Diario de Sesiones 164, de fecha 26/3/2015
Punto 1

8L/PL-0028 DEBATE DE PRIMERA LECTURA. PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 2/2013, DE 29 DE MAYO, DE RENOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN TURÍSTICA DE CANARIAS.

El señor PRESIDENTE: Debate de primera lectura. Proyecto de Ley de modificación de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de Renovación y Modernización Turística de Canarias.

Para la presentación del proyecto de ley, por parte del Gobierno, don Domingo Berriel Martínez, señor consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.

El señor CONSEJERO DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES Y POLÍTICA TERRITORIAL (Berriel Martínez): Muchas gracias, señor presidente. Señorías, buenos días.

Hoy, señorías, nos encontramos en esta Cámara para debatir acerca de las mejoras propuestas por el Gobierno al texto de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de Renovación y Modernización Turística de Canarias. Una norma que preveía en un principio la revisión de los resultados de su aplicación a los tres años de su entrada en vigor, cuando, según la estimación de este Gobierno, habría tenido un recorrido razonable con unos efectos de la transformación del sector de fácil constatación. No obstante, ante el debate suscitado sobre la oportunidad del modelo escogido y el interés por conocer el devenir de su aplicación, este Parlamento aprobó sendas proposiciones no de ley en septiembre del 2013 y en abril del 2014 instando al Gobierno al adelanto de la evaluación de la ley al año de su entrada en vigor y a proceder a las adaptaciones normativas precisas para la más eficaz renovación y potenciación de la actividad pública. Por tanto, señorías, es en atención a lo requerido por las resoluciones de esta Cámara por lo que el Gobierno ha remitido este proyecto de Ley de modificación de la Ley 2/2013, con el único objetivo de mejorar las condiciones para los óptimos resultados que las ya actuales disposiciones están permitiendo.

Se exponía en la evaluación presentada el pasado mes de octubre, con las precauciones debidas al escaso margen temporal de la vigencia de la ley y a la suspensión de algunas de sus disposiciones más relevantes por la indebida pretensión ante el Tribunal Constitucional del Gobierno central, en primer lugar, que el objetivo de ordenación y modulación del crecimiento, excluyendo la nueva clasificación de suelos turísticos y vincular el consumo de los ya clasificados a las actuaciones de renovación o a los proyectos de muy alta calidad, constituye una estrategia que debe mantenerse sin ambages mediante el control de los condicionantes para las autorizaciones previas.

En segundo lugar, que los planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad creados por la Ley de Medidas Urgentes, 6/2009, han alcanzado un perfeccionamiento con la Ley 2/2013, de Renovación y Modernización Turística, con su más adecuada integración en el sistema de planeamiento de Canarias y la extensión en su formulación, desarrollo e implantación a la participación de otras administraciones competentes en la materia.

En tercer lugar, que los incentivos diseñados y la credibilidad de la estrategia adoptada para el sector financiero, con la puesta a disposición de importantes líneas de crédito para la emprendeduría de la renovación, se han revelado de suficiente eficiencia, sin perjuicio de las mejoras a las que luego nos referiremos para aumentar tal potencialidad.

En cuarto lugar, el convencimiento sobre el acierto de la configuración de la renovación, como una obligación de los titulares de las explotaciones necesitadas de ella, y los mecanismos de la Administración para su aseguramiento, así como la conveniencia del mantenimiento de la especialización de usos del suelo, regulación de productos singulares, como el condominio, las villas, etcétera, y el resto de prevenciones de la norma.

Pero, señorías, en aquella evaluación de la ley, en el mes de octubre, expusimos como aspectos... Textualmente: la evaluación de la ley sirvió también para detectar ciertos desajustes entre la normativa y su aplicación efectiva, así como brindarnos la oportunidad de adoptar medidas encaminadas a clarificar la objetivación de las excepcionalidades, por razones territoriales y medioambientales, con un mayor ajuste a las consideraciones del dictamen del Consejo de Estado. En este sentido, la evaluación había propuesto, en línea con los planteamientos formulados en la Comisión Canarias-Estado, previa y como alternativa a la interposición por aquel de su recurso de inconstitucionalidad, adoptar como alternativa a la exigencia de la categoría de cinco estrellas o superior como requisito para la obtención de las autorizaciones turísticas previas, al margen de las previstas como incentivos a la renovación, el que los proyectos que se pretendan ejecutar, además de ubicarse en suelos clasificados y categorizados urbano-turísticos, configuren modelos de ecoeficiencia y excelencia a través del cumplimiento de parámetros técnicos de calidad a determinar reglamentariamente. Requisitos coincidentes con la propuesta por gran parte del sector. Al propio tiempo aconsejaba la evaluación perfeccionar, por criterios técnicos, determinados índices de edificabilidad, densidad, inversión mínima, etcétera, que la experiencia ha evidenciado como ajustes necesarios para facilitar los objetivos de la renovación.

Y es así, señorías, con la idea fuerza de la sostenibilidad, eficiencia, ecoeficiencia y atención a la mayor diversidad de la casuística observada, señorías, que el Gobierno de Canarias presenta este proyecto de ley, cuyo contenido se desarrolla a través de un único artículo, con 11 epígrafes, 3 disposiciones adicionales, 2 transitorias, 1 disposición derogatoria y 1 final.

Los tres primeros apartados de dicho precepto añaden una nueva opción para la obtención de autorizaciones previas, al margen de los incentivos de la rehabilitación y del requisito de la categoría de cinco estrellas o superior, para aquellos establecimientos que cumplan determinados parámetros técnicos de calidad, parámetros tanto en lo relativo a las características de las edificaciones, de las instalaciones y de las infraestructuras como de los servicios que hayan de prestar y que desarrollados reglamentariamente obedezcan al mandato legal de verdadera configuración de modelos ecoeficientes y excelentes. Con esta finalidad, se modifican los epígrafes a) y c) del artículo 4.2 de la vigente ley de renovación, así como el apartado 4 del mismo artículo.

El Gobierno completa su propuesta de reforma de la ley con las modificaciones de los artículos 6, 11, 12, 13 y 19 del texto anterior.

En el caso de la nueva redacción dada al número 3 del artículo 6, se pretenden clarificar los efectos de las actuaciones de renovación sobre procesos urbanísticos que se encuentren en marcha, dotando de seguridad jurídica tales intervenciones e incorporando además la nueva terminología utilizada en la legislación básica del Estado, configurada por la Ley 8/2013, de regeneración, rehabilitación y renovación urbanas.

Los epígrafes 5 y 6 clarifican y precisan los incentivos en edificabilidad del artículo 11, corrigiendo algunos límites y disfunciones no advertidos por el legislador que se han revelado de necesaria remoción, modulándolos convenientemente.

El séptimo epígrafe del proyecto de ley flexibiliza el apartado b) del artículo 12 del texto vigente, eliminando el límite temporal y ampliando la aplicación del precepto a cualquier proceso de renovación que comporte mayor número de plazas o incremento de su superficie edificada. Se añade, además, un nuevo apartado e) para dar respuesta a situaciones preexistentes, manteniendo la densidad establecida en los planes parciales en vigor y en curso de ejecución.

El epígrafe 8 añade un nuevo apartado e) al artículo 12 de la ley, aclarando el mantenimiento de la densidad de plazas establecidas en el plan parcial aprobado, que legitima toda la ordenación que se encuentre en ejecución.

El siguiente epígrafe modifica el artículo 19, incorporando al texto anterior la posibilidad de reducir no solo el exceso de oferta de uso terciario, sino -esto es lo novedoso- otros usos que se hayan revelado incompatibles con la competitividad de la zona turística, manteniéndose, no obstante, el resto de preceptos con la misma redacción.

El epígrafe 10 atiende la reducción de la inversión mínima exigible para la renovación de cada plaza alojativa, según las distintas categorías, para la obtención de los derechos e incentivos previstos en la ley, atendiéndose así a lo solicitado por gran parte del sector y a la realidad socioeconómica actual.

En esta línea de trabajo, el proyecto de ley también modifica el contenido de las disposiciones transitorias tercera y cuarta de la ley, con ese mismo objetivo de facilitar la renovación en el marco de la legalidad de la oferta turística.

Para mejor aplicación de la norma, completan la modificación propuesta de la Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias tres disposiciones adicionales.

La primera de ellas regula la posibilidad en las posibles situaciones de patrimonialización de la edificabilidad por parte de establecimientos que pretendan someterse a procesos de renovación, distinguiéndose los efectos según el grado de disposición de los títulos habilitantes de que disponía en el momento de su edificación.

La segunda de las disposiciones adicionales matiza un nuevo supuesto de clasificación de suelo, que ya se regulaba en el artículo 12 de la Ley 6/2009, de Medidas Urgentes, para viabilizar el traslado de edificabilidades patrimonializadas, sin costes o con costes compensables urbanísticamente, cuando se trate de recuperar para el uso público suelos con especiales valores naturales, culturales o estratégicos.

Por último, en las dos disposiciones adicionales transitorias contenidas en el proyecto de ley, se adoptan algunas medidas para evitar lagunas legales hasta que entre en vigor el reglamento de la ley, como por ejemplo la competencia para evaluar los criterios de ecoeficiencia y excelencia. En este sentido, especial aclaración merece la disposición transitoria segunda del texto que se presenta, que establece un régimen transitorio en tanto que, reglamentariamente, se desarrollen los estándares de calidad previstos en el artículo 4.2 a) del texto que se modifica. El objeto de esta disposición es evitar lagunas que impidan la eficacia de la aplicación de la ley desde su entrada en vigor, por el tiempo que medie entre esta y la promulgación reglamentaria, que, atendiendo a las sugerencias planteadas en el dictamen del Consejo Consultivo, se acota al plazo temporal de un año. Durante ese tiempo, del año, o el que medie para la redacción, y la suficiente negociación para el reglamento, la norma transitoria atribuye al Gobierno la facultad autorizatoria, previo informe motivado del departamento competente en materia de turismo, sobre el cumplimiento de los parámetros de ecoeficiencia y excelencia exigidos en la ley.

La atribución al Gobierno, señorías, resulta obvia, en tanto en cuanto es quien ostenta la competencia reglamentaria que ha de sustituirse transitoriamente. La suficiencia de la motivación que se exige debe excluir cualquier sospecha de utilización de la arbitrariedad, como en algún caso he oído.

"En tanto se establezcan reglamentariamente -dice el precepto-, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, los estándares de calidad previstos en el apartado 1 del artículo único, será exigible para el otorgamiento a dichos establecimientos de las autorizaciones previas por los cabildos insulares la preceptiva autorización del Gobierno de Canarias, a propuesta del departamento competente en materia de turismo, motivada -y se subraya motivada- en virtud de la fundamentación técnica de las características y contenido de los respectivos proyectos que permitan concluir que los mismos configuran el modelo de excelencia y ecoeficiencia exigidos en la ley.

Se excluye de tal requisito a los proyectos y establecimientos hoteleros y extrahoteleros de cinco estrellas o categorías superiores", que ya estaban exonerados en la legislación anterior y que, por su previa clasificación en esta categoría, evidentemente los hace acreedores de ese modelo de ecoeficiencia y excelencia.

Señorías, con base en todas estas consideraciones, hemos llegado a esta propuesta de modificación de la Ley 2/2013, a la que se han presentado dos enmiendas a la totalidad que se sustentan en interpretaciones tan divergentes que hacen imposible que el Gobierno pudiera conseguir un consenso desde la posición más modulada que mantiene.

Por tanto, resulta inevitable la discrepancia por la propia naturaleza ideológica de las enmiendas planteadas, si bien de la lectura de la enmienda del Grupo Mixto podría deducirse que la aclaración de determinados conceptos hubiera podido llevarnos a un cierto grado de acuerdo, sustentado en determinados principios concurrentes con los criterios de la idea fuerza de la legislación del Gobierno.

No obstante, existe solo una coincidencia en las dos enmiendas presentadas, cual es la petición de devolución del texto, sin presentación por ninguno de los dos grupos de un texto alternativo. Lo que en la práctica, señorías, solo permite colegir el deseo de ambos grupos de que permanezca inalterable, al menos en esta legislatura, la vigente ley de renovación, aprobada en este Parlamento con los votos que sustentan al Gobierno en mayo del 2013. Y, ciertamente, desde la óptica del cumplimiento de los objetivos de renovación fijados por el Gobierno, no resulta imprescindible la modificación que ahora se plantea, pues tanto la evaluación presentada el pasado mes de octubre como el progreso seguido en su aplicación hasta la fecha permiten afirmar, sin duda alguna, la eficacia de dicho texto legislativo. Así, unos sesenta proyectos de renovación de importantes equipamientos, ejecutados o con solicitud de licencia, entre los más de doscientos sesenta concertados y previstos en los planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad suponen ya una inversión superior, comprometida, a los ciento cincuenta y un millones de euros y más de cuatrocientos si se incluyen los equipamientos, con una estimación de puestos de trabajo superior a los dieciséis mil; o los más de mil novecientos sesenta millones de préstamos concedidos por las entidades financieras como fruto de las gestiones realizadas por el Gobierno y de la credibilidad que les aporta la estrategia e incentivos contenidos en el expresado marco legal.

Son, no obstante, las razones esgrimidas en la primera parte de esta intervención las que, al margen de la intencionalidad de las dos enmiendas a la totalidad, hacen que el Gobierno mantenga su interés en que sea aprobada por este Parlamento la reforma que hoy se presenta.

La enmienda del Partido Popular se limita a reproducir su ideológico rechazo a la regulación pública de una actividad de gran importancia socioeconómica y a la vez, por su propia naturaleza, intensiva en el consumo de suelo y recursos naturales. Elementos todos ellos que constituyen bienes jurídicos de necesaria protección, más si cabe en nuestro limitado territorio archipielágico, que, lejos de configurar un exacerbado intervencionismo, al que alude el propio Grupo Popular, constituyen una legítima y necesaria prevención del interés general, constitucionalmente protegido, entre otros, en los artículos 40, 45 y 47 de la carta magna.

Nada nuevo, por tanto, aporta la fundamentación de su enmienda, más allá de la tesis liberalizadora defendida durante la tramitación de la Ley 2/2013, de renovación, hoy vigente, concretándose, por tanto, en propugnar la libertad de construcción de complejos turísticos sin más limitaciones que las coyunturas de mercado o las previstas en la ordenación urbanística por el planeamiento, olvidando que este es siempre revisable por el agotamiento del suelo disponible o por otras circunstancias discrecionales del planificador.

Como hemos dicho, diametralmente opuestos a las tesis expuestas por el Grupo Mixto en su enmienda a la totalidad a esta reforma. En síntesis, los argumentos son que se acaba la moratoria turística, se derogan las directrices turísticas, se propugnan establecer límites cuantitativos mediante cupos anuales establecidos en cada planeamiento insular, continúa, sin embargo, exponiendo la necesidad de intervención y control público e incentivos a la renovación y calidad, concurrentes con tales tesis defendidas por el Gobierno, concluyendo con la necesidad de comprometer en mayor medida la inversión pública en el espacio turístico común a través del establecimiento de una tasa turística cuya oportunidad omitiremos por exceder del objeto de esta modificación.

En relación con la apreciación de que la iniciativa supone una eliminación de la moratoria turística contenida en las directrices turísticas al permitir una nueva modalidad para la obtención de las autorizaciones previas a través de los requisitos de ecoeficiencia y excelencia que se establecen en la ley, se ha de tener en cuenta, de una parte, que tal exigencia debe ser concretada mediante requisitos técnicos adicionales de calidad a los existentes hoy en la normativa general, que deberán establecerse reglamentariamente, con suficiente espacio para el debate y la negociación con las administraciones y sectores afectados; y, de otra, que no deben confundirse las disposiciones transitorias de la ley de directrices, que configuraron la moratoria, y que por su propia naturaleza y objetivos tenían acotación temporal, con lo que se ha tenido que configurar un marco jurídico más estable y seguro de un modelo de calidad y modulación de crecimiento en aras de su sostenibilidad y competitividad. No debe ignorarse, señorías, que, sin perjuicio del mayor o menor acierto de las medidas transitorias adoptadas en su momento, que configuraron la llamada moratoria turística, el Gobierno ha tenido que afrontar una numantina defensa jurídica frente a las múltiples y cuantiosas exigencias de responsabilidad patrimonial, que ha hecho evidente la necesidad de la adopción de un modelo jurídicamente más seguro, ajeno a cualquier atisbo de vulneración de derechos y a los subsiguientes riesgos indemnizatorios.

En cuanto a los límites cuantitativos, se revelaron inconvenientes y fracasados por cuanto resultan susceptibles de reproche por vulneración del principio de igualdad y de difícil acierto y oportunidad ante la obligada selección de los proyectos actualizables, pues cada promotor entiende siempre el mejor derecho de su iniciativa frente a otras concurrentes. Podemos sacar enseñanzas de la experiencia observada a raíz de las autorizaciones otorgadas en su día, previa comunicación y resolución de este Parlamento, al amparo de las previsiones de la Ley 19/2003, de directrices generales y directrices del turismo.

Por todo ello, señorías, el Gobierno entiende necesaria y conveniente la modificación de la Ley 2/2013, de Renovación y Modernización Turística, que se presenta, en los términos que se contienen en ella, y solicita a los grupos parlamentarios el debate y aprobación de la misma.

Nada más, señor presidente. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Domingo Berriel, señor consejero de Obras Públicas.

Hay dos enmiendas a la totalidad, de devolución del texto al Gobierno, y se debaten por orden de presentación. Grupo Parlamentario Popular, don Miguel Jorge Blanco.

El señor JORGE BLANCO: Gracias, señor presidente.

Señorías, asistimos en el día de hoy a la toma en consideración de un proyecto de ley de modificación de otra ley, la Ley de renovación turística, de Renovación y Modernización Turística, que tiene apenas dos años de vigencia. Recuerden que fue aprobada el 29 de mayo del año 2013. En menos de dos años, señorías, la ley de renovación ha dado más que hablar que cualquier otra cuestión en nuestra comunidad autónoma. Me atrevo a decir que se ha hablado más de renovación turística que de petróleo en Canarias. Y lo ha hecho, señorías, porque fue una ley que se hizo de espaldas al sector, fue una ley que se hizo de espaldas a los cabildos insulares y fue una ley que se hizo de espaldas a la sociedad canaria en general. Una ley que se aprobó sin el apoyo del grupo mayoritario de la oposición, del Partido Popular.

Señor consejero, yo puedo entender que la ley se haga sin el apoyo de nuestro grupo parlamentario, entra, lógicamente, dentro de lo habitual y de lo lógico en un debate, en una cuestión parlamentaria, porque, en definitiva, su modelo no es el modelo del Partido Popular y, por tanto, insisto, entra dentro de lo razonable y de lo lógico que se imponga la mayoría parlamentaria a aquellos que no la tienen. Pero lo que de verdad no podemos llegar a comprender es cómo se hizo esta ley de espaldas al sector turístico y a las instituciones insulares, si son ellos, además, los primeros interesados en modernizar sus complejos turísticos y en adaptar su oferta turística a los nuevos requerimientos que los turistas reclaman, los turistas que nos visitan.

Y se hizo de espaldas, especialmente, también a aquellas islas -y Gran Canaria en particular- que pretenden aumentar y mejorar su oferta de nuevos hoteles de cuatro estrellas de nueva implantación, porque están escasos de ellos y, como saben, la ley, la vigente ley de renovación, así lo impide. Y ello a pesar de que el Gobierno fue advertido una y otra vez de esta circunstancia, pero que, en un acto, a nuestro juicio, de soberbia este Gobierno fue incapaz de admitir su reforma.

En estos dos años han ocurrido tantas cosas en relación con este tema que es casi imposible que en mi intervención pueda relatarles con detalle, pero sí permite hacerse a la idea de lo mal que se hicieron las cosas desde el principio. En primer lugar, una proposición de ley del Cabildo de Gran Canaria que proponía intentar remediar el error que tenía la ley de renovación en relación con los hoteles de cuatro estrellas, proposición de ley lamentablemente rechazada y que, si se hubiera aceptado en esa época, probablemente hoy no estaríamos hablando de este tema.

Segundo, dos proposiciones no de ley en la Cámara, de los propios grupos que apoyaron al Gobierno, reclamando que se cambiaran los criterios de la ley de renovación en relación con la prohibición de los hoteles de cuatro estrellas, otorgándoles o aumentando o incorporando criterios de calidad para ellos. Son los mismos grupos que meses antes habían aprobado la ley de renovación los que, escasamente, dos o tres meses después ya estaban pidiendo su reforma. Otro detalle.

Tercera cuestión, recurso de inconstitucionalidad del Gobierno de la nación al artículo 4 de la ley por considerar como criterios exclusivamente económicos aquellos en que la ley habla de criterios ambientales, como es la prohibición de construir hoteles de menos de cinco estrellas en Canarias. Criterios económicos que, como ustedes saben, están expresamente prohibidos por la legislación europea y por la legislación española que transpone la Directiva 123/2006.

Y, cuarto, comparecencia del Gobierno para exponer los resultados de una evaluación de la ley de renovación, el 7 de octubre del año 2014, en la que nos proponen una serie de medidas para solventar este problema, que se vuelcan -parece ser- en este texto de proyecto de ley.

Nunca una ley, señorías, había dado para tanto en tan poco tiempo. Y es que cuando las cosas comienzan torcidas, torcidas se mantienen hasta que se modifican, y la ley de renovación ha estado precisamente en el centro del debate político por eso, porque es una mala ley y desde el minuto uno se reclamó que se cambiara por todos, señor consejero. Hasta los propios de su equipo pidieron que se cambiara.

Así que, señorías, esperábamos con expectación el resultado de esta reforma, pero el texto vuelve a ser, también, más desafortunado. Este texto es el ejemplo nítido y claro de un Gobierno que no cree en último término en lo que hace, de un Gobierno que hace las cosas empujado por la mayoría social que ha reclamado insistentemente su reforma, pero no está convencido de verdad de lo que luego transcribe en el texto del proyecto de ley. Que lo hace quizás por motivos políticos, ¡claro que sí!, un Gobierno y el partido que lo sustenta que tarde y mal se dan cuenta de que en Gran Canaria se desangran electoralmente si no rectifican esta decisión kafkiana que nos ha llevado al absurdo de impedir que cada isla desarrolle su modelo turístico aprobado en sus planes turísticos establecidos. Es el absurdo, señor Berriel, de ver como es el mismo Gobierno el que por un lado aprueba un Pteoti en Gran Canaria, un plan territorial turístico en Gran Canaria, en el que una de sus cuestiones establece que se prevé crecer en hoteles de cuatro estrellas de nueva implantación, porque son escasos en Gran Canaria, y, por otro lado, hace una legislación que los prohíbe expresamente. Este es el ejemplo de la coherencia del Gobierno de Canarias, señorías.

La realidad es que este texto legal sigue siendo un mal texto y por eso nosotros lo volvemos a enmendar. Un texto que incorpora nuevas exigencias a los promotores y empresarios turísticos para construir sus complejos y que deja en manos del Gobierno, en una decisión insólita, la capacidad para decidir qué proyectos turísticos se aprueban y cuáles no. Más propio, señor Berriel, más propio de legislaciones habilitantes al presidente del Gobierno, que, como usted sabe, son ejemplos en países latinoamericanos que nos vienen a la memoria a todos sin tener que mencionarlos.

El Gobierno, señorías, se inventa la autorización previa de la previa para poder construir complejos turísticos, nuevos complejos turísticos. Miren, perdónenme la expresión que voy a decir, pero es que es lo que mejor refleja este sinsentido: como éramos pocos, parió la abuela. No solo mantiene la antigualla de la autorización previa de los cabildos, sino que el Gobierno se saca de la manga una nueva autorización que ellos otorgan, señor Berriel, sin más criterio que aquel que permite concluir que se adapta a los gustos y deseos del Consejo de Gobierno. Decisión, por cierto, muy criticada además por los propios servicios jurídicos del Gobierno de Canarias, de tal forma que, si este proyecto, señorías, se convierte en ley, un empresario turístico que quiera hacer un hotel de cuatro estrellas en Canarias tiene que pasar el filtro de tres administraciones públicas. Un señor va al Gobierno y le dice: "quiero hacer un hotel de cuatro estrellas", si al Gobierno le gusta el proyecto, le dan la autorización; luego va al cabildo, al cabildo insular, que también analiza el proyecto, por segunda vez, y nuevamente le otorgan o no esa autorización previa; y, finalmente, si la obtiene del cabildo insular, tiene que ir al ayuntamiento correspondiente para que vuelvan a analizar el proyecto, por tercera vez, dos veces analizado anteriormente, para que le vengan a dar la licencia urbanística. ¡Es una joya de procedimiento, señorías, una verdadera joya del procedimiento administrativo en Canarias!

¿No estábamos todos de acuerdo en simplificar trámites y en burocracia o es solo eso de cara a la galería, de cara a los medios y de cara a la sociedad? Esto que no es ninguna broma es lo que va a ocurrir a partir de la entrada en vigor de esta ley si se mantiene, lógicamente, en los términos en que está en el proyecto. ¡Es el ejemplo, señorías, el mejor ejemplo de la sencillez, de la agilidad administrativa, de eficacia y eficiencia en la gestión de los recursos públicos, de la no duplicación de decisiones administrativas, de echarle una mano al ciudadano cuando es necesario...! Por favor, les pido a todos que hagamos lo posible para cambiar este disparate.

Señorías, Canarias tiene también una de las legislaciones más avanzadas y restrictivas en materia de estándares turísticos como para pretender añadir nuevos requisitos o nuevas exigencias suplementarias a las que ya están en vigor. La normativa del código técnico de edificación, que no tiene muchos años de vigencia, los reglamentos que regulan los estándares turísticos, el reglamento que regula la actividad turística alojativa son pruebas ya de normas exigentes que apuestan por la calidad constructiva y no vemos ningún sentido en el Grupo Parlamentario Popular a encarecer esos requisitos, a encarecer esas exigencias a través de esta modificación legal. Requisitos que, por cierto, no se les exigirán a los hoteles de cinco estrellas, pero sí a los hoteles inferiores a la categoría de cinco estrellas, en una decisión incomprensible por parte del Gobierno en la presentación de este proyecto de ley. A nuestro juicio, esta decisión, la de incorporar exigencias nuevas y nuevos requisitos, puede provocar que ya la inversión no sea rentable y que el dinero vuele a otro lado o a otros destinos donde la rentabilidad sea aún mayor.

Señorías, en relación con la disposición adicional segunda, el caso también es preocupante. No sé si es producto de una redacción muy desafortunada o si es verdad ese pretendido afán confiscatorio del Gobierno en relación con el traslado de complejos turísticos que se encuentran en áreas de especial valor natural, cultural o estratégico hacia otros lugares de la isla. Tal como está redactado, señorías, genera incertidumbre, genera dudas acerca de su aplicación y genera dudas acerca de las compensaciones que exigirán, se exigirán o exigirán los afectados por este tema. Y, por tanto, me parece también preocupante que se mantenga en esos términos en el proyecto de ley.

En definitiva, y voy concluyendo, señor presidente, por ser un proyecto de ley que es aún más intervencionista que el anterior, por ser un proyecto de ley donde la discrecionalidad y la arbitrariedad, señor Berriel, se pueden instalar en la sede o en el seno del Consejo de Gobierno con empresarios de primera división, que son los que sacarán adelante esos proyectos, y otros que no podrán hacerlo por criterios de dudosa objetividad, y otros que verán las puertas cerradas inexplicablemente y un proyecto, además, un proyecto de ley que va a exigir más requisitos suplementarios en materia energética y ambiental a los ya de por sí onerosos...(ininteligible) en estos momentos; por eso no merece el apoyo de nuestro Grupo Parlamentario Popular y por ello solicitamos, señorías, la devolución, señor presidente, del texto al Gobierno de Canarias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Miguel Jorge.

Para la presentación de la otra enmienda, la defensa de la otra enmienda de devolución, Grupo Parlamentario Mixto, don Román Rodríguez.

El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Señor presidente, señorías: muy buenos días.

La cuarta ley en esta legislatura sobre la misma área de conocimiento, territorio-turismo, turismo-territorio, la cuarta ley: la de Renovación y Modernización Turística, una; la de armonización y simplificación en materia de ordenación territorial, como sabemos; la tercera, de inversiones estratégicas; y la de modernización y renovación turística II. Cuatro leyes, cuatro leyes sobre el mismo contenido, sobre la misma materia, en una misma legislatura, sobre un tema controvertido y que una de las críticas es la dispersión y la inseguridad. Creemos que este camino no está funcionando y que, en vez de arreglar las cosas, aunque haya buena voluntad, las estamos liando.

Y una consideración previa: la posición de la enmienda a la totalidad del Partido Popular no tiene nada que ver con la posición que defiende Nueva Canarias, nada que ver, pero también he de decir que cada día se parecen ustedes más en esto al Partido Popular, pero no solo en las leyes sino en los discursos, sobre todo en los llamados nuevos discursos. Se han dejado atrapar por la máxima de que la culpa de lo que le pasa a esta sociedad es de las leyes, de lo público, es de la regulación, y en esta norma de hoy, se nota mucho no, se nota demasiado.

Esta ley, solo veinte meses después de la que pretende reformar, pretende, por simplificarlo, señor consejero, y por si alguien nos puede entender, esencialmente dos cosas. La primera, modificar los criterios de crecimiento de planta nueva, de nuevo alojamiento. Hasta ahora existían límites moderados al crecimiento; desaparecen, se acaba con los atisbos que restaban de moratoria, de limitación al crecimiento. Ahora, barra libre, ahora se puede hacer cualquier tipo de instalación alojativa, no importa su categoría. Eso sí, se incorpora ahora un supuesto reglamento que teóricamente va a endurecer los criterios de edificabilidad, los criterios de ecoeficiencia y los criterios de calidad de servicio. Pero cuando esto lo resuelva el próximo Gobierno, no habrá nada que impida que en Canarias se pueda hacer cualquier tipo de instalación alojativa, no importa su categoría, si cumple un supuesto y nuevo reglamento relativo a la calidad edificatoria -insisto-, a la ecoeficiencia y a la calidad de servicios. Por cierto, asunto hiperregulado en la legislación sectorial del Estado y de Canarias en estos contenidos. Existe legislación básica del Estado en materia de edificabilidad y de ecoeficiencia que nos obliga y que es muy exigente, afortunadamente, y existen los decretos del año 2001 y 2010 en relación con la calidad de las instalaciones. Es de suponer que, cuando corresponda, el Gobierno que venga, si coge tino, establezca un reglamento superador de las exigencias que la legislación sectorial en la materia tiene para, eso sí, las instalaciones de menos de cinco estrellas, porque las de cinco estrellas estarían salvadas.

Hablando en plata, no existe ninguna limitación ni ninguna cortapisa a la construcción de nueva planta alojativa, no importa la categoría. Es evidente, es categórico, que ustedes acaban absolutamente con cualquier proceso limitativo haciendo caso a los sectores más conservadores, a las minorías, que tratan de imponer sus intereses, que son legítimos pero son particulares, al conjunto de la ciudadanía. Ninguna duda en esta materia. Y además lo hacen por un procedimiento que es marca de la casa, que es la discrecionalidad. Hasta tanto el Gobierno reglamente las nuevas exigencias en calidad edificatoria, en materia de ecoeficiencia y en calidad de servicios es el Gobierno quien decide a quién se le da la autorización y a quién no; a los de cinco estrellas en adelante, no, porque ya estarían reglados. De manera que ahora hay dos vías: la de las cinco estrellas o más, que es la que tiene la actual legislación, y la autorización gubernamental para el resto de las instalaciones hasta tanto tengamos el nuevo reglamento. Que a ver qué va a decir, porque en la ley no se dice nada de cuáles van a ser esas condiciones. Ahí están las referencias del Consejo Consultivo y del Consejo Económico y Social haciendo referencia reiterada a este tema, porque es de una evidencia extraordinaria. Desregulación, marca de la casa; discrecionalidad, marca de la casa. Y esto es, desgraciadamente, lo que ustedes nos proponen.

Nosotros, que habíamos discutido la Ley de Renovación y Modernización, porque no había conseguido respetar los planes insulares, establecíamos y reclamamos aquí en su tramitación, y también en la iniciativa legislativa que en su momento promovió el Cabildo de Gran Canaria, límites cuantitativos y cualitativos. Nosotros no estamos de acuerdo en la barra libre, nosotros creemos que la barra libre no es buena. Ya la vivimos en los años 80 y 90 y tuvimos en este Parlamento que actuar y parar aquel desarrollismo absurdo que llenó de grúas nuestros barrancos y nuestras playas y que hizo que creciéramos por encima de lo razonable, afectando al territorio y también rompiendo la situación de mercado. Y ahora se vuelve otra vez a esto, cierto es que con esta cortapisa de que es el Gobierno quien lo decide hasta que aparezca el reglamento. Nosotros no estamos de acuerdo. Nosotros creemos que es obligación de los poderes públicos atemperar el crecimiento, planear el crecimiento, tener en cuenta el territorio, la sostenibilidad, que detrás de una instalación van carreteras, se produce agua y energía, se tienen que hacer infraestructuras de transporte, que hay que garantizar la seguridad; y que, por lo tanto, no cabe el crecimiento, aunque se cumplan determinados requisitos, sin límites, si los límites los ponen solo los intereses particulares. De eso ya hemos tenido duras y graves experiencias en esta tierra y vuelven ustedes a los años 60.

Segundo objetivo de la ley -y ahí podíamos estar bastante más de acuerdo-: cómo intervenimos, no ya sobre la planta nueva, que es barra libre, sino sobre lo que tenemos, sobre la ciudad turística, sobre la planta alojativa obsoleta. Yo he reconocido aquí, y lo vuelvo a hacer hoy, que el Gobierno ha hecho un intento serio de mover, de mover la renovación de la planta alojativa. Es muy difícil, es complejo, los intereses son controvertidos, y es difícil mover los intereses privados a favor de la renovación. Los planes de modernización y mejora, con sus limitaciones y algún problema, son un instrumento de planeamiento de detalle para resolver este tema y algún avance se ha podido producir, aunque, a juzgar por lo que la ley pretende ahora, muchas modificaciones, veinte meses después... Parecía, en noviembre, en el sistema evaluatorio, que estaba casi todo encauzado y todo era satisfactorio y ahora se modifican cinco artículos, se eliminan algunas disposiciones transitorias y aparecen seis nuevas disposiciones adicionales. Se le da la vuelta a todo esto. Supongo que la casuística, la experiencia les obliga a ello, pero hay un cambio sustancial. La disposición transitoria tercera y cuarta de la ley anterior no ha tenido ni una sola demanda en cuanto a las instalaciones llamadas ilegales o los edificios no regularizados. Pero lo podemos entender, que si hay una experiencia práctica en relación con este tema se revise la legislación. Hay asuntos como, por ejemplo, la disminución de las cantidades a invertir para tener premios-cama. Hay asuntos, por ejemplo, que creo que siguen estando discutibles, que es el tema, el caso de los apartamentos, si la cama o la unidad. Ahí hay discusión, que lo veríamos en las enmiendas parciales, si fuera posible.

Pero, en cualquier caso, tocan ustedes de soslayo la otra gran tarea de la renovación turística, que es la parte pública, que es fundamental. Es tan fundamental intervenir sobre el espacio público como en el espacio privado. Es más, uno sin el otro se sabe que no es posible o no es posible en su dimensión máxima. Y ayer aquí el que les habla, en nombre de mi grupo, presentaba una fuente para financiar lo que el artículo 14 de la ley dice, que ya se olvidaron. El artículo 14 de la Ley de Renovación y Modernización dice que el Gobierno de Canarias, ayuntamientos y cabildos deben promover un plan de inversiones públicas para transformar la ciudad turística. Y no hay dinero para ese tema, solo 15 pírricos millones que nos obligarían a cien años de inversión para cubrir las previsiones que usted nos presentó aquí de inversión pública en los dieciocho planes de mejora y modernización. Y ayer hacíamos una propuesta, de la que esta Cámara no hizo ni caso, alegando, por cierto, alegando cuestiones que se las podían haber aplicado. No la demanda, la elasticidad de la demanda: ¿y qué pasó, con la elasticidad de la demanda, con la subida del 40% del IGIC turístico?, ¿cuáles fueron los estudios que sustentaron la subida del IGIC del 5 al 7 en medio de la crisis? Que nosotros apoyamos, pero lo que no hacemos es utilizar los argumentos para cada circunstancia. Resulta que subimos, en medio de la crisis turística, de la crisis mundial, el IGIC turístico para el conjunto de la actividad un 40%, resulta que Mariano Rajoy sube el IVA turístico del 7 al 10% en medio de la crisis y ahí no importa la demanda, ahí no hay problemas, y resulta que se nos cae el mundo, se nos cae el mundo, si discutimos en esta Cámara la posibilidad de un euro al día por estancia en nuestras instalaciones turísticas para destinarlo a esta otra gran tarea que se pasa de puntillas y que sin ella no habrá transformación de las ciudades obsoletas, de las zonas y destinos deteriorados, la inversión pública. Por eso volvemos a reiterar el tema de que no se pueden ver las cosas solo cuando a uno le interesa y a ratitos.

Es necesario que la recualificación de la ciudad turística vuelva a estar en la primera línea de las prioridades del Gobierno, y no solo la de la planta alojativa, que también y que por supuesto, sino además la parte pública, y para ello se necesitan recursos y ayer hacíamos una propuesta, despreciada por este Parlamento con argumentos de andar por casa, con argumentos que no se sostienen un cuarto de hora, pero saben ustedes que el proceso de debate es el que es y nos tenemos que atener a ello. Pero aquí, en medio de la crisis, los partidos que ayer se tiraban de los pelos diciendo que un euro rompería el mercado, dejaría de venir la gente, son los mismos que subieron un 40% la factura turística en el año 2012 y los mismos que subieron tres puntos, del 7 al 10, el IVA turístico en la Península, y no pasó nada, vino más gente, vino más gente a España y a Canarias en materia turística, más visitantes y más facturación. Estúdiense las cosas completas y no a ratos y en función de las circunstancias, si de verdad quieren discutir con rigor y con profundidad.

Señor consejero, ¡no estamos de acuerdo! Combatiremos con la fuerza que tenemos, que es la que es. Sé que las fuerzas conservadoras se rearman, y en su partido de manera muy importante, porque en esto, en esto, en la lógica que sustenta la desregulación absoluta, la barra libre, hay demasiada gente de acuerdo en esta Cámara, al menos por ahora. Nosotros no estamos de acuerdo, creemos que cometeremos otra vez otro error histórico si aquí se crece, no importa en función del interés general, sino en función de los intereses tácticos, de los inversores. Por cierto, inversores casi todos extranjeros, que hoy están aquí y mañana están en África y hoy están aquí y mañana están en el Caribe. Estos vendrán a hacer apartamentos y hoteles de lo que les convenga, sin importar las consecuencias sobre este territorio, ni sobre la gente que aquí vivimos, ni sobre nuestro medio ambiente, no les importará sino el negocio, y nosotros estamos obligados, como responsables, como gobernantes de esta tierra, a establecer planeamiento sobre nuestro territorio, a establecer un modelo de crecimiento sostenible, duradero, para las futuras generaciones, que respete el medio ambiente, que crezca de forma acompasada con los intereses endógenos de la ciudadanía de Canarias y no en función a los intereses tácticos de los que por aquí pasan a hacer el agosto y luego, si te vi, no me acuerdo. Nosotros no estamos en la lógica liberalizadora, en la lógica de la barra libre que, desgraciadamente, esta ley consagra, aunque, cierto es, hoy asociada a la discrecionalidad de la decisión del Gobierno en función de no se sabe qué criterio, porque la ley no lo dice y ya esperaremos al próximo Gobierno a ver en qué va a consistir el nuevo reglamento que endurezca los criterios de edificabilidad, de ecoeficiencia y de calidad de servicios. Yo los quiero ver, porque serán distintos a los de los de cinco estrellas. A ver de dónde se sacan los criterios diferenciales para que se pueda autorizar, sin límites, cualquier tipo de instalación alojativa.

Nosotros les pediríamos que retirara la ley. No lo van a hacer, ustedes nunca cambian de opinión. No han hecho caso, a nosotros, en nada ni nunca. En fin, supongo que es que están ustedes en lo acertado. Lo razonable sería retirar esta norma, porque esta norma confunde, hace daño y nos retrotrae al pasado. Si no fuera así, nosotros vamos a intentar, en los pocos días del trámite de enmiendas, intentar eliminar algunos de los graves riesgos que esta ley consagra, que, insisto, es, no habrá límite a la construcción de cualquier tipo de instalación alojativa en suelo turístico calificado, no habrá ningún límite en ninguno de los territorios turísticos del archipiélago a partir de la aprobación de esta ley, y nosotros en eso no estamos de acuerdo y no lo apoyaremos ni ahora ni en el futuro.

Y lo que sí les digo es que, en relación con la modificación de los temas referidos a los incentivos edificatorios, en relación con los incentivos de densidad de las parcelas y en relación con lo referido a los premios-cama, estamos de acuerdo, que ahí hay que seguir buscando la perfección para facilitar la renovación de la planta alojativa. Y creemos que, aunque le han dado la vuelta como al calcetín a algunas cosas que parecían perfectas en las navidades pasadas, nosotros comprendemos que la casuística, el trabajo cotidiano, les ha permitido identificar asuntos que ahora pretenden encauzar. No entramos a ese nivel porque creemos que debe estar sustentado en criterios técnicos y la voluntad que persigue esa modificación es facilitar la renovación de la planta alojativa.

Volvemos a insistirles que planta alojativa reformada sin ciudad turística reformada es, no la mitad del camino, es un pequeño trecho del camino, y que hay que captar recursos y que, si no es este Gobierno, vendrán otros, espero, que capten recursos para cumplir el artículo 14 de la ley. Hay que invertir dinero público en los espacios públicos de nuestras ciudades, porque se caen, porque la gente se rompe el tobillo en las aceras. Yo paseo por las islas del archipiélago, vayan ustedes a los núcleos antiguos, están deteriorados, las avenidas, las plazas, el alumbrado, la eliminación de residuos... Todo eso tiene que ser reinventado y solo se puede hacer con dinero público y, cuando no hay dinero público, solo hay una fuente: que salga de donde hay, del sistema turístico, y la tasa turística que ayer les proponíamos, con nulo éxito entre ustedes, al menos por ahora, tiene el sentido de captar recursos del sistema turístico para el sistema turístico, en una tarea inaplazable, igual de inaplazable que la reforma alojativa es inaplazable la reforma de la ciudad turística.

Y, finalmente, lamento, lamento mucho que los grupos que sustentan al Gobierno se hayan dejado influir, contagiar, atrapar por las ideas conservadoras de que aquí lo que lo regula todo, lo que lo resuelve todo, lo que lo determina todo, es el mercado. Y ese reglamento, cuando salga, ahora discrecionalmente el Gobierno, no podrá impedir que se haga cualquier tipo de instalación. Lo ha dicho el consejero, está escrito, es así. No se podrá impedir. La única limitación van a ser los criterios de edificabilidad, los criterios de ecoeficiencia, los criterios de calidad, y adelanto que los criterios preexistentes en el orden estatal y en el orden canario, la legislación sectorial en la materia, es exigente. Yo no sé de dónde se van a sacar los nuevos criterios por encima de los que se les exijan a hoteles de cinco estrellas para el resto de las instalaciones. Yo no sé de dónde se los van a sacar, no lo entiende casi nadie, no lo entienden tampoco los empresarios. Y aquí no se gobierna para los empresarios, aquí se debe gobernar para el pueblo y dentro del pueblo están los empresarios.

Pero esta es una ley que, cuando tengan el reglamento, será aplaudida por el Partido Popular, porque esto es lo que perseguía, y por supuesto por esa minoría que lo que quiere es crecer con base en sus intereses, sin importarle el futuro, sin importarle el entorno, porque no tienen la responsabilidad del Gobierno, de los intereses generales de Canarias, que debe surgir de aquí, del Parlamento, de los representantes del pueblo, de la soberanía popular. Y por eso estamos preocupados, por la deriva desreguladora de este Gobierno, y no hemos llegado al final de la desregulación, porque, señor consejero, vienen curvas con los nuevos dirigentes, vienen curvas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Román Rodríguez.

Turnos en contra. Grupo Parlamentario Socialista Canario, doña Dolores Padrón Rodríguez.

La señora PADRÓN RODRÍGUEZ: Buenos días.

Señorías, lo primero, antes de comenzar la ley, agradecer el trabajo que han hecho los diputados y diputadas de la isla de Gran Canaria por defender realmente un modelo turístico sostenible, ecoeficiente y que garantice los intereses de no solo el empresariado -determinado empresariado- de Gran Canaria sino un modelo turístico para todos que conserve la isla y que conserve el sector, que ha hecho que en esta crisis económica por lo menos nos ha servido de sostén. Por lo tanto, a todos los diputados de este Parlamento y de Gran Canaria que han defendido los intereses generales y que han trabajado por la modificación de esta ley.

Voy a empezar planteando que esta reforma de la ley de renovación que debatimos no pone en peligro para nada el sector turístico ni el futuro de las islas Canarias. Lo que pone en peligro el futuro de toda Canarias es aventar las trasnochadas banderas del insularismo que últimamente algunos grupos de esta Cámara desde luego empuñan contra el Gobierno de Canarias. Algunas de esas banderas se les han enrollado en el cuello de aquellos que las aventaron gritando "bravo, bravo y juntos por Gran Canaria". Pues ni "juntos por Gran Canaria ni bravo", porque esta bandera trasnochada del insularismo se les ha quedado por el camino. Un insularismo que, además, apuesta por un modelo turístico no basado ni en la renovación ni en los incentivos.

Para nosotros el modelo turístico que tiene que perseverar en Canarias debe ser un modelo basado en la renovación, que incentive, que preserve la fragilidad del territorio, que genere empleo, para mantener un sector que pasa ya del treinta por ciento del producto interior bruto y que sea un modelo referente, dentro de los estándares de calidad internacionales, y siga siendo un sostén económico general para las islas. Un modelo que además permita que cada una de las islas, desarrollándose armónicamente en el contexto de la comunidad autónoma, pueda desarrollarlo.

Cuando el pasado mes de octubre el Gobierno trajo la evaluación sobre la ley turística, ya desde el Grupo Socialista apuntábamos que deberíamos hacer las modificaciones que fueran necesarias. Modificaciones que fueran necesarias y que fueron pedidas mediante evaluación por dos proposiciones no de ley, una en el 2013 y una en el 2014, que presentaron en este Parlamento los grupos que sustentan al Gobierno. Modificaciones que se han intentado hacer sobre la base del acuerdo, sobre la base del consenso, y nadie ha pedido la devolución de las leyes sino, mediante el consenso y la negociación, plantear las modificaciones que en un primer momento esta ley de renovación y de rehabilitación pretendía.

Mientras otros están empeñados en entrar en una batalla empresarial, los grupos parlamentarios que sustentan al Gobierno y el gabinete mismo han apostado por conciliar los modelos de desarrollo turístico de cada isla. Mientras otros siguen anclados en un modelo absolutamente liberalizador, nosotros apostamos por ir más allá, basándonos en parámetros y estándares de calidad para poder hablar de un modelo de excelencia turística, apostando no por la prohibición de calificación de nuevos suelos y desde luego sí planteando que el consumo del suelo que se tenga que hacer se haga de manera racional. Y aquí hablamos de la modificación del artículo 12, señor Rodríguez -que ha salido o no lo veo por el hemiciclo-, modificamos el artículo 12 de la Ley de Medidas del 2009, y se modifica para darle la solución a determinados problemas de determinadas islas que hay, que en este momento tenemos, uno puede ser el del Oasis pero puede haber quinientos problemas más, pues por ejemplo en el municipio del Puerto de la Cruz, y se hace para poder trasladar edificaciones obsoletas, que no hay manera de rehabilitarlas porque serían inmensamente costosas, para poder trasladarlas a otras zonas, liberar ese suelo para el espacio público para poder tener, pues, espacios que califiquen, que califiquen el destino que estamos renovando y trasladarlos fuera de la zona urbana donde están.

Y desde luego sí que se podrán construir hoteles de cuatro estrellas, que es lo que pedían, sí, pero con unos parámetros de calidad. Y no en todos sitios, ni con la barra libre; no es verdad, en suelos que están ya clasificados. No es verdad que haya barra libre. Por lo tanto, hay un discurso que quiere confundir, y quiere confundir porque no se sabe lo que quiere; por eso presentan las enmiendas de devolución. O sea, que en este momento el señor Rodríguez ha perdido todo el sustento de su discurso, cuando dice que los partidos conservadores apuntalan la liberalización del suelo. ¡No!, quien ha estado empuñando la bandera con el señor Bravo de Laguna -que ahora se echa para detrás- y con el Partido Popular ha sido el señor Rodríguez y no el Partido Socialista, que se ha mantenido en los parámetros de calidad, de ecoeficiencia de los inmuebles y garantizando el desarrollo sostenible, planteando en lugar de estrellas parámetros de calidad, que ya se desarrollarán en reglamentos previos. Y, mire, señor consejero, yo lo que sí le pido, no es que cuando venga el reglamento veremos; no, el reglamento se tiene que consensuar con todos los sectores, con los sectores económicos empresariales y los trabajadores, porque los criterios de calidad no solo son criterios urbanísticos, también son criterios laborales, y por eso ponemos en valor las modificaciones que en la ley también se han planteado para que la formación del personal de aquellos inmuebles que quieran rehabilitarse o construirse en suelos clasificados o trasladarse, y para eso sí que tiene que calificarse suelo, también se tengan como criterio de calidad la formación y la cualificación de los cuadros que van a trabajar y de las personas que van a trabajar en esos inmuebles.

Señor consejero, este no es un problema exclusivamente de una isla, que es donde se ha querido centrar el debate; aquí debatimos un modelo de desarrollo turístico moderno, con criterios de calidad reales, donde no existe la liberalización del suelo, donde entendemos el suelo como un bien social. Y hay determinadas cuestiones que se modifican, que pedimos en la evaluación que se trajo a este Parlamento... Primero que no íbamos a evaluar; se evalúa, se plantea y se cambia. Clasificaciones, edificabilidad, densidad y hoteles de cuatro estrellas y formación, es lo que se modifica en este proyecto de ley en términos generales, en términos generales, y que traemos hoy a tomar en consideración por parte de este Parlamento.

Señor consejero, por un lado, el Grupo Mixto plantea la retirada de la ley. Ya he planteado que su argumento no tiene base, porque es en suelo clasificado, no se clasifica nuevo suelo; por lo tanto, fuera carta libre. Y, por otro lado, pues, la retirada, porque lo que pretenden sí que es barra libre al 100%.

Por lo tanto, señor consejero, creo que estamos en el término medio y que vamos por el buen camino, aunque sí que en el trámite de enmiendas plantearemos algunas cuestiones, sobre todo en aquellas áreas colmatadas y donde hay planes de modernización en marcha, pero que necesitan que se revisen, pues, por ejemplo, zonas como el Puerto de la Cruz o zonas como Los Cristianos, la densidad del 40% y que se adapte a la realidad de cada espacio a rehabilitar. Quiero recordar que estamos hablando de una ley de rehabilitación y no estamos hablando de una ley donde... Lo que queremos es cualificar el destino con base en la rehabilitación y en nuevas tecnologías, en la ecoeficiencia de los inmuebles.

Pero, mire, a mí me gustaría destacar algunas cosas. Si no hubiera dado resultado esta ley... Ya en octubre el 16% de las plazas que eran susceptibles de renovación y que se incluían dentro de los planes de modernización tenían autorización para hacerse. Por lo tanto, este es un resultado que, evaluando este proyecto de ley, nos dice que no vamos por mal camino. Pero, además, 1.900.000 euros que se han pedido en créditos por parte del empresariado también nos dice que tiene una perspectiva de inversión, porque, si no, no se podría plantear este crédito. Los fondos, los 60 millones del Estado, también invertidos, también plantean una línea de inversión y de futuro en este tema.

Y, mire, otra cuestión más que a mí me hace pensar es que el empresariado no plantea enmiendas de devolución. No, lo que quiere es que mejoremos la ley en esas tres cuestiones, en esas tres cuestiones; plantea algunas cosas, evidentemente, con las que no estamos para nada de acuerdo, como puede ser desvincular la formación del personal y el personal de lo que es la recualificación, porque un destino turístico sin una formación adecuada del personal no tiene ningún sentido. Si estamos rehabilitando es para generar empleo y para que todo el mundo pueda acceder en igualdad de condiciones. Por lo tanto, ahí nosotros estamos de acuerdo con el proyecto de ley. Es más, creemos que se puede avanzar algo más en este sentido para que un destino que recibe los millones de turistas que recibe al año pueda también generar empleo de calidad. ¿Y cómo hacerlo?, pues en conexión con los empresarios turísticos es como debemos hacerlo. Por eso creemos que en la ley esto está bien reflejado.

Señor consejero, es una ley que se puede mejorar, como todas, pero creemos que, en materia de edificabilidad y densidad, se ha avanzado, se ha avanzado, que era una de las cuestiones que se planteaban para acceder a los incentivos. Creemos que se podría revisar la unidad de explotación, mirar lo de unidad de explotación y la plaza, como se pide también por parte de determinados sectores, pero estamos absolutamente de acuerdo con la modificación del artículo 12 de la Ley de Medidas para poder trasladar los inmuebles hoteleros a cualquier suelo y poder liberalizar ese suelo también. Yo pongo un ejemplo siempre: en el caso del Puerto de la Cruz sería fantástico que se pudiera, en un área hipercolmatada como puede ser la de Martiánez, pues, sustituir un inmueble, dejar el área libre, poder construir jardines, poder construir aparcamientos y, cómo no, por supuesto, compensar y trasladarlo a otra zona del municipio, y se hace con planes supletorios, con planes generales -no sé por qué molesta- o compensando. Pues, mire, yo he estado en muchas juntas de compensación donde se ha planteado una planificación para un trozo de nuestro municipio y luego se ha integrado en la planificación del plan general.

Yo creo que lo que ustedes plantean es una buena opción, que lo que hay es hacerlo desde el consenso y desde la transparencia; que hemos planteado una avanzadilla con un modelo de calidad que supera el modelo de las estrellas; que hemos resuelto o por lo menos pretendemos resolver el problema que han planteado desde una isla, desde la isla de Gran Canaria, unos defendiendo los intereses generales de la isla de Gran Canaria, como ha sido el Partido Socialista y Coalición Canaria, y otros aventando la bandera del insularismo exclusivamente para obtener rédito electoral y no pensando en el interés general de nuestra comunidad autónoma.

Creo que esta ley es mejorable, como todo, así lo haremos en el trámite de enmiendas, pero se ha evaluado, se ha apostado por la rehabilitación, se ha apostado por la calidad; ahora hay que afianzar, hay que apostar por generar empleo, plantear las modificaciones necesarias.

Y, señor consejero, nosotros aquí no venimos a traerles una hoja en blanco para aventar una bandera; venimos a colaborar y desde el consenso apuntalar el sector que mantiene viva y que mantendrá viva a Canarias en toda su extensión, que genera empleo, que tenemos que cuidar, el que nos hace cuidar nuestro territorio, por el que tenemos que velar, y creo que esta ley lo hace. Somos el término medio entre la liberalización y el intervencionismo máximo. Por lo tanto, creo que vamos en buen camino.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, doña María Dolores Padrón.

Por el Grupo Nacionalista Canario, don José Miguel González Hernández.

El señor GONZÁLEZ HERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Quisiera comenzar, decir que voy a intentar moverme siempre en la manera en que yo he actuado, que es intentando evitar polémicas. Creo que después de veintiocho años en este Parlamento y veinticuatro como diputado casi podrá ser una de mis últimas intervenciones. Pero quisiera hablar de este asunto.

Es decir, lo primero que me llama la atención... Yo pensé que don Román Rodríguez estaba haciendo una enmienda a la totalidad al Partido Popular, o sea, es curioso que sean dos posiciones tan antagónicas, es decir, uno que dice que está todo atado y otro que dice que está todo suelto. Hombre, claramente, como decía el clásico, en el medio estará la virtud, con toda seguridad.

Es decir, lo primero de todo es sorprendente que se pretenda la retirada de la ley, aunque se pudiera modificar, cuando aquí se han aprobado dos PNL, en 2013 y 2014, se dijo que había que... La ley tenía una previsión, como ustedes saben, de una evaluación en un plazo. Se aceleró la evaluación y se dijo que había una evaluación y había que tomar las medidas correctoras, porque, como en eso sí estoy de acuerdo con don Román, la experiencia ha demostrado que había cosas que había que cambiar, y eso es lo que se pretende. Luego, sinceramente, en broma, casi me dieron las ganas de decir "vamos a aceptar las enmiendas, porque si están todos conformes con lo anterior, pues, que se quede como está", pero, bueno, yo creo que por la mera responsabilidad no puede ser esta la posición.

Voy a dirigirme a un argumento que dice don Román, que es lo contrario de lo que dice el Partido Popular, que aquí se ha acabado con todo y que todo el mundo va a hacer lo que quiera. Bueno, lo primero de todo, vamos a ir planteando cosas.

Usted sabe que en la modificación que hicimos de la simplificación el modelo turístico de cada isla lo fija el cabildo, y lo fija a través de sus instrumentos. Tiene un instrumento, que es el PIOT, que es, como sabe, un plan de ordenación de los recursos naturales, ahí dice lo que se hace, qué turismo se hace y cómo se hace, y luego esta propia ley da una serie de atribuciones a los cabildos. La primera, que ellos son los que dan las autorizaciones previas, pero es que también, por ejemplo, en el tema de los apartamentos, se les dice, "bueno, eso se hace si lo permite o no lo prohíbe el plan de los cabildos". Luego, por lo tanto, no existe en absoluto una recentralización de competencias sino que al revés, están muy distribuidas hacia los cabildos y en la propia Cotmac, en la modificación que hemos hecho, establecimos unas secciones insulares para que se adapte cada una a la política de cada isla. Luego, rechazo totalmente ese tema.

Pero es que luego se dice que se ha abierto todo. Bueno, a mí me gustaría que recordáramos por qué y de qué forma ha evolucionado el proceso. Como ha dicho el consejero, la disposición que establecía un porcentaje de plazas era una cosa de carácter transitorio y solamente por ser transitorio se ha logrado ganar la serie de recursos que tenían los interesados para poder construir. Porque, claro, los tribunales dicen, "bueno...". Lo que no se puede hacer es fraude de ley, lo que no se puede hacer es que se siga cabeza sobre cabeza, albarda sobre albarda y siga siendo provisional y hay que tomar una decisión definitiva. Y la norma tiene que ser definitiva respetando la legislación comunitaria -estoy de acuerdo con lo que dice don Miguel Jorge-, pero la legislación comunitaria sí permite restricciones por motivos medioambientales, no por motivos económicos. Luego, no es un tema económico.

Cómo se puede decir que se ha abierto todo cuando la ley dice clarísimamente, clarísimamente, que se excluyen nuevas clasificaciones de suelo, que el consumo del ya existente, clasificado, tiene que ser para renovación o productos de alta calidad. Luego, no puede haber otro. No hay más suelo y tiene que ser renovación o productos de calidad. Por lo tanto, clarísimamente está marcado. Yo no creo que haya ningún cabildo que vaya, porque además tendría dudoso futuro, que cogiera y modificara su PIOT para dejar hacer en todos lados. Serían los únicos que lo podrían hacer, porque es el instrumento que establece cuál es el suelo turístico. La ley no admite nuevas actuaciones.

Se olvida usted también de que aquí hay legislación para tres islas diferentes. La Palma, La Gomera y El Hierro tienen su propia legislación y se rigen por sus normas, y están totalmente fuera.

¿Qué es lo que se intenta regular aquí? Hombre, donde hay ese turismo de masas -vamos a emplear una palabra razonable, no es ninguna cosa peyorativa hablar de turismo de masas-, gran cantidad, y entonces son los que pueden realmente tener un impacto importante sobre el territorio, y nosotros defendemos, defenderemos y estoy seguro de que los que vienen detrás seguirán defendiendo que nuestro territorio es nuestro principal recurso natural y hay que protegerlo. Y lo que hay es que tomar medidas para ordenar las actividades económicas, sin impedirlas, pero tampoco que se puedan desbocar. Yo creo que no podemos olvidar que la renovación es una obligación que tienen los hoteleros, ahí está el informe técnico que tienen que dar. Es una obligación, hay que renovar. Y que ha habido una normativa española nueva, la Ley estatal 8/2001, de regeneración, rehabilitación y renovación urbanas, y esta ley lo intenta acoger, aunque sea por lo menos de terminología.

Entonces voy a referirme, por ejemplo, a alguna de las cosas que decía el Partido Popular. Que en solo dos años lo hemos discutido... Claro, porque es un tema muy importante. Un tema tan importante que sobre la marcha ha habido que irlo adaptando cuando han aparecido distorsiones. Yo creo que nadie puede pensar en esta vida -somos humanos- que acertamos siempre. Lo hacemos con buena intención y, cuando descubrimos -para eso se hacen las evaluaciones- que hay algunas cosas que no funcionan, hay que corregirlas.

El que haya más normas, yo no diría cuatro, tres, yo creo que es al revés, es una cosa razonable en una Administración que no se empeñe en mantenella y no enmendalla, sino al revés, irla adaptando a las necesidades. Pero, eso sí, manteniendo siempre los principios que decía antes: no hay nuevo suelo y el suelo solo se puede dedicar a actividades de una cierta calidad.

Y luego viene por qué ha habido que cambiarlo. Bueno, usted sabe de sobra que el Gobierno del Estado recurrió el artículo 4 de la ley, donde se establecían unas limitaciones para las autorizaciones previas a hoteles de cinco estrellas o superior y luego a los de cuatro estrellas y demás. Y en la propia comisión -que yo no sé por qué no se ha difundido lo suficiente- se negoció que lo que habría que sustituirlo era, no ya por el número de estrellas, sino por calidad. Lo que se pretende es que, ya que el suelo está limitado y que queremos tener un turismo de calidad, que lo que se haga tenga calidad. Y, claro, viene el tema de las estrellas. Bueno, el tema de las estrellas es un tema muy relativo. Yo tengo aquí un artículo -no se lo voy a leer ni mucho menos, no tengan ustedes reparo- que se publicó el domingo, 15 de marzo de 2015 -el otro día-, en El País, que se llama Sopa de estrellas en los hoteles españoles. ¿Y sabe lo que viene a decir este artículo a través de muchísimas cosas?: que lo de las estrellas es una cosa tan enormemente relativa que si usted va a las diecisiete comunidades autónomas no son los mismos estándares en unas y otras, y propugna un sistema internacional que está, bueno, que se llama exactamente, voy a leerle el nombre, porque no lo recuerdo..., pero, bueno, es igual, que es un sistema internacional, y dice, "hombre, ¿por qué España no se une de manera que tengamos...". Yo no estoy diciendo eso. Lo que quiero decir es que no es la estrella lo que manda sino la calidad del servicio y, si yo tengo terreno escaso, porque no lo voy a aumentar, y tengo que tener calidad, lo que tengo que tener son criterios para definir que las construcciones que se hagan tengan la calidad suficiente.

Y surge el problema temporal, es decir, tiene que serlo por un procedimiento reglamentario. Yo supongo que a nadie se le pasa por la cabeza que pongamos aquí un artículo que luego tengamos que cambiar por ley, porque dijimos que tenía que tener 23 m2 o que tenía que tener un baño y un bidé. Eso no parece razonable que pase por una ley, tiene que ser un reglamento. Y el problema que se plantea es uno: si queremos que esto despegue o decimos "se queda parado hasta que haya un reglamento". Solución, pero, claro, estamos hablando de un año. O tenemos que tomar unas medidas de carácter provisional. Eso de que ustedes hablaban de la doble... Se trata pura y exclusivamente de habilitar un procedimiento temporal, en tanto que no esté el reglamento, que tiene que ser discutido con los empresarios y con todo el mundo, para que no quede paralizado el expediente, porque, si no, como tiene que ser un hotel que cumple unos estándares de ecoeficiencia, etcétera, que lo dice claramente la ley, habría que... ¿Quién es el juez? Pues el único juez tiene que ser objetivo y, para ser objetivo, tiene que haber una norma, una norma publicada, que tiene que ser contrastada, que tiene que ser discutida, que tiene que ser publicada y que puede ser incluso recurrida en los tribunales. Luego, yo no veo tampoco por qué se habla... Parece que eso es un tema yo diría negativo y no, creo yo que es positivo. Es un intento de no producir una parálisis en unos procesos que estimamos que es necesario realizar e incluso obligatorio, según la ley estatal.

Luego viene, hombre, habla de que se ha hecho con criterios económicos. Yo no creo, sinceramente, que se haya hecho con criterios económicos. Eso, los criterios económicos son los de don Román, es decir, precisamente por eso es indefendible ante la Unión Europea. Es decir, cuando se fija un porcentaje, estamos fijando criterios económicos, no pueden ser otros, no es otra cosa. No son los criterios económicos. No es posible realizar una limitación con criterios económicos en una ley española, porque va contra la directiva de servicios. Aunque digan que no se aplica al turismo, se aplica a los servicios. Por lo tanto, ese es un tema que lo hemos discutido varias veces con don Román aquí y siempre hemos dicho lo mismo: ¡no se puede! Ese era un sistema provisional, temporal y que, por ser temporal, nos salvó incluso de los recursos -lo dije antes- que se habían planteado por los titulares que tenían posibilidades de realizar actividades. No se puede establecer, hay que hacer un sistema que sea, primero, compatible con la Unión Europea, que sea suficientemente claro y preciso para que no se dé paso a la actividad no controlada o discrecional de la Administración, pero para ello necesitamos tiempo. Tendrá que hacerlo, con toda seguridad, el Gobierno que viene después. No, nadie puede pensar, digo yo, que en dos meses vamos a tener un reglamento para este tema, porque sería un esfuerzo francamente difícil.

Luego, por ejemplo, la intervención pública. Bueno, qué duda cabe que hay que hacer una intervención pública para renovar, pero, vamos a ver, vamos a hacer historia: el haber estado tantos años metido en este tema me hace recordar que yo, personalmente, incluí una disposición transitoria en la Ley del 94 del REF que dice que las administraciones públicas, el Estado, la comunidad autónoma y, en su caso, los ayuntamientos colaborarán en los planes de mejora y tal... ¿Qué ha pasado?: que han pasado los años y no se ha hecho prácticamente nada. Los consorcios de Gran Canaria, el consorcio del Puerto, que han venido a última hora por presión política, pero es indudable que eso es así.

Y usted plantea la tasa turística. Mire, yo no quiero entrar en la polémica de ayer, primero, no intervine, ni siquiera creo que valga la pena reiterarle, pero le diré a usted una cosa, es decir, yo no creo, sinceramente...; primero, ya le dijeron que no era una tasa sino un tributo, pero, bueno, que es un impuesto, eso es una cosa técnica que es cuestión de nombres, no, el tema no es la forma. Usted lo formula sobre el ciudadano, es decir, por el día que ha estado y él, y yo le pregunto: ¿paga o no paga el señor que está hospedado en un hotel el IGIC sobre su estancia?, ¿puede, cree usted que se pueden poner dos impuestos por el mismo hecho imponible?, ¿se puede por el hecho imponible? Pues la política tributaria dice que no, dice que no, tiene que darse de otra forma. Y, como le dijeron a usted ayer, este es un tema que hay que estudiar cuidadosamente, no ya por la repercusión económica, sino porque, primero, tiene que ser un impuesto razonable. Por ejemplo, lo mismo, ya que está planteado, yo le hubiera entendido que hubiera planteado aquí que se subiera el IGIC al turismo. Lo hubiera entendido, es decir, si usted hubiera venido ayer diciendo, "¡ah, yo pienso que ahora el 7 no, que vaya al 10 y que ese 3% lo dediquen tanto la comunidad autónoma como los ayuntamientos y los cabildos a la mejora turística!". Bueno, eso era coherente, pero lo otro creo que no lo era.

O sea, no estamos diciendo, en absoluto, con ello, don Román, que no hace falta intervención pública y tampoco estoy diciendo que el sector turístico no tenga que aportar para su propia mejora, es lógico, pero lo que estamos haciendo aquí es buscando la manera de que se pueda poner en marcha el proceso de mejora del sistema a base de la renovación, insistimos. Los instrumentos nuevos, los edificios nuevos serán la excepción y para ello hay que pedir una gran calidad, pero lo que no queremos es que haya desviación importante hacia las nuevas construcciones y se olvide que lo que realmente necesita, urgentemente, esta comunidad autónoma, las islas turísticas fundamentales y en gran parte Gran Canaria es la renovación. Hay que renovar las instalaciones. Y aquí se ha planteado ya no solo la renovación de las instalaciones hoteleras sino de los servicios complementarios, los terciarios e incluso en la ley, en la nueva edificación, se admite la posibilidad de que se den incentivos a que otras actividades que sean molestas o complicadas para el sector turístico puedan desplazarse hacia el exterior.

Yo, señorías, quiero terminar diciendo que yo hubiera pensado más razonable que usted... bueno, cada uno defiende sus ideas y tiene derecho a defenderlas con toda su claridad, pero me hubiera gustado, sería mejor con un consenso de buscar enmiendas, porque yo también creo que hay que enmendarlo, que es lo que ha dicho la portavoz del Partido Socialista. Yo creo que debemos incidir más, ¿sabe en qué?, en favorecer los criterios de las instalaciones que están ya en cuanto a sus estándares, en cuanto a la ocupación de parcelas, etcétera, porque eso sí se ha demostrado inviable; hay muchas instalaciones que están, sobre todo en las áreas turísticas maduras, que en los criterios que la ley establecía las hacen imposibles, y hay que flexibilizarlo. Y con eso no estamos flexibilizando ni intentando que la gente haga...; estamos intentando que se pueda hacer una cosa importante, y es que en los sitios aquellos turísticos ya consolidados, como pueden ser el Puerto de la Cruz, como podía ser parte del sur de Gran Canaria o parte de Lanzarote, se pueda hacer renovación y no vamos a poder aplicar los criterios estrictos de que tiene que ser 0,40 metros no sé qué o 3 por el otro y no se puedan hacer. Y tampoco, porque a veces es injusto, que le apliquemos esos criterios a aquellas instalaciones hoteleras que estaban antes de que incluso se aprobara la ley de turismo. Pero eso se puede hacer por enmiendas. Yo ahí los llamo a colaborar. Colaboremos en las enmiendas y saquemos esto adelante, pero rechazar lo que ustedes mismos han pedido no me parece demasiado coherente.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don José Miguel González Hernández.

(El señor presidente hace sonar el timbre de llamada a la votación. Pausa.)

Señorías, vamos a proceder a votar y desde que se inicie la votación no puede entrar nadie en la Cámara. Lo recuerdo por si hay alguien que...

Debate de primera lectura: proyecto de Ley de modificación de la Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias del año 2013. Se votan las enmiendas, no se vota la ley, se votan las enmiendas.

Enmienda del Grupo Parlamentario Popular: comienza la votación. (Pausa).

Resultado: 45 presentes; 16 a favor, 28 en contra y una abstención.

Queda rechazada.

Vamos a proceder ahora a la votación de la enmienda también... (El señor Castellano San Ginés solicita la palabra). ¿Sí?

El señor CASTELLANO SAN GINÉS (Desde su escaño): Nuestro portavoz ha cometido un error en la votación y quería votar negativamente.

El señor PRESIDENTE: Bien. No, no varía, no vamos a repetir votaciones, no varía el resultado, pero queda en el Diario de Sesiones, queda constatado.

Vamos a votar ahora la enmienda de devolución presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. Comienza la votación. (Pausa).

Resultado de la votación: 45 presentes; 2 a favor, 43 en contra y ninguna abstención.

Queda rechazada.

Por lo tanto, el proyecto de Ley de modificación de la Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias continúa su tramitación en ponencia y en comisión con el plazo de enmiendas. ¡Ah!, es abreviado, va directamente a la comisión. Bueno, continúa la tramitación que esté acordada en la Junta de Portavoces. Me dice el secretario de la Mesa que solo plazo de enmiendas y directamente a pleno. Para que quede constancia.