Diario de Sesiones 157/2015, de fecha 11/2/2015 - Punto 5

8L/I-0054 INTERPELACIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR, SOBRE FUNCIÓN PÚBLICA, DIRIGIDA AL GOBIERNO.

El señor PRESIDENTE: Concluido el punto de comparecencias, vamos a tratar las interpelaciones. Interpelación del Grupo Parlamentario Popular, sobre función pública, dirigida al Gobierno.

Don Jorge Rodríguez, Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra.

El señor RODRÍGUEZ PÉREZ: Señor presidente, señorías, señor consejero.

No recuerdo si en el transcurso de esta legislatura en esta Cámara hemos abordado en alguna ocasión, con carácter más monográfico o simplemente de manera muy tangencial, el ámbito de lo que es exactamente el debate sobre la Administración pública autonómica canaria, en definitiva, en resumidas cuentas, la función pública canaria.

Bien está decir que, en un estado generalizado de conflictividad, de creciente crispación, de ansiedad y desconcierto como el que hemos vivido años pasados, se planteen debates sobre algunos de los problemas que más cercanos tenemos, que más nos acucian, como pueden ser, a modo de ejemplo, la insuficiente financiación de las empresas, la baja productividad, la reforma laboral o el tamaño, eficacia y eficiencia de la Administración pública, algo que ha formado parte también de los debates públicos. Son todos ellos asuntos, en cualquier caso, de la suficiente trascendencia como para demandar, en esos mismos debates, un mínimo de serenidad, de rigor y también de responsabilidad a la hora de plantear propuestas que resulten reales, que resulten, mejor dicho, realistas y sobre todo eficaces.

Una de ellas, como digo, es la que afecta a la reforma de la Administración. Yo creo que hay unanimidad en lo que a la necesidad de la reforma de la Administración se refiere. Repito, me parece incuestionable también que en España se necesita una reforma administrativa y en especial también de la Administración autonómica y de la Administración local. Se trata de un asunto pendiente, lo sabemos desde hace bastantes años, y no por una única razón de tipo coyuntural, como puede ser la necesidad de un ajuste en el gasto público, sino porque, en una economía moderna, en una economía competitiva, se necesita de una Administración moderna, de una Administración dotada de los suficientes recursos y lo suficientemente avanzada, capaz de lograr la excelencia en el desarrollo de sus competencias.

Para conseguir que el sector público se transforme y sobre todo juegue el papel que le corresponde, se necesita voluntad política, sin duda alguna, se necesita visión de futuro y sobre todo se necesita consenso. No obstante, es igualmente necesario que la esfera política ocupe su lugar y no se mezcle, de manera inadecuada, con la administrativa, así como que el sector público y el privado se entiendan y colaboren para abordar retos comunes, porque es absolutamente necesaria la colaboración público-privada.

Necesitamos -y bajamos ya a nuestra casa-, necesitamos una Administración en Canarias independiente, profesionalizada y sin injerencias o intereses espurios. La función pública, señor consejero, debe estar libre de ataduras políticas para que realmente sirva a los intereses de los ciudadanos y, claro, también de la sociedad en general, no de los partidos. Nada hay, nada hay que influya más en el presente y en el futuro de un país, de una región, que la salud de su Administración pública y sobre todo de cómo la gestionen sus gobernantes. Que lo público funcione bien nos interesa a todos, que la Administración funcione bien les interesa a los funcionarios y les interesa también, cómo no, a los políticos, pero sobre todo al conjunto de los ciudadanos. Y por una razón: porque la calidad de la organización y gestión de las administraciones públicas influye, sobre todo influye decisivamente en la calidad y eficiencia de todo el sistema económico y social.

A la Administración pública autonómica, en función de nuestro marco legal, le corresponde la tarea de garantizar la provisión de los servicios públicos, y hacerlo además con altas dosis de equidad, de eficiencia es fundamental para garantizar que la actividad social, que la actividad económica y sobre todo también la actividad empresarial nos traslade a todos mayores niveles de prosperidad. Pero no parece ser esa, señor consejero, la situación en nuestra comunidad autónoma. Así al menos lo entienden los canarios, quienes responsabilizan al Gobierno de Canarias de una mala gestión de la oferta de servicios y prestaciones públicas.

Bien. Con estas consideraciones, señor consejero, la interpelación al Gobierno quiere tener un tono positivo, un tono constructivo. Esta interpelación tiene como esencia, señor consejero, conocer las medidas de política general en materia de función pública y, particularmente, si los procesos de medición de la eficacia de la Administración y el rendimiento de los empleados públicos canarios es el que debe ser y, si es el que es, se gestiona o no adecuadamente.

Queremos saber, señor consejero, qué hace el Gobierno de Canarias en este ámbito de actuación, porque termina la legislatura y seguimos sin saber si el Gobierno de Canarias ha trabajado en la modificación de una ley ya absolutamente caduca, absolutamente obsoleta, de función pública, que data nada menos que de abril de 1987.

Y querríamos saber también, señor consejero, bueno, todo aquello que tiene que ver con las ofertas públicas de empleo, sobre la tasa de reposición, sobre los emolumentos retributivos pendientes... En definitiva, señor consejero, qué está haciendo el Gobierno de Canarias en la modernización de la Administración pública canaria, en la modernización de la función pública canaria.

Esperamos su respuesta, señor consejero.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Jorge Rodríguez.

El señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, don Francisco Hernández Spínola.

El señor CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD (Hernández Spínola): Señor presidente, señorías. Señor Rodríguez.

Formula usted, en el día de hoy, una interpelación al Gobierno sobre la política general en materia de función pública y, ante todo, quiero dejar situado este debate en su contexto.

Interpela a este Gobierno el partido político que tiene en su mano y con mayoría absoluta la capacidad para imponer en todo el Estado las condiciones básicas a los empleados públicos. Interpela a este Gobierno el Partido Popular sobre las condiciones salariales de los empleados públicos en Canarias, cuando el Gobierno del señor Rajoy es el único responsable de la congelación salarial que se ha mantenido durante todos los años de la legislatura, la reducción salarial aplicada en el 2012 a los empleados públicos en todas las administraciones, es decir, la supresión de la paga extra.

Interpela a este Gobierno el Partido Popular sobre las condiciones laborales de los empleados públicos, cuando ha sido el Gobierno de España, con la mayoría absoluta del Partido Popular, quien ha impuesto la reducción de días de permiso para los empleados públicos, conocidos por los moscosos, que pasaron de 7 a 3 -hoy son 5-, de la noche a la mañana, sin una justificación objetiva real, más allá del gesto público y como tirón de orejas general. También se han eliminado los días adicionales por antigüedad en las vacaciones y asuntos particulares de que disfrutaban los empleados públicos. También se ha producido una reducción de la cobertura de las situaciones de incapacidad temporal para los empleados públicos.

Interpela a este Gobierno el Partido Popular sobre la estabilidad en el empleo, cuando ha sido el Gobierno de España, con la mayoría absoluta del Partido Popular, quien ha flexibilizado las condiciones para proceder al despido de los empleados públicos en este país, facilitando, en la reforma laboral que aprobó en solitario en las Cortes Generales, la tramitación de expedientes de regulación de empleo -ERE- en las administraciones públicas, produciendo un desequilibrio en las relaciones laborales en perjuicio de los trabajadores.

Interpela a este Gobierno el Partido Popular por la necesaria dignificación de la figura del empleado público, cuando ha sido desde las filas del Partido Popular y del Gobierno de España desde donde más se ha cuestionado la labor y la profesionalidad de los trabajadores públicos. Como el secretario de Estado, señor Beteta, quien, en abril del 2012, aseguró que los funcionarios deben olvidarse del cafelito y de leer los periódicos y pidió a los trabajadores humildad y responsabilidad. O el presidente del Partido Popular en Canarias y ministro de Industria, el señor Soria, quien advirtió a los empleados públicos en el 2010 que se acabaron las bajas laborales para irse a la playa.

Señor Rodríguez, permítame decirle que ha aceptado usted ejercer hoy desde esta tribuna un papelón en el que la incoherencia de su partido quedará constatada por la relación de hechos de uno y otro Gobierno en materia de gestión de personal.

Si hay una política y un área de la que estoy orgulloso como consejero en esta legislatura es precisamente función pública. Hemos vivido el peor momento de la historia democrática para la gestión de la función pública, es evidente, pero, pese a que otros caminos hubieran sido más fáciles, pese a que desde el Gobierno de España se propiciaron todas las herramientas y facilidades para ello, este Gobierno acaba la legislatura consciente de que ha hecho todo lo posible y más por, uno, primero, garantizar el mantenimiento del empleo público, evitando su destrucción, como se ha hecho en otras comunidades autónomas, por ejemplo en Castilla-La Mancha, donde se han destruido 15.000 empleos públicos, o privatización de servicios, como se ha llevado a cabo en Madrid y Valencia en materia de sanidad o educación. Nosotros hemos ponderado desde el sincero convencimiento, tanto en el ámbito público como en el privado, la relevancia de los trabajos, de las tareas de los trabajadores públicos, que, no nos cansaremos de reiterar, son el mayor valor de la Administración pública, su esencia misma, quienes garantizan cada día la atención necesaria a los ciudadanos en los servicios administrativos que se prestan.

Fomentamos el diálogo y la negociación continua con los representantes de los trabajadores públicos como nunca se había hecho antes, con respeto absoluto y escrupuloso a sus planteamientos, que han influido en las medidas, en algunas medidas que este Gobierno ha adoptado, y ha propiciado además acuerdos históricos, como el que se alcanzó en materia de gestión de créditos sindicales, un acuerdo realmente muy importante.

Todo ello en contraposición al limitado margen de maniobra que el Gobierno del señor Rajoy ha dejado a la negociación colectiva y al continuo ataque que ha aplicado con sus medidas a las condiciones laborales de los empleados públicos.

Este Gobierno autonómico, contra el viento y la marea que llegaba desde Madrid, ha logrado mejorar la conciliación laboral y familiar de los empleados públicos canarios, y cito algunos ejemplos. En diciembre del año 2011, generalizamos la jornada flexible y además se estableció una mayor flexibilidad horaria al reducir la parte fija del horario. Se modificó la regulación de las licencias sin retribución de los funcionarios públicos, incrementándose de tres a once meses en dos años. En la misma ley, en la Ley 4/2012, también se flexibilizó la posibilidad de solicitar reducciones de jornada.

Por otro lado, desde el inicio de la legislatura, se ha promovido la movilidad de los empleados públicos en el ámbito de la Administración general de la Comunidad Autónoma para dar adecuación a las necesidades propias de la comunidad autónoma y de su Administración. En esa línea, además de las numerosas movilidades funcionales del personal laboral y de la atribución temporal de funciones del personal funcionario que se han producido en el ámbito individual, también se han producido otras en el ámbito colectivo para reforzar servicios tan importantes como tributos, telecomunicaciones, patrimonio, asistencia jurídica gratuita, entre otros. Ahí se ha producido una verdadera movilidad de los empleados públicos.

A su vez, desde el punto de vista organizativo, se ha producido una modificación conjunta de las relaciones de puestos de trabajo de todas las consejerías y organismos autónomos. Es la primera vez desde la constitución de la Comunidad Autónoma de Canarias que se produce una modificación conjunta de todas las relaciones de puestos de trabajo de los departamentos y de los organismos autónomos para adaptarlas a la estructura organizativa aprobada por el Gobierno en julio del año 2011 y modificada en enero del 2013. Lo que ha propiciado esa modificación de las relaciones de puesto de trabajo es que se estén convocando concursos de traslado de los funcionarios, algunos de los cuales no se convocaban desde hace más de una década, lo que está permitiendo favorecer la promoción profesional de los mismos a través de la carrera vertical.

Este fomento de la promoción profesional de los funcionarios también se ha acentuado gracias a la modificación de la Ley 2/87, de la Función Pública Canaria, llevada a cabo por la Ley 9/2014, de Medidas Fiscales, Administrativas y Sociales, que incide en la promoción interna, propiciando la celebración de procesos selectivos independientes, como consecuencia de esta modificación operada en el año 2014, lo que facilitará la citada promoción de los funcionarios y que tiene una importante influencia en la motivación de los mismos, mejorando su productividad e incidiendo en la mejora de los servicios públicos que se prestan a la ciudadanía.

También hay que destacar que el Gobierno de Canarias ha estado muy atento jurídicamente para tratar de paliar las medidas que, con carácter básico, ha impuesto el Estado, como por ejemplo esa medida injusta y chapucera que consistió en la eliminación de la paga extra de diciembre del 2012. La Comunidad Autónoma de Canarias fue la primera del país, la primera comunidad autónoma, que ha abonado al conjunto de sus empleados públicos la parte proporcional de la paga extra del 2012, y se produjo como consecuencia de los pronunciamientos de los órganos judiciales, que estimaron los recursos presentados por los empleados públicos. El Gobierno de Canarias efectuó, en abril del año 2014, el pago de esa paga extraordinaria, la parte proporcional, cosa que no han hecho otras comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, que lo han venido a hacer ahora como consecuencia de que en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015 se ha establecido ya el pago proporcional de esa parte de la paga del 2012. O sea, lo que nosotros hemos hecho en abril del 2014 lo está haciendo el Estado ahora y el resto de comunidades autónomas del Partido Popular. Pero, para más inri, señor Rodríguez, es mi obligación informar a la Cámara que el acuerdo del Gobierno de Canarias sobre el abono de esa paga extra del 2012 fue recurrido por el Gobierno de España, pretensión que fue desestimada por los tribunales, que condenaron a la Administración del Estado, al Gobierno de España, lo condenaron en costas. Esa es la sensibilidad del Partido Popular con los empleados públicos.

La chapuza, si cabe, se acentúa más si hablamos del personal al servicio de la Administración de Justicia, porque para suprimir la paga extra había que modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial. ¿Y sabe usted cuándo lo hicieron, lo hicieron?: el 28 de diciembre del año, de ese año, con lo que ya habían devengado, a todo el personal de justicia, la paga extra... (se produce el corte del sonido por el sistema automático de cómputo del tiempo y la Presidencia le concede un minuto adicional). Pues, mire, el Gobierno de Canarias es el primer Gobierno autonómico que les ha pagado la paga extra del 2012, íntegra, a los funcionarios de justicia, y lo hizo en el mes de diciembre del año 2014. Fue esta una medida que impuso el Estado, una medida absurda, una medida chapucera, como les he dicho, que han tenido que venir los tribunales de justicia a poner las cosas en su sitio dando la razón a los empleados públicos que recurrieron.

Y respecto a las modificaciones de la Ley de la Función Pública, tendré ocasión de hablar con más detalle en la segunda intervención, pero le diré, señor Rodríguez, que esa ley del año 1987 no la hemos modificado en su integridad porque estábamos a la espera de que el Estado modificara el estatuto básico del empleado público, como prometió y no lo ha hecho, y esa es una ley básica, pero hemos hecho veintidós modificaciones de la Ley de la Función Pública Canaria a través de dos leyes: la Ley 4/2012 y la Ley 9/2014.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor consejero, don Francisco Hernández Spínola.

Don Jorge Rodríguez, para turno de réplica, Grupo Parlamentario Popular.

El señor RODRÍGUEZ PÉREZ: Señor presidente, señorías. Señor consejero.

De nuestra casa habla usted poco, del Gobierno de la nación habla usted mucho. Debe ser que todos los males que nos afectan en Canarias no los propicia el Gobierno de Canarias sino que los provoca el Gobierno de la nación. Y gracias a que el Gobierno de la nación está haciendo las cosas como están haciéndose podremos empezar a levantar cabeza dentro de muy poquito.

Tiene usted una ley propia de la función pública canaria, señor consejero, y ha sido incapaz de actualizarla, reconózcalo. Ha sido usted incapaz de actualizarla teniendo como tiene la obligación de hacerlo después de la vigencia de la Ley de 2007, del Estatuto Básico del Empleado Público.

Mire, lo que nosotros pensamos, en lo que no puede convertirse la Administración es en un freno al desarrollo y para evitarlo es necesario cambiar enfoques, cambiar estructuras y, sobre todo, cambiar malas prácticas o prácticas propias de otros tiempos que impiden responder a los ciudadanos tal y como estos nos demandan. Y usted está todavía en otros tiempos, señor consejero, usted está todavía en otros tiempos, no en los tiempos actuales.

¿Y por qué decimos que hay que cambiar? Pues, mire, porque no nos podemos permitir un funcionamiento inadecuado de la Administración. Porque es necesario cambiar porque el escenario ha cambiado también, señor consejero, y los modelos pasados no encajan ya en la actualidad, porque si seguimos como hasta ahora, mire, las cuentas no salen, porque en tiempos complejos se recurre más a la Administración y por eso hay que adecuarla mejor; porque los ciudadanos han cambiado y con ellos los servicios que demandan; porque los ciudadanos exigen transparencia y quieren saber a qué se dedican los recursos públicos; porque los ciudadanos exigen participar en la vida pública; porque la nueva realidad, señor consejero, exige que el sector público y el privado tengan una agenda compartida; y porque la salud de la Administración, señor consejero, nos afecta a todos.

Una Administración, una Administración fuerte, señor consejero, no debería ser una Administración sobredimensionada, intrusiva o gigantesca, sino firme en la defensa del interés común, del bien común, y sobre todo que sea dinámica para impulsar el desarrollo de nuestro territorio.

Mire, como le dije en mi primera intervención, señor consejero, y de ello habló poco, hay que actualizar la normativa vigente de la función pública canaria, que, como digo, data de marzo de 1987, y hay que adaptarla al estatuto básico del empleado público de 2007. Así que lo que le demandamos al Gobierno de Canarias, y por consiguiente nuestra propuesta de moción irá en esa línea, es una nueva ley integral que garantice certezas, que garantice seguridad jurídica y, sobre todo, que refuerce principios como la transparencia, como la igualdad de los procesos selectivos, simplificación y agilización de los procedimientos de selección, la consolidación de la carrera profesional y la evaluación del desempeño y la potenciación de la conciliación de la vida familiar y la vida laboral; y sobre todo planificación de los recursos humanos y sobre todo también, señor consejero -y con esto acabo-, un nuevo modelo de función pública canaria.

Nada más, señor presidente. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, don Jorge Rodríguez.

Señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, don Francisco Hernández Spínola.

El señor CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD (Hernández Spínola): Gracias, señor presidente.

Señor Rodríguez, le diré algo. Mire, parece que no me ha atendido. Cuando usted hablaba de la modificación, de la necesaria modificación de la Ley de la Función Pública Canaria, le expliqué, le expliqué, que no hemos hecho una modificación íntegra de esa ley, una nueva ley de la Función Pública, porque le compete al Estado la regulación básica de las administraciones públicas y el estatuto de los funcionarios públicos, por el artículo 149, por la aplicación del artículo 149.1.18ª de la Constitución. El Gobierno del Partido Popular dijo, cuando llegó, cuando se hizo con el gobierno, después de las elecciones, que iba a hacer un nuevo estatuto del empleado público. Eso condiciona, condiciona absolutamente todas las leyes de las comunidades autónomas, porque nosotros tenemos en esa materia competencias de desarrollo legislativo y ejecución. Por tanto, el Gobierno de Canarias no ha hecho una ley integral a la espera de la reforma del estatuto básico del empleado público, promesa que ha incumplido, no el Gobierno de Canarias, el Gobierno de España.

Dicho eso, le diré que no nos hemos estado quietos, que hemos modificado la Ley de la Función Pública Canaria del año 1987 hasta en veintidós artículos y que hemos regulado de nuevo las siguientes materias. Le voy a poner una serie de ejemplos para que usted vea que hemos hecho un proceso de adaptación: en materia de jubilación forzosa, en materia de licencia de asuntos propios, en materia de reducción de jornada por conciliación de la vida familiar y laboral, en la duración de los procesos selectivos, en la resolución de los concursos de traslado, en las relaciones de puestos de trabajo, en el contenido mínimo de esas relaciones de puestos de trabajo, en la adecuación presupuestaria de las relaciones de puestos de trabajo a las plantillas presupuestarias, en la regulación de la promoción interna, en la convocatoria de concursos de traslado, en la provisión de los puestos de trabajo por funcionarios procedentes de otras administraciones públicas, en todo lo relativo a las incompatibilidades del personal, en la regulación del complemento de destino de altos cargos... Todo esto está recogido en dos leyes, la 4/2012 y la 9/2014; por tanto, el proceso está hecho. La adecuación en Canarias al estatuto básico del empleado público está hecha (mostrando un documento a la Cámara). ¿Ha quedado claro? Bien.

Lo que ha quedado también claro es que hay una distinta sensibilidad del Gobierno de España en el tratamiento que les ha dado a los funcionarios públicos durante toda la legislatura, congelándoles el sueldo, eliminando una paga extra, no respetando a los empleados públicos, con declaraciones como las que he leído del secretario de Estado, el señor Beteta, o del propio ministro de Industria, mientras que nosotros aquí hemos tenido una política de poner en valor a los empleados públicos como elemento esencial de la prestación de los servicios públicos. Es lo que hemos hecho nosotros en este Gobierno con un proceso continuo de diálogo a través de la Mesa General de Empleados Públicos, y esos son hecho reales que usted podrá comprobar solo con hablar, con dialogar, con los representantes de los trabajadores.

Y he hablado de todo lo que hemos hecho en política de función pública en estos años. He hablado de los concursos de traslado, que no se hacían desde el año 2002; de la oferta de empleo público voy a hablar ahora. Oferta de empleo público, oferta de empleo público que no se convoca desde el año 2008 en la Administración general y este Gobierno el próximo mes va a aprobar la oferta de empleo público para la Administración general, más de ciento cuarenta plazas, para cubrir puestos en los grupos A1, A2, letrados, inspectores médicos... Lo vamos a hacer. Estamos resolviendo concursos de traslado, que no se convocaban desde el año 2002, y ya hay concursos de traslado que vamos a resolver, para funcionarios del grupo A1, A2, técnicos de medio ambiente... Estamos haciendo todo ese trabajo. En definitiva, estamos cumpliendo de sobra un mandato de colocar a la función pública a la altura de las necesidades de la comunidad autónoma, con respeto a los empleados públicos, promocionando las actividades de los empleados públicos, porque también vamos a poner en marcha, además de la oferta de empleo público, una promoción interna para estimular a los empleados públicos que puedan acceder a puestos superiores y a cuerpos superiores. Todo eso lo vamos a implementar.

Pero, sobre todo, lo que ha caracterizado estos cuatro años de la función pública canaria ha sido el mantenimiento del empleo público. Aquí no hemos despedido a nadie, a pesar de haber tenido una legislatura complicada, difícil, muy difícil, pero...

El señor PRESIDENTE: Un minuto, señor consejero. Sí, sí, un minuto.

El señor CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD (Hernández Spínola): Hemos mejorado, hemos mejorado las condiciones de los trabajadores. Cuando el Estado restringe derechos, cuando la prestación de la IT queda limitada por el Estado, nosotros la ampliamos, y lo hemos hecho por orden departamental de este consejero. Por tanto, hemos puesto en marcha medidas que han propiciado la conciliación de la vida laboral y la vida familiar, con mejores horarios, con flexibilidad horaria a favor de los empleados públicos. Hemos llegado a acuerdos importantísimos con los sindicatos a lo largo de la legislatura, como los que he relatado en mi primera intervención.

Por tanto, señorías, creo que el trabajo que hemos hecho estos cuatro años en materia de función pública es enormemente positivo.

Y yo hoy tengo aquí que darle las gracias, señor Rodríguez, le doy las gracias, una y mil veces, que me haya podido usted dar la oportunidad de explicar a esta Cámara el balance de la...

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Francisco Hernández Spínola, señor consejero.

(La señora secretaria segunda, Montelongo González, ocupa un escaño en la sala.)

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  • 8L/I-0054 Sobre función pública, dirigida al Gobierno.


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