Diario de Sesiones 91, de fecha 24/9/2013
Punto 13

· 8L/PO/P-1042 Pregunta de la señora diputada doña María Luisa Zamora Rodríguez, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre futura Ley de Demarcación y Planta Judicial, dirigida al señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Pasamos a la siguiente pregunta: de la señora diputada doña María Luisa Zamora Rodríguez, del Grupo Nacionalista Canario, sobre la futura Ley de Demarcación y Planta Judicial, dirigida al señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.

Para la formulación de la pregunta, doña María Luisa Zamora, tiene usted la palabra.

La señora Zamora Rodríguez (Desde su escaño): Muchas gracias, presidente.

Señor consejero, el acto de apertura del año judicial 2013-2014 se celebró recientemente, mientras que a las puertas del Tribunal Supremo los funcionarios de justicia recibían a las autoridades entre silbidos y protestas por las reformas emprendidas por el ministro Gallardón.

El Ministerio de Justicia ha hecho pública la propuesta sobre la reforma de la Ley de Demarcación y Planta Judicial y el ministro, inexplicablemente, ha sembrado la lógica confusión al no hacer suyo el texto, escondiéndose de su responsabilidad tras una comisión de expertos. El texto, señorías, sigue la misma tendencia de todas las reformas de la Administración pública que parten del Gobierno del Partido Popular y que se basan en ignorar a los ciudadanos y las competencias que la Constitución y sus estatutos reservan a las comunidades autónomas y tender como único eje a la recentralización de los servicios públicos y su alejamiento de los ciudadanos.

Las autonomías tienen que pronunciarse en la elaboración del nuevo mapa judicial, al ser las que mejor conocen su territorio, sus distancias y sus singularidades, y más si hablamos de Canarias, donde necesariamente hay que tener en cuenta el hecho insular. La opinión de las comunidades autónomas ha debido ser escuchada desde el inicio del proceso y no solo a posteriori cuando la comisión de expertos ya ha presentado el primer borrador.

La primera lectura de dicho borrador nos permite concluir que el sistema judicial, tal y como lo conocemos hoy, desaparece. Desaparecen los juzgados, todos los juzgados de paz, los de primera instancia e instrucción, de lo social, de lo penal, de lo contencioso-administrativo, de menores, etcétera, etcétera. Ahora tendremos tribunales de instancia de ámbito provincial, con sede en las capitales de provincia. El sistema apuesta clara y decididamente por la provincialización de la justicia, acabando con los partidos judiciales, concepto que ni se menciona. Desaparecen las audiencias provinciales. Las apelaciones -como usted sabe- las verán los tribunales superiores de justicia.

Y la primera impresión es que la justicia, que ya se alejó de los ciudadanos con la abominable ley de tasas, se aleja también físicamente de estos. Se acabó la desconcentración, esto supondrá que por debajo del ámbito provincial no habrá ningún órgano judicial, salvo en Madrid y Barcelona.

Con la propuesta de la nueva Ley de Demarcación y Planta Gallardón, el gran privatizador de la justicia española, sigue contribuyendo al desmantelamiento de la Administración de justicia. Esta ley del año 1989 se ha modificado en 42 ocasiones, pero es la primera vez que se produce un cambio radical del modelo de la organización de la justicia en España, un modelo, como dije antes, cada vez más alejado de los ciudadanos.

Por tanto, señor consejero, ¿cuál es su valoración sobre la nueva Ley de Demarcación y Planta y su repercusión...?

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señora diputada.

Por parte del Gobierno, don Francisco Hernández Spínola, tiene usted la palabra.

El señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad (Hernández Spínola) (Desde su escaño): Gracias, señor presidente. Señora diputada. Buenos días a todos.

La valoración que hace el Gobierno sobre este anteproyecto de ley es una valoración negativa. Negativa porque esta Ley de Demarcación y Planta va a suponer un cambio radical en la organización jurisdiccional en España y en concreto en Canarias se va a llevar a efecto sin tener en cuenta nada más y nada menos que la isla, el hecho insular.

Va a suponer la desaparición de los partidos judiciales, de forma tal que se va a provincializar. Por tanto, ¿dónde van a estar los juzgados, dónde van a estar los jueces y los fiscales?: en las capitales de provincia. Esto es lo que dice el proyecto de ley y esto supone alejar la justicia de los ciudadanos. Una muy mala noticia, esto va a provocar una disfuncionalidad tremenda.

Tuve ocasión, cuando conocí el primer borrador, de escribirle al ministro y expresarle la preocupación del Gobierno de Canarias sobre este hecho, este hecho importante: el no reconocer el hecho insular. Me respondió que se tendría en cuenta, pero lo cierto es que los textos que existen en este momento en vigor hasta ahora, desde luego, no han corregido esa situación.

Nosotros consideramos que es adecuado crear los tribunales de instancia, pero no con esa demarcación provincial. Tribunales de instancia localizados, sí, en los partidos judiciales y para sustituir a los órganos jurisdiccionales unipersonales. Para eso sí creemos que es oportuno crear los tribunales de instancia. Por lo tanto, tampoco compartimos la visión que en este terreno expresa el anteproyecto de ley.

Y, por último, tampoco consideramos adecuado suprimir la justicia de paz, que es una justicia de proximidad, la que está en los pueblos, que juega un papel importante, respecto de los registros civiles por ejemplo, respecto del auxilio judicial a través de los exhortos...

En definitiva, creemos que esta es una reforma desde luego nada pactada, nada acordada, nada consensuada, una mala reforma, muy en la línea de las reformas del Gobierno de España, del ministro Gallardón.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señor consejero.