Diario de Sesiones 7, de fecha 10/9/2015
Punto 14
9L/PNL-0011 PROPOSICIÓN NO DE LEY DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA CANARIO, SOBRE SOLICITUD AL GOBIERNO DEL ESTADO EN RELACIÓN CON REFORMAS DE LA LEY DE REGLAS PARA EL EJERCICIO DE LA GRACIA DE INDULTO.
La señora PRESIDENTA: Seguimos con la última proposición no de ley del día de hoy, tras el acuerdo alcanzado en la Junta de Portavoces, que es la propuesta por el Grupo Socialista Canario, sobre solicitud al Gobierno del Estado en relación con reformas de la Ley de Reglas para el ejercicio de la Gracia de Indulto.
Tiene la palabra el señor Matos.
El señor MATOS EXPÓSITO: Buenas tardes, señora presidenta. Señores diputados y diputadas que todavía aguantan con paciencia en los escaños.
Esta es la última PNL del orden del día, después de la modificación que se ha producido, y lo cierto es que parecía justo, y yo creo que la expresión viene muy al pelo de la propuesta, justo, que este Parlamento en esta primera sesión plenaria donde hemos tratado muchísimos asuntos de gran interés, pues, no levantara la sesión sin al menos traer al Pleno, a través de esta propuesta, una información, un caso, que desde luego ha llenado la actualidad de Canarias en las últimas semanas, el caso de Josefa Hernández.
Por tanto, creo que es buen colofón para este inicio de curso que en algo donde la sociedad civil nos ha dado una lección una vez más, donde la sociedad civil ha ido por delante de las administraciones públicas, por delante de los políticos, donde la sociedad civil se ha movilizado y ha conseguido un resultado que podemos tener ocasión de debatir, era imprescindible que este Parlamento hoy le rindiese cierto tiempo a hablar sobre el asunto de Josefa Hernández y lo hacemos a través de esta proposición no de ley que trae el Partido Socialista.
Miren, la primera reflexión que uno debe ser al respecto es que, más allá del caso concreto en el que probablemente haya opiniones diferentes sobre el asunto, hemos escuchado de todo tipo, incluso algunas declaraciones en los últimos días del decano del Colegio de Abogados de Tenerife diciendo que se había quizás utilizado de una forma incorrecta el caso de la abuela de Fuerteventura, opinión respetable y que no deja de tener cierto sentido, quizás, digamos, de alguna manera.
Pero lo cierto es que la primera reflexión a la que uno debe llegar en este asunto es que las administraciones han fallado. Y esa reflexión la tenemos que hacer nuestra: detectar qué ha fallado para que no vuelva a ocurrir, desde luego el caso es largo, tiene muchos vericuetos jurídicos, legales; discutir por qué fue por la vía penal y no sola y exclusivamente por la vía administrativa como tantas y tantas ilegalidades urbanísticas que se producen a diario en Canarias y cuyo fin jurídico no es precisamente el que el autor de esa ilegalidad urbanística acabe condenado a una sentencia penal firme e ingresando en prisión; y aquí, que además en este hemiciclo hay prestigiosos juristas, cuando a un ciudadano se le tiene que explicar demasiado una resolución judicial o un caso concreto es que también algo ha fallado.
Y un ciudadano corriente se ha hecho estos días una pregunta sencilla, y es: ¿por qué Josefa sí y otros no? Después podemos descender al caso concreto, explicarles el detalle de por qué ha ocurrido, y técnicamente es correcto lo que ha ocurrido. Esa es la verdad. Pero resulta difícil de explicarle a un ciudadano, que no tiene por qué tener los conocimientos técnicos correspondientes, sino simplemente es un ciudadano corriente que un día en un bar de cualquier sitio de Canarias abre el periódico tomándose un café y ve el caso de Josefa, mientras quizás en la página de al lado del mismo periódico ve cómo, por ejemplo, en algunas costas de nuestras islas permanecen en pie hoteles que tienen sentencias desde hace muchísimo tiempo sobre irregularidades urbanísticas, que han seguido su tramitación jurídica correcta, pero que, desde luego, hasta la fecha ninguno de esos responsables ha sido condenado en una sentencia judicial firme en la vía penal. Y eso es difícil de explicárselo a los ciudadanos -insisto- y cuando algo hay que explicarlo demasiado es que algo ha fallado en los poderes públicos -en el judicial, en el administrativo, en la Administración local, en la Administración del Gobierno de Canarias, etcétera-, y creo que es bueno que hagamos una reflexión crítica todos de qué mecanismos han fallado para que este caso se produjese.
Esta proposición no de ley que trae el Partido Socialista es muy concreta, no quiere desde luego convertir el Parlamento de Canarias en una sala de justicia, no es así, ni revisar el caso de Josefa, se ha debatido muchísimo. Pero sí que hay una cosa concreta que creo que sí tenemos la obligación al menos de tratar de arrojar algo de luz con una cuestión muy determinada, que es el por qué Josefa terminó ingresando en prisión cuando posteriormente, y una vez que ese ingreso en prisión se había producido la Audiencia Provincial de Las Palmas estima un recurso de sus letrados, queda en libertad y un día después el ministerio, el Gobierno de España en este caso, por fin resuelve el expediente y concede el indulto a Josefa, y, por tanto, abandona la prisión. Se produce simplemente porque el juez, con su criterio y una decisión que técnicamente es correcta además, decide no suspender la entrada en prisión de Josefa en tanto en cuanto se tramitaba la solicitud del indulto; y aquí es donde el Partido Socialista, el Grupo Socialista, quiere hacer una reflexión e invitar a la Cámara a hacer conjuntamente una reflexión y, si lo tienen a bien, pues acordar aprobar esta propuesta a los efectos de que no se vuelva a producir.
Lo cierto es que el caso de Josefa no es el único, lo hemos conocido porque ha habido detrás una presión mediática -insisto- y porque la sociedad civil ha ido por delante de los poderes públicos clásicos. Hay que hacer un reconocimiento expreso, además, a las plataformas antidesahucios que hicieron del caso de Josefa una reivindicación justa.
Pero la realidad es que esa decisión técnica, sin apelativos, justificada, está basada en una norma que proponemos se modifique para que no se vuelva a producir. Me refiero, en este caso la propuesta se trata de modificar, concretamente de instar al Gobierno de España, porque no es competencia de esta comunidad autónoma, a iniciar una modificación de la ley del indulto, que es una ley de 1870 -ha sufrido algunas modificaciones, y la última hace muy poco con la modificación del Código Penal-, quizás también sea necesario introducir alguna modificación en el Código Penal, concretamente en el artículo 4.4 del Código Penal, que prevé la suspensión de la entrada en prisión cuando se tramita un indulto, pero sobre todo con la reflexión de que en penas muy cortas, cuando la condena se refiere a penas extremadamente cortas -en el caso de Josefa eran seis meses-, en ocasiones, si no se produce la suspensión, puede darse el caso -y hay instrucciones de la Fiscalía, autos judiciales, sentencias del Constitucional que así lo dicen, incluso el propio artículo 4 del Código Penal- si no se suspende la pena ni la entrada en prisión, la medida de gracia puede quedar simplemente en un adorno porque cuando llegue es posible que ya la persona que ha solicitado esa medida haya cumplido con la condena y, por tanto, esa medida del indulto quede en la práctica sin efecto.
Es verdad que la ley del indulto necesita una revisión más a fondo, esta es una cuestión muy concreta porque entendemos que tampoco es este el sitio donde debatir a fondo la modificación de una norma que le corresponde hacer al Congreso de los Diputados y al Gobierno de España, pero sí que creemos necesario instar desde esta Cámara, porque ha sido en Canarias donde se ha producido este caso, esa modificación. Nosotros hacemos una propuesta muy concreta, y una enmienda presentada por algún grupo parlamentario, luego tendremos ocasión de discutirla en el turno correspondiente, pero -insisto- reflexión sobre que las administraciones algo hemos hecho mal, y, en segundo lugar, una propuesta que consideramos que puede resolver cuestiones ya que en estos momentos, dependiendo del tribunal que resuelva el caso, en unos casos se está concediendo la suspensión de la pena y en otros casos no.
Tratamos, por tanto, simplemente, de, desde el punto de vista técnico, limitar, y termino con esto, que es la propuesta del Grupo Socialista, que en los casos en los que haya condenas inferiores en tiempo a los dos años, que además es la condena que permite la suspensión de la misma, y para aquellos casos que no se refieran ni a delitos que tengan que ver con la corrupción política -nadie esté pensando que esto es una norma de autoprotección-, o que tengan que ver con delitos contra las personas, o con el blanqueo de capitales, se pueda dotar a los tribunales de justicia de una herramienta en la que ya no quepa interpretación y que de alguna manera la suspensión de la condena en estos casos muy concretos sea automática en tanto el Gobierno resuelve el expediente sobre el indulto.
Por tanto, señorías, les pido que hagamos esa reflexión colectiva sobre el caso de Josefa, y, si lo tienen a bien, apoyen la propuesta del Grupo Socialista.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Matos.
Hay una enmienda por parte del Grupo Nueva Canarias. ¿Quién la va a defender? Señora González.
La señora GONZÁLEZ GONZÁLEZ (doña María Esther): Gracias, señora presidenta.
Decirle que Nueva Canarias apoya y está de acuerdo con la propuesta del Grupo Parlamentario Socialista, referida a la reforma de la Ley, de 18 de julio de 1870, de las Reglas para el Ejercicio de la Gracia del Indulto (La señora presidenta abandona su lugar en la Mesa y ocupa la Presidencia el señor vicepresidente primero, De la Hoz Fernández).
No obstante, entendemos, y es el motivo de la enmienda de supresión que presentamos, que limitar excesivamente la proposición puede dar lugar a que haya o que se limite el consenso. Y en aras de que haya consenso, en aras de no limitar el supuesto este, se han dado casos en los que se podría analizar. Hace un par de años recuerdo a un chico que por razones de drogadicción había sido condenado a una condena que era superior a dos años, no recuerdo el tiempo, pero que fue doce años más tarde cuando salió la sentencia, cuando ya había estado rehabilitado, cuando tenía un trabajo estable, cuando ya había formado una familia, cuando, incluso, pues, dada esta situación, pudiera analizarse y parece razonable que en este tipo de casos la suspensión también pudiera ser razonable, y en esta limitación, pues, no se cumpliría.
Yo lo que propongo es suprimir la parte de la proposición donde se establecen los supuestos específicos. Y, además, vuelvo a proponer ser un poco más ambiciosos, sentarnos y a lo mejor incluso poder proponer un texto y con ese texto, a través del mecanismo específico que corresponda, poder dirigirnos a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados e instar para que se pueda modificar esta ley, y la penal, y todas aquellas que vayan en concordancia, para garantizar lo que sí parece lógico que hemos vivido en el caso de Josefa en Canarias recientemente, algo que ya de por sí es raro que vaya a la vía penal.
La razón de la enmienda es esta, y si el Grupo Socialista tiene a bien aprobarla, pues, estupendo.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Gracias, señora González.
El proponente de la iniciativa, para fijar posición, por favor.
El señor MATOS EXPÓSITO (Desde su escaño): Presidente, lo hago desde el escaño.
Bueno, realmente la enmienda de Nueva Canarias lo que entiendo propone es eliminar los supuestos concretos que nosotros enumerábamos en la proposición. Realmente lo hemos hecho porque no queríamos que la ciudadanía entendiese que la Cámara propone una modificación de la ley del indulto de la que se pudiera beneficiar alguna conducta de esas que los ciudadanos en estos momentos, en estos momentos y en momentos anteriores, digámoslo suavemente, no aceptan. Y que no parezca una medida de autoprotección de los que nos dedicamos a lo público. Por supuesto, también excluir aquellos delitos que pueden ser, digamos, desde un punto de vista social, más impactantes, como son los delitos relacionados con los daños sobre las personas.
No obstante, nosotros lo que pretendemos con la propuesta es básicamente poder dotar de un instrumento jurídico mejor perfilado a los profesionales del derecho, especialmente a los jueces.
En estos momentos, como les dije en la intervención, el artículo 4.4 del Código Penal establece entre los supuestos de la suspensión de la condena, precisamente, la solicitud del indulto, para aquellos casos en los que pudiera darse que se convirtiera en ilusorio, precisamente, la medida, ¿no?, pero no establece sobre una pena en concreto en qué consiste, en qué medida o dónde establecemos el límite entre qué riesgos hay en que esa condena se convierta o no en ilusoria.
Por eso nosotros hemos..., después de haber consultado con algunos profesionales del Derecho, que el límite óptimo podría estar en los dos años de prisión, precisamente porque es el límite también de la suspensión de la pena, y excluir de esa propuesta determinados delitos que creo que socialmente, pues, merecen un reproche tal que quizás no se entendería bien por parte de los ciudadanos que los incluyésemos en la medida automática de suspensión.
No obstante, no le corresponde a esta Cámara legislar sobre la materia. Recogido el espíritu, que creo que ha quedado claro en las intervenciones tanto del ponente como del grupo que ha enmendado la propuesta, sobre cuál es el fin último de la misma, bueno, cuando se remita el acuerdo, espero que se remita también, supongo que se remite con las intervenciones y con el espíritu de la misma, para que cuando el Gobierno inste al Gobierno de España a instar la modificación, pues, sepan exactamente a qué nos estamos refiriendo.
En todo caso, repito: probablemente la ley del indulto lo que necesita es una reforma mucho más profunda que la que tiene en estos momentos. La última reforma es muy reciente, de julio, y básicamente lo único que se modifica es la necesidad de dar cuenta de los indultos que se han ido concediendo a lo largo del año y que deban comparecer y dar información al Congreso de los Diputados, pero nada más.
Por lo tanto, quedando claro el espíritu...
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Perdón, señor Matos.
El señor MATOS EXPÓSITO (Desde su escaño): (Sin micrófono)
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Vuelva a pulsar, y por favor, sí o no a la aceptación o no de la enmienda.
El señor MATOS EXPÓSITO (Desde su escaño): Bien.
Termino diciendo que, por tanto, intentando o siendo la voluntad del Grupo Socialista que la propuesta salga con el máximo respaldo posible de todos los grupos, no tenemos -después de todo lo que he dicho- inconveniente en aceptar la enmienda.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Muchas gracias, señor Matos.
¿Por el Grupo Mixto? Pasa su turno.
¿El Grupo Podemos? Señor Déniz.
El señor DÉNIZ RAMÍREZ (Desde su escaño): Gracias.
Sí, nosotros apoyamos esta proposición no de ley, también, pues, recogiendo la propuesta del enmendante.
Ahora bien, con la reflexión que se hace sí nos gustaría a nosotros comentar alguna cuestión, ¿no?, que ayer se dijo aquí, y yo creo que se dijo injustamente contra una intervención de nuestros diputados.
Hay cuestiones que generan alarma y crispación social, no solamente las guerras y las grandes calamidades generan crispación social. La corrupción política genera crispación social, y la concesión de algunos indultos también genera crispación social, por lo tanto, señor Lavandera (dirigiéndose al señor Álvaro Lavandera) -y no está el consejero de Presidencia y Justicia- hay más fenómenos en esta sociedad que generan mucha crispación social y también merece la pena pues traerlos aquí a debate.
Efectivamente, en el caso de Josefa, en el cual nosotros presentamos también la petición de un indulto, y luchamos junto con toda la gente de Fuerteventura para que esta mujer no fuera a entrar a la cárcel, que finalmente entró, es un caso sangrante, es un caso de agravio comparativo evidente. En Fuerteventura, sin ir más lejos, el hotel Bahía Real tuvo un permiso de Costas, y lo digo aquí claramente, para dinamitar la costa, en el parque de Corralejo, dinamitaron la costa para que se le concediera la posibilidad de entrar en el mar, colocar una pasarela para que los turistas no tuvieran ni que pisar la arena, la dinamitaron pero con barrenos la costa. A esta señora, por fabricar un cuartito para su familia en Aguas Verdes, un poco más allá de los Llanos de la Concepción, antes de entrar en Betancuria a mano derecha, unos descampados que hay allí, para su familia, le cayó lo que le cayó.
Entonces, el problema no es el desconocimiento de la gente, también el problema es que algunas personas en esta sociedad no tienen acceso a los recursos jurídicos suficientes ni acceso al poder, no tienen las suficientes amistades en las élites como otras personas, a las que se les ha concedido un indulto injustamente. Entonces, me parece que es una reflexión para que veamos que muchos aspectos crean crispación social. Cuando nosotros aplaudimos este tipo de iniciativas me parece que su partido, el Partido Socialista, está ya tramitando una ley en el Parlamento en este sentido, la ley del indulto tiene que modificarse porque es un agravio contra las personas más desfavorecidas de esta sociedad, como Josefa y otros que la precedieron.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Gracias, señor Déniz.
Por tiempo de tres minutos, el Grupo Popular. Señor Rodríguez... (El señor Álvaro Lavandera solicita la palabra).
Sí, señor Lavandera.
El señor ÁLVARO LAVANDERA (Desde su escaño): (Sin micrófono)
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Pulse.
El señor ÁLVARO LAVANDERA (Desde su escaño): Señor presidente.
Dadas las manifestaciones que se han vertido o se han dicho por el portavoz del Grupo Parlamentario Podemos, me gustaría hacer uso del artículo 79 en cuanto a que entendemos que ha habido una inexactitud y juicio de valor incorrecto hacia este grupo.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Si le parece, le doy la palabra después de que intervengan los grupos, gracias, señor Lavandera.
Señor Rodríguez, tres minutos.
El señor RODRÍGUEZ PÉREZ (don Jorge): Señor presidente. Señorías, concluyendo ya esta maratoniana sesión plenaria, quiero decir lo siguiente en relación a la proposición no de ley.
Más allá del caso concreto que ha servido de inspiración para construir el texto dispositivo de esta proposición no de ley, se está pidiendo a este Parlamento que instemos la modificación de una ley que data de ya unos cuantos meses, más de 146 años, de cuando el breve reinado de Amadeo I de Saboya. En cualquier caso, se trata de una modificación tantas veces instada por distintos grupos políticos tanto en el Congreso como en el Senado.
Estamos, en todo caso, alineados con el proponente, con la proposición no de ley. Si bien debo manifestar nuestra opinión, del Grupo Parlamentario, en el sentido de que técnicamente el texto propuesto en la enmienda por el Grupo Nueva Canarias es más acertado puesto que deja abierta la posibilidad a esos otros casos que, efectivamente, pueden darse, para que se den con rectitud la excepcionalidad y la legitimidad de la gracia y, por tanto, la regla del indulto sea posible.
El Partido Popular va a votarle que sí -repito- al texto que supuestamente ya está aceptado y tan es así que el Partido Popular acepta esa enmienda y acepta la proposición del Grupo Socialista que el Partido Popular en su momento, el Gobierno de la nación, llevó a efecto el indulto que merecidamente a Josefa Hernández creo que hizo suyo toda la sociedad canaria, para que, efectivamente, en estos momentos estemos recordándola y, sobre todo, con una proposición no de ley que el Grupo Socialista ha traído para que casos como este realmente estén perfectamente y mejor tratados. De ahí que la modificación de la ley de cara al futuro sea una auténtica necesidad, de hecho, el Gobierno lo tenía pretendido en su plan de reformas, pero ya saben, la legislatura está prácticamente concluyendo y será seguramente objeto de trabajo del nuevo gobierno que salga de las urnas el próximo diciembre.
Nada más, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Gracias, señor Rodríguez.
Para finalizar la exposición el Grupo Nacionalista Canario, la señora Taño.
La señora GONZÁLEZ TAÑO: Buenas tardes, señoras y señores diputados.
Efectivamente, el caso de Josefa Hernández ha provocado una movilización social importante y ha traído a esta Cámara y al debate político la figura del indulto prevista en nuestro ordenamiento jurídico como una medida de gracia de carácter excepcional que supone el perdón de la pena, no del delito, y esto sí me gustaría recalcarlo, es decir, que la persona sigue siendo culpable pero se le perdona el cumplimiento de la condena, está recogido en la Constitución y se habla de gracia porque solo se puede conceder en casos puntuales y no con carácter general. Como todos sabemos, y se ha dicho aquí, la responsabilidad de su concesión recae sobre el Gobierno, aunque formalmente lo la deba firmar el Rey y refrendar el ministro de Justicia.
El indulto, según la doctrina jurídica, persigue buscar la justicia material sin revocar las decisiones judiciales ya que como decíamos antes se perdona la pena, no el delito. Pero este perdón debe ser motivado, no es un acto arbitrario ni discrecional, no debería serlo al menos. Pero, lamentablemente, el uso no adecuado de esta figura en algunos casos, y voy a poner dos ejemplos antiguos para que no se entienda mal. Por ejemplo, el de, por todos conocido, Jesús Gil, que fue indultado tanto en el época de Franco como en la etapa democrática, dos veces; o el caso del general Alfonso Armada que fue indultado por su participación en el 23F; o la de algunos políticos indultados por casos de corrupción. Todos estos casos han hecho que se denoste esta figura por parte de la ciudadanía.
El ministro Catalá, como muy bien explicaba el portavoz popular, ha reconocido la necesidad de regular esta figura pero la imposibilidad de hacerlo en esta legislatura, pero ha planteado que se excluya de la figura los delitos de corrupción, pederastia o malos tratos. Nosotros, desde luego, compartimos la necesidad de regular esta figura, pero creemos que hay que tener cuidado de no encorsetarla demasiado porque quizás no logremos el objetivo y les voy a poner un ejemplo que es real y cercano, aunque ya ha caído en el olvido: en los años 80 se produjo una movilización similar en Canarias en torno a las personas de Víctor Carmona y Juan Quesada que habían robado una fotocopiadora y ocho años después se les condenó a cuatro años de cárcel. Víctor Carmona había pagado la fotocopiadora, había estudiado Filosofía, se había especializado en Filosofía de la Tecnología -no deja de ser un dato curioso- y se había reintegrado y fue indultado.
Así que apoyamos esta iniciativa pero, tal y como se propone, que no sea tan estricta que impida que casos como el de Víctor Carmona, el de Juan Quesada o el actual de Josefa Hernández se puedan solucionar.
Solo decir que todos los grupos presentes en esta Cámara estamos en el Congreso si queremos...
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Gracias, señora González Taño.
Ahora sí, el portavoz del Grupo Socialista pedía la palabra.
El señor ÁLVARO LAVANDERA (Desde su escaño): Gracias, presidenta.
Simplemente le quería trasladar al señor portavoz del Grupo Podemos, a su señoría, que la corrupción es una lacra social, y evidentemente genera alarma social y genera crispación. Otra cosa son los juicios de valor y el intentar ver una alarma y una crispación social donde no la ha habido, por el caso de un nombramiento del Gobierno. Una cosa es totalmente diferente a la otra.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Gracias, señor Lavandera.
El señor Déniz, si quiere, un minuto.
El señor DÉNIZ RAMÍREZ (Desde su escaño): Efectivamente, tiene usted razón, pero lo que sucede es que algunos nombramientos también pueden generar alarma social, igual que muchos indultos que pesan como una lacra, como los que la señora Taño, por ejemplo, acaba de nombrar y que están en la memoria de todos los ciudadanos; algunos indultos, y actualmente estamos padeciendo en la isla de Gran Canaria, sin ir más lejos, un indulto por tener determinadas amistades en las altas esferas, y eso genera alarma social y crispación.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Gracias, señor Déniz.
Bien. Ahora procedemos a la votación (La señora presidenta hace sonar el timbre de llamada a votación. Pausa.)
Procedemos a votar.
44 presentes: 44 sí.
Por unanimidad queda aprobada.
Se levanta la sesión, señorías.
(Se levanta la sesión a las dieciocho horas y dieciocho minutos.)
