Diario de Sesiones 136, de fecha 23/9/2014
Punto 19

8L/PL-0022 DEBATE DE PRIMERA LECTURA. PROYECTO DE LEY DE TRANSPARENCIA Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

El señor PRESIDENTE: Concluido el turno de preguntas, y tal y como se había acordado unánimemente sobre el orden del día, vamos a tramitar ahora, a debatir en primera lectura, el proyecto de ley de transparencia y de acceso a la información pública, que no tiene enmiendas a la totalidad.

Por lo tanto, presentación por parte del Gobierno, señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, don Francisco Hernández Spínola. Luego, cada grupo parlamentario tendrá quince minutos para la fijación de posiciones.

El señor CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD (Hernández Spínola): Señor presidente, señorías, buenos días.

Comparezco hoy ante esta Cámara para exponer, en nombre del Gobierno, un proyecto de ley pionero, pionero en Canarias, por su contenido y por el método de trabajo empleado para su redacción. Por primera vez, esta asamblea legislativa debatirá la aprobación de un texto articulado de transparencia y de acceso a la información pública de aplicación en el ámbito autonómico.

Un texto complementario a la ley vigente en el Estado español. Un texto que aumenta el compromiso que las instituciones y administraciones públicas asumen con esta norma ante la ciudadanía de Canarias. Una norma que responde a una demanda colectiva: mayor transparencia, más cercanía, más información de fácil acceso, uso y comprensión sobre la actividad de la Administración pública para las personas que no manejan de forma habitual el lenguaje y la documentación administrativos. Una ley que convertirá en hábito dar cuenta a la ciudadanía, de forma accesible y clara, de la tarea que realizan los responsables públicos. Un instrumento eficaz para combatir preventivamente la corrupción y para obtener una Administración pública más eficiente.

Con este proyecto de ley, señorías, el Gobierno cumple uno de los retos descritos en el acuerdo de gobernabilidad, la dinamización económica, el empleo y la cohesión social de Canarias que se suscribió en julio del 2011 por los partidos políticos Coalición Canaria y el Partido Socialista Canario, PSOE.

Estoy seguro de que me han oído decir más de una vez que en esta legislatura se ha iniciado un camino del que ya no podemos retornar. Esta ley es la confirmación de esos pasos, de esos avances hacia una nueva concepción de la democracia del siglo XXI. El proyecto de ley que debatimos hoy en primera lectura es un paso más en esa senda. Una trayectoria que nos conduce a la regeneración democrática, hacia otra forma de hacer política. Un paso importante -no es el único, pero sí relevante- de cara a conseguir el objetivo: una democracia más directa, activa, participativa, con una Administración pública más cercana, comprensible y comprendida.

El gran cambio es de carácter cultural. Supone una revolución en el pensamiento, la exigencia, la definición misma del concepto de lo público, tanto por quienes tenemos el encargo de administrarla temporalmente como de las personas físicas y jurídicas que se relacionan con ella y que, en esencia, son quienes la forman.

La sociedad nos exige canales reales de participación ciudadana en el diseño y la ejecución de la gestión pública. Para que esa participación pueda realizarse con criterios y de forma responsable, es fundamental que todas las personas que tengan inquietud por exponer su opinión e influir en la toma de decisiones dispongan de información cierta, real y actualizada de lo dicho y hecho por los gestores públicos y por todos los que trabajamos en las administraciones públicas.

Por su contenido, esta ley es distinta a las tramitadas hasta la fecha en este Parlamento. Pero también lo es por el método de elaboración escogido para su redacción. El primer borrador del texto articulado nació de las aproximadamente tres mil sugerencias que personas de todo el archipiélago trasladaron a la consejería, a través de trece foros presenciales que se celebraron en las siete islas Canarias y de una página de Facebook creada específicamente para este proceso participativo.

El proceso pedía respuestas voluntarias a cuatro preguntas: ¿Qué es para ti la ley de transparencia y qué esperas de ella? ¿Quién o qué debe estar sometido a esta ley? ¿Dónde y cómo deben conversar el Gobierno de Canarias y sus instituciones?, ¿alguna herramienta en concreto? ¿Generará riqueza, innovación y crecimiento a Canarias?

Del análisis profesional e independiente de expertos en sociología, economía, participación ciudadana y psicología sobre los comentarios y respuestas a estas cuatro preguntas se extrajeron las tendencias, las tendencias mayoritarias, siendo estas las que inspiraron la primera redacción articulada del texto normativo. Por tanto, la opinión ciudadana es el pilar sobre el que se ha construido la ley de transparencia en Canarias. El equipo de la Consejería de Presidencia entregó a los grupos parlamentarios, en el mes de enero del año 2014, de este año, el primer borrador del texto articulado, a fin de facilitarles a todos los grupos parlamentarios su conocimiento, que hicieran las aportaciones y que, cuando llegara la ley aquí, al Parlamento, existiera un marco de acuerdo básico y de consenso.

Por segunda vez, el Gobierno, en abril del 2014, remitió a los grupos parlamentarios un segundo borrador, coincidiendo con el fin del periodo oficial de información pública. Ese segundo texto ya contenía modificaciones e introducciones derivadas de las aportaciones que habían hecho los ciudadanos, partidos políticos, colectivos y otras instituciones. Entre ellas, quiero destacar la inclusión, como sujetos afectados por la norma, de todas las organizaciones sindicales y empresariales que reciban subvenciones públicas de la comunidad autónoma; o la integración de un título completo para la descripción y el desarrollo del sistema de infracciones y sanciones, entre otras.

Con esos cambios, el texto pasó ya los trámites preceptivos, recabando los informes internos de las distintas direcciones generales del Gobierno. Especial mención merece, en este caso, el informe que emitió la Dirección General del Servicio Jurídico del Gobierno, en el que advirtieron sobre la falta de idoneidad en asignar las tareas del Comisionado de Transparencia al Diputado del Común. El análisis jurídico interno del Gobierno supuso la introducción de este cambio en el texto articulado, antes de su remisión al Consejo Consultivo para la emisión del dictamen preceptivo.

La redacción del articulado, desde el pasado mes de mayo, ya no asigna al Diputado del Común esa labor, sino que deja en manos de esta Cámara la elección del comisionado de Transparencia. Esto significa que, de llegar a aprobarse este texto, será el Parlamento de Canarias, a través de la Mesa y de los grupos parlamentarios, quien decida el procedimiento de elección de la persona a la que se asigne esta responsabilidad, y también quien decida cómo llevar a cabo el trabajo que la ley le atribuye como garante del cumplimiento de lo establecido en la norma.

El proyecto de ley está formado por cinco títulos y una parte final compuesta por diez disposiciones adicionales, dos transitorias, una derogatoria y tres disposiciones finales. En su exposición de motivos, el propio texto señala que la transparencia se revela como uno de los valores esenciales para que las instituciones y administraciones públicas sean consideradas como propias, cercanas y abiertas a las expectativas, necesidades y percepciones de la ciudadanía.

El texto establece el objeto de la ley, el ámbito subjetivo, que comprende tanto a la Administración pública de la comunidad autónoma como a todas las entidades públicas y privadas vinculadas o dependientes de la misma. Además, en lo que se refiere a la actividad sujeta a derecho administrativo, quedan sujetas a lo establecido en esta ley las instituciones estatutarias. Asimismo, se establecen otros sujetos obligados, los partidos políticos, las organizaciones empresariales y sindicales, además de otras entidades privadas: aquellas que reciban subvenciones del Gobierno de Canarias por importe superior a 60.000 euros.

El proyecto de ley también determina la información que debe ser publicada por la Administración sin que medie solicitud específica de ningún ciudadano. Es lo que se denomina publicidad activa. Y aquí quiero resaltar este aspecto, porque es uno de los más importantes del texto que hoy se propone a la Cámara, porque supone un notable avance respecto de la legislación estatal. La ley canaria amplía los contenidos de la publicidad activa de una manera realmente notable, hasta el punto de que se estructura por materias y habrá, por tanto, información en el portal de transparencia relativa a la información institucional en materia organizativa, en materia de personal, en materia de empleo, en materia de retribuciones, en materia de normativa, servicios y procedimientos, información económica financiera, patrimonial, de planificación y programación, de obras públicas, contratos, convenios, concesión de servicios públicos, ayudas, subvenciones, ordenación del territorio, información sobre ordenación del territorio, todo el planeamiento, información estadística... En definitiva, es muy completa la regulación que se establece de publicidad activa.

Obliga también la ley a crear un canal virtual para exponer toda esta información en internet, que es lo que hemos denominado el portal de transparencia, portal de transparencia que ya está en funcionamiento. El Gobierno no ha esperado a que se aprobara la ley para poner en marcha el portal de transparencia, de modo que hay muchos de los contenidos a los que antes me he referido y he reseñado que ya están a disposición de cualquier ciudadano canario o en cualquier otro ámbito, porque están colgados en internet.

También prevé la ley la protección de datos personales para hacer compatible el derecho de información con el derecho de intimidad. El texto relaciona también los derechos y los deberes, tanto para quienes están obligados a cumplir con los criterios de transparencia como para quienes accedan a la información; y regula el procedimiento para solicitar la información y los plazos de su respuesta.

También, en el título IV, se regula la figura del comisionado de Transparencia y de Acceso a la Información, su nombramiento -que, como antes ya avancé, ha de llevarse a cabo por el Parlamento de Canarias-. Este comisionado será quien resuelva las reclamaciones que se interpongan contra los actos expresos o presuntos resolutorios de las solicitudes de acceso a la información, de las entidades u organismos relacionados, así como de los cabildos insulares y ayuntamientos canarios. También ejercerá el control sobre el cumplimiento de la obligación de publicar que se relaciona en el título II de la ley.

El comisionado puede también formular recomendaciones del cumplimiento e interpretación de la norma, y también habrá de hacer una evaluación del grado de aplicación y cumplimiento de la ley. Y esto también es importante reseñarlo: el comisionado tiene un papel relevante para la evaluación y el cumplimiento de la ley.

Bien, también, como gran novedad, el título V recoge un sistema de infracciones y sanciones que puede dar lugar, en caso de infracciones muy graves, al cese de un alto cargo del Gobierno de Canarias.

Señorías, tras esta breve descripción del texto articulado, quiero manifestar, en nombre del Gobierno, que estamos realmente convencidos de que se trata de una ley que responderá a las expectativas ciudadanas. Estamos satisfechos por el resultado obtenido, en un proceso complejo y pionero que hoy me permite asegurar que este proyecto de ley no tiene un autor único; es una norma hecha entre muchas personas, anónimas muchas de ellas, otras con responsabilidades públicas, representantes de grupos, de asociaciones, de partidos políticos, de instituciones locales. La característica común: formamos parte de la misma sociedad y tenemos un interés común, que es dotar a esta autonomía de una ley transformadora.

Queremos que la ley sea la ley de todos. Sinceramente, creemos que el trabajo realizado y la dedicación y el interés mostrado por tantas personas, bajo la coordinación del Gobierno de Canarias en este proceso participativo, iniciado en mayo del 2013 hasta ahora -y el consenso logrado- merecen que sean reflejados en este Parlamento, por lo que pedimos a todos los grupos parlamentarios su apoyo.

Estoy convencido de que, durante la tramitación parlamentaria, sus señorías introducirán mejoras, como las trasladadas ya por el Grupo Parlamentario del Partido Popular al Gobierno, relativas a la inclusión expresa de cabildos y ayuntamientos en el ámbito de aplicación de la ley, entre los sujetos afectados por sus disposiciones; o la obligación en la que figure el curriculum profesional del personal eventual o personal de confianza, entre otras cuestiones que se nos han trasladado por el Grupo Popular.

Señorías, la Administración pública somos todos. Estas palabras, que pueden parecer un eslogan manido, son en realidad la esencia de lo que hoy estoy intentando transmitirles, de lo que hoy sus señorías deben considerar. Y valorar si respaldan o no este proyecto.

La ciudadanía se ha alejado, ha aumentado la desconfianza en la gestión pública, mientras quienes nos ocupamos en el día a día de ella, movidos por la inercia y por la dinámica de los hechos, hemos permitido que esa distancia haya aumentado. Hemos vivido durante años sin darnos cuenta de que unos y otros somos parte de lo mismo, un único ser, una única sociedad.

El desgaste democrático existe, es evidente, pero no conozco ni creo que haya un modelo político mejor; y, en este modelo, ciudadanía y Administración pública son un único ser, pero esto no significa que sea estático o invariable: puede cambiar, puede modificarse, ha de redefinirse. Estamos viviendo este proceso histórico en el que la ciudadanía demanda más información, mayor participación en la actividad pública, y tiene derecho a ello. Este es el momento: demos juntos hoy un paso, que no será el único ni el decisivo, pero sí un paso vital para continuar una camino de transformación democrática.

Señorías, la transparencia es en sí misma un valor, un valor que debe servir como instrumento para producir la imprescindible recuperación de la credibilidad y de la confianza en lo público, credibilidad y confianza en las instituciones. El primer paso de esta Cámara legislativa hacia dicha recuperación es demostrar hoy, más allá de los intereses partidistas, de las coyunturas políticas, desde estos escaños, que somos capaces de expresar, con nuestro parecer favorable, nuestro compromiso individual -como representantes del pueblo- y colectivo -como grupos parlamentarios-. Un compromiso serio con la nueva realidad democrática, apoyando de forma unánime este cuerpo legislativo para su aplicación en el ámbito de Canarias.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor consejero, don Francisco Hernández Spínola.

Fijación de posiciones, grupos parlamentarios. Grupo Parlamentario Mixto, don Pedro Justo. Le damos la bienvenida aquí, en su primera intervención, y le deseamos todos los éxitos posibles.

El señor JUSTO BRITO: Señor presidente. Señorías, consejero. (Abandona su lugar en la Mesa el señor presidente. Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente primero, Cruz Hernández.)

Nueva Canarias y el PIL tienen inicialmente una posición positiva, como es normal ante una propuesta de ley como la que se plantea, pero quieren precisar algunas cuestiones para enmarcar un poco lo que nosotros creemos que se puede conseguir con el planteamiento que se está haciendo y, sobre todo, para ver si podemos intentar conseguir que realmente la transparencia acabe integrándose dentro de las instituciones públicas canarias.

Nosotros creemos que el Gobierno, al igual que otras autonomías, con este proyecto, responde a la tremenda presión social que se ha creado -sobre todo, a las instituciones públicas- por el desafecto general que está habiendo ante la democracia española, canaria, en general. De hecho, actualmente hay seis autonomías que ya tienen aprobadas leyes de transparencia y cuatro más, aparte de la nuestra, que están gestionando leyes de transparencia. Crecen mucho las leyes de transparencia.

Nosotros creemos que la presión social viene, básicamente, motivada por tres elementos: primero, el alejamiento y el malestar de la gente ante las instituciones democráticas -que, aunque sabemos que no es estrictamente por el planteamiento político de las mismas, sino también como un reflejo de la situación de la crisis económica que, obviamente, hace que la ciudadanía solicite mucho más de las instituciones que las instituciones, en general, no pueden responder ante ella-; segundo, ante el problema de la corrupción pública -que, aunque por suerte no es tan grande como aparenta, por desgracia existe, y siempre que existe ya es demasiada y, además, tiene una repercusión pública enorme-; y, en tercer lugar, porque, por suerte, parece ser que la ciudadanía tiene una actitud más activa y más exigente hacia las instituciones públicas, lo cual es positivo. El movimiento seguramente del 15M fue el que reflejó un poco más de manera difusa estas cuestiones, y yo creo que son rescoldos positivos de aquella situación.

Nosotros, en principio, estamos de acuerdo con el proyecto de ley; obviamente, por eso no presentamos ninguna enmienda. Por ejemplo, nos parece muy positivo, en la exposición de motivos, que se diga que la sociedad canaria aspira a contar con instituciones públicas más accesibles y transparentes, más cercanas y capaces de generar sinergias que produzcan beneficio social y económico por el flujo informativo multidireccional. Y también se dice que, en este sentido, la transparencia se revela como uno de los valores esenciales para que las instituciones y administraciones sean consideradas como propias, cercanas y abiertas a las expectativas, necesidades y percepciones de la ciudadanía. Compartimos esos objetivos y nos parecen muy muy positivos. En ese sentido, pensamos que esta ley es un paso en la buena dirección.

Lo que sí queremos dejar claro es que esta ley se puede aprobar y puede seguir habiendo falta de transparencia, y puede seguir dándose que la ciudadanía tenga problemático el acceso a la información pública. En este sentido, creemos que es una ley que es más el inicio de un camino que el final de un camino; y el camino que hay que desarrollar es un camino farragoso y difícil, pero que hay que hacer.

Dentro de las cuestiones que hay que desarrollar, la propia ley lo dice, está, por un lado, que hay que conseguir que las administraciones públicas se reorganicen, de manera que las informaciones que tienen disponibles sean accesibles a la ciudadanía y, además, lo sean de una forma sencilla, cosa que actualmente no sucede; luego ahí hay que hacer un trabajo, y es un trabajo grande.

Por otro lado, está el tema de que nosotros creemos que es importante, para saber el funcionamiento de la ley, que la propia ciudadanía utilice la ley; entre otras cosas, para ver, por ejemplo, hasta qué punto el tema del silencio administrativo negativo puede ser, digamos, un hándicap para que la gente realmente consiga los objetivos que se supone que persigue la ley. En ese sentido, Nueva Canarias, pues, nosotros creemos que no solo lo tiene que hacer la ciudadanía; vamos a tener una actitud beligerante y activa, y supongo que acorde con el resto de los grupos, en el sentido de que se avance en que realmente esta ley consiga los objetivos que se supone que tiene que conseguir.

Y luego hay que destacar también que esta ley no va a generar información nueva, sino que va a poner a disposición de la ciudadanía la información que hay disponible. En ese sentido, hay que recordar, primero, que la información disponible en Canarias es escasa. Hay un montón de información sobre sectores económicos, sobre sectores sociales, en que no hay información de base, con lo cual, el ciudadano se puede encontrar que, con las nuevas tecnologías -que cuando hablamos el otro día en comisión hemos visto muy positivamente que se han desarrollado por parte de la Administración-, pueda tener la posibilidad de solicitar determinadas informaciones pero que detrás del clic no haya nada por que no haya informaciones disponibles. En ese sentido, el Gobierno debería irse planteando el potenciar la generación de informaciones que sean de interés para la comunidad.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que hay una parte de esa información que son informes, evaluaciones, valoraciones que las propias leyes que ha aprobado el Gobierno tienen incluidos en sus leyes y que luego, a veces, se incumplen. Estamos hablando, pues, de las valoraciones anuales de determinadas cuestiones, y entonces sería muy positivo -también servirá para esto la presión exterior- que leyes que ya han dicho "pues, anualmente, tenemos que hacer un informe, se evaluará el resultado de las políticas tal...", que ahora, por la presión ciudadana, se vaya forzando el cumplimiento de esas mismas obligaciones que nos pusimos cuando se aprobaron dichas leyes.

Pero nosotros la clave del asunto la vemos en otro punto. Para nosotros, la transparencia es más un problema de voluntad política que un problema de legislación. Y, en ese sentido, creo que los propios informes que están disponibles actualmente lo demuestran. Hay un informe de Transparencia Internacional sobre los niveles de transparencia en las comunidades autónomas. Hay tres comunidades autónomas que tienen cien sobre cien: Cataluña, Castilla y León y País Vasco. Ninguna de las tres tiene ley de transparencia. Luego se puede ser transparente sin tener ley de transparencia; y lo que nosotros nos tememos es que también se pueda ser opaco teniendo ley de transparencia. Es decir, que la mera aprobación de la ley no resolvería el problema.

Caso especial: el caso del País Vasco. Hace dos años, en la última valoración en el 2012, estaba 10 puntos por detrás de nosotros; ahora está 20 puntos por delante de nosotros.

Entonces, nosotros consideramos que la clave es que el Gobierno manifieste una expresa voluntad política de que quiere desarrollar la transparencia, favorecer la transparencia. Obviamente, la ley será uno de los medios a través de los que se haga; el haber desarrollado la tecnología informática es otro de los medios. Pero esa voluntad política es lo determinante de todo.

Les recuerdo que, en principio, nosotros partimos bastante mal en ese informe de Transparencia Internacional: para el año 2014, estamos los quinceavos de diecisiete. Y, para que se vea que no hemos evolucionado muy positivamente, mientras en el 2012 teníamos una diferencia de 5,2 puntos con respecto a la media de las comunidades, ahora la diferencia es de 8,6 puntos. Entonces, hay que demostrar mucha voluntad política. Contará el Gobierno con nosotros para ir en ese sentido, y creemos que el elemento fundamental, que es esa voluntad, es lo que tiene que determinar y lo que acabará haciendo que esta ley se quede en papel mojado y el año que viene sigamos teniendo una ley de transparencia que no ha servido, o que realmente se haya avanzado en el objetivo que se quiere.

Por parte nuestra, consideramos que hay elementos que no son muy favorables en cuanto a la concepción que tiene el Gobierno con respecto a la transparencia. Ustedes saben que nosotros ahí tenemos una batalla histórica con el tema de la ley electoral, y a nosotros nos parece que es un elemento fundamental en el tema de la transparencia, entre otras cosas, porque, en una de las cuestiones clave, que es el tema de la corrupción, creemos que es un elemento fundamental. Y luego hay unos planteamientos iniciales con respecto, por ejemplo, al tema de la Radiotelevisión Canaria, que nosotros creemos que sería positivo que se corrigiesen, que esperamos que se corrijan, porque están incluso actualmente funcionando en el reglamento de la radiotelevisión estatal, y que supondrían una notable mejoría en la dirección de la Televisión Canaria, que está muy necesitada de ellos.

Y, por último, Nueva Canarias y el PIL quieren hacer una propuesta al resto de los grupos. El Gobierno autónomo está mal situado en cuanto al tema de la transparencia, pero el Parlamento canario no está mucho mejor, sino que está bastante peor. En el análisis que tiene sobre parlamentos la misma Transparencia Internacional, estamos en el número 18 de diecinueve parlamentos, porque allí incluyen Senado y Congreso; y, sobre una nota de 100, tenemos 42,3. Sí, digo bien, 42,3.

Entonces, la propuesta que quiere hacer el Grupo de Nueva Canarias es que se cree una comisión de los cuatro grupos parlamentarios para que, a la vez que estamos haciendo la tramitación de esta ley, avancemos para que, dentro de esta legislatura, hagamos una trasposición de los elementos fundamentales -que, seguramente, aprobaremos por consenso dentro de la ley-, y que se haga una trasposición hacia el Reglamento de la Cámara, porque, como bien dice la ley, la Cámara tiene autonomía; en su disposición adicional cuarta, plantea que tiene autonomía y que tiene que ser ella la que lo decida. Entonces, lo que planteamos es: hagamos una comisión que avance y vaya recogiendo todos los elementos que tiene la ley que consideramos que son positivos, y hagamos una trasposición para hacer una reforma parcial del Reglamento de la Cámara que, dentro de esta legislatura, adecúe también la Cámara a los objetivos de transparencia que se plantean por parte de la ley.

Nada más.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Cruz Hernández): Gracias, señor diputado.

Por parte del Grupo Socialista, don Manuel Fajardo, por tiempo de quince minutos, tiene usted la palabra.

El señor FAJARDO PALAREA: Buenos días, señorías, señor consejero.

Don Justo, la Comisión de Reglamento, me imagino que le habrán informado, va a empezar sus trabajos y yo estoy seguro, a buen seguro, de que hará la trasposición necesaria de todo lo que se apruebe en la ley de transparencia y de acceso a la información pública al Reglamento de esta Cámara, como no podía ser de otra manera.

Señor consejero, ha llegado el día en que debatimos en primera lectura el tan ansiado proyecto de ley de transparencia y de acceso a la información pública, un proyecto de ley que va a dar respuesta, como usted bien ha dicho, a la exigencia cada vez mayor de transparencia y acceso a la información de los poderes públicos que han hecho que muchos Estados democráticos hayan ido aprobando normas generales sobre esta materia.

Nos encontramos, además, como usted también ha referido, señor consejero, con una norma novedosa; no solo por su contenido, sino también por la metodología de trabajo que la ha hecho llegar hasta el día de hoy, ya que se puede afirmar, sin temor a equivocarnos, que este proyecto de ley nace y se enriquece de la participación de la ciudadanía de Canarias y, por lo tanto, es una norma de los ciudadanos y para los ciudadanos de esta comunidad.

Y digo lo anterior, señorías, porque, a efectos de la elaboración por parte del equipo de la consejería de Presidencia, se puso en marcha en su día un proceso de participación activa, que comportó una serie de foros de participación llevados a cabo en todas las islas -incluida La Graciosa- del archipiélago, con los que se pretendió impulsar los canales de participación y conocer directamente la sensibilidad de las personas interesadas en estos temas, estuvieran más o menos relacionadas con instituciones y agentes sociales. Y vaya si se interesaron, señorías. Las aportaciones en los trece foros presenciales celebrados se acercaron a las tres mil, coligiéndose de las mismas una respuesta altamente participativa que sirvió para, por otro lado, disponer de una base sólida con la que trabajar en la redacción de este proyecto de ley, fruto de haber sintonizado con las inquietudes, demandas y aspiraciones ciudadanas.

Y sí, señorías, este proyecto de ley, que ya ha desbrozado el señor consejero en su intervención y que todos ustedes conocen al detalle, recoge y hace suyas las aportaciones de los canarios y de las canarias, entre las que cabe destacar, a modo de ejemplo:

El más amplio acceso a la información pública en poder de la Administración y de sus organismos y entidades dependientes, en lo que se refiere a la organización, a los cargos públicos, con su perfil profesional, sus remuneraciones, dietas y asistencias; el personal al servicio, eventual, funcionario o laboral.

La información económica, financiera y presupuestaria; contratación de bienes y servicios, y obras y servicios públicos, con sus costes y rentabilidad social, proyectos normativos, etcétera.

La transparencia en la comunicación de los encuentros institucionales que se producen entre las administraciones y los sindicatos y organizaciones empresariales.

El acceso a la información, que debe facilitarse no solo por la vía de las nuevas tecnologías -un instrumento de lo más eficaz, como se ha revelado en diferentes comparecencias-, sino, también, presencialmente.

La creación, como bien ha dicho el señor consejero, de un órgano independiente que vele por el derecho ciudadano de acceso a la información, resuelva las reclamaciones que se presenten, informe y evalúe la transparencia de la Administración pública canaria; y el respeto, también, de la garantía de la intimidad en el tratamiento de los datos de carácter personal en poder de la Administración.

Señorías, esta iniciativa no va a afectar a un número de personas determinado, sino a la generalidad de la ciudadanía, ya que cualquier persona podrá acceder a la información en manos de la Administración, en los términos que en la misma se contempla, sea por obligación de dar publicidad a las actuaciones o sea como ejercicio del derecho que se reconoce a solicitar cualquier otra información en poder de las autoridades públicas, sin necesidad de que el solicitante exponga o justifique el interés que tiene para el acceso a la misma.

En definitiva, las medidas que se contemplan en el proyecto de ley no tienen por objeto procurar el beneficio de determinadas personas, sino la mejora de la transparencia y el buen funcionamiento de la Administración pública de la comunidad autónoma.

Señor consejero, como ya le expresé en su día con ocasión de otro debate sobre igual materia, el Grupo Socialista va a apoyar este proyecto de ley porque está a la altura de los tiempos y adaptado a la creciente reivindicación de profundización democrática; porque tiene por objeto regular la implantación de una nueva forma de interrelación entre la Administración pública y la ciudadanía; porque garantiza de forma efectiva la transparencia en la actividad de la Administración de la comunidad autónoma canaria, y de los organismos y entidades vinculados a la misma; porque garantiza el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a acceder directamente a información pública, veraz e imparcial, garantizando también su derecho a participar en la toma de decisiones sobre asuntos que les puedan afectar o incidir, directa o indirectamente, en el interés público.

Con el aderezo, además, de un consenso pocas veces visto durante esta legislatura, que va más allá del hecho anecdótico de que a usted, en su día, le hayan tildado de vendedor de humo o de partícipe de tournées.

Y, señorías, si a lo anterior unimos el hecho de que el proyecto de ley da un salto cualitativo de la publicidad pasiva a la activa, adaptándose así a la actual sociedad de la información y estableciendo disposiciones precisas que permiten poner a disposición de todos los ciudadanos en internet la principal información que les permite participar, controlar y, con ello, contribuir a una gestión pública más eficaz y transparente, podemos afirmar que estamos ante un buen proyecto de ley, con una apuesta decidida por las nuevas tecnologías y su utilización para potenciar la discusión y el acceso a la información por la ciudadanía como legítima -como legítima, repito- propietaria que es de la información pública, dándose respuesta a una de las exigencias más insistentes de la sociedad, que demanda mayor transparencia del sector público para conocer mejor cómo actúan los poderes públicos y controlar su actuación, detectando malos funcionamientos y favoreciendo la mejora de su gestión, escrutando la acción de los responsables públicos y haciendo conciliable la publicidad activa, el acceso a la información, con el derecho a la privacidad y a la protección de datos.

Y, señorías, el proyecto de ley, además, establece la garantía para la efectividad de los derechos que contempla, mediante la creación de un órgano específico y que, con independencia del modelo elegido, lo importante es que se implemente y se sea eficaz, para lo que creemos que deberá contener cuatro notas básicas: la inmediatez, la accesibilidad, la independencia y la confianza de los ciudadanos y ciudadanas de Canarias.

Señor consejero, señorías, las conductas de autoridades y servidores públicos que se apartan del principio esencial de un Estado democrático de derecho de actuar conforme al principio de servicio al interés general, con objetividad e imparcialidad, y con absoluta interdicción de la arbitrariedad, conllevan una quiebra de la confianza de la ciudadanía en sus poderes públicos y en sus instituciones que obliga a redoblar las medidas de corte jurídico sobre las conductas de los responsables públicos, por lo que la participación ciudadana es útil para recuperar la confianza y la credibilidad de la sociedad en sus instituciones y sus representantes.

Y ello no sería posible si no se garantiza previamente un acceso a la información, que permitiera disponer de los datos y los elementos de juicio necesarios para poder ejercer con propiedad su capacidad de decisión y control de los poderes públicos. De ahí la importancia de este proyecto de ley, señor consejero. De ahí la importancia del trabajo del equipo de la consejería, que, durante todo este tiempo transcurrido hasta hoy, ha trabajado codo con codo con la ciudadanía para que este día fuera posible, con la certeza de que este proyecto de ley, cuando se apruebe, por sí solo no va a cambiar la sociedad, no va a cambiar la percepción actual de los ciudadanos sobre sus representantes políticos; pero, con la esperanza de que, en la medida en que seamos capaces de aprobar una norma que empodere a la ciudadanía para obtener una mayor información, fomentar su participación en los asuntos públicos y servir de elemento de control de la gestión pública y de las decisiones que les atañen en este sector, hará que estemos dando pasos importantes para recuperar la confianza perdida.

Y esta es nuestra misión; no es otra. Señor consejero, la transparencia administrativa -y se ha dicho aquí antes- per se está bien, pero no garantiza un sistema plenamente abierto. La transparencia debe ser el resultado del derecho de acceso a la información, no al revés. Misión de todos es que, en el futuro, este proyecto de ley tenga transparencia de verdad y no suponga una mera propaganda; y que cumpla, en definitiva; que tenga el poder suficiente para cumplir la función que le es encomendada.

Hacer la transparencia y el derecho de acceso a la información una realidad, porque es el mejor antídoto contra el desánimo, el desapego, la desesperanza y el rechazo que imperan contra todo lo que suene a público, a política, a partidos políticos y a la Administración. La transparencia y el derecho a la información son las mejores medicinas para combatir la peor lacra que corroe los cimientos de la democracia en este país: la corrupción. Pero también es el mejor agente preventivo contra los salvapatrias, revisionistas torticeros de la reciente historia de España, mesiánicos portadores de las esencias de la honestidad y honradez que predican que el odio debe cambiar de bando.

Pues, bien, señorías, el Partido Socialista Obrero Español piensa que solamente debe haber un bando: el de los ciudadanos de Canarias, de España, del mundo; y que no debe haber miedo, porque no se trata de que cambie el miedo. Nosotros queremos ciudadanos libres e iguales -les sonará, señorías- y, por eso, señor consejero, le apoyamos en este proyecto de ley, porque creemos y queremos una sociedad donde el preguntante no tenga miedo de preguntar o de solicitar una información y el preguntado no tenga miedo de responder o de entregarla, o de publicar la información, porque nada tenga que ocultar.

Casi voy terminando. Y voy a citar al Defensor del Pueblo Andaluz, que, a su vez, citaba en su comparecencia con objeto del debate de la Ley andaluza de Transparencia al famoso juez Louis Brandeis, y citaba una serie de frases que dicen: "dejen pasar la luz del sol, que es el mejor de los desinfectantes".

Por tanto, señorías, acabo. De todo esto trata el proyecto de ley: transparencia y derecho a la información es igual, para el Partido Socialista, a democracia y a política en mayúsculas, y en este país los socialistas pensamos que lo que necesitamos es más democracia y más política en mayúsculas.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Cruz Hernández): Gracias, señor diputado.

Por parte del Grupo Nacionalista, doña Marisa Zamora, por tiempo de quince minutos, tiene usted la palabra.

La señora ZAMORA RODRÍGUEZ: Gracias, presidente.

Señorías, muy buenas tardes.

En primer lugar, consejero, quiero empezar, antes de entrar en el tema, me gustaría felicitar al consejero de Presidencia y Justicia, y al Gobierno de Canarias en general, por cumplir su compromiso de traer a esta Cámara, antes de finalizar esta legislatura, el proyecto de ley de transparencia y de acceso a la información pública. Espero y deseo que, una vez constituida la ponencia, y después del trámite de enmiendas al articulado, podamos ponernos todos de acuerdo y, a ser posible, aprobar esta ley por unanimidad de todos los grupos parlamentarios.

La ley de transparencia es una ley importantísima para el fortalecimiento de nuestra democracia; es una norma necesaria que representa un paso adelante. No el único, pero un paso muy importante.

Todos sabemos que el sentimiento de que la corrupción resulta impune en nuestro sistema está produciendo un enorme daño a nuestra democracia, y no hay mejor remedio contra la corrupción que anticiparse a ella y evitarla. Allá donde habitan la sombra, el secreto o el exceso de confianza es donde es sencillo que se produzcan favores, arbitrariedades y desfalcos (Rumores en la sala.). Por favor, señor presidente, me gustaría que guardaran silencio, porque me están... (dirigiéndose a la Presidencia, ante los rumores en la sala).

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Cruz Hernández): Gracias, señora diputada.

Señorías, por favor. Están cerca de la tribuna e inciden en...

Puede proseguir, señora diputada.

La señora ZAMORA RODRÍGUEZ: Gracias, presidente.

Estamos hablando de la corrupción. No es cuestión de unos partidos u otros: todos hemos visto a nuestro alrededor, la corrupción está en la naturaleza humana. Y, si hay oportunidad de corromperse, siempre habrá alguno que se corrompa. La única forma de evitarla es ventilar, iluminar. Lo que decía el señor Fajardo: la única forma es iluminar, descubrir. En definitiva, dejar que todo se vea. Donde está todo a la vista, es muy complicado que nadie haga lo que no debe, que nadie haga lo prohibido. En una democracia bien instalada, cada ciudadano es policía de sus propios intereses; pero, también, por extensión, de los intereses generales.

Por eso, señorías, no podemos permanecer de brazos cruzados ante el clamor ciudadano que exige un cambio de actitud en los políticos y mucha transparencia. Hoy en día, además de la crisis y el desempleo, los grandes enemigos de nuestro país son la corrupción y la falta de confianza en las instituciones. Hay, como decía el consejero, un desapego, una desconfianza del ciudadano en la gestión pública.

Por otro lado, vivimos en la época de las nuevas tecnologías de la comunicación, pero esta sociedad de la comunicación y de la información tiene como contrapartida el que vivimos también en una sociedad vigilada. Nuestros datos, todos nuestros datos, los de los ciudadanos, los guardan la Administración, los bancos, las compañías de teléfonos. Hoy podemos decir que solo el pensamiento es completamente privado. La verdad es que nunca los ciudadanos fueron más transparentes para los grandes poderes, y nunca los grandes poderes se mostraron más opacos a los ciudadanos: la Administración desnuda al ciudadano y el ciudadano no puede desnudar a la Administración.

Señorías, tenemos la obligación de estar todos juntos y ponernos de acuerdo para que esta comunidad autónoma tenga cuanto antes su propia ley de transparencia, como ha dicho el consejero, complementaria a la ley del Estado.

También le felicito, señor consejero, porque nunca había llegado a la Cámara una ley tan participativa y en la que se haya ofrecido tanto diálogo como esta que hoy se trae al pleno. Esta norma es la primera que se elabora en Canarias de abajo a arriba; es decir, partiendo de las aportaciones y sugerencias de la ciudadanía desde un principio, sin contar incluso con un articulado previo. Y, para ello, como usted ya ha hablado y han hablado mis antecesores, se abrió un amplio proceso de participación ciudadana a través de los trece foros presenciales de los que hablaba usted hace un momento, y a través de una página de participación en Facebook que permitió detectar las tendencias que la sociedad canaria tiene depositadas en esta ley. Y todas las aportaciones de distintos colectivos -que, además, han sido muy importantes-, instituciones y particulares se han tenido en cuenta y han enriquecido el texto que hoy debatimos en primera lectura.

Por eso, en este proyecto de ley se han introducido mejoras con respecto a los borradores que se nos entregaron a los grupos parlamentarios. Resaltar que la nueva redacción o el nuevo texto incluye también un nuevo título dedicado al régimen de infracciones y sanciones. Creo que, si no, hubiera estado coja la ley. La propuesta actual establece que las infracciones muy graves supondrán el cese de los altos cargos de las instituciones, y esto es algo que no está recogido en otras leyes de transparencia. Por tanto, este texto que viene hoy es mucho más completo y detallado que el texto del que se partió; y contiene mayores garantías para su cumplimiento, al contar ahora con un régimen sancionador específico.

También, entre las mejoras que se habían introducido, hay que mencionar que el proyecto de ley incluye, entre los sujetos afectados por la norma, a los partidos políticos y a organizaciones sindicales y empresariales. Y también contiene la regulación del Parlamento -la disposición adicional quinta- y de los órganos dependientes, como son la Audiencia de Cuentas, el Consejo Consultivo y el Diputado del Común.

Es verdad que ya están elaboradas las normas de régimen interior del Parlamento, que se han adaptado a esta ley de transparencia e información pública, en donde consta de lo que hay que dar publicidad e información, como son las asignaciones de los grupos parlamentarios, los contratos y demás, y la Comisión de Reglamento tendrá que reunirse para llevar a cabo su modificación y también adaptarlas a la ley de transparencia, que espero, por supuesto, que tendrán que salir antes de que finalice la legislatura, como siempre hemos hecho. Pero esta vez es muy importante, con este dato, adaptarlas a la ley de transparencia e información pública.

Resaltar también el discutido tema que se ha planteado sobre que el Diputado del Común asuma las funciones del Comisionado de Transparencia. Ahora será el Parlamento quien lo elija y determine el procedimiento para su elección. Pero yo tengo que decirle que es un tema en el que yo tengo muchas dudas: en primer lugar, no hay ninguna norma que lo impida, el que el Diputado del Común pueda asumir las funciones del Comisionado de Transparencia. Y, además, con las dificultades presupuestarias que existen hoy en día, pues, no sería bueno crear más órganos; y que habría que dotarlos, además, de medios materiales y humanos para que puedan funcionar. Y este yo creo que no es un buen momento. Por tanto, es un tema a estudiar en la ponencia.

Abunda el proyecto de ley en los derechos y obligaciones tanto de quienes acceden a la información pública como de los sujetos públicos y privados que deben facilitar dicho acceso. Se ha introducido, entre los sujetos afectados por la normativa, a partidos políticos y organizaciones sindicales y empresariales. Esta, precisamente, es una de las modificaciones introducidas por sugerencia de colectivos y personas que han presentado alegaciones durante la información pública.

También se ha incluido un nuevo artículo con las definiciones de cada uno de los objetos que regula la norma. Me parece importante, a veces hablamos de transparencia y no sabemos lo que es. Los conceptos son transparencia, información pública, acceso a dicha información y portal de transparencia. De esta forma, el objeto de la ley queda definido con claridad, distinguiendo los diferentes conceptos que se regulan en ella. El texto articulado del proyecto de ley es una ampliación del ámbito subjetivo y objetivo descrito por la ley estatal. Por tanto, este proyecto de ley desarrolla y completa así, en el ámbito autonómico, los preceptos básicos recogidos en la ley estatal aprobada por las Cortes Generales en el mes de diciembre.

Consejero, señorías, los ciudadanos están molestos con los políticos y nos ven como un problema, como un lastre. Y, aunque la crisis económica ha actuado como catalizadora de este malestar, es necesario que las fuerzas políticas representadas en esta Cámara busquemos las fórmulas de cómo mejorar nuestra democracia. Tenemos que dar las respuestas que están esperando los ciudadanos. Esa es nuestra responsabilidad, recuperar la credibilidad que hemos perdido. Se trata, señorías, no de desmantelar el sistema, porque no hay uno alternativo; sino de transformarlo y adaptarlo a los nuevos tiempos y a las nuevas demandas de la ciudadanía. Hoy tenemos esa oportunidad votando a favor de este proyecto de ley. Ya tendremos tiempo, como dije antes, de mejorarlo y de enriquecerlo en la fase de enmiendas al articulado.

Y no tengo mucho más que aportar; voy a terminar como empecé. Esta es una ley urgente y necesaria. La transparencia y el acceso a la información pública por parte de los ciudadanos son un eje fundamental para avanzar en la dirección correcta. Sin transparencia, no hay información; sin información, no hay debate; sin reglas, el debate se convierte en ruido. Y, en la actualidad, eso es precisamente lo último que necesitamos. Los ciudadanos reclaman más transparencia y mayor participación en los asuntos públicos, y una mayor exigencia de rendición de cuentas de los poderes públicos. Esto se ha ido concretando en otras comunidades autónomas que ya se han ido dotando de sus leyes de transparencia, y ahora le toca a Canarias disponer de su propia ley.

Cuenta, señor consejero, con el apoyo del Grupo Nacionalista Canario para continuar con los trámites que conduzcan a la aprobación definitiva de la ley canaria de transparencia y derecho a la información pública. Una ley que no será del Gobierno ni de los grupos parlamentarios, sino de los ciudadanos, que son los que demandan una Administración más útil, más eficaz, más austera, más accesible y más transparente. Y estos son requisitos básicos para que el ciudadano se sienta identificado con ella.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Cruz Hernández): Gracias, señora diputada.

Por parte del Grupo Parlamentario Popular. (Pausa.) Por tiempo de quince minutos, tiene usted la palabra.

El señor MORENO BRAVO: Muchas gracias, señor presidente. Señorías.

La transparencia como principio rector de la actuación pública de las instituciones españolas constituye, desde hace años, una reivindicación constante. Sin embargo, y hemos de recordarlo, su plasmación al campo del derecho no se ha hecho efectiva hasta épocas recientes. En concreto, noviembre de 2013, hace apenas un año, cuando el Congreso de los Diputados y el Senado aprobaron la primera Ley de Transparencia de la historia de España.

Es cierto que existen precedentes, lo sabemos: la Ley Foral 11/2012, de Navarra. Y es cierto que el debate acerca de la transparencia nace mucho tiempo antes; de hecho, y sus señorías no lo recuerdan, les he de decir que la promesa de aprobar una ley de transparencia en España fue uno de los cuatro grandes compromisos del Gobierno de Zapatero, después de la victoria en las elecciones generales del año 2004. Un compromiso que decae en el tiempo y al que, finalmente, renunció el Gobierno del Partido Socialista Obrero Español, en enero del 2011, casi siete años después de anunciarlo, con la siguiente explicación escueta, oficial, del señor Jáuregui, ministro a la sazón: "la transparencia ya no forma parte del calendario legislativo del Gobierno".

Y tuvo que ser, señorías, un Gobierno del Partido Popular, salido en las urnas, quien presentase, en septiembre del 2012, el primer proyecto de ley de transparencia, buen gobierno y acceso a la información pública en las Cortes Generales españolas. Un proyecto ampliamente debatido en el Congreso de los Diputados, con comparecencias diversas de especialistas en el campo del derecho, las nuevas tecnologías y la comunicación, que fue enriquecido a través de numerosas enmiendas y que abocó a su publicación en el Boletín Oficial del Estado, por ley, el 10 de diciembre del 2013, tras su paso por la Cámara baja. Y no es ocioso recordar, señorías, que esta ley contó con el voto favorable del Partido Popular. Y he aquí que se opuso frontalmente y votó en contra el Partido Socialista Obrero Español.

Afortunadamente, hoy, un año después, debatimos en este Parlamento la toma en consideración y debate de primera lectura de una ley de transparencia y de acceso a la información pública que presenta un Gobierno de Coalición Canaria y -casualidad- un Gobierno del Partido Socialista Obrero Español; y a diferencia de antes -ya lo anticipo y lo anuncio-, cuenta con el voto favorable, en este trámite, del Partido Popular, la primera fuerza parlamentaria de esta Cámara.

Y creo que es sumamente positivo que un proyecto de ley que somete al sistema público y político de Canarias a la transparencia nazca de una voluntad de consenso, compartida por todas las fuerzas políticas sin excepción, porque ello fortalece -no solo legal, sino también moralmente- su futuro cumplimiento.

Señorías, la transparencia contiene un modelo, un conjunto modelo político y público de comunidad autónoma, y sus obligaciones pasarán a exigirse a todos, sin excepción y sin distinciones. Hablamos no solo de un acceso a la información pública a través de la transparencia: hablamos de una nueva forma de hacer política, de un ejercicio de salud e higiene para nuestro sistema democrático, y en eso debemos estar todos.

Nosotros, el Grupo Parlamentario Popular, el Partido Popular, hemos estado por la transparencia siempre, antes y ahora; a nivel nacional, como antes indiqué, y en Canarias también.

El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad y ustedes, señorías, son testigos de la demanda constante de mi grupo, en este Parlamento y fuera de él, para que, por parte del señor consejero, por parte del Consejo del Gobierno de Canarias, se presentase un proyecto de ley en esta Cámara. Y no me dejará mentir el señor Fernández si le recuerdo que, desde que se anunció la ley de transparencia en noviembre del 2012, el Partido Popular le ha reclamado periódicamente e insistentemente un proyecto de ley registrado en este Parlamento.

Y convendrá conmigo, además, en que, desde que conocimos el primer borrador de la ley de transparencia, allá por el 20 de enero de 2014, mi grupo parlamentario, como ningún otro, no ha dejado de colaborar desde una posición crítica para el enriquecimiento del texto que hoy es objeto de toma en consideración. Y, gracias a ello, sabemos que fue el Partido Popular quien planteó públicamente la necesidad de que todos los partidos políticos, todas las organizaciones sindicales y todas las organizaciones empresariales que perciban ingresos procedentes de los fondos públicos se sometieran a la transparencia.

Inicialmente, como recordarán ustedes, el proyecto del Gobierno establecía unos mínimos, a partir de los cuales aquellos partidos políticos, sindicatos y asociaciones empresariales habían de ser transparentes. Hoy el proyecto de ley incluye todos los ingresos públicos de partidos, sindicatos y empresarios.

Fuimos nosotros también, el Partido Popular, quienes reclamamos que el proyecto de ley recogiese un régimen sancionador ante los incumplimientos de las administraciones públicas y obligados de las obligaciones de transparencia. De hecho, los primeros borradores del Gobierno no contemplaban ninguna sanción para los incumplidores. Apenas aparecían mencionados en un informe anual ante este Parlamento, y no sufrían la menor consecuencia. ¿Le suena la mecánica, verdad? Es o era exactamente igual, el mismo modelo que el del Diputado del Común. ¿De qué sirven los informes del Diputado del Común actualmente?, pues, de nada o de casi nada.

Y esta era la manera, por parte del Gobierno, de entender la transparencia. Ahora ya no: se rectifica, y el proyecto de ley contiene un régimen sancionador y consecuencias reales, por tanto, que fortalecen, en un futuro, su eficacia y su efectivo cumplimiento.

En tercer lugar, nos opusimos rotunda y frontalmente a que el órgano de supervisión de la ley de transparencia recayese en una institución, ya fenecida y desfallecida, como es el Diputado del Común. La transparencia no puede estar al servicio de un antojo político para resucitar a una institución como el Diputado del Común, que nunca -nunca, repito- ha sido el cauce natural de los canarios en su relación-actuación con la Administración pública canaria.

Por ello, tengo que felicitar al señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, al señor Hernández; porque, aunque con notable retraso respecto de sus previsiones, hoy el Parlamento de Canarias tiene la posibilidad de tomar en consideración y debatir en primera lectura un proyecto de ley muy pero que muy distinto al original, ya que somete a todos a la transparencia, sin excepción; prevé un régimen sancionador para los incumplidores; y no cede frívolamente una ley de esta naturaleza, horizontal y rectora, al Diputado del Común.

A partir de hoy, por tanto, emprendemos la tramitación parlamentaria de la ley, con el deseo de dotar a esta comunidad autónoma de una norma autonómica, complementaria de la ley nacional, en materia de transparencia. Y es público y notorio que el Gobierno de Canarias, a través del consejero del ramo, ha ofrecido un principio de acuerdo al Partido Popular para incorporar, vía enmiendas, una mejora y mejoras al texto legislativo. Y ¿qué es lo que desea el Partido Popular que se incluya, sin discusión, en el futuro texto de la ley?

En primer lugar, que todas las instituciones locales -cabildos, ayuntamientos- estén sujetas a la transparencia desde el principio, y que no se derive a futuras normas o desarrollos legislativos, como aún establece la disposición adicional séptima de la ley, sino que se establezca un plazo cierto y concreto. Entendemos, en pocas palabras, que cabildos y ayuntamientos tienen que estar en la transparencia desde el minuto uno de la publicación de la ley en el boletín oficial.

En segundo lugar, que la supervisión de la transparencia se residencie en este Parlamento. Entendemos oportuna la creación de una comisión parlamentaria específica, presidida por un diputado no perteneciente a los grupos que respaldan al Gobierno de Canarias en cada legislatura, en aras de garantizar, ni más ni menos, con ello, la máxima independencia política. Y, además, con el fin de no generar gasto público adicional, al contrario de lo que supondría la creación de un nuevo organismo, con gastos de personal y gastos corrientes que lleva aparejados.

También planteamos que el acceso a la información deba ser gratuito, como de hecho señala el proyecto en su artículo 50, donde, sin embargo, establece que la obtención de copias y la trasposición del formato original de la información estarán sujetas al pago de tasas por el solicitante. Consideramos que, en este caso, se debe preservar siempre, en todo caso, la gratuidad del acceso a la información, y suprimir la obligatoriedad de las tasas en el proyecto de ley o, al menos, que se opte por la legislación nacional, donde no se establece esa obligatoriedad, sino que se establece, al menos, de manera opcional, y solo en aquellos casos en los que el volumen documental requerido genere objetivamente un gasto notable.

En cuarto lugar -voy concluyendo-, consideramos, además, que la información del personal de confianza -lo que ya ha anticipado el señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad- prevista en el artículo 19.1 c), al servicio del Gobierno y de las empresas públicas empresariales del sector público empresarial, deba incorporar, además de las retribuciones, el perfil, la trayectoria académica y personal. Entendemos que el personal de confianza siempre debe acreditar la cualificación y la capacidad para el ejercicio de las funciones para las que es designado -funciones de asesoramiento y de asistencia-, evitando de esta manera, señor Hernández, ocultar en esta categoría laboral el clientelismo político de cualquier Gobierno, con independencia de su color político. En pocas palabras, la ciudadanía quiere conocer la trayectoria académica y profesional no solo de los altos cargos, así como sus retribuciones; sino, también, del personal de confianza.

Como les indiqué anteriormente, el Gobierno y la Oposición hemos alcanzado un principio de acuerdo que puede y debe aportar consenso a una ley capital para la regeneración democrática de Canarias. Sinceramente, podemos llegar a un acuerdo en positivo, que complete la Ley nacional de Transparencia, la Ley nacional de Transparencia, con una norma autonómica consensuada entre todos y exigible para todos, sin excepción. Y lo podemos, eso sí, hacer por unanimidad, a diferencia de la Ley nacional de Transparencia. Esa es la voluntad de la sociedad canaria. Esa es, ha sido y será la voluntad del Partido Popular.

Nada más y muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Cruz Hernández): Gracias, señor diputado.

Señorías. Habiendo fijado la posición de los distintos grupos parlamentarios, damos por finalizado este punto del orden del día.

Y se convoca a los portavoces, si se pueden acercar, por favor. (Los señores portavoces y el señor representante del Gobierno, Hernández Spínola, atienden el requerimiento de la Presidencia.)

(Pausa.)