Diario de Sesiones 150/2014, de fecha 10/12/2014 - Punto 3

8L/PNL-0401 PROPOSICIÓN NO DE LEY, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR, SOBRE CANARIAS, EN DEFENSA DE LA IGUALDAD DE DERECHOS Y DEBERES DE TODOS LOS ESPAÑOLES.

El señor PRESIDENTE: Siguiente proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Popular, sobre Canarias, en defensa de la igualdad de derechos y deberes de todos los españoles.

Hay dos enmiendas: una del Grupo Parlamentario Socialista Canario y otra del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario.

Para la defensa de la proposición no de ley, don Jorge Rodríguez tiene la palabra. (Pausa).

Don Jorge Rodríguez, Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra.

El señor RODRÍGUEZ PÉREZ: Señor presidente, señorías.

Estamos ante una iniciativa que consideramos de interés y además necesaria. El desafío que el Gobierno de la Generalitat ha realizado a la soberanía nacional, al Estado de derecho y a la Constitución de todos nos parece que es una afrenta y, además, muy grave. La espiral secesionista, liderada por el presidente de la Generalitat, volvió a dar una muestra de su sinrazón en el simulacro electoral del pasado día 9 de noviembre, desobedeciendo las resoluciones del Tribunal Constitucional y utilizando en provecho propio las instituciones de Cataluña para desafiar la legalidad vigente. Tanto la convocatoria del referéndum por parte del Gobierno de la Generalitat como la seudoconsulta que tuvo lugar, como digo, el 9 de noviembre suponen, a nuestro juicio, un gravísimo, un gravísimo ejercicio de deslealtad constitucional y, sobre todo, de ruptura de los pactos de convivencia de 1978. Ningún Gobierno, a nuestro juicio, puede situarse por encima de la ley ni siquiera transigir con que eso se haga.

Lejos de ser un punto y final, los acontecimientos que luego se han ido sucediendo demuestran que el desafío continúa y, por tanto, nos parece que Canarias no puede permanecer impasible, de forma pasiva, en este proceso.

Ningún parlamento autonómico, señorías, tiene competencias para conculcar la soberanía nacional. No es fraccionable y, además, tal soberanía reside, en todo, en su conjunto, en el pueblo español. Ante un desafío abierto, por consiguiente, todos debemos estar evidentemente unidos y los canarios debemos expresar nuestra opinión, y además hacerlo de forma alta, de forma clara, porque lo estaremos haciendo en defensa de nuestra convivencia, de nuestro presente y también del futuro de nuestros hijos. Debemos, por consiguiente, partir de principios que, aunque parezcan obvios, hoy es necesario más que nunca reafirmarlos y ratificarlos. No hay legitimidad política sin legalidad democrática, no hay democracia sin ley.

La Constitución es la garantía de la democracia en Cataluña, lo es en Canarias y lo es, evidentemente, en toda España. Por consiguiente, no podemos dudar de que ha posibilitado que todos los españoles en su conjunto hayamos vivido el periodo más fructífero y próspero de nuestra historia. Ha posibilitado, además, que Cataluña, también Canarias, hayan dispuesto, hayamos dispuesto durante todo este tiempo del máximo nivel de gobierno y de reconocimiento de toda nuestra historia.

La Constitución, señorías, proclama con rotundidad la unidad de España. Una unidad indisoluble, porque también es indisoluble la soberanía que reside en el pueblo español. La soberanía, señorías, no se trocea ni tampoco se vota por separado. Lo que se plantea unilateralmente desde el Gobierno catalán dinamita principios como la soberanía nacional, la integridad territorial del Estado y la igualdad y la solidaridad entre todos los españoles, y esto es un desafío a nuestro juicio inaceptable, y lo debiera ser para toda Canarias.

También es un ataque a la sociedad catalana, que es una sociedad plural. La mayoría de los catalanes no quiere elegir entre ser españoles y ser catalanes, porque sin la identidad española no hay identidad catalana. Ni en Cataluña ni en ningún lugar del mundo es democrático imponer una opinión, es democrático imponer un sentimiento y mucho menos imponer una ideología.

En nuestro Estatuto de Autonomía quedó de manifiesto nuestro reconocimiento y respeto por las singularidades y por los hechos diferenciales, pero siempre y cuando esto no signifique la existencia de privilegios y de desigualdades que son incompatibles con lo establecido en nuestra Constitución.

El Parlamento de Canarias, señorías, representa a todos los canarios y, en consecuencia, es nuestro deber salir en defensa de los ciudadanos, a quienes legítimamente representamos en este Parlamento.

Canarias tiene que reiterar, señorías, con una única voz, su defensa por la Constitución, su defensa por los valores constitucionales, su defensa por el ordenamiento jurídico, su defensa por un proyecto común del que todos formamos parte, desde el convencimiento de que todos juntos, juntos todos, nos une más que lo que nos separa. Y si desde Canarias, que somos la comunidad autónoma más alejada geográficamente del territorio nacional, si desde este Parlamento que la representa no nos pronunciamos con rotundidad frente a la deriva secesionista que algunos dirigentes políticos están tratando de imponer, estaremos haciendo un flaco favor no solo al conjunto de España sino, muy particularmente, a nuestra tierra, porque seremos también grandes perjudicados por ello.

Canarias, señorías, es la comunidad, como decía, más alejada del territorio nacional y los canarios no podemos ni debiéramos permitir que se rompan las reglas del juego del tablero autonómico. Estas reglas están fijadas en la Constitución, señorías, en la norma que nos dimos todos en el gran acuerdo de concordia que suscribimos en 1978, en aquel acto de unión donde dejamos atrás el rencor, el dolor y participamos en un futuro lleno de esperanza y de progreso. Ahí es donde quedaron, a nuestro juicio, consagrados los principios de unidad nacional, de igualdad de derechos y deberes entre todos los españoles y de solidaridad entre todos los distintos territorios del Estado, de España. Estos son los principios en los que creemos y son los principios que debemos atender. Son los principios, señorías, sobre los que se ha construido el Estado de las autonomías, cuya validez sigue siendo plenamente vigente. Más aún cuando cualquier modelo de organización territorial que no sea el consagrado en la Constitución pone en riesgo el modelo de convivencia que nos ha permitido crecer y prosperar y, sobre todo, abre las puertas, que puede abrir las puertas a privilegios por los que Canarias podría quedar damnificada.

Queremos con esta proposición no de ley, señorías, un apoyo expreso de este Parlamento a la validez del Estado de las autonomías y rechazar cualquier intento de menoscabar el modelo de organización territorial que está vigente en la misma Constitución, en la norma de normas.

Rechazamos, por supuesto, consultas ilegales y queremos que el Gobierno de Canarias, en todos los foros institucionales a los que acuda, en aquellos en los que participe, defienda con lealtad los principios de unidad, de soberanía nacional, de igualdad de derechos y deberes, la vigencia del Estado autonómico y la solidaridad de todos los españoles.

Queremos, señorías, que este Parlamento -y así lo solicitamos en el texto dispositivo de la proposición no de ley- respalde la voluntad de diálogo expresada por el Gobierno de España, siempre con respeto a la Constitución y al ordenamiento jurídico.

Señorías del Partido Socialista, señorías de Coalición Canaria, señorías de Nueva Canarias y señorías del PIL, yo no sé qué idea de España tienen ustedes en la cabeza, espero saberlo esta mañana, pero sí les voy a decir la idea de España que tiene el Partido Popular, aquí, en Canarias, en Madrid, en Cataluña, en Andalucía y en cualquier otra comunidad autónoma de nuestro Estado. Nuestra idea de España, señorías, es la España que está en la Constitución. Nuestra idea de España es la de una España que permite a diferentes nacionalidades y regiones que la integran una gestión diferenciada de sus intereses y el desarrollo de políticas propias en función de las características históricas, culturales, económicas, sociales, incluso geográficas. Nuestra idea de España, señorías, es la de una España que defiende la igualdad de todos los españoles, con independencia del lugar, el territorio en el que se encuentren o donde vivan y que garantiza a todos por igual los mismos derechos, las mismas obligaciones y las mismas oportunidades.

En esa España Canarias ha tenido, señorías, posibilidades de crecer, y lo ha hecho, sin duda, en muchos aspectos. Y si no ha crecido más ha sido porque los gobiernos que Coalición Canaria... hemos tenido en Canarias, y ahora de Coalición Canaria con el Partido Socialista, en lugar de dedicarse a lo que se tenían que dedicar, han dedicado su tiempo a la confrontación o simplemente a mantenerse en el poder.

España, señorías, no está para fracturas territoriales ni está para experimentos...

El señor PRESIDENTE: Un minuto, don Jorge.

El señor RODRÍGUEZ PÉREZ: España está sencillamente para ser más España.

Señorías, no rechacen lo que nos une, no rechacen la unidad, no rechacen la solidaridad, no rechacen la Constitución, no rechacen el Estado de las autonomías, no rechacen España, señorías.

Hemos conseguido juntos, hemos conseguido unidos, ser ejemplo de muchas y grandes cosas. Así que unidos creo que seguiremos alcanzando mayores cotas.

Por eso les pido el apoyo para esta proposición no de ley, les pido el apoyo para el futuro y el presente de España y para el futuro y presente de Canarias.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Jorge.

Vamos a ver las dos enmiendas, por el orden de presentación. Grupo Socialista Canario, don Manuel...

En el orden de presentación me dieron... (ante comentario del señor Fajardo Palarea desde su escaño). No tengo inconveniente, pero el orden de presentación fue Grupo Socialista, Grupo Parlamentario Socialista Canario, don Manuel Fajardo Palarea. ¿Ah, no?

Espere. Perdone. A mí la nota que me pasaron, pues, había un error.

Por el Grupo Nacionalista Canario, don José Miguel Ruano León.

El señor RUANO LEÓN: Señor presidente, señorías. Buenos días a todos y a todas.

Nos trae el Grupo Popular con esta proposición no de ley un debate, a nuestro juicio, innecesario; una especie de autoafirmación que, en nuestra realidad, la que representa esta Cámara, la de este Parlamento, resulta bastante distante en el discurso, en el contenido del discurso, incluso en la propia exposición que ha formulado en nombre de su grupo el señor Rodríguez en la mañana de hoy.

A nuestro juicio resulta inoportuno, porque, por otra parte, establece o nos obliga o nos plantea o casi nos mandata a resolver un conflicto del que no somos parte, al que somos ajenos, y el que deseamos que se solucione de la mejor manera posible. Y los actores de ese conflicto no están en este Parlamento, no formamos parte de él, y tampoco podemos afirmar que cualquier pronunciamiento que pudiéramos hacer contribuya en nada, cualquiera que fuera este, a la mejora de ese problema, el llamado problema catalán.

Por otra parte, resulta inoportuno porque es conocido que las invocaciones que hace el Grupo Popular en su proposición no de ley hacia el diálogo, el derecho a decidir y demás se inscriben en un momento político en el cual nosotros, que tenemos nuestros propios problemas, tendríamos que resolver de forma previa esos problemas que tenemos con la Administración del Estado, con el Gobierno de España, en la resolución de nuestros propios conflictos.

Y es evidente que al menos en ese problema tendríamos que identificar dos partes, al menos dos partes, y una de las partes, lógicamente, es el Gobierno de España, que mantiene la mayoría absoluta del Partido Popular en las Cortes Generales.

Y, en tercer lugar, el debate se inscribe también en un momento en el cual existe en España ya un debate abierto acerca de la oportunidad o no -y es reciente la fecha en la que se ha conmemorado la Constitución española del año 78-, acerca de la oportunidad o no de reformar la Constitución española. Por tanto, hacer procesos de autoafirmación respecto de la Constitución y demás no parece siquiera un momento adecuado para hacerlo, porque la propia reforma forma parte del texto constitucional, con su regulación, su procedimiento, y si se produjeran las condiciones políticas suficientes para el diálogo, en el consenso, en el método, como tantas veces he dicho, y finalmente en un resultado que pudiera propiciar un acuerdo entre al menos la mayoría política que hoy existe en España, pues, posiblemente contaríamos con un texto reforzado, como hoy se puede decir de muchas cosas que han ocurrido en los últimos tiempos y que consideramos que son expresiones de refuerzo. Por ejemplo, fue una expresión de refuerzo de la monarquía española la abdicación del rey Juan Carlos a favor del Rey Felipe VI. Por tanto, los procesos de renovación son en sí mismos procesos positivos en torno al resultado que se busca. En este momento la reforma constitucional aparece como una demanda, en gran parte, de la sociedad española. De momento el Partido Popular en el Gobierno, por boca del señor presidente del Gobierno, señala que le gustaría saber sobre qué, pero es verdad que quien tiene el Gobierno debería también tener el liderazgo acerca de la necesidad de afrontar temas que son importantes y que no se solucionan ocultándose.

Por tanto, no seré yo quien traiga un debate aquí que, de verdad, nos es ajeno, pero yo creo que son condiciones necesarias, estas que he puesto, para tener un debate como el que nos trae el portavoz del Grupo Popular, el señor Rodríguez, esta mañana a través de esta proposición no de ley.

Creo, además, que si hubiera habido voluntad real por parte del Grupo Popular de que mantuviéramos un acuerdo, seguro que nos hubiéramos podido poner de acuerdo, si de forma previa hubiéramos redactado algo que en el lenguaje, en el contenido, en la decisión sobre el Estado del que formamos parte, pudiera unirnos y está claro que, al Grupo Popular, a los nacionalistas canarios, que representamos, tanto en el Grupo Nacionalista Canario como el Grupo Mixto, e incluso a los socialistas canarios... hubiera sido posible establecer un texto, si nos hubiéramos puesto de acuerdo en torno a cuáles son las variables que el señor Rodríguez quería introducir en él para utilizar... Primero, un lenguaje adecuado y, segundo, un conjunto de fines o propósitos que pudiéramos compartir.

Desde luego, la formulación de la proposición no de ley no la compartimos. No la compartimos porque ignora muchísimas cosas que son claves en la situación actual -lo he dicho ahora en la exposición genérica que he realizado-, pero es que además introduce hasta factores que son, por lo menos, de dudosa sostenibilidad o de dudoso sustento. Por ejemplo, hablar de que el Parlamento respalda y apoya la voluntad de diálogo expresada por el Gobierno de la nación en el marco de la Constitución española. En fin, yo no lo he percibido, no sé si alguno, alguien en la sociedad española ha percibido eso, y desde luego nosotros, en lo que a nosotros nos concierne, lo que es voluntad de diálogo digamos que mucha mucha no hemos tenido. En fin, esto por no ser más crítico en este momento.

Y después, incluso, la invocación al tema de la consulta, de que cualquier consulta se haga en el marco de la Constitución española y de la ley, también, incluso, cuando nosotros hemos sido sujetos pasivos de la utilización inadecuada de la suspensión que se prevé en el artículo 161 de la Constitución, cuando se ha impedido que Canarias se pronuncie de forma explícita acerca de un asunto que sí que es trascendente para nuestro futuro, como es la consulta que el Gobierno pretendía realizar en el marco del desarrollo de la ley de participación ciudadana. Y si a esto unimos que ni siquiera se nos ha contestado al referéndum que se solicitó en su momento, en febrero, por parte del Gobierno de Canarias, con la autorización de este Parlamento, ni siquiera se ha respondido, mal encaje puede tener hablar de diálogo y de respaldar la voluntad de diálogo del Gobierno de España.

Por tanto, señor Rodríguez, creemos que quizás usted consiga lo que buscaba, que era el propósito de un titular, el cual nosotros no vamos a apoyar, pero, mire, nosotros no tenemos, y hablo, lógicamente, en nombre de mi grupo, los nacionalistas canarios no tenemos ningún complejo, ni siquiera en relación con el Estado del que formamos parte. Tenemos un compromiso, lo hemos demostrado cuando ha sido necesario; hemos contribuido en distintos gobiernos de España a la gobernabilidad del Estado y, por tanto, poco más tenemos que decir sobre eso.

Sí decimos que para alcanzar un acuerdo tendríamos que ponernos, tendría que ser posible que se admitiera una enmienda que hemos planteado, una enmienda de sustitución, en torno a la voluntad manifestada en su propuesta no de ley. Especialmente, nosotros, en nuestra enmienda de sustitución, hacemos una manifestación de compromiso firme con un modelo de Estado social y democrático de derecho que atiende a los principios de unidad y diversidad de las diferentes comunidades autónomas, porque usted, en su proposición no de ley, se acuerda de la unidad pero no se acuerda de la diversidad, y desde luego ese no es el modelo de España en el que nosotros creemos. Nosotros queremos un modelo de Estado diverso en el cual se respeten los hechos diferenciales de las comunidades autónomas, especialmente hablamos de nuestro hecho diferencial y por eso pedimos que se exprese que el derecho a decidir de las nacionalidades con hechos diferenciales debe ejercerse en el marco de una reforma de la Constitución española en un modelo federal de organización del Estado.

Por si acaso les resulta duro eso del derecho a decidir, decirles que la Sentencia 42 de 2014, de 25 de marzo de 2014, del Tribunal Constitucional, habla del alcance que puede tener el derecho a decidir dentro de la Constitución española y dentro incluso de la propia reforma de la Constitución española, porque la reforma no debe ser tabú, puesto que la propia Constitución establece los mecanismos para la reforma de la misma.

Y, finalmente, quiero reiterar lo que ya hemos dicho tantas veces en esta tribuna acerca de la necesidad de dar contenido a la disposición adicional tercera de la Constitución. El REF, señorías, hoy no es nada en el marco de la interpretación que ha realizado el Tribunal Constitucional, quitándole todo contenido posible, y para nosotros es la expresión, el REF es la expresión de una identidad diferenciada desde la propia conquista de las islas en el siglo XV. Por tanto, que regulemos de manera diferente, que dé contenido real al régimen económico-fiscal del archipiélago en el seno de la Constitución es para nosotros una prioridad. Una prioridad que permitiría contar con un estatuto especial acorde con esa nueva redacción que diéramos a la disposición adicional tercera.

Si el Grupo Popular atendiera estas peticiones, estas expresiones de encuentro que queremos, entonces nosotros votaríamos a favor; y, si no, votaremos en contra.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don José Miguel Ruano.

Don Jorge, para fijar posición. No, fijar posiciones y a partir de fijar su posición respecto a las enmiendas los demás grupos se pronuncian, lógicamente. Entonces usted tiene que decir si admite las enmiendas, si no las admite...

¡Ay, perdón! Sí, sí, sí. Esta mañana debo estar yo... (Ante una aclaración que se le efectúa). Tiene que defender la del Partido Socialista, indudablemente, sí. Después las dos las acumula... Correcto. Lo que se puede rectificar se rectifica y queda arreglado, no hay problema.

El señor FAJARDO PALAREA: Señorías.

Señor Rodríguez, dos matizaciones de entrada: España no es una idea, es una realidad; y el Partido Socialista no rechaza a España, lo que sí rechazamos es una visión de una España recentralizadora, previa incluso a épocas predemocráticas.

Los socialistas abogamos, y de ahí por qué hemos presentado una enmienda de sustitución al texto -que usted, como bien ha dicho el señor Ruano, podía haber compartido para buscar lugares comunes, puntos de encuentro, entre todas las fuerzas políticas representadas en esta Cámara y seguro que hubiéramos llegado a un texto consensuado entre todos-, abogamos por actualizar la Constitución mediante un nuevo pacto ciudadano que la dote de mayor legitimidad y la prepare para afrontar los nuevos desafíos de nuestra época.

Los socialistas reivindicamos la Constitución de 1978, no como algunos la tachan ahora "del régimen", no, la reivindicamos, porque ha constituido un adecuado marco de convivencia para la sociedad española y un mecanismo eficaz para el progreso, la cohesión social y territorial de España y ha garantizado también un marco de estabilidad al servicio del desarrollo socioeconómico y de la modernización del país. Pero, señorías, cumplidos treinta y seis años desde su entrada en vigor, creemos que es tiempo de reformarla. Porque, señorías, en la actualidad España sufre la mayor crisis institucional desde la instauración de la democracia, una crisis agudizada por la respuesta del PP que ha provocado malestar ciudadano ante el retroceso de derechos, el deterioro de servicios públicos, el empobrecimiento de las clases medias y trabajadoras, las tensiones territoriales, acrecentadas por la incapacidad de diálogo de algunos responsables, y el deterioro de la consideración de la ciudadanía hacia las principales instituciones democráticas como consecuencia de los escándalos de corrupción.

Y en este escenario, señor Rodríguez, es más necesario que nunca renovar el compromiso de todos con el sistema constitucional y democrático, procediendo a la reforma parcial de la carta magna que postulamos desde el Partido Socialista. Señorías, entendemos que esta revisión, acordada, de nuestras normas de convivencia requiere, y así lo hemos pedido donde se residencia la soberanía del pueblo español, en el Congreso de los Diputados, con carácter previo, la convocatoria de una correspondiente ponencia constitucional, que dé lugar a un proceso de diálogo y negociación que permita buscar el consenso sobre propuestas concretas en momentos como este de especial trascendencia para el futuro del proyecto constitucional. Y esta tarea ha de realizarse, como dije antes, donde está residenciada la soberanía del pueblo español.

Y con objetivos claros en esa reforma.

En primer lugar, completar el sistema de derechos y libertades reconocidos por la Constitución, porque ustedes hablan mucho en la PNL del artículo 1 y del artículo 2; cuando nombran al artículo 1, se olvidan de lo social. Le faltó hablar de los otros artículos siguientes, que hablan de la bandera, pero vamos a dejar las banderas aparte. Completar el sistema de derechos y libertades reconocidos por la Constitución ampliándolo al ámbito del derecho a la igualdad de trato y la no discriminación -en eso coincidimos con usted-; dotando del máximo reconocimiento y nivel de protección a derechos de contenido social relevantes prestados por los grandes servicios públicos, como son el derecho a la protección de la salud y la Seguridad Social; convirtiendo en derecho ciudadano el derecho a atenciones suficientes y a un sistema de servicios sociales; garantizando el acceso a la educación en condiciones de igualdad; y estableciendo un sistema que asegure la dotación presupuestaria suficiente para hacerlos reales y efectivos para todos.

En segundo lugar, consideramos que debemos modernizar nuestra democracia, ampliando los espacios de participación ciudadana en la toma de decisiones, mejorando la representatividad de las cámaras legislativas, eliminando privilegios injustificados como los aforamientos, asegurando la transparencia en el funcionamiento de las instituciones y en los partidos e incrementando los mecanismos contra la corrupción.

Y, en tercer lugar, señor Rodríguez, consideramos que hay que revisar el modelo de Estado con una perspectiva federal, delimitando la atribución de competencias del Estado y de las comunidades autónomas, consagrando en el texto constitucional los principios del sistema de financiación y los instrumentos concretos de cooperación y lealtad institucional, redefiniendo las funciones y la composición del Senado, reconociendo las singularidades y hechos diferenciales de las comunidades autónomas y determinando la financiación y las competencias de las entidades locales, de forma que se garantice la prestación de los servicios públicos básicos a todos los ciudadanos y a todas las ciudadanas.

Esta es la propuesta del Partido Socialista.

Y no queremos eludir el hilo nuclear en el que basa la PNL el PP, analizando el conflicto catalán versus unidad de España. Y no lo queremos copiar porque queremos dejar bien claro que desde el PSOE mostramos nuestro respeto a todos los ciudadanos que se expresaron en Cataluña, tanto a los 2 millones que han decidido manifestarse acudiendo a la convocatoria como a los que decidieron no acudir. Los que piden respeto por haber acudido a las urnas también deben respetar, en este caso, a los que han decidido que este no era el marco ni el cauce para expresar qué relación quieren entre Cataluña y España.

Y, señorías, es necesario reflexionar -yo con el máximo respeto a la autoría intelectual de la PNL-, es necesario reflexionar responsablemente sobre el hecho de que una mayoría de catalanes haya decidido no participar en la consulta y reflexionar también sobre el hecho de que 2 millones de catalanes hayan secundado el llamamiento de la Generalitat. Descalificar sin más la jornada del 9 de noviembre, porque esto es lo que se trasluce de la PNL, como ha hecho el Partido Popular, es no comprender nada de lo que está sucediendo en España. Se lo digo desde la humildad. Pero tampoco pretender, por otra parte, darle una validez jurídica a una jornada que no ha contado con las más mínimas garantías que se exigen en cualquier país con madurez democrática también sería un nuevo error de la Generalitat, del Gobierno de la Generalitat.

Por eso, en nuestro tercer punto de nuestra enmienda hacemos un llamamiento a la responsabilidad del Gobierno de la Generalitat y del Gobierno de la nación para propiciar un camino de entendimiento. Que aquellas trincheras, que aquellas trincheras que han cavado sean rellenadas y lo que haya es nuevos puentes de diálogo y de entendimiento entre el Gobierno de España y la Generalitat, porque lo que es bueno para los catalanes será bueno para los españoles y lo que es bueno para los españoles será bueno para los catalanes.

Y esta es nuestra posición. Sin complejos, como decía el señor Ruano. Por eso hemos presentado una enmienda de sustitución a su texto. Que yo creo que usted estará conforme con la totalidad de lo que nosotros decimos. En el primer punto decimos que el Parlamento de Canarias manifiesta su firme compromiso en el cumplimiento de la Constitución española y el Estatuto de Autonomía de Canarias, como normas superiores en las que se fundamentan los compromisos colectivos de convivencia, de respeto a la diversidad y de organización, cooperación y coordinación territorial de la sociedad española, como garantes de la libertad y la convivencia de sus pueblos.

En el segundo punto decimos que el Parlamento de Canarias reconoce, como un instrumento más de defensa de la Constitución, la propia revisión, prevista en los artículos 166 a 169. ¿Y ello en aras de qué? De lo que he explicado, pero que reitero: el respeto a las identidades diferenciadas dentro de España, compatible con un compromiso colectivo con el proyecto común. No es incompatible España con las comunidades autónomas y con el respeto a los hechos diferenciales y a la diversidad de los pueblos que componen España. La solidaridad para seguir reduciendo las desigualdades territoriales; la cooperación efectiva entre el Gobierno de España y los gobiernos autonómicos y de estos entre sí; la igualdad de derechos básicos, de la que usted ha hablado, de todos los ciudadanos, cualquiera que sea el lugar en el que residan, diciendo sí a los legítimos hechos diferenciales pero no a los privilegios o a las discriminaciones; la eficacia en la gestión de los recursos públicos, lo que exige una racionalización de las administraciones, de todas ellas, para que estas faciliten la vida de los ciudadanos; la clarificación y delimitación definitiva de la distribución de las competencias, de las responsabilidades y de las obligaciones del Estado y de las comunidades autónomas; el establecimiento de un nuevo sistema de financiación, que piden las propias comunidades del Partido Popular, que sea justo, equitativo, que dé certeza, estabilidad, equilibrio, al sistema de reparto de los recursos públicos, hoy permanentemente cuestionado y sometido a continuas revisiones; la incorporación como derechos fundamentales de la protección social y la sanidad, y para asegurar la garantía de los servicios sociales básicos, de la educación, la sanidad y las pensiones, para todas las personas que viven en España, cualquiera que sea su origen o su lugar de residencia; la modificación del control constitucional de las reformas de los estatutos de autonomía, para que no se repita el hecho de que el Tribunal Constitucional modifique o anule posteriormente un estatuto que ya ha sido votado por los ciudadanos; y, en definitiva, la regulación constitucional de las competencias de las entidades locales, el reconocimiento de su autonomía política y funcional, la articulación de la intermunicipalidad para apoyar a los municipios pequeños de acuerdo con sus propias características, garantizando que el desarrollo de su régimen jurídico se haga mediante una ley orgánica.

En el tercer punto...

El señor PRESIDENTE: Un minuto, don Manuel.

El señor FAJARDO PALAREA: Gracias, señor presidente.

... hago un llamamiento, o hacemos un llamamiento desde el Partido Socialista, a la responsabilidad del Gobierno de España y de la Generalitat para propiciar un camino de entendimiento sobre las posturas enfrentadas sobre el futuro de Cataluña.

Creo que todo lo que se ha explicitado en esta enmienda de sustitución es perfectamente asumible y creo que compartible por el Partido Popular. Es verdad que podemos tener visiones diferentes sobre el modelo de España, porque, vuelvo a repetir, España no es una idea, España es una realidad. Nosotros creemos en una España más descentralizada, en una España y en una Constitución que se adecue a lo que los ciudadanos están demandando. Enterrar la cabeza como un avestruz y no querer ver lo que nos están pidiendo los ciudadanos sería mortal para nuestro sistema democrático y para nuestra Constitución.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Manuel.

Ahora sí, don Jorge, tiene cinco minutos para usted fijar la posición respecto a las dos enmiendas.

Aprovecho, señorías, para saludar, en nombre de todos nosotros, a los alumnos y alumnas del Instituto de Enseñanza Secundaria de La Guancha, del ciclo formativo. Sean bienvenidos y esperamos que sea de su agrado y les resulte útil esta visita.

Muchas gracias.

Don Jorge, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra.

El señor RODRÍGUEZ PÉREZ: Señor presidente, señorías.

Esta propuesta, la proposición no de ley formulada por el Grupo Parlamentario Popular lo que ha venido a pedir y lo que pide es sencillamente unidad. No viene a pedir un debate como el que casi han abierto los portavoces que me han precedido de Coalición Canaria y del Grupo Socialista. Viene a pedir unidad ante los desafíos que están llegando de quienes pretenden buscar rédito político en el enfrentamiento.

El mensaje, señorías, que da el Estado de derecho, que nace de nuestra norma de normas, es muy claro y sé que ahora no es el que les gusta a ustedes. Nadie está por encima de la ley. Ningún ciudadano, señorías, sea quien sea, esté donde esté, puede ponerse por encima de la ley.

Y ya lo han anunciado, usted mismo lo ha venido aquí a anunciar, señor portavoz del Grupo Socialista, se sabe que el Partido Socialista quiere reformar la Constitución. Bueno, a lo mejor será que quien realmente necesita una reforma es el Partido Socialista, no la Constitución. Porque ustedes proponen reformar la Constitución como si se tratara de un eslogan, como si se tratara de una frase hecha. Proponen una reforma para acaso contentar, no a los que quieren reformar, sino a los que quieren romper España, y, mire, sepan que la voracidad del independentismo no se va a saciar, no se va a saciar con un caramelo, ni mucho menos con un eslogan. Ustedes, señorías socialistas, quieren reformar la Constitución, pero, permítanme que les diga, no saben cómo hacerla, no saben con quién hacerla, no saben para qué hacerla y, desde luego, no saben para cuándo hacerla.

Miren, señorías, lo que les preocupa a los ciudadanos es que detrás del cambio de las reglas del juego se escondan privilegios para unos y discriminación para otros. Lo que les pedimos sencillamente, lo que hemos venido a pedir con la proposición no de ley que hemos presentado, es simplemente que nos acompañen en la defensa de la Constitución, la que nos ha dado nada menos que treinta y seis años de tranquilidad y de progreso. La sustenta un Estado de bienestar que aún muchos países, señorías, que aún muchos países del mundo desarrollado ni tienen ni sueñan.

Yo creo que nuestra meta no puede ser destruir lo que hemos creado con tanto esfuerzo entre todo; nuestra meta ha de ser fortalecer, señorías, fortalecer lo que tenemos. Se lo debemos, se lo debemos, no solamente a las generaciones que vienen, pero sobre todo se lo debemos a quienes nos precedieron. Sobre todo porque fueron protagonistas de ese acuerdo, de ese deseo de concordia que se dieron y que se dio la sociedad española en 1978.

Las enmiendas que han presentado Grupo Nacionalista y Grupo Socialista no nos llenan de satisfacción en absoluto. Han dejado ustedes ya ver cuál es su idea de España o cuál es la realidad de España que ustedes quieren plantear.

Desde luego la enmienda formulada por el Grupo Nacionalista la tenemos que rechazar de plano, evidentemente, de plano.

Respecto de la formulada por el Grupo Socialista, acaso, y por aquello de que es muy compatible con lo que hemos formulado en nuestra proposición no de ley, el punto primero estaríamos dispuestos a adicionarlo a lo que ha sido el texto dispositivo del Grupo Parlamentario Popular, pero el resto, evidentemente, también lo rechazamos de plano.

Así que, señorías y señor presidente, mi propuesta, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, es simplemente, a las dos presentadas, por el Grupo Nacionalista y Grupo Socialista, en el caso de la primera, del Grupo Nacionalista, rechazarla de plano; en el caso de la del Grupo Socialista, simplemente adicionar lo que es el punto primero de su enmienda a lo que es el texto dispositivo del Grupo Parlamentario Popular.

Nada más, señor presidente. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: En virtud de lo cual, corresponde, si quiere desde el escaño, don Manuel, decir si está de acuerdo con la propuesta que le hace.

El señor FAJARDO PALAREA (Desde su escaño): Sí, señoría.

Nos hubiera gustado poder dar un sí por que hubieran aceptado la enmienda o que hubiéramos transado un texto antes de presentar la proposición no de ley. Nuestra respuesta es que no a la propuesta transaccional que nos hace el Partido Popular. Y de todas maneras, como me ha hecho una invitación, yo le devuelvo la invitación: acompáñenos el Partido Popular al resto de fuerzas políticas españolas a defender la Constitución mediante su reforma.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Ahora viene el turno de fijación de posiciones. Grupo Parlamentario Mixto, don Román Rodríguez.

El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Señor presidente, señorías. Un saludo especial a los alumnos que nos acompañan hoy como invitados.

Bueno, lamento no haber presentado enmiendas, porque yo creo que se me escapó este debate. Este debate es absolutamente actual, absolutamente determinante, está en el centro del debate político español, ¡solo faltaba! Me parece oportuno, aunque estoy en contra de casi todo lo que dice el Partido Popular, pero es absolutamente oportuno.

Hemos dicho aquí en muchas ocasiones que estamos ante una crisis social, económica, política e institucional, y de la crisis institucional no escapa la Constitución de 1978. Cierto es que para alguno es el origen de todos los males, y nosotros no creemos en esto, y para otro es una verdad incuestionable, algo intocable, que tampoco nos parece adecuado. La Constitución del 78, que fue un gran pacto, supuso avances, condicionados, condicionados por una dictadura, una dictadura que controlaba los poderes fácticos. Yo tengo edad para recordar perfectamente el debate de la Constitución y les puedo asegurar que aquella no fue la Constitución deseada, aquella fue la Constitución posible, porque el ruido de sables determinó muchos de los acuerdos, pero hay que reconocer que los que tuvieron el protagonismo de aquel momento consiguieron un acuerdo constitucional que ha permitido avances. Desde luego en la democracia: hoy elegimos a nuestros alcaldes y alcaldesas, elegimos a los diputados y diputadas, hay diputados comunistas y de derechas, hay gente nacionalista y centralista. De manera que el avance en la democracia es indiscutible; el avance en derechos fundamentales, la sanidad, que era un asunto de minorías, se convirtió en un derecho universal y gratuito, cierto es que ahora devaluado; lo propio con la educación o con la caridad para la gente dependiente, que se convirtió en un derecho gracias a la ley de la dependencia, también devaluado por la política en los últimos tiempos, sin duda ninguna; en materia de autogobierno: esta tierra nuestra, Canarias, tiene este Parlamento, esta institución, y un conjunto de competencias gracias también al acuerdo constitucional del 78.

Pero, dicho eso, y culpando de muchos de nuestros retrocesos no a la Constitución sino a los que mandan en los parlamentos, el retroceso de la sanidad o de la educación como derechos básicos, no es que la Constitución no los permitiera, es que las mayorías conservadoras han hecho retroceder estos derechos. Por eso toca no solamente modificar las normas sino modificar las mayorías políticas.

Pero nosotros no tenemos ninguna duda de que la Constitución debe ser sometida a revisiones y reformulación. Primero porque la Constitución no pone límites a su reforma, no pone ningún límite, pone condiciones en el proceso de reforma, sobre todo cuando las reformas son en profundidad, y no es fácil reformar la Constitución, pero cabe reformarlo todo.

A nosotros, que somos una organización pequeña y con influencia limitada, nos gustaría que en el proceso de reformulación de la Constitución se hablara de si la jefatura del Estado se hereda o se elige. No tendríamos ningún problema democrático en establecer este debate. Tampoco tendríamos ningún problema democrático en establecer el debate del derecho de los pueblos con identidad a decidir su relación con el resto del Estado. Sabemos que estas dos cuestiones no van a alcanzar un alto consenso. Y lo que sí dicen las reglas de la Constitución es que, para cambiarlas, no basta con un partido, se necesitan mayorías reforzadas en las Cortes Generales o mayorías reforzadas yo diría que en el refrendo ciudadano, porque una Constitución modificada en profundidad necesita ser refrendada por los ciudadanos.

Pero nosotros creemos que una reforma constitucional debe blindar los derechos sociales, los derechos a los servicios públicos, y derogar el artículo 135. Algunos de los que santifican la Constitución como intocable la modificaron con nocturnidad y alevosía el verano del año 2011 para poner en crisis los derechos sociales y proteger el pago de la deuda y del déficit. Oiga, pues, nosotros creemos que hay que cambiarla para esto. Hay que cambiarla para que el Senado se convierta de verdad en una cámara territorial; hay que cambiarla, sin duda ninguna, para que esta tierra nuestra... los derechos fiscales y económicos más reconocidos por parte de la constitución europea o del Tratado de la Unión que por la Constitución española.

Nosotros somos firmes partidarios de la reforma constitucional. La reforma constitucional es habitual en la mayoría de los países del mundo y más en una circunstancia, como en el Estado español, en que la Constitución respondió a unas condiciones históricas y a unos condicionantes que, desde nuestro punto de vista, deben ser revisados.

Con respecto al asunto catalán, el asunto catalán no es sino expresión de las dificultades y la complejidad territorial del Estado español, y no es el único problema territorial que tiene el Estado español. Es que negar la realidad no sirve sino para complicarla. Ahí tenemos un problema importante. Y sí les digo una cuestión: esto no lo van a resolver ni los fiscales ni los jueces y menos la Guardia Civil. Eso solo se resolverá, solo se resolverá negociando, dialogando, pactando... (Corte del sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo).

El señor PRESIDENTE: Sí, sí, sí.

El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ... en las urnas, modificando las reglas, llegando a acuerdos. Y el que no interprete esto así se equivocará, porque la historia del Estado español está salpicada de conflictos, entre otras cuestiones porque algunos han pretendido imponer sus posiciones por la vía de los hechos, y eso no es bueno en ningún caso, en ningún caso, ni por aquí ni por aquí. Hay que buscar el diálogo, el consenso, el encuentro. Y yo creo que el mejor favor que se puede hacer a un espacio común de convivencia, que es la Constitución, es revisarla, y para revisarla se tienen que construir mayorías amplias, y revisarla hasta donde se pueda. A nosotros nos gustaría llegar al final, pero somos conscientes de que para llegar al final hay que tener una mayoría muy importante. Las próximas Cortes Generales, que se decidirán al final del próximo año, se verá cuál es su composición y ahí se verá si hay condiciones en las cámaras, que son las que promueven, junto con el Gobierno español, si hay condiciones para ese proceso de modificación que nosotros creemos necesario. El mejor favor que se puede hacer a la Constitución es adaptarla a los nuevos tiempos, y hacerlo con negociación, con las urnas y refrendado por los ciudadanos, porque no puede ser de otra manera.

El señor PRESIDENTE: Gracias, don Román Rodríguez.

Señorías, vamos a proceder a votar. (El señor presidente hace sonar el timbre de llamada a la votación. Pausa).

Bueno, señorías, vamos a proceder a la votación de la proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Popular, sobre Canarias, en defensa de la igualdad de derechos y deberes de todos los españoles. Comienza la votación. (Pausa).

Resultado: 52 presentes; 17 a favor, 35 en contra y ninguna abstención.

Queda rechazada.

(Los señores vicepresidente primero, Cruz Hernández, y secretario primero, González Hernández, ocupan sendos escaños en la sala.)

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  • 8L/PNL-0401 Sobre Canarias, en defensa de la igualdad de derechos y deberes de todos los españoles.


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