Diario de Sesiones 88/2013, de fecha 10/9/2013 - Punto 17

· 8L/C-0546 Comparecencia del Gobierno, a petición propia, sobre el proceso de reorganización de las administraciones públicas canarias.

El señor presidente: Señorías -muchas gracias, señores portavoces, señora portavoz-, continuamos. Por la mañana vamos a ver la comparecencia del Gobierno y después ya continuamos por la tarde.

La comparecencia del Gobierno lleva más tiempo porque los grupos tienen más tiempo.

Comparecencia del Gobierno, a petición propia, sobre la reorganización de las administraciones públicas.

Señor consejero de Presidencia, Justicia, Igualdad, don Francisco Hernández Spínola.

El señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad (Hernández Spínola): Buenas tardes, señorías.

Comparezco a petición propia ante esta Cámara para hacer partícipes a sus señorías del estado de los trabajos que el Gobierno de Canarias está realizando para proceder a la imprescindible reforma de las administraciones públicas canarias. Uno de los grandes objetivos planteados por este Gobierno en la presente legislatura, tan complejo y ambicioso como importante para el futuro próximo de esta autonomía.

El Gobierno de Canarias optó desde el principio por abordar la reforma con dos ritmos, dos ritmos distintos: medidas a corto plazo y medidas a medio y largo plazo. De las medidas a corto plazo hemos venido informando a esta Cámara: simplificación administrativa, modernización, reducción de costes en telecomunicaciones, reducción de gasto corriente, redistribución de efectivos, reducción de la estructura del Gobierno, entre otras muchas actuaciones que se han venido llevando a cabo. Nosotros pensamos que el balance en este sentido es positivo.

Pero hoy estoy aquí para hablarles, no de esas medidas a corto, sino de las actuaciones que el Gobierno a medio y largo plazo va a ejecutar. Sin restar importancia a las primeras, son estas sin duda mucho más relevantes, porque el Gobierno propone un replanteamiento profundo y detallado del marco legislativo que rige las administraciones públicas canarias. ¿Y cómo lo hacemos? Pues lo hacemos con responsabilidad, lo hacemos con seriedad, de quien conoce la importancia para el presente y futuro de Canarias de un proceso de esta envergadura. Creemos que es imprescindible abordarla, abordar una actualización del marco jurídico íntegro de las relaciones interadministrativas de todas las administraciones canarias, de su marco competencial. Más allá de poner parches para solventar situaciones sobrevenidas, se trata de abordar una perspectiva a largo plazo sobre qué administración, qué administraciones necesita esta comunidad autónoma después de la crisis profunda que hemos vivido desde el 2007 en adelante.

Planteamos una reforma integral que combata el creciente escepticismo y desafección social respecto de las instituciones públicas. Una reforma que dé respuesta ágil, de forma ágil, de forma clara, de forma evidente, a los ciudadanos, a cada persona en su día a día, a las empresas, para que tengan un marco estable en el que poder trabajar y superar la situación de crisis que viven. Se trata, en definitiva, de superar rémoras del pasado, configurar una administración pública para el siglo XXI y el Gobierno de Canarias entiende que esto no puede llevarse a cabo con parches ni con reformas parciales, sino con una reforma integral. De ahí que propongamos a la Cámara abordar una reforma legislativa de gran calado, que afecte al Estatuto de Autonomía de Canarias, a la aprobación de una nueva ley de cabildos y la aprobación de una ley de municipios canarios. Todo ello con escrupuloso respeto al marco constitucional, a la normativa básica estatal, pero sin renunciar a que Canarias como sociedad, como sociedad preparada y madura, puede y debe aumentar su capacidad para decidir por sí misma sobre el presente y sobre el futuro.

De las tres normas citadas es evidente que la más relevante, por su rango legal, por el contenido que ocupa en el ordenamiento jurídico, es la reforma del Estatuto de Autonomía. La pregunta que hay que hacerse es por qué ahora. Porque una reforma de la administración pública en Canarias sin adaptar el Estatuto de Autonomía al siglo XXI siempre quedaría incompleta. Canarias debe contar con un Estatuto de Autonomía de segunda generación. Mientras no logre tener esa norma vigente será difícil evitar que vayamos a remolque, que vayamos a contrapié respecto a otras muchas comunidades autónomas. Una reforma que aborde, entre otras cuestiones, al menos, el ámbito espacial de nuestra comunidad autónoma con la inclusión de las aguas canarias, una nueva distribución competencial acorde con los estatutos de segunda generación pero que tenga en cuenta las peculiaridades de nuestra comunidad autónoma, una modificación del sistema electoral y un reforzamiento de la garantía institucional del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.

Aún queda algo menos de tres años de legislatura en las Cortes Generales y algo menos de dos años en la legislatura en esta comunidad autónoma. Estamos, por tanto, a tiempo. Estamos a tiempo, y lo estamos porque contamos con un trabajo muy avanzado: un texto articulado que nació de la negociación y del diálogo de las tres fuerzas políticas más importantes de este arco parlamentario. Me estoy refiriendo a la proposición de Ley de Reforma del Estatuto de Autonomía, debatida y aprobada en septiembre del año 2006 en esta Cámara. Este puede ser el marco, la base, para afrontar la reforma. Y a ese marco el Gobierno entiende que han de incorporarse sugerencias y aportaciones que ha hecho en su día, en el Congreso de los Diputados, el Partido Popular. Por tanto, se trataría de un texto nacido de la conciliación de tres voluntades, tres puntos de vista, el del Partido Popular, el de Coalición Canaria y el del Partido Socialista Canario-PSOE, y que sirva de base para construir una proposición de ley que sea consensuada, dialogada y pactada. Esa es, señorías, la voluntad del Gobierno.

La revisión de ese texto pasa por los grupos que en esta legislatura integran el arco parlamentario y, en ese sentido, invito al Grupo Mixto a desarrollar ese trabajo, con voluntad real para propiciar el acuerdo.

Aprovecho para llamar la atención, hacer un llamamiento al Partido Popular, para que deje a un lado lo que nos diferencia y que en esta ocasión, ante unos asuntos tan relevantes, actuemos con una posición común, con generosidad, con voluntad real de mejorar.

Hay mucho camino adelantado pero nada está cerrado. El Gobierno, como anunció el presidente, remitirá al Parlamento una comunicación que contendrá un texto articulado antes de que acabe el año.

El segundo texto legislativo al que he hecho referencia es la ley de cabildos, que ya cuenta con un borrador de articulado redactado. Una iniciativa que desarrolla el artículo 23.3 del Estatuto de Autonomía de Canarias, que establece que la organización y funcionamiento de los cabildos se regirá por una ley aprobada por mayoría absoluta por el Parlamento de Canarias en el marco de la Constitución.

Este borrador, elaborado por la consejería, consta de 148 artículos, 12 disposiciones, estructurado en 6 títulos. Es un borrador producto de un trabajo minucioso, serio, riguroso, que han llevado a cabo experimentados empleados públicos y que goza de un respeto, como no podía ser de otro modo, del marco y de la jurisprudencia constitucional.

Evidentemente ese borrador ha de ser también elaborado y consensuado con los cabildos insulares y el Gobierno hará ese trabajo de participación y de colaboración con los cabildos insulares; y por supuesto también con los partidos políticos y con los grupos parlamentarios.

Todas esas normas no pueden aprobarse, es la voluntad del Gobierno, sino mediante el diálogo, mediante el consenso, mediante el acuerdo mayoritario de las cámaras.

Y para acabar, para acabar, voy a hacer referencia al tercer escalón, que es la aprobación de una ley de los municipios canarios, pero antes hay que abordar, antes de abordar esa ley de municipios vamos a esperar a conocer definitivamente el contenido del proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que está en trámite en las Cortes Generales. Veremos si, como el Gobierno de España ha prometido, se aprueba a lo largo de este año 2013 y, en función de esa aprobación, del contenido de esa norma, nosotros haremos una ley de municipios canarios. Porque los municipios canarios son singulares, merecen una ley, hay marco jurídico para desarrollar esa ley, y la vamos a llevar a cabo.

Señorías, acabo haciendo una reiteración en la propuesta del Gobierno de afrontar, de manera amplia, profunda, ambiciosa, un paquete normativo de modificación...

El señor presidente: Sí, tiene un minuto, un minuto para ir terminando.

El señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad (Hernández Spínola): ...con la aportación de todos los grupos parlamentarios.

Si a ese paquete, de reforma del Estatuto, ley de cabildos y ley de municipios, le sumamos la ley de transparencia, de la que hoy hemos hablado y que el Gobierno traerá también a esta Cámara, creo que podemos completar en esta legislatura un marco normativo capaz de reconquistar el terreno perdido ante la ciudadanía, capaz de acercar de nuevo la Administración a los ciudadanos.

Yo les invito a todos los grupos parlamentarios a reconstruir la confianza de los ciudadanos en las instituciones y creo que tenemos por delante un reto muy motivante. Por lo que espero que este proceso que ahora iniciamos concluya con éxito.

Muchas gracias.

El señor presidente: Muchas gracias, señor consejero, señor Hernández Spínola.

Por los grupos parlamentarios. Grupo Parlamentario Mixto, don Román Rodríguez.

El señor Rodríguez Rodríguez: Señor presidente, señorías: muy buenos días.

A los que no he podido saludar, pues, un fraternal saludo en este inicio de este periodo legislativo, también a los medios de comunicación y a los que nos acompañan en tribuna.

He de decir que tenía cierta curiosidad intelectual sobre lo que pretendía el Gobierno con esta comparecencia. Pensé que estaba referido esencialmente a los trabajos que realiza el Gobierno con un comité de expertos sobre la modernización, sobre la mejora de las administraciones públicas. El señor consejero no me ha sorprendido del todo pero sí en parte. No me ha sorprendido del todo porque he leído en los medios de comunicación la repentina estrategia de desempolvar la reforma del Estatuto de Autonomía, recientemente anunciada por los partidos que sustentan al Gobierno y por el presidente del Gobierno.

Yo he de decirles que nosotros, como nacionalistas convencidos, comprometidos, creemos que nuestro Estatuto es claramente insuficiente y que nuestro Estatuto debe ser revisado en profundidad en esta Cámara y deberá ser aprobado en su momento por las Cortes Generales, pero he de decirles que me sorprende que los que perdieron la oportunidad de una reforma importantísima de nuestro Estatuto en el año 2006, en las Cortes Generales, teniendo la oportunidad y las condiciones políticas para esa reforma, y que retiraron de forma intencionada por intereses estrictamente partidistas, ahora retomen este trabajo en un contexto peor, más difícil. Hay una mayoría política en el parlamento español que me da la impresión -y a lo mejor me equivoco- de que no va a estar muy dispuesta a reformar estatutos para ampliar competencias, para profundizar en el desarrollo de un Estado descentralizado. A lo mejor me equivoco y resulta que todo lo que hemos vivido en este año y medio de recentralización del Estado es solo un espejismo y hay una mayoría parlamentaria en las Cortes Generales capaz de revisar nuestro Estatuto para profundizar en el autogobierno. Pero creo que no me equivoco. Creo sinceramente, y nosotros apoyaremos cualquier trabajo parlamentario para profundizar en el autogobierno, estaremos ahí y vamos a pelear por que esto sea posible, pero lo que me sorprende es que los partidos que apoyan al Gobierno, que conocen perfectamente la correlación de fuerzas de las Cortes Generales, crean oportuno en este momento, al menos desde el punto de vista del éxito, retomar semejante tarea.

Y he de decir que, efectivamente, los estatutos de segunda generación que se han dado en la estructura del Estado español se produjeron en las legislaturas de José Luis Rodríguez Zapatero, porque lo tenía en su ideario, en su voluntad política, y perdimos la oportunidad de profundizar en un Estatuto en el que aquí se había alcanzado un interesante nivel de consenso y que suponía un avance sensible, no total, pero sensible sobre el modelo diseñado en el Estatuto del 96.

Yo, sinceramente, no quiero ser cenizo en los pronósticos, pero, oiga, en el 2006 había condiciones políticas para reformar aquel Estatuto en profundidad. Se reformaron ocho estatutos, se amplió el autogobierno d e forma sensible, se actualizaron las competencias a una nueva realidad económica, tecnológica, política y social, y se perdió esa oportunidad porque en este Parlamento se retiró ese Estatuto por razones estrictamente partidistas, por los intereses de una organización que consideraba en ese momento que una reforma del Estatuto de Autonomía podía suponer una modificación sustancial del sistema electoral que no le convenía. Y se retiró. Esa oportunidad, los que entendemos un poquito de la situación política española y reconocemos la complejidad, no se va a producir en esta legislatura con una mayoría conservadora en las Cortes Generales. Hay que estar soñando para pensar que, aunque aquí acordemos la mayoría un nuevo Estatuto, ese nuevo Estatuto va a contar con el apoyo de la inmensa mayoría, hoy en manos conservadoras, ganada democráticamente, cuando en su ideario, cuando en su práctica política van en sentido contrario a lo que aquí vamos a plantear (El señor presidente abandona su lugar en la Mesa y ocupa la Presidencia el señor vicepresidente primero, Cruz Hernández.)

A mí me parece más que ustedes están en otra huida hacia delante. Que podemos compartir y, si se abre ese trabajo en esta Cámara, nosotros estaremos en primera línea tratando de contribuir. Pero sí que digo que no hay ninguna condición objetiva, ninguna posibilidad real de que en las Cortes Generales, con la mayoría política actual, se profundice en el autogobierno de esta tierra. Si no respetan lo que tenemos, ¿cómo vamos a pretender un Estatuto más evolucionado con los que no acaban de creerse el modelo de Estado complejo, compuesto, diverso, que representa la Constitución del 78?

A mí me parece más que ustedes han puesto esto en la agenda para eludir el debate de la reforma electoral, que lo tendremos que tener, espero, y seguramente para tratar de no asumir la parte que les corresponde de la reforma de las administraciones públicas, porque por abajo, por los ayuntamientos, legislación estatal pendiente; por arriba, los estatutos, legislación estatal, porque las Cortes Generales aprueban los estatutos de autonomía, que son leyes orgánicas básicas. De manera que ustedes dicen: "no puedo moverme por abajo porque la ley estatal me lo impide, tampoco me muevo por arriba porque no nos aceptan el Estatuto", de forma que el gran objetivo de la mayoría política de este Parlamento se quedará en nada, pero no por culpa propia, sino porque las Cortes Generales no reforman el Estatuto o hacen una reforma de las administraciones locales que no es de su parecer -tampoco del nuestro-.

De manera, señor consejero, que tenía alguna curiosidad, pero la verdad es que no me parece que hayan encajado ustedes esto de los cambios en las administraciones públicas, que a mí siempre me pareció un mito, ¿no? Es decir, grandilocuentes declaraciones, como si esto fuera fácil, ¿no? ¡No tenemos competencias para tocar la estructura competencial de las corporaciones locales!, no las tenemos en este Parlamento. Y aunque nosotros aprobemos aquí un Estatuto como el que se aprobó en el 2006, mejorado, evolucionado y adaptado, tenemos el pequeño inconveniente de que la mayoría política para darle rango legal al Estatuto es de las Cortes Generales. Mejor sería que hiciéramos lo que se puede hacer: actuar sobre lo que sí tenemos competencia, sea reforma electoral, sea reforma de las administraciones públicas.

Por lo tanto, no he entendido muy bien la pretensión del Gobierno con esta comunicación. Lo que sí les digo y les reitero es que nosotros vamos a estar en cualquier proceso de debate de profundización del autogobierno. Vamos a ser rigurosos y vamos a hacer nuestras aportaciones como nacionalistas consecuentes.

Insisto, espero que detrás de desempolvar este expediente no esté solo una táctica, una maniobra para recolocar este debate, porque, insisto, los antecedentes son los antecedentes. Sí tuvo esta comunidad una gran oportunidad, un momento extraordinario para profundizar en el autogobierno, para proteger nuestros derechos, para blindar el REF, para garantizar algunos preceptos del REF, no solamente su blindaje sino, por ejemplo, en materia de inversiones en el Estatuto. Y hay que decir que, a pesar de la mayoría política que lo remitió a las Cortes Generales y se defendió, fue este Parlamento, insisto, quien lo retiró. ¡Lo retiraron por razones estrictamente partidistas!, sacrificando una oportunidad histórica de promover un Estatuto en profundidad. El tren no pasa cuando uno quiere, pasa cuando pasa, y yo, desgraciadamente -ya me gustaría pensar de otra manera-, tengo la impresión de que mientras la mayoría conservadora esté en las Cortes Generales, como está en estos momentos, va a ser difícil no ya mejorar el texto que se envió en el 2006, ¿eh?, sino el propio texto del 2006. Las cosas han cambiado en relación al modelo de Estado y el Partido Popular eso lo tiene razonablemente claro. Yo no lo comparto. Va a ser muy difícil, muy difícil, que el Estatuto que aquí se propuso en el 2006 lo acepte la mayoría conservadora en España, por no decir imposible.

En cualquier caso, nosotros estaremos en este intento, pero sí les digo que espero que esto no solo sea una maniobra para rellenar, para rellenar discursos, para eludir responsabilidades, porque ni va a depender de nosotros la reforma local ni va a depender solo de nosotros la reforma estatutaria. Lo que sí podía depender esencialmente de nosotros es la reforma de las administraciones intracanarias donde tengamos competencia. Y lo que espero es que esto no sea un pretexto para no tocar lo que podemos tocar de nuestra estructura administrativa, para hacerla más eficiente, para hacerla más respetuosa con las estructuras competenciales de los demás.

Y acabo diciendo, porque de la misma manera que nosotros reclamamos más autogobierno y el respeto al autogobierno vigente, lo propio hay que hacerlo con los otros ámbitos institucionales y en este Parlamento se han decidido leyes por la mayoría del Gobierno que no respetan las competencias, por ejemplo, de los cabildos. De manera que debieran hacer ustedes una revisión también de la estructura competencial vigente, que es vulnerada. Por ejemplo, sin ir más lejos, la ley de renovación turística, donde desde luego algunos creemos que claramente se introducen en competencias de orden insular e incluso local.

Por lo tanto, hay que ganarse esto a pulso, me refiero a lo de la credibilidad en la política, lo de que la reforma de la Administración es un objetivo estratégico, y yo le pediría que no la vincule a la reforma del Estatuto, que no la vincule a la reforma de las administraciones locales, porque esas dos cuestiones van por otro camino. Desgraciadamente no dependen de nosotros y seguramente no sean del gusto de la mayoría de este Parlamento, donde me incluyo.

Muchísimas gracias.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señor diputado.

Pasamos a la intervención del Grupo Parlamentario Socialista Canario. Don Manuel Fajardo, por tiempo de diez minutos tiene usted la palabra.

El señor Fajardo Palarea: Buenos días, nuevamente, señorías. Buenos días, señor consejero.

Señor consejero, está usted compareciendo hoy aquí, en este Parlamento, para informarnos de los trabajos que desde su consejería se vienen desarrollando en orden a acometer la reforma de la Administración pública canaria y ya nos ha trasladado en su primera intervención el calado de esos trabajos, su ritmo, su metodología y sus objetivos. Pues bien, desde mi grupo parlamentario aplaudimos estas iniciativas, puesto que son el reflejo del cumplimiento de parte del pacto de gobernabilidad que tenemos firmado con Coalición, CCN y PNC, en concreto en la parte tercera del mismo, que aparece enmarcada dentro de la Nueva administración de la ciudadanía, y en la que bajo la premisa de que las políticas de autogobierno y la acción de la Administración deben partir de la ciudadanía, como eje de la decisión pública, señalábamos -en ese pacto- que queríamos y queremos promover un nuevo Estatuto para Canarias. No sé algunos la sorpresa que pueden tener, cuando viene en el pacto de Gobierno y además, como explicaré después, fue objeto de la aprobación de una propuesta de resolución. Aunque la capacidad de sorpresa, señor consejero, es ilimitada: a mí me sorprende muchísimo que alguien que fue elegido con un sistema electoral y que no protestó al quedarse fuera del Parlamento tres diputados por la isla de Lanzarote por solamente ciento y pico votos ahora, está en contra, esté en contra o se sorprenda, porque yo me pueda sorprender por ese cambio de actitud. Por tanto, como le digo, la capacidad de sorpresa es ilimitada en las personas.

Pero decirle que estamos de acuerdo con promover ese nuevo Estatuto y, como usted bien ha explicitado, máxime dándose la circunstancia de que en el periodo 2006-2007 se alcanzó un importante acuerdo político que propició que se tramitara en el Congreso de los Diputados, tras su aprobación por el Parlamento de Canarias, un texto de nuevo estatuto de autonomía en el que Canarias se reconocía como un archipiélago atlántico, con importantes consecuencias en su identidad como comunidad lejana insular y en su nivel competencial. Propuesta esta que refrendamos las formaciones políticas que sustentamos el Gobierno en el último debate sobre el estado de la nacionalidad mediante la aprobación, como bien sabe la Cámara, de una propuesta de resolución en este sentido, abogando por dicho nuevo Estatuto, sobre la base de aquel texto, para que supusiera, en definitiva, su actualización, convirtiéndolo en uno de los denominados -usted lo ha citado- estatutos de nueva generación, tal y como se han aprobado, y lo ha dicho el interviniente del Grupo Mixto, en otras comunidades autónomas con posterioridad a estos hechos.

Señorías, de todos es sabido que dicho texto no llegó a aprobarse definitivamente, lo que no es óbice -y nosotros no vamos a renunciar- para que lo volvamos a intentar. ¿A qué tenemos que esperar, según lo que hemos escuchado? ¿A que el Partido Popular deje de gobernar España? ¿A que algún partido de derechas deje de gobernar España? Nosotros entendemos que no, entendemos que lo debemos intentar, a ser posible por unanimidad de esta Cámara y con el más amplio consenso en esta comunidad.

Estatuto, por cierto, en el que también pretendemos incorporar nuevas previsiones en el régimen electoral que rige para nuestra comunidad, haciéndolo más democrático. El Partido Socialista aboga por una reforma del sistema electoral por convicción, no por hacer reformas de sistemas electorales con calculadora. Queremos una reforma del sistema electoral y creemos que debe debatirse dentro de ese amplio trabajo que nos va a llevar la reforma del Estatuto de Autonomía.

También, señor consejero, en este pacto promovíamos y promovemos, como usted bien ha dicho, una nueva ley de administraciones públicas canarias, que defina con criterios de racionalidad y eficacia el marco competencial de cada una de las administraciones locales canarias, evitando la duplicidad de competencias, elaborando la consiguiente carta de servicios a prestar por ellas, reservando para la comunidad autónoma aquellas que por su naturaleza rebasen el ámbito insular, así como las conducentes a garantizar los principios de solidaridad e igualdad entre los isleños. Teniendo en cuenta, en relación al régimen de organización y funcionamiento, a los cabildos insulares -cómo no- y a los ayuntamientos de Canarias y la financiación de las haciendas territoriales, adecuándola al nuevo modelo organizativo que resulte de la distribución competencial Gobierno, cabildos, ayuntamientos, mediante las modificaciones legales oportunas, sin perjuicio, claro está, y usted lo ha dejado bien claro, de la competencia que ostenta el Estado en algunas de estas materias.

Señor consejero, no es la primera vez que en esta legislatura abordamos este tema. Ya al inicio de la misma, y con motivo de una comparecencia solicitada por el Grupo Parlamentario Popular, sobre la duplicidad de competencias y funciones en las administraciones públicas canarias, usted se fijaba como tope máximo para acometer las reformas de las que he hablado dicho periodo, o sea, la legislatura, especificando que el resultado iba a ser, primero, examinar dónde están las disfunciones, dónde están las duplicidades, dónde están los costes excesivos o duplicados, y a partir de ahí ir viendo en los tres ámbitos -municipal, insular y autonómico- qué competencias están solapadas para ir atribuyendo cada una de ellas, siendo luego el resultado final de este proceso las leyes que correspondan, las que usted acaba de anunciar.

Y también decía usted que había, y en eso creo que coincidimos todos los miembros de esta Cámara, algunos principios que parecía debían presidir las orientaciones de futuro para encarar este proceso. Le recuerdo: un primer principio, el de subsidiariedad; un segundo principio, el de la cooperación institucional, fomentando la mancomunidad; y un tercer principio, el de la lealtad institucional. Haciendo usted la siguiente reflexión, con la que también coincidimos, que en la coyuntura actual, y sabiendo que esto no es un asunto que va a resolver ni va a ser la panacea de la crisis económica, sí que es cierto que los ciudadanos en momentos de crisis quieren que sus administraciones públicas sean ágiles, sean eficaces y sean modernas y desde luego resuelvan los problemas de una manera mucho más eficaz y eficiente.

Y en esa comparecencia, señor consejero, le requerían a usted para que actuara ya. Recuerdo, finales del año 2011, y este grupo le recomendó y le vuelve a recomendar que actúe con el tiempo prudencial, porque las prisas suelen ser malas consejeras; que actúe usted con el consenso que acaba de anunciar y con el estudio pormenorizado para saber las causas de las posibles disfunciones. Recomendación que el Gobierno asumió.

Señorías, en comparecencia posterior, instada por el Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, la 112 en concreto, sobre revisión de la Administración planteada a los representantes de la Fecai y la Fecam, la señora Zamora hacía una reflexión acertada, motivo por el que la vuelvo a traer a esta Cámara, cuando decía: "la crisis tiene algo bueno, muy poco, pero algo sí, que es que las crisis dan una oportunidad para cambiar lo que no funciona y esta crisis va a ofrecer la oportunidad de que las administraciones públicas estudien qué servicios están ofreciendo a los ciudadanos por duplicado para desembocar en una Administración más ágil, racional, transparente, eficiente y austera". Y este es el objetivo, señor consejero, tal y como usted dijo en esa comparecencia. Se trata, por tanto -decía usted-, de garantizar un funcionamiento transparente plenamente democrático de los gobiernos locales, así como la disposición de unas bases sólidas para que los mismos desarrollen una gestión eficaz y eficiente, tanto de sus intereses como de los servicios que prestan a todos los ciudadanos de Canarias, con el mayor consenso posible de los cabildos, ayuntamientos, fuerzas políticas, agentes sociales y la ciudadanía en general, respetando las particularidades de nuestro territorio, como usted bien ha anunciado.

En definitiva, señor consejero, como decía usted en la comparecencia 380, posterior, instada por el Grupo Parlamentario Popular, sobre los trabajos realizados por el comité de expertos para la reforma de las administraciones públicas, las reformas hay que hacerlas, sí, pero con tiempo, con serenidad y con consenso. No se pueden hacer modificaciones de calado, como las que afectan a la restructuración del conjunto de las administraciones públicas sin que haya un acuerdo suficiente, aunque cierto es que otras fuerzas políticas lo hacen de manera diferente, pero ni es la forma de proceder de los grupos que apoyamos al Gobierno ni la del propio Gobierno.

Termino, señor consejero, poniendo en valor la información que usted nos ha trasladado y animándole a que no ceje en el empeño de seguir con el iter que se ha marcado, en la esperanza de que conseguiremos la unanimidad de la Cámara, ya que estoy seguro de que tanto el Grupo Mixto como el Grupo Popular, pese a que han hecho algunas manifestaciones en esas comparecencias, podrán votar a favor. ¿Por qué? Porque voy a citar al portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la primera de las comparecencias, le decía usted que el PP y el Grupo Parlamentario Popular le tendían la mano para acometer esta reforma, porque creían de verdad que es buena para Canarias y se comprometieron a no poner ni una sola chinita en el camino y a facilitar en la medida de sus posibilidades todo el trabajo que fuera necesario. Estarán de acuerdo tanto con el proceso como con el objetivo que ustedes nos han señalado. Eso es lo que yo espero para que las reformas de gran calado que usted acaba de anunciar salgan con la unanimidad de esta Cámara y con el máximo consenso de la ciudadanía de Canarias.

Gracias.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señor diputado.

Por el Grupo Nacionalista Canario, don José Miguel Ruano, por tiempo de diez minutos tiene usted la palabra.

El señor Ruano León: Señor presidente, señorías: buenas tardes. Señor consejero de Presidencia.

La comparecencia, como se ha señalado ya, está pedida por parte del Gobierno y, por tanto, el Gobierno lo que ha venido a plantearnos, y creo que con buen criterio, es una diferenciación inicial entre medidas que tienen que ver con los procesos de simplificación, mejora, modernización de la Administración pública, que han sido objeto de comparecencias específicas tanto en pleno como en comisión, y el planteamiento en relación con decisiones que van a trascender con mucho esta legislatura. Es decir, estamos en un momento político en el cual quizá la inmediatez de las decisiones económicas en relación con la crisis ha producido el efecto de creer que todo, toda la legislación, toda la normativa, en fin, el propio modelo de Estado, es causante de la crisis. Algunos han llegado al paroxismo más absoluto de decir que al final es el Estado autonómico el responsable de la crisis y alguna vez también hemos dicho en esta tribuna que, por asemejarnos a unos o a otros, podríamos asemejarnos más a Alemania en su estructura de Estado, una estructura federal de Estado, que a Portugal, que tiene una estructura unitaria de Estado y, sin embargo, es un Estado rescatado por la troika comunitaria. En fin, podemos entrar en contenidos de naturaleza política, que seguro que entraremos en ellos, cuando empecemos a trabajar sobre la normativa que nos anuncia el consejero de Presidencia.

El Estatuto, señor Rodríguez, o el compromiso de reforma del Estatuto, es un compromiso asumido entre Coalición Canaria y el Partido Socialista, y Coalición Canaria se presentó, como es sabido, en una coalición electoral con CCN y PNC, las organizaciones políticas nacionalistas que concurrieron con el Grupo Socialista, o con el Partido Socialista, perdón, en un acuerdo. Ese acuerdo se está cumpliendo y se va a seguir cumpliendo. Por tanto, nosotros vamos a seguir trabajando.

Me gustaría, a su vez, decirle o aprovechar la ocasión para decirle que también con ustedes hemos llegado a algunos acuerdos. Por ejemplo, llegamos al acuerdo de presentarnos conjuntamente en las elecciones del 2011, en las generales del 2011, y resulta que en el contenido de aquel documento está el que ambas formaciones políticas promoverán la modificación del Estatuto de Autonomía de Canarias para tender hacia un Estatuto de segunda generación.

En fin, lo digo por la revisión, por la posición, por la revisión de los tiempos, y cuando interpretemos el tiempo -y esto es una cuestión que a menudo se plantea en esta Cámara-, cuando interpretemos el tiempo e interpretemos las decisiones de entonces en relación con las de ahora, digamos qué hizo cada cual en cada momento, porque cuando usted se refiere a la retirada del Estatuto por parte del Parlamento de Canarias, no quiere recordar que previamente se había producido un bloqueo en la ponencia constitucional del Congreso de los Diputados. Un bloqueo producido porque resulta que habíamos llegado a determinados acuerdos en el arco parlamentario canario, en el cual, pues, en aquel momento teníamos un acuerdo, Coalición Canaria tenía un acuerdo con el Partido Popular, llegó a un acuerdo en las Cortes Generales con la portavoz popular, y fui yo el que en nombre de mi partido hice aquella tarea junto con un compañero de partido, con la portavoz popular, la señora Sáenz de Santamaría entonces, y el señor Trillo, hoy embajador en el Reino Unido.

Por tanto, cuando escribamos la historia, volveremos a hablar de esa historia cuando llegue el momento. Lo que digo es que vamos a intentar que la sesión de hoy, de esta mañana, no se centre en un asunto que no tiene que ver. Desde luego no se puede escribir como usted lo ha escrito o lo ha descrito en su intervención.

Por lo demás, yo quiero centrarme hoy en los compromisos que asume el Gobierno, que creo que son muy relevantes desde el punto de vista del contenido, porque pueden marcar, sin duda, la legislatura.

La reforma del Estatuto tiene un escenario complicado desde el punto de vista de la recepción futura por parte del Congreso de los Diputados. Eso no es un tema que se le pueda escapar a nadie en un momento político en el cual, pues, la tendencia de recentralización en nombre de la crisis está más que constatada, pero eso no significa que el Parlamento de Canarias no tenga una responsabilidad en relación con los compromisos asumidos ante el electorado por todas las fuerzas políticas que concurrieron a las elecciones autonómicas y también por la posibilidad o por la oferta que formula en nombre del Gobierno el consejero de Presidencia, y que yo puedo formular también en nombre de mi grupo hacia los demás grupos, para intentar llegar a un texto que tenga viabilidad y que tenga contenido en el Congreso de los Diputados para ser realmente un nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias.

Es evidente que tanto el contenido como los tiempos los iremos manejando en función de cuáles sean los grados de aproximación o distanciamiento que podamos tener frente a la fuerza política que hoy gobierna el Estado y también si tienen o no capacidad real los populares de Canarias para intervenir o influir en algo, en algo, en el contenido de ese Estatuto o en la tramitación que ese Estatuto pueda tener en las Cortes Generales.

En fin, digamos, señor consejero -y también se lo digo al señor Rodríguez-, que eso es un tema que iremos trabajando, lógicamente, sobre la marcha. Nuestra voluntad, nuestro propósito, es concurrir al cumplimiento de los compromisos y el texto base adoptado, tomado en consideración en el Congreso de los Diputados en febrero del 2007, es para nosotros un buen punto de referencia.

Estamos también dispuestos a hablar sobre las enmiendas que en aquel momento formulamos, coformulamos porque las presentamos conjuntamente en el seno del Congreso de los Diputados, desde el Grupo Popular del Congreso con el Grupo Parlamentario Mixto, Coalición Canaria dentro del Grupo Parlamentario Mixto, en el Congreso de los Diputados.

Por lo tanto, creemos, señor consejero de Presidencia, que es un buen punto de partida y creemos a su vez que ese es el escenario donde los grandes temas de Canarias van a tener que encontrar un reforzamiento y, obviamente -usted ha citado algunos de ellos-, nosotros no queremos hacer de este debate de hoy precisamente ese contenido. Ya llegará, llegará, y va a contar usted, va a contar el Gobierno, obviamente, con la concurrencia del Grupo Parlamentario Nacionalista en el propósito de lo que una formación nacionalista canaria pretende de cuál sea su marco de relaciones con el Estado.

En fin, creo que es, por tanto, una buena noticia la que nos da respecto de este asunto.

A mí me preocupa, intento terminar mi exposición en relación con cómo plantea o cómo quiere plantearse el Gobierno la reforma de las administraciones públicas canarias. En este caso usted la formula a través de dos instrumentos formales a modo de ley, porque, frente a la regulación actual del año 90, en la cual tanto cabildos como ayuntamientos se confieren por un texto único, más allá de que en los ayuntamientos tenemos también la regulación del Fondo Canario de Financiación Municipal... La estructura está consolidada en el texto del año 90. Si lo va a hacer de esa manera, habrá incidencia también en la ley de cabildos, respecto de la ley que se tramita ahora ya en el Congreso de los Diputados de sostenibilidad de la Administración local. En fin, da igual. Lo que quiero decir es, como lo formule el Gobierno tiene que ver con cuáles sean los tiempos, y los tiempos de la legislatura, señor consejero -se lo dijimos ayer a los consejeros de Coalición Canaria en el Gobierno-, tienen también que ver con la norma interna que tiene el Gobierno de tramitación de las iniciativas legislativas. Están tardando demasiado en algunas iniciativas legislativas y después los procedimientos que se quieren o se pretenden en el seno del Parlamento son procedimientos acelerados. Por tanto, en fin, es el Gobierno el que tiene que determinar cómo hacerlo, pero sí es nuestra voluntad que las dos leyes que usted nos ha anunciado sean leyes a final de esta legislatura. Y, por tanto, nosotros vamos a concurrir naturalmente con el Gobierno en que ese propósito que usted nos anuncia hoy sea realmente un acto que se traduzca en una voluntad mayoritaria de esta Cámara conformando esos proyectos como leyes del Parlamento de Canarias.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señor diputado.

Por parte del Grupo Parlamentario Popular, don Emilio Moreno, por tiempo de diez minutos tiene usted la palabra.

El señor Moreno Bravo: Muchas gracias, señor presidente. Señorías.

Señor consejero: no le creo. Lo lamento, pero no le creo. Ni yo ni el Grupo Parlamentario Popular. Usted ha venido hoy aquí exclusivamente a buscar titulares. Le informo, venía usted a informar, según la comparecencia que presenta ante este Parlamento, sobre el proceso de reorganización de las administraciones públicas canarias.

Mire, señor Hernández, el Gobierno, y usted en particular, viene prometiendo una reforma de las administraciones públicas canarias desde el minuto uno de la legislatura. Hace ya más de dos años. Se lo ha puesto de manifiesto incluso el portavoz del Grupo Nacionalista. Tardan ustedes mucho, tardan una eternidad, tardan la legislatura. ¿Pero cuándo quieren ustedes traer algo a la Cámara que podamos leer y podamos discutir? ¿Cuándo, señor Hernández? Y ahora se propone usted dar impulso a la reforma, cuando solo falta un año y medio. Vuelvo a decirle, no le creo nada, absolutamente nada. Está usted desacreditado.

Vincula usted ahora la reforma de las administraciones públicas, sí, con la reforma del Estatuto y, ¡por Dios!, incluso ha dicho usted aquí con las aguas canarias. ¿Pero usted cree que vamos a aceptar disparates jurídicos de posturas nacionalistas sobre las aguas canarias? Sí, sí, ha hablado usted de las aguas canarias, a lo mejor es que no se acuerda cuando lo ha leído, porque se lo ha hecho alguien de su departamento.

Y lo llevan ustedes anunciando desde el principio y prometiendo lo mismo desde el primer día. Pero, eso sí, sin hacer absolutamente nada. El señor Rivero, el primero de ellos. ¡Qué pena que nunca esté aquí! Nunca está, nunca está en el hemiciclo. Se presentó ante esta Cámara a comienzos de julio del 2011, en su discurso de investidura, proponiendo una reforma de las administraciones públicas canarias. En otoño del 2011, el Grupo Parlamentario Popular -aquí ya se han hecho menciones al respecto- planteó formalmente una reforma, mediante la elaboración, aprobación y aplicación de un plan integral de racionalización y adelgazamiento del sector público en Canarias. Entonces los grupos que apoyan al Gobierno -el Grupo Nacionalista Canario y el Grupo Socialista- rechazaron nuestra iniciativa y quién sabe si como contrapartida o por vergüenza más bien en noviembre el señor Rivero crea el comité de expertos. ¡Y usted hoy ni lo nombra! Lo recordarán ustedes, le hago memoria, porque usted hoy ha olvidado ese famoso comité de expertos. Un comité que crea el presidente y que debía reunirse con frecuencia y evacuar informes periódicos cada tres meses. ¿Lo recuerda?, ¿lo recuerda, señor consejero? ¿Lo recuerda la Cámara? No le reprocho que no se acuerden. Ciertamente, desde aquella fecha -noviembre del 2011- hasta el día de hoy no hemos tenido apenas noticias de su existencia. Y no podemos valorar bien lo que conocemos mal, máxime cuando sus miembros, como apuntó el señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad en esta tribuna, se reúnen por amor a Canarias. Y, si me lo permite, mi grupo parlamentario preferiría que, aparte de reunirse por amor a Canarias, se reúnan por la reforma de las administraciones públicas canarias.

Pues bien, este comité tan amoroso, tal como lo definió el señor consejero, no ha servido para nada hasta este momento. Ahora nos plantamos con la reforma del Estatuto. Y así lo demuestran las primeras actas de este comité de expertos -que hoy no se ha querido nombrar y se ha ocultado-, y que tuvo a bien facilitar el Gobierno a este grupo parlamentario, y que databan, imagínese usted, ni más ni menos que de comienzos de 2012 y estamos en septiembre, a día 10, de 2013. Eso sí, en el comité de expertos de la reforma de las administraciones públicas canarias, que crearon ustedes para la reforma de las administraciones públicas canarias, no para otra cosa sino para esa reforma, se habló de todo, de lo divino y de lo humano. Y además cosas curiosas, interesantes, a veces muy variopintas de la vida: carrera profesional de los funcionarios, modernización, traslados... Quién sabe, se hablaba de todo y de nada, y de nada de lo que realmente se debía hablar; es decir, de lo que debía hablarse, de la reforma de las administraciones públicas canarias, para provocar y conseguir una cura de adelgazamiento y de cierta racionalidad en las administraciones públicas a fin de ser más eficientes y menos costosas a los ciudadanos.

¿De la reforma real?, no hemos visto nada. Se nos habla ahora de una ley de cabildos, un proyecto o borrador de ley de cabildos, pero ¿dónde está? Yo quiero verlo, sinceramente, señor consejero. No puedo hablar de lo que no sé ni de lo que no conozco. ¿Pero dónde está ese borrador? No sé, también lo debe usted tener guardado. Hoy no me lo ha exhibido con las fotocopias, como me hace siempre, "aquí está, aquí está", hoy sí que no me lo exhibe. Al menos reconózcalo, señor Hernández: de la reforma de la ley ustedes siguen sin hablar en serio, con la convicción debida para afrontar realmente este proceso de esta naturaleza.

Y, fíjese, ha habido miles de oportunidades. Se lo confieso, el Partido Popular ha estado pesado en este tema y, no se engañe, lo seguiremos estando. En este hemiciclo hemos venido defendiendo sin descanso una reforma útil de la Administración pública pensando en los administrados, y lo hemos hecho desde el comienzo de la legislatura, lo hemos hecho desde el comienzo de la legislatura y lo seguiremos haciendo hasta el final. Entre tantas oportunidades quiero recordarle una en particular: a comienzos de este año 2013, cuando el Partido Popular se sentó con el Gobierno a dialogar -imagino que el señor Fajardo Palarea tendrá que informar al señor consejero telefónicamente para que no me atienda-. Y uno de esos ejes fundamentales, de aquel diálogo, era consensuar la reforma de las administraciones públicas. Y seguro que el señor Hernández, que es un hombre despierto, recordará perfectamente el preacuerdo que alcanzamos -tres apartados-, y estuvimos de acuerdo entonces y seguimos estando de acuerdo ahora. El primer apartado, el Gobierno de Canarias se comprometía a elaborar y presentar a la Cámara, en el anterior periodo de sesiones, ya finalizado, un proyecto de reforma de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias. Esta reforma debía atender a los objetivos de modernización organizativa, clarificación competencial, racionalización de acuerdo a los principios de eficacia, estabilidad, eficiencia, sostenibilidad, garantizando el control financiero-presupuestario de las administraciones y debía culminar de una vez el proceso descentralizador de la comunidad autónoma en favor de los cabildos insulares, sin perjuicio del protagonismo que les corresponde a los ayuntamientos como administración más próxima al ciudadano.

En línea con lo anterior, ese proceso descentralizador, señor Hernández, debía llevarnos a un Gobierno y a una comunidad autónoma con un modelo de sector público reducido y estrictamente ajustado a lo necesario para ejecutar políticas de su competencia, y así poder articular el impulso económico y social que garantice la solidaridad y la cohesión territorial de Canarias.

En eso estábamos de acuerdo hace seis meses, en marzo. Incluso usted, en una conferencia de prensa, llegó a afirmar, tras un consejo de Gobierno, que dicha mesa de trabajo o que su mesa de trabajo con el Partido Popular estaba cerrada y tenía luz verde. Pero sus señorías pensarán: ¿qué ha pasado desde marzo? Pues nada, lo de siempre: humo, humo y nada más que humo, señor Spínola, nada más.

Como comprenderá el señor consejero, no se extrañe de que no le crea. No le creo nada, ni a usted ni a los grupos que apoyan a su Gobierno. No es extraño que en materia de reforma de la administración, administrativa, mi grupo, el Partido Popular, no les crea nada, y a los hechos me remito. Ni han tenido la determinación para presentar un proyecto de ley en nuestra Cámara, a pesar de sus reiteradas promesas, ni han tenido la valentía de abrir un diálogo útil con los ayuntamientos y los cabildos insulares. Eso sí, al proceso de reforma que se plantea a nivel nacional únicamente ustedes son capaces de aportar descalificaciones y de sembrar dudas y miedos entre los ayuntamientos y cabildos.

Es más, hasta han pretendido ustedes crear un frente politizado con todos los consistorios canarios contra el Gobierno de la nación, y hasta en eso han fracasado.

Y en la casa propia, nada de reformas. En su Gobierno, nada de reformas. Reajustaron un Gobierno con una reducción ridícula de centros directivos y cargos públicos. Eso sí, blindaron las empresas, las fundaciones, los entes, las embajadas, los organismos públicos... Todo eso ajustadito y bien atado, y bien blindado.

¿Qué quiero decir? Quiero decirle, señor consejero, que por sus hechos les conocemos y en este tema seguimos sin creerles. Usted hoy comparece en esta tribuna a petición propia para anunciarnos esto, lo otro y lo de más allá, buscando titulares única y exclusivamente, y mi experiencia -me vuelvo a reiterar y a repetir-, que tiene este diputado y mi grupo parlamentario y yo diría la experiencia que tiene toda la Cámara, este Parlamento, es desconfiar, aburridos como estamos de ustedes, de los anuncios de reformas y medidas que nunca, nunca, han llevado a cabo. Ojalá, de todas maneras, y espero que algo, aunque sea parcialmente, de sus buenas palabras se convierta...

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Tiene usted un minuto para concluir, señor diputado.

El señor Moreno Bravo: Muchas gracias, señor presidente.

Le reitero y le repito: ojalá que algo, aunque sea poco, de sus buenas palabras se convierta en realidad por primera vez y esta comunidad autónoma y este Parlamento tengan la oportunidad, de la mano de los ayuntamientos y cabildos canarios, de abordar una reforma de las administraciones públicas. Señor consejero, señorías, esa reforma sí que es urgente, de verdad, oportuna y necesaria para Canarias y, en especial, para los ciudadanos canarios, que sufragan con sus impuestos el mantenimiento de la comunidad autónoma y de las corporaciones locales del archipiélago. Pero déjese de quimeras, señor Hernández Spínola, déjese de quimeras. En lo demás, en todo lo que sea ayudar por esa reforma, nos encontrará al Grupo Parlamentario Popular.

Nada más y muchas gracias.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señor diputado.

Para contestar a las intervenciones de los distintos grupos parlamentarios, por parte del Gobierno el señor consejero de Presidencia, don Francisco Hernández Spínola, tiene la palabra por tiempo de diez minutos.

El señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad (Hernández Spínola): Señor presidente, señorías.

Creo que hoy hemos asistido a un debate interesante, un debate importante. No estamos hablando de asuntos coyunturales: estamos hablando del núcleo esencial del autogobierno de Canarias. Estamos hablando de acometer desde el Gobierno de Canarias, con el apoyo de los dos grupos que lo sustentan -el Grupo Nacionalista y el Grupo Socialista- y con la invitación que le hemos hecho al Grupo Popular y al Grupo Mixto, hacer en esta legislatura unas reformas de calado que irán en beneficio de los ciudadanos de Canarias. Creo que no podemos seguir como vamos y llevamos ya unos cuantos años. Tenemos autonomía desde el año 1982 y sucesivos gobiernos vienen hablando de la necesidad de reformar las administraciones públicas, prácticamente en todas las legislaturas. Lo cierto es que hemos llegado al año 2013 y eso no se ha materializado, y este Gobierno, desde el anuncio que hizo el presidente en el debate de investidura, se ha comprometido, y eso es un reto.

Y es una actitud valiente coger el toro por los cuernos y afrontar un proceso de reformas como el que nosotros hemos anunciado, nada más y nada menos que modificar el Estatuto de Autonomía, traer aquí una ley de cabildos y traer una ley de municipios. Lo vamos a hacer, aunque haya algunos incrédulos, lo vamos a hacer porque Canarias lo necesita, porque este es un buen momento para reformar el Estatuto de Autonomía. Sí, es un buen momento para reformar el Estatuto de Autonomía. Hemos visto que con la crisis necesitamos herramientas ágiles para, mediante decretos-leyes, poder haber dictado leyes que no hemos podido hacer y hubiésemos resuelto asuntos tan importantes como los desahucios, el problema de las hipotecas y otras muchas cuestiones que precisaban de un marco, de una normativa con rango legal y que ha sido imposible llevar a cabo con prontitud, como han hecho otras comunidades autónomas. Por tanto, es momento oportuno para aumentar el nivel competencial de Canarias.

Estamos de acuerdo yo creo que todas las fuerzas políticas en que tenemos un sistema electoral injusto. ¿El sistema electoral es injusto?, pues, bueno, si es injusto, ¿por qué vamos a mantenerlo? Tenemos una ocasión todos de cambiarlo. ¡Aprovechemos la ocasión! Por tanto, reitero la invitación.

El Régimen Económico y Fiscal. El Régimen Económico y Fiscal tiene una garantía débil a día de hoy y tenemos que modificarlo. Tenemos los instrumentos, vamos a potenciar la Comisión Bilateral, que no se produzca una modificación del Régimen Económico y Fiscal a espaldas de este Parlamento. Vamos, por tanto, a llevar a cabo una modificación que Canarias necesita.

Mire, señor Moreno, que usted me crea o que no me crea nada, como usted comprenderá, ese es su problema, no el mío, porque mi credibilidad no depende de usted; mi credibilidad y la del Gobierno depende de asumir los compromisos que hace ante esta Cámara. Y usted tendrá que tragarse muy pronto muchas de las cosas que hoy ha dicho. Lo verá, se lo tendrá que tragar. Por tanto, siga usted con sus problemas y veremos como el Gobierno va trayendo a la Cámara los instrumentos normativos que ha prometido. Verá usted como antes del 31 de diciembre de 2013 aquí habrá un proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía y el Partido Popular espero que se emplee a fondo para colaborar con el resto de grupos para poder aprobar cuanto antes una norma y remitirla al Congreso de los Diputados.

Habla usted de las aguas canarias, disparates, disparates... ¿Disparates los míos o disparates los suyos? Es que usted me da la impresión de que no conoce toda la historia y todos los procesos de modificación y reforma del Estatuto de Autonomía, porque si no no diría lo que ha dicho. ¿Cómo puede usted ignorar que el Partido Popular en el Congreso de los Diputados con Coalición Canaria firmó una enmienda relativa a las aguas canarias? ¿Pero cómo puede usted ignorarlo? ¿De verdad, de verdad? Bueno, escuchándole en el escaño me recordaba ese dicho tan popular de "¡ay, Manolete, ay Manolete, si no sabes torear, para qué te metes!" (Risas en la sala.)

Mire, cuando estamos hablando de temas de esta enjundia es bueno, es bueno conocer la historia, y la historia es que el Partido Popular ha colaborado... No se ponga nervioso, ahora le estoy hablando yo y usted debe escucharme (Ante el comentario del señor Moreno Bravo desde su escaño.)

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Perdón, señor consejero.

¡Señorías, por favor!, guarden silencio y guarden el respeto debido, como se guarda cuando interviene cada uno de ustedes.

Señor consejero.

El señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad (Hernández Spínola): El Partido Popular, en distintas fases, ha colaborado en las Cortes Generales para modificar el Estatuto de Autonomía. Y colaboró, como explicó el portavoz de Coalición Canaria, introduciendo una serie de modificaciones importantes que afectaban sustancialmente al ámbito competencial para reformar el Estatuto, y nosotros vamos a aprovechar ese buen trabajo que se hizo para incorporarlo al proyecto que ahora se va a discutir en breve tiempo.

De manera que el Gobierno, señor Moreno, tranquilo porque va a hacer su trabajo y si usted pretende distraer la atención, cuando estamos hablando de temas tan serios, con el comité de expertos, que es un comité asesor del Gobierno, si usted quiere centrarse en el comité asesor, siga por ahí, siga por ahí. El Gobierno valora el trabajo que ha hecho el comité de expertos, especialmente un trabajo sobre la metodología del traspaso de competencias a los cabildos insulares. Un gran trabajo. Pero si usted quiere seguir hablando del comité de expertos y tratando de marear la perdiz, siga por ahí. Nosotros haremos nuestro trabajo, en el Estatuto de Autonomía, en la ley de cabildos, en la ley de municipios, y usted y su grupo espero que colaboren para sacarlas adelante en esta legislatura, porque tendrá esas leyes aquí, en la Cámara, en esta legislatura, por primera vez en la historia de la comunidad autónoma. Le guste o no le guste.

Y luego ese humo del que usted habla, pues, ya sabe lo que tiene que hacer: lo mete en una vasija, lo mueve y espero que presente las enmiendas correspondientes en cada uno de los proyectos, sucesivamente.

Lo mismo le digo sobre el proyecto de ley de transparencia, que evidentemente también vendrá a esta Cámara, también vendrá a esta Cámara, le pese a usted o no le pese. Y vendrá a la Cámara, ¿cuándo?, cuando acabe el proceso participativo en los foros de participación ciudadana en las tres islas que faltan. Y eso lo verá usted.

Así que los hechos son determinantes en la actuación. La credibilidad, mi credibilidad, como le dije antes, no depende de usted, depende de si cumplimos como Gobierno con esta Cámara, y a los hechos me remito. En el tiempo, en un marco, que queda año y medio, queda año y medio para que concluya la legislatura, y esas leyes estarán en esta Cámara.

Usted ha hablado también del intento de demonizar la ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local. Pero es que no lo digo yo, si es que no lo digo yo. Hable con sus alcaldes, con los alcaldes del PP canario. ¿Es que usted no se acuerda de que recientemente ha habido una asamblea de la Fecam, con participación de los grupos parlamentarios, en la Presidencia del Gobierno y que ahí se acordó, unánimemente por todos los ayuntamientos de Canarias y todos los grupos parlamentarios de Canarias, que en el proyecto de ley se incluyeran las singularidades y las peculiaridades de Canarias? Y yo pregunto: ¿dónde están, dónde están en el proyecto de ley presentado en el Congreso de los Diputados las peculiaridades canarias? Le puedo decir las que están: están las peculiaridades de Navarra, están las del País Vasco, están las de Ceuta, las de Melilla, las de la ciudad de Barcelona, las de la ciudad de Madrid, pero no hay ni una referencia a Canarias. Por eso, por eso, no solo vamos a enmendar ese proyecto de ley a través de los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados sino que nosotros aquí traeremos, con el acuerdo, con la colaboración de los ayuntamientos canarios, una ley de los municipios canarios.

Sus dudas son muchas. Puedo recordar algunas que ha expuesto, relativas a los cumplimientos de los plazos. También dudaba usted, no se creía nada, el Gobierno no iba a inaugurar en tiempo...

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Concluya, señor consejero. Un minuto, por favor.

El señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad (Hernández Spínola): Acabo enseguida.

También usted cuestionaba que los plazos que se han dado para inaugurar el edificio judicial de Las Palmas, eso se va a incumplir. Pronto verá la inauguración del edificio. Son hechos. En definitiva, el Gobierno cumple.

Y en esos temas, que son tan serios y tan importantes, de verdad yo quiero terminar haciendo una apelación a todos los grupos parlamentarios, al Grupo Popular especialmente, que tiene una gran importancia porque además gobierna en Madrid, a que aprovechemos el tiempo, colaboremos y entre todos los grupos parlamentarios saquemos adelante este paquete legislativo que no tiene precedentes en la historia de la comunidad autónoma.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señor consejero.

Señorías, se suspende la sesión hasta las cinco de la tarde.

(Se suspende la sesión a las catorce horas y cuarenta y un minutos.)

(Se reanuda la sesión a las diecisiete horas y dos minutos.)

El señor presidente: Buenas tardes, señorías. Reanudamos la sesión.

Más información
Otros formatos
Iniciativas tratadas
  • 8L/C-0546 Sobre -Gobierno-, sobre el proceso de reorganización de las Administraciones Públicas Canarias.


Parlamento de Canarias · C/Teobaldo Power, 7 · 38002 S/C de Tenerife · Mapa · Tel: 922 473 300 Fax: 922 473 400
Glosario de términos · Mapa de contenidos · Aviso jurídico