Diario de Sesiones 87/2013, de fecha 29/7/2013 - Punto 4

· 8L/PL-0010 Debate en lectura única. Proyecto de Ley de Medidas Aplicables al Destino del Fondo Canario de Financiación Municipal durante 2013.

El señor presidente: Y, como habíamos quedado, en este momento vemos el segundo punto del orden del día, que es el proyecto de Ley de Medidas Aplicables al Destino del Fondo Canario de Financiación Municipal.

Tiene la palabra por parte del Gobierno el señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, don Francisco Hernández Spínola.

El señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad (Hernández Spínola): Buenas tardes. Gracias, señor presidente. Señorías.

Subo esta tarde a la tribuna con el objeto de presentar el proyecto de Ley de Medidas Aplicables al Destino del Fondo Canario de Financiación Municipal para el año 2013.

Es un proyecto de ley fruto del trabajo, del diálogo, de la colaboración, de la cooperación y de la coordinación de las administraciones públicas canarias, del Gobierno de Canarias y de los ayuntamientos, para dar respuesta a situaciones complejas en el ámbito de lo público. Respuestas que estamos obligados a dar ante un panorama económico e institucional sumamente complejo y dificultoso; respuestas que proyectan beneficios directos sobre la población, sobre las empresas, y sobre todo sobre las personas. Respuestas, respuestas ágiles gracias a esa cooperación institucional capaz de mantenerse al margen de los intereses partidistas y de los colores políticos.

Se trata de un texto legislativo que muestra el camino a seguir. Un camino que el equipo de la Consejería de Presidencia que dirijo tiene sumo interés en continuar trazando en otras iniciativas legislativas, que es la búsqueda del consenso en asuntos vitales para Canarias como es este, en el que hay una participación directa de los ayuntamientos canarios y del propio Ejecutivo autonómico.

Hoy presento un texto legislativo sencillo, de un artículo único, pero muy beneficioso desde el punto de vista social y económico. Un proyecto de ley que llega a esta Cámara con el respaldo de la Federación Canaria de Municipios, con el beneplácito y el apoyo expreso del Consejo Económico y Social y el aval técnico y jurídico del Consejo Consultivo de Canarias.

Con la modificación puntual y coyuntural que promueve este proyecto de ley a la normativa del Fondo Canario de Financiación Municipal, y según las estimaciones que hemos calculado, en este año 2013 unos 49 ayuntamientos canarios pueden disponer con libertad de en torno a unos 56 millones de euros para potenciar la economía, para invertir en obras o en servicios públicos o, si así lo deciden, cubrir ayudas de emergencia social para personas más afectadas por la crisis económica y el desempleo en sus municipios.

Se trata, por tanto, de extraer el mayor rendimiento posible a este instrumento legislativo, que es el Fondo Canario de Financiación Municipal.

Solo se precisa cumplir con dos de los indicadores previstos en la ley, remanente de tesorería y endeudamiento a largo plazo, porque estamos exceptuando el ahorro neto, que en Canarias, de acuerdo con las auditorías, solo cumplieron 10 ayuntamientos en el año 2011.

Lo que hoy van a votar sus señorías es la apertura de una ventana para que muchas empresas canarias -contratistas, proveedores, prestadores de servicios a ayuntamientos-, que aún tienen pendiente de cobro parte de sus facturas, lo puedan hacer a través de este vehículo, de forma tal que se va a aumentar la liquidez de muchas pequeñas y medianas empresas y autónomos de las islas. O tal vez, si así lo deciden, los ayuntamientos pueden, con este proyecto de ley, destinar esos recursos para financiar inversiones municipales; o si lo deciden, también voluntariamente los ayuntamientos pueden destinar -como antes indicaba- esos créditos a ayudar a familias con dificultades a través de la cobertura de la asistencia social, de la emergencia social.

Pero, sea cual sea el destino que los ayuntamientos decidan, lo que es cierto es que va a aportar -este proyecto de ley- un beneficio social y económico directo muy superior al mero saneamiento de las cuentas municipales, que es como hasta ahora estaba concebido en la ley actual, la Ley 3/99.

El proyecto de ley llega al Parlamento tras ser tramitado por la vía de urgencia, porque la situación así lo requiere, porque el propósito es que este instrumento, esta medida, esté en vigor cuanto antes y puedan hacer uso de ella los ayuntamientos durante el segundo semestre del año 2013. Ya veremos si esta medida es necesario extenderla al año 2014 o no. Dependerá de las auditorías del año 2012, que comenzarán a formalizarse en un periodo breve de tiempo, antes de octubre de este mismo año.

La coyuntura, señorías, requiere medidas ágiles, medidas ágiles de aplicación rápida y directa. Por eso está más que justificado que el Gobierno haya traído hoy este proyecto de ley de tramitación urgente y abreviada y por la vía de un debate de lectura única, y en eso creo que existe acuerdo, unanimidad, entre todos los grupos parlamentarios, que han entendido la importancia de un trámite perentorio, urgente, como el que hoy estamos llevando a efecto.

Termino, señorías, señalando que este proyecto de ley es una recompensa al esfuerzo de las corporaciones municipales para sanear sus cuentas. Es una recompensa. Es una vía también para aumentar la liquidez de las empresas y de los autónomos y de la capacidad económica de las personas que tienen menos recursos. Ha sido la Fecam, por unanimidad, quien le ha solicitado al Gobierno que las prioridades sean destinar esos recursos al pago a proveedores, a inversiones o a la cobertura de emergencia social, y al Gobierno le han parecido bien esos tres destinos.

Quiero por ello aprovechar este momento para referirme a una enmienda, a dos enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular, que lo que pretende con esas enmiendas es destinar estos recursos a gasto corriente, a gasto corriente. Y yo le quiero recordar al Grupo Parlamentario Popular que el Fondo Canario de Financiación Municipal se divide en dos grandes apartados: recursos para saneamiento y recursos de libre disposición. Son 210 millones de euros: 110 millones de euros van destinados al saneamiento o a inversión y los otros 110 millones a libre disposición, a lo que decidan los ayuntamientos. Por tanto, las necesidades de gasto corriente están cubiertas nada más y nada menos que con los 110 millones de euros de que los ayuntamientos pueden disponer para gasto corriente -agua, luz, teléfono, etcétera, etcétera-. Luego, no nos parece desde el Gobierno ajustado ni conveniente ni oportuno destinar el 100% a gasto corriente. No, no, esto está bien meditado, bien estudiado por técnicos de la Fecam, por técnicos del Gobierno. Existe un criterio unánime de las instituciones. Lo ha visto bien y así lo ha entendido el Consejo Económico y Social, el Consejo Consultivo. Por eso yo le pido al Grupo Parlamentario Popular que, con independencia de plantear, de presentar las enmiendas, finalmente, finalmente, termine votando a favor de este proyecto de ley. Creo que es bueno para todos, no para el Gobierno, no es un éxito del Gobierno aprobar este proyecto de ley por unanimidad. La ley se va a aprobar porque la van a apoyar grupos mayoritarios de la Cámara. Yo le pido al Partido Popular un esfuerzo, le pido un esfuerzo, que no haya cuestiones partidistas en cuestiones tan básicas, tan elementales, tan institucionales como esta, donde después de un esfuerzo, de un trabajo que hemos hecho en el seno de la Fecam y en el seno del Gobierno, terminemos apoyando un proyecto de ley que tiene todo el sentido del mundo que se apruebe por unanimidad de esta Cámara. Nadie entendería, ningún ayuntamiento entendería que no haya una posición unánime del Parlamento en defensa de esta ley.

Por eso yo termino solicitando al grupo parlamentario que, con independencia de presentar sus enmiendas en este Pleno y de defenderlas, finalmente, atendiendo a esta exposición que he hecho, a este criterio que es más que razonable, termine apoyando el proyecto de ley y puedan beneficiarse todos los ayuntamientos y los ciudadanos de Canarias, sean empresas, sean autónomos o sean personas que están en situación de emergencia social.

Muchas gracias.

El señor presidente: Muchas gracias, don Francisco Hernández Spínola, señor consejero.

El proyecto de ley tiene dos enmiendas del Grupo Parlamentario Popular. Para la defensa de las enmiendas, don Jorge Rodríguez. ¿Lo va a hacer desde el escaño, don Jorge?

Lo que se habló en la Junta de Portavoces, habrá un turno de defensa de las enmiendas de cinco minutos y un turno de cinco minutos, y luego los restantes grupos intervienen en fijación de posiciones, por cinco minutos también.

El señor Rodríguez Pérez: Señor presidente, señorías, señor consejero.

El Grupo Parlamentario Popular también dispone de técnicos, y de buenos técnicos, que están en aquellos ayuntamientos donde gobierna el Partido Popular, de modo que, en fin, la exposición que pretendo hacer y las enmiendas que ha presentado este grupo están fuertemente sostenidas, inspiradas por buenos técnicos, por buenos responsables del ámbito local, que nos han dado la legitimidad más que suficiente para poder plantear una posición que espera el Grupo Parlamentario Popular que sea suficientemente, en fin, convincente como para que el Gobierno, si así lo estimara, pudiera cambiar de parecer.

Señorías, que los ayuntamientos han tenido un papel muy importante en el notable desarrollo del Estado del bienestar yo creo que a estas alturas nadie lo duda. Desde luego son los gobiernos locales los que hacen más visible la descentralización del poder y más cercanos a los ciudadanos los principios democráticos que depositan en sus instituciones. Cualquier estudio pone de manifiesto una nada desdeñable cantidad de funciones que realizan los ayuntamientos y que podríamos considerar como no obligatorias, llamadas más técnicamente en el Derecho Administrativo impropias, pero no obligatorias, dado que su competencia corresponde a otros niveles de la Administración. Y estos servicios, señor consejero, que hoy prestan los municipios, soportando con ello una enorme carga económica, están directamente vinculados con el bienestar de los ciudadanos y su supresión -créame- originaría enormes carencias sociales. Y, por decirlo todo, muchos de los servicios prestados por los ayuntamientos en sus municipios tienen un carácter de suplencia, de suplencia, de otras administraciones que no contribuyen como debieran a su financiación.

Algunas de sus señorías comparten responsabilidades, igualmente, en el mundo local. A buen seguro, por consiguiente, compartirán conmigo que el gasto no obligatorio está ejerciendo una terrible presión, una presión considerable, sobre los presupuestos municipales, tanto en el apartado de gasto corriente como en el de inversiones, y esto supone -créanme- más del 30% del presupuesto total de gasto de los municipios en su conjunto. Y esto es una tendencia creciente, no decreciente, creciente, responsable en gran parte de las carencias financieras del mundo local, del sector local.

Señorías, aunque aquí se debata un proyecto de ley ad hoc, como podíamos denominarlo, no podemos eludir el hecho de que la financiación es evidentemente un punto capital, un punto prioritario para el presente y futuro de la Administración local.

El proyecto de ley que nos trae el Gobierno a nuestro juicio, señor consejero, sigue el modelo de desconfianza hacia lo local, hacia lo municipal, que viene demostrando con cuantas iniciativas referidas a los ayuntamientos han pasado por esta Cámara, estableciendo mecanismos de control, mecanismos rígidos de control y fiscalización por suponer que los ayuntamientos no gestionan con el mismo rigor y con la misma eficacia que el Gobierno de Canarias. Afortunadamente, la fuerza de las cosas se ha ido imponiendo y nuestros gobiernos locales han contribuido con sus mermados recursos a configurar una sociedad canaria de mayor bienestar, organizando allí donde se presentaban las demandas ciudadanas actividades, servicios, que no eran de su estricta competencia.

El Gobierno de Canarias -lo estamos viendo- sigue empeñado en gestionar servicios, más que en diseñarlos, en orientarlos y asegurar las políticas generales de estos servicios públicos. Es así como en este debate de contradicciones los ayuntamientos tienen que enfrentarse, de un lado, a las demandas ciudadanas, que, como es lógico, no saben ni quieren saber qué administración es la competente para atender esas demandas, y, de otro, a unas administraciones como la canaria que escatima recursos, que escatima ayudas, pero quiere controlar hasta en los más mínimos detalles la gestión de los servicios que la propia dinámica local...

El señor presidente: ¿Cuánto tiempo necesita? Uno. Muy bien.

El señor Rodríguez Pérez: Respecto del proyecto de ley, señor consejero, la exposición de motivos nos parece insuficiente, inoportuna, deficitaria, si me permite la expresión. Excluye sin lógica alguna a los que cumplen con el ahorro neto. Es de sentido común, quien cumpla este parámetro incumpliendo el resto también puede acogerse a la medida propuesta. Partiendo de que el problema de los ayuntamientos es que no tienen para gastos corrientes, el punto 1.º del artículo único sobra, pues bastaría con que no se cumpliera la exigencia de demostración.

Señorías, señor consejero, deben incluirse las verdaderas necesidades de los ayuntamientos para cumplir con la prestación de sus servicios públicos esenciales. Es por eso que la prelación establecida en el artículo único del proyecto nos parece incorrecta. Preferíamos una lista abierta en donde los ayuntamientos puedan demostrar sus necesidades y soslayar la normativa cuya modificación proponemos con nuestra enmienda.

Señorías, señor consejero, y una última cuestión -y termino, señor presidente-, como dice el propio Consejo Económico y Social en su dictamen, el fin, el buen fin del proyecto está condicionado, entre otras cosas, porque ignoramos, ignoramos el resultado de las auditorías de gestión de los ayuntamientos al 31 de diciembre de 2012 y deberíamos conocerlas, y usted nos está pidiendo un cheque en blanco para que adoptemos aquí una decisión según le agrade a usted.

Y, por último, señor consejero, los ayuntamientos tienen falta de ingresos, y la falta de ingresos les está ocasionando falta de disposición para afrontar gastos corrientes que tengan que ver con pagar sus facturas, incluso con mantener servicios públicos esenciales. Por consiguiente, preferimos que se destine este fondo ad hoc con libre disposición a los gastos corrientes que tienen los ayuntamientos.

Nada más, señor presidente.

El señor presidente: Muchas gracias, don Jorge Rodríguez.

Turno en contra de las enmiendas, don Pedro Martín, del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor Martín Domínguez: Buenos días, presidente. Muy buenas tardes.

No puedo evitar iniciar mi intervención sin hacer una referencia al comentario de don Jorge Rodríguez, al que aprecio, pero, hombre, hablar de que este planteamiento, el que hace el Gobierno, parte de la desconfianza hacia lo municipal precisamente ahora que su Gobierno aprueba una ley de la reforma local que para no cargarse ayuntamientos porque le parece demasiado fuerte los vacía de contenido, eso sí que es desconfianza hacia lo local. Desconfianza que se basa en presumir de que en las próximas elecciones el 82% de los concejales no van a poder ganar un sueldo. Desconfianza es quitar el cuerpo que ha venido sustentando a este país durante muchísimos años y que ha sido para bien.

En cualquier caso, yéndonos al asunto que nos toca, el Gobierno de Canarias trae hoy una propuesta que es el resultado de un consenso con todos los ayuntamientos de Canarias por unanimidad, la de todos los partidos políticos que están representados en los ayuntamientos de Canarias. Por eso, sinceramente, no entiendo esta propuesta, esta enmienda que ustedes hacen, porque, en primer lugar, es extemporánea. Llega en un momento en el que ya se ha cerrado un acuerdo después de numerosas jornadas de debate y de negociación entre los representantes de los ayuntamientos de Canarias y el Gobierno de Canarias. Y además llega en un momento en el que también me resulta incomprensible, y por eso creo que está carente de sentido, porque ustedes no solo enmiendan al Gobierno, enmiendan a la Federación Canaria de Municipios y ponen en cuestión a alcaldes que merecen todos mis respetos, como el vicepresidente de la Federación Canaria de Municipios, don Antonio Calcines, de su partido, del Partido Popular, que además es presidente de la Comisión de Hacienda y Economía de la Fecam y que, por lo tanto, ha estado apoyando y trabajando en esta propuesta que hoy trae el Gobierno.

Dice usted y propone al final, porque es solo al final cuando he podido entender que su propuesta es que se dedique a gasto corriente el dinero, cuando el gasto corriente no debe ser prioritario en un ayuntamiento. Es aquello que tendemos todos los ayuntamientos a disminuir. ¿Y dónde debemos poner el acento? Pues, mire, lo ponemos en la deuda a proveedores, precisamente en un criterio que coincide con el Gobierno del Estado, que ha sacado un plan específico para pago a proveedores y que este Gobierno no solapa sino que ayuda a contribuir con un plan especial si fuese necesario.

Esta propuesta que se trae hoy aquí habla de inversiones, y es necesario que los ayuntamientos hagamos inversiones porque las inversiones generan empleo.

Y hablamos además de emergencia social porque no solo es necesaria, sino porque no entiendo cómo desde la mañana a este momento de por la tarde ustedes, que reclamaban a este Gobierno mayor sensibilidad para inversiones en emergencia social, ahora se la niegan a los ayuntamientos cuando tienen posibilidades de distribuir los fondos. ¡Incomprensible!

Por lo tanto, aprovechando el escaso tiempo que me queda, nuestra propuesta, la de mi grupo, es la del rechazo a sus enmiendas. Creemos que el gasto corriente no es la necesidad. Si lo fuese, el Gobierno, la ley no lo impide, el 50% de libre disposición que tenemos los ayuntamientos nos da margen suficiente para poder, esos recibos que a usted le preocupan -de la luz, del agua y de cualquier otro asunto-, pero creo que esas no son las prioridades. Los ayuntamientos tenemos muy claro cuáles son, y son, en esa prelación, desde luego en primer lugar, como ha quedado dicho, la deuda a proveedores, la emergencia social y las inversiones.

Pedirle al Gobierno, no obstante, aprovechar esta oportunidad, no para hacer una enmienda sino para que, en la medida de lo posible, de cara a implementar el desarrollo de esta propuesta que hoy pretendemos que se apruebe aquí, el que las auditorías de gestión puedan agilizarse. Si los ayuntamientos tenemos hasta el día 1 de octubre para presentar nuestra cuenta general y depende de esa cuenta general el que se pueda hacer la auditoría de gestión, que llega habitualmente en noviembre, disponemos tan solo de un mes para poder ejecutar esos dineros que el Gobierno nos permite invertir en base a la distribución del Fondo Canario de Financiación.

Y para terminar, plantear el término "proveedores" en un sentido mucho más amplio, consejero, porque cuando hablamos de proveedores no solo estamos hablando de suministros, estamos hablando también de pago a concesionarias de servicios y a empresas que pueden ser tanto públicas como privadas.

En cualquier caso, le animo a que siga por esta senda. El trabajo que está haciendo el Gobierno al unísono con los ayuntamientos está dando buen resultado, y no hay más que verlo: ustedes han sido capaces de poner de acuerdo a todos los alcaldes, da igual el signo político del que sean, da igual el municipio, da igual la isla de la que estemos hablando. Enhorabuena y creo que hay que seguir por esa línea.

Gracias.

El señor presidente: Muchas gracias, don Pedro Martín.

Fijación de posiciones, Grupo Parlamentario Mixto, don Román Rodríguez.

El señor Rodríguez Rodríguez (Desde su escaño): Digamos que en relación a esta rápida, urgente, modificación legal hay una cosa positiva que debemos dejar clara: se puede hacer con esta norma y cuando la situación obliga, se puede hacer con otras. Este un procedimiento que limita los derechos de los grupos pero cuando los asuntos son importantes, afectan a los intereses generales, se pueden modificar las leyes rápido. Lo digo para que el Gobierno se aplique el cuento a otra serie de modificaciones legales absolutamente urgentes que tenemos sobre la mesa.

Segunda consideración: me sorprende que la norma que hoy se propone solo sea para este año y a estas alturas del ejercicio. Digamos, los problemas que aquejan a los ayuntamientos y que aquí pretenden solventarse en parte no acabarán en el final de este año. Es de suponer que la situación no solamente no mejore sino que empeore, de manera que habría que pensar si esta flexibilización del uso del segundo fondo habría que llevarla más allá del ejercicio actual.

Y en segundo lugar, yo creo que va a ser difícil que puedan ejecutar esta nueva prerrogativa con los tiempos en los que nos encontramos.

Dicho eso, sí tiene de positivo la norma que viene de la Federación Canaria de Municipios. Si esto se confirma -y no es que yo dude-, si esto viene de la Federación Canaria de Municipios por unanimidad, es muy difícil discutirlo aquí, porque quien podía ponerle límites a este tema sería este Parlamento, de manera que eso es un elemento también positivo.

Acabo diciendo, nosotros vamos a votar a favor porque viene de la Fecam por unanimidad, porque va a facilitar disponibilidad a los ayuntamientos para pagar a proveedores, para hacer inversiones o para gasto corriente o, en este caso, en materia de emergencia social; dudamos de la eficacia en este ejercicio de esta medida y creemos que, si es tan importante, como apuntan los análisis que aquí se han señalado, habría que llevarlo más allá del 31 de diciembre. Dicho esto, nosotros apoyaremos la iniciativa por estas consideraciones.

Y un chascarrillo. Espero, espero, que la parte referida a gasto asociado a la emergencia social no esconda ningún intento del Gobierno de Canarias de eludir sus responsabilidades en gasto en esta misma materia. Lo digo por si acaso. Nos parece bien que ese segundo fondo pueda ser flexibilizado por estas consideraciones, nos parece muy importante la prioridad en el gasto en estos momentos frente a la emergencia social, pero nos parece bien en los ayuntamientos, en los cabildos, en el Gobierno de Canarias y en el Gobierno español. Insisto, espero que este asunto no tenga segundas, estoy casi seguro... Bueno, estoy seguro viendo al consejero allí con la cabecilla para allá y para acá (Ante los gestos del señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, Hernández Spínola, desde su escaño).

De manera que apoyaremos este tema y con estas dudas que he comentado sobre la eficacia para este ejercicio y sobre la pertinencia de prorrogar esta iniciativa para los siguientes, porque los problemas van a continuar, no les quepa la menor duda, en los ayuntamientos y en el resto de las administraciones públicas.

El señor presidente: Muchas gracias, don Román Rodríguez.

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, don José Miguel Ruano.

El señor Ruano León: Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes.

Muy rápidamente desde la tribuna por la proximidad casi a mi escaño.

En realidad creo que el consejero, en la intervención del consejero, ha quedado primero que nada aclarado cómo se compone el fondo, cómo se distribuye el fondo, ese 50% de libre disposición y ese 50% para indicadores de saneamiento económico-financiero. Y dentro de los que cumplan, de los distintos condicionantes de saneamiento económico-financiero, hay dos de libre disposición. Me gustaría decir que este Parlamento ya ha obrado en dos ocasiones -y así se dice y se cita expresamente en la exposición de motivos del proyecto de ley- en relación con aquellos ayuntamientos que cumplen los tres indicadores de saneamiento económico-financiero y los que cumplen los condicionantes de libre disposición. Hemos llevado, y lo tenemos ahora en la vigesimoctava, en la disposición adicional vigesimoctava de la Ley de Presupuestos vigente, la posibilidad de aplicar lo que la ley originaria del 99 establecía como crédito de inversión, la posibilidad de llevar, hasta el 90% de ese crédito llevarlo a ayudas de emergencia social. Así está establecido, está en vigor en la Ley de Presupuestos.

¿Qué novedad aporta el proyecto de ley que nos presenta hoy el Gobierno?: que no exige el cumplimiento de los tres indicadores de saneamiento económico-financiero, como señalaba antes el consejero, exime ahora la posibilidad del ahorro neto. Y eso desde luego es una ventaja de cara a la aplicación que se propone, que es una aplicación obviamente condicionada, tal como se ha expresado no solo por el consejero sino también por el portavoz socialista. Lo contrario sería desnaturalizar el Fondo Canario de Financiación Municipal, que nació siendo un fondo de saneamiento económico-financiero en 1993, que se fue desarrollando, que se asentó en el 99 con esa división, de la cual el 50% va a ese propósito de saneamiento económico-financiero y el otro 50% a libre disposición.

Nosotros creemos que el procedimiento seguido por el Gobierno es un procedimiento absolutamente correcto, ortodoxo, que cuenta con los dictámenes no solo del Consejo Consultivo, como es preceptivo, sino también del Consejo Económico y Social, y que el acuerdo con la Fecam avala a su vez el apoyo que vamos a prestar esta tarde a este proyecto de ley.

Muchas gracias.

El señor presidente: Muchísimas gracias, don José Miguel Ruano.

Señorías, vamos a votar en primer lugar las enmiendas al proyecto de Ley de Medidas Aplicables al Fondo Canario de Financiación Municipal durante este año 2013.

Don Jorge, ¿las votamos agrupadas, las votamos separadas? Agrupadas, muy bien.

Pues son dos enmiendas, la número 1 y la número 2... Se votan agrupadas, se votan agrupadas. La enmienda número 1 y número 2 del Grupo Parlamentario Popular a la Ley de Medidas al Fondo de Financiación Municipal para este año 2013. Comienza la votación (Pausa).

Resultado: 54 presentes; 19 a favor, 32 en contra y 3 abstenciones.

Quedan rechazadas.

Y ahora, señorías, como es lógico, vamos a votar el proyecto de Ley de Medidas Aplicables al Fondo Canario de Financiación Municipal durante 2013, proyecto de ley del Gobierno. Comienza la votación (Pausa).

Resultado: 53 presentes; 34 a favor, ninguno en contra y 19 abstenciones.

Queda aprobado el artículo único de Medidas aplicables al fondo municipal para este año 2013.

Señorías, volvemos al punto primero (Rumores en la sala).

Señorías, sí, silencio, por favor, un momentito. Hay que hacer una votación de conjunto, me dicen. Al ser artículo único, yo la daba por válida. Por garantías procesales, vamos a hacer una última votación, global, al proyecto de ley. Ocupen sus escaños. Comienza la votación (Pausa).

Resultado: 52 presentes; 33 a favor, ninguno en contra y 19 abstenciones.

Queda aprobado el proyecto de ley en su conjunto.

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  • 8L/PL-0010 Sobre De Medidas Aplicables al destino del Fondo Canario de Financiación Municipal durante 2013.


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