Diario de Sesiones 12, de fecha 27/10/2015
Punto 29

9L/C-0159 COMPARECENCIA DEL GOBIERNO -CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD-, INSTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO NACIONALISTA CANARIO (CC-PNC), SOBRE EL DESARROLLO DE LA DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA DE LA LEY DE CABILDOS INSULARES SOBRE REVISIÓN DE LA LEGISLACIÓN SECTORIAL.

La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Tavío Ascanio): También al señor consejero de la Presidencia, Justicia e Igualdad, sobre el desarrollo de la disposición final segunda de la Ley de Cabildos Insulares sobre revisión de la legislación sectorial.

En nombre del grupo proponente, tiene la palabra su señoría la señora diputada doña Socorro Beato Castellano.

La señora BEATO CASTELLANO: Gracias, señora presidenta. Señorías, señor consejero, buenas tardes.

En la pasada legislatura se aprobaron dos importantes leyes para la reforma de las administraciones públicas canarias que han supuesto un antes y un después en la organización y el funcionamiento de nuestras corporaciones locales. Nos referimos a la Ley 7/2015 de los Municipios de Canarias y a la Ley 8/2015 de Cabildos Insulares.

Tenemos que destacar el amplio consenso en ambos casos, primero el diálogo y el consenso institucional con la Federación Canaria de Municipios y con la Federación Canaria de Islas y luego el consenso conseguido aquí en este Parlamento; gracias a la generosidad de todos los grupos presentes en aquella cámara y del intenso trabajo de los ponentes, fue posible su aprobación, en ambos casos, por unanimidad.

Si bien esta comparecencia la hemos solicitado hoy en relación a la Ley de Cabildos Insulares, citamos ambas leyes porque fueron elaboradas, como recordarán, en paralelo, y es indudable que están profundamente interrelacionadas, porque ambas constituyen la arquitectura institucional básica de nuestra comunidad autónoma; ambas persiguen clarificar el sistema competencial entre nuestros tres niveles de administración: la administración local, la administración autonómica y la administración insular. Con esta finalidad la disposición final segunda de la Ley de Cabildos establece el mandato para la revisión de la legislación sectorial para eliminar duplicidades competenciales.

Señor consejero, el objetivo tiene que ser mejorar la asignación de competencias entre nuestras administraciones públicas para que los ciudadanos tengan claro a qué administración tienen que ir cuando tienen un problema o cuando necesitan algún servicio público; que no hagamos perder el tiempo a los ciudadanos ni a las empresas de un lado para otro, de una administración a otra o de una ventanilla a otra; que los procedimientos no se eternicen, porque son varias las administraciones que intervienen en su resolución.

Para el Grupo Nacionalista Canario el ajuste competencial es una prioridad, así se plasmó en el pacto para la gobernabilidad de Canarias y así lo anunció el presidente en el discurso de investidura. Hay que conseguir una administración más ágil y más cercana al ciudadano, y, sobre todo, una administración que impulse nuestra economía. Por eso le hemos solicitado esta comparecencia para que nos cuente cómo va a llevar a cabo esa revisión competencial que marca la disposición final de la Ley de Cabildos, para que nos explique cuáles son los objetivos que se ha marcado el Gobierno, queremos saber en cuánto tiempo piensa hacerlo; en definitiva, el procedimiento a seguir y la planificación que el Gobierno tiene prevista.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Tavío Ascanio): En nombre del Gobierno, tiene nuevamente la palabra el señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, el señor don Aarón Afonso González.

El señor CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD (Afonso González): Gracias, presidenta. Señorías, buenas tardes.

Pues bien, el pasado jueves 15 de octubre el Consejo de Gobierno aprobó la propuesta de acuerdo sobre el procedimiento de análisis y revisión de la legislación sectorial para la detección y corrección de duplicidades de competencias administrativas de las administraciones públicas canarias, tal y como se establece en la disposición adicional segunda de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares. Se trata de un objetivo muy ambicioso que, como ya he dicho en varias ocasiones, es una de las metas más importantes que acometerá el Ejecutivo en la presente legislatura, y requerirá no solo el impulso decidido y valiente que daremos desde nuestro departamento, sino del concurso de todo el Gobierno para poder completarlo.

Quiero resaltar que en el marco del cumplimiento de lo establecido en la citada legislación y en los compromisos asumidos en el pacto de gobierno 2015-2019, el Ejecutivo también considera necesario poner en marcha este estudio de la legislación para llevar a cabo un nuevo proceso de descentralización de competencias hacia las administraciones públicas más cercanas al ciudadano. En este sentido, hay que resaltar que el propio acuerdo de gobernabilidad incluye la necesidad de llevar a cabo un nuevo proceso de descentralización de competencias en cabildos y ayuntamientos de forma que sean ellos, en las materias que se determinen, los responsables de la ejecución de las políticas que se fijen por la Administración de la comunidad autónoma, dada su mayor proximidad a la ciudadanía.

Poner en marcha este proceso cuanto antes es necesario porque les recuerdo que la disposición final segunda de la citada ley establece que en el plazo de dos años a partir de su entrada en vigor los distintos departamentos del Ejecutivo regional y de los cabildos deben emprender esta revisión y análisis de la legislación sectorial en el ámbito de sus competencias, para hallar y suprimir las duplicidades administrativas que se detecten, a efecto de que el Gobierno remita una comunicación a esta Cámara con los resultados obtenidos.

Tanto la Ley 8/2015, de Cabildos Insulares como la Ley 7, del mismo año, de los Municipios de Canarias, establecen los sectores que unos y otros pueden tener, los sectores en los que unos y otros pueden tener competencias, y fijan los criterios que deben tomarse en cuenta al determinar las que corresponden a ambas administraciones.

Como ya es sabido, la atribución de competencias propias y delegadas tanto a cabildos como a municipios, así como las transferidas a las corporaciones insulares, no pueden implicar un incremento del gasto público, en sintonía con lo dispuesto en la legislación básica de régimen local. En el caso de los municipios la ley establece que será la legislación sectorial la que determine las competencias concretas que puedan ejercer, dentro de las funciones que les atribuye como competencias propias, para lo cual se debe atender a los principios previstos en la legislación básica de régimen local, que incluye la garantía de la autonomía municipal, la máxima proximidad a la ciudadanía, igualdad en el acceso a los servicios públicos, así como suficiencia financiera y estabilidad presupuestaria. Además, la atribución de competencias en este caso deberá atender a los principios de descentralización y ausencia de duplicidad administrativa y eficiencia. Por su parte, la asignación de competencias a los cabildos puede hacerse no solo a través de la legislación sectorial, como en el caso de los municipios, sino también por disposición del Gobierno de Canarias a través de decretos de transferencia de competencias, debido a que son también instituciones de la comunidad autónoma.

En cualquier caso, sea por la legislación sectorial o vía decreto autonómico de transferencia de competencias, la asignación debe responder a los principios recogidos por la ley.

En el caso de la atribución de las competencias propias, se trata de la garantía de la autonomía insular, la eficacia, la eficiencia, la máxima proximidad a la ciudadanía, no duplicidad de competencias, estabilidad presupuestaria y suficiencia financiera.

En cuanto a los principios de atribución de competencias por transferencia o delegación, esta puede efectuarse sobre materias no reservadas a la Administración regional que no se hayan asignado a los municipios. En el caso concreto de la delegación de competencias, debe responder a los principios de máxima proximidad a la ciudadanía.

Con arreglo a estos principios y reglas para llevar a cabo esta labor en la Administración autonómica, cada departamento revisará la legislación sectorial de los ámbitos funcionales que tiene atribuidos de acuerdo con lo establecido en el Decreto 183 de 2015, que es el que determina la estructura central y periférica, así como las sedes de las consejerías del Gobierno de Canarias, con el objetivo de alcanzar una administración más ágil y con un reparto claro desde el punto de vista competencial. A tal efecto se elaborará un informe que deje constancia de la existencia de las duplicidades halladas, las materias que deba reservarse la comunidad autónoma y la razón de ello, así como las competencias de las consejerías de la Administración regional que puedan ser atribuidas a cabildos o municipios, sea como competencias propias, transferidas o delegadas, según los principios, que ya les he dicho anteriormente, están contemplados en la ley.

Este trabajo será coordinado por las secretarías generales técnicas en el ámbito de sus respectivos departamentos, que también son las responsables de elaborar el informe que recoja los resultados del análisis, el cual se deberá realizar en un plazo máximo que hemos fijado dentro del Gobierno de Canarias en siete meses a partir de la fecha de aprobación del acuerdo de gobierno que puso en marcha este proceso.

La consejería que dirijo es la responsable de integrar en uno solo los distintos informes de cada departamento, del cual se dará cuenta al Gobierno, y, una vez dé su conformidad, será sometido a audiencia de los municipios y cabildos a través de la Fecam y la Fecai, y, en su caso, desde que estén en funcionamiento se pedirá informe del Consejo de Colaboración Insular y del Consejo Municipal de Canarias, como órganos colegiados de colaboración y coordinación entre la Administración pública de la comunidad autónoma y los municipios y cabildos.

Una vez que el informe recoja las modificaciones que procedan, tras las aportaciones y consideraciones realizadas, mi departamento lo elevará para su aprobación, así como para determinar los sectores prioritarios en los que debe llevarse a cabo la reordenación competencial.

Del acuerdo final se dará cuenta a este Parlamento, de conformidad con lo establecido en la disposición final segunda de la Ley de Cabildos Insulares, con objeto, como no puede ser de otra forma, de dar cumplimiento a la revisión de la legislación sectorial que en esta se prevé, a fin de detectar y corregir las duplicidades administrativas y competenciales que puedan existir en el ámbito de la Administración.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Tavío Ascanio): En nombre de los grupos no solicitantes de la comparecencia, en nombre del Grupo Mixto, tiene la palabra, su señoría, el señor diputado don Casimiro Curbelo Curbelo.

El señor CURBELO CURBELO: Gracias, presidenta. Señor consejero. Señorías.

Este grupo valora positivamente la voluntad política manifestada por el señor consejero en esta comparecencia, y por el Ejecutivo en general, de simplificar la Administración. Esa es una reivindicación histórica que tenemos las corporaciones públicas y los ciudadanos.

En poco tiempo se empiezan a concretar pasos, como los trabajos de redacción de la nueva ley de ordenación del territorio, que ya se expresó en esta Cámara, o la aprobación hace escasamente doce días de revisar la legislación sectorial, tal y como acaba de expresar hoy, para la detección y corrección de duplicidades de competencias administrativas de las administraciones públicas canarias, tal y como determina la disposición adicional segunda.

Nos complace aún más, señor consejero, oír de su boca esa voluntad política -estoy completamente seguro de que no va a parar, sino que hasta que se llegue al final será constante su esfuerzo-, digo, de encaminar esos trabajos a la simplificación, hacia la descentralización de competencias, y me alegro porque no entiendo una cosa sin la otra, son absolutamente la una y la otra imprescindibles para lograr el objetivo final que perseguimos. Poner orden en nuestro mapa competencial es necesario si queremos, como he oído en esta Cámara en más de una ocasión, y como hemos demandado los cabildos y ayuntamientos canarios, que la Administración impulse y no frene, que gane en eficacia, que gane en eficiencia, que se aproxime al ciudadano; en definitiva, que las trabas burocráticas no pueden seguir siendo un problema para los ciudadanos, para eso debemos asumir de una vez por todas, y no solo de palabra, que la Administración debe estar cerca y al servicio de los ciudadanos, y no al revés. Por ello, estos trabajos previos y de análisis para determinar cómo debe abordarse esta nueva descentralización de competencias, ese paso, más que nunca, determinó darse. Que se complete el proceso de transferencias hacia las comunidades autónomas por parte del Estado y que acabe depositándose las mismas en manos de los cabildos y de los ayuntamientos es algo que demandamos todos.

Por eso espero, señor consejero, que el debate que se inicia ahora no se prolongue en el tiempo y sea este Gobierno capaz de convertir en realidad lo señalado en su programa de gobierno, como usted bien señalaba en su intervención.

Tenga por seguro que desde este grupo, desde el Grupo Mixto, estaremos vigilantes de ello, pero también estaremos para apoyar en todo aquello que sea necesario, no solo desde la Administración pública de la que soy presidente, del cabildo, sino también desde nuestro grupo parlamentario, para trabajar codo con codo en ese objetivo, porque al final gana Canarias y ganan los ciudadanos en eficiencia y en aproximarse a una realidad que todos queremos.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Tavío Ascanio): En nombre del grupo político Nueva Canarias tiene la palabra, su señoría, el señor diputado don Román Rodríguez Rodríguez.

El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ (Desde su escaño): Gracias, señora presidenta. Señorías, buenas tardes.

Es elemental que, si se hacen las leyes, se deban cumplir sus previsiones. Y la disposición a la que hace referencia la comparecencia dice que el Gobierno debe revisar las duplicidades para evitarlas y debe proseguir en el proceso de descentralización. Por lo tanto, nada que objetar, absolutamente de acuerdo.

Lo que digo es que esto lo dice todo el mundo cuando llega al Gobierno, ¿no? Cuando se llega al Gobierno uno piensa que todo lo que estaba antes es mejorable y que uno va a intentar resolver todo eso. Y yo creo que es una apetencia personal muy razonable.

De manera que nos parece bien que el Gobierno evalúe la situación de las duplicidades y nos parece bien que el Gobierno prosiga en el proceso de descentralización, aunque siempre decimos en relación a este tema que tratamos de mitificar los problemas de la sociedad canaria, casi siempre, relacionando sus dificultades con el papel de las administraciones públicas. Y yo creo que eso es solo una parte de la verdad, una parte de la realidad. Creo que las administraciones públicas tenemos que mejorar, tenemos que ser seguras, tenemos que ser claras, tenemos que ser transparentes, tenemos que ser eficaces, pero los asuntos que afectan a esta sociedad no solo dependen del papel de lo público sino del conjunto del funcionamiento de la sociedad, y en ocasiones tratamos de dar la sensación, yo creo que exagerada, de que los problemas de la sociedad moderna están vinculados al tamaño y al funcionamiento del sector público. Y ya nos gustaría, porque bastaría con que actuáramos en esta parte de la realidad para arreglar todos los problemas.

De manera que nos parece una comparecencia oportuna, cierto es que reclama que se cumplan las leyes, nos parece bien, y, en fin, animamos al consejero a que siga en el cumplimiento de las normas, que para eso se hacen, ¿no?

La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Tavío Ascanio): Por el Grupo Parlamentario Podemos, tiene la palabra el señor diputado don Francisco Antonio Déniz Ramírez.

El señor DÉNIZ RAMÍREZ: Señora presidenta. Señorías.

También nosotros estamos de acuerdo en que esto se revise: la posible duplicidad en cuanto a competencias en las instituciones públicas, estamos muy de acuerdo y estamos pensando fundamentalmente en que esta democracia tiene que democratizarse aún más, acercando algunos servicios y facilitándole al ciudadano agilizar sus trámites, los trámites pertinentes.

Estamos de acuerdo, como se ha dicho en los últimos días, en que determinadas cuestiones tienen que estar totalmente descentralizadas, cuestiones que tienen que ver con la dependencia, con las viviendas y con algún tipo de servicios públicos. Ahora bien, nosotros entendemos que algunas instituciones no pueden ser subsidiarias de otras, por ejemplo, en el ámbito del territorio, y es la percepción que nosotros queremos introducir en esta Cámara, estamos bastante preocupados, pensamos que lo que se está barruntando con esta cuestión de descentralizar es una liberalización total de las leyes y la legislación respecto a la utilidad del suelo y del territorio. Nosotros consideramos que algunas cuestiones que deben ser consideradas estratégicas para Canarias, como el suelo, que es un bien escasísimo en nuestro país canario, tienen que ser de ámbito competencial del Gobierno canario, y la duda que tenemos y la sospecha que tenemos es que lo que se está barruntando, precisamente, es una liberalización absoluta en estos términos.

Ha habido en los últimos tiempos alguna declaración de algunos presidentes de cabildo exigiendo competencias para poder construir hoteles de cuatro y cinco estrellas, también estamos convencidos que se está preparando una iniciativa legislativa para permitir esta posibilidad, y nosotros pensamos que es un error tremendo, es un error, y es volver otra vez al pasado. Precisamente estamos convencidos de la experiencia que tenemos, y parece mentira que ustedes no aprendan de lo que ha pasado. Lo que ha sucedido es que la corrupción, el desastre urbanístico en Canarias, empezó precisamente por liberalizaciones totalmente del suelo, recalificaciones del territorio; empezó por los municipios turísticos, siguió luego con los cabildos, y así estamos como estamos. Hoy tenemos un suelo totalmente escaso, y a nosotros nos gustaría saber si el Gobierno de Canarias tiene pensado derivar este tipo de competencias a los municipios y a los cabildos.

Entendemos que no podemos poner, someterlo a los grupos de presión, que hasta ahora han modificado las leyes del territorio, pensamos que no podemos poner este tipo de cuestiones al servicio de los grupos de intereses, como los grandes constructores fundamentalmente, que han hecho del territorio lo que todos conocemos, y por eso tenemos un temor, no solamente nosotros sino la ciudadanía, porque si el suelo es un valor estratégico para los canarios tiene que seguir siendo competencia, y nosotros lo que estamos pensando es que aquí se está intentando descabezar las competencias de la Cotmac, y eso es un peligro. Duplicidades no...

La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Tavío Ascanio): Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra, su señoría, el señor diputado don Miguel Jorge Blanco.

El señor JORGE BLANCO (Desde su escaño): Gracias, señora presidenta.

Conozco bien esta disposición final segunda, señor consejero, no en vano fue fruto de una enmienda del Grupo Parlamentario Popular, en ese consenso general que hubo en la redacción de la Ley de Cabildos y la Ley de Municipios de Canarias en el mandato pasado, al final del mandato pasado.

Y en esta disposición final recuerdo que el Grupo Popular presentó la enmienda para incluir que ese análisis no solo fuera fruto de los miembros del Gobierno sino que también los cabildos insulares participaran en el estudio, en el análisis, en la redacción de las conclusiones respectivas para buscar una mejor eficacia y funcionalidad en las competencias que ejerce la Comunidad Autónoma de Canarias.

Yo le hago alguna sugerencia. Quizá nos hemos quedado cortos en esa disposición final, porque habla solo de duplicidades, pero yo creo que hay que ampliarlo más a la reasignación de competencias. Le pongo un ejemplo: la política turística, o, mejor dicho, las competencias en materia turística fueron mayormente transferidas a los cabildos insulares, excepto las sanciones, o la inspección y las sanciones. Mi grupo parlamentario ha propuesto en otros momentos del mandato pasado, y lo propone también y lo propondrá en este, que eso también pase a los cabildos insulares, no tiene sentido ir dejando hijuelas en manos del Gobierno cuando todas estas cosas deberían estar en manos de los cabildos.

Y le añado otra cuestión más, porque a mí me gusta bajar a los ejemplos, mire, en profundo desacuerdo con lo que el señor Déniz acaba de decir en la tribuna, yo creo que es bueno en Canarias que se construyan hoteles de cinco, de cuatro, de tres y de lo que cada inversor o promotor estime conveniente, ya no lo dice el Grupo Popular, sino que hasta el Tribunal Constitucional, en reciente sentencia, ha reconocido que eso forma parte de la esencia de la libertad del empresario y, además, de acuerdo a la normativa europea de liberalización de servicios.

Mire, no se puede en la ley general hablar de este tipo de cosas y en la ley sectorial hacer lo contrario. El Gobierno, en la ley, en la última modificación de la ley turística, exige a un señor que quiera construir un hotel de cuatro estrellas en Canarias que pase por tres administraciones para hacer lo mismo, para autorizar un hotel de cuatro estrellas hace falta ir al Gobierno de Canarias, al cabildo insular posteriormente y después al ayuntamiento para tener la respectiva licencia urbanística. Esas cosas son las que hay que resolver porque, si de verdad queremos mover en último término el empleo en Canarias, pues, la administración tiene que coadyuvar a que eso se produzca. Va a tener, como no puede ser de otra manera, señor consejero, la colaboración de todo el Partido Popular, del grupo parlamentario, y la mía particularmente y lo que deseo es que cuanto antes se traiga ese informe al Parlamento...

La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Tavío Ascanio): En nombre del Grupo Socialista Canario, tiene la palabra, su señoría, el señor diputado don José Ignacio Álvaro Lavandera.

El señor ÁLVARO LAVANDERA: Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías.

Primero, me gustaría aclarar que estamos circunscribiendo el debate a la Ley de Cabildos no a la ley del territorio por algunas cuestiones que se han dicho aquí en este estrado y que creo que no proceden, al menos en el debate de esta ley.

Me gustaría empezar recordando además, señorías, que la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, fue aprobada por unanimidad de esta Cámara, tal y como ya se ha dicho, una ley fruto del trabajo y consenso no solo de los grupos parlamentarios sino también de la Fecai con su participación activa y el intenso trabajo de su antecesor en el cargo, señor consejero, nuestro compañero Francisco Hernández Spínola. Una ley que junto con la Ley de Municipios de Canarias establece un nuevo marco normativo que, sin duda, tiene como objetivo principal la mejora de la vida de la ciudadanía canaria. Fue un compromiso del Gobierno anterior y es un compromiso del actual el correcto y satisfactorio desarrollo de la misma y estamos seguros de que, al igual que su antecesor, señor consejero, estará a la altura de las circunstancias y liderará este proceso con éxito.

Una ley que incluye varias premisas desde la suficiencia financiera en las competencias que cada administración debe ejercer, una financiación que en la medida en que mejore la financiación autonómica, y en eso estamos a la espera de un nuevo sistema de financiación por cierto, esta también mejorará, hasta también la revisión de la legislación sectorial correspondiente a los ámbitos funcionales de sus competencias para detectar y corregir las duplicidades de competencias administrativas de las distintas administraciones públicas de Canarias, tal y como recoge la disposición final segunda que hoy estamos debatiendo, y que da de plazo, y vamos a poner ya el plazo, hasta el 14 de junio de 2017 para que el Gobierno de Canarias remita una comunicación al respecto a este Parlamento para su debate.

Señor consejero, es desde luego un objetivo ambicioso detectar y corregir las duplicidades administrativas entre las distintas administraciones públicas canarias. Debe ser un proceso paralelo, como ya se decía por parte del portavoz de la Agrupación Socialista Gomera, al proceso de asignación de competencias de cada una de ellas, un proceso de descentralización que procure en la proximidad de los servicios a la ciudadanía, la igualdad en el acceso a los servicios públicos y la necesaria suficiencia financiera y estabilidad presupuestaria; un proceso que busca no solo una mejor asignación del gasto público, también y, desde luego, una mejora de los servicios que se prestan por parte de las administraciones públicas.

Difícil pero necesaria tarea, señor consejero, hay que reconocerlo, va a ser difícil, pero, en cualquier caso, estoy seguro de que todo el Gobierno se volcará en ello, y que, como ya le dije al principio, usted lo sabrá liderar con éxito.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Tavío Ascanio): Pasamos a una segunda intervención del grupo proponente de esta comparecencia. Tiene la palabra la señora diputada doña Socorro Beato Castellano.

La señora BEATO CASTELLANO: Gracias, señora presidenta.

Confiamos y nos alegramos de que todos los grupos se sumen al consenso de esta tarea. Confiamos en la voluntad y en la capacidad del Gobierno para liderar este proceso. El Gobierno está decidido y compartimos que es un objetivo prioritario conseguir unas administraciones públicas más ágiles, más cercanas al ciudadano, que presten mejores servicios y que impulsen la economía. Tampoco vamos a mezclar churras con merinas, estamos hablando de lo que toca hoy, de cómo el Gobierno va a afrontar el análisis de la legislación competencial.

El Gobierno de Canarias empieza hoy un proceso que va a ser determinante y de una relevancia política extraordinaria para los próximos años porque supondrá una reforma de enorme calado en nuestras administraciones públicas y va a transformar el modo en que se presten los servicios públicos en el futuro. Este punto es un punto dentro de la estrategia de simplificación que el Gobierno tiene prevista en su programa y en su pacto para la gobernabilidad.

Como decía el señor consejero, la Ley de Cabildos Insulares establece el marco necesario para evitar duplicidades y solapamientos. Ese es el punto de partida y en ese marco es en el que debemos movernos.

Según el mandato de esta disposición final segunda, en el plazo de dos años se procederá por parte de los departamentos al análisis y la revisión de la legislación sectorial para detectar y corregir duplicidades. Transcurrido ese plazo de dos años, se remitirá una comunicación a este Parlamento (Se reincorpora a su lugar en la Mesa la señora presidenta).

Se trata, permítanme el símil, de una operación de cirugía fina, departamento a departamento, norma a norma, competencia a competencia. Es un proceso que se tiene que hacer con el máximo rigor porque hay que analizar, desde la legalidad vigente, qué es lo mejor para los ciudadanos, para nuestras empresas y para el impulso a la economía. Sabemos que será un proceso minucioso y complejo, y para garantizar el óptimo resultado del mismo es importante la planificación, definir bien el procedimiento, la metodología a emplear, los criterios a seguir, los objetivos que se persiguen y las responsabilidades de cada grupo de trabajo. De su exposición deducimos que el acuerdo de gobierno fija, de forma precisa, todos esos extremos.

Además de la tarea de revisión de la legislación sectorial, para detectar y corregir duplicidades, el Gobierno se ha fijado un objetivo aún más ambicioso: se inicia también el estudio para la descentralización de competencias hacia las administraciones públicas más cercanas al ciudadano.

Desde el Grupo Nacionalista Canario creemos que será preciso combinar cuatro grandes criterios: la cercanía al ciudadano; la capacidad real de cada administración para ejercer la competencia y la función que se le asigne; en tercer lugar, el mejor aprovechamiento de los recursos públicos; y, en cuarto punto, la absoluta garantía del acceso de todos los ciudadanos en igualdad de condiciones a todos los servicios públicos.

Por encima de todo tiene que estar el principio de subsidiariedad, una subsidiariedad en su doble vertiente: de máxima proximidad al ciudadano, y, por otra parte, de la capacidad de cada administración para desempeñar la competencia con eficacia y con el menor coste posible.

Hay cuestiones que son prioritarias, como los servicios básicos en materia de prestaciones sociales que deben estar pegados a los ciudadanos, y, por tanto, son los ayuntamientos los que mejor pueden prestarlas, o funciones que afectan al territorio o al medioambiente cuya planificación debería ser eminentemente insular, pero eso lo va a determinar el estudio. Hay que definir en ese estudio qué competencias son de interés autonómico, cuáles satisfacen intereses insulares y qué competencias son de interés vecinal y, por lo tanto, es preciso que las ejerza la administración más cercana al ciudadano, el ayuntamiento.

Pero, además de este principio de subsidiariedad, el principio de equidad. La asignación competencial debe lograr que los ciudadanos no se vean discriminados en cuanto a la cantidad y a la calidad de los servicios que reciben. Nos referimos a la igualdad en el acceso a los servicios públicos independientemente de la isla en que se resida. Los ciudadanos de las islas no capitalinas deben poder disfrutar de los mismos servicios y en igualdad de condiciones que los de las islas capitalinas. La solidaridad y la cohesión social entre todas las islas han de prevalecer en el proceso.

Este es un proceso que todo el Gobierno, bajo su coordinación, tiene que asumir con valentía y con determinación. A usted le corresponde impulsar y coordinar, pero todo el Gobierno ha de empujar en la misma dirección. Y también hay que contar, como se hizo, con las leyes de las que trae causa con la Fecam y con la Fecai. Hay que escuchar a todas las administraciones, hay que escuchar a los cabildos y a los ayuntamientos; el diálogo y el consenso, también aquí, es imprescindible.

Por eso, señor consejero, le preguntamos cuándo tiene prevista la constitución del Consejo de Colaboración Insular, creado por el artículo 128 de la Ley de Cabildos Insulares, y la creación del Consejo Municipal de Canarias, creado también por la disposición adicional quinta de la Ley de Municipios de Canarias.

Estamos seguros de que aunando voluntades todos los departamentos del Gobierno, y dialogando con cabildos y ayuntamientos, será capaz de emitir, el Gobierno, una buena comunicación a este Parlamento, porque será este Parlamento el que asumirá el protagonismo de consensuar y emitir las propuestas de resolución y la hoja de ruta para clarificar un panorama competencial más adecuado a la realidad y a la demanda de la ciudadanía; un panorama competencial que nos permita ahondar en esta legislatura en la consecución de unas administraciones públicas canarias más ágiles, más flexibles, más eficientes, más cercanas al ciudadano, y que impulsen la economía.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Socorro.

Para cerrar, el consejero de Presidencia.

El señor CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD (Afonso González): Gracias, presidenta. Señorías.

Agradecer, como no puede ser de otra manera, la intervención de todos los grupos parlamentarios. Desde el Gobierno entendemos que tanto la Ley de Municipios de Canarias como la Ley de Cabildos Insulares, con su aprobación en la anterior legislatura por unanimidad de todos los grupos parlamentarios que estaban en esta Cámara, implicó un paso que entendíamos esencial en el proceso que vamos a iniciar en esta legislatura, de evitar y trabajar para detectar esas duplicidades administrativas, esas duplicidades competenciales que existen en los tres niveles de la administración en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Yo me alegro de que con la representación parlamentaria que existe en esta legislatura, y después de escuchar todas las intervenciones, el consenso que existe sea claro y evidente en la línea que tiene que seguir el Gobierno de Canarias en esta materia, un proceso que debe ser de diálogo y consenso, como no puede ser de otra forma, con los cabildos insulares y con los ayuntamientos canarios.

En esa línea, preguntaba expresamente la portavoz del Grupo Nacionalista cuándo tenía previsto el Gobierno de Canarias aprobar el Consejo de Colaboración Insular y el Consejo Municipal. En esta pregunta concreta, trasladarle que desde el Gobierno se está trabajando en el desarrollo reglamentario de ambas leyes, y con la mayor celeridad posible, pues, trataremos de impulsar esos decretos para que puedan estar aprobados a lo largo del año 2016. En el proceso que hemos abierto, ya decíamos que en ese diálogo y consenso con ayuntamientos y cabildos, en el planteamiento que efectúe el Gobierno después de realizar el análisis interno, dentro de la Administración autonómica se abre la vía de audiencia de la Fecai y de la Fecam que inicialmente tenemos prevista, o bien el informe previo si ya están constituidos en ese momento tanto el Consejo de Colaboración Insular como el Consejo Municipal.

Por lo demás, yo creo que los planteamientos que se han efectuado por el señor Déniz y por el señor Jorge, centrando o poniendo ejemplos concretos, yo creo que básicamente lo que querían era evidenciar, por un lado, problemas que, evidentemente existen en el ámbito competencial, donde la ciudadanía tiene que dirigirse a tres administraciones para conseguir o realizar un trámite -era el ejemplo del señor Jorge-, y respecto a lo que planteaba el señor Déniz, evidentemente lo ha centrado en un ámbito específico de política territorial, ya llegará el momento de discutir cuál debe ser la administración que ejerza o a la que se atribuya esa competencia. En este momento inicial, lo que estamos discutiendo en este momento en la Cámara es cuál es el procedimiento que hemos previsto, que hemos elaborado para el desarrollo de la disposición final segunda; y, en ese sentido, con las intervenciones que se han efectuado en esta Cámara, yo creo que entendemos que todos estamos de acuerdo.

Simplemente recalcar -ya lo decía en mi primera intervención y ya lo han repetido ustedes-: creemos que el objetivo es un objetivo ambicioso, que desde el punto de vista político es un proceso fundamental, y que nos va a exigir a todos altura de miras para alcanzar aquellos acuerdos que van a ser necesarios para que, con el mapa competencial que nos dimos con la aprobación de las leyes, tanto la canaria de municipios como la de cabildos, pueda finalmente alcanzarse un consenso entre todos para que la ciudadanía, evidentemente, salga beneficiada bajo un principio que para el Gobierno actual es fundamental, que es el principio de subsidiariedad, y que, por tanto, bajo una premisa clara de eficiencia en la gestión de los recursos, la competencia se ejerza en aquella administración más cercana a la ciudadanía que los intereses en juego permitan.

Por lo demás, trasladar que en el acuerdo que se ha aprobado por el Gobierno el pasado 15 de octubre, por supuesto que hay unos objetivos claros, una metodología para que se trabaje en común por parte de todos los departamentos que tienen que efectuar ese informe inicial, y con unos objetivos claros. Esos objetivos claros tienen marcado un plazo que evidentemente es el plazo legal, que todos conocíamos; ya el señor Lavandera lo exponía en su intervención, y es el que establece la disposición final segunda: dos años desde la entrada en vigor de la ley de cabildos que, como ustedes saben, se produjo en junio del 2015; por tanto, la comunicación a esta sede parlamentaria, en concreto al Parlamento de Canarias, deberá efectuarse en junio de 2017, objetivo ambicioso pero, por parte del Gobierno y por parte del titular de esta consejería, pondremos todo el empeño para lograrlo y aportar una comunicación del Gobierno a este Parlamento que sea consensuada con cabildos y municipios de Canarias.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor consejero.

Hemos finalizado esta comparecencia.