Diario de Sesiones 113, de fecha 12/3/2014
Punto 5

8L/PPLC-0004 PROPOSICIÓN DE LEY, DEL CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 2/2013, DE 29 DE MAYO, DE RENOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN TURÍSTICA DE CANARIAS.

El señor PRESIDENTE: Continuando con el orden del día, señorías, vamos a debatir la Proposición de Ley del Cabildo Insular de Gran Canaria, por la que se modifica la Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias.

Para la defensa de la ley que, señorías, les anuncio que ha solicitado la defensa compartida, que la van a hacer el señor presidente del cabildo, don José Miguel Bravo de Laguna, y el consejero, don Carmelo Ramírez. Previamente vamos a dar lectura al criterio del Gobierno.

Don José Miguel González.

El señor SECRETARIO PRIMERO (González Hernández): Gracias, señor presidente.

Visto el informe emitido por la Dirección General de Planificación y Presupuestos de que la proposición de ley no implica aumento de los créditos ni disminución de los estados de ingreso, de conformidad con el artículo 138 del Reglamento del Parlamento de Canarias, el Gobierno tras deliberar, a propuesta de su presidente, acuerda manifestar su criterio favorable de la toma en consideración de la Proposición de Ley del Cabildo Insular de Gran Canaria, por la que se modifica la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de Renovación y Modernización Turística de Canarias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

En primer lugar, tiene la palabra el señor presidente del Cabildo de Gran Canaria, don José Miguel Bravo de Laguna, al que, además, le damos una bienvenida especial porque ha sido presidente de esta Cámara, como todos sabemos.

El señor PRESIDENTE DEL CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA (Bravo de Laguna Bermúdez): Señor presidente. Señorías.

Mis primeras palabras no pueden ser sino de satisfacción, de honor de volver a ocupar esta tribuna del Parlamento, Parlamento al que tuve la gran satisfacción de pertenecer durante doce años, ocho de ellos presidiéndolo.

El Reglamento, desde el punto de vista temporal, es inexorable y me concede unos escasos diez minutos para intentar convencer a sus señorías de la conveniencia de votar a favor de la toma en consideración de esta iniciativa del Cabildo de Gran Canaria. Había un político americano que decía que si tú a un oponente o a un adversario no le convences en el tiempo que tarda un ascensor en subir equis pisos, no pierdas luego el tiempo en horas o en días de intentar debatirlo. Por tanto, creo que diez minutos pueden ser suficientes, en mi opinión, para intentar convencerles a ustedes de la conveniencia política, muy importante, de tomar en consideración esta iniciativa del Cabildo de Gran Canaria.

Yo he tenido la satisfacción a lo largo de mi vida de participar en muchos debates muy importantes donde el esfuerzo conjunto de todas las fuerzas políticas hizo posible, a través del famoso consenso constitucional... Pero luego también se creó una doctrina del consenso a la que yo apelo expresamente esta tarde. Participé en la propia Constitución española, en el Estatuto de Autonomía de Canarias, en su reforma de 1996, en leyes tan importantes como las referidas al Régimen Económico y Fiscal, la incorporación de España a la Unión Europea, etcétera, etcétera; por tanto, múltiples debates extraordinariamente complejos, extraordinariamente difíciles y donde las posiciones políticas no eran similares, por lo que vengo a este debate muy consciente de la importancia política que tiene el debate y la posición que el Parlamento adopte al respecto.

En segundo lugar, yo, antes de entrar en las consideraciones más de fondo de por qué estimo que la Cámara debe admitir a trámite esta iniciativa, diré que este debate hay que enmarcarlo exactamente en los términos jurídicos y reglamentarios. Lo que estamos aquí discutiendo, señorías, no es el fondo de lo que propone el Cabildo de Gran Canaria, al que luego me referiré evidentemente, lo que estamos aquí debatiendo es simplemente la oportunidad política de aceptar una iniciativa del Cabildo de Gran Canaria, cabildo, que no hace falta decirles que representa en la isla a casi 900.000 habitantes, el 40 % de la población del archipiélago, y que forma parte del entramado institucional de la Comunidad Autónoma de Canarias, puesto que el artículo 8 del Estatuto de Autonomía define a los cabildos como "órganos de gobierno, representación y administración de la isla, y, a su vez, instituciones de la comunidad autónoma". Por tanto, el hecho de que una institución de la comunidad autónoma plantee una iniciativa legislativa supone que si otro órgano de la comunidad autónoma, como es el Parlamento, la rechaza, nos encontramos ante un auténtico "choque de trenes", digámoslo entre comillas y con toda cordialidad, lo cual puede tener unas consecuencias políticas que cada uno, cada grupo, podrá valorar en los términos que estime oportunos, pero sin duda es un choque institucional; son dos instituciones de la comunidad autónoma con una visión distinta sobre un determinado tema y sobre el cual conviene aplicar esa doctrina del consenso, del acuerdo y de la negociación, por encima de cualquier otra consideración política.

Son tres fundamentalmente las razones por las que yo estimo que debe admitirse a trámite esta iniciativa; cada una de ellas sería, en mi opinión, suficiente para hacerlo, pero si encima se suman, en mi opinión, adquieren mucha más fuerza política.

La primera consideración es lo que significa el cabildo, un cabildo, no el Cabildo de Gran Canaria, un cabildo en nuestro archipiélago; en segundo lugar, el contenido mismo de la iniciativa y por qué la traemos a esta Cámara; y, en tercer lugar, la circunstancia de que se ha producido un recurso de inconstitucionalidad por parte del Estado respecto de esta ley. Intentaré decir en poco tiempo, en el poco tiempo de que dispongo, el porqué cada una de esas razones avalan la toma en consideración.

Primero, porque un cabildo es una institución de la comunidad autónoma -ya lo he dicho antes- que tiene capacidad de iniciativa legislativa consagrada en el artículo 12 del propio Estatuto de Autonomía, y, por tanto, se trata de una iniciativa que debe ser respaldada por la Cámara. Si ustedes rechazan la toma en consideración de esta iniciativa del Cabildo de Gran Canaria, será la primera vez en la historia de Canarias, en todos sus años de autonomía desde 1982 -Estatuto de Autonomía- y 1983 -las primeras elecciones autonómicas-, en que se rechaza expresamente por esta Cámara una iniciativa de un cabildo. Esa iniciativa, como digo, es una iniciativa simplemente de toma en consideración, de oportunidad política; no quiere decir que si se vota a favor de la toma en consideración, se esté a favor del contenido de la iniciativa, se puede discrepar, para eso se abre precisamente a continuación el trámite de enmiendas, que admite incluso una enmienda de totalidad de texto alternativo, no ya de devolución porque sería contradictorio que se abriera la puerta e inmediatamente se cerrara, pero sí de texto alternativo, enmienda en profundidad, y luego enmiendas parciales. Por tanto, se inicia un trámite procedimental, parlamentario, que permitiría mantener perfectamente las posiciones políticas de cada uno de los grupos respecto a la iniciativa. Pero el cercenar, el cerrar la puerta, sería, en mi opinión, contrario al valor institucional de los cabildos.

Nos llenamos muchas veces la boca los políticos canarios, resaltando el papel de los cabildos, la importancia que tienen los cabildos. Manuel Velázquez Cabrera decía en su famoso plebiscito, que fue el que dio pie en gran medida a la creación de los cabildos, que la Comunidad Autónoma de Canarias nace de cada una de sus islas, la razón de ser de Canarias nace en cada una de sus islas. Y cuando se crearon los cabildos se resaltó en el debate parlamentario que los cabildos son como el guante a la mano en la realidad jurídica, geográfica y administrativa de Canarias; por tanto, no voy a resaltar ante ustedes el papel y la importancia que tiene un cabildo, pero sí quiero decirles que el rechazo por parte del Parlamento de Canarias a una iniciativa de un cabildo transmite a la población canaria un mensaje justamente de nimiedad, de que los cabildos no importan mucho, da igual lo que diga un cabildo, porque ni siquiera la Cámara da oportunidad a su debate y a su trámite parlamentario posterior.

Esta es una primera razón que, en mi opinión, sería suficiente, con independencia de que hoy sea el Cabildo de Gran Canaria, podría ser cualquier cabildo porque todos son importantes, cada uno en su isla, que traer una iniciativa legislativa merece, en mi opinión, que se abra la puerta a su debate parlamentario posterior.

Segunda consideración, ¿por qué el Cabildo de Gran Canaria por acuerdo de 21 de sus 29 consejeros...? Nosotros, el grupo de gobierno en el Cabildo de Gran Canaria, tenemos dieciséis consejeros, podríamos haber adoptado una iniciativa con suficiente mayoría para traerla a la Cámara, pero hemos querido justamente en aras de un consenso y de tratar de integrar... Y lo planteamos también a los grupos que no se han sumado a esta iniciativa, el Grupo Socialista y Coalición Canaria, de traer una propuesta por unanimidad del Cabildo de Gran Canaria, pero, en todo caso, dos grupos, Grupo Popular y Nueva Canarias, con 21 consejeros de 29, más de dos tercios, y aquí hay diputados, de los 15 diputados de la isla de Gran Canaria en este Parlamento hay diez, dos tercios, que han manifestado su apoyo, en principio, a esta iniciativa. Por tanto, no estamos hablando de cosas baladí, ni cosas de un solo partido, estamos hablando de un tema extraordinariamente importante.

¿Por qué hemos planteado esta iniciativa? ¿Por qué hemos dicho...? No ahora, no ha sido algo improvisado, lo dijimos desde el principio. Yo participé en enero de 2012 en la Comisión General de Cabildos, que tuvo que ser convocada expresamente como consecuencia de que la ley, el proyecto de ley entonces, afectaba a las competencias de los cabildos. Y entonces participé en ese debate, y ya manifesté que, en mi opinión, era contraria a los intereses, no solo de Gran Canaria sino en general de Canarias, y en todo caso que teníamos muchas dudas sobre distintos preceptos. Confiaba, lo tengo que decir, de todo corazón, en que en el proceso posterior se iba a buscar un consenso, se iba a encontrar un acuerdo. Gran Canaria -su cabildo- jamás fue convocada a ninguna reunión, a ningún consenso parlamentario, a ningún acuerdo de grupo. No fue consultado nunca más. Y sin embargo nosotros pensábamos que una ley de estas características, que afecta al turismo pero afecta también al territorio, por tanto a los elementos esenciales de la actividad económica, a la riqueza de Canarias, al futuro de Canarias, tendría que ser consensuado, tendría que haber habido un esfuerzo mucho mayor de consenso, y seguro que lo hubiéramos conseguido si se hubiera hecho un auténtico esfuerzo. Lo que pasa es que se tomó un modelo y se trató de imponer a una determinada isla.

¿Cuáles son las razones que avalan nuestro planteamiento? ¿Por qué Gran Canaria considera que esta ley no es adecuada? Yo entiendo que para el conjunto de Canarias, pero como hablo en nombre del Cabildo de Gran Canaria, no quiero extenderme a otras islas. Si otras islas, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, Gomera, El Hierro, están contentas con su modelo turístico, yo no me meto en ello. Cuando leo en la prensa que Tenerife, por ejemplo, defiende su modelo turístico frente a Gran Canaria. Si no se tiene que defender, yo no lo ataco, que se lo queden. Lo único que digo es que el de Gran Canaria me parece inadecuado. ¿Por qué? Pues, muy sencillo, porque tenemos 22.000 camas menos en el segmento de cuatro estrellas, extrahoteleros y hoteleros. Porque tenemos 1.500.000 menos de turistas, por ejemplo, que Tenerife. Y aspiramos, legítimamente, sin perjuicio de reconocer errores propios en el desarrollo turístico de nuestra isla, que tenemos la necesidad, la obligación, y más con el paro que tenemos, de atacar ese problema mediante dos puntos convergentes, que no son contradictorios: la reconstrucción, la rehabilitación, la renovación, que por supuesto soy consciente de que la isla de Gran Canaria lo necesita quizás más que ninguna, porque tiene un planta hotelera y extrahotelera más antigua...

El señor PRESIDENTE: Sí, recordarle que queda un minuto, por favor.

El señor PRESIDENTE DEL CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA (Bravo de Laguna Bermúdez): ...(Sin micrófono.) posibilidades de construcción de nueva planta de cuatro estrellas.

Esos son básicamente nuestros argumentos de fondo. Sin perjuicio de decirles a ustedes que además defendemos al conjunto de los cabildos, porque los cabildos han quedado en esta ley ninguneados, porque los planes de mejora y modernización ignoran todo lo que son las competencias de carácter territorial de los cabildos, porque pretendemos mejorarla para todos.

Y, por último, señor presidente, por resumir, hay un recurso de inconstitucionalidad presentado. ¿Qué mejor oportunidad tenemos los canarios, sin esperar a que se pronuncie el Tribunal Constitucional, tanto que alardeamos de autonomía, de que queremos resolver los problemas nosotros mismos, que aquí con esta iniciativa buscar el consenso parlamentario y el consenso político que necesitamos en Canarias, y evitar así las consecuencias futuras del recurso de inconstitucionalidad? Yo no entro aquí a discutir ahora si el recurso fue bien o mal planteado, si ha sido oportuno o inoportuno, pero está planteado. Y entonces ahora los canarios qué es lo que tenemos que hacer: ¿esperar a que el Tribunal Constitucional nos diga si hemos actuado bien o mal constitucionalmente? A mí no me cabe la menor duda de que al final dirá que hemos actuado mal constitucionalmente, pero, en todo caso, arreglémoslo antes, arreglémoslo con consenso.

Eso es lo que ofrezco desde el Cabildo de Gran Canaria, con estas razones que les he expuesto brevemente.

(Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Recordarle que las personas que asisten al pleno desde los palcos de invitados deben abstenerse de hacer cualquier tipo de manifestación. Lo digo con toda cordialidad, evidentemente, y porque lo establecen las normas del Parlamento, nuestro Reglamento.

Para continuar la defensa de la proposición de ley del Cabildo Insular de Gran Canaria, el consejero del Cabildo Insular de Gran Canaria, don Carmelo Ramírez.

El señor CONSEJERO DEL CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA (Ramírez Marrero): Señor presidente. Señorías.

Al igual que lo ha hecho el presidente del Cabildo de Gran Canaria, voy a intervenir en este turno de defensa de la iniciativa legislativa del cabildo, en mi caso como portavoz de Nueva Canarias en la institución insular, y recordando que fue una moción de Nueva Canarias, aprobada por una amplia mayoría en el Cabildo de Gran Canaria, la que sirvió de base para la posterior aprobación de esta iniciativa que hoy se debate y que nosotros, evidentemente, esperamos sea tomada en consideración.

Paso directamente, por razones de tiempo, a señalar algunos de los argumentos que se exponen en esta iniciativa legislativa, y que lo que plantean es, como ustedes saben, una modificación parcial de la Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias.

Primera cuestión: nosotros queremos dejar claro que el Cabildo de Gran Canaria apoya, sin lugar a dudas, el planteamiento de la necesidad de la renovación de la planta alojativa obsoleta, no solo porque lo diga la Ley de renovación turística sino porque, además, figura en las Leyes de Directrices, lo tiene recogido el cabildo en el vigente Plan Insular de Ordenación del Territorio de Gran Canaria, así como en el Plan Territorial Parcial, que ordena toda la zona turística de la isla, y en el Pteoti, que es, como ustedes saben, el Plan territorial especial de ordenación del turismo insular; y que, además, se compatibiliza, a través de estos instrumentos de ordenación, el crecimiento de una oferta de calidad especializada y diversificada con la imprescindible renovación de la planta alojativa obsoleta y de las... No solamente de la planta alojativa sino también de las infraestructuras turísticas con una razonable limitación y control.

Esta normativa territorial en Gran Canaria -y es importante por parte nuestra ponerlo de manifiesto- ha sido aprobada por unanimidad de todas las fuerzas políticas del cabildo, y es un instrumento estratégico básico para el desarrollo económico y territorial de Gran Canaria, y, además, define el modelo turístico insular conforme a las competencias que tiene el cabildo.

Por tanto, toda esta estructuración y planificación, que está además adaptada a las directrices, no puede ser y no debe ser obviada y convertida en papel mojado por el Gobierno de Canarias; al contrario, cualquier decisión política que afecte al sector turístico, al menos en Gran Canaria, debe ser muy rigurosa y consensuada y debe tener en cuenta los diferentes desarrollos y las peculiaridades que presenta cada uno de los territorios insulares.

En segundo lugar, la isla de Gran Canaria tiene, como ustedes saben, un déficit de plazas turísticas en lo que se refiere a la oferta de plazas hoteleras en la categoría de cuatro estrellas. En estos momentos, este tipo de alojamiento turístico de cuatro estrellas supone un 18 % del total de plazas turísticas de Gran Canaria, mientras que otras islas tienen una oferta mucho más equilibrada, algunas un 34 % y otras, incluso, llegan hasta el 40 %; Gran Canaria un 18 %.

Actualmente, la demanda de plazas hoteleras de cuatro estrellas es la más solicitada por los mercados turísticos, por lo que es inexplicable que la ley prohíba edificaciones de esta categoría si no están vinculadas directamente a la rehabilitación. Y este es el argumento central: ¿por qué queremos que se contemplen las plantas de cuatro estrellas, las plazas hoteleras? Pues porque hacen falta, porque hay un déficit.

En tercer lugar, la iniciativa legislativa que plantea el cabildo para Gran Canaria no propone un desarrollo incontrolado de la oferta de plazas hoteleras de cuatro estrellas. Nosotros planteamos en esta iniciativa una triple limitación: una limitación cuantitativa, una limitación cualitativa y una limitación temporal.

Por un lado, crecimiento hasta que el número de plazas con categoría de cuatro estrellas no supere el 40 % de la planta turística alojativa legalmente registrada en la isla de Gran Canaria; que el ritmo de crecimiento anual no supere el 4 % de las plazas turísticas existentes; y que, además, haya una revisión de estos criterios cada tres años, y todo ello referido a plazas turísticas hoteleras de calidad con categoría de cuatro estrellas.

Estos criterios son respetuosos con el Plan insular de ordenación de Gran Canaria, con el Plan Territorial Parcial que ordena la zona turística y con el Pteoti, que ordena también a nivel insular todo lo que es el sector turístico, y son los instrumentos territoriales y de ordenación del crecimiento turístico consensuados en Gran Canaria por todas las fuerzas políticas y económicas, que actualmente están en vigor.

En cuarto lugar, nosotros planteamos que esta excepcionalidad se aplique solo a la isla de Gran Canaria porque somos respetuosos con el modelo de desarrollo turístico que cada isla ha diseñado, y al igual que no nos gusta esta imposición que estamos planteando, tampoco estamos legitimados para imponerlo a otros territorios insulares, porque es lo establecido en el modelo territorial y de crecimiento turístico que hemos pactado y consensuado en la isla de Gran Canaria, no nos estamos inventando nada nuevo, lo que estamos planteando es que se respete el modelo consensuado, después de más de una década de elaboración, de debate y de discusión en la isla de Gran Canaria.

Porque, además, esta iniciativa no es fruto del capricho de unos señores, sino que es avalada por las fuerzas políticas del cabildo, que representan el 72 % de la ciudadanía de Gran Canaria, desde el punto de vista democrático, y por parlamentarias y parlamentarios de Gran Canaria en esta Cámara, que representan dos tercios del total de la isla, además de las organizaciones empresariales del sector turístico en Gran Canaria.

Y un argumento también muy importante es porque no consume más suelo del que ya está clasificado para esta finalidad. En la ley se contempla el tema de las villas, y las villas consumen más territorio que los hoteles de cuatro estrellas, y nosotros estamos de acuerdo con las villas, respetamos ese planteamiento, y que es, además, seguramente, una buena alternativa para algunas de las islas.

En último lugar, la iniciativa legislativa plantea una modificación en lo referente a los planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad, con el fin de que se respeten las competencias de los cabildos y de los ayuntamientos. Nosotros lo que estamos planteando aquí es la defensa de la legalidad, que reconoce y consolida una autonomía para las corporaciones locales, y en este caso nos estamos refiriendo a los cabildos y a los ayuntamientos. La ley establece que corresponde solo al Gobierno de Canarias la formulación y la aprobación de estos planes, y que, además, los planeamientos territoriales, ya sean municipales o insulares, tendrán carácter de recomendaciones no vinculantes para los planes. Nosotros en esta iniciativa planteamos dos cuestiones: una, que los ayuntamientos y cabildos puedan también, igual que el Gobierno, formular y tramitar estos planes en sus ámbitos territoriales respectivos, y que esto no sea una competencia potestad exclusiva del Gobierno de Canarias.

El señor PRESIDENTE: Don Carmelo, recordarle que le queda un minuto para su intervención.

Muchas gracias.

El señor CONSEJERO DEL CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA (Ramírez Marrero): Voy terminando.

En segundo lugar, cuando los planeamientos estén adaptados a las Directrices de Ordenación General y del Turismo de Canarias, los planes contemplados en el Gobierno deben adaptarse a los mismos, y no al revés, porque, si no, de qué vale el que tengamos nosotros un planeamiento territorial insularizado y legalmente aprobado.

Y esto es respetar la autonomía de las corporaciones locales, son competencias de las propias corporaciones, y hay que evitar injerencias externas de otros ámbitos institucionales si no están consensuados, y respetar el principio de seguridad jurídica.

Para terminar, señor presidente, señorías, la situación económica de Canarias y el nivel de pobreza y desempleo que tenemos exige que hagamos un esfuerzo para desbloquear asuntos que dependen de nuestra voluntad, agravado este caso que estamos tratando por el recurso de inconstitucionalidad que ha presentado el Gobierno de España, que puede crear mucha incertidumbre para las inversiones a corto plazo. La economía turística vive un momento de plena ocupación desde hace unos pocos años, motivado, sobre todo, por la inestabilidad de los países árabes, y esto puede durar todavía algunos años más. Hay que aprovechar esta coyuntura favorable para reordenar el sector, para modernizarlo, rehabilitarlo y hacerlo sostenible, y esto exige diálogo, consenso, respetar las reglas democráticas, respetar las competencias de cada administración, e integrar las peculiaridades territoriales de cada una de las islas.

Confiamos en que se tome en consideración esta iniciativa legislativa del Cabildo de Gran Canaria...

El señor PRESIDENTE: Don Carmelo, muchísimas gracias.

Yo creo que...

El señor CONSEJERO DEL CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA (Ramírez Marrero): ...(Sin micrófono.)

El señor PRESIDENTE: Está dicho, y entendido perfectamente, sí.

Yo creo que está entendido todo.

Muchas gracias.

Al no haber peticiones de palabra de turno en contra, comienza el turno de fijación de posiciones de los grupos parlamentarios.

El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ (Desde su escaño): ...(Sin micrófono.)

El señor PRESIDENTE: Don Román, una cosa es que haya turno en contra y otra cosa son las posiciones de los grupos en las que no sabemos...

El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Era una broma.

El señor PRESIDENTE: Ya lo sé que era una broma, pero las bromas aquí con el Reglamento en mano son peligrosas.

El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Señor presidente, muchísimas gracias, y perdón por la broma.

En primer lugar, dar la bienvenida a los dos representantes del Cabildo de Gran Canaria en esta legítima iniciativa legislativa, también a las personas con responsabilidades diversas que nos acompañan y, por supuesto, a los medios de comunicación. Y también agradecer la presencia del señor presidente del Gobierno esta tarde, porque creo que merecía la pena que estuviera aquí.

Primero, son competencias exclusivas de esta tierra nuestra, de nuestro autogobierno ordenar el territorio, el suelo, el litoral, que es un recurso estratégico, el que nos da la vida, y en un asunto de esta trascendencia aquí hemos generado una tradición que algunos rompieron y es el consenso. Las leyes que articulan nuestra estructura, nuestra arquitectura institucional y jurídica siempre se tomaron por consenso: la Ley de Espacios Naturales, la Ley de ordenación, la Ley de Directrices, siempre por consenso, porque estamos hablando del recurso natural más estratégico, el recurso que ha hecho posible la transformación de la sociedad canaria y los niveles de bienestar que hoy disfrutamos, se rompe esta tradición en el año 2009. En el año 2009 una tradición de décadas es rota por un gobierno que impone una norma sin el consenso debido, entonces el Partido Socialista Canario en la Oposición dijo de aquella norma dos cosas que compartíamos: que aquella norma del 2009, lo decían así de manera taxativa, se cargaba la moratoria e invadía competencias de las corporaciones locales e insulares. Esto está en la enmienda a la totalidad del Partido Socialista Canario, no hace veinte años, hace escasamente cuatro años. Entonces el partido que represento no tenía presencia en esta Cámara y no porque no tuviera votos, sino porque la ley electoral, el debate electoral de esta mañana ha negado también en esta Cámara la consideración de una propuesta para el debate; no estábamos pero teníamos opinión.

Y coincidimos con los socialistas de Canarias en contra de la Ley de Medidas Urgentes porque rompía el consenso, porque no presentaba ningún balance, porque no había buscado el encuentro y el acuerdo, porque se había impuesto una ley que modificaba las reglas anteriores sin importar y sin poner un solo dato sobre la mesa. Pero esa ruptura del consenso, esa ley que se trajo aquí y se impuso por una mayoría democrático no tenía ni un papel sobre el mandato inequívoco de la Ley de Directrices, de abril del 2003, tomadas por esta Cámara, esa sí por unanimidad, con el consenso de los cabildos, de los ayuntamientos, de las patronales, y esa ley fue la que mandató a los gobiernos sucesivos a centrarse en las grandes tareas del turismo, y algunos quieren hacer creer que se les ocurrió lo de la rehabilitación a ellos, vuelvan a leerse la Ley de Directrices. La Ley de Directrices tenía tres objetivos: la rehabilitación de los espacios públicos, la rehabilitación de la planta alojativa, la recualificación de la oferta y su diversificación, y también el afloramiento, la regulación de las decenas, si no cientos de miles de camas que estaban fuera del mercado, que estaban en esa situación de irregularidad. Ese mandato del 2003 al 2009 no se hizo nada, nada, ni un papel, ni un dato, ni un aporte y el mandato fue inequívoco. Pero es que en la ley del 2009, la Ley de Medidas Urgentes, que se cargaba efectivamente la moratoria y que invadía competencias locales, por tanto, de los ayuntamientos y de los cabildos, hasta 2013 no hizo nada que conozcamos, ni un papel, ni un balance, ni un dato, nada, y la mayoría actual, en una pirueta difícil de explicar, trae una ley de similares características a la del 2009, por eso algunos no compartimos la iniciativa legítima del Gobierno de España del recurso de inconstitucionalidad, porque en términos jurídicos tienen la misma naturaleza y si esta fuera inconstitucional, que creemos que no, la del 2009 también lo sería.

Pero en el 2013 se vuelve a traer una ley. El que les habla en nombre del Partido Independiente de Lanzarote y de Nueva Canarias no presentó una enmienda a la totalidad porque confiamos en el diálogo, confiamos en la discusión, confiamos en el sentido común, y dijimos de aquella ley que volvía a venir aquí sin un papel, sin una comunicación, sin un dato, sin un balance, una ley a ciegas que no había escuchado las opiniones de los cabildos insulares que se habían manifestado en la Comisión General de Cabildos, ya que la norma invadía competencias, y fue empeorada en su tramitación en este Parlamento.

Esa norma se hizo a las bravas: no se aceptaron enmiendas, no fue posible influir sobre el Gobierno porque fue el Gobierno quien dirigió el debate parlamentario, no fueron ni siquiera los grupos, porque yo estuve en todas las reuniones desde la primera a la última, y fueron decenas de reuniones, y quien dirigía ese debate no eran los grupos parlamentarios sino el propio Gobierno, aunque esto sea legítimo. Y en esa ley se vuelve a cometer el mismo error de imponer una estrategia legítima, incluso puede que acertada, pero sin discutir, sin demostrar, sin aportar, sin datos. Presentamos nuestras enmiendas como grupo, que, en todo momento, estaban destinadas a potenciar la rehabilitación, la renovación, y decíamos que esta era insuficiente solo con anunciarla, que en los "premios cama" estábamos de acuerdo porque incentivaban la renovación pero que se necesitaba crédito, y hemos dicho que estamos de acuerdo con las gestiones del Gobierno en la búsqueda de crédito, pero que sin inversión pública no habrá transformación en los espacios más deteriorados, e hicimos propuestas en favor de la renovación en la tramitación parlamentaria que no fueron aceptadas, y, a pesar de eso, la sacaron adelante sin escuchar, sin consenso, porque algunos creen que cuando están en los ayuntamientos, los ayuntamientos son mayores de edad y aciertan; cuando están en los cabildos, los cabildos son mayores de edad y aciertan, y cuando están en el Gobierno se olvidan de los ayuntamientos y de los cabildos, como si fueran menores de edad, como si no tuvieran competencias, estructura e historia. Y, desgraciadamente, no fue posible convencer a la mayoría parlamentaria, que impuso el rodillo legítimo y democrático, como lo imponen otros de la misma naturaleza, ni más ni menos que lo que hacen otros con sus mayorías. Y no tuvieron en cuenta un tema muy importante que determina el contenido de la iniciativa legislativa del Cabildo de Gran Canaria, y es que de las cuatro modificaciones a las que apunta tres están destinadas a que se respeten las competencias insulares: este Parlamento hace las leyes, el planeamiento territorial es insular y el planeamiento urbanístico es municipal; y tres de las modificaciones que propone esta iniciativa legislativa están destinadas a recuperar el usurpado espacio de competencias de los cabildos insulares, y también el de los ayuntamientos, que, por cierto, salvamos in extremis en una enmienda que dejó viva Nueva Canarias para el pleno, para que tuvieran informes de los ayuntamientos, porque no tenían ni informes de los ayuntamientos: puro centralismo. El Gobierno hace y deshace por encima de las competencias locales y por encima de las competencias insulares.

Y esto se ha obviado de forma interesada por los que tienen cada vez menos argumentos. Nosotros reclamamos el respeto a las competencias insulares y no gobernamos en ningún cabildo. No estamos en la Oposición en función de cómo nos encontremos como fuerza política. Los cabildos insulares son decisivos en la interpretación de la historia del presente y el futuro de esta comunidad, y en estas y en otras normas ustedes los ningunean. La siguiente, las Directrices de La Ordenación Sectorial de la Energía vuelven a dejar como menores de edad a los ayuntamientos y a los cabildos. Uno de los errores de la ley de dependencia saben ustedes dónde está, en que el Gobierno acaparó la gestión de la ley de la dependencia cuando esa era una responsabilidad en la estructura competencial de los cabildos insulares... Este es un Gobierno que cree que los cabildos y los ayuntamientos son menores de edad, y en las normas va recentralizando, como Rajoy con las comunidades autónomas, ¡exactamente igual!

Les digo los argumentos del Gobierno: "Es que la propuesta de Gran Canaria consume suelo", ¡falso!, mienten a sabiendas, eso no es verdad. El suelo que se consume es el que está calificado, y la propuesta gubernamental no tiene límites en los hoteles de cinco estrellas y tampoco tiene límite en villas. La propuesta de Gran Canaria, porque es producto del consenso, establece límites cuantitativos; consume más suelo la propuesta de tener demanda que propone el Gobierno que la que propone el cabildo. Esa es una falacia que se les ha ido desmontando.

Como se les acabó el argumento del suelo, se sacaron otro argumento, las camas durmientes. ¿Se acuerdan de las camas durmientes? ¿Se acuerdan de 15.000, 20.000, 50.000, 60.000...? ¡Falso también! No hay camas durmientes. Cuando hemos pedido los papeles, había 2.000 camas con autorización previa en el período después de las directrices, porque lo otro está expresamente derogado, casi todas vinculadas a la renovación que la propia dinámica del sector ha generado. Por lo tanto, se acabó lo de las camas durmientes.

Y ahora viene la tercera falacia: "si no limitamos el crecimiento, no se renueva", ¡falso también! Miren, el que les habla presidía el Gobierno de Canarias cuando se aprobó la Ley de Directrices, nos costó tres años buscar el encuentro y el consenso. Hicimos una restricción muy potente del crecimiento: el 1 % de las camas sobre determinadas categorías. Eso sí, los gobierno sucesivos debieron ocuparse de las tareas que estableció la Ley de Directrices y no hicieron nada. Hemos perdido más de diez años y algunos creen que ahora se puede poner el contador a cero y olvidar el pasado, como esta mañana. Y hay que decirles que en estos diez años no se cumplió con los deberes que mandató la Ley de Directrices. Y ahora nos dicen: "si se crece en planta nueva, no hay renovación", cuando en estos once años en planta nueva prácticamente no hemos crecido. ¿Dónde está el crecimiento? Ni el 1 % famoso de la Ley de Directrices se cubrió. De las camas de gran lujo de la Ley de Medidas Urgentes hemos pedido los datos y solo hay dos hoteles. De manera que si la solución a la renovación pasara exclusivamente por restringir la cama nueva, hemos tenido más de una década sin cama nueva y no hemos rehabilitado, porque las variables que determinan la rehabilitación son otras, son los planes de mejora y modernización que nosotros apoyamos como instrumento rápido, ágil, fácil, pero lo que decimos es que no puede ser exclusivo del Gobierno.

Lo que no puede ser es que un cabildo pueda planear el modelo de isla, en materia industrial, agrícola, de carreteras, de turismo, y no pueda hacer un programa de mejora y modernización, que es un instrumento urbanístico pormenorizado. ¿Pero qué locura es esta? "Sí, tienes mayoría de edad para planear la isla en su conjunto, y no puedes intervenir en un instrumento, digamos, de detalle".

Y el último argumento, que espero que no sigan utilizando porque es seguir confundiendo a la ciudadanía: "la iniciativa del Cabildo de Gran Canaria, propuesta por la inmensa mayoría de los legítimos representantes, reclamando las competencias en planificación territorial, reclamando el respeto a los planes aprobados con control democrático y por unanimidad, no tiene nada que ver con la iniciativa del Gobierno de España". Nada que ver, es más, iniciamos estos trámites antes de saber lo siguiente, que, por cierto, lo siguiente lo supimos porque fuimos nosotros los que hicimos venir al Gobierno aquí para que nos explicara las negociaciones del recurso de inconstitucionalidad, fuimos nosotros, el Grupo Mixto, quienes hicimos venir al Gobierno aquí para que explicara esa controversia, de la que, desde luego, nunca vinieron a informar, porque me decía ayer el señor consejero: "no, es que usted se equivoca, el conflicto no es de Gobierno a Gobierno, es entre Gobierno y Parlamento"; ¿y por qué no vinieron a informarnos a nosotros, a la sede de la soberanía popular, si esto fuera así? Ustedes han confundido el Parlamento con el Gobierno hace demasiado tiempo, y se les nota mucho.

Yo espero y deseo, después de escuchar a los representantes del pleno del Cabildo de Gran Canaria, que hace una propuesta de modificación de la norma para que se respeten sus competencias en tres de las cuatro modificaciones, y que los crecimientos que se autoricen respeten el modelo turístico de Gran Canaria, y eso significa que lo que se tenga que crecer... Y nuestra propuesta, después de una larga discusión porque no estábamos en las mismas posiciones, es del crecimiento el 4 %, y ya lo adelanto, porque lo dijo también el presidente del cabildo, estamos dispuestos a bajar ese porcentaje, porque lo que queremos es que se responda a las necesidades del modelo turístico de Gran Canaria en los límites que podamos pactar.

Por eso, no vuelvan ustedes a cometer el error de esta mañana, de negar la posibilidad de que este Parlamento discuta una iniciativa legislativa de un cabildo en un asunto crucial, cuando tiene competencias, responsabilidades y tareas...

El señor PRESIDENTE: Don Román, dos minutos.

El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Si lo hicieran, que no me sorprende nada, porque ustedes van anunciando lo que van a votar aquí antes del debate; si cambian de opinión, yo les doy un abrazo, a quien quiera. Si cambian de opinión, habremos generado un espacio de encuentro, un espacio de entendimiento, un espacio para recuperar el consenso perdido sobre un tema esencial en Canarias, que es nuestro modelo de desarrollo, nuestro modelo territorial. Algunos tienen el dudoso honor de haber roto esa tradición después de varias décadas de consenso en los grandes temas de gobierno del territorio, el señor presidente tiene el dudoso mérito de haberla roto en el 2009 y de reiterar esa ruptura en el 2013.

Espero y, desde luego, el que está aquí, que tiene gran capacidad para el entendimiento después de los años transcurridos, entendería que se abriera una oportunidad para buscar una solución adaptada a cada uno de los territorios, respetuosa con los modelos insulares, que apueste decididamente por la renovación, sin lugar a dudas, y que ponga al Gobierno de España también al lado del Gobierno de Canarias y de los cabildos y los ayuntamientos, en favor de la renovación.

Si no fuera así, como bien ha dicho el presidente del cabildo, que algunos trienios tiene, estamos abriendo brechas, aunque algunos no se den cuenta.

Esta mañana se cometió el error de no admitir a trámite, por primera vez en la historia, un debate como el de la reforma electoral, esta tarde no vuelvan ustedes a cometer el mismo error de impedir el debate de una institución de nuestra comunidad, responsable, con mayoría de edad, que ha hecho las tareas en su PIO, en su Plan territorial turístico, en el PTP-8, de rehabilitación integral de Playa del Inglés, El Veril, etcétera, y pongámonos juntos a trabajar por la gran tarea de que ese sector siga dándonos bienestar, crecimiento y espero que futuro.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Román Rodríguez.

Por el grupo Parlamentario Socialista Canario, don Emilio Mayoral.

El señor MAYORAL FERNÁNDEZ: Señor presidente, señorías.

Quiero, en primer lugar, dar la bienvenida al presidente del cabildo de mi isla, de Gran Canaria, y al portavoz de Nueva Canarias en ese cabildo, en el cual yo he estado cuatro años también compartiendo algunas labores de gobierno.

Señorías, mi grupo apoyó la Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias, que fue aprobada en mayo del año pasado. Una ley que tiene como objetivos impulsar la renovación y modernización de las instalaciones turísticas obsoletas y promover un modelo de desarrollo turístico sostenible. Este ha sido el objetivo central de la regulación del modelo turístico de Canarias durante más de una década, desde la Ley 19/2003, por la que se aprobaron las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias, pasando por la Ley 6/2009, de Medidas Urgentes, hasta llegar a la actual Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias, un modelo que en lo fundamental y hasta ahora había sido compartido durante todos estos años por todas las fuerzas políticas representadas en esta Cámara.

Sin embargo, ese consenso se quebró con la Ley de Renovación y Modernización Turística, que fue aprobada por la mayoría en este Parlamento, representada por los grupos Socialista y Nacionalista, y con la oposición de los grupos Popular y de Nueva Canarias. Por cierto, señor Bravo, sí que se convocó a su cabildo, igual que al resto, a la Comisión de Cabildos, para el trámite de esta ley, igual que se hizo también con la del año 2009.

Sin embargo, señorías, frente a lo que suele suceder con la mayoría de los debates parlamentarios en los que la minoría acepta democráticamente el voto de la mayoría, y, al menos durante cierto tiempo, no vuelve a plantear la misma cuestión, en esta ocasión, por el contrario, los grupos minoritarios de Cámara, pero mayoritarios en el Cabildo de Gran Canaria, ya desde el primer día en que se aprobó la ley comenzaron en esa institución a adoptar acuerdos, a aprobar mociones, a constituir mesas de trabajo y a realizar campañas publicitarias, haciéndose eco de la reivindicación de una parte del sector turístico de Gran Canaria, que culminan con la proposición de ley que hoy traen a este Parlamento.

Se ha pretendido modificar la ley desde el primer día sin darle ninguna oportunidad, ni tan siquiera se esperó a su posible valoración en su primer año de funcionamiento. Se ponen en marcha estrategias dirigidas a entorpecer su desarrollo y a intentar hacer fracasar la política de renovación impulsada por el Gobierno de Canarias, y para ello no solo se utiliza el instrumento de la iniciativa legislativa, sino que, conscientes de la minoría de los grupos del Partido Popular y de Nueva Canarias en este Parlamento, se pone en marcha un recurso de inconstitucionalidad por parte del señor Soria. Era necesario generar incertidumbre en los inversores turísticos, y qué mejor forma que suscitarles dudas y expectativas distintas a las previstas en la Ley de Renovación y Modernización Turística.

Ayer tuvimos ocasión de hablar sobre ese recurso de inconstitucionalidad y de los perniciosos efectos del mismo, hoy vamos a centrarnos en el segundo eje de la estrategia del Partido Popular, en este caso acompañado por Nueva Canarias.

Si nos fijamos en el texto que se nos trae hoy a esta Cámara, observamos que han experimentado notables cambios desde las posiciones iniciales desde las que partían los dos grupos proponentes. Así, mientras desde el Partido Popular se propugnaba una liberalización total para la construcción de cualquier inmueble turístico sin limitación alguna, desde Nueva Canarias, quizás influenciada por el ruido de agentes económicos externos, se comienza una aproximación a las tesis más liberales, al propugnar un sistema mixto, que, al tiempo que trataba de introducir cierta liberalización en las restricciones de los hoteles de cuatro estrellas, los sometía a unas condiciones restrictivas de un 1 % anual de crecimiento en las camas de esos hoteles. Lejos empiezan a quedar aquellas manifestaciones del entonces presidente del Gobierno, don Román Rodríguez, que dirigiéndose a esta Cámara en tal condición de presidente decía: "Somos un destino turístico consolidado con más de 12 millones de visitantes, y disponemos de una masa crítica que nos permite diseñar el futuro de los canarios sin necesidad de hacernos eco entonces de la voz de agentes económicos externos. Deseo apostar por la renovación de la planta alojativa obsoleta más que por la apertura de nuevos centros" -fin de la cita. Y también las del entonces portavoz del PP, que decía: "Nuestra propuesta debe ir hacia la calidad y la renovación de la actual planta alojativa, evitando la adopción de medidas que potencien el oportunismo y la especulación inmobiliaria". Esto se dijo en este Parlamento por los dos portavoces.

Como ven, señorías, en nada se parecen aquellas manifestaciones ni las posturas iniciales que tenían ambos grupos a lo que hoy nos traen a esta Cámara.

Pero centrémonos en la propuesta que se nos presenta en relación con la construcción de los hoteles de cuatro estrellas. Esta propuesta se caracteriza por establecer unos límites cuantitativos, tanto de crecimiento anual como de techo total de crecimiento, con evaluaciones temporales cada tres años. Al modelo del PP -libertad sin restricciones para construcciones de cuatro estrellas- se incorporan, pues, algunos de los planteamientos de Nueva Canarias, que pretende acallar su mala conciencia maquillando de esta forma el abandono de sus tesis tradicionales sobre la moratoria. No es verdad, señor Rodríguez, tal como ha declarado, que esta iniciativa recupere la moratoria al establecer unos límites por razones de sostenibilidad, no puede mantener ese doble discurso empresarial y ecologista, usted se ha alineado con las tesis más liberales, aunque no haya apoyado el recurso de inconstitucionalidad del PP, gracias a lo cual no va a compartir su colosal batacazo.

Y digo que no es verdad que esta iniciativa recupere la moratoria, porque esta iniciativa legislativa dispone que se podrán construir hoteles de cuatro estrellas sobre la totalidad de las plazas alojativas turísticas registradas legalmente en Gran Canaria, en las que se computarán las camas hoteleras y extrahoteleras de cuatro estrellas existentes, pero no las de nueva creación que provengan de la renovación. Pues bien, si tomamos los datos que acompañan a su iniciativa y calculamos el 40 % de las 138.426 plazas registradas legalmente, esto nos daría 55.370 plazas de cuatro estrellas, y si descontamos las camas existentes de cuatro estrellas, 25.512, se podría construir la diferencia, sobre 30.000 camas, exactamente 29.858, sin contar con las plazas alojativas de cuatro estrellas, que hay que sumar, que provengan de la renovación. Es decir, de 25.512 pasaríamos a más de 55.000, a las que habría que sumar las que provengan de la renovación, 55.000, más -ayer el consejero daba unas cifras probables ya en concertación- 10.300, y con una estimación potencial de renovación de 68.000. No sé a cuántas de esas cuatro estrellas vamos a llegar con el límite que ustedes están planteando.

O sea, que podríamos ponernos con esta propuesta en 65.000 camas de cuatro estrellas. ¿Tiene alguna lógica esto que están proponiendo en cuanto a la limitación y al techo? Pues salen unas cantidades astronómicas.

Por otra parte, se establece un límite anual de crecimiento del 4 % de las plazas alojativas turísticas registradas, es decir, 4 % de 138.426 registradas, que son 5.537 plazas, límite que al cabo de los tres años será revisado, y, además, que si no se consiguen en un año se acumulan para el siguiente. Luego, si la media sigue, 5.537. Pero hasta entonces tendremos en Gran Canaria como mínimo 16.600 camas nuevas, sin contar nunca con las que provengan de la renovación en esos tres años.

Gran Canaria, por tanto, estaría en 42.123 camas de cuatro estrellas en tres años, además de la suma de todas las quieran poner hasta las sesenta y pico mil de renovación.

Estos datos hablan por sí solos: ambos grupos han tratado de conjugar su modelo y les ha salido esto. De verdad, señor Rodríguez, don Román, cree que acalla su conciencia progresista y que alguien va a creerle, ¿pero no se da cuenta que ni en los mejores sueños, y con una liberalización total en la propuesta que hiciera el PP, esas cifras, a las que hay que añadir las de renovación de cuatro estrellas, más las camas de hoteles de cinco estrellas, darían mucho más liberando totalmente el límite temporal? Es como si pusieran ustedes un techo de límite de 400.000 camas, ¡qué más da!, o sea, "ya con esto tenemos moratoria y la hemos recuperado porque tenemos 400.000", ¡pero si es que no hay mercado para que tengan esa demanda!

Creo que el PP le ha tomado el pelo a usted, o usted se lo ha dejado tomar, pero lo que está claro es que a los ciudadanos no les va a engañar diciendo, como ha dicho, que se recupera la moratoria.

Pero, además, en esta iniciativa no se dice nada acerca de cómo se producirían las autorizaciones de esas 5.537 camas anuales, no se dice nada. En el improbable caso de que se supere y sobrepase ese límite del 40 %, ¿cómo se otorgarían esas autorizaciones? Vamos a ver, ¿podían ser por el orden de presentación de solicitudes hasta llegar al límite previsto?, ¿por concurso público de méritos? o ¿por sorteo entre los peticionarios? Está claro que al no establecerse procedimiento alguno se crea una evidente inseguridad jurídica.

Por si no fuera poco, además, en la iniciativa del Grupo Popular y de Nueva Canarias, se propone a este Parlamento que en una ley que afecta a toda la comunidad autónoma se legisle solo para una isla, apartándose de la norma general y descolgándose del resto de las islas. Los socialistas, señorías, seguimos concibiendo Canarias como un todo, y creemos que así no se construye ni isla ni región.

El Partido Popular ha basado su recurso de inconstitucionalidad en la discriminación que suponían las restricciones para las construcciones de hoteles de cuatro estrellas frente a la liberalización de los de cinco. Si a Soria le hubieran movido razones jurídicas, que no es el caso, ¿qué creen que haría si se aprobase una ley que también limita el crecimiento a una determinada cantidad y discriminase a un empresario que no pudiera construir por haberse llegado al límite del 4 %? ¿O qué ocurriría si un empresario de Tenerife quisiera acogerse a lo que se excepciona para Gran Canaria? No se preocupen, que no lo hará, porque todos sabemos las razones que lo movieron a impugnar esos apartados del artículo 4.2, y sabe que ahora no va a poder hacerlo.

La confrontación y el insularismo son malas compañeras de viaje, no se puede aprovechar una reivindicación de una parte del sector turístico que plantea la liberalización de la construcción de hoteles de cuatro estrellas para levantar la bandera del insularismo y utilizar más de 100.000 euros de dinero público para campañas publicitarias en defensa de supuestos agravios (Rumores en la sala.), máxime cuando, al mismo tiempo...

El señor PRESIDENTE: Don Emilio, un momentito, por favor, que le había quitado... Señorías, guardemos el orden, por favor, yo no quiero recordarles lo agradable que era esta tarde estar viendo el comportamiento de la Cámara cuando había determinadas intervenciones, sigamos con él para todos (Dirigiéndose a los escaños del Grupo Parlamentario Popular).

Por favor, don Emilio, adelante.

El señor MAYORAL FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

...máxime cuando al mismo tiempo y por las mismas fechas, el Cabildo de Gran Canaria inició o había iniciado un expediente de declaración de BIC en torno a la Charca de Maspalomas, que ha dejado paralizada una inversión en la zona de más de 100 millones de euros en el mismo momento en que se empezaba a hablar de todo esto de la ley; o cuando no se defiende con la misma fuerza algo tan importante como la paralización del convenio de realojo de los vecinos de Ojos de Garza, que permitiría en el futuro algo tan estratégico como la construcción de la segunda pista del aeropuerto de Gran Canaria; o cuando Aena muestra su total insensibilidad al modificar la situación de determinados medios aéreos que permitirían el desarrollo de la energía eólica de Gran Canaria; o cuando no terminan de adaptarse las medidas necesarias para impulsar la central hidroeléctrica de Chira-Soria; o cuando no se abre un debate sobre las prospecciones petrolíferas... Para estas políticas estratégicas no hay mesas para consensuar iniciativas ante el Gobierno de Madrid ni campañas publicitarias que exijan soluciones tan importantes para nuestro futuro.

Señorías, el Grupo Socialista apoyó la Ley de Renovación y Modernización Turística como lo hizo con la Ley de Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias junto a los otros grupos de esta Cámara, y lo hizo por las mismas razones: por entender que hay que promover un modelo de desarrollo turístico sostenible que preserve la fragilidad de nuestro territorio y que, al mismo tiempo, impulse la renovación y modernización de las instalaciones turísticas obsoletas. Por eso, nuestro grupo desde el minuto uno ha manifestado su rechazo a esta iniciativa legislativa, lo hemos hecho en todas las instituciones donde se ha debatido, en este Parlamento, en el Cabildo de Gran Canaria y en muchos ayuntamientos de Gran Canaria, donde hemos mantenido el mismo criterio. Y lo hemos hecho por muchas razones, entre ellas, porque entendemos que había que darle tiempo a una ley que acaba de ser aprobada en este Parlamento. Seguimos pensando que gran parte de los mejores suelos turísticos de Gran Canaria están ocupados por infraestructuras hoteleras y extrahoteleras obsoletas que deben ser renovadas y modernizadas; somos conscientes también de que en Gran Canaria existe una insuficiente oferta de hoteles de cuatro estrellas y una sobreoferta de dos y de tres y de planta extrahotelera que están situados, además, en las mejores zonas, por ser los más antiguos; y estamos de acuerdo también en que la oferta actual debe acomodarse a la demanda, ese es precisamente el objetivo que persigue la ley y por eso plantea un importante sistema de incentivos, sin embargo, a veces los objetivos e intenciones que se manifiestan en una ley no se cumplen o lo hacen en menor medida de lo previsto. Por ello, el Grupo Socialista junto con el Grupo Nacionalista presentó una proposición no de ley que fue aprobada el pasado mes de septiembre y que instaba al Gobierno a que realizase la evaluación que preveía la disposición transitoria primera de forma continua y permanente. Y, en cualquier caso, que lo hiciera antes de finalizar la legislatura, con el fin de que si se revelara necesario se llevasen a cabo las adaptaciones normativas precisas para una renovación y potenciación más eficaz de la actividad turística.

Señorías...

El señor PRESIDENTE: Tiene dos minutos.

El señor MAYORAL FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Por las razones expuestas, mi grupo va a votar en contra de la toma en consideración de esta iniciativa; sin embargo, no es óbice para que los abrace a todos. Creemos que este tipo de leyes requiere del mayor consenso y que solo desde el entendimiento, el diálogo y la cooperación seremos capaces de superar las dificultades y los retos que Gran Canaria y toda Canarias tiene por delante. Por eso, teniendo en cuenta que el próximo 29 de mayo se cumplirá el primer año de vida de la ley y de acuerdo con la propuesta que ayer hizo el señor Berriel, el Grupo Socialista propone: uno, que el Gobierno presente el próximo mes de junio a esta Cámara una evaluación del funcionamiento de la ley en su primer año; dos, que los grupos políticos representados en la Cámara evalúen durante julio y agosto el informe presentado por el Gobierno; tres, que de acuerdo con la evaluación se propongan al Gobierno las modificaciones que en su caso se considere necesario realizar en la ley y se traigan durante el mes de septiembre-octubre para su aprobación; cuarto, y por último, pedirle al Partido Popular que inste al Gobierno del Estado a la retirada del recurso de inconstitucionalidad, o al menos que retire la suspensión cautelar.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Emilio Mayoral.

Por el Grupo Nacionalista Canario, doña María del Mar Julios.

La señora JULIOS REYES: Buenas tardes. Muchas gracias, señor presidente.

En primer lugar, en mi nombre y en el de mi grupo quiero saludar y dar la bienvenida a los dos representantes que han intervenido del Cabildo Insular de Gran Canaria así como a todas las personas que hoy nos acompañan en la tribuna.

Hoy han traído ustedes una iniciativa, por supuesto merecedora de todo el respeto para ser debatida en esta Cámara, que fue consecuencia de un debate sobre una ley que generó polémica, especialmente en Gran Canaria, sobre todo en relación a un artículo, el artículo 4. Pero esta iniciativa que hoy ustedes traen nació en un contexto que hoy ha cambiado bastante.

El Grupo Nacionalista, tras la aprobación de esta ley, ha seguido trabajando y sigue trabajando en la búsqueda de soluciones que den fortaleza, estabilidad y seguridad jurídica al sector turístico de Canarias en sus nuevas infraestructuras, pero también en la necesaria y en la urgente renovación.

Como saben sus señorías, he defendido y sigo defendiendo las especificidades de Gran Canaria, la posibilidad de construir hoteles de cuatro estrellas en nuestra isla de una forma controlada, en un suelo clasificado, como elemento compatible con la necesaria y urgente rehabilitación, para que paralelamente, y mientras tanto se produce la rehabilitación, pues, hagamos el esfuerzo necesario para que Gran Canaria no deje de ser un destino competitivo, cosa que ocurriría si no se da respuesta a la actual demanda.

Este Parlamento también ha sido sensible a este debate cuando se aprobó aquí, a iniciativa del Grupo Nacionalista y del Grupo Socialista, una PNL, en julio del pasado año, en la que se instó al Gobierno de Canarias a que evaluara la ley no solo a los tres años, como estaba previsto, sino que hiciera una evaluación continua, y que realizara un primer corte evaluativo antes de que acabara esta legislatura. El propio Gobierno de Canarias se ha comprometido, incluso ayer lo dijo el propio consejero, a hacer el primer corte al año, es decir, escasamente dentro de dos meses, al final del próximo mayo, cuando se cumple ese año.

Por lo tanto, nadie está cerrado al debate, ni los grupos parlamentarios ni el Gobierno han manifestado nunca estar cerrados al debate.

El Gobierno de Canarias también ha seguido trabajando con el sector, especialmente con el sector turístico en la isla de Gran Canaria, y eso es muy positivo. También es público, y consta en las actas de las diferentes reuniones mantenidas por el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España en el seno de la Comisión Bilateral, que cuando ya se estaba a punto de conseguir un acuerdo, cuando ya había propuestas de acercamiento que giraban en torno a poner énfasis en permitir instalaciones turísticas nuevas no ligadas a la renovación, basándose en criterios de calidad y de sostenibilidad y no en función de la clasificación de estrellas, el ministro de Industria y Turismo rompió unilateralmente las negociaciones y provocó, según sus palabras, señor presidente del cabildo, un choque de trenes, pero un choque de trenes no solo entre el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias sino también con este Parlamento, que fue el que aprobó y debatió la ley a la que ustedes hoy presentan otro proyecto o una alternativa. Pero, desgraciadamente, todo este trabajo realizado por los grupos políticos, por el Parlamento, por el Gobierno, por las organizaciones empresariales que también se involucraron en presentar textos alternativos, por los representantes del sector; incluso, esta propuesta que hoy nos trae el Grupo Popular y Nueva Canarias se ha visto frenado en seco por el incoherente -y permítanme que me haga eco de las expresiones utilizadas por algunos expertos en esta materia-, por el "chapucero" recurso de inconstitucionalidad y la suspensión cautelar impuesta unilateralmente y a petición del ministro de España de Turismo a los apartados a y c del artículo 4.2 de la ley, ocasionando, además, justo lo contrario a lo que pretende el Partido Popular, que ha bloqueado y ha paralizado todo tipo de establecimiento que no esté ligado a la renovación.

Por ello, esta iniciativa que hoy nos trae el Grupo Popular y Nueva Canarias no es la solución a este problema, es parte del problema. Primero, una parte importante de su contenido, de los cuatro el único, por cierto, que está relacionado con las especificidades de Gran Canaria, ha sido declarado inconstitucional por el propio gobierno del Partido Popular. Me refiero a la parte en que se hace referencia a la posibilidad de exceptuar a Gran Canaria para que en un porcentaje determinado puedan construirse hoteles y apartamentos de cuatro estrellas no ligados a la renovación. Lo hace, la propuesta que ustedes traen, por medio de una disposición adicional al artículo 4, a los apartados a y c. La ley que esta iniciativa hoy nos propone respeta, por tanto, la redacción actual del artículo 4, y especialmente los apartados a y c, que han sido recurridos y suspendidos, por lo que la disposición que ustedes hoy nos proponen estaría igualmente suspendida en su aplicación, ya que no es, por tanto, una solución al problema de Gran Canaria. Sigue siendo necesario dar una respuesta, y esta iniciativa, desgraciadamente, tampoco lo es.

La propuesta que hoy nos traen también -insisto- ha sido declarada o proclamada inconstitucional por el ministro o por el Gobierno de España.

Señor presidente del cabildo, permítame que le diga con respeto y con cariño que quizás es que hay alguien en su partido que no le quiere muy bien, que no le deja ser protagonista de nada, y mucho menos en la isla de Gran Canaria.

El argumento principal que utiliza el Gobierno de España es el de la inconstitucionalidad de utilizar, supuestamente, la clasificación de estrellas, por representar requisitos de naturaleza económica. Y es importante recordar que el recurso no ha podido desmontar jurídicamente la capacidad legal de nuestra comunidad autónoma, de Canarias, de pedir autorizaciones previas por razones medioambientales o por razones urbanísticas, derecho que yo diría que es consolidado, si leemos en profundidad el propio informe del Consejo de Estado.

Y, señorías, si resulta que es inconstitucional, según el Gobierno de España, por discriminar un supuesto requisito de naturaleza económica, como es que solo se permiten hoteles de categoría igual o superior a cinco estrellas, y por intervenir, por tanto, en la oferta y en la demanda y en el mercado, si lo es para los de cinco, también lo es por el mismo criterio para los de cuatro. ¿O es que la oferta y la demanda solo juegan entre cuatro y cinco, y no entre uno, dos y tres? ¿A qué jugamos, me pregunto? ¿A qué juega el Partido Popular? Sería desconcertante que nos propongan un texto que su propio ministro en Madrid está declarando inconstitucional. Aprobar un texto así traería, señorías, una mayor inseguridad para el sector, una mayor inestabilidad; y una mayor incertidumbre es vernos debatir en este Parlamento un texto supuestamente inconstitucional que, además, nos lleva a un callejón sin salida.

Señorías, hay que buscar una solución, y esa es la responsabilidad de este Parlamento, no entrar en juegos partidistas, y menos aún a sabiendas de que no resuelve y de que no nos lleva a nada.

Permítanme que haga una aclaración, porque en la base de datos, que está automatizada, del Parlamento, podemos ver que a lo largo de toda la historia de este Parlamento ha habido quince iniciativas de cabildos, y solo nueve han sido tramitadas, el resto han decaído, incluso en esta legislatura ha habido iniciativas de cabildos que no han prosperado. Por lo tanto, cada institución tiene su responsabilidad.

En relación a los representantes de Nueva Canarias, permítanme que les diga que no escuchen ustedes los cantos de sirena del Partido Popular. Ya no es lo que era, su pretendida defensa de los intereses de Gran Canaria se ha convertido en una coartada para que el Gobierno de España intervenga e imponga a Canarias y a este Parlamento y, por lo tanto, también a Gran Canaria, su modelo turístico, un modelo turístico insostenible y depredador del suelo. Lo que verdaderamente persigue el Partido Popular, lo que quiere, es el fin de la moratoria. El PP pretende distraernos aquí en Canarias, dividirnos, y especialmente dividirnos a los nacionalistas, mientras ellos impiden también en Madrid un acuerdo y torpedean ese acuerdo, que se podría haber logrado; y que ha logrado, sin embargo, un efecto contrario al que pretendía el Partido Popular. Pretendían la construcción libre -no deben olvidar esto los representantes de Nueva Canarias, lo que pretendían sus socios en esta iniciativa-, pretendían acabar con las autorizaciones previas, acabar con la moratoria como han expresado ellos muchas veces, y lo que han conseguido, torpemente, es paralizar cualquier nueva construcción.

Por eso, a los nacionalistas, señor Román Rodríguez, nos debe unir frenar a un Partido Popular que quiere volver a la etapa preconstitucional, cercenando derechos a los ciudadanos y derechos a los territorios. Han tenido que utilizar o invocar un artículo de la Constitución del año 78 para, como elefantes en cacharrería, suspender los artículos de esta ley, como si de un problema de seguridad nacional se tratara. Ese es el verdadero problema político al que nos enfrentamos hoy en este Parlamento, y más aún los nacionalistas: defender nuestro modelo de desarrollo sostenible. No se dejen distraer, señorías, por los cantos de sirena del Partido Popular.

En segundo lugar, no es el problema, señorías, la competencia o la rivalidad de competencias entre el Gobierno de Canarias y los cabildos, eso no es cierto. Ese debate ya se tuvo en la ley. No es, además, este un problema específico de Gran Canaria, aunque no lo esté planteando ningún otro cabildo. Y, desde mi punto de vista, los planes de modernización no han quitado competencias a las administraciones locales, son una herramienta de ordenación urbana, no territorial, excepcionales, para dar respuesta a situaciones excepcionales, que requieren de una agilización en la tramitación para afrontar la modernización de zonas turísticas, muchas de ellas con planes de ordenación territorial obsoletos, no adaptados, como es el caso de muchos municipios, especialmente en la isla de Gran Canaria. Y lo más importante es que los planes están dando resultados, los ayuntamientos y los cabildos están cooperando, están reclamando dicha herramienta al propio Gobierno, y se está trabajando especialmente bien con municipios de Gran Canaria en donde no hay confrontación. No busquemos problemas donde se están dando soluciones, los planes de modernización son herramientas para viabilizar la renovación. Hoy en día ponerle problemas, pararlos, sería un retroceso en la renovación y, especialmente, esto perjudicaría a la isla de Gran Canaria. Lo lógico, señorías, sería, primero, evaluarlos, y, luego, con conocimiento de causa, buscar, si acaso, cómo perfeccionar esta herramienta, pero lo más importante, el Partido Popular les ha permitido introducir algo sobre esta materia, a ustedes, a Nueva Canarias, en esta iniciativa, que, por cierto, es muy diferente a lo que dice el PP en el Cabildo de Gran Canaria, y usted lo sabe, que lo que dice PP aquí en el Parlamento sobre este tema. Pero lo ha hecho para no quedarse solo el Partido Popular, para tenerlos de compañeros y para dividir, entre otros, a los nacionalistas en la posición de defensa del modelo de desarrollo turístico de Canarias. Y mientras aquí nos traen esta iniciativa, por otro lado, el Partido Popular, desde el poder que ostenta el ministro, está atentando contra la biodiversidad, contra el desarrollo económico de Canarias pretendiendo anular nuestro marco competencial. Esto los nacionalistas no debemos tolerarlo.

Esta propuesta que hoy se trae no es tampoco, desgraciadamente, fruto del consenso, desde luego no con el Estado, ha quedado evidenciado; tampoco es el consenso con la totalidad del sector turístico de Gran Canaria, con el que nos hemos estado reuniendo en estos últimos meses. Ellos proponen -la Federación de Empresarios del Turismo de Gran Canaria- un texto alternativo, muy semejante por cierto al que el Gobierno de Canarias planteó al Gobierno de España para resolver el problema, y especialmente el problema de los hoteles de cuatro estrellas, y, por lo que les he escuchado a los representantes del sector, muy al contrario de lo que nos están pidiendo en esta iniciativa, ellos sí que piden al Gobierno de Canarias que lidere los planes de modernización turísticos, y especialmente que lo haga en la isla de Gran Canaria ante la maraña administrativa que existe en alguno de los municipios turísticos, como muy bien se ha expuesto aquí por alguno de los intervinientes.

Lo que desde mi grupo político proponemos es lo siguiente: primero, que todos los grupos políticos exijamos la retirada del recurso de inconstitucionalidad, y, sobre todo, la suspensión cautelar que en estos momentos impide la construcción, ya no solo de los hoteles de cuatro estrellas, sino de todos en nuestra tierra. Las dos confederaciones empresariales lo han dicho con claridad: "lo que genera esta medida es una gran inseguridad jurídica que ahuyenta y que paraliza la inversión". Es un abuso una suspensión cautelar producto de semejante chapuza. El Gobierno de España debe de enmendar este error, no lo puede dar por bueno ni ampararlo este Parlamento, ni justificar de ninguna manera el que no se retire dicho recurso, que está, entre otras cosas, atentando contra los intereses económicos de Canarias y contra su desarrollo.

Anuncio que mi grupo presentará una iniciativa en este sentido en esta Cámara, y esperemos podamos tener nuevamente un debate y el apoyo de sus señorías.

Segundo, proponemos que se retome el camino de la negociación en Canarias, y, paralelamente, en la Comisión Bilateral con el Estado, buscando una salida que dote de seguridad...

El señor PRESIDENTE: Dos minutos, doña María del Mar.

La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señor presidente.

...que dote de seguridad -como decía- el sector y los potenciales inversores; que se siga profundizando en la redacción que desde Canarias y especialmente desde el sector de Gran Canaria se había propuesto, que es que las autorizaciones previas permanezcan, pero no tanto basadas en los criterios de clasificación en estrellas como en criterios de calidad y de sostenibilidad -entiendo que además sería importantísimo profundizar en un modelo también de turismo que sea alternativo, sostenible, innovador, que atraiga a un sector de turistas jóvenes, que los enganche, que los fidelice en una gama de variedad de instalaciones de calidad y en función de su poder adquisitivo-; que este consenso se produzca no solo en el Estado sino también, y primero, aquí, con el sector y con los cabildos, y, por supuesto, con el Cabildo de Gran Canaria.

Tercero, hacer coincidir esta modificación con la evaluación anual que la PNL que aprobó este Parlamento planteó, para introducir también otros cambios que el sector está planteando, ligado a la posible revisión de los criterios incentivadores para la renovación, sobre todo en la parte extrahotelera, sobre todo en los apartamentos; evaluemos primero, ya se puede hacer, y hagamos los cambios que nos parezcan oportunos para superar todos los obstáculos que están impidiendo la modernización de los apartamentos. Para ello, señorías, primero hay que evaluar, no debemos estar cambiando la ley cada dos meses, los cambios han de ser objetivables, contrastados y con conocimiento de causa.

Por lo tanto, y concluyendo, señorías, busquemos una solución segura jurídicamente, definitiva y de consenso, hagámoslo aquí, en Canarias, entre todas las instituciones, entre todas las islas y con el sector turístico. Dejen -le pediría yo a las instituciones, a todas- de comunicarse a través de los medios de comunicación, eso dificulta el entendimiento. Trabajemos para crear las condiciones, el clima para el consenso, y eso en torno a una mesa de trabajo sin vencedores ni vencidos, y esta no es la...

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, doña María del Mar.

Grupo Parlamentario Popular, don Miguel Jorge Blanco.

El señor JORGE BLANCO: Señor presidente, señor presidente del Gobierno de Canarias. Gracias por estar, señor presidente, en este debate tan importante para Canarias, y especialmente para la isla de Gran Canaria.

Señorías, mi grupo parlamentario sube a esta tribuna para manifestar el apoyo a la toma en consideración de la proposición de ley del Cabildo de Gran Canaria, y lo hace por una serie de consideraciones que iré explicando a lo largo de mi intervención.

La primera de ellas es que con la toma de consideración de la proposición de ley la Cámara legislativa tiene la oportunidad de arreglar el desaguisado de la Ley de Renovación Turística. Con la discusión parlamentaria a través de los cuatro grupos que conformamos el Parlamento podríamos -digo podríamos porque lamentablemente no va a ser así- haber enmendado una ley que se hizo a espaldas de las principales instituciones de Canarias, que son los cabildos insulares, y particularmente a espaldas, señorías, de la isla de Gran Canaria, de sus intereses; a espaldas y en contra de su desarrollo económico, en general, y turístico, en particular; a espaldas de un modelo turístico ampliamente debatido en el seno de las instituciones insulares y de la sociedad grancanaria, un modelo aprobado por la unanimidad de todas las fuerzas políticas presentes en el Cabildo de Gran Canaria a través de sus instrumentos de ordenación territorial, y que viene a ser un modelo adaptado a sus necesidades propias, un modelo que potencia sus fortalezas y trata de mejorar sus carencias y sus debilidades.

La Ley de Renovación se ha hecho, señorías, a espaldas y en contra de un sector empresarial turístico que reclama simplemente más apertura de los mercados y menos restricciones a la hora de invertir en sus negocios; a espaldas de la voluntad mayoritaria de la isla de Gran Canaria, que exige mayor respeto al Gobierno de la comunidad autónoma, que, por cierto, también lo es, en principio, de la isla de Gran Canaria, respeto a su libertad de decisión y respeto al ejercicio de sus competencias.

Señorías, no se puede legislar desoyendo a una parte muy importante de Canarias, desoyendo a unos y oyendo a otros, y no se puede, o no se debe, aprobar leyes en esta Cámara atendiendo hilo por pabilo a las exigencias de algún grupo empresarial y rechazando descaradamente las alegaciones de otros grupos empresariales; no se puede atender, señor presidente, a pies juntillas las reclamaciones de quienes pretenden cerrar el mercado turístico para que no se les perjudique, "para que lo nuevo no me haga daño", frente a los que pretenden y pretendemos que vengan a Canarias cuantos más inversores mejor, en libertad y en igualdad, igualdad de condiciones, porque la competencia empresarial es sana y recomendable para mejorar la calidad y la competitividad de nuestros establecimientos turísticos y mejorar Canarias como un destino turístico mundial.

El Gobierno de Canarias, señor Rivero, o ha estado sordo ante estas reclamaciones o se ha hecho el sordo ante ellas, el Gobierno de Canarias ha respondido con desdén a los que un día sí y otro también explicábamos que esta ley perjudica notoriamente a Gran Canaria, y da qué pensar, señorías, que al final la ley se ha hecho para que se beneficien unos y se perjudiquen otros, para que Gran Canaria no pueda ampliar su oferta hotelera, porque, en definitiva, le puede hacer daño a otros destinos del archipiélago. Yo no quiero pensar eso, no lo queremos pensar en mi grupo parlamentario, pero esa cerrazón, esa actitud suya, señor Rivero, y la del consejero Berriel, de impedir cualquier cambio, al final, nos transmite la duda que planteamos ante toda esta Cámara.

Señorías, se ha transmitido por parte del Gobierno, por parte del señor Rivero y por parte del señor Berriel, y también por parte de los grupos parlamentarios que apoyan a este Gobierno, muchas afirmaciones que no son verdad, afirmaciones falaces que pretenden quedar como veraces, pero que de veraces no tienen ni una coma.

Primero, abrir el mercado a los hoteles de cuatro estrellas consume más suelo, pues no es verdad, señorías, no es verdad, lo que consume más suelo son los hoteles de cinco estrellas, autorizados sin límites en esta Ley de Renovación, porque los requerimientos espaciales de los hoteles de cinco estrellas son mayores que los de cuatro, ¡qué casualidad!, y porque los requerimientos de las villas turísticas, también autorizadas sin límites en esta ley, son también espacialmente mayores que los de cuatro estrellas.

Por tanto, el argumento de la prohibición para proteger el territorio, que además ha sido y es el cajón de sastre que utiliza siempre el Gobierno para no abrirse a la libertad, señor Berriel, es un argumento falaz que no se corresponde con la realidad.

Segundo, si se abre la mano a la construcción de nuevos hoteles no se produce la renovación de lo obsoleto, ¡falso, señorías!, la renovación hotelera se producirá si al propietario del complejo le parecen atractivos los incentivos o si las circunstancias del mercado se lo permiten. Nada tiene que ver eso con que se impida a otros la construcción de un hotel nuevo, lo que sí se produciría es que este cierre del mercado obligase al que tiene dinero y no puede invertirlo a irse a otros mercados emergentes, además potencialmente competidores de las islas: "me voy con mi mochila a otro lado porque aquí no me dejan invertir mi dinero".

Tercero, "el crecimiento del número de camas turísticas en Gran Canaria previstas en sus planes territoriales a través de la renovación va a producir el deseado reequilibrio del número de camas totales hoteleras en comparación con otros destinos del archipiélago", ¡falso, señorías, falso! El señor Rivero cuando se pasea por la isla de Gran Canaria diciendo esto y mucho más no está diciendo la verdad. La renovación no produce el aumento de camas que Gran Canaria necesita, ¡ni mucho menos!, porque por cada cama extrahotelera que se renueva, en hotelera se da de baja en una categoría y se da de alta en otra, por tanto, el saldo neto es nulo o mínimo, es más, puede ser incluso a la baja, le doy los datos, datos oficiales: de los seis complejos que oficialmente en Gran Canaria se han renovado existe un saldo neto negativo de 107 camas menos, el Hotel Iberia 14 camas más, el Hotel Bohemia menos 85 camas, los Apartamentos Yate menos 18 camas, los Apartamentos Cóndor se quedan como están y el Hotel Bronce Mar menos 18 camas; por tanto, saldo neto negativo en la isla de Gran Canaria.

Deben saber sus señorías, especialmente los diputados por Gran Canaria, que se han dado de baja, de eso se trata de que en Gran Canaria haya menos camas, de eso sí es de lo que se trata. Deben saber, señorías, deben saber los diputados, que Gran Canaria necesita 20.000 camas nuevas para atender la demanda de los turoperadores y del mercado potencial. 20.000 que ni de lejos se podrán obtener con la renovación.

Señorías, Gran Canaria con 900.000 habitantes tiene 1.000 camas menos que Fuerteventura en hoteles de cuatro estrellas y 16.000 camas menos que Tenerife con igual población. En Gran Canaria hay 49 hoteles de cuatro estrellas, en Tenerife hay 77 hoteles de cuatro estrellas. ¿Ustedes lo ven razonable? Yo no, mi grupo tampoco lo ve razonable y, por tanto, queremos cambiarlo.

¿Ven ustedes razonable que cerremos el mercado a potenciales turistas que prefieren hoteles de cuatro estrellas, que de acuerdo con la encuesta de preferencias turísticas representan el 50 % de las personas que visitan Canarias frente al 7 % que opta por los de cinco estrellas? A mí me parece muy bien, señor presidente, que haya modelos turísticos que prefieran optar por ese 7 %, pero dejen a Gran Canaria que elija lo que más le convenga, señorías, y Gran Canaria ha optado y optó por crecer en cuatro estrellas, ¿qué hay de malo en eso, señor presidente?, ¿qué intereses se esconden detrás de prohibir esta pretensión, acaso que el turista alemán, holandés o italiano en su país de origen decida otra isla del archipiélago que no es Gran Canaria porque no tiene adónde acceder en Gran Canaria? ¿Por qué Coalición Canaria de Gran Canaria hace de cómplice, señora Julios, con su silencio ante esta injusticia? Acaso unas tímidas protestas de cara a la galería. Y, por cierto, señora Julios, hay una cosa que se llama seguridad jurídica y la Constitución es la garante de la seguridad jurídica.

¿Por qué el Partido Socialista de Gran Canaria se ha plegado sumisamente a la decisión de los señores Rivero y Berriel cerrando los ojos y la boca para no alterar la estabilidad de un gobierno en el que están de convidados de piedra? Se lo quería decir al señor Pérez, pero el señor Pérez, que es diputado por Gran Canaria, que es vicepresidente del Gobierno y secretario general de los socialistas, no ha venido al debate, no le interesa, señorías, este debate.

Señorías, la exigencia legal de construir hoteles de cinco estrellas produce o está produciendo el efecto perverso en Canarias porque se está obligando a los empresarios turísticos, cuyo modelo de negocio pretende atraer a turistas de clase media a través de hoteles de tres y cuatro estrellas, a construir un continente de cinco estrellas, con los sobrecostes que eso supone, y ofrecer en muchos de los casos servicios de cuatro estrellas bajando precios y calidad. Eso está pasando en Canarias y no es bueno para Canarias. ¿Es bueno para Canarias engañar a los turistas que compran un paquete en el extranjero como hotel de cinco estrellas y cuando vuelven a su país de pasar las vacaciones se van con la sensación de no haber cumplido sus expectativas porque a los propietarios y a los empresarios la ley les ha obligado a poner un envoltorio de lujo que ni él ni probablemente el cliente hubieran querido? A mí no me parece eso razonable ni bueno para nuestro destino turístico y eso, insisto, se está produciendo.

Y para rematar los disparates y las incongruencias, señorías. Les enseño este documento (Mostrando un documento a la Cámara). El señor Mayoral sabe mucho de él, el señor Pérez también porque fue presidente del cabildo en esa época y el señor Rodríguez también sabe mucho de él, este es el Plan Territorial de Ordenación Turística Insular de Gran Canaria al que, por cierto, el Gobierno le ha dado el visto bueno hace escasamente dos meses, el 31 de enero de 2014, y lo ha mandado a publicar al Boletín Oficial de Canarias. Si leemos su artículo 50, señorías, en la página 66, dice: "Modalidad de las nuevas plazas alojativas. En la zona turística litoral del sur de Gran Canaria solo se podrán autorizar, salvo las derivadas de actuaciones de renovación, las siguientes modalidades: a. Hoteles con categoría mínima de cuatro estrellas, b. Apartamentos con categoría mínima de tres estrellas". Esto es lo que dice el plan territorial, aprobado, por cierto, hace menos de dos meses, por el Gobierno de Canarias. Cuando lee las cosas, señor Berriel, se da cuenta de estas cosas.

¿Cómo es posible que el Gobierno prohíba los hoteles de cuatro estrellas y hace menos de dos meses la Cotmac le dé el visto bueno a lo contrario? ¿Por qué el Gobierno de Canarias avala un plan territorial turístico de Gran Canaria hace menos de dos meses con la posibilidad de construir estos hoteles y apartamentos y se niega a reformar la ley que lo impide? Yo no puedo entenderlo, señor Berriel, salvo que para el Gobierno los planes territoriales sean meros papeles que se guardan en un cajón.

Han alegado los grupos de Coalición Canaria y el PSOE que hay una PNL que dice que se revisará la moratoria en el mes de mayo, yo les digo que esto es un brindis al sol, primero porque ya vemos el caso que el Gobierno le hace a las PNL que se aprueban en este Parlamento, y, segundo, porque sabemos que esta evaluación, si se hace, se hará lógicamente al dictado del Gobierno. ¿Quién y cómo va a hacer esta evaluación?, ¿lo va a hacer un organismo independiente o lo va a hacer el propio Gobierno?, ¿cuánto tiempo se tardará? Mucho me temo, señorías, que es la excusa perfecta para que todo continúe igual.

Finalizo: ayer se trató el recurso en una comparecencia, el recurso de inconstitucionalidad contra algunos apartados de esta ley, yo no voy a profundizar en ello, señores diputados y diputadas. Espero que su admisión a trámite por parte del Tribunal Constitucional haga reflexionar al Gobierno de Canarias para cambiar lo que es inconstitucional y adaptar la legislación canaria al mandato europeo y nacional de apertura y libertad, que buena falta que hace, señor Berriel; la libertad en mayúsculas -no sé qué miedo le da a usted la palabra libertad, pero es que este gobierno le tiene mucho temor a la palabra libertad-.

Claro que Canarias tiene competencias exclusivas en turismo y en territorio, claro que sí, señorías, pero los nacionalistas olvidan interesadamente que las bases y la coordinación de la planificación de la actividad económica general es una competencia...

El señor PRESIDENTE: Tiene dos minutos, don Jorge.

El señor JORGE BLANCO: Termino ya, señor presidente, muchas gracias por su benevolencia.

...es una competencia invocada por el Estado para exigir un cambio en la legislación canaria. Esa es la realidad, le guste a usted o no le guste, señor Ruano (Ante comentarios del señor Ruano León, desde su escaño).

Mi grupo parlamentario, lógicamente, va a enmendar este texto porque lo queremos adaptar a la legislación europea y nacional, y, además, lo enmendaríamos, si finalmente se admite a trámite, para abrirlo al resto del archipiélago.

Señorías -termino ya-, reitero el apoyo a la toma en consideración, y aprovecho nuevamente, si no es esta, volveremos a insistir otra vez en tender la mano al resto de los grupos para adaptar el texto a la Constitución española, esa Constitución que a la señora Julios parece que no le gusta mucho, adaptarla a la Constitución, a las leyes y a la aspiración legítima de un pueblo, que es el pueblo de Gran Canaria, que se ha expresado a través de sus instituciones.

Gracias, señor presidente.

(Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.

(Suena el timbre de llamada a votación.) (Pausa.)

Señorías, por favor guarden silencio, si son tan amables.

Vamos a proceder a la votación de la Proposición de Ley del Cabildo Insular de Gran Canaria, por la que se modifica la Ley 2/2013, de Renovación y Modernización Turística de Canarias. Se vota, como todos sabemos, señorías, la admisión a trámite de dicha proposición de ley. Comienza la votación...

Señorías, no está permitido, que lo sabemos, ninguna manifestación ni ningún movimiento cuando se produce la votación. Les agradezco silencio, para que no nos sintamos avergonzados ante quienes nos ven, pues estamos aquí votando algo muy serio, nos guste o no nos guste.

Señorías, vamos a votar la Proposición de Ley del Cabildo Insular de Gran Canaria, por la que se modifica la Ley 2/2013, de Renovación y Modernización Turística de Canarias. Comienza la votación (Pausa).

Resultado: 57 presentes; 22 a favor, 35 en contra, ninguna abstención.

Queda rechazada.

Me van a permitir que agradezcamos la presencia aquí de las autoridades que nos acompañaron pero, evidentemente, muy especialmente del señor presidente del Cabildo de Gran Canaria y el señor consejero, de Nueva Canarias, del Cabildo Insular de Gran Canaria, don Carmelo Ramírez. Don José Miguel Bravo de Laguna y don Carmelo Ramírez, muchísimas gracias a los dos por su intervención hoy aquí esta tarde.

(El señor secretario primero, González Hernández, ocupa un escaño en la sala.)