Diario de Sesiones 124, de fecha 27/5/2014
Punto 26

8L/C-1539 COMPARECENCIA DEL GOBIERNO -CONSEJERA DE CULTURA, DEPORTES, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA-, INSTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE MEDIDAS PARA PARALIZAR O RETRASAR LA EJECUCIÓN DE DESAHUCIOS.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Cruz Hernández): Señorías, pasamos a la siguiente comparecencia: del Gobierno, de la señora consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, instada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre medidas para paralizar o retrasar la ejecución de los desahucios.

Para la primera intervención, por tiempo de cinco minutos, don Román Rodríguez, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene usted la palabra.

El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Señor presidente, señorías: muy buenas tardes.

Yo creo que repetimos, pero no viene mal, que esta crisis dura ya siete años y que los damnificados se cuentan a millones, en muy diverso ámbito: desde los que han perdido el empleo a los que han perdido su empresa, a los que han perdido su vivienda. Quizás esta, la cara de la crisis de un derecho constitucional como es el derecho a la vivienda sea una de las caras que mejor expresan el momento terrible que viven millones de personas.

El artículo 47 de la Constitución dice que este es un derecho básico de los ciudadanos y que los poderes públicos deben garantizar una vivienda digna y adecuada y en la estructura competencial las comunidades autónomas tienen competencias exclusivas en la materia. Y hay que decir que esta comunidad durante mucho tiempo, y afortunadamente, fue pionera en las políticas de vivienda. Recuerdo etapas en las que se desplazaban de otros gobiernos territoriales a reconocer la política de vivienda de protección pública y privada, a reconocer la bolsa de viviendas de alquiler, a reconocer la erradicación del chabolismo, que expresaba una injusticia brutal. Logramos erradicar el chabolismo del archipiélago cuando era figura habitual en las entradas y salidas de nuestras ciudades y pueblos, pero hay que decir que de aquel momento, que era de justicia, hemos pasado a estar en la cola también en esta materia.

Ahora no se hacen viviendas de protección pública, ni por la iniciativa pública ni por la iniciativa privada, porque la crisis ha quebrado la iniciativa privada de la vivienda de protección pública, pero también el Gobierno ha dejado de presupuestar recursos para nuevas viviendas de promoción pública.

Es cierto que tenemos un parque de alquileres importante, ¡solo faltaba! Por cierto, heredado por este Gobierno en su inmensa mayoría, en su inmensa mayoría, de las décadas anteriores. Pero en esta etapa en la que vivimos no solamente no se respeta el derecho de la vivienda, no solamente hay 35.000 familias que tienen los requisitos para acceder a este derecho básico, sino que sobre este derecho se retrocede, no se avanza, se retrocede, porque hay miles de familias que, teniendo una vivienda, la pierden, porque no pueden pagar la hipoteca, por el empobrecimiento sobrevenido, o porque no pueden pagar el alquiler. Y esto no es nuevo, esto tiene siete años de historia, siete años de lanzamientos, de desahucio, de drama, y esta comunidad en esta materia no ha tomado medidas, no ha tomado medidas. No hay ni una sola acción gubernamental visible, medible, que ponga freno a este desastre.

Somos conscientes de la ley que está en tramitación. Hemos presentado enmiendas a ella. Hay elementos que compartimos. Desde luego sus objetivos los compartimos. Nos parece bien movilizar el parque de viviendas privadas y buscar mecanismos para que a esas viviendas acceda la gente que tiene necesidad, pero para actuar y paralizar el problema dramático de los desahucios por impago de alquiler o impago de hipotecas no hay que esperar a esta ley. Nunca hubo que esperar a una ley, sencillamente se necesita voluntad política, poner esto como una prioridad, comprometerse de verdad a este tema. Y es hoy, de nuevo, venimos a decirle al Gobierno que qué cosas prácticas va a poner en marcha para parar los desahucios de las miles de personas que siguen en esta tierra perdiendo la vivienda. Hoy no hablamos, porque no toca, de las decenas de miles que la necesitan y no la tienen, y no la tendrán en años porque no hay perspectivas de construcción de viviendas de promoción pública, pero tampoco de promoción privada por la crisis y por el problema del crédito.

Hemos pasado una etapa donde éramos referentes a una etapa en la que también en esta materia nos colocamos a la cola.

Señora consejera, no para convencernos a nosotros, que no nos va a convencer, porque conocemos ya la política de este Gobierno, para convencer a los de fuera, a los que nos tenemos que dedicar, ¿qué van a hacer ustedes para parar esto? Hay comunidades que han puesto en marcha programas de mediación y fondos de ayuda para parar los desahucios y los lanzamientos...

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Cruz Hernández): Sí, señor diputado, tiene usted un minuto para concluir.

El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Para eso no se necesitan leyes, insisto y reitero, se necesita voluntad política.

Y el domingo los ciudadanos, en un proceso electoral que no es el habitual ni el más determinante, han dado un aviso, han dado un golpe en la mesa, y hay que reaccionar, aunque sea tarde hay que reaccionar, y dejarse solo de hablar, de hacer titulares, ¡porque esto no funciona! Todos tenemos que leer lo que pasó el domingo, ¡todos!, los que han retrocedido y los que no, los que estábamos en esa batalla y los que no, pero los gobiernos, sin duda ninguna, tienen que leer lo que el domingo pasó, y es que la gente no se fía de los gobiernos y los ha castigado, y el ejemplo más claro, más palpable de ese castigo son estas cosas: que sigan existiendo en esta tierra miles de personas que se tengan que ir a la calle por no disponer de 300 euros...

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Cruz Hernández): Gracias, señor diputado.

Para contestar, por el Gobierno la señora consejera, doña Inés Rojas, por tiempo de diez minutos tiene usted la palabra.

La señora CONSEJERA DE CULTURA, DEPORTES, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA (Rojas de León): Gracias, señor presidente. Señorías.

Comparece el Gobierno, a petición del Grupo Parlamentario Mixto, para informar sobre las medidas que ha tomado el Gobierno en materia de vivienda, sobre todo para retrasar la ejecución desahucios.

Señor Rodríguez, ¿a la cola de qué, dice usted?, ¿a la cola de qué? Mire, no solo seguimos siendo un referente sino que, según el informe de la Defensora del Pueblo, somos la segunda comunidad con mayor parque público de viviendas de España. Usted... (Ante un comentario que se suscita desde los escaños.) ¡Ah, que se le debe a Román Rodríguez!, bueno, pues, señorías, tendremos que hacerle un monumento al señor Rodríguez por un lado, porque parece ser que se debe a él el parque público de viviendas que tenemos en Canarias, y, por lo tanto, el domingo también probablemente le hablaron a usted, porque ya lleva muchos años en política y seguramente a usted también le hablaron el domingo las urnas. Que, al respecto de eso, como un paréntesis, solamente tengo que decirles una cosa: que yo creo sinceramente que lo que pasó el domingo es absolutamente extraordinario, mi opinión personal. Es extraordinario lo que pasó el domingo, muy, muy, extraordinario. Si somos capaces -que espero que sí- de ver la grandísima oportunidad que se nos ha brindado el domingo, desde luego, en vez de hablar tanto y culpar tanto a otros y creernos que estamos libres, pues, les aseguro que no solo no tanto sino que eso hará que perdamos la perspectiva de que realmente lo aprovechemos como una grandísima oportunidad.

Por lo tanto, señoría, no solo no estamos a la cola, sino que, al igual que en la época del señor Rodríguez, en esta época también han venido comunidades a preguntarnos y a comprobar algunas medidas que nosotros hemos ido tomando. Y recuerdo, por ejemplo, a Cataluña, concretamente, que nos llamaba para pedirnos -se acuerdan que lo he comentado aquí-, para pedirnos que desde luego les trasladáramos las bases con las que sacábamos el concurso de la compra de viviendas que estuvieran a medio hacer en Canarias para culminarlas, mantener así el empleo en la construcción, convertir esas vivienda en VPO y, por lo tanto, incorporar al parque de viviendas públicas del Gobierno. En una época de crisis, señor Rodríguez, en la que no hay dinero para construir, el Gobierno de Canarias ha aumentado el parque de viviendas protegidas. Precisamente una de ellas es esa medida y la otra, esto ya fue con un real decreto, porque Canarias no tiene competencias en ello, convirtiendo, todas aquellas personas y entidades que así lo consideraran, convirtiendo las viviendas libres en viviendas protegidas. No sé si usted lo recuerda, si usted lo vivió y si usted se informó de que se daba esa posibilidad, que no se ha dado jamás pero, dada la coyuntura económica, se permitía que las viviendas libres se convirtieran en viviendas VPO, y en Canarias hubo unas cuantas miles de viviendas que se convirtieron. Eso ha hecho que incorporáramos y que tengamos hoy un parque público de viviendas mayor sin haberlo construido.

Porque, señoría, lo que no se puede es hablar aquí de que ahora no construimos viviendas protegidas, ahora no se construye ni en lo privado ni en lo público. ¡Claro que no, señor Rodríguez!, si usted lo sabe, ¿cómo vamos a construir? Dos motivos: primero, el dinero del que quiera que podamos disponer lo disponemos para ayudar a la gente al mantenimiento de las viviendas que ya se tienen; y lo segundo: no es de recibo que este Gobierno construya más viviendas cuando se habla de que hay más de 100.000 viviendas construidas en Canarias... Lo que tenemos que hacer es lo que estamos haciendo y que usted apoya, que es modificar la Ley de Vivienda para que esas 100.000 viviendas estén al alcance de las familias. De por vida, señoría, ¿quién se las va a quitar? Si son viviendas en alquiler, como son las protegidas, con un alquiler social asequible a los ingresos de la gente, la gente tiene una vivienda rápida y segura y en buenas condiciones, y no hay que esperar a que mejore la economía para que el Gobierno desde luego pueda seguir construyendo.

Habla usted de siete años y, cuando se suben aquí, pues, pareciera que, bueno, pues, no sé, el Gobierno ha estado aquí de brazos cruzados a lo largo de estos siete años, porque por lo que sea o tenemos mala memoria o en aquel momento, pues, tampoco lo estuvimos viendo. Miren, en esta crisis el Gobierno de Canarias, a lo largo de todos estos años de crisis, ha ido tomando medidas prácticamente año a año en función de las necesidades. La primera de todas -si lo recuerdan- fue un plan de choque para pagar precisamente los recibos de la luz y del agua y algunos alquileres en el año 2008. ¿Lo recuerdan? Eso fue absolutamente pionero. Luego continuamos con los alquileres a 50 euros, señorías, eso ya era en el año 2009. Luego, en el año 2010 -entre el 2008 y el 2010-, compramos las viviendas a medio hacer, que eso hizo que incorporáramos en 500 o 600 viviendas más el parque de viviendas de Visocan, porque fue a través de esa empresa con la que se hizo esa compra. Además convertíamos, como le decía, las viviendas libres en protegidas. Pero es más, señorías... Y, señor Rodríguez seguramente usted ni se enteró, pero puede ir usted al Boletín Oficial de Canarias y ver publicado el decreto en el que decretábamos que las hipotecas de las viviendas protegidas que las personas estaban perdiendo por no hacerle frente a su hipoteca -en Ley Hipotecaria el Gobierno de Canarias no tiene competencias, ¡ojalá pudiéramos-!, decretábamos la dación en pago de la vivienda, la dación en pago. Pero, es más, íbamos a lo que también estamos haciendo en los últimos años, a que la persona desahuciada no fuera lanzada de la vivienda, sino que obligatoriamente por decreto la entidad financiera está obligada a dejarlo en su vivienda, con un alquiler acorde a los ingresos que tiene.

Eso lo ha hecho también el Gobierno de Canarias y algunas comunidades autónomas nos lo han preguntado. No se ha hecho en ninguna otra comunidad. O sea, que no estamos a la cola, también somos pioneros absolutamente en esto.

Y también, otra de las cosas importantes que hicimos, en el año 12, decreto de agosto del año 12, en el que decretamos que desde luego ninguna persona, familia, que viviera en una vivienda social del Gobierno fuera desahuciada por falta de pago; que teníamos que buscar la fórmula -y lo trasladamos a través de ese decreto- para que, con carácter retroactivo, hasta el 2000, señoría, para que aquellas familias que tuvieran deuda pudieran hacerle frente a la misma y desde luego no fueran desahuciadas.

Que además quiero hacer un inciso, porque no quiero que esto sirva para que muchas personas crean que en las 17.000 viviendas del Gobierno en las que viven hoy en alquiler puedan vivir sin pagarlo. ¡No, señorías! Las personas que pueden pagarlo deben hacerlo. Otra cosa es que tengamos una consideración especial con aquellas familias que en estos momentos no puedan hacerle frente al alquiler y deben venir a decírnoslo, tanto al Icavi como a Visocan, para desde luego regularizarles su situación. Pero si se dan cuenta, el Gobierno de Canarias no está desahuciando a nadie, aunque haya miles de familias en estos momentos que no le pueden hacer frente al pago del alquiler, aunque sea un alquiler social.

La penúltima medida ha sido la modificación de la Ley de Vivienda, que está en el Parlamento y que ustedes ya conocen, y que si ustedes como grupo parlamentario logran mejorarla, pues, miel sobre hojuelas. Desde luego, miel sobre hojuelas, porque será absolutamente interesante.

Por lo tanto, no se puede decir que no se ha hecho nada hasta ahora.

Desde que pusimos en marcha, anteriormente incluso a poner en marcha la modificación de la ley, el Gobierno siempre ha mediado con las entidades financieras, sigue haciéndolo, para aquellas familias que, no teniendo una red familiar ni lugar donde ubicarse, a nosotros las entidades financieras nos alertan para que desde luego podamos resolver esa situación. Y lo mismo nos pasa también con los alquileres, eso lo está haciendo absolutamente el Gobierno.

Y ya la última medida que ha hecho el Gobierno, que anunciaba el presidente en el debate de la nacionalidad y que ya está prácticamente cerrado, acuerdos con algunas entidades financieras, es el convenio para que las viviendas que tienen ellos, producto de esos desahucios o de promociones que se han quedado o que ellos mismos han construido, firmaremos un convenio para que entre Fecam, Gobierno y entidades financieras, a través de la empresa pública Visocan, pongamos esas viviendas en alquiler a precios absolutamente accesibles a las familias.

Esas son todas las medidas que hemos llevado hasta ahora en la política de vivienda, función social de la vivienda. Y además, como se ha empezado aquí diciendo que estamos a la cola, quiero decirles: no, señorías, no, Canarias es pionera en las políticas de vivienda, lo ha sido y lo sigue siendo, a pesar de esta situación económica.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Cruz Hernández): Gracias, señora consejera.

Para fijar una posición por los grupos no solicitantes de la comparecencia, el Grupo Parlamentario Socialista, don Manuel Fajardo. Por tiempo de tres minutos, tiene usted la palabra.

El señor FAJARDO PALAREA: Buenas tardes, señorías.

Efectivamente, no es la primera vez que hablamos de desahucios ni de lanzamientos en esta legislatura. Y también es cierto que ahora se nos pide reaccionar, pero los desahucios y los lanzamientos se producían antes; lo que pasa es que ahora es mucho más visible como consecuencia de la crisis. Y existen en la Ley de Enjuiciamiento Civil desde hace muchísimo tiempo, porque bastante viejita que es, mecanismos para retrasar los desahucios, que es una de las preguntas que se hacen en la comparecencia. Y es cierto que tenemos que reaccionar, pero, miren, no reaccionar por los resultados electorales, reaccionar por todas las personas que están padeciendo esa situación. Esa es nuestra obligación.

Hoy me he llevado una mala noticia, porque se nos ha dicho desde el Partido Popular que es inevitable el recurso de inconstitucionalidad. La verdad es que es una mala noticia, porque los que estamos trabajando en la ponencia sobre la modificación de la Ley de Vivienda creo que lo estamos intentando hacer para evitar ese recurso de inconstitucionalidad y para dar solución a esas miles de personas que están pasándolo mal.

Miren, si analizamos el número de ejecuciones hipotecarias, si analizamos el stock, que es de 130.000 viviendas vacías aproximadamente en Canarias, o los demandantes de vivienda censados, tendríamos que hacernos una pregunta nada más: ¿se cumple con la función social de la propiedad de la vivienda que proclaman los artículos 33 y 47 de la Constitución española? Y yo digo aquí que no, no se cumple a nivel estatal. Los pasos que se han dado a nivel estatal son insuficientes y basta ver la publicitación del número de desahucios que se han producido el año pasado, son insuficientes, y creo que nuestra obligación como parlamentarios canarios es intentar dar solución a estos temas.

La consejera ya ha enumerado una serie de iniciativas que se han tomado a través del Gobierno. Por cierto, aquí parece que algunos estuvieron en el Gobierno pero no estuvieron nunca, porque, como bien decía el señor Rodríguez, esta situación no es nueva, lleva mucho tiempo. Algunos aparecen como los paracaidistas, recién aparecidos, nunca estuvieron en el Gobierno; nunca protestaron por nada. Estoy totalmente de acuerdo con que se diga, con esa línea de ayuda y totalmente de acuerdo con lo que ha dicho usted.

Es una frase manida pero cierta: se ha rescatado a los bancos, es la hora de rescatar a las personas. Y no se puede generalizar, lo hemos discutido en la ponencia. No se puede generalizar, hay que mirar caso a caso, porque las insolvencias tienen que ser sobrevenidas, sobrevenidas, y sin que exista dolo. Lo hemos hablado en la ponencia.

Por tanto, nuestro apoyo al Gobierno para que siga con esa modificación de la Ley de Vivienda. Nuestro apoyo a todos los grupos por intentar llegar a un consenso, porque por encima de las reacciones, de los resultados electorales... No es extraordinario, señora consejera, lo que pasó el domingo es normal, por lo que está pasando en la sociedad. No es nada extraordinario, pero lo que nos debe mover es la conciencia social...

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Cruz Hernández): Gracias, señor diputado.

Por parte del Grupo Nacionalista, la señora Pulido, por tiempo de tres minutos tiene la palabra.

La señora PULIDO RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.

Debatimos de nuevo en sede parlamentaria sobre una de las caras más encarnizadas de esta crisis económica: los desahucios. Y debemos reconocer que ha sido la ciudadanía, a través de los movimientos sociales organizados, la que primero ha actuado en denunciar este drama social y la que ha obligado a los gobiernos a reaccionar y a tomar medidas para solucionar esta situación de desamparo social. Así, el Gobierno de España se ha visto obligado a legislar en varias ocasiones, entre ellas, pues, el Real Decreto 6 y el 27 del 2012 o la conocida como ley antidesahucio, pero con medidas claramente insuficientes, pues no se asume la reforma necesaria en la legislación hipotecaria para evitar los lanzamientos de sus viviendas de miles de familias. Pero, sin embargo, se hace algo, y lo que se hizo fue un código de buenas prácticas que no fue más que un eufemismo para rogar a los bancos que se portasen bien, si ellos quieren, claro, porque la medida era voluntaria para adherirse, pero, en cambio, se establecieron unos requisitos tan restrictivos que impidieron e impiden a la mayoría de las familias afectadas beneficiarse de las medidas establecidas.

Y aquí la señora diputada del Partido Popular decía, en la anterior comparecencia, que cada día hay un desahucio más. Pues quizás la causa esté aquí, en que no se ha hecho desde el Gobierno del Estado, no se ha hecho la reforma necesaria en la legislación hipotecaria, que es donde habría que haber actuado. Sin embargo, algunas comunidades autónomas, entre ellas Canarias, han apostado por legislar, dentro de sus competencias, atendiendo a la función social de la vivienda, de modo que se haga efectivo el derecho constitucional a que todos los españoles puedan disfrutar de una vivienda digna. En este sentido, el proyecto de ley de modificación de la Ley de Vivienda de Canarias articula una serie de medidas para que en los casos de emergencia social pueda evitarse el lanzamiento de las familias de su vivienda, a través de una medida excepcional, como es la expropiación de uso a sus nuevos adjudicatarios por un periodo de tres años, siempre que sean entidades financieras. Pero nos tememos, señorías, que la entrada en vigor de esta ley sea bloqueada por el Gobierno del Partido Popular, por lo menos en lo referente a la expropiación de uso, pues así lo han hecho con las leyes de Navarra y de Andalucía, presentando recursos de inconstitucionalidad. Por ello, señora consejera, creemos necesario que se tenga previsto un plan alternativo, con medidas que ayuden a las familias que se ven en dificultades para asumir el pago de sus hipotecas.

Y nos parece positivo lo que nos ha dicho de la negociación que se está llevando a cabo entre...

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Cruz Hernández): Gracias, señora diputada. Sabe cómo son las comparecencias y la fijación de posición.

Por parte del Grupo Parlamentario Popular, don Felipe Afonso, por tiempo de, igualmente, tres minutos tiene usted la palabra.

El señor AFONSO EL JABER: Señor presidente.

La comparecencia del Grupo Mixto evidencia el fracaso del Gobierno de Canarias en materia de vivienda. Viviendas terminadas en el año 2012 y que a mitad del 2014 no se han entregado. Viviendas adquiridas a promotores privados hace un par de años que tendrán que ser rehabilitadas, que tendrán que ser rehabilitadas antes de entregarlas por primera vez, sin que nadie asuma responsabilidades por esa negligencia. Por ejemplo, promociones que costaron 9 millones de euros.

Hace una ley que sabe inconstitucional para tapar sus vergüenzas y culpar luego a otro de su fracaso, porque ya se sabe que jurar la Constitución, jurar guardar y hacerla guardar es solo para la foto del álbum familiar. Pues no: es para cumplirla, y ustedes quieren taparla, repito, con esta ley que saben inconstitucional.

No, no se preocupan por la gente. Ponen cara de preocuparse por la gente, pero no. Si no, harían una ley legal y exigible, que no es lo que hacen. Es pura hipocresía esta ley. Una actitud farisea, absoluto fariseísmo. Ustedes, que apoyaron una ley que presumía de crear muchos juzgados para acelerar los desahucios, o una ley que llamaban del desahucio exprés, vienen aquí a dar lecciones. Ustedes, los que apoyan a este Gobierno, fueron los que aprobaron esas leyes. Ustedes, que se opusieron durante diez votaciones en la pasada legislatura a reformar la legislación hipotecaria, ahora les parece poco lo que hacen otros. Pues bien, lo que hacen otros ha evitado ya, en más de un año, 8.000 ejecuciones, 8.000 desahucios.

Mire, nuestra enmienda, la enmienda que hemos presentado, demuestra que es posible que exista una alternativa legal, una alternativa constitucional a su ley, para ayudar a las personas que están pasando las peores circunstancias. Pero ustedes eso no lo quieren, ustedes lo que quieren simplemente es tapar su incompetencia y su insensibilidad dando una patada hacia adelante. Ustedes, miren, aprueben lo que quieran, que estaríamos dispuestos a apoyarlo, solo con dos condiciones: que lo que se apruebe sea legal, que esté dentro del Estado de derecho, y sea exigible. Pero no, ustedes quieren hacer una ley que sea ilegal y además no exigible por parte de los ciudadanos. Eso es una auténtica tomadura de pelo a aquellos que peor lo están pasando.

Y sigue sin explicar por qué prefieren pagar a los bancos por una expropiación durante tres años, que no es lo que hace la ley nacional, que es retrasar la ejecución sin pagarles a los bancos. ¿Esto a quién beneficia?: solamente a los bancos.

Y dígame por qué usted presume todos los días de que está alquilándoles las viviendas a los bancos. ¿Y por qué no las de los promotores?, ¿y por qué no las de los constructores?, ¿y por qué no las de miles de particulares que intentan alquilar...?

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Cruz Hernández): Gracias, señor diputado.

Por parte del grupo parlamentario solicitante de la comparecencia, el Grupo Mixto, don Román Rodríguez, por tiempo de diez minutos tiene usted la palabra.

El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Señor presidente, señorías.

En fin, esto es un problema grave que nos ocurre, ¿no?, el negar la evidencia. Yo creo que hasta los propios trabajadores de la Administración pública de la Comunidad Autónoma reconocen que la vivienda ha retrocedido como política a la segunda o a la tercera división. Es evidente que en esta comunidad, que algunos presumen de haber detectado la crisis antes que nadie, y yo recuerdo al presidente del Gobierno diciendo: yo descubrí que la crisis venía en el año 2008... ¿Recuerdan eso? Pues si alguien tuvo la visión de descubrir la crisis antes que nadie debió tomar medidas también antes que nadie, porque lo que era evidente es que la crisis tendría consecuencias en distintos ámbitos y también en este. Y la realidad es que ustedes, en relación a la política de viviendas, no han tomado medidas acordes con la circunstancia de grave crisis que estamos viviendo. Y aquí se han paralizado las viviendas de protección, tanto de promoción pública como de promoción privada, por las circunstancias supuestas de la crisis. Ahora le pondré algunos datos que ponen en evidencia que si hubiera voluntad para esto aparece el dinero. Si hubiera voluntad, el problema es que algunos están entretenidos en otras cuestiones.

No hay ninguna duda de que las administraciones públicas españolas y canarias han estado por detrás de los acontecimientos, en la etapa socialista y en la etapa del Partido Popular, pero aquí en la etapa de Paulino y en la etapa de Paulino, en las dos legislaturas, por detrás de los acontecimientos. Quien único ha puesto el problema en la calle y en la mente de la ciudadanía han sido los propios ciudadanos, organizados, y los gobiernos de allá y de aquí por detrás de la realidad social de miles de familias que pierden su vivienda. Y eso es indiscutible, lo dicen los análisis sociológicos y últimamente hasta los resultados electorales.

Esta es la expresión de la crisis que más conciencia ha generado. Una parte de lo que ocurrió el domingo se explica a través de la insensibilidad de los gobiernos frente a asuntos como este. Esa frase hecha de que se está con los bancos o con los ciudadanos podrían aplicársela ustedes también, porque la política que han hecho desde este Gobierno tiene el mismo tenor, en términos económicos, que la política del Gobierno de España. Este Gobierno, en el año 12 y 13, dejó de gastar, disponiendo de capacidad para hacerlo, 240 millones del déficit autorizado. Pero ¿qué gobierno, consciente, sensible, preocupado, inquieto por las circunstancias de su población, permite que 240 millones, que están para financiar el presupuesto, se dejen de utilizar para quedar bien, para quedar bien? 240 millones; 6 décimas, entre el año 12 y 13, del déficit autorizado no se gastaron. Y con 240 millones se pueden hacer políticas de vivienda y políticas de verdad contra la pobreza, y políticas de verdad de choque frente a la sobredemanda del sistema sanitario, y ustedes no lo hicieron. Es más, esta mañana algunos presumían de tener, en el primer trimestre, 44 millones de superávit. ¿Ustedes creen que la gente de la calle entiende, la gente pasando hambre, la gente perdiendo su vivienda, la gente sin esperanza, entiende que un gobierno que está esencialmente para atender a sus ciudadanos presuma de no haber consumido 240 millones de déficit?, ¿presuma de eso?, ¿o presuma de que en el primer trimestre tiene 44 millones de superávit? A este paso al Gobierno, con este desastre que vivimos, le sobra dinero de nuevo en el año 14 y, si no, al tiempo, porque acertamos en el año 12 y acertamos en el año 13. No sé yo si las circunstancias de año preelectoral los llevará de verdad a apurar el gasto para atender las necesidades inaplazables de la ciudadanía.

Ustedes han llegado tarde a este problema, porque podríamos haber concluido, "oiga, la crisis la vimos antes que nadie, vamos a tener un problema para viviendas de promoción privada, vamos a tener un problema para viviendas de promoción pública...". Antes había ciento y pico mil viviendas también, privadas, sin movilizar, ¿y por qué se les ocurre a ustedes este asunto en el séptimo año? ¿Pero no empezó la crisis en el 2008, no fueron ustedes los descubridores de que venía la crisis? ¡Y ahora se les ocurre movilizar el parque de viviendas en el séptimo año!, en el octavo año del Gobierno al que usted pertenece. Y yo le digo una cuestión: nosotros estamos de acuerdo en hacer ese esfuerzo de movilización, pero también le digo que es difícil y es poco práctico, o difícil de llevar a la práctica. Difícil, porque estamos en el sistema económico, social y político en el que estamos, ¿eh?

Como va a ser muy difícil algo que nosotros apoyamos pero que va a paralizar el Gobierno de España, que son las expropiaciones temporales. Nosotros ideológicamente estamos de acuerdo, creemos que es legal, pero lo van a paralizar, ¿y qué sentido tiene, si sabes que vas a tomar una medida que la van a paralizar, persistir en ella si de lo que se trata es de resolver el problema? Por eso en nuestras enmiendas hablamos de mediación, por supuesto, y de ayudas, de una bolsa de recursos, para que, cuando no sea posible el acuerdo entre el arrendador y el inquilino, se pueda ayudar a la familia que tenga una situación social de emergencia, no a todas las familias, a las que reúnan los requisitos; que tengamos una bolsa para que cuando el hipotecado y su banco no lleguen a un acuerdo después de la mediación se puedan poner 200, 300 euros. Los mismos que habría que poner en el justiprecio si salieran adelante los expedientes de expropiación.

De manera que ustedes no han sido capaces de movilizar el parque privado de viviendas en siete años de crisis y lo van a intentar ahora, y nosotros apoyaremos esa iniciativa, aunque sea tarde, pero ustedes no han tomado medidas prácticas eficaces para parar los desahucios, para parar los lanzamientos. Y solo se puede hacer de manera práctica mediando y poniendo dinero. Aunque aprobáramos -y nosotros estamos de acuerdo- las expropiaciones temporales, las va a paralizar el Partido Popular. Bueno, ¿y entonces qué, que se fastidie la gente? ¡Pues no, señor! Si sabe usted que le van a parar la ley utilizando el Estado de derecho, pues, utilice usted la capacidad de gestión para resolver el problema. Porque usted lo que quiere es que se la paralicen para echarles la culpa a estos. ¿Pero sabe qué hay mientras tanto?: la gente pasando miseria, la gente perdiendo las viviendas. Dediquen ustedes 3 milloncitos de euros en el presupuesto a una bolsa de ayuda al alquiler y a los lanzamientos hipotecarios y yo les aseguro que daríamos respuesta a miles de dramas, porque lo otro, que hay que hacerlo, no será fácil. Primero, que no lo recurran y, en segundo lugar, gestionarlo. ¡Cada expediente de expropiación temporal es un lío!, y ustedes son malos gestionando. Ustedes no saben ni las viviendas públicas que tienen: ¿cómo vamos a fiarnos de que van a ser capaces de gestionar cientos, miles, de expedientes de expropiación temporal? ¡Si no tienen contabilizadas, no tienen un registro de vivienda pública, si no saben las viviendas que tienen vacías, si no saben el estado en que se encuentran las viviendas de promoción privada que ustedes compraron, algunas asaltadas vandálicamente en algunos lugares y abandonadas!

Seamos prácticos por una vez, pongamos al ciudadano delante del rifirrafe y pongamos medidas eficaces de mediación entre el propietario y el inquilino o el deudor hipotecario. Mediemos, muchas soluciones se buscarán hablando y en las que no se puedan buscar hablando pongamos los recursos; en vez de dedicar los 300 euros/familia/mes, o los 270 euros, los que salgan, para el justiprecio, los pone para el alquiler. ¿De qué se trata aquí? Se trata de resolver problemas que ustedes hasta ahora no han resuelto y que ahora, tarde y yo creo que mal, y con poco éxito seguramente, pretenden hacer.

Si no hicieran ustedes un cambio sustancial, práctico, eficaz, no impactarán en la realidad que se está viviendo. Y yo les digo una cuestión: usted puede decir aquí, porque usted mantiene sus posiciones hace siete años, con la ley de dependencia, con el tema de la vivienda, con el tema de la pobreza, pero a usted fuera cada vez la apoya menos gente, suponiendo que la apoye alguien. Este Gobierno, en materia social y en algunas otras, tiene un suspenso clamoroso. Lea las propias encuestas, suyas, de ustedes: ¡clamoroso! Hay que cambiar y el domingo hubo un aviso a todos los gobiernos, pero no para mirar para otro lado, como si estuvieran hablando del otro, para mirar todos hacia dentro y cambiar. Y en el tema de los desahucios hay una oportunidad, si hay voluntad política, de intervenir de manera eficaz, sin perjuicio de que la ley siga adelante, y nosotros apoyaremos las medidas difíciles desde el punto de vista jurídico y difíciles de gestionar que prevé la ley, pero mientras tanto, mediación, dinero y ayuda. Eso será lo único que permita intervenir en el drama diario de gente que pierde la vivienda porque no puede pagar el alquiler o porque no puede pagar la hipoteca. Y, si no, tendremos, ya lo dije yo aquí en el debate del estado de la nacionalidad...

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Cruz Hernández): Sí. Señor diputado, tiene un minuto para concluir.

El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Perdí la esperanza, pero queda un año, queda un año, y todo lo que podamos resolver en este año será bueno para los ciudadanos, bueno para esta institución, bueno para la política y, sobre todo, será bueno para los ciudadanos. Hagan un último esfuerzo de atender las necesidades sociales dramáticas que vive nuestra gente, que no les sobre a ustedes ni un solo euro del déficit. ¡Es que no puede ser que sobren 240 millones cuando la gente pasa hambre, la gente pierde la vivienda! Insisto, les han sobrado 240 millones entre el año 12 y 13, lea los datos de la contabilidad nacional del Ministerio de Economía. Ese mérito, desde luego, no se lo van a reconocer los ciudadanos; no sé si el señor Montoro.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Cruz Hernández): Gracias, señor diputado.

Para concluir la comparecencia, la señora consejera de Servicios Sociales, doña Inés Rojas, por tiempo de diez minutos tiene la palabra.

La señora CONSEJERA DE CULTURA, DEPORTES, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA (Rojas de León): Gracias, señor presidente. Señorías.

Arrancaba el diputado del Grupo Parlamentario Socialista con el anuncio que hace el Partido Popular del recurso de inconstitucionalidad y reconocía que desde luego las modificaciones que ha hecho el Estado son absolutamente insuficientes, y además ni siquiera ha hecho caso de una recomendación de la propia Unión Europea en la que habla de que la Ley Hipotecaria española tiene cláusulas abusivas y desde luego el Estado no ha hecho absolutamente nada por corregir eso, sin duda, y es la hora de rescatar a las personas, aunque parezca una frase hecha.

Mire, señor Rodríguez, es que yo, escuchándole a usted, por un momento pensé... Bueno, primero no le permito, ni siquiera en el fragor de estar delante, aquí, en la tribuna, y que a uno a veces, en la pasión de las cosas que le importan y que le duelen, le pueda llevar, decir que yo prefiero que el Partido Popular recurra la ley para no tener que no sé qué. Eso no se lo puedo permitir. ¿De acuerdo? No se lo puedo permitir. Porque aquí como mínimo nadie es más que nadie, eso para empezar. Que quizás eso el domingo también nos lo dijeron, que menos ya rifirrafe entre nosotros y que seamos un poco más respetuosos entre nosotros mismos. Pero llegó un momento en que pensé: "¿me está pidiendo el señor Rodríguez que retire la Ley de Vivienda", "me está convenciendo de que retire la Ley de Vivienda porque el Partido Popular la va a recurrir?". Y yo quiero proponerle otra cosa -que a veces el Partido Popular desde luego a usted le aplauden más que a mí-: ¿pero por qué no convence al Partido Popular de que no recurra la ley? Es más fácil eso, seguramente, porque yo no puedo creer que algunas personas estemos preocupadas por la situación de la gente y en el Partido Popular no lo estén. ¡No lo creo!, seguro que lo están también.

Creen que estamos haciendo una ley inconstitucional, pero, señoría, ¿es que es inconstitucional lograr que una persona que ha sido desahuciada no salga de la vivienda de la que ha sido desahuciada y pueda pagar un alquiler simbólico, lo que puede por los ingresos que tiene? ¿Eso es anticonstitucional?, ¿y desde cuándo la Constitución va en contra de la gente?, ¿desde cuándo es eso? No solo no es inconstitucional sino que yo creo que, puesto que el Estado no lo ha hecho, nos está abocando a las comunidades autónomas con competencias en materia de vivienda a que tengamos nosotros que coger, aquí en este caso, el toro por los cuernos, como suele decirse, y hacerlo nosotros. Si lo hubiera hecho el Estado para todo el territorio español, no estaríamos las comunidades envueltas en esta situación. Y hemos tenido que hacerlo nosotros. Desde luego yo creo que tiene el valor de poder hacerlo... No que lo teníamos que haber hecho desde el año 2008, señoría, eso desde luego que también queda bien en el discurso. A lo largo de todos estos años, si lo ha querido oír porque no lo ha vivido, todas las medidas que ha ido tomando el Gobierno para ir ayudando a paliar la situación hasta que te ves abocado a que, desde luego, no solo ya son medidas coyunturales, sino que tenemos que ir a una medida mucho más estructural, como es la de modificar la ley. Una ley que allí donde el Gobierno de Canarias tenía competencias y legislado, que es en vivienda protegida, lo hizo incluso, como le comenté antes, con la dación en pago, señoría, porque ya es un drama que una familia sea desahuciada de su vivienda, pero es que el drama no acaba con que pierda la vivienda, es que sigue debiéndola a la entidad financiera, señoría. Y eso, señoría, el Gobierno de Canarias no ha podido hacerlo. Donde pudo, que es en la hipoteca de una persona que compraba una vivienda protegida, lo hizo, y somos la única comunidad que lo ha hecho, señoría.

Y me parece que no solo no es justo, no solo no es justo, sino que es no informar bien a la gente de situaciones como esta. El Gobierno de Canarias es el único Gobierno autonómico de este país, España, que ha tomado medidas allí donde podía, donde tenía competencias por su ley, que era en la vivienda protegida, evitando los desahucios en sus viviendas sociales, públicas, y desde luego la dación en pago en la compra de viviendas protegidas. No solo no ha hecho eso el Estado sino que tenemos hoy en Canarias a más de 2.400 familias a las que el Gobierno de España garantizó una ayuda en el préstamo hipotecario de su vivienda protegida, que se renovaba cada cinco años y que en estos momentos el Gobierno ha dicho no, no hay renovación. Tenemos ahora mismo esas 2.000, casi 2.400 familias, pero es que dentro de poco tendremos otras tantas, porque no se les está renovando. Esas cosas hay que decirlas también, señoría, y ser justos y además ciertos con la información que damos.

Tampoco me parece serio el discurso, no es serio, aunque valga como discurso, que digamos que en estos momentos debíamos seguir construyendo viviendas protegidas, que el Gobierno ya no construye viviendas protegidas. Señoría, un territorio como el nuestro, fragmentado y limitado, tenemos territorios construidos de viviendas, no es serio que un Gobierno no se preocupe en este momento de coyuntura económica de poner en valor esas viviendas, sacarlas a flote, sacarlas a la luz. No solo no es difícil, no solo no es difícil, sino que es una obligación moral hacerlo: sacarlas a la luz y ponerlas a disposición de la familia. Eso se hace mucho más rápido -la necesidad se tiene ahora-, es mucho más rápido que ponerse a construir viviendas en estos momentos. Queda muy bien como discurso, pero ni es serio ni es lo factible en estos momentos.

Yo, al Grupo Popular, Parlamentario Popular, rogarles una vez más, yo creo que con ruegos no va, yo creo que ha quedado absolutamente claro y manifiesto que no quieren sacar adelante una modificación de la Ley de Vivienda que garantice... Miren, señorías, lo más importante de la ley no son las expropiaciones que pueda hacer el Gobierno a una entidad financiera. Eso no es lo más importante de la ley, con ser importante. ¿Saben por qué es importante? Por el efecto que produce en las entidades financieras, porque si por ley les vamos a expropiar no van a esperar a eso, y lo que van a hacer es lo que estamos haciendo en este momento, que es la mediación, que es, no puedo evitar el desahucio, pero sí puedo evitar el desalojo. Como bien se dice, no para todo el mundo, sino para aquellas familias que están en exclusión social. Lo más importante de la ley, señorías, es que esas más de 100.000 viviendas podemos... En estos momentos se habla de 100, 130.000, ¿pero dónde están?, ¿dónde están?, ¿quién las tiene? Sin embargo, con la ley podemos registrarlas y podemos instar a que desde luego se pongan en el mercado a un alquiler asequible, acorde al lugar donde está ubicada la vivienda. Por lo tanto, es importante.

Y no estamos esperando ni siquiera a que se apruebe la ley, como habrá podido comprobar, lo anunciaba el presidente en el debate del estado de la nacionalidad; estamos cerrando acuerdos con las entidades financieras, en primer lugar, para que esas viviendas estén ya a disposición de las familias desde ahora. Luego será obligatorio por ley, pero, mientras se aprueba la ley, mientras además se pone en marcha, no esperar tampoco por esa medida, sino ya empezar, de tal manera que si dos o tres entidades, como en estos momentos tenemos prácticamente el acuerdo cerrado, será una especie de experiencia piloto para el resto de entidades. Empezaremos con un número determinado de viviendas y a medida que vamos alquilando... ¿Por qué eso no es difícil, que decía el señor Rodríguez que va a ser difícil? Miren, ¿saben por qué no es difícil? Porque al final tenemos en Canarias un montante de viviendas cerradas, que parecen no tener dueño -porque siendo de una entidad financiera o una entidad jurídica no parecen tener dueño-, que al final a la entidad financiera tampoco le queda otra. No es que yo confíe en la generosidad -aunque tampoco he visto excesiva maldad en este caso-: porque no les queda otra, porque al final tienen unos inmuebles cerrados que se van a deteriorar, mientras que de esta forma, con la mediación del Gobierno, las familias tienen acceso a una vivienda, con un dinero realmente acorde a los ingresos que tienen, y las viviendas están en activo. Por lo tanto, ganamos todos, señorías, sin que a ninguno prácticamente nos cueste en exceso, económicamente hablando.

Por lo tanto, creo que es absolutamente importante reconocer todas las medidas que el Gobierno de Canarias ha venido tomando en política de vivienda, pioneras muchas de ellas en el Estado español, como les decía, como la dación en pago, y creo que la modificación de la ley y el convenio con las entidades financieras no son ni más ni menos, ni menos ni más, que medidas mucho más estructurales, que van a ser un antes y un después en la política de vivienda también de la comunidad autónoma, a ver si conseguimos que realmente esas familias que en estos momentos, no solo desahuciadas de las entidades financieras, sino desahuciadas de particulares, porque se ven abocadas a que desde luego tendrán que despedirlas, sacarlas de sus viviendas porque no pueden ni siquiera pagar el alquiler... Tener alquileres asequibles a los ingresos que tienen las familias hoy es un nivel moral de este Gobierno, y el Gobierno de Canarias está cumpliendo con las dos medidas: modificando la ley y llegando a acuerdos con las entidades financieras.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Cruz Hernández): Gracias, señora consejera.