Diario de Sesiones 162, de fecha 24/3/2015
Punto 28

8L/C-1717 COMPARECENCIA DEL GOBIERNO -CONSEJERO DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES Y POLÍTICA TERRITORIAL-, INSTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR, SOBRE LA COMISIÓN DE VALORACIONES.

El señor PRESIDENTE: Continuamos. Comparecencias: del señor consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, instada por el Grupo Parlamentario Popular, sobre la Comisión de Valoraciones.

Por el Grupo Parlamentario Popular, don Felipe Afonso El Jaber.

(El señor presidente abandona su lugar en la Mesa y ocupa la Presidencia la señora vicepresidenta segunda, Tavío Ascanio.)

El señor AFONSO EL JABER: No sé si debo decir "señor presidente o señora presidenta", creo que "señora presidenta". Señor consejero, señorías.

Entre cuatro y cinco años tarda la Comisión de Valoraciones de Canarias en poner valor económico a un suelo sujeto al derecho a ser expropiado. Demasiado tiempo, sin duda alguna.

Teniendo en cuenta que la valoración económica por parte de esta comisión es una parte esencial del proceso expropiatorio, pero ni comienza ni termina allí, ya que el expediente primero tiene un recorrido antes y tiene un recorrido después, se llega a la conclusión de que la Administración funciona muy mal para los legítimos intereses de ciudadanos a quienes el planeamiento somete, sus propiedades, a expropiación. Años de espera en que difícilmente podrá vender una casa, una finca rústica o un solar. Con las dificultades económicas que atraviesan muchas familias seguro que se viven muchas situaciones sangrantes de personas que necesitan liquidez para afrontar sus gastos, para vivir o para pagar deudas y no pueden materializar un inmueble. ¿Por qué?, porque al estar sujeto a expropiación nadie te lo compra y, si te lo compra, desde luego es muy a la baja, pero normalmente nadie te lo compra.

Imagínense unos beneficiarios de una herencia, que no pueden repartirse el valor de un inmueble o no pueden liquidar el impuesto de sucesiones a las administraciones por un solar que tampoco puede materializar, porque esa misma Administración no le tramita la expropiación.

El sistema expropiatorio en España daría para mucho debate, sin duda alguna, pero he pedido esta comparecencia sobre todo para reflexionar sobre el funcionamiento de las administraciones públicas y su importancia; de cómo un funcionamiento lento e ineficaz es una dura carga para la sociedad a la que debe servir; de cómo las administraciones públicas -llamadas así porque en teoría administran el interés público- se pueden llegar a convertir ya no solo en algo ajeno a la sociedad sino en un auténtico suplicio para esa misma sociedad. Si tenemos en cuenta que la legitimidad de cualquier poder público le viene siempre de las personas que constituyen la sociedad, llegaremos a la conclusión de que una democracia de calidad exige organismos ágiles y eficaces que no se conviertan en enemigos de los individuos.

Además de lo dicho, la calidad de las administraciones públicas se convierte en uno de los valores esenciales para el desarrollo económico y social. El tener ayuntamientos, consejerías, cabildos, ministerios eficaces y ágiles es un elemento diferenciador entre regiones y países que determina inversiones y oportunidades, además de conseguir que las personas vivan mejor o peor, con tranquilidad o con angustia, mejorando o empeorando su calidad de vida.

En mi segunda intervención, señor consejero, ilustraré lo dicho hasta ahora con ejemplos concretos, que describen por sí solos el funcionamiento de este órgano de valoración. Me gustaría saber, señor Berriel, qué piensa hacer para reformarlo, para agilizarlo, el funcionamiento de la Comisión de Valoraciones de Canarias. Repito que en mi segunda intervención contaré casos concretos. Por ejemplo, el de un ciudadano de San Nicolás de Tolentino que, a través de la plataforma del Parlamento El Diputado Responde, se ha puesto en contacto supongo que con muchos diputados, pero que yo, pues, tuve el honor de contestar y, a partir de ahí, hice muchas preguntas a la consejería. Preguntas no solamente del caso particular, porque puede ser una excepción entre tanto expediente, sino estadísticas del conjunto de expedientes que lleva la Comisión de Valoraciones. Y la respuesta es clara: entre cuatro y cinco años se tarda de media -algunos tardarán más, otros tardarán menos: rústicos, urbanos, sí-, pero de media se tarda entre cuatro y cinco años en resolver los expedientes. Demasiado tiempo, sabemos que eso es un funcionamiento deficiente y que genera perjuicios a los ciudadanos.

Por lo tanto, señor consejero, repito, me gustaría saber en qué está pensando para resolver este problema y si tiene medidas tomadas o por lo menos decisiones para tomarlas.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Tavío Ascanio): En nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, don Domingo Berriel Martínez.

El señor CONSEJERO DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES Y POLÍTICA TERRITORIAL (Berriel Martínez): Gracias, señora presidenta.

Señoría, con independencia de que su comparecencia hablaba del funcionamiento de la Comisión de Valoraciones, y tengo que responder, obviamente, a ello, tengo que empezar diciéndole que, evidentemente, no puedo por menos que aliarme con la tesis de que estos son servicios que hay que mejorar considerablemente. Pero esto pasa como en los tribunales de justicia: solo con medios y con más medios, y con reducir también la carga litigiosa de estas propias entidades porque se llegue a acuerdos previos más fácilmente, puede reducirse este problema de retrasos en la resolución de expedientes, que son realmente complejos, son expedientes técnicos que llevan valoraciones muchas veces complejas.

Señoría, la Comisión de Valoraciones es un órgano colegiado, como usted sabe, permanente, especializado, en materia de expropiación forzosa y de responsabilidad patrimonial, que está previsto en el artículo 128 del texto refundido de las leyes de ordenación del territorio y espacios naturales de Canarias, y que reglamentariamente se reguló su organización y funcionamiento en un decreto del año 2007, en el Decreto 124/2007, de 24 de mayo. En esa norma se regula cómo ha de actuar la comisión, a la que se acude con los expedientes en los que no haya conformidad en la hoja de aprecio. Por eso le decía que una forma importante de reducir esto es que haya más conformidades, es decir, que se adapte uno más a los precios reales desde el principio para evitar la litigiosidad.

Y puedo decirle que el 60% de los expedientes analizados por la comisión pertenecen básicamente a procedimientos expropiatorios impulsados por la comunidad autónoma, mientras que el 40% restante son expedientes de ayuntamientos, de cabildos, de otras instituciones. En el caso de los ayuntamientos, en la mayoría de los casos se trata de expedientes urbanísticos, de tasación conjunta. Tienen cierta complejidad, cierta complicación, pero suelen ser expedientes urbanísticos, básicamente, o algunos de responsabilidad patrimonial.

La comisión se constituyó en el año 2008, como usted sabe, una vez que fueron nombrados los vocales para sustituir a los antiguos jurados de expropiación forzosa, los jurados provinciales que existían en Canarias, en el caso de que la Administración expropiante sea una Administración canaria: la comunidad autónoma, ayuntamiento, cabildo.

En virtud de la normativa mencionada, este órgano quedó integrado en la consejería competente en materia de hacienda, primero, hasta que en el año 2014, por Ley 9/2014, de 6 de noviembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y Sociales de Canarias, recordarán ustedes que pasó entonces a integrarse -es decir, a partir del año pasado-, a integrarse en la consejería competente en materia de ordenación del territorio, que es ahora la que ha de facilitar la infraestructura administrativa para su adecuado funcionamiento. Sin duda, de esa infraestructura administrativa, de esa infraestructura administrativa, depende muchísimo el que se puedan agilizar los expedientes. Saben ustedes que estamos en un momento de mucha restricción en cuanto a nuevas dotaciones administrativas, pero, evidentemente, estamos haciendo el esfuerzo desde esa perspectiva.

La función principal de la comisión, como ustedes saben, es la de establecer un valor objetivo y un precio justo de los bienes expropiados en el ejercicio de las funciones públicas de las instituciones canarias mencionadas, por lo que, en primer lugar, su composición debe ser plural. Y es plural con el fin de que los parámetros, índices y demás instrumentos a aplicar sean escogidos con suficiente unidad de criterio, objetividad y también seguridad jurídica. Así, está integrada la comisión por seis miembros con carácter permanente. En primer lugar, la preside la dirección o el titular de la Dirección General del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, forman parte como vocales un letrado de la comunidad autónoma, dos técnicos facultativos elegidos a propuesta de la Federación Canaria de Municipios, un arquitecto propuesto por el Colegio de Arquitectos de Canarias y, por último, ejerce la secretaría una funcionaria de la comunidad, perteneciente al Cuerpo Superior de Administradores de la comunidad autónoma, de la Escala de Administración General.

Estos profesionales reciben, además, el apoyo de otros especialistas en función de la materia, el alcance o el ámbito al que afecta el procedimiento expropiatorio, por eso tienen consideración de vocales, pero vocales específicos, concretos, para asuntos concretos. Pues, dos técnicos facultativos superiores al servicio de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, designados en función de la naturaleza del bien o del derecho valorado, y a propuesta de la consejería competente en esa materia que se va a expropiar; un titulado superior con competencia en la materia valorada, propuesto por el correspondiente colegio profesional, en representación de esta. Por ejemplo, si fuese una materia, pues, agrícola, pues, un ingeniero agrónomo, propuesto por el colegio correspondiente de ingenieros agrónomos. Un técnico facultativo al servicio de la Administración expropiante, cuando esta sea una entidad local, o a propuesta de esta; es decir, cualquier ayuntamiento que tenga que expropiar, pues, tiene derecho, de alguna manera, a poner un vocal en ese justiprecio.

Pero, señoría, para poder valorar el retraso o no de estas cuestiones, decirle que el procedimiento, el trabajo real que se realiza en la comisión, es preciso exponer cuáles son los hitos que debe seguir un expediente que se somete a su consideración. En primer lugar, examinada la solicitud, se comprueba que consten todos los documentos necesarios para poder valorar el bien en cuestión, como hojas de aprecio, planos topográficos, acuerdos administrativos, requerimientos, etcétera. En el caso de detectar cualquier defecto de la solicitud, se requiere al solicitante para que complemente toda esa documentación. Una vez completada, se emite un informe jurídico del mismo, para admitir o inadmitir el expediente, y se pasa al técnico que ha de valorar.

La casi totalidad de los expedientes incoados, señoría, tras la solicitud, son de fijación del justiprecio de bienes inmuebles, por lo que la normativa vigente de valoraciones obliga a determinar en primer lugar si la finca está en situación rural o urbanizada, a determinar los criterios técnicos y en ocasiones se requiere un acuerdo previo del órgano, que eleva las propuestas de la comisión a la ponencia, y una vez determinada la situación de la finca, el expediente se asigna a uno de los técnicos, que emite el informe de valoración, con el informe jurídico y técnico correspondiente, y este lo somete a la ponencia y, si se aprueba por esta, se manda a la comisión.

Los vocales de la ponencia y de la comisión para adoptar sus acuerdos requieren que los informes estén muy bien motivados. Esa es la garantía precisamente de tener luego éxito en la discusión jurisdiccional, que normalmente, muchas de las veces, cuando no se está de acuerdo con el dictamen llevado a cabo por la comisión, pues, termina esto en los tribunales y, lógicamente, el éxito de la resolución de la comisión radica precisamente en su alta motivación. En este punto, tengo que decir que la práctica totalidad, casi la totalidad de los expedientes que salen de la Comisión de Valoraciones recibe el respaldo, de alguna manera, por la correspondiente sentencia judicial, favorable a las tesis de la comisión. Hay algún caso, creo que hay como tres sentencias estimadas totalmente y otras tres... desestimadas en toda la historia de la comisión.

Los acuerdos de la comisión son recurribles, como todos saben, en reposición. Por tanto, también esa es otra tarea que tiene que llevarse a cabo. Y además de eso, puede ser que el interesado no recurra al recurso de reposición sino directamente al contencioso-administrativo o bien, también por silencio, al contencioso-administrativo, lo que da una carga importante, administrativa, a los funcionarios de la comisión, al personal administrativo, que suele ser del 75% de su trabajo.

Ante la tardanza de la resolución del expediente, los particulares suelen recurrir evidentemente a la vía contenciosa-administrativa, que también tiene su retardo considerable. Por tanto, hay que tratar de evitarla y, en consecuencia, cada día intentar ganar más en los expedientes.

Realmente, en el año 2005, cuando se crea la comisión, señoría, había un solo miembro, se creó con un solo miembro en el año 2005, de personas, funcionarios que atendieran la comisión; en el año 2010 había 5 y actualmente hay 11 funcionarios en la Comisión de Valoraciones. Se ha hecho un esfuerzo, sobre todo a partir del año 2013, el Gobierno destinó medios para ganarle precisamente tiempo o ganarles a esos retrasos que su señoría ha comentado aquí y que preocupan enormemente al Gobierno, de tal manera que en estos momentos de 933 expedientes se han resuelto 520 y todavía quedan por resolver, pero ya se están resolviendo en cada año bastantes más expedientes de los que entran en la agencia, con una planificación intentando ponernos al día, de tal manera que más pronto que tarde puedan estar, digamos, los expedientes que entran en el mismo año resueltos en ese mismo tiempo...

La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Tavío Ascanio): Pasamos a la intervención de los grupos políticos no solicitantes de la comparecencia. En nombre del Grupo Mixto, tiene la palabra su señoría, el señor diputado don Fabián Martín.

El señor MARTÍN MARTÍN (Desde su escaño): Muchas gracias, señora presidenta. Señores diputados.

Viene esta solicitud de comparecencia quizás motivada por una serie de preguntas que a la consejería se le remitieron en octubre del año pasado respecto al trabajo de la Comisión de Valoraciones. Las respuestas a esas preguntas pusieron en evidencia, como es lógico, un cierto retraso en la tramitación, retraso que hizo saltar las alarmas sobre la capacidad de gestión, en este caso de la Consejería de Economía y Hacienda, respecto a los expedientes que tienen en marcha.

De esas respuestas, señor consejero, por lo menos algunas, a esas preguntas cuyas respuestas fueron conocidas, de todas ellas al menos se saca algo en conclusión. Primero, tenemos 46 millones de euros en concepto de expropiaciones todavía por satisfacer para 811 personas, incluidas personas jurídicas que llevan más de seis años esperando a que se resuelvan esos expedientes. En contestación a esas preguntas, admitía la Consejería de Economía y Hacienda que hay 422 expedientes pendientes de resolver, en concreto a fecha 29 de septiembre de 2014. También supimos, por la Consejería de Economía y Hacienda, que algunas personas se habían adscrito al servicio hasta configurar una plantilla, como usted reconocía, de 11 miembros.

Pues con todos estos datos y con todas estas fechas, sí que valdría la pena, señor consejero, saber a día de hoy, de todos esos expedientes que estaban pendientes de resolución, a septiembre del 2014, cuántos quedan pendientes, saber el número de expedientes que entran por año, que se registran, saber el número de expedientes que son resueltos cada año, saber el tiempo medio de resolución de cada uno de esos expedientes y también valorar, de toda aquella serie de circunstancias a las que ustedes aludían para justificar los retrasos, cuáles son directamente diana para poder mejorar y cuáles considera usted que quizás sean más dificultosos.

La adscripción de personal a ese servicio lógicamente tendrá, se entiende, una incidencia positiva en la resolución de los expedientes, pero había algunas otras justificaciones, por ejemplo el retraso en la comunicación por parte de las administraciones directamente afectadas, entiéndase ayuntamientos o cabildos, que tiene una incidencia especial.

En este sentido, y con todas esas preguntas, consejero, me gustaría que hiciera una valoración de la evolución en la resolución de los expedientes pendientes y, sobre todo, de qué manera la consejería puede afrontar un retraso injustificado para la mayoría de aquellas personas que están pendientes de la compensación económica pertinente.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Tavío Ascanio): En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor diputado don Emilio Mayoral.

El señor MAYORAL FERNÁNDEZ (Desde su escaño): Gracias, señora presidenta.

Bien. Tal como ha explicado el señor consejero, aunque se hayan tomado medidas, lo que es evidente es que aquí se ha producido una serie de retrasos desde el año 2008. Según ha manifestado, 933 expedientes, se han resuelto 520 y en el último año -estos son los datos con que me he quedado- se han resuelto 130 sobre 76 del ejercicio anterior. Según esto, la media, efectivamente, aunque 130 sobre 76 del año anterior es casi el doble, significa que esos 130 serán por orden de antigüedad los producidos y todavía pendientes de los años 2009, 2010; por lo tanto, sigue acumulándose un retraso con los que entren nuevos en este año y años inmediatamente anteriores.

Creo que es importante destacar el esfuerzo en materia de personal que se ha realizado en la Comisión de Valoraciones, que es lo que puede permitir recuperar este retraso, pero, en cualquier caso, manifestarle que, efectivamente, habría que hacer un esfuerzo y, en todo caso, estudiar cuál es el número de personas necesarias para no solamente recuperar el retraso sino ponerla en condiciones de que los expedientes que entren dentro de cada año se puedan sustanciar en el mismo año.

Y también reconocer la eficacia desde el punto de vista jurídico. Usted ha dicho que el conjunto... Porque eso también es importante, no solamente está resolver los expedientes, sino también, en aquellos que se produzcan reclamaciones, cuál es la eficiencia o, en este caso, cuál es la calidad del trabajo de la Comisión de Valoraciones, medida en cuanto a cuáles son los resultados de los fallos de la sentencia en las correspondientes reclamaciones.

Creo que le he entendido que hasta el noventa y tantos por ciento de los fallos han sido favorables a la Comisión de Valoraciones, lo cual yo creo que también es de destacar, pues todo esto significa que hay una eficiencia y un trabajo serio en cuanto a la calidad de los trabajos efectuados por la comisión.

Pero, a modo de conclusión, decirles que creo que quizás haya que hacer un esfuerzo, porque la media de los resultados estos significa que vamos a seguir acumulando todavía retrasos al hacerlo por orden de entrada, de retrasos de dos o tres años, y habría que mejorarlo, porque si no tardaremos muchos años en resolverlo.

Y aprovecho mis últimas palabras también para, igual que hace todo el mundo, despedirme de todos ustedes hasta una mejor ocasión.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Tavío Ascanio): En nombre del Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor diputado don José Luis Perestelo.

El señor PERESTELO RODRÍGUEZ (Desde su escaño): Gracias, presidenta. Señorías.

Brevemente, desde el escaño, para fijar posición en nombre del Grupo Parlamentario Nacionalista.

Señorías, la viabilidad y la necesidad de un órgano administrativo de gestión es directamente proporcional a la eficiencia o la eficacia de esa gestión que se realiza a través de ese propio órgano. Por tanto, hoy se han dado datos importantes sobre el funcionamiento de esta Comisión de Valoraciones y la verdad es que no podemos estar satisfechos de su funcionamiento. Sin embargo, en su comparecencia el señor consejero ha explicado el esfuerzo presupuestario que ha hecho el Gobierno en los últimos años para dotarla de medios humanos y materiales para el mejor funcionamiento de esta Comisión de Valoraciones. Está claro que ese es el papel del Gobierno, el Gobierno tiene que hacer el esfuerzo en dotación de medios humanos y medios materiales para mejorar la eficiencia y la eficacia de esa comisión.

Por tanto, señorías, señor consejero, valoramos el esfuerzo que ha hecho su Gobierno, valoramos la explicación que usted ha dado a la evolución del personal con el que cuenta esta comisión y, por tanto, también apelamos a que, en función de ese número de personas que se han incorporado, la eficiencia pueda incrementarse, de manera que la ciudadanía, que muchas veces se ve afectada por una expropiación de una propiedad que seguramente su voluntad, su deseo, no es desprenderse de ella, pero que, sin embargo, lo tiene que hacer en función de que se produce un beneficio para la ciudadanía, un beneficio a través de las expropiaciones que realizan las administraciones públicas, pues, por lo menos se vea compensada en el justo precio que corresponde, y sobre todo no solo el justo precio que le corresponde sino también en tiempo, en el tiempo adecuado, en la forma adecuada, de manera que esa pérdida que pueda tener y que pueda afectar, y no sabemos cuánto... Muchas veces, señorías, cuando afecta a propiedades que están vinculadas a su entorno familiar, que son herencias y que significan tanto para nuestra gente y que, por tanto, no solo se desprenden sino que después ven cómo no es valorada adecuadamente o esa valoración no se hace en su justo tiempo.

Por eso animarles a seguir dotando de los medios necesarios y seguir activando también los procedimientos, muchas veces también es un problema de recursos económicos a la hora de producir esas indemnizaciones, de manera que la eficiencia de esta Comisión de Valoraciones sea la que deseamos todos los canarios.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Tavío Ascanio): Pasamos a una segunda intervención del grupo solicitante de esta comparecencia. En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra su señoría, el señor diputado don Felipe Afonso El Jaber.

El señor AFONSO EL JABER: ... funcionamiento de las administraciones públicas son uno de los elementos diferenciadores más importantes de la calidad de vida de los ciudadanos y de la prosperidad de las distintas zonas geográficas. Con administraciones más ágiles, eficaces y eficientes, más bienestar social; con administraciones más lentas, ineficientes e ineficaces, más problemas sociales. Es un axioma que se cumple casi siempre.

Sé que trabajar en esto genera menos titulares que la crispación y los enfrentamientos, pero da más bienestar a más personas, que es para lo que se inventó el sector público.

Decía Winston Churchill que uno de los males de nuestra época consistía en que las personas procuraban más ser importantes que ser útiles. Pues bien, remangarse la camisa y ponerse a ordenar los servicios públicos puede que no dé relevancia a nadie, pero convierte a los gobernantes en personas más útiles.

Vamos a ver un caso real. Como dije, un ciudadano se pone en contacto con este Parlamento a través de la plataforma El Diputado Responde, y nosotros le respondemos; y nos cuenta su desesperanza por el tiempo que lleva esperando para que la Comunidad Autónoma de Canarias valore una finca pendiente de expropiación. Se trata de un ciudadano de un municipio de los que peor está pasando y viviendo la crisis, La Aldea de San Nicolás, y manifiesta su situación de desamparo porque ni puede vender sus terrenos para sacar adelante a su familia, a pesar de tener oportunidades para ello, pero no puede porque está sometida a expropiación, y, por otro lado, la Administración tampoco le expropia. Es más, llevaba dos años esperando a que la Comisión de Valoraciones de Canarias le valorara sus terrenos.

Desconozco qué Administración es la beneficiaria de la expropiación y si le ha dado una valoración previa, con la que discrepa o ni siquiera le ha hecho caso. En cualquier caso -valga la redundancia-, ha habido un periodo anterior, que puede ser tranquilamente un año.

Y luego, una vez que se tenga la valoración, o sea, una vez que pasen varios años en la Comisión de Valoraciones de Canarias esperando un dictamen, y después de la misma pasará más tiempo hasta formalizar la expropiación; una vez que tenga ese dictamen, que le ocupen el terreno, que le paguen, las actas, en fin, pasará más tiempo. En definitiva, muchos años. Todo un suplicio, una situación totalmente injusta.

Pregunté al Gobierno por la situación de este expediente y por el funcionamiento del servicio para saber si era algo generalizado o si, por el contrario, existía alguna singularidad en este expediente. El Gobierno de Canarias responde que este ciudadano había solicitado la valoración de su finca el 19 de diciembre de 2012, que la solicitud estaba pendiente de ser informada para ser elevada a la ponencia de la Comisión de Valoraciones de Canarias, que es el órgano competente para resolver todas las solicitudes, y que esto no sucederá antes del año 2016. Y subrayo "lo de no antes del año 2016", según la respuesta del Gobierno. Del 2012 al 2016 solo, repito, este trámite; antes ha habido un periodo, después volverá a haber otro periodo.

Cuando se recibió la solicitud, el 19 de diciembre de 2012, existían, pendientes de resolver en esta comisión, 409 solicitudes previas a la de este solicitante, o sea, ocupaba en la lista de espera el 410.

En septiembre del 2014, solamente habían bajado a 255 solicitudes previas pendientes de resolver, o sea, estaba todavía, dos años después, en el número 256. O sea, en veintiún meses se habían realizado 235 valoraciones, poco más de 11, de media, al mes, 11 de media al mes. Con esa media le quedaban casi veintitrés meses, casi dos años, hasta agosto del año 2016. De diciembre de 2012 a agosto del 2016, tres años y ocho meses en la lista de espera, si se cumple la media.

El expediente más antiguo era, en septiembre del 2014, era de noviembre del año 2009, casi cinco años llevaba el expediente más antiguo.

Existían 71 solicitudes pendientes del año 2014, hasta el mes de septiembre; 92 del año 2013; 127 del año 2012; 72 del 2011; 57 del 2010; y 3 de finales del año 2009. Todos estos datos son, repito, los aportados por el Gobierno por escrito.

Como se verá, esta lista de espera nada tiene que envidiar a la lista de espera de la sanidad, por citar un ejemplo, o a la de la dependencia o a la de la vivienda. En esta comunidad hay que llenarse de paciencia para casi todo.

Del tiempo de espera para hacer una inversión mejor no hablar. Aquí todo son tiempos de espera y, claro, una sociedad así ni es justa ni es una sociedad competitiva. Una sociedad así es una sociedad con mucho más paro y muchos más problemas sociales. Además, es más caro: la Administración beneficiaria de las expropiaciones tendrá que abonar los intereses de estos cuatro o cinco años de espera de ese trámite. Y repito: antes de la valoración ha habido otro periodo y después habrá otro siguiente.

Es obvio que, además de pagar la Administración beneficiaria de la expropiación los intereses que genera esta situación por el funcionamiento ineficiente de una tercera Administración, además, creo que es obvio que particulares y terceras administraciones estarían legitimados para ejercer acción por responsabilidad patrimonial.

Creo que es necesario realizar una importante reflexión, porque a la Administración hay que darle una vuelta de verdad. Perdón, pero tengo la garganta un poco... (el señor diputado tose). Porque a la Administración, repito, hay que darle una vuelta de verdad. Es necesario hacer políticas que sean útiles para las personas, aunque esas políticas den menos titulares. Repito la frase de Winston Churchill, porque creo que en política hay que ponerla en práctica todos los días: los problemas de nuestro tiempo es que hay más gente dispuesta a ser importante que gente dispuesta a ser útil. La Administración debe dejar de ser un lastre para los ciudadanos. No es normal que un ciudadano tenga que esperar años por un trámite, trámite que es un derecho o una carga que le impone la Administración, como en este caso una carga que le somete el planeamiento. No es lógico que en todas las consejerías de esta comunidad autónoma los ciudadanos tengan que esperar años para que se resuelva su expediente o para que se les conceda un servicio al que se tiene derecho. Eso hace que nuestra sociedad sea menos justa, eso hace que nuestra sociedad, además, sea menos competitiva y hace también que el funcionamiento de los servicios públicos encarezca el coste de las cosas.

He contado el caso de un ciudadano de La Aldea de San Nicolás, pero estoy seguro de que hay otros muchos, las estadísticas son las que yo ya he expuesto. Y valoro la autocrítica con la que ha hablado el consejero. Creo que es de halagar que alguien suba aquí y asuma que algo funciona mal, como lo han hecho también los grupos que apoyan al Gobierno, pero además me gustaría escuchar soluciones, soluciones en un plazo razonable, no soluciones a años, porque, repito, no creo que sea demasiado complicado resolver este tema. Estamos hablando de un servicio concreto, posiblemente hay otros servicios en la comunidad autónoma mucho más complejos, donde las cosas son mucho más caras, pero en este, repito, no creo que sea demasiado complejo que la Administración responda, pues, bueno, dentro de los seis meses, ocho meses, diez meses, y no que tarde cuatro, cinco años, como hemos visto antes, en muchos casos.

Repito, y quiero terminar como empecé: de la calidad de los servicios públicos depende que una región sea más competitiva o menos, sus ciudadanos tengan más calidad de vida o menos; depende de la calidad en la respuesta de la Administración a los problemas de los ciudadanos que los ciudadanos tengan menos problemas sociales o tengan más problemas sociales. Trabajar para solucionar estos problemas, como diría Winston Churchill, convertiría a la clase política en mucho más útil.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Tavío Ascanio): Pasamos a la segunda intervención. En nombre del Gobierno, el consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial. Pero quiero comunicar, antes de dar la palabra a su señoría, don Domingo Berriel, que han sido decretados tres días de luto oficial y que mañana todas las instituciones públicas tendremos que guardar un minuto de silencio. Simplemente a los efectos de que la Cámara tome las medidas.

Señor consejero, le doy la palabra para continuar.

El señor CONSEJERO DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES Y POLÍTICA TERRITORIAL (Berriel Martínez): Gracias, señora presidenta.

Desde luego, en fin, la consideración, el dolor que produce este tipo de acontecimientos, pues, efectivamente, no cabe sino sumarse al pesar.

Señoría, vamos a ver, creo que tenemos que reconocer que, efectivamente, todos estos órganos especializados, que requieren de una tramitación compleja, y además de órganos técnicos, que no son muy fáciles tampoco, no, no es muy fácil encontrar especialistas en valoración, en las distintas valoraciones y demás, y poder dotar estas comisiones fácilmente, adecuadamente, para que den respuestas rápidas, porque, insisto, son expedientes complejos, técnicamente muy complicados y a veces, pues, se tarda mucho en esas valoraciones.

Bien. La comisión nació en el año 2008, estaba adscrita, porque la ley la tenía así, a la Consejería de Hacienda. El tratamiento técnico, sobre todo, fundamentalmente, y yo creo que ahí, pues, el Gobierno ya luego se dio cuenta de que debería haber un cambio en la estrategia, porque los técnicos básicamente valoradores lo hacían con criterios de las valoraciones tributarias, que son bastante distintas a las valoraciones urbanísticas y las valoraciones de los bienes inmuebles, valoraciones técnicas de bienes inmuebles, o incluso de las responsabilidades patrimoniales, que tienen que ir más a valores reales de mercado, en fin, y con otras técnicas; pues, se vio que, pese a los esfuerzos que Hacienda hizo para recabar de otros departamentos ayuda en este sentido y se fue progresivamente otorgando, finalmente, ha sido a finales del año pasado donde se ha asignado a la consejería competente en materia de ordenación del territorio, con el objetivo y sobre todo con la misión dada por el Gobierno de poner medios técnicos en estas valoraciones y poder ganar tiempo.

Pero hay que decir, señoría, también, para poder ponderar exactamente el problema, que no es que un señor... Se pueden dar casos ahora, que ahora los trataré, en materia urbanística, pero en materia de expropiación forzosa, sobre todo de obra pública, eso no se tiene por qué dar. Eso de que un ciudadano esté esperando para cobrar a que salga o a que se resuelva por parte de la comisión...; porque la comisión es un jurado adonde se acude porque no se está de acuerdo con la valoración, pero puede haber un acuerdo parcial, es decir, hasta donde hay, hasta la cuantía en que existe conformidad se puede cobrar y se puede discrepar, y se puede ir, recurrir, a la comisión por la diferencia entre lo que se ha cobrado y lo que se pretende. Por tanto, hay que decir que muchos de estos expedientes, efectivamente, tienen derecho a que se resuelvan cuanto antes, pero gran parte se habría podido resolver o bien en el acuerdo previo o aceptando, digamos, la parte, como anticipo, la parte, la cuantía en que se esté de acuerdo y recurriendo solo la diferencia. Por lo tanto, no hay que esperar exclusivamente a tener esta cuestión resuelta.

Cosa distinta sucede con los expedientes de expropiación como consecuencia de actuaciones urbanísticas, del planeamiento urbanístico, los llamados "expedientes de tasación conjunta", o cualquier otra de estas, donde si el ayuntamiento, en el plazo de dos años, no ha pagado, por ejemplo, un sistema general o cualquier otro suelo que tenga que expropiar, se tiene que recurrir a la valoración de la Comisión de Valoraciones, y ahí sí es verdad que se suele, digamos, tener que esperar a la valoración de la comisión para poder exigir la expropiación al municipio.

Pero, también por decirlo todo, decir que, por ejemplo, en el caso de obra pública, bueno, pues, en el tiempo aproximadamente de la comisión se han expropiado en Canarias, por ejemplo para carreteras, del orden de 350 millones de euros en expropiación, y que solo de eso el 5 % ha ido a la Comisión de Valoraciones. Quiere decir que las administraciones hacen y tienen que hacer un esfuerzo por llegar a un acuerdo con los ciudadanos para no tener que estar con esta litigiosidad. Que, en todo caso, también tienen la vía del tribunal contencioso-administrativo si se tarda más de la cuenta, pero el éxito de esto está en que no se tenga que llegar, que sean excepcionales los expedientes que lleguen a la Comisión de Valoraciones, de tal manera que, insisto, de esos 350 millones, aproximadamente, de la parte de las islas occidentales, el 5% solo llega a la Comisión de Valoraciones, en la parte de las islas orientales ha sido de bastante más, del orden de, por ejemplo, 12% en Gran Canaria, 31% en Fuerteventura, 35% en Lanzarote. Esto es debido fundamentalmente a los suelos urbanizables, porque por una sentencia que hubo en el Tribunal Supremo, que obligaba a pagar los suelos urbanizables como suelos urbanos, realmente, en un momento determinado, los sistemas generales, la gente se acogió muchísimo a esa litigiosidad para conseguir precisamente la aplicación de esa sentencia. Eso ya desapareció como consecuencia de la modificación de la Ley de Suelo del año 2008 y, por lo tanto, esa parte... digamos que se está equilibrando lo que se solicita tanto en una provincia como en la otra.

Se comentaba cuánto... Vamos a ver, ya hemos dicho que, por ejemplo, en el año 2014 entraron 105 expedientes y se resolvieron 130. ¿Eso es mucho o es poco? Es poco todavía, habrá que hacer una acción de choque para los expedientes que están atrasados de años anteriores intentar ponerlos al día, pero, una vez que se pongan al día, ya se ve, se observa, que los medios que tiene hoy la Comisión de Valoraciones son razonables para el nivel de expedientes que le llegan. Por tanto, lo que tenemos que procurar ahora es intentar meter una acción de choque para ganar tiempo a los expedientes que vienen de atrás. Pero eso tampoco es muy fácil, porque no hay, insisto, una gran facilidad para conseguir técnicos especializados en valoraciones urbanísticas o valoraciones de obra pública con que podamos, de alguna manera, hacer una acción de choque de forma muy rápida. De todas maneras se está intentando, se va a llevar a cabo este asunto.

Hay una evolución: desde los 83 expedientes que entraron en el año 2008 a, por ejemplo, los 105 que entraron en el 2014, o los 189, 189, de los años 2009 y 2010, que fueron años de mucha litigiosidad, como consecuencia de esto que acabo de comentar.

En definitiva, señorías, ¿que hay que mejorar la Comisión de Valoraciones?, evidente; ¿que hay que hacer una acción de choque para eliminar todo lo que queda pendiente?, evidente; ¿que se ha hecho mucho?, también; ¿que se les está ganando, digamos, a esos retrasos sacando más expedientes de los que están entrando?, también; ¿que la comisión es muy rigorosa?, sin duda, eso lo acreditan precisamente los resultados de las sentencias que los tribunales de justicia dan en relación con sus actuaciones; y que la Administración debe hacer otro esfuerzo, efectivamente, que no tenga que producirse la litigiosidad, que se llegue más a la negociación, al acuerdo, a que las hojas de aprecio tengan los valores razonables, de tal manera que ya, insisto, de la cantidad de expedientes expropiatorios, los que van a la comisión son relativamente, una proporción pequeña, pero que debe ser todavía más pequeña para que pueda agilizarse mucho más ese procedimiento, y eso solo se consigue con el acuerdo previo. Y ahí son todas las administraciones; insisto, el urbanismo, por ejemplo, que es el 40 % de los litigios que llegan a la Comisión de Valoraciones, debe ser resuelto a través de elementos de negociación en los planeamientos, durante la realización del planeamiento. Y lo que se está exigiendo ahora de forma bastante contundente, precisamente, en la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, que es que vengan las valoraciones bastantes precisas de aquellas obligaciones derivadas de la acción urbanizadora y, en consecuencia, ya el propietario sepa cuál es el valor de su suelo desde el mismo momento en que se aprueba el planeamiento.

Esta es un poco la vía, insisto, creo que está en vías de mejora, estamos empeñados en que se mejoren los resultados de la comisión. Insisto, a día de hoy se sacan ya más expedientes de los que entran y la cuestión está en cuánto tiempo necesitamos para poner los expedientes que venían de atrás absolutamente terminados. Di una cifra antes, que es que de 933 expedientes se habían resuelto unos 540; por tanto, todavía queda un déficit de expedientes atrasados que hay que irlos resolviendo.

Y decir, y para terminar, que los expedientes que entran en la Comisión de Valoraciones se resuelven rigurosamente por orden de entrada. Por tanto, digamos, no se elige uno u otro en función de otro tipo de criterios, más allá del prior in tempore, potior in iure, es decir, 'el que primero llega o el que está antes, se resuelve antes', y eso en la forma de proceder creo que es la más justa.

Nada más. Gracias, señor presidente.

La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Tavío Ascanio): Gracias, señor consejero.