Diario de Sesiones 144, de fecha 11/11/2014
Punto 8
8L/PO/P-1644 PREGUNTA DE LA SEÑORA DIPUTADA DOÑA BELINDA RAMÍREZ ESPINOSA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA CANARIO, SOBRE IMPUGNACIÓN DEL DECRETO DEL GOBIERNO DE ESPAÑA QUE REGULA LA TDT, DIRIGIDA AL GOBIERNO.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Cruz Hernández): Pasamos a la siguiente pregunta: de la señora diputada doña Belinda Ramírez Espinosa, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre impugnación del decreto del Gobierno de España que regula la TDT, dirigida al Gobierno.
Para la formulación de la pregunta, doña Belinda, tiene usted la palabra.
La señora RAMÍREZ ESPINOSA (Desde su escaño): Gracias, señor presidente. Muy buenos días, señor consejero.
El pasado mes de septiembre entró en vigor el Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la TDT y se regulan determinados aspectos para la liberación del dividendo digital, que obligaba a las cadenas a migrar sus frecuencias para dar paso al 4G de telefonía móvil. Todos los hogares, por tanto, han tenido que ir sintonizando -lo hemos tenido que ver- estas nuevas frecuencias y abandonar las frecuencias antiguas, y, bueno, en el caso de pequeñas comunidades de vecinos o viviendas unifamiliares, ha bastado con resintonizar el televisor pero en edificios de mayor magnitud ha sido necesario que un servicio técnico cualificado adapte la instalación para poder recibir en el domicilio las nuevas señales y pudieran resintonizarse. Tantos los canales privados, muchos de ellos de ámbito nacional, como algunos de los autonómicos, como es el caso de Canarias, han tenido que cambiar de frecuencia.
Es una nueva regulación que crea un nuevo escenario jurídico que tiene un efecto innovador total que afecta a Canarias y por ello nos gustaría que nos explicara con mayor detalle en qué medida nos afecta y por qué ha decidido el Gobierno de Canarias recurrir este real decreto.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Cruz Hernández): Gracias, señora diputada.
Por parte del Gobierno, don Javier González Ortiz, tiene usted la palabra.
El señor CONSEJERO DE ECONOMÍA, HACIENDA Y SEGURIDAD (González Ortiz) (Desde su escaño): Gracias, señor presidente.
Pues los motivos del recurso son tres: primero, el incumplimiento del trámite de audiencia a esta comunidad autónoma; el segundo motivo es la colisión con competencias propias de Canarias compartidas con el Estado; y, en tercer lugar, y más importante, es la omisión de asegurar una cobertura mínima televisiva para cada una de las islas. Esos son los tres motivos fundamentales por los cuales hemos impugnado el real decreto.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Cruz Hernández): Gracias, señor consejero.
Señora diputada, doña Belinda Ramírez, tiene usted la palabra.
La señora RAMÍREZ ESPINOSA (Desde su escaño): Gracias, señor presidente.
Bueno, desde luego parecen causas más que suficientes para recurrirlo, pero causas que tampoco nos extrañan al Grupo Socialista, porque hasta en esto, señorías, hasta en esto, hasta en la regulación de la TDT parece que el Gobierno del Partido Popular tiene que ningunear, una vez más, a Canarias. Incumpliendo ya no solo el trámite de audiencia a Canarias, que hay que decir que la propia Ley General de la Comunicación Audiovisual establece que la planificación del espacio radioeléctrico será elaborada con la participación de las comunidades autónomas a través de los instrumentos de cooperación previstos en la legislación general; no reconoce tampoco el Partido Popular la competencia compartida en este tema, ni siquiera teniendo en cuenta que el real decreto incluye varios aspectos que afectan directamente a la esfera autonómica. Y nos preocupa también, por supuesto, que ni siquiera cumplan con la obligación de asegurar una cobertura mínima televisiva para cada una de las islas, porque, según tengo entendido, islas como La Gomera, La Palma y El Hierro se han visto perjudicadas en este sentido, especialmente por la especial orografía que presentan estas islas.
Nos preocupa también el tema de la financiación para sufragar estos costes. Hemos sabido que el Gobierno anunció que no habría ni ayudas económicas ni medidas compensatorias para estos costes y para asegurar esa cobertura...
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Cruz Hernández): Gracias, señora diputada.
Por parte del Gobierno, segunda intervención, don Javier González Ortiz, tiene usted la palabra.
El señor CONSEJERO DE ECONOMÍA, HACIENDA Y SEGURIDAD (González Ortiz) (Desde su escaño): Gracias, presidente.
La actuación del Gobierno central en cuanto a la TDT desde el principio ha sido todo un despropósito. Inicialmente exigió a las televisiones una cobertura del 96% para el total de la población española, pero no para cada uno de los territorios, dando lugar a coberturas -como usted decía- en las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro, por ejemplo, del 50 o 60%, coberturas nulas en determinados lugares del resto de las islas de Canarias. Todo esto motivó que en su momento en las Cortes Generales se incluyeran determinadas previsiones legales, expresas, en la legislación estatal para que las coberturas de televisión digital terrestre en cada una de las islas fuera equivalente al resto de las comunidades autónomas, en cada una de las islas.
Pues bien, nos encontramos hoy en día con lo siguiente: el modelo de extensión de la TDT en zonas de baja cobertura para los canales de ámbito estatal ha sido declarado ilegal por la Comisión Europea. El Estado se desentiende de esa responsabilidad y se la endosa a las comunidades autónomas para que estas sean las que extiendan la cobertura de unas televisiones que son de ámbito estatal y cuyos títulos habilitantes para emitir los otorga el Estado, hasta el punto de que las comunidades autónomas ni siquiera conocen cuáles son las obligaciones de cobertura en los distintos núcleos de población. Con ello, el Gobierno de España, por tanto, incumple la obligación legal de asegurar una cobertura mínima televisiva.
Y para rematar estos precedentes, el 19 de septiembre pasado se promulga el real decreto para regular el Plan Técnico Nacional de la TDT y liberar esas frecuencias. La fecha límite para liberar esas frecuencias es el próximo 1 de enero; por lo tanto, se obliga a las televisiones autonómicas y locales, cuyas autorizaciones -esas sí- las otorga en su caso la comunidad autónoma, a modificar las frecuencias en un periodo muy corto de tiempo. Y, por si fuera poco, el Gobierno de España no solo no ha convocado al trámite de audiencia a las comunidades autónomas sino que incumple el mandato de las Cortes Generales en relación con la cobertura del TDT.
Es decir, estas actuaciones del Gobierno de Partido Popular pueden dejar a miles y miles de canarios sin ver la televisión.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Cruz Hernández): Gracias, señor consejero.