Diario de Sesiones 111/2014, de fecha 26/2/2014 - Punto 6

8L/C-1282 COMPARECENCIA DEL GOBIERNO, INSTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO NACIONALISTA CANARIO (CC-PNC-CCN), SOBRE LA PARTICIPACIÓN PRIVADA EN LA GESTIÓN DE LOS AEROPUERTOS.

El señor PRESIDENTE: Siguiente comparecencia, del Gobierno, instada por el Grupo Nacionalista Canario, sobre la participación privada en la gestión de los aeropuertos.

Don José Miguel Ruano.

El señor RUANO LEÓN: Muchas gracias, señor presidente. Señorías, buenos días.

Señor consejero, una vez más traemos a esta Cámara un debate, un debate necesario, un debate imprescindible porque se vincula a la conectividad de Canarias con el exterior y se produce, además, en un momento muy importante para la nueva regulación del transporte aéreo y de las infraestructuras del transporte aéreo en España; obviamente, los aeropuertos.

En el Pleno del 27 de noviembre del pasado año, cuando requerimos a su vez su comparecencia en torno a la política de nuevas tasas aéreas que AENA estaba proyectando, o que el Gobierno estaba proyectando, y de la cual la principal beneficiaria, obviamente, iba a ser AENA, planteamos nuestra preocupación por el proceso en aquel momento recientemente iniciado por parte del Gobierno de España en torno a la privatización de AENA.

Es fundamental que seamos capaces de trasladar al Parlamento la importancia de este debate y, a su vez, podamos también trasladar a la sociedad, a los agentes económicos y sociales lo relevante que es para nuestro desarrollo futuro contar con un transporte aéreo que, en frecuencia, en número de plazas, en precios, en capacidad de conexión con los aeropuertos básicamente del entorno europeo pero también en la estrategia africana de internacionalización de nuestra economía, podamos tener un nivel de conectividad y de precios que los haga realmente competitivos y, obviamente, muy vinculado también a nuestra dependencia del subsector turístico.

Decíamos, señor consejero, en aquella primera intervención, en aquella intervención del 27 de noviembre, que queríamos una política de Estado. Obviamente, la política de Estado quien la tiene que hacer es el Estado con el archipiélago. Y esa demanda lo que busca en este proceso es que se establezca una decisión de una política diferenciada en el proceso de privatización de AENA en relación con los archipiélagos, desde luego con Canarias y creo que esto podía ser extensible al menos a los dos archipiélagos españoles o bajo soberanía española.

Consecuentemente, señorías, en aquel momento advertíamos que durante este último año y medio se han producido acontecimientos muy relevantes en la ordenación del transporte aéreo del archipiélago y también en el funcionamiento del transporte aéreo. Algunos por cuestiones de naturaleza estrictamente privada: la caída de Spanair supuso inicialmente la pérdida de 600.000 plazas aéreas; la reconversión o el plan de reestructuración de Iberia ha representado también una pérdida significativa de plazas; algunas de esas plazas han sido compensadas por la operación de algunas compañías low cost; y, aun así, los billetes siguen siendo, si uno no los reserva con determinado tiempo de antelación, extremadamente caros, sobre todo si se tiene en cuenta que el 50 % de esos billetes tienen una subvención, en el caso del transporte aéreo, por parte del Estado del 50 %.

En el ámbito público, decíamos que la política de tasas aéreas había sido una política errónea, parcialmente corregida; parcialmente, solo corregida en relación con decisiones que se tomaron en 2010, y, a su vez, la recuperación del certificado de residencia, un error de un calibre enorme, una vuelta atrás de veinte años sin ningún fundamento. Una decisión que se había tomado por acuerdos en su momento, en el año 98, entre Coalición Canaria y el Partido Popular con el Gobierno de España del señor Aznar en aquel momento, y, por tanto, una decisión que no sabíamos a qué respondía. Supuestamente, a un fraude que todavía no hemos sabido en cuánto se cuantifica. Decidimos, incluso, por unanimidad en este Parlamento tomar una previsión en torno a que aquel certificado se sustituyera por un régimen informático, y ahora, muy recientemente, hace unos días, el Gobierno, mediante decreto-ley, impone ese sistema, que tendrá que estar en vigor definitivamente en el mes de octubre. Aún así, durante ese tiempo, acuérdense todos de llevar el papelito por si acaso resulta que el sistema informático de la compañía donde lo emitieron no resulta suficiente.

Voy terminando para decirle que todo esto forma parte de un conjunto de decisiones en el ámbito de la política de transporte que resulta especialmente relevante para nuestro futuro. Ahora tenemos que en el mes de octubre se produce una decisión del Consejo Consultivo de privatizaciones que informa de un proceso de privatización de AENA diferente al que había proyectado al gobierno anterior, con un 30 % de selección de inversores y un 30 % que se realizará mediante la salida a bolsa del capital de AENA. Esto presenta un conjunto de dudas que yo quiero plantearle a usted. Tres preguntas, y finalizo, presidente, formulando las preguntas si me da un minuto.

Uno, ¿tiene conocimiento el Gobierno de Canarias de este... (Corte de sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo.) Sí, del proceso de... (Corte de sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo.) ¿Ha tenido encuentros con el Gobierno de España en los que se haya informado al Gobierno de Canarias de cómo va ese proceso de privatización de AENA?

En segundo lugar, ¿sabe cómo va a garantizar el Gobierno de España, en ese proceso de privatización, la política de tasas aéreas competitivas, las inversiones en infraestructuras y la sostenibilidad de los aeropuertos no rentables?

Y, en tercer lugar, ¿hay alguna previsión para los archipiélagos en ese proceso? Se conoce a nivel público que existe un documento por parte del Ministerio de Fomento que se llama DORA -Documento de Ordenación y Regulación Aeroportuaria- una previsión de cómo van a funcionar los aeropuertos españoles entre el año 2016 y el 2020. ¿Se conoce, digo, en ese Documento de Ordenación y Regulación Aeroportuaria -DORA- si existe una previsión, un tratamiento diferenciado de los archipiélagos, y particularmente del archipiélago canario, garantizar con ellos la conectividad de Canarias con el exterior y la competitividad de nuestros aeropuertos?

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don José Miguel Ruano.

Por el Gobierno, señor consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, don Domingo Berriel.

(Ocupa un escaño en la sala el señor vicepresidente primero, Cruz Hernández.)

El señor CONSEJERO DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES Y POLÍTICA TERRITORIAL (Berriel Martínez): Gracias, señor presidente. Señorías.

Señoría, del proceso iniciado por el ente público AENA para privatizar la gestión de los aeropuertos españoles disponemos de muy poca información; así le contesto ya a una de sus preguntas. En realidad se trata de un proceso, a nuestro juicio, errático, con cambios de modelo y no consensuado que, con alcance más limitado, comenzó a fraguarse hace unos cuatro años. La gestión de los aeropuertos de interés general, como usted sabe, se atribuye por Real Decreto del año 91 -el 905/1991, de 14 de junio- a la entidad pública empresarial AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea) -era una cuestión unida-. Esto fue o era hasta hace cuatro meses, cuando el Real Decreto 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo determinó la división de AENA en dos partes: la que seguirá controlando la navegación y la seguridad aérea y que ha de ser necesariamente pública, por imperativo constitucional -artículo 141.1.20-, y la sociedad de gestión aeroportuaria, AENA Aeropuertos, SA, que ya no tiene, en principio, constitucionalmente por qué ser pública, y que el Estado pretende privatizar a tenor de las informaciones que tenemos.

Este Real Decreto-Ley 13/2010 establece expresamente que el Estado conservaría, en todo caso, la mayoría del capital de la nueva sociedad y que los aeropuertos podían ser objeto de explotación individualizada. Es decir, que se pretendía que los aeropuertos compitieran unos con otros, que los aviones decidieran ir a uno u otro en función de sus tarifas, etcétera. Más tarde, se autoriza la creación de la sociedad mercantil estatal AENA Aeropuertos, SA, es decir, ya, en este caso, para los servicios aeroportuarios y no para la navegación aérea, por acuerdo del Consejo de Ministros de 25 de febrero de 2011, como digo, para la gestión de los servicios aeroportuarios, la gestión de los aeropuertos, para entendernos.

Por orden del Ministerio de Fomento del 7 de junio de 2011, se acordó el inicio del ejercicio efectivo de las funciones que obligan en materia de gestión aeroportuaria, esto es, de los servicios aeroportuarios por AENA Aeropuertos, SA. Es decir, se legitimó que esa es la sociedad, ahora, que gestiona los aeropuertos. Sin embargo, este proceso se interrumpió radicalmente un año más tarde y, cambiando completamente el modelo escogido para la privatización, la ministra de Fomento declaró, a principios del año 2012, su intención de revisar el modelo aeroportuario, decía ella "para convertir AENA en el número 1 mundial del transporte aéreo". La privatización se reinicia con una orientación distinta, que abandona la explotación singular de cada aeropuerto anunciada anteriormente y renuncia -y esto es lo más grave- al mantenimiento o a la reserva de la mayoría del capital en manos del Estado, una decisión muy trascendente que se adopta sin debate público y se comunica solo a través de los medios de comunicación social y no por cauces oficiales.

Así, los pocos detalles que se conocen del modelo escogido para la privatización se deducen del informe del Consejo Consultivo de Privatizaciones del 21 de octubre del 2013 que usted ha citado. El propio informe aclara que se solicita un informe del Consejo Consultivo de Privatizaciones sobre el diseño de la operación contenido en los diferentes pliegos para la invitación y selección de entre tres y cinco inversores -repito, entre tres y cinco inversores- "para la venta de hasta un 30 % del capital de AENA Aeropuertos y para la selección de los coordinadores globales y asesores jurídicos de la OPV posterior que podría elevar el total del capital enajenado hasta el 60 % y, en todo caso, siempre por encima de la mayoría de las acciones. -Continúa diciendo el dictamen-: "En el momento en que se emite este informe la información existente sobre la OPV es escasa, limitándose prácticamente a los pliegos que regirán los concursos para elegir coordinadores globales y asesores legales. Por tanto no se conocen los aspectos y detalles de la OPV, entre ellos el resultado de los concursos para la selección de personas jurídicas y coordinadores globales. Por tanto, las observaciones del CCP se limitarán al contenido de estos pliegos".

Una vez recabado el informe, que concluye en que el proceso se adapta a los principios de publicidad, transparencia y concurrencia, volvemos a una serie de decisiones, también, a nuestro juicio, erráticas, escenificadas por la anulación del concurso para contratar los asesores que orientarán el proceso. Me refiero, señorías, a que los anuncios de sendas resoluciones con apenas un mes y medio de diferencia son absolutamente contradictorios, en el Boletín Oficial de 26 de diciembre del 2013 se anuncia la licitación por parte de AENA del servicio de asesoría y asistencia económica y financiera a la entidad pública empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea. Menos de un mes y medio después, el Boletín del 6 de febrero del 2014 anula el concurso por razones organizativas, sin dar mayores explicaciones. Y es en este punto de indefinición el punto exacto del proceso de privatización en el que nos encontramos. No obstante, es un momento avanzado del procedimiento de privatización, sin que haya existido un debate en profundidad sobre la conveniencia o no de este modelo de gestión. Se ha debatido exactamente sobre las ventajas de uno y otro modelo de gestión expresamente en los años ochenta, con la privatización de los aeropuertos británicos, sus señorías lo recordarán. En este sentido, muchos expertos, como Germá Bel y Xavier Fageda, señalan en un artículo de la revista Hacienda pública española. Revista de Economía Pública, del Instituto de Estudios Fiscales, señalan textualmente que: "En algunos trabajos han puesto de manifiesto que la privatización de aeropuertos no conduce necesariamente a ganancias de eficiencia [...] -Y añaden-: Como sostiene un gran parte de la literatura sobre la privatización, el aspecto institucional básico para maximizar la eficiencia es la competencia y no la propiedad per se".

La primera condición, por tanto, para desarrollar una gestión aeroportuaria eficiente es la presencia de un mercado abierto y competitivo donde puedan coexistir varios proveedores de infraestructuras y servicios de transporte -portuarios, aeroportuarios, ferroviarios- que ofrezcan servicios equivalentes, compitiendo entre sí y beneficiando al usuario, que puede acceder a una oferta más amplia de precios y servicios. Pero, señorías, ya se puede adelantar que esta primera condición quiebra en el caso de nuestras islas. Un mercado así no puede darse en un territorio insular alejado, escaso y fragmentado, donde las infraestructuras aeroportuarias son monopolios naturales y el transporte aéreo es prácticamente la única opción disponible para las conexiones exteriores, sin que la existencia de otros modos o sistemas, como el ferroviario o el portuario, configuren nichos efectivos de competencia a los aeropuertos.

De todas formas, señoría, la realidad muestra en cualquier caso que hay más aeropuertos públicos que privados. La Airports Council International Europe señalaba en el 2010 que el 77 % de los aeropuertos europeos eran propiedad totalmente pública, mientras que solo un 9 % eran de propiedad totalmente privada, y el 14 % restante era de propiedad mixta. Pero, señorías, a pesar de la histórica reivindicación autonómica sobre las competencias aeroportuarias, el Estado siempre ha argumentado en contra que los aeropuertos de interés general la gestión debe estar centralizada y en manos estatales, puesto que deben contribuir a la cohesión territorial del Estado en su conjunto. En cambio ahora, señoría, pese a la vigencia de tales argumentos, el Gobierno pretende ceder la titularidad incluso mayoritaria de estos servicios a empresas privadas. Pero lo peor es que el motivo de tal decisión no es la eficiencia, y lo subrayo, no es la eficiencia, ni la seguridad, ni el abaratamiento de los servicios, sino el saneamiento financiero del ente público AENA. Algunas informaciones cifran que esta recaudación de dinero que pretende el Estado para el ente asciende a unos 6.000 millones de euros. Ahora bien, esta búsqueda de ingresos puede ser lícita en otros ámbitos, pero en materia aeroportuaria, señorías, lo esencial es el objetivo estratégico de preservar su función como elementos imprescindibles para la cohesión territorial.

El primer y principal rasgo de Canarias como región ultraperiférica es la ausencia de una alternativa viable al transporte aéreo en las conexiones exteriores, como ya se ha dicho, el 99 % de los viajeros que llegan a Canarias procedentes del exterior lo hacen vía aérea. Esto hace del aeropuerto una pieza irremplazable para garantizar la accesibilidad no solo de los residentes, sino también de los visitantes; aspecto, señorías, esencial para la industria turística de la que depende en gran medida la actividad económica regional.

Por tanto, señoría, el control de la gestión en el caso especial de Canarias no debe dejarse en modo alguno al albur de las decisiones empresariales que se quieren adoptar. Por ello, le hemos hecho saber sistemáticamente al Gobierno del Estado, y lo hemos dicho en esta Cámara en numerosas ocasiones, que el Gobierno, en tal caso, tendría que hacer valer su Estatuto de Autonomía y reclamar para sí la competencia ejecutiva de los aeropuertos que se intenten traspasar a una gestión indirecta. Así, insisto, lo hemos hecho saber muchas veces al Gobierno del Estado y estamos esperando la respuesta.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Domingo Berriel, señor consejero.

Por los grupos no solicitantes de la comparecencia. Por el Grupo Parlamentario Mixto, don Fabián Martín.

El señor MARTÍN MARTÍN (Desde su escaño): Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías.

Se ha hablado en más de una ocasión en sede parlamentaria del proceso de externalización y de descentralización de la gestión del sistema aeroportuario español. Poniendo una serie de antecedentes, de circunstancias que conviene recordar, la primera era la de la aprobación de un Plan estatal de Infraestructuras, Transportes y Vivienda 2012-2014, en el que se promueve la entrada de capital privado en AENA sin hablar de la cogestión. Segunda, la necesidad de establecer una política conjunta de participación de las administraciones públicas territoriales por la importancia del transporte aéreo en este archipiélago ultraperiférico. Una tercera consideración es la obligación de atender las necesidades de accesibilidad y conectividad, que, en el caso de esta tierra, tienen un componente más social que económico. Y, por último, la existencia de infraestructuras deficitarias, no viables, incluso algunas cerradas, en parte del territorio español, que han sido costeadas y mantenidas por los rendimientos óptimos de otras que se sitúan también en territorio español.

En estos cuatro antecedentes creo que hemos coincidido casi todas las formaciones políticas; pero esa es una cuestión y otra muy diferentes es atenerse a la realidad en el sentido de si cabe la pena preguntarse sobre cambios en la estructura competencial o cambios en un modelo de gestión a corto plazo, que creo que es lo que pretendía el ponente del Grupo Nacionalista Canario con esta comparecencia. A sabiendas de que un cambio en el Estatuto de Autonomía se antoja bastante difícil, habrá que seguir insistiendo en el mantenimiento de contactos con la Administración central y el Gobierno de Canarias para hacer realidad no la voluntad expresada por esta Cámara, sino la voluntad expresada por la ministra respecto hacer participar a los gobiernos autónomos, a las administraciones en las decisiones estratégicas, de manera que se integren los aeropuertos en el contexto de la planificación territorial, para lo cual se han de crear los comités de coordinación aeroportuaria entre Estado y la Comunidad Autónoma de Canarias.

Y ya que usted en respuesta a la pregunta del señor Ruano era un tanto ambiguo, no porque quisiera, sino por la falta de información al respecto, a mí sí que me gustaría, señor consejero, preguntarle si se han establecido estos comités de coordinación y si existe, en todo caso, una fecha de mantenimiento de consultas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Fabián Martín.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, don Julio Cruz Hernández.

El señor CRUZ HERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente. Señorías, muy buenas tardes.

Aquí, señor consejero, nos jugamos dos cosas: una, había un modelo, el del Partido Socialista, que se planteó a finales del 2010, que era una gestión, como usted ha señalado, individualizada de alguno de los aeropuertos en competencia. Los más importantes, tampoco eran todos, sino solo algunos muy señalados: El Prat, Barajas, se hablaba de esos, básicamente; pero de una AENA pública y ahí es donde está el quid de la cuestión, dentro de una empresa pública con capital mayoritariamente público donde el capital privado podía participar, pero el control, la dirección, la gestión eran públicos y, por lo tanto, el control era el interés general y la gestión pública. Sin embargo, el modelo del Partido Popular es una renuncia a la explotación singular de cada aeropuerto y a mantener la mayoría del capital social, por lo tanto, estamos hablando de una privatización de al menos el 60 % de la estructura de AENA, y no ya de unos aeropuertos concretos, sino de toda la red aeroportuaria de toda AENA, que son los aeropuertos españoles más 26 aeropuertos que están fuera de España, que también es importante. Estamos hablando de una empresa pública, española, del Estado, del Gobierno de España que tiene y gestiona todos los aeropuertos españoles prácticamente y 26 fuera de España y aquí se quiere privatizar. Y se quiere privatizar, usted ha dicho, además reflotándola con dinero público, tiene dificultades y aquí, el Partido Popular ya no le interesa eso del interés general, la cohesión territorial, el cierre centralizado para mejorar la eficacia y la eficiencia. La eficacia y la eficiencia siempre se pierden por este lado cuando está el negocio y aquí ha llegado el negocio y ¿qué ha dicho el Partido Popular? Negocio. ¿Las carreteras? No está en negocio; ¿los ferrocarriles? Tendría en contra a media España; pero los aeropuertos eso sí lo puedo hacer y entonces voy a hacer negocio con los aeropuertos y vendo AENA, el 60 %, y lo vendo. Pero, claro, es que antes de venderlo tengo que sanearlo porque tiene deudas, tiene problemas estructurales financieros, y para hacerlo la mejor manera es coger dinero de todos los españoles, refloto AENA y cuando ya la empresa está bien estructurada y sus deudas controladas y muy apetecible, entonces la vendo a mis amigos. Porque, claro, tampoco hay una oferta pública, sino que determino qué cuatro o cinco empresas pueden comprar AENA, y lo determino yo, Estado, y no en concurrencia, sino que hago una venta controlada a mis amigos; y aquí es donde está el problema. El Partido Popular quiere una AENA para hacer negocio y nosotros queremos una AENA pública, que en Canarias gestione los aeropuertos públicos. Siempre es una infraestructura pública que no puede quedar jamás en manos privadas, en Canarias, jamás, porque es una infraestructura elemental para la cohesión territorial y el desarrollo económico y social de Canarias.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Julio Cruz.

Grupo Parlamentario Popular, doña Ingrid Pérez.

La señora PÉREZ BATISTA: Muchísimas gracias, señor presidente.

Voy a intentar ceñirme a mi intervención, porque desde luego me parece bochornoso, señor Cruz, señores del Partido Socialista, el planteamiento que han hecho en esta Cámara respecto a este tema. Pero yo voy a intentar obviar los disparates y las barbaridades que ustedes dicen continuamente para hablar de un tema serio, que es el que nos trae causa.

Mire, evidentemente, la mejor estructura empresarial es sin lugar a dudas la que permite a AENA operar sin ninguna restricción en un mercado, en el que ustedes saben que es un mercado claramente de competencia. Y en estos dos años, AENA Aeropuertos y el Ministerio de Fomento han orientado todos los esfuerzos hacia la puesta en valor de AENA y conseguir que sea una empresa económicamente rentable y de referencia mundial. La realidad -y ustedes bien la saben- es que el valor de AENA Aeropuertos radica en el mantenimiento de la gestión en red, porque el valor se vería claramente disminuido si se disgregara su gestión en aeropuertos de forma individualizada, tal y como plantean Coalición Canaria y el Partido Socialista.

Pero no puedo dejar de hacer mención a la eficiente gestión que el Gobierno de España, del Partido Popular, y AENA han realizado. En apenas dos años, han conseguido registrar una gran transformación económica dentro de la empresa al pasar de una generación de caja negativa de 600 millones de euros en el 2011 -herencia del Partido Socialista- a una generación de caja positiva de 850 millones de euros en el ejercicio 2013, con un beneficio bruto de explotación superior a 1.600 millones de euros. Gracias a esta política, gracias al Gobierno español del Partido Popular, AENA ahora es una empresa saneada y viable y un gestor aeroportuario de referencia mundial y con carácter público.

Pero, miren, no quiero terminar mi intervención sin hacer mención a lo que se ha planteado y a la privatización de Inalsa. Y respecto a esto quiero reseñar la postura del Partido Socialista y de Coalición Canaria respecto a la privatización de AENA. Hablan y critican todos los días en los medios de comunicación que la privatización de AENA es, y digo textualmente: "podría ser fatal para Canarias", pero, señores socialistas, ¿quién puso sobre la mesa la privatización de Inalsa? ¿Quién puso sobre la mesa la privatización de Inalsa sino el Partido Socialista? ¿O es que hay que recordarle que el Consejo Consultivo de Privatizaciones, que se configuró en junio de 2011 por el Partido Socialista, dio luz verde a la privatización de AENA en unas condiciones que suponían la privatización de la empresa en más del 60 % del capital? Cómo decir una cosa y hacer la contraria sin sonrojarse, ¡qué poca vergüenza tienen ustedes! Pero es más, es que planteaban la privatización a un precio de venta bajo, ¿y saben por qué a un precio de venta bajo? Porque el valor de la empresa era bajo, ¿saben por qué era bajo? Porque ustedes llevaron a la empresa a una situación de quiebra. Y eso es lo que querían hacer, señor Cruz. No vender la empresa a un valor alto, querían vender la empresa a un valor bajo para después regalarla.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, doña Astrid. Muchas gracias, doña Astrid Pérez. Y siento que antes la llamé doña Ingrid. Sí, sí, Astrid. Muchísimas gracias.

(El señor Cruz Hernández solicita intervenir.)

Don José Miguel Ruano... Sí. Sí, don Julio, dígame. Dígame, don Julio.

El señor CRUZ HERNÁNDEZ (Desde su escaño): Sí, señor presidente.

Creo que hay una alusión y una calificación a mi grupo de "bochornoso" y "vergonzosa", y quisiera contestar conforme a los artículos del Reglamento.

El señor PRESIDENTE: Tiene un minuto.

El señor CRUZ HERNÁNDEZ (Desde su escaño): Señora diputada, si para usted es bochornoso que nosotros defendamos una AENA pública, que defendamos que los aeropuertos canarios estén en un sistema único y que defienda los intereses de Canarias, y se decida aquí en Canarias por el Gobierno y no por una empresa privada cuáles son los intereses de esas infraestructuras, para nosotros no es bochornoso. Para nosotros lo que sí es bochornoso, señora diputada, es que ustedes, con esa caja positiva que usted ha defendido ahí y que ha dicho que AENA ha reestructurado, lo que han conseguido es que hayan menos pasajes para Canarias y cada vez más caros. Eso es lo que ha conseguido usted: mucho beneficio pero los ciudadanos tienen menos pasajes y más caros.

El señor PRESIDENTE: Sí. Doña Ingrid, me imagino que para contestarle. Muy bien, un minuto también.

La señora PÉREZ BATISTA (Desde su escaño): Señor Julio Cruz, cómo decir una cosa y hacer la contraria sin sonrojarse. Aplaudían ustedes con las orejas la privatización del Partido Socialista y de Zapatero, con las orejas. Ustedes y sus diputados de Canarias, al igual que Coalición Canaria, que también aplaudía con las orejas y estaba encantada con la decisión de privatización del señor José Blanco en el año 2010.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

Continuamos, señorías. El grupo solicitante de la comparecencia, el Grupo Nacionalista Canario. Don José Miguel Ruano.

Sí, sí, por supuesto, descuide que los diez minutos los tiene.

Adelante.

El señor RUANO LEÓN: Muchas gracias, presidente.

Creo que además usted en esa referencia que hacía la portavoz del Grupo Popular y ese error en el nombre, también la..., también la portavoz popular confundía Inalsa con AENA, y entendemos que quería decir AENA, y esa es una cuestión lógicamente vinculada a su origen conejero.

En fin, dicho eso y pasado ese chascarrillo, creo que lo importante es que podamos ponernos de acuerdo en algo. La breve intervención que tuvo el señor don Fabián Martín puede inducirnos a que, quizás, dado que no estamos en 2010 ni en 2011 y que la culpa ya no es de Zapatero; sino que ahora estamos en el momento actual y que, por tanto, transcurrido un tiempo, hay un proceso de privatización que se ha iniciado por el Gobierno de España, que en el ámbito estatal el Partido Socialista y el Partido Popular tendrán diferencias significativas, sin duda, y nosotros, señor consejero, señorías, lo que debemos intentar hacer, más allá de que estén o no de acuerdo en ese ámbito con cómo se ha formulado ese proceso y cómo va a quedar finalmente AENA, podamos tener una situación diferenciada en ese marco. Y una situación diferenciada porque los archipiélagos responden a un modelo intermodal diferente: no hay transporte alternativo al transporte aéreo; el transporte marítimo no es -por lo menos en la conexión con la Península-, no es desde luego una alternativa desde el punto de vista del transporte de pasajeros, sí lo puede ser y lo es en el transporte de mercancías; y, por otra parte, los aeropuertos son infraestructuras capitales para nuestro desarrollo turístico. Por tanto, esperamos que la consecuencia de este debate sea, señor consejero, que usted pueda articular un discurso específico, propio, para que, en el marco de lo que finalmente se proyecte por parte del Estado, podamos tener un planteamiento diferencial.

Es decir, más allá de si el modelo de privatización del Gobierno anterior sobre un 51 % de las acciones de una entidad pública empresarial -AENA- con el 51 % y un 49 % privado, más allá de aquel modelo, y además la posibilidad de privatización como se hacía mediante sociedades específicas de Barajas y de El Prat. Y le reparo ahí a la señora portavoz del Grupo Popular: nosotros no estábamos de acuerdo con ese modelo, porque, entre otras cuestiones, lo que sí planteamos nosotros es que el sistema aeroportuario canario sea un sistema único, y si fuéramos a un modelo de privatización individualizada y privatizaríamos sin duda alguna los que son rentables -Tenerife Sur, Gando y Lanzarote- con seguridad y aquellos otros que están en periodos de amortización de sus infraestructuras tendrían todavía dificultades, como es el de Fuerteventura, y desde luego serían inviables en su formato de privatización los aeropuertos de las islas occidentales no capitalinas. En fin. Y en ese modelo nosotros no estamos. Nosotros estamos trabajando sobre la idea de un sistema aeroportuario único en Canarias. Y lo que pedimos es que en el proyecto de privatización que tiene en este momento emprendido el Gobierno, en el documento de regulación de ordenación y regulación aeroportuaria pueda haber un tratamiento diferenciado para Canarias para que se garanticen lo que son decisiones públicas, decisiones públicas sobre el régimen de tasas, las infraestructuras y también que estén recogidos los aeropuertos no rentables y no puedan enajenarse, ni cerrarse, obviamente, aeropuertos que tengan la consideración de no rentables. Y se sabe que se han tomado decisiones sin duda equivocadas en el marco de la Península en torno a infraestructuras aeroportuarias que no tienen ningún futuro, y que algunas de las cuales ni siquiera han abierto, como el aeropuerto de Castellón o algunos aeropuertos de Castilla y León o Castilla-La Mancha.

No vamos a entrar ahí. Nuestro modelo tiene que ser un modelo diferenciado; y creo que tendríamos muchas posibilidades si tuviéramos la estrategia de concertar con Baleares una estrategia común, conjunta, en orden a proteger nuestros intereses, que son nuestra movilidad interior y exterior y los intereses del mercado turístico, que son fundamentales para la competitividad de nuestro sector.

Por tanto, en este marco es donde debemos situar las cosas. A lo mejor incluso, hablando así, llegamos a algún acuerdo con el Partido Popular en Canarias. Porque... es que no hay manera de que nos pongamos de acuerdo en cosas en donde podemos saber que pueden estar afectados los intereses de Canarias. Porque no estamos hablando, va el Gobierno de España a hacer su proyecto de privatización. Y ahora me referiré a los problemas que tiene el proyecto en el seno del Gobierno de España, pero lo que pedimos es concurrir por una vez en aquello que sabemos que son nuestros intereses, y que estoy seguro de que esta vez, quizá, podamos contar con que ustedes puedan estar de acuerdo en que hay que garantizar la especificidad de Canarias en esto; porque si no lo garantizamos, entonces, señor Martín, no hará falta reformar el Estatuto, porque es que ya en el Estatuto se establece una reserva en el caso de que el Estado no se reserve la gestión directa de los aeropuertos de interés general en favor de la comunidad canaria. Y, si no se hace así, entonces tendríamos que ejercer, señor consejero, esa previsión -ya en el Estatuto vigente- de que la garantía de nuestro sistema aeroportuario está en que, o lo que gestiona el Estado, de manera que las decisiones públicas estén debidamente controladas en esos tres factores, o, si no, la responsabilidad tendrá que ser nuestra. Y eso está hoy en una Ley orgánica del Estado que es el Estatuto de Autonomía de Canarias.

Por tanto, señorías, este es el escenario en el que estamos en este momento. Me gustaría, no obstante, no terminar mi intervención sin referirme a una cuestión que planteaba por encima el señor consejero y que quizás no se haya reparado demasiado en ello. Hacía una referencia el consejero citando un artículo y unos autores; unos artículos publicados por la revista del Instituto de Estudios Fiscales en torno a la gestión privada y a la competencia. Justamente, esa es la pregunta: ¿lo relevante para generar beneficios es que la gestión sea privada? ¿O lo relevante es que haya competencia? Y ahí es donde tiene en este momento el problema en el Gobierno de España. El Ministerio de Fomento, acuciado por la deuda -la deuda, doña Astrid, que tiene una deuda de 14.000 millones, por tanto, no eche usted las campanas al vuelo, puesto que hay un problema- y entonces España está en venta en muchas cosas. Entonces, cuando uno tiene el problema, vende más barato, ese es el problema, porque necesita el dinero. Yo ya no entro en responsabilidades, herencias... porque ya te tocó; o sea, estás en este momento responsabilizado del gobierno de España. Dos años después no vale, no vale, y un día, cuando tengamos fuera de esta tribuna, les cuento el chiste de los tres sobres, porque los chistes me gusta a mí hacerlos después, y no en la tribuna, como algunos hacen ocasionalmente.

Yo quisiera centrarme en lo que es nuestro interés, el interés de Canarias, en un proceso que va a seguir. La diferencia que se produce en este asunto respecto a la gestión privada y la competencia no es un problema que esté planteando el Gobierno de Canarias ni que esté planteando yo. La oficina del presidente del Gobierno, del presidente del Gobierno del Estado, don Álvaro Nadal, ha objetado, y por eso el tema no ha salido de la mesa del Consejo de Ministros, la propuesta de Fomento; justamente porque lo que hace en este momento es introducir el proceso de privatización sin establecer garantías a la competencia. Y si usted lo que hace es que un monopolio público lo convierte en un monopolio privado, no tendrá usted elementos para garantizar el funcionamiento de las decisiones públicas en torno a esos grandes temas: las tasas, las infraestructuras y, finalmente, la propia garantía de funcionamiento de los aeropuertos no rentables. Y eso es lo que está ocurriendo, por eso en este momento el documento del Ministerio de Fomento no ha prosperado, porque hay un debate interno en el seno del Gobierno de España que es muy relevante.

En medio de todo esto, estas grandes decisiones se siguen tomando de esa forma. Sin audiencia, sin consulta... en fin, en un proceso que, desde luego, en España tiene una magnitud enorme, enorme, y para nosotros vital. Vital, porque son infraestructuras básicas para nuestro desarrollo actual y futuro, y, consecuentemente, señor consejero, mi recomendación es que, en la línea de diálogo abierta, que es muy reciente, con el presidente del Gobierno de España a principios de este año, intente conseguir que en Fomento se identifiquen los intereses de los archipiélagos, y específicamente el interés de Canarias, en que, en el documento DORA -el Documento de Ordenación y Regulación Aeroportuaria-, esa previsión tenga garantías específicas, garantías específicas para el funcionamiento, para el tratamiento público de los aeropuertos del archipiélago en un sistema... (Corte de sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo.) -Sí, termino, presidente- en un sistema aeroportuario único, más allá de que podríamos entrar nuevamente en debates acerca de si el modelo general es un modelo oportuno, no es oportuno... No es este el debate; el debate ahora es cómo nos situamos, dada la decisión del Gobierno de España, si realmente se pone el modelo a funcionar tal cual está. Los efectos van a ser gravísimos y, en ese caso, si se produce así, si no se tienen en cuenta nuestras reivindicaciones, entonces tendremos que demandar el cumplimiento de la previsión del artículo 33 de nuestro Estatuto con relación a la garantía del interés general a través de nuestra competencia respecto a los aeropuertos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don José Miguel Ruano. Muchas gracias.

Señor consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, don Domingo Berriel.

El señor CONSEJERO DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES Y POLÍTICA TERRITORIAL (Berriel Martínez): Gracias, señor presidente.

Señorías, voy a omitir algunas aclaraciones que ya el señor Ruano ha hecho en algunas cosas que aquí se han planteado que, efectivamente, no merecían una aclaración. Pero yo creo que debemos centrarnos en lo sustantivo aquí.

Lo sustantivo efectivamente es lo siguiente. Nosotros lo que pase con 26 aeropuertos que están en el extranjero, pues nos importa en la medida en que nos lastren a nosotros los problemas económicos del ente que gestiona los aeropuertos en Canarias; pero, de resto, como si llueve. Es decir, esto como aquellos títulos que daban en la antigua Unión Soviética que ponían por debajo: "Este título le faculta al portador a ejercer la actividad profesional que en él se dice en todas partes del mundo salvo en Rusia y en los países satélites". Eso significa pues que, si se pierde dinero fuera si se gana dinero fuera, nos debe importar solamente en lo que afecta a la economía del ente que pueda repercutir en las tarifas y en la seguridad de los aeropuertos canarios. Porque lo sustantivo aquí es que, efectivamente, nosotros tenemos unas puertas de entrada y salida, que son los aeropuertos. Creo que antes lo comentamos de forma muy clara: no hay otros modos de comunicación que compitan con los aeropuertos. No podemos hacer llegar a turistas por tren, no podemos... en fin, no somos un territorio continental y, por tanto, las bondades de otros medios de comunicación no pueden competir con las del aeropuerto. Por lo tanto, el aeropuerto es un monopolio, absolutamente fuera de lo que deben ser las condiciones de mercado, y, consecuentemente, es una cuestión a gestionar por la Administración pública; sin que pueda perderse ese control público para garantizar el fin último del interés general, que es lo que interesa en este asunto.

Y en nuestro caso se dan algunas circunstancias que son relevantes a los efectos de nuestra posición. La primera de ellas, el Estado habla que los aeropuertos tienen que estar en red. Bueno, eso no sé, será en redes de... no sé a qué red se refiere; o sea, tienen una red de comunicaciones entre todos ellos y no sé si quiere poner una red para si se caen que los recoja. Pero lo que es importante es que la unidad de gestión se produzca precisamente en nuestras islas, donde sí que los aeropuertos, todos ellos, tienen la misma función y son absolutamente complementarios e imprescindibles que conformen un único sistema. Y lo relevante es que ese sistema es hoy, en su conjunto, rentable y, por tanto, esa rentabilidad, que viene exclusivamente -exclusivamente- de las tarifas que pagan los viajeros que llegan y que entran y salen de Canarias, y, por tanto, son recursos generados exclusivamente en Canarias, hacen que los aeropuertos no dependan de los recursos de otros aeropuertos. Por lo tanto, esa primera cuestión nos debe llevar a no tener ningún temor a exigir que este sistema sea específico y que, si el Estado abandona la tutela de su gestión, si no se reserva la gestión pública del aeropuerto, pues no debemos tener ningún temor a efectivamente hacer cumplir, a exigir las previsiones de nuestro Estatuto de Autonomía, de la Ley orgánica, que efectivamente en su artículo 33.13 establece, meridianamente claro, de forma absolutamente indubitada, que la competencia puede ser reclamada por la comunidad autónoma. Y eso se lo hemos dejado muy claro, se lo hemos dicho a la ministra de Fomento, al secretario de Estado, lo hemos dicho en todas las reuniones que hemos tenido, y hemos dicho lo siguiente.

Nos parece bien que el Estado siga gestionando los aeropuertos en Canarias, pero no con el modelo actual del "ordeno y mando", sin información desde un ente en el que de forma absolutamente unilateral toma decisiones sobre unas cuestiones que son estratégicas para nuestro territorio. Por tanto, lo que decimos es, "oiga, adoptemos un modelo, por ejemplo, pues parecido, similar a otros que han dado bastante resultado, como por ejemplo el de las autoridades portuarias, donde hay una gestión en la que está la Administración del Estado, está la Administración de la comunidad autónoma, de los cabildos insulares, de los ayuntamientos e incluso representación de los usuarios, que son, en definitiva, los que pagan el servicio de esas infraestructuras y las infraestructuras mismas.

Por tanto, ese es el modelo que le estamos contraofertando al Estado para, si continúa en su empeño de hacer una privatización, por las razones económicas en las que está justificando esa privatización, pues que tenga en cuenta que en Canarias puede haber ese sistema y que ese sistema funciona. Y, además, que ese sistema de cogestión lo reivindicamos en todo caso: se privatice o no se privatice; porque es un elemento fundamental para la economía de Canarias y por tanto para el autogobierno que tenemos que tener para poder prestar los servicios públicos correctamente.

Nada más sabemos de ese proceso de privatización que tanto nos importa, pese a esas reuniones que hemos tenido y donde hemos dejado muy claramente nuestra postura, nuestra posición; y, efectivamente, se nos ha dicho últimamente que, bueno, que el Estado está estudiando, después de haber dado esos pasos de privatización, ahora está estudiando cómo garantizar con ese sistema de privatización las tarifas, etcétera, etcétera. Creo que eso es contradictorio en sí mismo; es decir, es muy complicado que una cosa se venda, se haga una sociedad anónima, se venda el 60 % de las acciones de esa sociedad anónima que presta los servicios aeroportuarios y se pueda tener garantizado ese tipo de controles. En cualquier caso, estaremos a la espera de lo que proponga el Estado para poder decidir en este asunto, pero nuestra posición en eso es radicalmente, absolutamente clara, meridiana. Trabajaremos para que haya una cogestión, en todo caso, pero, si se continúa adelante con la privatización, haremos valer las previsiones, los derechos que tenemos reconocidos en el Estatuto de Autonomía y reclamaremos la transferencia de las competencias de los aeropuertos canarios a Canarias, que no solo no le van a costar ni un céntimo más, sino que, por el contrario, podremos revertir en el interés general los beneficios que a día de hoy se están bombeando, se están yendo para, digamos, la cuenta de resultados de AENA.

Que yo celebro, la verdad me sorprende mucho, pero celebro mucho la información que nos da la señora Astrid, que dice que han recaudado tanto, vamos, que han mejorado la gestión y que ahora es positiva. Y digo yo, ¿si han mejorado la gestión tanto en dos años y es positiva para qué la van a vender? Sigan ganando dinero y generando recursos para poder hacer, entonces con ese dinero pueden hacer, por ejemplo, una cosa tan sencilla como bajar las tarifas y entonces ganarán todavía más dinero y seremos todos felices. Pero la realidad me parece que es otra bien distinta, la realidad es bien distinta porque sería imperdonable que, ganando tanto AENA, mantuviera, por ejemplo, en vilo -como sigue hasta ahora-, pues maltratando realmente a los vecinos de Ojos de Garza y al Caserío de Gando, por ejemplo, a los que no se les da una solución por razones estrictamente económicas, que tiene castaña la cosa -Sí, señoría, es una barbaridad pero una barbaridad que comete AENA-. Y eso, digo, que si ganara tanto dinero serían todavía más imperdonables políticas de este tipo. Y traigo a colación eso porque demuestra que la unilateralidad, la gestión desde la lejanía, sin dar cuenta a nadie, sin tener que rendir cuentas a quienes va dirigida la prestación de servicio, en este caso a Canarias, es decir, adoptar todas esas decisiones desde esa lejanía y desde atalaya de independencia con lo público, es absolutamente negativo para los intereses de nuestra comunidad, por eso nosotros nos oponemos.

Y, por último, informarles que, efectivamente, el comité de coordinación, en Canarias todavía no se ha puesto en marcha, le hemos mandado a AENA los nombres de las personas que integren ese comité y estamos esperando que, efectivamente, se conforme; pero ese comité tiene un carácter estrictamente consultivo, evidentemente, es positivo que exista como medio de interlocución con la dirección de AENA, pero es meramente consultivo y, por tanto, absolutamente insuficiente.

Nada más, señorías. Señor presidente, muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, don Domingo Berriel, señor consejero de Obras Públicas.

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  • 8L/C-1282 Sobre -Gobierno-, sobre la participación privada en la gestión de los aeropuertos.


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