Diario de Sesiones 91, de fecha 24/9/2013
Punto 14

· 8L/PO/P-1073 Pregunta de la señora diputada doña Rosa Guadalupe Jerez Padilla, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre la reforma de las administraciones públicas en relación con las competencias en materia de políticas sociales de los ayuntamientos, dirigida al señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Pasamos a la siguiente pregunta: de la señora diputada doña Rosa Guadalupe Jerez Padilla, del Grupo Socialista Canario, sobre la reforma de las administraciones públicas en relación con las competencias en materia de políticas sociales de los ayuntamientos, dirigida al señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.

Para la formulación de la pregunta, doña Rosa Guadalupe tiene usted la palabra.

La señora Jerez Padilla (Desde su escaño): Gracias, señor presidente.

Señor consejero, ya en otra pregunta le pedimos su opinión sobre el borrador de la reforma local que iba a realizar el Gobierno del Partido Popular y cómo iba a afectar a los servicios sociales. Y ante la preocupación creciente de diferentes organismos, así como de instituciones y de ciudadanos, y que ya saben lo que va a ocurrir, y siendo esta ya inminente, es en el sentido en que va mi pregunta, y me gustaría que usted lo explique para aquellos ciudadanos que aún no conocen lo que se les avecina, que es otro recorte más de sus derechos, ya que vemos que nos vamos a encontrar con que siguen aprobando leyes en contra de todos y que hacen daño a la ciudadanía. Y en el caso de esta ley el Gobierno del Partido Popular se ha superado en autoritarismo y soledad política, porque este proyecto de ley tiene en contra hasta a los propios alcaldes del Partido Popular.

Asimismo, es un Gobierno que hace oídos sordos de las recomendaciones del Consejo de Estado, que emitió un crítico y duro informe sobre este proyecto de ley, donde le dice que revise en profundidad el texto para darle coherencia y el rigor del que carece.

Pero es más, creo que este Gobierno del Partido Popular no tiene claro lo que viene a suponer la puesta en marcha de la misma o, si lo tiene, está actuando con maldad hacia los ciudadanos que viven en las periferias sobre todo de nuestras islas, ya que desaparecerían los servicios sociales de los ayuntamientos y que va a suponer el abandono a su suerte de miles de familias canarias, que solo subsisten a duras penas gracias a este sistema. Por ejemplo, desaparecen en la isla de El Hierro, en La Gomera, incluso en pueblos de Tenerife o de Gran Canaria, en definitiva, en todas las islas.

Esto, señoría, supone un atentado al municipalismo, porque una seña de identidad de los servicios sociales y del municipalismo ha sido siempre el valor de la proximidad, y esto se da en toda Canarias, no nos olvidemos.

Por tanto, es una ley que va a hacer daño a los ciudadanos, que van a ser los que más pierdan, porque tendrán servicios más caros y menos eficientes, ya que se deja una puerta abierta con la misma a la privatización de los servicios sociales, como sucede, por ejemplo, en Madrid. Pero además esto provocaría pérdidas de miles de puestos de empleos públicos, que es de lo que no podemos olvidarnos.

Señorías, una...

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señora diputada.

Por parte del Gobierno, señor consejero de Presidencia, don Francisco Hernández Spínola, tiene usted la palabra.

El señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad (Hernández Spínola) (Desde su escaño): Gracias, señor presidente. Señora diputada.

El Gobierno de Canarias está radicalmente en contra de esa concepción, de ese criterio, que se fija en el proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Nos parece un verdadero disparate que los servicios sociales y municipales pasen a ser gestionados a partir de ahora por las comunidades autónomas. Consideramos que eso supone un ataque a la autonomía municipal, desplaza las competencias de las comunidades autónomas y sobre todo, lo más importante, perjudica, perjudica a los ciudadanos y la calidad de la prestación de un servicio público fundamental, como son los servicios sociales. De forma tal que veremos cómo transcurre la tramitación de ese proyecto de ley en las Cortes Generales, pero si finalmente se aprueba en los términos en que está le puedo asegurar que el Gobierno de Canarias hará todo lo posible para que esas competencias sigan residenciadas en las corporaciones locales. A través de dos técnicas: o bien a través de la delegación en los municipios o bien, por medio de una ley del Parlamento de Canarias, asignar esas competencias, esas funciones, a los municipios. Y todo ello, evidentemente, con independencia de una facultad que se reserva el Gobierno de Canarias, que es acudir al Tribunal Constitucional, si entendemos que esa ley termina violando la autonomía municipal, cosa que, por tanto, no descartamos.

Por tanto, la ley estatal, este proyecto de ley, que es contrario a la voluntad mayoritaria de los municipios, expresada en la FEMP, expresada en la Fecam, creo que por unanimidad, es un dislate. No se entiende este interés mayúsculo del Gobierno de Rajoy de atribuir esta competencia a las comunidades autónomas, cuando somos las propias comunidades autónomas quienes estamos diciendo que lo correcto, lo adecuado, por los propios ciudadanos, es que estos servicios sean prestados por los ayuntamientos.

Así que vamos a ejercitar las competencias que tiene esta comunidad autónoma en el artículo 30.13 del Estatuto de Autonomía, que es una competencia exclusiva de la comunidad autónoma la que tienen en servicio...

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señor consejero.