Diario de Sesiones 134/2014, de fecha 16/9/2014 - Punto 24

8L/C-1619 COMPARECENCIA DEL GOBIERNO -CONSEJERO DE ECONOMÍA, HACIENDA Y SEGURIDAD-, INSTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO NACIONALISTA CANARIO (CC-PNC-CCN), SOBRE LA INCIDENCIA DE LA REFORMA FISCAL ESTATAL EN LA FINANCIACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.

El señor PRESIDENTE: Siguiente comparecencia, del señor consejero de Economía, Hacienda y Seguridad, instada por el Grupo Nacionalista Canario, sobre la incidencia de la reforma fiscal estatal en la financiación de los servicios públicos.

Don José Miguel Ruano León, tiene la palabra.

El señor RUANO LEÓN: Señor presidente. Señorías. Buenas tardes.

A finales del mes de junio, anunciaba el ministro de Hacienda, el señor Montoro, una reforma fiscal cuya vigencia pretende afectar o pretende producirse a partir del 1 de enero del próximo año, que tiene una incidencia especial por muchas razones.

En primer lugar, porque la reforma nos permite recordar, constatar, que una de las primeras medidas, si no las primeras, del primer paquete de medidas que adoptó el Gobierno de España a finales del año 2011, el nuevo Gobierno que se constituía tras las elecciones, el Gobierno del Partido Popular, que una de las medidas, digo, era subir el IRPF -fue una medida inmediata- y, más tarde, poco más tarde, la siempre negada medida de subir el IVA en el ámbito del Estado para hacer posible el sostenimiento de, la caída, o impedir, o minorar, aliviar la grave caída de los ingresos estatales. Porque recordemos que uno de los grandes problemas del modelo de financiación del 2009 es que realmente no hay un fondo de suficiencia con dotación por la gravísima caída de los ingresos estatales producidos durante la crisis.

Por tanto, el anuncio del ministro Montoro nos permitió recordar que ya llevábamos -o llevamos- durante esta legislatura del Estado una carga impositiva mayor, sin entrar ahora en su razonabilidad cuando se adoptó o no; es decir, por lo menos al final, algunos tienen que asumir que algunas medidas que no llevaban en el programa electoral que comprometieron con la ciudadanía tuvieron que ser más tarde revisadas.

El caso es que, en este momento, con indicadores que permiten, en el ámbito español, hablar de una tibia -todavía muy incipiente- mejora de la economía en el ámbito interno, más allá del tema de las exportaciones, la caída del poder adquisitivo de las clases medias en torno a la media salarial ha bajado en torno a unos dos mil euros al año, con los trabajadores medios, por debajo de treinta mil euros; estábamos en unos veintiún mil y estamos ahora en torno a diecinueve mil euros de media; es decir que la caída de los ingresos para un trabajador ha representado pérdida, lógicamente, de poder adquisitivo; la convergencia o la mejora de la productividad española se ha ganado a base de pérdida salarial. Y ahora, el planteamiento del Gobierno de España es que, bajando los impuestos, se produce una mayor renta disponible y, con ello, una posibilidad de mayor consumo.

En fin, todas las discusiones sobre política fiscal nos llevan siempre a evaluar si se va a conseguir la recaudación adecuada en la afectación de los ingresos o reforma neutra, es decir, ¿qué efectos va a producir? La alerta que producen algunos organismos internacionales -y no es, por tanto, ningún organismo de ser tildado de izquierdas, ni mucho menos- es seria. Dice en noticias de prensa: "El FMI dice que la reforma fiscal de Montoro aboca al Estado a perder ingresos. En su valoración de la reforma fiscal, el FMI lamenta que la aproximación que ha hecho el Ejecutivo implique una posible pérdida de ingresos por encima del enfoque neutral que recomendaba el comité de sabios -que, saben ustedes, se constituyó con el propósito de diseñar una reforma fiscal-, y el FMI pidió a España que no mermara los ingresos públicos para proteger los servicios". El FMI alerta a España de que, cuidado, tiene que proteger los servicios.

Señor consejero, resulta que los servicios, los prestadores de los servicios universales a la ciudadanía -la educación, la sanidad y los servicios sociales, que nutren o que dan contenido a lo que es un moderno Estado de bienestar- son sostenidos por las administraciones autonómicas, por las comunidades autónomas. Tenemos grave preocupación por la incidencia que pueda producir en los servicios públicos la reforma fiscal anunciada; y, especialmente, porque, como se sabe, la afectación sobre el IRPF es una afectación directa sobre el 50% del rendimiento que corresponde, como es conocido, a las comunidades autónomas. Queremos saber qué se ha tratado en la comisión de coordinación, en el Consejo de Política...

El señor PRESIDENTE: Un minuto, sí, si lo desea.

El señor RUANO LEÓN: Intentaba ajustarme al tiempo y termino bien, para decir que después del anuncio del ministro Montoro se han producido reuniones del Consejo de Política Fiscal y Financiera y si se han pactado, entre las comunidades autónomas y el Estado, medidas paliativas que permitan asegurar los ingresos; porque, si no se aseguran los ingresos, tendremos que seguir produciendo recortes en los gastos, y es imposible que la ciudadanía siga soportando esa presión sobre el funcionamiento mínimo de sus servicios públicos.

Muchas gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, don José Miguel Ruano.

Por el Gobierno, el señor consejero de Economía, Hacienda y Seguridad, don Javier González Ortiz.

El señor CONSEJERO DE ECONOMÍA, HACIENDA Y SEGURIDAD (González Ortiz): Presidente, señorías, buenas tardes a todos y a todas.

La reforma fiscal prometida por el Gobierno de España ha desembocado finalmente en una oportunidad perdida. Las expectativas generadas, incluso con la creación de un comité de expertos de por medio, dieron paso a una simple y selectiva bajada de impuestos, muy lejos de lo que se había anticipado y, sobre todo, de lo que demandan los ciudadanos.

A pesar de constatar que tenemos un sistema tributario que adolece de múltiples carencias y deficiencias, se antepuso el calendario electoral y se arrinconó una auténtica reforma que nos dotara de un modelo más eficiente, suficiente y equitativo. Sin embargo, y por el contrario, se diseñó una rebaja fiscal pensando más en el votante que en el contribuyente.

Y es esa misma razón, la electoral, la que ha presidido la decisión de no cambiar el sistema de financiación; una modificación que, al igual que la reforma fiscal, fue también, por tanto, prometida e incumplida. Dos asuntos que van ineludiblemente unidos, como así lo aseguraban desde el Gobierno estatal cuando decían que estas eran las dos grandes reformas pendientes de España; expresiones que dieron paso a otra realidad, porque, si bien ambas están necesariamente vinculadas, también ambas han acabado frustradas.

Como bien entendía el Gobierno del Partido Popular, antes de que irrumpieran los motivos electorales, una auténtica reorganización en este ámbito implica a los dos sistemas de forma paralela, dada su incidencia directa en la distribución de los recursos. Distribución que afecta a las comunidades autónomas, perceptoras, por una parte, de los impuestos; y responsables, por otra, de la prestación de los servicios públicos esenciales, cuyos principales fondos provienen del sistema de financiación.

Aun con esta evidencia, las decisiones del Gobierno central, además de erróneas, fueron unilaterales: ni las autonomías fueron consultadas en la rebaja tributaria, que es donde directamente les atañe, ni tampoco fueron escuchadas ante la negativa de reformar el modelo que sostiene la sanidad, la educación y los servicios sociales. Una muestra palpable de lo que importa al Partido Popular el gasto social procedente de un sistema de financiación calificado por la mayoría de las comunidades autónomas como injusto y perverso, y que a Canarias le supone una pérdida anual de ochocientos millones de euros.

El argumento no deja de ser sorprendente: según el ministro Montoro, no hay reforma porque no quieren propiciar ahora un debate de agravios entre territorios, como si los agravios no estuvieran ya presentes y, además, en constante aumento.

Como conclusión, estamos en estos momentos ante una rebaja estatal de impuestos de la que aún no se han comunicado los efectos reales que tendrá para las comunidades autónomas, y también estamos ante la necesidad de sostener los servicios públicos esenciales con un sistema que es insuficiente y, por lo tanto, tampoco es equitativo para Canarias.

A lo que se añade otro elemento que incide sobremanera en nuestra capacidad de financiación, como es el objetivo de déficit, en otra decisión unilateral más: el Gobierno de España nos reduce ese límite desde el 1% actual al 0,7% para el próximo año, tres décimas de diferencia, lo que nos supondrá en el año 2015 unos ciento veinte millones de euros menos.

Una disminución que hace recaer de nuevo el peso del ajuste en las comunidades autónomas, mientras que el Gobierno central sigue reservándose el mayor margen que -recuerdo- ni así cumple; demostrando, por tanto, su nula capacidad y disposición a reducir su gasto estructural.

Permítanme recordarles que no vale siquiera la excusa de que el déficit de la Administración General del Estado se produce por el incremento de las prestaciones sociales... No, no. Recuerdo que, en el 2013, el déficit de la Seguridad Social no se consumió todo el previsto, luego ese discurso tampoco vale.

Son, por tanto, los gastos de los ministerios, de las empresas públicas del Estado, el principal motivo que les impide acatar su objetivo de estabilidad, mientras exigen a las comunidades autónomas el rigor que no se aplican en su gestión; incumplimiento que, como consecuencia de la anunciada rebaja impositiva, han puesto en duda varios organismos independientes y la propia Comisión Europea por entender que, dice textualmente, "lo fían todo sin margen de error a la recuperación económica". Es decir, les dicen los organismos internacionales que la reforma fiscal planteada es incompatible con el cumplimiento del objetivo de estabilidad fijado al que se ha comprometido el Reino de España. Y que lo fijan todo a una supuesta recuperación económica; y que, por lo tanto, están corriendo enormes riesgos.

Por ejemplo, la recientemente creada Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal se estrenó en el pasado mes de julio con un informe demoledor al concluir que la Administración General del Estado no respetará, en los próximos años, ni su límite de déficit ni su previsión de deuda. Y todo parece indicar que así será. Por ejemplo, los últimos datos ofrecidos por el Banco de España, referidos al segundo trimestre del año 2014, indican que el endeudamiento de la Administración General del Estado se acelera, alcanzando el 86% del Producto Interior Bruto del conjunto del Estado español; dato que, por ejemplo, contrasta con la contención que realiza Canarias al ser la menos endeudada, tanto en relación con su PIB, con un 13,5%, como en la relación por habitante.

En este escenario, el Gobierno central se lanza a una rebaja tributaria donde, señorías, dispara con pólvora ajena; ya que, sin competencias en la prestación de los servicios públicos esenciales, con su negativa a reformar el sistema de financiación y con objetivos de déficit discriminatorios para las autonomías, solo ha considerado su interés electoral.

Una rebaja de impuestos donde no le cuadran las cuentas ni a Bruselas ni tampoco al contribuyente, ya que no revierte la presión fiscal existente antes de la llegada al Gobierno del Partido Popular. Así lo prueba la factura tributaria, que dice, después de esta reforma, que se reducirá en 9000 millones de euros, eso sí, tras incrementarla en 30 000 millones a través de las 41 ocasiones en las que ha subido con anterioridad la carga impositiva.

Una situación, por lo tanto, que no deja de llamar la atención cuando la promesa número uno -como bien dijo el señor Ruano- de su programa electoral fue, precisamente, la bajada de impuestos; y lo primero que hicieron fue subirlos.

Incumplimientos aparte, en este sucedáneo de la reforma fiscal, por ejemplo, ha sido la progresividad del impuesto la gran perjudicada. No en vano establece, señorías, que pagarán el mismo tipo aquellos que ganen 60 000 euros al año que los que obtengan tres millones, cinco millones o diez millones de euros anuales. El mismo tipo. Eso es lo que establece la reforma fiscal planteada por el Partido Popular. A lo que se une el golpe al ahorro, penalizando a los pequeños inversores -hasta ahora exentos-; y la ausencia total de una contundente política de lucha contra el fraude fiscal, piedra angular de todo sistema tributario para que sea efectivo y justo.

En cualquier caso, la sostenibilidad de esta rebaja impositiva y sus consecuencias para las arcas públicas están más que cuestionadas al no venir acompañadas de decisiones que protejan el núcleo de las prestaciones públicas, es decir, de los servicios públicos esenciales. Una circunstancia que sucede mientras se paga una ingente factura por el rescate de la banca, donde, recuerdo, se han comprometido en torno a cien mil millones entre aportaciones directas y avales, y los que ya se dice, ya se apunta que 40 000 millones de euros son de difícil o imposible recuperación. Y todo ello -recuerdo, señorías- tras asegurar, dos años antes, que la reestructuración bancaria no costaría un solo euro al contribuyente.

Contradicciones e innumerables compromisos incumplidos de forma sucesiva que restan, por tanto, toda credibilidad a un Gobierno que solo actúa en clave electoral y cuyas consecuencias trascenderán esta legislatura.

El Gobierno que afirmaba que su santo y seña era bajar los impuestos se ha convertido en el campeón de las subidas. El Gobierno que se comprometió con su objetivo de déficit lo incumple sistemáticamente. El Gobierno que abogaba por una reforma fiscal estructural la sustituye por una rebaja electoralista. Y el Gobierno que garantizó una modificación del sistema de financiación lo deja en el cajón, poniendo al límite la prestación de los servicios esenciales. Aspectos trascendentales que afectan de lleno a las autonomías a las que, señor Ruano, no se ha tenido en cuenta en absoluto, a pesar de que, por ejemplo, el señor Montoro reconoció, recientemente, en la prensa, que el éxito de la rebaja impositiva o el volumen de la misma dependería de las comunidades autónomas.

Señorías, a todos nos gustaría bajar los impuestos. Al Gobierno de Canarias también le gustaría, le gusta bajar los impuestos. Y por eso vamos siempre a explorar todas las opciones posibles que nos puedan conducir a disminuir la presión fiscal. Sin embargo, a diferencia del Gobierno central, nunca, nunca, a costa del sostenimiento de los servicios esenciales. Es esa la línea roja que nos hemos marcado y que nunca, nunca, vamos a traspasar.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Javier González, señor consejero.

Grupos no solicitantes de la comparecencia. Don Román Rodríguez.

El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ (Desde su escaño): Señor presidente. Señorías. Señor consejero.

Aunque no me ha quedado claro, es evidente que el escenario de presupuestos públicos del próximo año tiene severas incertidumbres: la primera, la reducción del déficit. Perdemos tres décimas y, por lo tanto, 120 millones en ingresos.

El techo de gasto del presupuesto estatal -que incide en los intereses de esta comunidad- y conociendo el maltrato secular, tenemos un techo de gasto de 3,2%, por debajo del año 2014; la financiación autonómica no se toca, como algunos, desgraciadamente, habíamos dicho conociendo el percal; y a esto se añade el maquillaje fiscal del señor Montoro, que habrá que cuantificar su impacto.

Yo le pediría al señor consejero que hiciera una aproximación. Es verdad que los datos no son claros, pero yo lo que he leído hasta ahora es que estamos hablando, en dos años, de en torno a nueve mil millones menos de ingresos; de manera que eso significa que al menos lo sustancial de la rebaja fiscal se hace sobre el IRPF, además mal, con escasa progresividad no, recargando los ingresos sobre los de siempre, sobre los trabajadores y sobre las rentas medias y bajas.

El planteamiento sería: ¿qué aproximación puede hacer usted de la reducción de ingresos del tramo canario del IRPF?, porque el tramo estatal también tendrá su réplica y sus consecuencias. Porque el planteamiento es: 120 millones menos por déficit, menos aportación del presupuesto estatal al presupuesto canario porque se rebaja un 3,2%, y si a eso le añadimos el maltrato, ya veremos las consecuencias. Nada en relación con la financiación autonómica y, además, las consecuencias del maquillaje fiscal en los ingresos de Canarias y del Estado. La idea sería hacer una aproximación.

Es verdad que determinados parámetros del crecimiento económico mejorarán los ingresos fiscales por otra vía. Pero, en definitiva, nos gustaría saber qué aproximación hace el Gobierno de lo que conocemos de este maquillaje fiscal, que, en eso coincidimos con usted, nada tiene que ver con lo prometido: subieron impuestos como nunca en la historia de España y ahora los rebajan por razones solo electorales; sin importar las consecuencias sobre los servicios públicos y sobre la inversión pública, por otra parte, clave para la recuperación de la economía.

Me interesaría que nos hiciera una aproximación sobre este impacto con los datos de los que dispone, aunque sea aproximativa, sabiendo que no tiene el último dato.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, don Román Rodríguez.

Por el Grupo Parlamentario Socialista Canario, don Manuel Marcos.

El señor PÉREZ HERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente. Señorías. Buenas tardes, señor consejero.

Como ya se ha señalado aquí, hablar de financiación de las comunidades autónomas es hablar de prestación de servicios públicos fundamentales. Y la política errática y electoralista del Gobierno de España en materia de financiación se está basando en un cóctel, señorías, de decisiones desastrosas que el señor Montoro ha puesto en marcha y ha puesto en el disparadero. Y, por lo tanto, está comprometiendo la prestación de los servicios en el conjunto de las regiones. Decisiones que, aunque algunos se empeñen, son imposibles de abordar aisladamente, y que requieren un tratamiento conjunto.

En primer lugar, la decisión de no reformar el sistema de financiación -una reforma tantas veces prometida como negada-, que legalmente tocaba abordar ahora y que se ha dejado arrinconada, aparcada; ahondando, con ello, en la brecha que separa a la ciudadanía de las diferentes comunidades autónomas.

Por otro lado, la injusta distribución del objetivo del déficit, como ha señalado ya el señor consejero, entre el Estado y las comunidades autónomas. No sé ya si por quinta o por cuarta vez el Estado vuelve a modificar las reglas a mitad de la partida para quedarse con un mayor margen de deuda, imponiendo un nuevo ajuste a las comunidades autónomas que aquí -como ya se ha señalado- nos va a costar un sablazo añadido de 120 millones de euros al presupuesto de 2015: 120 millones de euros menos con los que vamos a poder contar.

Y, por último, llegamos a la supuesta reforma fiscal, en la que los principios de equidad y redistribución de riqueza ni están ni se les espera. Una reforma que no es tal, sino una bajada impositiva selectiva de tipos para intentar recuperar electorado. Y usted daba unos datos: solo cubrirá 9.000 de los 30.000 millones recaudados en 41 subidas impositivas del Gobierno. Y una reforma, señorías, con trampa, además. Porque de esos 9.000 millones que pretenden ahorrar solo 6.000 corresponden al Estado. Los 3.000 restantes están condicionados a que las comunidades autónomas rebajen impuestos, principalmente, de la cuota autonómica del IRPF.

Señorías, el ministro Montoro, con esta reforma fiscal, lo que está haciendo es colocar a las comunidades autónomas en un fuego cruzado entre no tocar el sistema de financiación, reducir nuestro objetivo del déficit y obligarnos a tomar la decisión de rebajar los impuestos.

Y aquí ya vendrá lo que será la tónica dominante del PP a partir de ahora: va a dedicarse a decir -en lo que resta de legislatura-, a generar, un debate falso. Va a decir que el Gobierno de Canarias no baja los impuestos y que el Gobierno de España sí los baja. Y es que, precisamente, señorías, son la reforma fiscal del PP y sus decisiones en el Consejo de Política Fiscal y Financiera las que lastran nuestra capacidad de reducir la capacidad impositiva, si no queremos acabar -y a ello no estamos dispuestos- con el Estado del bienestar.

Gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Manuel Marcos.

Por el Grupo Parlamentario Popular, don Jorge Rodríguez.

El señor RODRÍGUEZ PÉREZ: Señor presidente.

Señor Ruano, ya que están tan preocupados por la reforma fiscal del Partido Popular, quizás sería conveniente llegar a un consenso, a un acuerdo en esta Cámara, para que la merma de ingresos que ustedes vaticinan corra a cuenta del presupuesto de la Televisión Autonómica, corra a cuenta de la oficina del Comisionado para el Autogobierno, de la oficina del Gobierno de Canarias en Madrid o de la bochornosa campaña antipetróleo.

Mire, señor Ruano, cada vez que ustedes presagian una reducción en el capítulo de ingresos, se parapetan detrás de los servicios fundamentales y de los ciudadanos de a pie. Nos hablan del deterioro de la sanidad, nos hablan del deterioro de la educación, de la pobreza o del desempleo, cuando resulta que son ustedes los responsables de que Canarias sea la campeona nacional del paro, de las listas de espera, del fracaso educativo y de la desigualdad social; pero nunca -nunca, señor Ruano- nos hablan de la necesidad objetiva de reducir el gasto público superfluo de la comunidad autónoma.

La reforma fiscal emprendida por el Partido Popular, por el Gobierno del Partido Popular, beneficia nada menos que al 97% de los contribuyentes canarios, que pagarán menos impuestos gracias a los nuevos mínimos exentos de tributación que afectan directamente a las familias con menores y mayores dependientes, con personas en situación de dependencia y con escasos recursos: ¿están ustedes en contra de estas medidas? Si así fuera, sepan que la mayoría de los canarios pensamos que la rebaja de impuestos es absolutamente fundamental para que mejoren las rentas familiares, para que mejore la productividad y para que mejore la competitividad de la economía canaria. Así que lo que ustedes creen una amenaza es, para la sociedad y para la economía de Canarias, una oportunidad de mejorar.

Y, por último, por último -y me dirijo a usted, señor consejero-, una advertencia: no utilicen ustedes la rebaja fiscal impulsada por el Gobierno del Partido Popular como excusa para crear o aumentar los impuestos y las tasas en Canarias, perjudicando con ello -y dificultando, además- los efectos de esta reforma sobre los contribuyentes, sobre las empresas canarias y sobre el bienestar social de todos los canarios.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Jorge Rodríguez.

Por el grupo solicitante de la comparecencia, el Grupo Nacionalista, don José Miguel Ruano.

El señor RUANO LEÓN: Me gustaría empezar mi intervención, señor consejero, haciendo referencia a su vez a la intervención, a la última intervención, del señor diputado portavoz para este debate por el partido del Grupo Popular.

Doy lectura a una noticia que es del ente público Radiotelevisión Española y dice lo siguiente: "El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha dicho que España cumplirá el objetivo de reducir el déficit público hasta el 4,2 del PIB en 2015, incluso, con la importante reducción de impuestos, en particular el IRPF, que prepara el Gobierno. Sin embargo, la Comisión Europea ha estimado que el déficit público subirá hasta el 6,1 en 2015 si el Gobierno sigue adelante con sus planes de revertir la subida del IRPF aprobada en diciembre del 2011". A lo que el titular de Economía ha respondido que "esa cifra responde a una proyección inercial del déficit público que posteriormente se corregirá, para tener en cuenta factores como la evolución de los tipos de interés, la mayor recaudación o las medidas adoptadas por el Gobierno".

Y todo apunta -y antes citaba en mi primera intervención al FMI, podría volver a esa misma noticia- a que la única manera de que España cumpla con el objetivo de déficit público que para el año 2015 está fijado en el 4,2, la única manera de hacerlo, digo, porque la Comisión Europea diagnostica que, de aplicarse la reforma, el déficit del Estado será, al menos, de un 6,1.

Por tanto, si lo que se produce es una reducción de ingresos, para poder cumplir, lo que van a tener que producir es, a su vez, una reducción de gasto -del gasto público-. Y eso es lo que afecta a la reducción, eso es lo que afecta al funcionamiento de los servicios públicos.

No se puede teorizar en relación con lo que proponemos nosotros, con lo que dicen ustedes, con lo que no sé qué... En fin, venir aquí, si usted quiere, a espetarnos, en relación con las políticas o las decisiones que debamos tomar -ya llegará ese momento-, si lo que estamos tratando esta tarde y para lo que este grupo pidió la comparecencia del consejero es para ver cómo lo hacemos después. Es decir, si la incidencia de la reforma fiscal que se produce no es neutra, sino que baja los ingresos, cómo se va a cumplir el objetivo de déficit si no se produce a su vez una reducción de los gastos. Y esto es tan sencillo como que son organismos internacionales. Todos: el FMI, la Comisión Europea y la OCDE.

Y ahora me voy a referir a los datos de la OCDE. Dice la OCDE sobre esta reforma lo siguiente: la OCDE considera que la reforma fiscal de Montoro se queda corta.

Pero cuando dice que se queda corta dice lo siguiente, y es que el organismo aboga por bajar las cotizaciones de la Seguridad Social, subir el IVA y otros impuestos especiales. Y entonces, cuando desarrolla su informe, la OCDE dice: el informe de la OCDE sobre la economía española justifica su principal recomendación en lo siguiente.

Esta es una reforma fiscal que, contrariamente a la que usted dice, más allá de las rentas, más allá de las políticas selectivas que podían haberse hecho exclusivamente con las rentas más bajas, lo que se hace es proyectarla, estableciendo menos tramos en la progresividad del impuesto. Y, al establecer menos tramos, lo que se produce es el efecto que decía el consejero de Hacienda en su intervención anterior: personas que cobran 60.000 euros van a pagar el mismo impuesto que uno que cobra un millón o dos millones de euros.

Estos son efectos que produce la reducción de tramos, más allá de que podamos estar de acuerdo en que en los tramos inferiores a 20.000 euros de renta anual se puedan tomar medidas que reduzcan el mínimo exento, en fin, que establezcan políticas compensatorias de la reducción de ingresos que se ha producido, entre otras razones, porque España ha ganado productividad en los dos últimos años a base de bajar los salarios.

Y estos datos no son nuestros, son datos oficiales que están en todos los organismos internacionales. En fin. No hay, por tanto, más que leer un poco para saber que esto es lo que está ocurriendo.

Y, en este contexto, lo que nosotros estamos diciendo, digo, miren, vamos a ver, la responsabilidad del Gobierno de Canarias no es cual es en el marco fiscal español. Nosotros podemos hacer política fiscal también, tenemos posición en las Cortes Generales en relación con la reforma fiscal que proyecta el Gobierno del Estado. El gran problema es que esas decisiones nos afectan a todos. Y lo más importante, en relación con la competencia que a esta Cámara corresponde, es decir, en qué medida, y esta es la pregunta al consejero, en qué medida va a afectar este asunto a los servicios públicos de Canarias, si resulta que de la financiación del Estado va a quedar mermada.

Lo único que ha anunciado el Estado -lo puede ver usted en cualquier medio, basta que entre en Internet, ponga usted las palabras que quiera: "déficit", "deuda", las que quiera-, y lo único que ha comprometido es que el anticipo a cuenta sea mayor. Pero, desde el punto de vista de..., a nosotros, en fin, está bien. El anticipo a cuenta te da mayor liquidez y eso está bien; pero, desde el punto de vista del resultado final, de la financiación, en un momento en el cual estamos con una infrafinanciación reconocida, nos proyectan la posibilidad de que todavía haya menos financiación del Estado.

Y entonces viene usted aquí y encima nos dice: "¡Y no se les ocurra subir las tasas y...!", en fin. Pero, mire, cuando usted pretende ejercer de liberal en esta tribuna en torno a esto, yo he intentado -y lo he hecho en alguna otra ocasión-, he intentado decirle que una cosa es ser liberal y otra cosa es ser neocon, porque los neocon o neoconservadores tienen, en dinámicas de los años ochenta, expresiones muy concretas en lo que hizo Ronald Reagan o lo que hizo Margaret Thatcher en aquellos años, que hubieron de ser corregidas -fíjese usted, por ejemplo, en Gran Bretaña, con las políticas, más tarde, de Tony Blair, con la llamada tercera vía-. En fin, cosas que se han ido produciendo a lo largo de los años, a lo largo de los años, y ustedes vuelven a la casilla de salida.

Y cuando se habla, por ejemplo, de la situación actual, se ignora cuál es el origen de la situación actual: todos somos responsables, pero al final la falta de regulación del sistema financiero es lo que nos ha conducido al declive del moderno Estado del bienestar, a los gravísimos problemas en el funcionamiento de los servicios públicos y, lo que es más grave aún, al descrédito de la democracia representativa, porque esto está pasando. Y, cuando algunos nos gritan por ahí "que no, que no, que no nos representan", esto tiene que ver con la falta de legitimación que se nos produce por la incapacidad real que tenemos de afrontar los problemas justamente con los mercados desregulados a los que ustedes todavía quieren seguir contribuyendo con discursos antiguos, dándonos historias y clases en torno al liberalismo. Pero, en fin, liberales... Algunos podemos calificar la política, necesariamente, como una política social, que equilibre el funcionamiento del mercado; y, si eso no se hace, el daño es irreversible para la gente más desfavorecida. Por tanto, no venga, precisamente, a alertar al Gobierno.

Cuando el Gobierno dice y nos dice esto de que "nosotros, el Gobierno, vamos a seguir defendiendo los servicios públicos fundamentales", yo tengo una doble sensación. En primer lugar, la de la coincidencia absoluta con el propósito del Gobierno, con el deseo de que aplique el presupuesto, por lo menos, para establecer las garantías mínimas.

Y, en segundo lugar, la desazón, la desconfianza de que esto pueda ser posible, porque es evidente que, con la continua reducción que se está produciendo en los ingresos, cada vez es más difícil cuadrar los gastos con los ingresos. Y, si encima usted establece objetivos de déficit que a los mejores cumplidores los evalúan de la misma manera que a los peores incumplidores, entonces estamos en la circunstancia de que nosotros, cumpliendo, esta comunidad, cumpliendo y padeciendo los ajustes, no podemos dedicar recursos suficientes para financiar cuestiones como, por ejemplo, la sanidad. Y después hacemos iniciativas acerca de cómo funcionan las urgencias, cómo funciona esto, cómo funciona el gasto farmacéutico... Y no decimos, por ejemplo, que hoy tenemos quinientos millones de euros menos para financiar la sanidad que los que teníamos en 2009.

Y estas cosas, al final, responden a una lógica de funcionamiento y la gente es más... La gente sabe más de lo que nosotros decimos; ustedes vienen con discursos vacuos al final, comprometiendo y haciendo promesas electoralistas que van a tener, sin duda, incidencia sobre el funcionamiento de los servicios públicos, y esa es la razón por la que hemos pedido al consejero que nos informe.

¿Se dijo algo del Consejo de Política Fiscal y Financiera?, dice: "no, no se ha dado compensación". Al final, lo que importa es llegar a mayo del 2015, y ya veremos después; y esa es una irresponsabilidad de lo más absoluta.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don José Miguel Ruano.

Por el Gobierno, señor consejero de Economía, Hacienda y Seguridad, don Javier González Ortiz.

El señor CONSEJERO DE ECONOMÍA, HACIENDA Y SEGURIDAD (González Ortiz): Señor Ruano, cuando empezó usted su segunda intervención, y empezó hablando, dice: "voy a leerles una noticia de la tele", pensé que iba a hablar de los 130 millones de euros que ha tenido que inyectar el Gobierno central a la Televisión Española por la mala gestión que realiza: 130 millones de euros que acaba de inyectarles de nuevo el Gobierno central a Televisión Española por el sectarismo con el que utiliza el Gobierno del Partido Popular la Televisión Española.

La verdad es que después me confundió y entendí a lo que se refería: a la falsedad, una vez más, a que no tienen ningún tipo de vergüenza de ir a un plató de televisión pública y comprometer algo que han incumplido a lo largo de los últimos años.

Vuelven a decir que van a cumplir los objetivos de estabilidad, que se comprometen con que el Reino de España cumplirá con los objetivos de estabilidad, y una y otra vez fallan. Examinan a todos, examinan a los ayuntamientos, a las corporaciones locales, a las comunidades autónomas, les ponen nota, les ponen trabas, los asfixian, pero después ellos son absolutamente incapaces de autoevaluarse en aquellas actuaciones que llevan a cabo una y otra vez. ¿Por qué?, porque incumplen, una y otra vez, el objetivo de estabilidad.

Tanto es así que, repito, el Reino de España se compromete a cumplir los objetivos de estabilidad en una cifra: los ayuntamientos cumplen, la mayoría de las comunidades autónomas cumplen, la Administración de la Seguridad Social, por las prestaciones de desempleo, ante la situación económica, no cubre todos sus objetivos, y el Gobierno central, el de los ministerios, aquel gasto superfluo que llevan a cabo, ¿eso lo incumple?

Hombre, llama la atención, y por lo tanto... Pero lo peor no es eso, lo peor es que después vienen aquí y se van al Congreso de los Diputados e intentan dar lecciones de moralidad al respecto de esto. Y se van a un plató de televisión y empiezan a hablar de cuál es el futuro. Y, claro, los cogen los organismos internacionales y les dicen: "señores, ustedes no son creíbles", que es lo que opina el conjunto de la mayoría de los españoles con respecto a ustedes.

Porque, evidentemente, miren, es que la promesa electoral del Partido Popular fue no subir los impuestos. Desde la primera decisión que tomaron cuando llegaron, aparte del reparto de los ministerios, fue la subida de los impuestos. La primera, prácticamente. Finales del 2011. Elecciones el 20 de noviembre. Finales del 2011, subida de IRPF. Hombre, ¿en tan poco tiempo ya se dieron cuenta de la dificultad? Una vez más nos mintieron, sí, sí, ¿recuerda la campañita aquella de "no a la subida del IVA, no a la subida del IVA"?, ¿no recuerda a Rajoy con el cartelito? Subieron el IVA una y otra vez.

Y, ahora, señor Ruano, lo fían todo -lo dicen los organismos internacionales- a una tibia e incipiente recuperación -esperamos todos que así sea, por el bien del conjunto de los españoles- y, por tanto, plantean una reforma fiscal que la memoria económica, la información de ella, dice que supone una merma de ingresos de 9.000 millones: 3.000 millones sobre el impuesto de sociedades, 6.000 millones de IRPF.

Pero no dicen, en ningún momento, hasta que posteriormente se les pregunta, ¿oiga, y qué implicación tiene, cómo son esos 6.000 millones? ¿No existe una capacidad normativa de las comunidades autónomas del tramo del 50% de las comunidades autónomas? Por lo tanto, esos 6.000 millones que ustedes dicen que van a suponer una modificación fiscal, ¿no dependerán también de lo que hagan las comunidades autónomas? Eso no lo dicen, porque cuando nos presentaron en el Consejo de Política Fiscal y Financiera la reforma, ya lo habían presentado, anunciado y puesto sobre la mesa.

Por lo tanto, ahí la primera deslealtad de que en una cuestión que afecta al 50% de los recursos de las comunidades autónomas y el 50% de los recursos del Estado, lo decido unilateralmente y los demás que se las entiendan. Porque no ha sido ninguna de las comunidades autónomas, señor Rodríguez, la que se ha comprometido a bajar el gasto en sanidad y educación. Ha sido en Gobierno central en los programas nacionales de reformas mediante dos reales decretos que han dicho, por escrito, que van a bajar 10.000 millones de euros en el gasto de sanidad y educación. Eso lo ha dicho el Gobierno del Partido Popular, se lo ha dicho a Europa, luego ha sido el Gobierno del Partido Popular el que ha dicho, una y otra vez, una y otra vez, dónde se están haciendo los ajustes: en las políticas sociales. Eso es lo que ha dicho el Partido Popular, está en el programa nacional de reformas, usted puede acceder; claro, leemos lo que nos interesa.

Una y otra vez. Y, por tanto, todos los informes de los organismos internacionales le vienen a decir que la chapuza de lo que están haciendo solo se sostiene desde el punto de vista de una acción electoralista; que no se produce una reforma fiscal, que lo único que hay es una modificación selectiva en función de intereses electorales del Gobierno del Partido Popular. Eso es lo más triste de toda la situación. Exactamente eso, que mienten a los ciudadanos y les dicen "no, no, va a haber una rebaja de 9.000 millones". No les decimos que los hemos subido hasta 30.000 millones, pero "no, no, es que depende de lo que hagan las comunidades autónomas", ¡ah!, ¿la responsabilidad ahora es de las comunidades autónomas? Por un doble sentido, porque si las comunidades autónomas hacen modificaciones fiscales que merman sus ingresos, ¿qué se verán afectados?, los servicios que prestan las comunidades autónomas.

Pero no nos olvidemos de que las comunidades autónomas reciben, por supuesto, del sistema de financiación; y, por lo tanto, del volumen de los ingresos, y los niveles, por ejemplo, del fondo de suficiencia tienen que ver con el volumen total de ingresos del Estado. Y, por lo tanto, nuevamente afectadas las comunidades autónomas. Eso es lo que no les dicen a los ciudadanos, porque no les interesa decirlo; porque lo que les interesa es mantenerlos..., es decir "no, vamos a bajar los impuestos porque beneficia a todos". Claro, a unos más que a otros.

Porque, cuando hablamos de esa reforma fiscal, planteada con el Partido Popular, no les decimos a los ciudadanos que en el impuesto sobre sociedades hay tipos que bajamos y tipos que mantenemos; y como el Partido Popular tiene una política importante de adecuación, de sostenimiento de las economías colectivas, mantiene en el 20%, por ejemplo, el impuesto sobre sociedades para las cooperativas, pero no les decimos a los ciudadanos que bajamos del 40 al 30% el impuesto sobre sociedades para las empresas que explotan hidrocarburos. Eso no se lo decimos a los ciudadanos porque no nos interesa. Esa es la reforma del Partido Popular, esa es la reforma del Partido Popular.

Léase usted, por tanto, la reforma del Partido Popular que dice que se baja del 40% el tipo impositivo de las empresas que exploten hidrocarburos al 30%, ¿por qué?, porque no nos interesa, ¿porque eso dónde va?, ¿en el incremento de la competitividad?, ¿de quién?, ¿de quién va ese incremento de competitividad? Claro, esas son las cosas que una y otra vez intentamos no decir.

Mire, señor Rodríguez, evidentemente, el conjunto de las afecciones, de las decisiones del Gobierno central sobre el futuro, pues hay una afección importante para el presupuesto del año que viene, tendremos tiempo para hablar del mismo, en torno a ciento veinte millones de euros en cuanto a la disminución del objetivo de estabilidad, el pasar del 1% del PIB al 0,7% para el próximo año; conocemos las cantidades de las entregas a cuenta del sistema de financiación para el próximo año, hay treinta millones de euros menos del conjunto del sistema de financiación porque, se incrementen o no las..., nosotros las entregas a cuenta, al final, tiene que ver con la liquidación, es decir, treinta millones de euros menos para el próximo año, por tanto, también por las entregas a cuenta del sistema de financiación.

Pero, evidentemente, bueno, hay una mejora de la situación económica, afortunadamente, poco a poco, que no se viene todavía a trasladar en su amplitud al conjunto de la sociedad, sino de una forma muy limitada, hay media recaudación en el conjunto de la comunidad autónoma, hay más actividad económica, la Comunidad Autónoma de Canarias está creciendo por encima del conjunto de la economía española -algo tendrán que ver las cosas que llevamos a cabo desde el Gobierno de Canarias- y, por tanto, hay tiempo para hablar sobre los presupuestos.

Las afecciones sobre las decisiones de tipo impositivo -entiéndase sobre IRPF y sociedades- no tienen que ver sobre los presupuestos disponibles para el próximo año. Tenga usted en cuenta que estamos hablando, por tanto, de entregas a cuenta, si no sobre los presupuestos, sobre los presupuestos futuros, ¿no? Está por ver, evidentemente, la liquidación del próximo año; pero, hoy por hoy, los datos que conocemos de las entregas a cuenta son que hay treinta millones de euros menos del tema de financiación para el próximo, el año 2015, con respecto a las cantidades del año 2014.

Por eso decíamos, desde el principio -y lo dijo el Partido Popular y estábamos de acuerdo-, que era necesario que se abordara la reforma del sistema de financiación en función de la reforma fiscal, y que una cosa iba a ir ineludiblemente ligada a la otra; que parecía hacer trampas al conjunto de los ciudadanos decirles que, por un lado, iban a bajar los impuestos; pero no les decíamos que, por el otro, estaban forzando a que las comunidades autónomas tomaran las decisiones en las rebajas de las prestaciones.

Hay gobiernos, como el de Canarias, que han tomado determinadas decisiones. Manifestaba usted antes, señor Ruano, su preocupación sobre las cada vez más dificultades que tiene la comunidad autónoma para mantener esa línea. Creo que hemos demostrado a lo largo de los últimos años que, con enormes dificultades, la hemos mantenido, no sin serias dificultades, y a lo que se ha comprometido el Gobierno de Canarias, en este caso, es a seguir manteniendo, por supuesto, esa misma línea roja. Le decía en mi primera intervención que a todos nos gustaría bajar los impuestos. Solo hay una línea roja, que es la del mantenimiento de los servicios públicos esenciales.

Señor Manuel Marcos Pérez, creo que usted coincidía conmigo en que, una vez más, hemos visto defraudados los intereses del conjunto de los canarios y las canarias, al vernos engañados por el Partido Popular, en cuanto a aparcar una reforma del sistema de financiación, perjudicarnos con una reforma fiscal que lo único que hace son meros maquillajes. Había otra forma de hacerla, no solo lo decimos nosotros: lo dice el conjunto de los expertos, lo dice el propio comité de expertos que creó el Gobierno central y, lo que es más preocupante, lo dice el conjunto de las autoridades independientes que analizan las previsiones que hace el Gobierno de España para el futuro.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Javier González, señor consejero de Economía, Hacienda y Seguridad.

Señorías, indicarles, a efectos de organizar el trabajo, que esta tarde vamos a ver las siguientes dos comparecencias y mañana continuaremos la siguiente, que es... La 1632 está aplazada, mañana comenzaríamos con la 1634.

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  • 8L/C-1619 Sobre -Consejero de Economía, Hacienda y Seguridad-, sobre la incidencia de la reforma fiscal estatal en la financiación de los servicios públicos.


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