero que no se le ve, no hizo referencia, no hizo ninguna reunión con esa comisión mixta? ¿Por qué no escuchó a esa comisión, a los trabajos que había desarrollado durante muchos años? Realmente no había voluntad, no ha habido voluntad de establecer excepcionalidades con relación a Canarias. Por eso decía que era muy importante...

Y mucho cuidado con lo que se les va a decir a los ciudadanos, mucho cuidado con esas reuniones que parece que se quieren convocar. Digan toda la verdad, no exclusivamente lo que dice la disposición transitoria primera, ¡no! Ustedes ignoran en su PNL algo que es fundamental en esa disposición, que es que sigue vigente el artículo 25 de la Ley 22/1988, de Costas, y ustedes hacen referencia pero no dicen lo que dice el artículo 25. ¿Qué dice el artículo 25? Prohíbe en la servidumbre de protección, pero ahora en todo el núcleo en virtud de la nueva disposición, las edificaciones destinadas a residencia o habitación, la construcción o modificación de vías de transporte, vías también de transporte de energía. Díganselo. Cuando se vayan a reunir con ellos, díganles, miren, "la transitoria dice que si éramos urbanos antes o si no éramos urbanos antes y teníamos acceso rodado..." -dudo mucho que tuviéramos, desgraciadamente, las aguas residuales resueltas, pero que también lo dice-, pero díganles también que se podrán regular pero conforme al artículo 25, que sigue vigente, y que prohíbe lo que les decía anteriormente.

Por tanto, señorías, por muchos más argumentos que se expresaron hace muy poco tiempo aquí, en este Parlamento, por parte del consejero, nosotros reiteramos la petición de retirada de esta proposición no de ley. Reiteramos lo que decía el Grupo Socialista, mano tendida al consenso y al diálogo porque es un tema importante, es un tema sensible, muy sensible en Canarias. Cuidadito con la gente que lo está pasando mal, cuidadito con ese tictac. Ese tictac, no se nos vaya a ir la mano con el tictac y perdamos la melancolía de un nuevo esfuerzo que resulta baldío al final. De verdad, vamos a hablar entre todos, que es un problema de todos.

Muchas gracias.

El señor presidente: Muchísimas gracias, don José Luis Perestelo Rodríguez.

Entonces vamos a votar. Proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Popular, sobre delimitación de núcleos poblacionales situados en la zona de protección del dominio público marítimo-terrestre. No tiene enmiendas. Comienza la votación (Pausa).

Resultado: 46 presentes; 16 a favor, 29 en contra y 1 abstención.

Por lo tanto, queda rechazada.