Diario de Sesiones 150, de fecha 10/12/2014
Punto 5

8L/PL-0018 DICTAMEN DE COMISIÓN. DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, SOBRE EL PROYECTO DE LEY DE ARMONIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN DEL TERRITORIO Y DE LOS RECURSOS NATURALES.

El señor PRESIDENTE: Siguiente asunto del orden del día: dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación de Territorio, sobre el proyecto de Ley de Armonización y simplificación en materia de protección del territorio y de los recursos naturales.

Vamos a ver en primer lugar las enmiendas.

(El señor presidente consulta con los portavoces de los Grupos Parlamentarios Popular y Mixto.) (Pausa.)

(El señor presidente abandona su lugar en la Mesa y ocupa la Presidencia el señor vicepresidente primero, Cruz Hernández.)

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Cruz Hernández): Sí, señorías, vamos a hacer el debate de este proyecto de ley de la siguiente manera: de acuerdo con los grupos -les ruego a los diputados que ocupen sus escaños-, procederán, en primer lugar, a fijar posición en relación con todas las enmiendas que mantienen ante este proyecto de ley y a fijar posición en relación con todo el proyecto de ley en su conjunto en una sola intervención, empezando por el Grupo Mixto, después el Grupo Parlamentario Popular, que tienen enmiendas, y hará un turno en contra el Grupo Nacionalista y fijará posición definitivamente, en relación con todo el texto, el Grupo Socialista.

Por lo tanto, para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto al artículo 12, al artículo 12 en exclusividad -no tiene ninguna otra enmienda que haya mantenido para el pleno-, y en relación con todo el proyecto de ley en su conjunto, don Román Rodríguez, por tiempo de quince minutos, tiene usted la palabra.

El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Señor presidente, señorías, de nuevo buenos días.

Nosotros a esta ley le hemos presentado pocas enmiendas porque no creemos en ella. Nos parece una ley forzada, más por los intereses del Gobierno que por los intereses de la sociedad canaria. Una ley que es muy importante, es muy relevante, porque actúa sobre los elementos que determinan una parte sustancial del futuro de esta tierra, que son sus espacios naturales, su planificación territorial, urbanística y ambiental.

Y hemos presentado enmienda solo a demanda de los colectivos, porque tenemos una forma de trabajar en el Parlamento en la que, cuando hay colectivos que nos plantean situaciones que entendemos razonables, las planteamos. Y por eso solo hay una enmienda. Nosotros hubiéramos hecho, no, hicimos una enmienda a la totalidad, porque es lo que creemos que le toca a esta ley, enmendarla a la totalidad y mandarla de nuevo al Gobierno para que genere condiciones de un debate real, razonable, pactado, sosegado y con el consenso total, porque estas leyes hay que hacerlas con consenso.

Solo nos queda una enmienda de estas que hemos hecho a demanda de los colectivos, que es la enmienda número 1, y está referida al artículo 12, y este a su vez se refiere a la externalización, cuando las administraciones no encargan a sus propios servicios técnicos la formulación de los distintos instrumentos de ordenación, se externaliza, y nosotros estamos en contra. Estamos en contra, nos parece que esa es una función propia de las administraciones públicas. Una cuestión es que tú te asesores e instrumentes tu posición sobre la base de un consultor que te pueda ayudar y otra es que esa función, que es propia del responsable público, se delegue en una empresa externa.

Evidentemente, han logrado quitar en la tramitación de la ley un aspecto que era absolutamente ilegal, totalmente inconstitucional, que era la acreditación de los equipos, y este, haciendo caso a una de las muchas críticas y cuestionamiento de la constitucionalidad de esta norma por parte del Consejo Consultivo, lo han retirado y me parece un acierto. Por lo tanto, mantenemos esa enmienda a sabiendas de que no hemos tenido éxito en el proceso de tramitación.

Sí quiero, antes de entrar al fondo de la cuestión, reconocer la disponibilidad de los ponentes de los grupos del Gobierno, que han hecho un esfuerzo por mejorar esta norma, aunque sinceramente, a pesar de que puede haber mucha experiencia en ello, yo creo que no se ha conseguido la adecuación de esta norma de la forma debida. Pero he de reconocer que el intento ha existido y que hay mejoras en la norma sobre la que se envió aquí por parte del Gobierno. Por lo tanto, me remito, en relación con la defensa de esa enmienda, a esta consideración.

Estas normas no se pueden sacar por mayorías, me van a perdonar, pírricas, y menos en tiempo de descuento. Estamos al final de la legislatura y esta es una norma que estructura una de las partes esenciales, de las partes esenciales, de la ordenación de nuestro territorio, de la ordenación urbanística, de cómo preservamos el medio ambiente y garantizamos su compatibilidad con los derechos individuales y con la actividad económica. Estas leyes no se pueden hacer así. Los gobiernos que ha presidido el señor Rivero tienen muchos elementos negativos, pero hay uno que yo creo que se lleva la palma: haber roto con una tradición secular de este Parlamento, y es consensuar las leyes vinculadas a toda la articulación de los espacios territoriales, la ordenación y el medio ambiente. Se hizo así en 1994 con la Ley de Espacios Naturales, en 1999 con la ley del territorio, por supuesto ha sido un punto de referencia el texto refundido de ambas leyes, fue un acuerdo por unanimidad en las leyes de directrices y rompieron esta dinámica de acuerdo con la Ley de Medidas Urgentes, que, por cierto, iba a acabar con todos los males del planeamiento, iba a resolver todos los atascos, iba a garantizar una reactivación económica, de decenas de miles de puestos de trabajo, y rompieron esa dinámica de consenso, entonces en una alianza con el Partido Popular, con la oposición, con los mismos argumentos que nosotros, del Partido Socialista de entonces. Rompieron ese consenso también el año pasado con la ley de armonización y renovación turística, en esta ocasión con el Partido Popular en contra y los socialistas de ahora a favor, con razones de similares características por las que se habían opuesto hace unos años.

Y lo hacen ahora con esta ley, con esta ley que es muy determinante, que es una ley en la que se pretenden cosas positivas. Nosotros estamos de acuerdo en armonizar la legislación y estamos de acuerdo en buscar mecanismos de simplificación, que no de desregulación. Pero yo creo que la ley no lo consigue en absoluto, y no es una opinión solo nuestra, es una opinión del Consejo Económico y Social, es una opinión del Consejo Consultivo, es una opinión de los cabildos de Tenerife y Gran Canaria, es una opinión de la Fecam, es una opinión de la Fecai... Sé que me van a decir que al final hubo acuerdo y tal y cual, pero yo conozco las relaciones entre el Gobierno, la Fecam y la Fecai y como se mezclan los asuntos económicos con los asuntos de regulación, los conocemos.

Es una ley en que no han participado los técnicos del departamento de política territorial, que no han participado los técnicos del departamento de turismo ni de medio ambiente, es una ley que los colegios profesionales no ven y es una ley que no va a contar con la por unanimidad de este Parlamento. No puede ser que estas normas se hagan así.

Y es una ley hecha a trancas y a barrancas. A pesar de que nació en el 2010, los borradores, y hemos estado cuatro o cinco años p'alante y p'atrás, al final ha llegado a trancas y a barrancas. Hay un montón de modificaciones formales, de errores, que yo tengo plena confianza en los ponentes del Gobierno y sé que las modificaciones que hemos hecho, pues, no son de fondo sino de forma.

Pero es una ley que, desde luego, ni tiene el consenso de esta Cámara ni tiene la participación ni el compromiso de la ciudadanía, de los ámbitos institucionales, y que, sinceramente, como dicen muchísimos de los informes que acompañan a esta norma, ni armoniza. Aquí se producen modificaciones sustanciales de la ley, del texto refundido de la ley de espacios naturales y del territorio y se hacen modificaciones de las leyes de directrices. Se derogan unas cosas sí y otras no, sin evaluar. Se introducen conceptos y determinaciones distintos que van a hacer difícil el entendimiento. Se hacen cuestiones en relación con los procedimientos al menos discutibles. Hay cosas buenas, por ejemplo el tema del planeamiento urbano, las dos fases, la estructurante y, digamos, la pormenorizada. Hay elementos positivos. No negamos el conjunto de la norma, negamos los tiempos, la participación, el consenso y que esto vaya a servir realmente para armonizar toda la legislación en esta materia.

Esta sería la séptima ley que toca espacios naturales, urbanismo, medio ambiente, turismo, todo ello relacionado. Es tan así que la propia ley reconoce que hay que armonizar esto en un texto refundido a posteriori. ¡Es tan así que lo dice!, cuando debíamos haber empezado yo creo que por los cimientos.

Creemos que sigue teniendo, a pesar de las mejoras en la tramitación, elementos de inconstitucionalidad. Nosotros no somos juristas, pero creemos que hay que ser muy respetuosos con el ordenamiento jurídico e, insisto, aunque se han producido avances, aquí se siguen teniendo serias dificultades en relación con la adecuación a la legalidad vigente.

Y creemos que es una ley que está intentando amparar una estrategia que no es nueva, que es esto del urbanismo de proyectos frente al urbanismo planificado. Ya pasó con la Ley de Medidas Urgentes, ya pasó con la Ley de Renovación y Modernización. De lo que se trata es de que no importa que no esté prevista en el planeamiento la infraestructura o el desarrollo concreto, sino que se articulan instrumentos excepcionales, supuestamente basados en el interés general y a partir de la ley de inversiones estratégicas, en función del interés estratégico de estas inversiones, para el urbanismo de proyectos. Y en esto hay una crítica contundente de los órganos de control sobre este cambio, que es sustancial, y es sustituir el urbanismo planificado por el urbanismo de proyectos, que ya lo vimos en la Ley de Medidas Urgentes, lo hemos visto en la Ley de Renovación y Modernización, lo vemos aquí y lo vemos en grado sumo en otro proyecto de ley en tramitación, que es el de las inversiones estratégicas, que consiste en darle al Gobierno el poder de decidir lo que es bueno y lo que es malo, generando un problema de igualdad ante la ley y de inseguridad jurídica, etcétera, etcétera.

De manera, señorías, que nosotros no podemos santificar una norma de estas características en un momento político como este, donde los partidos que sustentan al Gobierno saben, como lo sabemos todos, que va a haber en mayo un proceso electoral que va a modificar la correlación de fuerzas y vamos a tener una Cámara distinta. Estas son las típicas normas que necesitan el sosiego, la tranquilidad del inicio de una legislatura para negociar, seguramente durante años, para sentar a los expertos, para sentar a las administraciones locales, a las administraciones insulares, para sentar a los empresarios, para sentar a todo el que tenga una opinión sobre este proceso, para sentar a la gente que se ha dedicado al planeamiento urbanístico, a la gente que se dedica al medio ambiente, y sacar una norma que de verdad sirviera para avanzar y no, como entendemos nosotros -y evidentemente nos podemos equivocar-, una norma que va a seguir complicando todo el proceso de articulación normativa, a pesar de la voluntad que anima a la ley y a su denominación de "armonización y simplificación".

A nosotros nos parece que lo que tocaba, lo que tocaba, era resolver el problema de la ley de impacto ambiental estatal con una ley solo para eso, que era fácil ponerse de acuerdo, porque tenemos una norma europea transpuesta al derecho español y había que adaptarla aquí, y aquí se mezcla lo territorial con lo ambiental, y eso se podía haber hecho; haber hecho un esfuerzo de unificación de la normativa dispersa que ya tenemos y que ahora creemos que se dispersa más; haber hecho una evaluación, porque está mandatado, de las directrices generales de ordenación, que tenían un periodo de tiempo para evaluarse y revisarse, en el 2013, y ni les cuento las del turismo, que tenían un plazo de hasta el 2008 y que no se hicieron.

En definitiva, señorías, creemos que una norma de esta envergadura, de esta importancia estratégica, no se puede hacer de esta manera, no se puede hacer de esta manera. No se puede hacer de esta manera porque no va a contribuir a mejorar, porque genera inseguridad, porque genera desigualdad ante la ley, porque, desde nuestro punto de vista, puede seguir vulnerando aspectos de la constitucionalidad del resto de las normas, porque ni siquiera consigue lo que pretende, simplificar el procedimiento del planeamiento. Nosotros creemos que está también inspirada en una máxima que nosotros hemos criticado mucho: hay una tendencia en la sociedad canaria en los últimos tiempos de endosar todos los males de la economía a la regulación, a las reglas del juego. Nosotros no estamos de acuerdo con eso, primero porque no es verdad, porque con las reglas del juego de Canarias, cuando había demanda, cuando había recursos, se creció por encima de lo razonable. Tan por encima de lo razonable que hubo un desarrollismo en la década anterior del que hoy estamos pagando sus consecuencias. De manera que nosotros no nos creemos que estemos aquí...; es decir, las normas no se pueden adaptar a cada circunstancia económica y menos a las presiones de determinados sectores, y creemos que detrás de todo este proceso normativo, de Ley de Medidas Urgentes, de Ley de Renovación y Modernización, de esta propia ley y ni les cuento de la ley de inversiones estratégicas esta, esta ley habilitante de inversiones estratégicas, está la filosofía de interpretar que lo que nos pasa tiene que ver con la regulación o que la regulación es el mal al que todo el mundo se refiere, y no es verdad, y no es verdad. Lo que determina en estos momentos la crisis en Canarias es un problema de política económica, un problema de austeridad, un problema de recortes, un problema del mal reparto de las cargas de la crisis, es un problema de desempleo, es un problema de demanda interna, es un problema de crédito; es un problema económico, en definitiva, y tratar de decir que el problema está en las leyes y que todas las culpas de lo que le pasa a la economía canaria es que hay muchas normas... Las leyes están para regular los intereses generales, para que los intereses encontrados que en las sociedades modernas existen, el punto de encuentro se consiga aquí, en este Parlamento, que representa al pueblo de Canarias, y busque la defensa del interés general. Combine, por supuesto, el desarrollo económico y la iniciativa empresarial, solo faltaba, pero con la preservación del medio ambiente, con la preservación del interés general. Y nosotros creemos que todo este proceso normativo está inspirado en esa manera de interpretar las cosas que nosotros no compartimos.

Por lo tanto, lamentándolo mucho, y diciéndoles que procuraremos cambiar estas y otras normas cuando tengamos más influencia en este Parlamento, de lo que estamos convencidos... Es cierto que nos queda un paso muy importante que es el de la ciudadanía, el determinante, pero el próximo Parlamento tendrá que cambiar muchas cosas y esta será una de las que cambiemos.

Y, por lo tanto, yo le pediría al Gobierno que fuera responsable, que fuera sensato, que interpretara bien lo que está pasando en la sociedad canaria, lo que va a pasar en mayo del próximo año y dejara esta norma para mejores tiempos, para buscarla de abajo arriba, para consensuarla, para articularla con un verdadero pacto en Canarias por el territorio, por el medio ambiente. Los parámetros medioambientales de la ciudadanía se han modificado, se han modificado. La gente va a ser más exigente en estos parámetros medioambientales y no puede uno, presionado por las circunstancias, tratar de buscar mecanismos de simplificación que pueden poner -digo pueden poner- en entredicho el control, la participación y la defensa del interés general.

Por todo este tipo de condiciones, porque lo hemos discutido aquí en la enmienda a la totalidad, nosotros no vamos a apoyar esta ley, vamos a combatir esta norma. Respetamos que la mayoría es democrática, les queda poco pero es una mayoría democrática la que sustenta al Gobierno, que nosotros jamás cuestionaremos Sí que nos parece poco oportuno forzar este tema y nos consta, nos consta, que lo razonable hubiese sido haber dejado esto para mejores tiempos, para generar el consenso debido en una norma que es determinante: la estructuración de la economía canaria y, por supuesto, la preservación del territorio, del medio ambiente y la preeminencia del interés general. No digo que esta ley lo pervierta de forma absoluta, digo que tiene ese tufo que ha inspirado otras normas de culpabilizar al sector público de todos los males, cuando sabemos que eso, desgraciadamente, no es verdad, porque, si no, bastaría con cambiar las normas para cambiar las cosas, y esto no funciona así. Es bastante más complejo el sistema económico en el que nos encontramos y los parámetros que lo determinan tienen que ver con la norma, pero tienen que ver, sobre todo, con la orientación de la política económica y no cambiando leyes para adaptarlas a los intereses de la coyuntura.

Muchísimas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Cruz Hernández): Gracias, señor diputado.

Antes de dar la palabra al otro grupo enmendante, saludar, en nombre de la Mesa y de todas sus señorías, a las alumnas y alumnos del colegio Ayatimas, de Valle Guerra, que nos visitan hoy en esta Cámara, y agradecerles su presencia y esperamos que sea de satisfacción esa visita en este Parlamento en el día de hoy, tanto a los alumnos como a sus profesores.

Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, así como para exponer su posición en relación con todo el proyecto de ley, don Miguel Jorge Blanco, por tiempo de quince minutos, tiene usted la palabra.

El señor JORGE BLANCO: Gracias, señor presidente. Señorías.

Yo quiero sumarme a lo que dijo el señor Rodríguez en relación con el trabajo en la ponencia y también quiero agradecer a los distintos ponentes, que no es la primera vez que lo hacemos, hemos tenido la oportunidad, el señor González, el señor Rodríguez y el señor Mayoral, de trabajar otras leyes importantes para Canarias, como la Ley de Renovación o, en fin, hace años ya, la Ley de Medidas Urgentes, y siempre la camaradería... En fin, ha sido un buen trabajo el realizado y, por tanto, quiero agradecerlo expresamente también en esta tribuna.

Hoy, señorías, es el segundo debate en esta sesión plenaria que tenemos de esta Ley de Armonización, la primera a través de la presentación que tuvo el Grupo Parlamentario Popular de la enmienda a la totalidad, hoy el debate final ya con las enmiendas que quedan vivas para el pleno final y, en fin, la votación final del texto.

Este texto, señorías, cuando el Gobierno lo presentó ante la Cámara, ya dijimos en la enmienda a la totalidad las razones por las cuales nosotros no creíamos que el proyecto de ley, en la literalidad que el Gobierno lo presentó en su momento, pudiera resolver todas aquellas cuestiones para las que precisamente el proyecto de ley veía la luz.

Es un proyecto de ley para la simplificación de los procedimientos administrativos para la tramitación de los diversos instrumentos de ordenación y armonización entre la parte territorial y la parte ambiental de los proyectos y de los planes. Y mi grupo -lo dijimos en la enmienda a la totalidad- compartía el análisis, el análisis existente y realizado por el Gobierno, pero también en general por la sociedad canaria, de la necesidad de buscar una solución a un difícil momento, que se prolongaba ya en el tiempo, de confusión en la redacción y retrasos permanentes en la redacción y en la aprobación de todos los instrumentos de ordenación, tanto territoriales como urbanísticos. Pero es que el proyecto de ley inicial no apostaba por la descentralización hacia los cabildos y los ayuntamientos, manteniendo a la Cotmac -a la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias- como un órgano, a nuestro juicio, omnipresente en el devenir de un planeamiento, del planeamiento en Canarias.

Ese proyecto de ley, el inicial, también tenía técnica legislativa defectuosa, lo decía el propio Consejo Consultivo, con muchos conceptos jurídicos indeterminados y además, incluso, denominaciones diferentes para una misma cosa, cosa que es muy difícil de mantener en aras de la seguridad jurídica. No existía consenso con las administraciones públicas, recuerden la famosa foto de los escaños vacíos en la Comisión General de Cabildos por el desacuerdo absoluto de los cabildos insulares en relación con este texto. Y había también, a nuestro juicio, una restricción importante a la actividad profesional a través de los sistemas de acreditación previstos en el texto; figuras jurídicas controvertidas, como los sistemas territoriales ambientales; y nula armonización entre el procedimiento ambiental y el territorial, como dije antes, manteniendo, además, a la Cotmac como único órgano ambiental de Canarias.

En definitiva, señorías, no era el texto, nuestro texto, el proyecto de ley; el nuestro hubiera sido mucho más ambicioso, legislando sobre cosas que incluso el proyecto de ley no tocaba, haciendo un texto más claro, más sencillo, o lo más sencillo posible, sabiendo las dificultades que el derecho urbanístico tiene; y un texto, además, mucho más descentralizador desde el punto de vista territorial y urbanístico.

A ese texto, cuya enmienda fue rechazada, como recordarán, presentamos sesenta y dos enmiendas, de las que hoy quedan treinta y cuatro vivas. Voy a hacer, señor presidente, una defensa en su globalidad respecto de las cosas más importantes.

He de decir, es verdad que el texto ha mejorado, ha mejorado frente a lo que entró en el Parlamento, en la Cámara. Este texto es hoy mejor que el de ayer, se han suprimido algunos sinsentidos como, por ejemplo, este que hablaba de las acreditaciones para poder realizar planeamiento, pero a nuestro juicio no ha mejorado lo suficiente como para darle un voto favorable. Y de ahí nuestro voto contrario en la ponencia, en la comisión celebrada días atrás, porque, a nuestro juicio, simplifica tímidamente, descentraliza tímidamente y armoniza tímidamente.

Hemos conseguido la transacción en algunos temas, pero es verdad también que en otros no. La mayoría parlamentaria, lógicamente, se ha impuesto en la ponencia en los grandes temas. Quizás haya tenido que ver mucho la presentación conjunta de enmiendas entre Coalición Canaria y el PSOE, que, a mi juicio, ha restado cierta frescura en el debate. Yo quiero reflejarme o recordar la Ley de Renovación, cuando hubo enmiendas diferentes entre el Partido Socialista y Coalición Canaria y las del Partido Popular y las de Nueva Canarias, y hubo quizás un debate mucho más abierto y más fresco a la hora de recoger sugerencias de todos los grupos parlamentarios. Y esta, bueno, lógicamente, me parece razonable que sea así, si la mayoría parlamentaria es una, que presenten solo un grupo conjunto de enmiendas.

A nuestro juicio, señorías, se mantiene prácticamente el mismo sistema y procedimiento de tramitación de los expedientes, excepto, es verdad, algunos donde cambia el órgano de aprobación definitiva.

En relación con los planes insulares, al Grupo Popular le pareció muy importante incorporar que sean los planes insulares aquellos que definan el modelo turístico insular, cosa que no estaba prevista en el proyecto de ley, y por eso transamos el artículo, pero también quiero decirles que había otras partes de ese artículo en relación con el plan insular que no nos gustaban; pero, en fin, tuvimos que elegir y nos pareció, en el peso de las cuestiones, más importante incorporar esa enmienda en relación con el modelo turístico, modelo turístico insular, que fuera definido desde los cabildos insulares a través del plan insular de ordenación.

La Cotmac, a nuestro juicio, sigue teniendo un poder excesivo. Nuestro modelo pasaba por más cabildo y menos Gobierno, pero con mucha rotundidad, no ligeramente, como creemos que ha quedado en el texto.

Los planes generales municipales siguen estando en manos del Gobierno. Nuestra propuesta pasaba por que fueran los cabildos los que definitivamente aprobaran los planes generales, porque pensamos que, cuando ya existe un plan insular en vigor, plan insular que aprueba definitivamente el Gobierno, que analiza el Gobierno y que le da el visto bueno el Gobierno, no tiene, a nuestro juicio, mucho sentido que todos aquellos instrumentos de ordenación urbanística en desarrollo de ese plan insular tengan que volver al Gobierno para el control político, que nosotros, desde luego, no compartimos desde ese lado.

Igualmente, los planes parciales mantienen controles de la Cotmac para exonerar de las evaluaciones ambientales, cuando creíamos que con informes municipales hubiera sido suficiente.

Se mantienen los sistemas territoriales ambientales, que, a nuestro juicio, van a producir mucha más controversia que resultados favorables, pues serán de muy difícil aplicación en el suelo rústico, y por eso pedíamos su eliminación, cosa que no fue aceptada.

Creíamos que se le podía haber dado una vuelta al sistema de las directrices. Nuestra enmienda, señorías, en relación con las directrices, en cierta manera pretendía provocar un debate en el seno de la ponencia, un debate para conseguir la flexibilización de las directrices. Y es verdad que conseguimos que ese debate se produjera, especialmente con el señor González, y es verdad que incluso, en fin, estuvimos a punto de llegar a un paso más adelante para intentar mejorar, de alguna manera, la fórmula que impidiera esa rigidez existente hoy en las directrices. No fue posible al final. Es una pena, pero, en fin, también puedo llegar a entenderlo, señorías, en fin, señores de la mayoría parlamentaria. El Gobierno, en definitiva, es un Gobierno que hoy por hoy no tiene esa fortaleza política, estamos en un final de mandato, para abordar un tema tan importante como este. Pues otra vez será, como dice el señor Rodríguez, en su intervención.

Proponíamos la supresión o por lo menos la modificación de la figura del protector del medio ambiente, porque creemos que puede vulnerar la legislación contractual en relación con el acceso en igualdad de condiciones a la contratación pública a través de la Ley de Contratos del Estado.

En el título II, las enmiendas del Partido Popular pretendían simplificar al máximo el sistema de aprobación de las evaluaciones ambientales y su integración en el apartado territorial. También descentralizábamos el órgano responsable de las evaluaciones ambientales en los planeamientos de desarrollo y en los urbanísticos, otorgándoselo a los cabildos insulares. El texto mantiene al final, como único órgano ambiental, a la Cotmac, cosa en que no estamos de acuerdo y, a nuestro juicio, van a seguir produciéndose atascos en las oficinas del Gobierno de Canarias y no vamos a resolver el problema.

En relación con la disposición adicional octava, es una disposición importante, que es la que define la clasificación de nuevo suelo urbano, nuevo suelo turístico, para la construcción de complejos turísticos en Canarias. Lo que estaba en el texto no nos gustaba nada, no nos gustaba ni al grupo del Partido Popular ni a ninguno de los grupos que estamos presentes en la Cámara, y creo que, en fin, hemos llegado a una transacción que es bastante mejor, desde luego, de lo que está. No es lo que a nosotros nos hubiera gustado, porque simplemente nosotros hubiéramos pretendido que se pudiera clasificar nuevo suelo turístico cuando así lo prevé el plan insular de ordenación y el plan territorial, los PTOTI, de desarrollo de este plan insular. Si ellos lo prevén y además eso ya ha pasado el control del Gobierno y la aprobación del Gobierno, pues, no tenía mucho sentido, en fin, prohibirlo. Ahora lo que se ha permitido es que lo que estaba en la Ley de Medidas Urgentes, con aquellas dos excepciones, se incorporen con carácter general y se añade un tercer apartado en el que el Gobierno de Canarias, a propuesta de los planeamientos generales, y en virtud de determinados informes, y de acuerdo con las características del peticionario, bueno, pues, podrá por decreto autorizarlo. Desde luego es un paso, es un paso adelante; no es el que nos hubiera gustado en definitiva, pero es algo, desde luego, mejor que lo que está.

Y también, bueno, se mantiene la famosa cláusula Gesplan, esa que tanto han criticado también, bueno, nuestro grupo parlamentario y también el sector profesional de Canarias, en relación con el papel que Gesplan está ocupando en Canarias, convirtiéndose en un gobierno paralelo al del señor Rivero.

En definitiva, señorías, como consideración global -y con esto voy terminando, señor presidente-, creemos que este proyecto de ley tiene algunas mejoras, pero no lo suficiente como para resolver los problemas por los que precisamente fue creado.

Señor presidente, quiero pedir, si es posible, una modificación de la disposición de la entrada en vigor de la ley. Ya yo lo he hablado con los grupos parlamentarios, la posibilidad de que no se ponga al día siguiente de su publicación sino a los veinte días de su publicación. Es en relación, bueno, con una petición del Cabildo de Gran Canaria, que está en su fase de aprobación, y para evitar algún problema que pudiera surgir, es mejor que, por lo visto en el pleno del Cabildo de Gran Canaria de este mes van a llevarlo a su aprobación y sería bueno retrasar la aprobación de esta ley para que la tramitación siga con el procedimiento anterior y no con el nuevo, y no hubiera ningún tipo de duda. Y, por tanto, en fin, no creo que haya ningún problema en poner en el texto que entra en vigor a los veinte días de su publicación.

Y en relación con las consideraciones, en fin, que nos ha pasado el letrado de la ponencia, nosotros estamos de acuerdo en las consideraciones que hace y, por tanto, las aceptamos sin ningún tipo de problema.

Gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Cruz Hernández): Gracias, señor diputado.

Para fijar posición en relación con las enmiendas y de los grupos parlamentarios, teniendo en cuenta también la disposición final de la entrada en vigor y el planteamiento hecho por el Grupo Parlamentario Popular, para definir la posición, fijar posición por los grupos no enmendantes, en primer lugar, por el Grupo Nacionalista Canario, don José Miguel González, por tiempo de quince minutos tiene usted la palabra.

El señor GONZÁLEZ HERNÁNDEZ: Señor presidente, mi intervención, lo mismo que ellos, es una general de defensa y una general... (ininteligible).

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Cruz Hernández): Sí, pero tiene quince minutos para fijar la posición en relación con las enmiendas y fijar la posición global de su grupo en relación con todo el proyecto de ley.

El señor GONZÁLEZ HERNÁNDEZ: Le había entendido cinco minutos.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Cruz Hernández): No, quince minutos.

El señor GONZÁLEZ HERNÁNDEZ: Vale. Gracias, señor presidente.

Bueno, pues, comienzo agradeciendo también el tono y la manera en que se funcionó en la ponencia. Creo que fue un trabajo bastante coordinado. Y quiero destacar también, porque es de justicia, el papel de apoyo del letrado que nos asistió en la ponencia. Creo que su papel nos ha llevado a que los textos mejoren, a que corrijamos ciertas y determinadas expresiones que, bajo el punto de vista jurídico, podían crear confusión. Se dice que ser agradecido es bueno, y decirlo.

Dicho esto, me quería centrar en la posición general y, por supuesto, la posición sobre las enmiendas, que, claro está, de antemano digo que van a ser en contra, porque si hubiéramos estado a favor, las hubiéramos aceptado en la ponencia.

Aquí se ha discutido la necesidad o no de la ley. Yo creo que, sinceramente, si algo hemos dicho en este Parlamento reiteradas veces es que la normativa actual, tal como estaba, creaba problemas y dificultades, y eso tenía una repercusión negativa incluso en la actividad económica en general. Se lo he oído decir a todos los portavoces y yo mismo lo he dicho, y por supuesto también al portavoz del Partido Popular. Luego, por tanto, yo creo que decir que no es oportuna...; yo entiendo la posición que pueda plantear el portavoz del Grupo Mixto, pero nosotros creemos que no, que lo que hay que hacer es sacar esta ley, buscarla y darle sentido, de manera que de cara al futuro ofrezca unas soluciones mejores a los problemas planteados.

El portavoz del Grupo Mixto -y por eso voy a referirme directamente a él en esa enmienda- rechaza, según él, que pueda haber grupos externos. Pero tampoco el Partido Popular lo apoya mucho, puesto que en sus enmiendas tampoco lo ha eliminado. Yo creo que eso se ha entendido mal, es decir, es posible que el texto, como estaba en la ley, y como decía el Consejo Consultivo, planteaba dificultades, pero dificultades de tipo constitucional, es decir, era la limitación a la gente que tuviera una determinada acreditación. Pero ya en la Ley de Medidas Urgentes nosotros sentamos un principio que yo creo que es importante, es decir, hay que reconocer la realidad de los ayuntamientos, los medios, los medios técnicos y medios personales de que disponen. Y, por lo tanto, en aquella ley, salvando siempre el principio de que los actos que implican autoridad se reservan a los funcionarios, se establecía como principio general la posibilidad de colaborar en la gestión, en los procesos de trámite de una serie de procesos legislativos, porque eso podía significar, en primer lugar, una mayor especialización de las personas, un conocimiento de su actividad, una mayor responsabilidad y siempre reservando, por supuesto, aquello que es autoridad a la Administración pública. Es decir, nosotros, cuando estamos hablando de los planes urbanísticos, hombre, lo primero que demandamos es que el plan esté bien hecho. Es decir, es triste, y ahí lo estamos teniendo, que después de un proceso largo y tal, se llega a un determinado documento que pasa a los tribunales y lo rechazan porque se ha incumplido un procedimiento, porque bajo el punto de vista jurídico se ha fallado o porque incluso los preceptos técnicos y de detalle no cumplen, no están hechos con la suficiente solidez o el suficiente respaldo de la legislación. Por lo tanto, el que los ayuntamientos puedan hacerlo, porque la ley no dice que lo tienen que hacer, es decir, lo pueden hacer con sus propios medios si los tienen, pero, si no, acudir a un equipo de técnicos, a los que se tiene que acudir para los planeamientos importantes a través de un concurso público, como establece la ley de procedimiento administrativo, o el procedimiento de las administraciones públicas, y si es para un tema concreto ya pequeño, los procedimientos de desarrollo o un pequeño detalle, puede acudir directamente a los técnicos capacitados. Pero eso yo creo que no es en absoluto malo. Porque, además, también eso va unido a una exigencia de responsabilidad del equipo que lo redacta. Yo estaba leyendo libros estos días interesantes sobre eso: muchas veces hay gente que toma las decisiones y, como luego no les va en nada, pues, si fallan, se quedan tan tranquilos y tal, mientras que el que ha recibido el servicio resulta que se encuentra con que al final no le ha servido para nada. Por eso es la idea de darles opción, que no obligación, a utilizar equipos externos.

Entonces, cuando nos enfrentamos a esta ley, lo primero que se planteó es qué está pasando, por qué tenemos dificultades. Y yo creo que por lo primero que tenemos dificultades es por la confusión de las competencias. Por lo tanto, la ley lo que hace primero es decir claramente qué le corresponde al Gobierno, qué le corresponde al cabildo y qué les corresponde a los ayuntamientos. Al Gobierno, las directrices, porque así lo establece la ley; directrices que, si son generales, son por ley, una de las enmiendas del Partido Popular vivas que en realidad coincide con lo que dice el texto del Gobierno, porque el texto que tenemos nosotros es que el Gobierno enviará al Parlamento para que se hagan por ley. Luego, esta enmienda realmente casi se debió haber retirado. Las directrices, ¿cuáles?: las directrices generales por ley y las directrices que son sectoriales, por decreto, porque así está establecido ya en la normativa actual y esto no cambia.

Luego viene el ámbito insular, el plan insular. Lo primero que hemos intentado recalcar es que tiene que tener claramente plan de ordenación de los recursos naturales, tiene que contener el contenido para que eso sea juzgado bajo ese punto de vista y, por lo tanto, dé licitud y apoyo a una serie de cosas que les vamos a completar, que es precisamente la ordenación de los recursos de los espacios protegidos. Eso es lo primero. Y luego, en cuanto al procedimiento, bueno, el procedimiento que se establece se ha simplificado en lo posible, porque una limitación extraordinariamente importante es la normativa estatal que desarrolla las directrices, las directivas de la elaboración de planes y programas, que establece un procedimiento normalmente complicado, pero que es básico y, por lo tanto, salirse de él sería inconstitucional, que incluso exige que a lo largo de la elaboración del proceso...; hemos eliminado los avances, los avances los hemos eliminado, porque son innecesarios y se sustituyen por un criterio político de la ordenación, pero luego resulta que tiene que estar, cuando todavía no ha llegado a la formación de la aprobación inicial, ha tenido que pasar por una exposición pública, por informes sectoriales, pero luego ya, cuando se adapta, entre una serie de alternativas hay que volver otra vez a los informes y otra vez a la intervención, pero eso es inevitable porque es que lo dice la normativa básica. Pero también se ha hecho una cosa importante, que no se ha reconocido, que es simultanear la evaluación pudiéramos llamar urbanística con la medioambiental.

Una cosa que hemos dicho claramente es que los cabildos no tienen competencias urbanísticas, tienen competencias territoriales, y se desarrollan por el plan insular y por los planes territoriales, que ya no los puede hacer el Gobierno. Los planes territoriales son de los cabildos y además desarrollarán el plan insular, pero no pueden desarrollar ciertos y determinados temas que deben estar perfectamente desarrollados en los planes insulares. No puede ocurrir que haya un plan de un determinado cabildo que deje setenta y nueve puntos en el aire, de manera que al final, pues, resulta que el plan ha creado una especie de vacío que luego se van estableciendo con determinados planes territoriales hasta ahora, pero mientras tanto el planeamiento municipal que está funcionando queda condicionado por ellos. Por eso se da, en los planes... esos son al tema de los cabildos.

Y los temas urbanísticos, de los ayuntamientos. Los ayuntamientos, como saben, el plan general se ha dividido en dos etapas, el plan básico y el plan pormenorizado, y cuando son más de diez mil habitantes tienen que ir conjuntamente, obviamente, y si son menos pueden ir separados, y eso tiene que estar sometido a los procesos de evaluación. Que exige la normativa comunitaria, no es que nosotros la pongamos, tiene que tener la evaluación estratégica, etcétera. Entonces ahí nosotros hemos avanzado bastante. Es decir, la primera fase tiene un control de la Cotmac... Que, por cierto, se habla de la Cotmac, nosotros hemos avanzado bastante en la descentralización y la desconcentración, porque la Cotmac, tal y como está en el texto actual, puede funcionar en pleno o en secciones insulares. Objetivo: que los temas que, por una trascendencia, si es lógica, vayan a las secciones insulares no tienen que ir al pleno. Con lo cual, ese comentario que había de que puede haber dificultades por muchas actividades conjuntas, no, porque se puede funcionar perfectamente: cuando los temas son de un nivel, a nivel insular, y cuando el tema trasciende, porque su importancia, por el interés general, pues, van al pleno de la Cotmac.

Pero a los cabildos les hemos dado también todas las competencias sobre el suelo rústico. Esto es importante. Es decir, ¿por qué?, porque fundamentalmente la política del suelo rústico no puede reconocer barreras políticas, es decir, no cabe que haya una política sobre suelo rústico y pase una línea teórica ideal de un municipio y resulta que cambia la política. La política del suelo rústico tiene que tener, ser vista desde una visión conjunta. ¿Eso qué quiere decir? Que les hemos dado la competencia a los cabildos para la elaboración de todos los planes rectores de uso y gestión de los espacios protegidos, los de la Red Natura 2000 e incluso aquellos de la Red Natura 2000 que no están dentro de los espacios protegidos; y también las calificaciones territoriales y los planes de actuación territorial. Hemos introducido el siguiente tema: cuando un señor quiere hacer algo en el medio rústico, supongamos que un agricultor, según la ley va al ayuntamiento y le dice, "oiga, dentro de quince días, en quince días contésteme usted"; si yo tengo que irme al cabildo, si eso está incluido en las exenciones, que no exigen la intervención del cabildo y, por lo tanto, se van a resolver en la licencia, incluso si usted me va a dar una licencia especial... (ininteligible). Hemos hecho una pormenorización de aquella serie de actividades que entendemos que forman parte de la actividad ordinaria agraria y esas todas quedan excluidas, por supuesto, de los planes de actuación territorial y de las calificaciones territoriales, y en eso hemos avanzado muchísimo, más, incluso, por supuesto, más desconcentración, en este caso más descentralización que la que planteaban las propuestas del Partido Popular.

Eso en cuanto al suelo, es decir, esa es la posición de los cabildos, y luego vienen los ayuntamientos, los ayuntamientos, ya lo estaba diciendo, hacen sus planes. Por ejemplo, hemos avanzado mucho en el planeamiento de desarrollo. El planeamiento de desarrollo lo aprueban los ayuntamientos. ¿Control? Tienen un control que es puramente de legalidad y de que están adecuados al plan estructurante que se había aprobado, porque, claro, a la misma vez que se les da la competencia, no pueden ser juez y parte, alguien tiene que ver que lo que allí se establece no contradice la normativa básica, que puede ser perjudicial, porque la ordenación estructurante, como ustedes saben, es la que marca la situación general de una isla, por dónde van las carreteras, dónde están las líneas de electricidad, dónde están los centros generadores, y son controles de legalidad y adecuación, y además, incluso, en ciertos casos, lo único que hacemos es comprobar que si así ocurre ya no es necesario hacer otra vez otra evaluación, otra evaluación ambiental, porque es que, tal y como estaba el procedimiento, esto era una especie de cuento de nunca acabar.

Eso es lo que en realidad más o menos está. Entonces las enmiendas, por qué las hemos rechazado, bueno, por ejemplo, las que se refieren al tema de las directrices no las podemos aceptar porque dicen que son solo puras recomendaciones. Entonces ¿qué capacidad tiene el Gobierno si su instrumento solo sirve de recomendación? Otra cosa es que, filosóficamente, estuviéramos discutiendo que probablemente las normas de aplicación directa que se establecen en la ley de directrices, cuando no son simplemente programáticas, habría que ver de qué forma eso se transforma posiblemente en actividades que pueda desarrollar el Gobierno a través de decreto.

No me va a dar tiempo, no me da para mucho más; por lo tanto, yo me voy a referir a dos temas. Uno es que nosotros vamos a pedir votación separada de la última de las disposiciones adicionales, en razón de que, tal y como fue aceptada -ya se lo he comunicado a los portavoces-, pues, se ha hecho un análisis por parte de nuestros diputados y, aunque ya poníamos que es la capacidad de construir en el suelo rústico de las islas de La Gomera, El Hierro y La Palma -para que sepamos de lo que estamos hablando-, le poníamos el control de conforme a lo que estuviera establecido en la planificación territorial especial turística y por la urbanística, pero, sinceramente, parece que, tal y como está legislado, podría convertirse en una actividad que se repitiera en pequeñas unidades a lo largo del suelo rústico, con lo cual se rompería con el concepto de suelo rústico. Y, por lo tanto, vamos a pedir que se vote separadamente, porque vamos a votar en contra.

Y luego, bueno, la otra decisión, obvia, es que ya, como se ha comentado, nosotros estamos conformes con que una ley de tal complejidad no entre en vigor al día siguiente, porque es que realmente hasta para leérsela, es difícil leérsela en un solo día. Por lo tanto, aceptamos claramente lo que ha propuesto el Partido Popular, que es que su aplazamiento, creo que fue quince días lo que se dijo, o veinte días, o sea, que entre en vigor a los veinte días.

Yo, independiente de que intervendrá el señor Mayoral para fijar posición, yo creo que al final -esto ya es una indicación que casi está fuera de lo que tengo yo que decir-, podríamos hacer votar las enmiendas y luego ya votar todo conjuntamente, votar las enmiendas, incluso ese artículo aparte, y luego votarlo todo conjuntamente, pero, bueno, ya eso la Mesa, que es la que tiene la competencia, lo decidirá.

Muchas gracias.

(Pausa.)

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Cruz Hernández): Gracias, señor diputado.

Para fijar posición, por el Grupo Parlamentario Socialista Canario, don Emilio Mayoral. Por tiempo de quince minutos, tiene usted la palabra.

El señor MAYORAL FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente. Señorías, buenos días.

Bueno, quiero también expresar mi satisfacción, el agrado de haber compartido con los ponentes, en este trámite parlamentario, esta ley tan importante, y decir que, bueno, que, efectivamente, han transcurrido esos debates con la cordialidad de la que siempre hacen gala los que han asistido, tanto el portavoz del Grupo Mixto como el portavoz del Grupo Popular, con José Miguel González, del Grupo Nacionalista.

Y decir que, si no ha sido posible un acuerdo en una ley tan compleja y tan difícil, sí es verdad que ha habido un grado de acercamiento importante. De hecho, que más de la mitad de las enmiendas que planteaba el Grupo Popular hayan sido transadas o aceptadas y que prácticamente la totalidad de las del Grupo Mixto, menos una, hayan sido incorporadas a la ponencia denota un grado de acercamiento muy importante.

También quiero decir que esta era una ley compleja, difícil. Y decirle al señor Rodríguez que, por mucho que se retrase una ley compleja y difícil, al final hay que encararla, hay que estudiarla y hay que plantearla, porque no porque se deje para más adelante, si no se acomete su estudio y su trabajo y todo un proceso que lleva desde el mes de abril en trámite de ponencia, se puede solventar.

Quiero un poco recordar lo que es esta ley. Esta ley viene desde la legislatura pasada, desde finales de la legislatura pasada se está planteando. Por lo tanto, ha transcurrido prácticamente toda esta legislatura y estamos llegando al final, lo cual quiere decir que es una ley que ha sido muy trabajada. Y que ha surgido o ha tenido dificultades añadidas, añadidas no por el procedimiento del trabajo, del acuerdo, de las negociaciones, sino porque, a su vez, en esta ley se establecen como si fueran cuatro leyes distintas, porque está todo el procedimiento de la Ley de Evaluación, del título II, que lo que viene a recoger es la legislación básica del Estado, que fue uno de los elementos que hizo que se retrasase la presentación en este Parlamento para poder incorporar el desarrollo de la legislación básica estatal en cuanto al procedimiento de evaluación. Luego está también el procedimiento sancionador y está la Red Natura. Y con el título I, que es donde más surge el debate, confluyen todos estos elementos, en lo que es una ley, por eso, bastante extensa, compleja y difícil.

Es verdad que esta ley tenía básicamente los siguientes objetivos: primero, era eliminar una serie de rigideces que la legislación actual plantea en materia de ordenación del territorio y del urbanismo; en segundo lugar, era clarificar competencias entre las distintas administraciones que intervienen en la planificación; y, en tercer lugar, era agilizar los procedimientos. Estos eran los objetivos que se marcaba la ley, que se marcó desde el principio. Y es verdad que el informe del Consultivo sobre el texto original planteaba algunos de los elementos estos diciendo que ni armonizaban ni simplificaban, y es verdad que esos elementos que planteaba el informe del Consultivo eran los argumentos que emplearon los Grupos Popular y el Grupo Mixto para plantear su enmienda a la totalidad. Sin embargo, yo he de decir que, frente a esa tesis de que ni armonizaba ni simplificaba ni servía para mejorar los procedimientos, ya dijimos en aquel momento que es verdad que en algunos casos no nos gustaba la ley, desde el inicio, tal como estaba, y manifesté, en la toma de consideración, allá por el mes de abril, en el debate que tuvimos, que nosotros íbamos a presentar enmiendas importantes y que de alguna manera cambiaban algunos de los elementos críticos que establecía el Consultivo y que además recogían las propias enmiendas a la totalidad de los grupos. Y lo hicimos, y lo hicimos junto con el Grupo Nacionalista, primero, negociamos entre nosotros, también nos sentamos con el Gobierno, y presentamos un bloque de enmiendas que yo creo que han sido enmiendas que, de alguna manera, inciden de forma importante en los temas sustanciales, en los temas sustanciales referentes a estos elementos que hemos dicho antes: lo de eliminar las rigideces, lo de clarificar las competencias y lo de agilizar los procedimientos. (El señor presidente se reincorpora a su lugar en la Mesa).

Por lo tanto, nosotros hemos incorporado, entre otras, frente a lo que algunos dicen, que antes manifestaba el portavoz del Grupo Mixto que esta es una ley no consensuada, era uno de los motivos por los que decía que había que retirarla, que era rechazada por los ayuntamientos y por los cabildos... Y hay que decir que eso no es verdad. Hay un procedimiento, un procedimiento en su elaboración y en el trámite de enmiendas, de negociación permanente, tanto con la Fecam como con la Fecai, y fíjense si ha habido acuerdo que se ha incorporado, y está en el procedimiento de enmiendas incorporado, todo lo que pedía la Fecai, los cabildos. Es decir, por ejemplo, que las competencias en los cabidos sean de los PAT y se elimine la diferencia entre pequeños y grandes PAT; o que, por ejemplo, todo el desarrollo territorial referente a los planes territoriales parciales sea aprobado directamente por los cabildos y no tengan que ir a la Cotmac; o, por ejemplo, también la ordenación de los espacios naturales, que también sean competencia exclusiva ya de los cabildos; o la simplificación en el procedimiento de calificaciones territoriales. Son elementos reivindicativos de los cabildos que están todos recogidos en la ley. Por lo tanto, ha habido un consenso y ha habido un acuerdo y se han incorporado, en este trámite de enmiendas, todos estos elementos. Es más, les puedo decir, y se lo digo al señor Jorge, que hace cuatro días, en una comida que hago de vez en cuando con mis antiguos colaboradores de Política Territorial del Cabildo de Gran Canaria, con Víctor Monzón y con Pedro Pablo, que son los dos máximos, uno responsable del plan insular y el otro responsable del planeamiento, me decían: estamos muy contentos con las competencias y un poco acojonados. Es decir, estamos, ahora, estamos en una reivindicación, pero es una responsabilidad tremenda la que ahora vamos a tener para poder gestionar todo esto. Por lo tanto, sí existe un grado de satisfacción en el tema del cabildo; lo que tienen ahora es decir, "oiga, que ahora tenemos que nosotros apechugar con esta responsabilidad que la nueva ley nos va a marcar". Entonces, bueno, no se puede decir "retírese esta ley porque no ha habido un acuerdo precisamente con los cabildos", cuando precisamente están contentos con haber logrado esto, aunque preocupados por el grado de responsabilidad que se les viene encima.

Y con la Fecam podíamos decir lo mismo. Yo me he reunido con ayuntamientos socialistas, cuando íbamos en el trámite de las enmiendas, y he visto las actas donde se han reunido la Fecam con el Gobierno y toda la cantidad de cosas que en esas actas, documentos oficiales, se han ido incorporando al texto. Es verdad que al final pedían una cosa que sí les preocupaba y que se ha puesto de manifiesto antes aquí por parte del Grupo Popular: los sistemas territoriales ambientales. Sí, es un tema que preocupa, pero no es verdad que se haya dejado exactamente igual en la ley. Hay una enmienda, que conocen muy bien -están todos los portavoces de los grupos-, que presentó el Grupo Socialista con el Grupo Nacionalista, donde se circunscriben los sistemas territoriales ambientales exclusivamente al interior de los núcleos rurales. Por lo tanto, ya no es todo lo que había en el texto de la ley, hay una modificación y un paso también que mejora o arregla al menos esa preocupación que tenían algunos ayuntamientos.

Por lo tanto, se han mejorado los procedimientos, se ha mejorado la capacidad de las competencias entre las administraciones. Hombre, yo creo que es un paso importante el que se ha dado, y se han cambiado.

Algunos elementos que preocupaban tanto a los técnicos como a los arquitectos, como a los colegios profesionales, como era lo de los equipos acreditados, bueno, yo creo que tanto el Grupo Nacionalista como Socialista -y lo hemos presentado en la ponencia- presentamos una enmienda diciendo, oiga, vamos a eliminar el hecho de que estos equipos profesionales tengan que estar debidamente acreditados en un registro, etcétera, etcétera, y vamos a sujetarlos, vamos a mantener lo de los equipos profesionales externos, pero vamos a mantenerlos a través de los procedimientos que establece ya la legislación actual a través de la Ley de Contratos del Estado. Con lo cual no significa que, digamos, no es que tengan que existir equipos profesionales, equipos externos, pero que sí que el procedimiento de la acreditación ha sido sustituido, y era uno de los grandes temas en los cuales también se basaban las enmiendas a la totalidad que habían presentado ambos grupos. Bueno, eso ha sido corregido.

Y no solamente ha sido corregido eso, sino que además, a través de una enmienda, ni siquiera se exigen equipos externos para determinadas actividades en el planeamiento, por ejemplo los planes parciales municipales o los estudios de detalle. Decimos en el texto, a través de las enmiendas que hemos presentado, que esos pueden ser realizados por los profesionales simplemente con la habilitación del titular correspondiente, es decir, un arquitecto a nivel individual para ese tipo de planeamiento, con lo cual también hemos mejorado e introducido elementos que sirven para que un profesional normal pueda realizar planeamientos de desarrollo, aunque dejamos reservado a los equipos externos los grandes planes o los grandes planeamientos.

En definitiva, creemos que hemos mejorado ostensiblemente y de forma bastante importante aquellos aspectos que habían sido objeto de debate o de cuestionamiento en cuanto a este primer título I, que es donde se ha producido el gran debate. Lo cual no significa que el resto de los títulos de la ley no tengan su importancia, por supuesto, y sobre todo en el tema de los procedimientos de evaluación ambiental. En esos procedimientos de evaluación ambiental lo que pasa -y lo hemos discutido en la ponencia, se acordarán- es que muchas de las enmiendas o planteamientos que se querían poner chocaban con una realidad, que es que no podemos ir contra la ley básica estatal, que obliga y que, por lo tanto, en su ley de desarrollo tenemos y nos vemos obligados a circunscribirnos a lo que se mantiene ahí. Me refiero sobre todo al tema de los órganos ambientales, que antes se manifestaba el portavoz del Grupo Popular. Y aprovecho, es verdad, hemos introducido a través de una enmienda la posibilidad de que la Cotmac no sea la Cotmac que actualmente conocemos, sino que la Cotmac funcione para determinadas cuestiones en pleno, es decir, para aquellas cuestiones del planeamiento general de Canarias -llámense las directrices, llámense los planes insulares-, y hemos dejado reservada la posibilidad de que funcione, en una próxima regulación, en secciones, secciones insulares, es decir, cuando determinadas cuestiones tengan que ser aprobadas por la Cotmac pero que puedan verse en una sección insular. Por lo tanto, también cabe y se abre la posibilidad de esta reforma a través de este mecanismo de modificación de las enmiendas que hemos puesto en la ley.

En definitiva, yo creo que hemos corregido de una forma importante muchos aspectos que habían supuesto un freno en la recepción inicial del texto por parte de los grupos parlamentarios y sobre todo también por parte de los colegios profesionales o de otras administraciones -llámense cabildos y ayuntamientos-. Repito, los cabildos están satisfechos y los ayuntamientos yo creo que también. Entre otras cosas hay una vieja reivindicación, los planes pormenorizados, los planes de desarrollo del plan básico municipal, van a ser objeto de aprobación directamente por los ayuntamientos. Por lo tanto, ¿va a simplificar?, pues por supuesto que va a simplificar, de forma importante, los procedimientos.

Luego los procedimientos, como ha manifestado el señor González, oiga, nosotros nos hemos cargado el avance... Es verdad que sigue habiendo ahí un... de plazos, pero es que la mitad de los plazos, la mitad no, muchos más, de esos plazos y de los informes que se piden nos vienen dados por la legislación sectorial o por la legislación estatal, que no podemos evitar. Y, por lo tanto, aunque uno quisiera decir "oye, yo puedo reducir los plazos"; "no, mire, es que el de 45 días no te lo puedes cargar, no puedes poner 15, por querer reducir, porque es que la ley te obliga. ¿Es que usted puede dejar de pedir un informe preceptivo a carreteras o un informe a costas? Pues no. ¿Por qué?, porque la ley te obliga.

Por lo tanto, tendremos que ver esta ley desde el punto de vista, no solamente de una forma exclusivamente, monolíticamente sobre ella, sino que también viene influida y viene constreñida por otras disposiciones, estatales o por otras disposiciones sectoriales.

En definitiva, señorías, creo que hemos dado un importante avance; que la armonización es fundamental, el texto refundido que salga, porque es lo que completará el sistema de ordenación del territorio, legislativo, y ese texto sí que es importante.

Nosotros pusimos una enmienda, dijimos que se hiciera en dos años máximo, porque entendíamos que estábamos a final de la legislatura, más luego el principio de la otra, para ser serios y no llevar a errores. Pero, bueno, si el consejero de Política Territorial, que me ha hecho una confidencia, dice estamos trabajando, igual se hace en menos, en un año. Pues, perfecto. Mucho mejor, porque dispondremos de un texto legal que armonizará y completará el conjunto de todas las disposiciones en materia territorial.

Señorías, yo creo que, aunque no vaya a haber una votación unánime, tenemos que reconocer que hay un importante acercamiento y acuerdo, porque se ha puesto de manifiesto en la ponencia y se ha puesto de manifiesto en las propias manifestaciones que han hecho aquí los portavoces de los grupos, y que ese acercamiento, aunque no se manifieste en el voto, se ha producido también con las administraciones públicas, que se ven constreñidas por esta ley, ayuntamientos y cabildos. Por eso creo que al final, aunque no vayamos ahora a votar en su conjunto toda la Cámara, podemos darnos esa felicitación de haber avanzado y de haber mejorado muchísimo lo que en un principio era un rechazo bastante, mucho más notable, por parte de los grupos de la oposición.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Emilio.

(El señor presidente hace sonar el timbre de llamada a la votación. Pausa.)

Señorías, por favor, vamos a proceder a la votación del proyecto de Ley de Armonización y simplificación en materia de protección del territorio y de los recursos naturales de Canarias.

Los grupos han intervenido defendiendo las enmiendas, los que las tenían, con turno a favor y turno en contra respecto a las otras, y fijando posiciones, y el Grupo Socialista ha fijado posiciones. Por lo tanto, concluido el debate, vamos a votar. Hay una enmienda in voce, del Grupo Parlamentario Popular, que es respecto a la final quinta, que es la entrada en vigor de la ley, que pasa de un día a veinte días. ¿Estamos todos de acuerdo en aceptar esa enmienda in voce? Pues de acuerdo. Entonces vamos a votarla, enmienda in voce, pasa a ser de la Cámara, sobre la entrada en vigor de la ley, modificando el plazo a veinte días. Comienza la votación (pausa).

Resultado: 49 presentes; 49 a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.

Queda aprobada por unanimidad.

Para seguir el orden de votaciones, vamos a votar ahora una enmienda del Grupo Mixto, que mantiene una enmienda. Comienza la votación (pausa).

Resultado: 50 presentes; 2 a favor, 32 en contra y 16 abstenciones.

Queda rechazada.

Ahora, en bloque, todas las enmiendas del Grupo Popular, salvo la disposición adicional décimo... (comentarios entre los miembros de la Mesa). (Pausa). Ah, bien, bien. Todas las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, todas. Lo que se ha pedido separado es una disposición del texto de la ley. Las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, todas en su conjunto. Comienza la votación (pausa).

Resultado: 51 presentes; 19 a favor, 30 en contra y 2 abstenciones.

Quedan rechazadas.

Y antes de votar el texto completo de la ley, vamos a votar aparte la disposición adicional decimoquinta, decimoquinta última. ¿Estamos de acuerdo, don Miguel Jorge? (Rumores en la sala).

Sí, sí, sí, sí. Estamos todos los grupos de acuerdo. La disposición, a propuesta del Grupo Nacionalista Canario, que yo creía que era propuesta del... la disposición adicional decimoquinta, última, que es la del texto de la Ley 6... Decimoquinta-decies -nueva-, sí, se ha pedido votación separada. Es la que se refiere a la modificación de la Ley 6/2002, de la actividad territorial y turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma, para que entendamos. ¿De acuerdo? Ese texto de la ley, del proyecto de ley. Comienza la votación (pausa).

Resultado: 52 presentes; 3 a favor, 30 en contra y 19 abstenciones.

Queda rechazada; por lo tanto, ese artículo no aparece en la ley. ¿De acuerdo? (Asentimiento).

Ahora vamos a votar todo el proyecto de ley restante, como ha quedado, con la enmienda in voce incorporada y con este artículo eliminado. Comienza la votación (pausa).

Resultado: 52 presentes; 33 a favor, 19 en contra y ninguna abstención.

Queda aprobado el proyecto de ley... (Rumores en la sala). (Pausa).

Señorías, por favor. Tengo que recordarles la aplicación de lo que dice el Reglamento en las votaciones. Ha habido, que yo sepa, porque así me lo han comunicado, dos errores: no vamos a entrar en quién, ha habido dos errores. Repetimos votación. Vamos a votar en su conjunto el proyecto de Ley de Armonización y simplificación en materia de protección del territorio y de los recursos naturales, con la enmienda in voce incorporada y eliminado el artículo, la disposición decimoquinta-decies, eliminada esa. Todo el bloque del proyecto de ley. Atiendan, señorías. Comienza la votación (pausa).

Resultado: 53 presentes; 31 a favor, 22 en contra y ninguna abstención.

Queda aprobado el proyecto de ley, que ya es ley. (Aplausos.)

Señor consejero de Obras Públicas, Transportes... (El señor Jorge Blanco solicita intervenir).

Sí, ¿perdón? Perdón, perdón. Sí, don Miguel, diga.

El señor JORGE BLANCO (Desde su escaño): Señor presidente, es que la decimoquinta-decies, a la que usted se refiere, en el texto que me pasó el letrado no habla de eso, sino que habla del tema de Ojos de Garza, en Telde.

El señor PRESIDENTE: No, no, no, no. No, es la decimoquinta-undecies, tiene usted razón. La undecies.

El señor JORGE BLANCO (Desde su escaño): Ah, undecies. Ah, yo le entendí...

El señor PRESIDENTE: No, no, si me decía... sí, sí, es posible que entendiera, pero es la undecies.

Tiene la palabra el señor consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, don Domingo Berriel.

El señor CONSEJERO DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES Y POLÍTICA TERRITORIAL (Berriel Martínez): Muchas gracias, señor presidente.

Y muy brevemente, porque la comparecencia del Gobierno es solo para agradecer la dedicación, el empeño de los grupos parlamentarios en el tratamiento de este complejo texto y, de forma muy especial, a los ponentes, que han dedicado muchísimo tiempo, insisto, a sacar la mejor norma posible, en un texto que ciertamente es complejo, porque compleja es la materia que regula.

Así que solo cabe esperar que se aplique con acierto. Esta norma, desde luego los principales aplicadores, que son los ayuntamientos y los cabildos, tienen en ella el reflejo de sus voluntades también, porque fue un proceso amplio, tedioso, pero muy participativo.

Y nada más, sencillamente, darles las gracias a todos por la dedicación, el esfuerzo y este ejercicio democrático tan interesante realizado con esta norma tan compleja.

Muchas gracias.

(Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Domingo Berriel, señor consejero.