Diario de Sesiones 111, de fecha 26/2/2014
Punto 5

8L/C-1296 COMPARECENCIA DEL GOBIERNO -CONSEJERO DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES Y POLÍTICA TERRITORIAL-, INSTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR, SOBRE LOS CABILDOS INSULARES EN LA ORDENACIÓN TERRITORIAL Y URBANÍSTICA DE CANARIAS (CONTINUACIÓN).

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Cruz Hernández): En nombre del Grupo Parlamentario Socialista Canario, don Emilio Mayoral. Por tiempo de tres minutos, tiene usted la palabra.

El señor MAYORAL FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Bien, el Partido Popular ha pedido la comparecencia del Gobierno para hablar un poco sobre las competencias que, en materia de ordenación del territorio, se van a distribuir o de alguna forma se pueden modificar con respecto a lo que actualmente tenemos.

Yo diría que la nueva ley de armonización, que yo creo que próximamente entrará en este Parlamento, nos establecerá o nos dirá o podremos en ella debatir acerca de estos asuntos que nos han sido presentados en esta comparecencia. No solamente desde el punto de vista del reparto competencial, que también, sino también desde el punto de vista de la agilización de los procedimientos administrativos. Yo creo que ese es el tema fundamental. Van ligados, pero creo que agilizar los procedimientos de los instrumentos de planificación urbanísticos es lo que constituye hoy el cuello de botella de la paralización o las formas en las cuales se tarda tanto en obtener esa planificación. Por lo tanto, creo que a través de esa agilización de los procedimientos es donde tenemos que incidir y la ley debe incidir en estos aspectos básicamente.

La segunda cuestión es cómo se lleva a cabo esta agilización en los procedimientos, es decir, quién es el órgano competente. Bueno, ahí podemos también establecer algunas formas de tratar, al menos, de delimitar cuáles son las competencias específicas que deben tener los cabildos insulares, pero también son tres niveles de la Administración: la competencia regional, la competencia insular y, lo que es fundamental, la competencia de las administraciones locales.

Tal como ha manifestado el consejero, en la ley, entre otras cosas, se tocarán ambas cuestiones, y yo creo que en esa y, probablemente, en la Ley de Cabildos también, que establece la distribución de competencias, podremos abordar esta materia que yo creo que, efectivamente, requiere de una simplificación. Ya hemos hablado muchas veces de lo que es el problema de la ordenación del territorio y de la planificación insular, con esa cantidad de planes especiales y planes territoriales parciales. Creo que hay que delimitarlo, hay que determinar qué es la planificación insular y hasta dónde debe abarcar; creo que hay que determinarlo en función también de los ayuntamientos y respetar la autonomía local, eso es otro tema fundamental que debe abordar la ley; y creo que también, que luego, lógicamente, las competencias en materia territorial del Gobierno autonómico deben quedar, también, claramente definidas. Por lo tanto, yo lo que diría es que no es el momento ahora quizá de plantearse esa cuestión. Vamos a tener un debate, la ley de armonización que va a entrar próximamente en el Parlamento nos lo va a brindar y ahí podremos reflexionar acerca de todos estos asuntos que, como digo, lo principal es agilizar, básicamente, los procedimientos de ordenación del territorio.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Cruz Hernández): Gracias, señor diputado.

Por el Grupo Nacionalista. Señor De la Hoz, por tiempo de tres minutos, tiene usted también la palabra.

El señor DE LA HOZ FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, es obvio que estamos hablando de una materia trascendental para el desarrollo social y económico del archipiélago, como ya se ha comentado. Lo que se debate hoy, sin duda, es la mejor manera de garantizar la seguridad jurídica a todos los ciudadanos del archipiélago, para que al desarrollar cualquier actividad no pese sobre ellos la carga añadida de plantearse si el suelo sobre donde se trabaja ha sido correctamente categorizado. Esa, y no otra, es la razón por la que, en materia de ordenación del territorial y urbanística, más que en ninguna otra, los controles de legalidad sobre cualquier actuación o planeamiento han de ser estrictos y residenciados en órganos colegiados, en los que, por su composición, se aleje la posibilidad -siempre presente- de adoptar decisiones condicionadas por la cercanía al caso concreto que se ha de abordar. Y la muestra de la enorme ligitiosidad a la que da pie la ordenación del territorio la tenemos en cualquier sesión de la Cotmac. Señorías, les invito a coger cualquier orden del día de una sesión de la comisión y a comprobar cómo todos los meses se da cuenta de al menos una decena de sentencias sobre cuestiones aprobadas en dicha comisión, y cómo casi todas ellas resultan favorables para sus decisiones. Sin embargo, oímos cómo se defiende aquí, o por lo menos se insinúa, que desaparezca la principal garantía para la legalidad a las actuaciones que se desarrollan en nuestro territorio. También les invito, señorías, a consultar los dictámenes de la comisión sobre cualquier planeamiento que se eleva a su consulta, desde un determinante plan insular hasta la más pequeña modificación puntual del planeamiento de un municipio. En absolutamente todos los casos, los técnicos de la comisión realizan alguna aportación o señalan incorrecciones en el expediente.

Con esto no queremos decir que en todos los procesos bifásicos siempre se actúe mal en la primera fase, sino que tratamos de una materia tan compleja que se presenta como indispensable revisar el trabajo realizado para señalar asuntos tan nimios que en ocasiones, como la falta de correspondencia entre un plano y un texto del expediente -algo relativamente frecuente- que puede dar lugar a posteriores anulaciones, incluso a petición de indemnizaciones, como ha sido el caso reciente en el Pteoti de Gran Canaria. Por esta razón debemos mantener un órgano colegiado, que pronuncie sobre las cuestiones de legalidad como es la Cotmac. Pero, consejero, le planteo: ¿cuándo vamos a tener ese proyecto de armonización y simplificación que agilice los trámites en la ordenación del territorio?

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Cruz Hernández): Gracias, señor diputado.

Quisiera en nombre del Parlamento saludar a los alumnos y a las alumnas que cursan la asignatura de Régimen Jurídico de la Educación, impartida en el primer curso de la Facultad de Educación de la Universidad de La Laguna y darles la bienvenida a este Pleno parlamentario y agradecerles su asistencia.

Por el grupo parlamentario solicitante de la comparecencia, don Miguel Jorge Blanco. Por tiempo de diez minutos, tiene usted la palabra.

El señor JORGE BLANCO: Gracias, señor presidente.

Señor consejero, señor Berriel, permítame la expresión: estoy agriamente satisfecho. Satisfecho porque veo que la postura que usted ha manifestado en esta tribuna hoy es más abierta que la que se manifestó con la Ley de Renovación Turística. Ha dicho usted: "que sea el Parlamento quien decida en la Ley de Armonización las competencias y facultades de cada una de las administraciones públicas canarias", cosa que no podía ser de otra manera, además, porque quien legisla, como usted sabe, es el Parlamento, y no el Gobierno. Pero es que eso no es lo que pasó en la Ley de Renovación Turística, donde el proceso vino enlatado, enlatado desde el Gobierno, porque se dijo: "aquí hay unas líneas rojas que no se pueden pasar", y, por tanto, los grupos parlamentarios se tuvieron que atener a lo que el Gobierno de Canarias quiso. Por tanto, ahí veo un cierto, un atisbo de cambio de actitud del señor consejero en relación a esa posibilidad.

Mire, el sistema no funciona, pero si eso es una evidencia. O sea, usted ve de los 88 municipios de Canarias cuántos tienen aprobado el planeamiento general en su totalidad, adaptado a todas las directrices de la Ley de Directrices Generales, y son bastante escasos. Es que los municipios turísticos más importantes de Canarias no tienen todavía su plan general aprobado, y, por tanto, hay que reconocer que algo no funciona y creo que entre todos debemos buscar esa solución. Los planeamientos se eternizan, son planeamientos que van y vienen continuamente al Gobierno de Canarias. Es que el ejemplo se lo he preguntado por escrito y oralmente en la comisión: el Plan Territorial Turístico de Gran Canaria llevaba tres años para entrar en vigor porque ha estado entre los despachos del Gobierno de Canarias y del cabildo, echándose las culpas unos a otros, "que si falta una palabra", "que si falta una letra", "que si usted no ha rectificado una cosa", "que sí, que sí la rectifiqué"... y el plan sin entrar en vigor y sin publicarse. Eso no puede pasar, señor consejero. Y lo que no puede pasar es lo que pasó en ese plan también, que se manda un escrito del Gobierno de Canarias a los cabildos diciendo: "mire, rectifique usted a, b y c", y el cabildo rectifica a, b y c, y, cuando vuelve a mandar el documento al Gobierno de Canarias, el Gobierno dice: "no, es que ahora hay d, e y f, y tiene usted que rectificar esas cosas otra vez". Eso no es admisible, porque retrasa y genera frustración en los ciudadanos y en las instituciones públicas de Canarias.

Igual pasa con los planes de desarrollo, que condicionan también la vida de nuestras islas. Los planes territoriales del turismo -que hablo ahora-, el de la energía, el de la ganadería, el de las redes del transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Se tardan años en resolver y motivado, fundamentalmente, desde nuestro punto de vista, porque todos quieren meter la cuchara en ellos, especialmente, como no podía de otra manera, el Gobierno de Canarias.

Y los planes de modernización son el mejor ejemplo, como dije antes, de la recentralización absurda de competencias en nuestro archipiélago. El Gobierno se empeñó, porque yo creo que ni siquiera era un empeño de los grupos parlamentarios, fue un empeño del Gobierno, en mantener la exclusividad no solo en la aprobación, sino también en la formulación y en la redacción de los planes de renovación turística. Hay que tener altura de miras, y yo sé que usted la tiene, señor Berriel, y saber que renovar, aparte de Gesplan, también lo saben hacer otros en Canarias. Es que no solo Gesplan sabe renovar los complejos turísticos y los espacios turísticos de Canarias. Otra cosa es que todo aquello que llega al Gobierno y no tiene el sello de Gesplan colocado ustedes lo miren con malos ojos, y sean especialmente críticos con ellos. Lo de los demás lo miran con una lupa de mucho aumento, y lo que es propio, con una lupa un poco más pequeñita. Pero, insisto, modernizar complejos, las infraestructuras públicas turísticas, los espacios libres, los cabildos y ayuntamientos también lo saben hacer, y lo deben hacer. Por tanto, una propuesta: los PMM tienen que dejar de ser exclusivos del Gobierno de Canarias y tienen que abrirse a la iniciativa privada, a los ayuntamientos y a los cabildos (El señor presidente se reincorpora a su lugar en la Mesa).

En definitiva, señor consejero, desde el punto de vista turístico. Está claro que el legislador, y así lo dicen las directrices. Lo dice la directriz 8, donde dice que "el planeamiento insular establecerá el modelo de desarrollo turístico de la isla". Lo dice la directriz 25, donde se establece la capacidad de carga y establece que la "capacidad habrá de ser considerara y analizada en los instrumentos de planeamiento [...] y, en particular, en los planes insulares de ordenación". O la directriz 26, donde habla de la capacidad de carga y la declaración de agotamiento de la capacidad de carga, que también la debe establecer el planeamiento insular. Por tanto, el legislador dice que sean los cabildos los que tengan la libertad en la definición de su modelo de desarrollo turístico, atendiendo a sus particularidades. Eso es, en definitiva, lo que pide, por ejemplo, el Cabildo de Gran Canaria: ser soberano en las decisiones turísticas en su isla, como no podía ser de otra manera, todo lo contrario a lo que la Ley de renovación dice o establece.

Para mayor abundamiento, no es solo el Partido Popular quien le pide al Gobierno que reforme el sistema de aprobación de los instrumentos de planificación territorial y urbanística. El tan traído y llevado comité de expertos que ustedes crearon como la gran panacea y el comité en el que ustedes descargaron -el Gobierno de Canarias- la responsabilidad para solucionar todos los problemas de la Administración pública de Canarias. Claro, una cosa es eso y otra es cuando las conclusiones iban mes a mes llevándose a la mesa del Consejo de Gobierno y no les iban gustando mucho las cosas que iban diciendo. Tanto es así, que el verano pasado los miembros del comité cogieron los bolígrafos, los pusieron encima de la mesa, y dijeron: "hasta aquí hemos llegado, porque no tenemos el apoyo ni del presidente del Gobierno ni de ninguno de sus consejeros". Pero es que esa comisión de expertos, después de estudiar muchas cosas y con profundidad este tema, dice que la Cotmac es un cuello de botella indeseable. Eso lo digo yo, pero también lo han dicho los ayuntamientos, lo dicen los cabildos y todos menos ustedes -y por supuesto la propia Cotmac-. Es razonable, sin dogmatismos, señor consejero, reformar el sistema de aprobación de los instrumentos de planeamiento en la línea pretendida por la comisión de expertos. El actual sistema "constituye una fuente de conflictos entre administraciones" y, sobre todo, "desconcierto para los ciudadanos, sin que los objetivos que persiguen parezcan suficientes para justificarlo" y tampoco constituye la forma "más adecuada para conseguir la mejor ordenación, la mayor agilidad de la tramitación y la mejora en la gestión de los proyectos e iniciativas de empresas y ciudadanos". Estos son textos literales de la comisión de expertos; no lo he dicho yo, esto lo dice la comisión de expertos con relación a la propuesta de delegar en los cabildos y en los ayuntamientos muchas facultades.

Mire, a modo de propuesta -y con esto voy concluyendo-, señor consejero, de propuesta abierta, sin duda. Abierta a la discusión de todos los grupos políticas, abierta a la discusión de la totalidad de la Cámara; una propuesta basada en la descentralización y en la consideración de los cabildos y ayuntamientos como entidades mayores de edad, no como el Gobierno las considera, sino como mayores de edad sin tutelas innecesarias que sobran en una administración ágil, moderna, dinámica y eficiente.

Directrices generales de ordenación, más flexibles y formuladas por el Gobierno y aprobadas por ley en el Parlamento de Canarias; planes insulares de ordenación, formulados y aprobados provisionalmente por los cabildos insulares y aprobados definitivamente por el Gobierno de Canarias; planes territoriales parciales, tramitación completa en los cabildos insulares; planes territoriales especiales, formulados y aprobados provisionalmente por los cabildos o por la administración competente para ello y definitivamente aprobados por los cabildos; planes generales de ordenación, formulados y aprobados provisionalmente por los ayuntamientos; plan básico, definitivamente aprobado por los cabildos; ordenación pormenorizada, aprobada definitivamente por el propio ayuntamiento; planes parciales y especiales, formulados por los ayuntamientos o la iniciativa privada y definitivamente aprobados por el ayuntamiento; calificaciones territoriales, absolutamente competencia de los ayuntamientos de Canarias; ¿planes de actuación territorial? Ni unos ni otros. Ni los de gran trascendencia los hace el Gobierno y los aprueba el Gobierno, ni los de escasa trascendencia, los cabildos. Todos, absolutamente, se tramitarán o se aprobarán definitivamente por los que sea, pero aprobados definitivamente por los cabildos insulares.

Miren, esto es una propuesta, insisto. Es una propuesta abierta que quiero someter al debate de la Cámara, a debate suyo, del Gobierno de Canarias, y me gustaría saber, señor Berriel, qué piensa hacer el Gobierno para, en definitiva, mejorar nuestro sistema de planeamiento territorial.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Miguel Jorge.

El señor consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, don Domingo Berriel.

El señor CONSEJERO DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES Y POLÍTICA TERRITORIAL (Berriel Martínez): Gracias, señor presidente. Señorías.

Señoría, don Miguel Jorge, empieza usted atribuyéndonos más poder del que realmente tenemos y hemos ejercicio. Empieza usted a decir que, bueno, que menos mal que vamos a traer un proyecto de ley con una posición más flexible, como si todas las leyes que hemos traído aquí no hayan sido aprobadas aquí y, por tanto, estudiadas, trabajadas, etcétera, etcétera. Aquí no hemos puesto a nadie una navaja en el cuello para que apruebe nada, sino que, lógicamente, el Gobierno trae todos su proyectos siempre acorde con lo que entiende que debe ser, en fin, su proyecto, ¿no?, y luego aquí pues se acepta o no se acepta, se modifica, etcétera. Y, bueno, la Ley de renovación turística, pues, evidentemente, como cualquier otra, tuvo el debate que tuvo aquí y, por tanto, su legitimación es la de la Cámara, el Gobierno no ha impuesto nada aquí. En esta, como en otro caso, si un proyecto de ley evidentemente tiene una modificación tan sustancial que exija que el Gobierno la retire, pues la retiraría porque no es su proyecto de ley, pero la Cámara en cualquier caso es soberana para hacerlo aquí.

La posición flexible pues siempre existe. Aquí habrá un debate importantísimo en una materia, como esta, compleja, de bastante complejidad; pero yo creo que, desde luego, debe analizarse sin prejuicios y sin complejos previos y sin estigmatismos de ningún tipo. Porque, sinceramente, de esto se habla mucho -y permítame y no lo tome como una petulancia, no lo digo por usted-, se habla mucho con carácter general y se conoce poco, pese a que la Cotmac, que es donde se debate la aprobación definitiva de los informes, es abierta: se transmite en Internet completa y se permite asistir a todo el que quiera; los que promueven el planteamiento tienen una fase que es en la ponencia técnica para discutir su posición y las distintas administraciones concurrentes en esa Cotmac, porque parece que es un instrumento estrictamente del Gobierno y no es así: los cabildos o los ayuntamientos están representados, los cabildos están representados por sí mismos y los ayuntamientos, a través de la Fecam. Evidentemente, tendrían otro concepto si analizaran realmente lo que ahí se da.

Que el sistema deba ser bifásico nosotros lo tenemos clarísimo por todo el razonamiento que hice en mi primera intervención: porque da seguridad jurídica; porque es así en todas las comunidades autónomas en la práctica, porque en aquellas que tienen alguna especialidad como en el caso de Baleares, sin embargo, previamente tiene que ser discutido en la comisión análoga a la Cotmac -análoga- y previamente tiene que ser informada, luego el acto formal de aprobación da igual, prácticamente.

Usted hace una propuesta de una serie de planes, la tomaremos y la analizaremos con mucha atención; pero muchas de las cosas que ha puesto en su propuesta es que son así ya, son así. Los planes parciales los aprueban los cabildos insulares previo informe de la Cotmac... En fin, hay algunas cosas que ya están, pero yo creo que lo que hay que hacer es, si es verdad que el sistema ha sido lento, hay que mirar por qué y dónde están los problemas para ponerles solución. Usted dice: "bueno, es que el sistema no funciona". Bueno, puedo admitir que el sistema no funciona bien; pero eso es como si un coche no funciona porque tiene rota la transmisión y usted le echa la culpa al tubo de escape o al carburador. Habrá que diagnosticar dónde está el problema.

Y en cuestión de plazos, señoría, es absolutamente objetivo que la dilación importantísima se produce en la primera fase. Es decir, no en la fase de aprobación definitiva, sino en la fase inicial, en la promoción del planeamiento. ¿Y por qué se produce? Pues se produce porque, precisamente, la participación ciudadana, la dependencia, lógicamente, de... Hay un dicho, que es bastante cierto, que dice: "todo aquel que aprueba en una corporación un plan general pierde las elecciones". Evidentemente, nunca puede llover a gusto de todos con un plan general, que es una norma que disciplina la implantación en el territorio de todas las actividades, y, lógicamente, como tiene que disciplinar, nunca llueve a gusto de todos y siempre es polémico. Pero precisamente por eso mismo las administraciones tienen que introducir mucha objetividad y mucho rigor en este asunto.

Usted se queja, bueno, es asumible, y dice: "es que van y vienen los documentos". Bueno, es preferible que vayan y vengan los documentos cuantas veces sea necesario, pero que salga un documento inatacable desde el punto de vista jurídico, que no que se haga una chapuza y luego efectivamente se puede aprobar en tres meses pero no tarda tres años en ser anulado por un tribunal, no tarda tres años en ser anulado por un tribunal. ¿Usted se imagina lo que hubiese pasado con la mayoría del planeamiento que va a la Cotmac? Yo le puedo decir muchos casos, porque se puede decir el pecado y no el pecador. Por ejemplo, con suelo urbanizable en las zonas más sensibles de un espacio natural, por ejemplo. O asentamientos rurales absolutamente extensivos sin atender al más mínimo criterio de legalidad, etcétera, etcétera. De esas cosas hay muchas, por eso el nuevo texto, la nueva ley que se pretende traer aquí muy próximamente... -y aprovecho para contestarle al portavoz de Coalición Canaria que efectivamente la traeremos muy pronto porque ya lleva creo que algo más de un mes, o un mes o algo así, en el Consejo Consultivo; por tanto vendrá ya dictaminada, será atender a lo que dice el Consejo Consultivo, llevarla al Gobierno y traerla inmediatamente aquí, y tendremos un espacio importante de discusión, efectivamente, para, analizando estos quince años aproximadamente, después de la norma 9/99, que es la que marcó de alguna manera todo el entramado y la arquitectura de nuestro sistema territorial, ver dónde están los problemas, dónde están los fallos y qué se puede arreglar con una ley que es muy dependiente de lo que dice la legislación básica del Estado y, consecuentemente, la simplificación está muy condicionada a lo que permita la Administración General del Estado.

Ya le adelanto que, por ejemplo, hay elementos, como los planes generales, en los que, efectivamente, nosotros en el anteproyecto hemos considerado que se puede dividir un plan general en dos documentos. Uno el plan básico o el plan estructurante del territorio, que lógicamente debe ser un proceso bifásico, de máximo control y de máxima participación de todas las administraciones y de máxima garantía de las competencias de todas las administraciones, en un proceso de concertación que tiene que darse en la redacción y en la aprobación. Y luego el plan de ordenación pormenorizada, que está ya muy pasado de alguna manera por el plan anterior, que la ley hace una propuesta de que sea el ayuntamiento el que lo apruebe, por ejemplo; es decir, que eso es razonable. Pero eso, además, trae consigo eliminar una carga tremenda, luego, de gestión del planeamiento, porque eso quiere decir que las modificaciones puntuales - que siempre se refieren a la ordenación pormenorizada-, pues las puede hacer el propio ayuntamiento.

En el caso del planeamiento insular, piense que es verdad que el cabildo, que es el que propone, elige el modelo, no está legitimada ni la Cotmac, ni nunca lo ha hecho, entrometerse en el modelo elegido por el cabildo para su planeamiento territorial insular, ahí solamente son cuestiones de legalidad y de preservación de las estrategias supramunicipales y suprainsulares, también en coordinación con lo que quieren los ayuntamientos.

Se sorprendería su señoría si supiera qué opinión tiene la Fecam en relación con dónde se debe residenciar la aprobación de esos planes. Le digo que no sería unánime la postura de que sean los cabildos lo que lo aprueben y demás. Eso póngalo en cautela. Porque, evidentemente, de todas las conversaciones en las reuniones que hemos tenido, sobre todo con la Fecam, se desprenden otras cosas bastante distintas a esa.

En definitiva, señoría, tendremos oportunidad de analizar el texto que muy próximamente remitiremos a este Parlamento, que tiene como objetivo, efectivamente, simplificar aquí lo que se pueda; pero, sobre todo, clarificar en el planeamiento cuál es el contenido de cada uno de los planes. Que eso es fundamental, eso es lo que está hoy, en muchos de los casos, lastrando precisamente la eficiencia, la eficacia del planeamiento, de la redacción del planeamiento. Porque se superponen determinaciones de unos y otros, y eso, efectivamente, trae consigo discusiones, informes controvertidos, etcétera.

Nada más, muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Domingo Berriel, señor consejero.

(El señor vicepresidente primero, Cruz Hernández, ocupa un escaño en la sala.)