Diario de Sesiones 9/2015, de fecha 23/9/2015 - Punto 5

9L/PNL-0001 PROPOSICIÓN NO DE LEY DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA CANARIO, SOBRE SOLICITUD AL GOBIERNO DEL ESTADO EN RELACIÓN CON LA LEY ORGÁNICA DE SEGURIDAD CIUDADANA.

La señora PRESIDENTA: Seguimos con las proposiciones no de ley. La primera que está en el orden del día es la del Grupo Socialista Canario sobre solicitud al Gobierno del Estado en relación con la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana.

Para su defensa, señor Matos.

El señor MATOS EXPÓSITO: Señora presidenta, buenos días. Buenos días a todas sus señorías, diputados y diputadas que se encuentran hoy aquí en el hemiciclo, a los medios de comunicación que siguen el pleno a través de los diferentes medios.

Miren, decía Voltaire una frase que mantengo siempre y es una de esas brújulas que te señala el norte cuando en política a veces uno, en fin, tiende a veces a perder el horizonte. Decía Voltaire una frase, que es la siguiente: "no estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero defenderé con mi vida su derecho a poderlo decir".

Probablemente hay muchísimas formas de definir lo que es una democracia o un Estado democrático. Hay bibliotecas, universidades, facultades, escuelas llenas de manuales, de tratados sobre lo que es o los límites de lo que debe ser un Estado democrático. Pero, probablemente, si le preguntamos a cualquier ciudadano qué es un Estado democrático, lo más probable es que nos lo defina a través del ejercicio de cuatro, cinco o seis libertades básicas y elementales sin las cuales hablar de un Estado democrático es simplemente una ficción: la libertad a poder decir libremente lo que uno opina, lo que uno cree; la libertad de poderse reunir con otras personas para decir juntos lo que creen; la libertad de poderse mover con libertad en el espacio público; la libertad de poder manifestarse, de poder protestar frente a quienes gobiernan. Probablemente ese puñado de libertades son las que a un ciudadano corriente le definen como nada lo que es o no es un Estado democrático.

Pues, señorías, desde el pasado 1 de julio algunas de estas libertades más básicas, más elementales, las que definen de una forma más sencilla lo que es un Estado democrático, el ejercicio pleno de esas libertades está en peligro en nuestro país. Y está en peligro porque el Partido Popular ha aprobado en solitario una ley orgánica, la Ley Orgánica 4/2015, eufemísticamente llamada "de protección a la seguridad ciudadana". Una ley que ha suscitado el rechazo de todo el arco parlamentario en el Congreso de los Diputados. Una vez más, el Partido Popular decide modificar una ley básica de la convivencia de los ciudadanos de este país de forma unilateral como hizo con la reforma laboral, como hizo con la reforma educativa y como pretende hacer ahora también con la reforma del Tribunal Constitucional. Y esa ley ha merecido, además, un recurso ante el Tribunal Constitucional, también firmado por casi todas las fuerzas parlamentarias que, además, ha sido admitido a trámite por el Tribunal Constitucional.

Miren, es una ley que ha suscitado el rechazo de todo el mundo, no solamente de los partidos políticos, de los grupos parlamentarios; de organizaciones tan distintas como Cáritas Diocesana, que ha rechazado la criminalización de la pobreza a través de esta ley; la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, por esas devoluciones en caliente que legaliza esta ley, que el Gobierno negó que existiesen y no hay nada más que certifique mejor que algo existe que su legalización: si no existían no era necesario legalizar las expulsiones en caliente. Organizaciones tan poco sospechosas como Amnistía Internacional o la propia ONU, a través de varios comisionados importantísimos, referentes mundiales en la lucha por la libertad y por la democracia, que han dicho que esta ley es un retroceso a una España en blanco y negro y que pone en riesgo libertades fundamentales para los ciudadanos de este país.

Miren, a partir del 1 de julio hay cosas que ya no podemos hacer, o que al menos no sabemos con certeza si las podemos hacer o no, que es aún peor. No podemos manifestarnos de una forma espontánea por fuera, por ejemplo, de este Parlamento. Ni siquiera podemos retuitear o decir en las redes sociales que se está produciendo una protesta por fuera de un edificio como este. Ambas conductas, a partir del 1 de julio, son posiblemente sancionables. No podemos fotografiar a agentes de seguridad en una manifestación, lo cual no solo vulnera algunos derechos fundamentales de los ciudadanos -algunas de esas grabaciones han servido para denunciar excesos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en casos graves-, sino que, además, dificulta el ejercicio de otro derecho fundamental que es el derecho a la información.

No podemos tampoco, a partir de ahora, o al menos el riesgo existe de una sanción, parar un desahucio, como han hecho las plataformas antidesahucios, los movimientos sociales que han conseguido, además, concienciar a los poderes públicos de este país de la necesidad de modificar las normas que regulan todo lo que tiene que ver con las ejecuciones hipotecarias, con las deudas de los ciudadanos con las entidades financieras y lo que tiene que ver con su vivienda.

No se pueden hacer, o no se deben hacer, o no sabemos si se pueden hacer o no, que, insisto, es aún peor, acciones de resistencia pacífica, tan elementales, que tienen una coexistencia innata con el sistema democrático. Estas son algunas de las conductas que desde el 1 de julio no podemos hacer. Pero miren, no es casual: es una ley profundamente ideológica. Es una ley que criminaliza a los ciudadanos, es una ley que nos pone a todos bajo la sospecha de que somos, en fin, personas peligrosas para el sistema. Esta es la realidad de una ley que es profundamente ideológica y, además, insisto en una cuestión fundamental: la inseguridad jurídica que genera. Elimina el control judicial de algunas conductas. Algunas de esas conductas ya no son faltas, con lo cual no nos vamos a enfrentar a un juez con todas las garantías para podernos defender de la denuncia de un agente de la seguridad, del orden, de este país; sino que, a partir del 1 de julio, es el agente el que dice o no dice, y queda a su criterio, qué es o no es una infracción de la norma. Nos ponen la multa, salada por otro lado, donde se incrementan sustancialmente las sanciones, y después el ciudadano tendrá que recurrir ante el tribunal contencioso-administrativo esa sanción. Esto -permítanme, señorías- no es casual: es deliberado. Lo que pretende el Gobierno del Partido Popular es amedrentar a los ciudadanos a que no ejerzan derechos elementales de protesta y de manifestación en una situación de crisis como la que ha vivido este país en los últimos años. La inseguridad jurídica y la falta de una tutela judicial hacen y tienen un claro sesgo ideológico: meterle el miedo a los ciudadanos de este país para protestar en contra de las políticas que les parezca oportuno que deben protestar.

Miren, hay aberraciones tan graves en esta ley como la creación de un registro de infractores, equiparando a una persona que hayan sancionado con motivo de esta ley con un criminal que haya sido sentenciado por una sentencia firme y que sus datos personales, su sentencia, acaba en un registro de antecedentes penales. Un registro de ciudadanos que han sido sancionados por ejercer libertades públicas, esto está sucediendo en este país en estos momentos. Ya hay ejemplos, muchísimos, desde la entrada en vigor de la ley: desde una ciudadana que ha sido sancionada por colgar en Facebook una foto de un coche de un cuerpo de las fuerzas de seguridad del Estado ocupando la plaza de un minusválido, o en un control policial alguien que se dirigió -según el agente- de una forma incorrecta y que ha sido sancionado, y que ahora se ve en la obligación de recurrir esa sanción, pagar la multa y luego recurrir.

Miren, termino, señorías, esta es una ley que hace un Gobierno para defenderse de los ciudadanos. No es una ley para defender la seguridad de los ciudadanos, es una ley de un Gobierno que pretende defenderse de los ciudadanos, es la ley de un Gobierno que ha perdido la calle, que le tiene miedo a la gente para la que toma decisiones, que se ha encerrado en su mayoría absoluta. Es una ley de un Gobierno que ha roto, una vez más, un consenso de un país que se ha comportado con una madurez democrática espectacular en un proceso de demolición, de desguace del Estado del bienestar y de las libertades públicas de este país como no hemos vivido en toda la etapa democrática. Los ciudadanos de este país han estado muy por encima en madurez democrática del Gobierno de España, y este Parlamento tiene que decir no estamos de acuerdo con esta ley, no podemos pasarlo por alto, aquí reside la soberanía de los ciudadanos de Canarias, y hoy, si ustedes lo tienen a bien, vamos a decirle no al Gobierno del Partido Popular.

Termino con una reflexión. El Partido Popular ha querido convertir este país en la sociedad descrita por George Orwell en su libro 1984. Señorías, estamos ante las puertas de unas elecciones generales, solo espero que los ciudadanos de este país le devuelvan al Partido Popular su 1984 con otra novela del mismo autor que se llama Rebelión en la granja.

Muchas gracias, señorías.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Matos.

Hay una enmienda presentada a esta PNL por el Grupo Popular. Para la defensa, señor Moreno.

El señor MORENO BRAVO: Muchas gracias, señora presidenta. Señorías.

Voy a obviar la sobreactuación en juicios de valor y las imprecisiones y desconocimiento a los que nos tiene acostumbrado el Partido Socialista Obrero Español cuando intenta criticar la labor de un Gobierno del Partido Popular. Y sobre todo porque tengo que condensar en estos cinco minutos un debate desarrollado durante meses en las Cortes Generales. Anticipo que soy deudor de las intervenciones del ministro del Interior y de los parlamentarios del PP desarrolladas y habidas en el Congreso y en el Senado.

Señores, señorías socialistas, debemos recordarlo, esta nueva ley orgánica es la ley que pasa de la ley de la patada en la puerta del año 1992 -del Partido Socialista Obrero Español- a una ley de domicilio protegido, que es la ley del Partido Popular. Es la ley que pasa de las identificaciones indiscriminadas -más de doce millones durante el año 2005 con un Gobierno del Partido Socialista- a las identificaciones limitadas por la ley. Es una ley que pasa de los cacheos masivos a los controles individuales, regulados minuciosamente. Y es una ley de la libertad prestada a una ley de la libertad protegida. Esta es la ley, ni más ni menos, señorías, que es la del Partido Popular.

Señorías, esta ley surge como consecuencia de una moción presentada por el Grupo Convergència i Unió en el Congreso de los Diputados allá por el año 2012, donde se pedía al Gobierno de la nación que se regulasen más correctamente los supuestos de violencia callejera. Violencia callejera que solo durante el tiempo de enero de 2012 a mayo de 2014 ha ocasionado 46 millones de euros de daños, que pagamos todos los españoles, ha causado 306 heridos entre los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y 840 heridos civiles.

Y habrá que preguntarse ¿qué debe hacer la ley? ¿Debe proteger a los ciudadanos pacíficos, debe permitir que los ciudadanos se manifiesten pacíficamente y proteger de los elementos extraños que intentan perturbar su acción pacífica? ¿O debe, por el contrario -que es a lo mejor lo que se pretende-, proteger a los violentos encapuchados que queman cajeros y rompen autobuses? ¿Ese es el objetivo, defender a esos pobrecitos? Eso sí, parece que pacíficamente. El Partido Popular lo tiene muy claro: la defensa de la ley es la defensa real y material del ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos de este país.

Y no se lo admito, no se lo admito, no lo pensaba, creía que no lo iba a hacer usted, don Gustavo, pero las imprecisiones que se han marcado con respecto al texto de la ley son increíbles. Las sanciones: no es verdad que se incrementen las sanciones, no se incrementan las sanciones que ya había en la ley de la patada en la puerta del 1992 hace veintitrés años. Los que sí incrementaron las sanciones -acuérdese usted- cuando en el año 2007 aprobaron ustedes, con la unanimidad del Grupo del Partido Popular también, que votó a favor, la Ley contra la violencia en el deporte que se establecían sanciones de hasta 650 000 euros o la ley de tabaco que prevé sanciones de 600 000 euros.

Decir que se cercena el control a la tutela judicial efectiva. Por favor, lo único que ocurre es que ahora pasamos de la jurisdicción penal en muchos supuestos a la jurisdicción contencioso-administrativa. Decir que eso cercena el derecho de los ciudadanos es desconocer la preparación y la formación de los jueces y magistrados de este país, y eso tampoco se lo permito, don Gustavo.

Le voy a decir una cosa más: miente cuando habla de que esta ley cercena los derechos de reunión, manifestación y huelga. Eso no es verdad, lo único que hace la ley -porque lo otro, lo que ha dicho usted es una mentira tan grande como la catedral de Burgos, tal vez más grande que la catedral de Burgos-, es que lo único que se sanciona como falta leve, artículo 37, señorías, que antes era falta grave en su ley, en la ley de patada en la puerta del señor Corcuera, es que ahora es falta leve el no comunicar la celebración de la manifestación a la Delegación de Gobierno. Y eso es lo que les perturba, eso es lo que les perturba, sinceramente, pues sorprende, les inquieta tal vez que se otorguen mayores protecciones a los ciudadanos en los cacheos, en las identificaciones y en los controles en la vía pública. Es sorprendente.

Le recuerdo, con respecto al recurso de inconstitucionalidad que ya han presentad. De verdad, con los mimbres que se lleva esta ley como son el dictamen del Consejo de Estado diciendo que hay una respuesta positiva a la prudente ponderación entre el equilibrio y contrapeso entre los valores de libertad y seguridad, así como el informe del Consejo General del Poder Judicial al hablar del artículo 1 del proyecto de ley, me extraña que alcancen y tengan éxito en sus pretensiones.

Que hablen de la ley de tasas, creo que la ha mencionado. Los particulares están exentos y los demás, todos aquellos que lleven estas reclamaciones dentro de los procedimientos especiales para la protección de derechos fundamentales y libertades públicas, también estarán exentos de las tasas.

Nada más, sé que no va a aceptar mi enmienda, don Gustavo, pero estos cinco minutos reglamentarios eran necesarios para...

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Moreno.

Para fijar posición respecto a la enmienda presentada el grupo proponente, señor Matos.

El señor MATOS EXPÓSITO (Desde su escaño): Sí, señora presidenta, desde el escaño.

Como no sé muy bien como este turno... porque el otro día me alargue más de lo... En fin, parece razonable y el presidente además me lo recordó, no sé cuánto tiempo tengo para esto o...

La señora PRESIDENTA: No tiene tiempo...

El señor MATOS EXPÓSITO (Desde su escaño): Básicamente...

La señora PRESIDENTA: Simplemente tiene que fijar posición respecto si acepta o no acepta la enmienda.

El señor MATOS EXPÓSITO (Desde su escaño): Bien, pues no la acepto.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Matos.

El resto de los grupos no proponentes, el Grupo Mixto. Interviene el señor Ramos.

El señor RAMOS CHINEA: Gracias, presidenta.

Señor Matos, desde el Grupo Parlamento Mixto mostramos nuestro apoyo a esta proposición no de ley presentada por su Grupo Parlamentario Socialista. Y también reiteramos ante esta Cámara que la Agrupación Socialista Gomera respaldará siempre aquellas iniciativas enfocadas a velar por la libertad y los derechos de los ciudadanos canarios.

Esta Ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana es una auténtica paradoja, ya que intenta asegurar la libertad y los derechos de los españoles y lo que hace a veces es justamente lo contrario, nos priva de algunos de nuestros derechos y limita notablemente nuestra libertad. Es una ley demasiado restrictiva, de hecho, un sector bastante amplio de la población piensa que esta ley podía ser una medida a las numerosas manifestaciones que en los últimos años se han llevado a cabo en España. No obstante, algunas de las sanciones administrativas más grave de esta ley castigan precisamente estos actos. Incluso desde la abogacía española han surgido críticas, ya que algunos preceptos de esta ley suponen serias restricciones en el ejercicio de derechos fundamentales de las personas como el derecho de reunión, el derecho de manifestación y la libertad de expresión. Ahora, las faltas que eran infracciones leves instruidas por un juez pasan a ser sanciones administrativas sancionadas por las fuerzas de seguridad. Acciones como organizar una manifestación para, por ejemplo, parar un desahucio pueden acarrear una sanción económica bastante importante.

Por lo tanto, nuestro grupo, la Agrupación Socialista Gomera, considera que estas medidas, de las que no dudamos que se hicieran con el fin de proteger, son demasiado restrictivas, vulnerando así algunos de los derechos más fundamentales del ciudadano como son la libertad de expresión y la dignidad. Nuestra prioridad, al igual que la del resto de los grupos parlamentarios que forman esta Cámara, será la de velar por los derechos y la libertad de todos los ciudadanos de cada una de nuestras islas.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ramos.

Por el Grupo Nueva Canarias, señora González.

La señora GONZÁLEZ GONZÁLEZ (doña María Esther): Presidenta, diputados.

Señor Matos, decirle que el Grupo Parlamentario de Nueva Canarias apoya, sin restricciones, la propuesta hecha por su grupo con respecto al rechazo a la famosa ley mordaza.

Realmente, esta ley mordaza nos recuerda a formas de actuar de unas etapas muy negras en la historia de España, porque es que básicamente los españoles somos pacíficos, no somos personas violentas. Y además eso se demuestra con hecho acontecidos a lo largo de la historia de España relativamente reciente, desde la época de la transición española hasta las situaciones con la grave crisis económica, social y política que se ha producido en los últimos años, que hubiera podido propiciar reacciones muy violentas y que no se han producido. Entonces, no es cierto, por mucho que el Partido Popular y que el Gobierno del PP se empeñe en decir hasta la saciedad que los ciudadanos pedimos más seguridad, no es cierto. Los ciudadanos no pedimos más seguridad, los ciudadanos lo que pedimos es que se nos garanticen nuestros derechos fundamentales y lo que pedimos además es que se garanticen nuestros derechos básicos. Nuestro derecho a tener un trabajo, nuestro derecho a tener una vivienda, nuestro derecho a tener una sanidad, una buena sanidad, nuestro derecho a tener una educación y que nuestros hijos puedan ir a la universidad. Esos son los derechos que nosotros pedimos. En definitiva, el derecho a tener una vida digna.

Y con esta ley ocurre todo lo contrario. O sea, ocurre que tiene muchos indicios de vulnerar derechos como el derecho de reunión, el derecho a la intimidad, y, además, otro derecho, que es el de la inseguridad jurídica, porque, como efectivamente el señor Matos dijo, en primera instancia no es un juez el que decide, no tenemos la posibilidad de defendernos, van a ser las fuerzas y cuerpos de seguridad nacional del Estado los que van a decidir si lo que estamos haciendo o no estamos haciendo es sancionable. Su palabra contra la nuestra, sin posibilidad, por lo menos en primera instancia, de defensión.

Hombre, lo que sí esperamos y deseamos que los resultados de las próximas elecciones generales puedan, con formaciones políticas, grupos políticos, que nos quiten esta mordaza.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora González.

El Grupo Podemos, señor Márquez.

El señor MÁRQUEZ FANDIÑO: Muy buenas.

Señor Moreno, usted hablaba de la ley de la patada en la puerta, ¿verdad? Pues, mire, hemos pasado de la ley de la patada en la puerta a la ley de la patada en la boca.

Por supuesto que Podemos está totalmente a favor de pedir la derogación de esta llamada ley de seguridad ciudadana, que es la ley mordaza, que incurre en la falacia de poner el mismo nivel la libertad y la seguridad cuando la libertad es mucho más. La libertad es un derecho fundamental que, según el artículo número 1 de la Constitución española, es un valor superior, un valor de nuestro Estado social y democrático de derecho.

Han querido vendernos seguridad a cambio de libertades porque quieren una ciudadanía menos libre, y qué seguridad nos venden. A nosotros, como decía anteriormente la compañera, nos da seguridad que todo el mundo tenga trabajo, que tenga una educación y una sanidad pública de calidad, una renta mínima y una justicia eficaz; pero ellos se refieren a otra seguridad: el silencio de las calles, de las plazas del centro de las ciudades. Los Estados legislan para proteger valores. Un Estado democrático debe fortalecer los derechos humanos y los derechos sociales; un Estado más autoritario dicta este tipo de normas para proteger a una minoría, cuando, además, la seguridad ciudadana, según el CIS, no era una preocupación para la ciudadanía; sí lo es el paro, sí lo es la crisis, sí lo es la corrupción... ¿Por qué no hacen una ley para protegernos a los ciudadanos de los corruptos? ¿Por qué no hacen una ley para protegernos de ustedes, señores del Partido Popular?

Pero, además, esta ley se ceba con las personas más vulnerables, contiene sanciones desproporcionadas de hasta 600 000 euros, que no se imponen en función, además, de los medios económicos de esas personas, con lo cual castiga más duramente a los que menos tienen. Una ley mordaza donde la Administración es juez y parte: esto es gravísimo, señores del Partido Popular. Si están ustedes tan orgullosos de su gestión, ¿por qué tienen tanto miedo a que la gente pueda expresar lo que piensa? ¿Por qué?

Pero ya les digo una cosa, y acabo ya, esta ley llega tarde porque pretendían callar la voz de la calle, pero, señores del Partido Popular, ustedes lo que no se esperaban es que la voz de la calle estuviera dentro de las instituciones.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Márquez.

A continuación el grupo... (El señor Moreno Bravo solicita intervenir).

Dígame, señor Moreno.

El señor MORENO BRAVO (Desde su escaño): (Sin micrófono)

La señora PRESIDENTA: No se oye, señor Moreno.

El señor MORENO BRAVO (Desde su escaño): ...ni autorizo que nadie me llame corrupto de esa manera.

Sinceramente, se ha dirigido a mí y me ha dicho, palabras textuales, y si me falla la memoria lo siento, pero lo digo: líbrenos de ustedes, gente como ustedes, que son corruptos. Yo, sinceramente... esto merece una respuesta, por el honor del diputado y la dignidad del Grupo.

La señora PRESIDENTA: Señor Moreno, tiene dos minutos, señor Moreno.

El señor MORENO BRAVO (Desde su escaño): Pues mire, don Juan, inadmisible.

Es decir, si esta es la actitud que vamos a mantener durante cuatro años de legislatura lo que usted y yo coincidamos, como me ocurrió la otra vez con su presidenta del grupo, creo que no debemos seguir así, sinceramente.

Yo no sé los corruptos que conoce usted, yo conozco ninguno, ¿de acuerdo? Sí, sí, de verdad (ante gestos del señor Márquez Fandiño), ni siquiera en mi propio grupo, pero en los de los demás, tampoco. Y por mi actividad profesional generalmente a los corruptos los he tenido delante, nunca detrás ni a los lados. ¿Vale? De acuerdo. Por tanto, le ruego, por favor, que retire estas alusiones que hace personales. Yo entiendo que usted haga en el debate parlamentario alusiones genéricas. Entiendo que usted... No (ante gestos del señor Márquez Fandiño), pero luego añade. Usted pide leyes contra la corrupción, que me parece muy bien, reformas del Código Penal, reformas de leyes ordinarias, orgánicas..., lo que usted quiera, pero no lo dirija a nivel personal. Es decir, es como si yo a usted le llamo también, con todos los respetos, que es usted un corrupto y que Dios me libre de usted.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Moreno (El señor Márquez Fandiño solicita la palabra).

Dígame, señor Márquez.

El señor MÁRQUEZ FANDIÑO (Desde su escaño): (Sin micrófono)

La señora PRESIDENTA: No. Una cuestión de orden. O sea, no le ha aludido, le ha contestado a lo que usted había dicho desde el estrado.

El señor MÁRQUEZ FANDIÑO (Desde su escaño): Yo no hecho ninguna alusión personal al señor Moreno. Por lo tanto, él me ha increpado en este momento, creo que merezco tener un minuto.

La señora PRESIDENTA: Tiene dos minutos, señor Márquez, pero no... le ha contestado.

El señor MÁRQUEZ FANDIÑO (Desde su escaño): Gracias, presidenta.

Decirle al señor Moreno que yo en ningún momento le he aludido a él personalmente. Yo he dicho que hagan una ley que nos proteja de los corruptos, y en el Partido Popular hemos conocido casos de corrupción. Yo entiendo que usted esté totalmente alejado de esas prácticas, pero eso no significa que su partido lo esté, ¿de acuerdo? Así que ningún tipo de alusión personal.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Señor Márquez... (El señor Moreno Bravo solicita la palabra). Dígame, señor Moreno. No puede ser esto un pimpampún porque no vamos a acabar. Se han contestado, han contestado ambos grupos. Dígame qué desea.

El señor MORENO BRAVO (Desde su escaño): Solo quería agradecer al señor diputado que por lo menos las referencias no han sido personales ni a los que estamos aquí ni a mí.

Muchísimas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Moreno.

Continuamos. Grupo Nacionalista, señor García Ramos.

El señor GARCÍA RAMOS: Señora presidenta, señorías.

Anoche después de la sesión maratoniana no pude leer y me tuve que ir otra vez al capítulo quincuagésimo primero del Quijote, segunda parte, de donde sacó la cita que hizo ayer Antonio Castro Cordobez en esta sala. Y es una cita que quizá nos sirve hoy y nos servía también ayer, porque estamos hablando mucho de las leyes en teórico y no estamos haciendo las leyes, y hay que hacer las leyes y hay que hacerlas bien. Y esa cita de -no sé cómo va el tiempo-, pero esa cita esa carta que le escribe don Quijote a Sancho cuando va a ser gobernador de la isla Barataria, le dice no hagas -y hay un... seguramente manejó mi compañero una acción moderna-, pero dice: no hagas pragmáticas -"pragmáticas" era el sinónimo de "ley" en el siglo XVII-, no hagas muchas pragmáticas, hazlas buenas y haz que se cumplan. Y eso es lo importante de las leyes.

Llevamos treinta y siete años de democracia, la franja mayor de democracia de toda la historia de España: treinta y siete años. Y aquí hay dos fechas, y, bueno, el compañero del PP ha hecho un ejercicio de memoria. Que, evidentemente, en 1992, lo que se llamó Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, la 1/1992, también despertó posiblemente los calores que esté despertando esta ley en esta Cámara. Así que no hagamos ejercicios de amnesia, ¿no? Es decir, esa ley además fue recurrida al Tribunal Constitucional con oposición de todos los sindicatos y el Tribunal Constitucional en 1993 anuló uno de los preceptos, que atacaba precisamente a la Constitución. Ahora estamos aquí en la misma situación. Hemos perdido en treinta y siete años la posibilidad de hacer una buena ley de seguridad ciudadana que armonizara derechos fundamentales con seguridad.

Y lo que sí es verdad que nosotros vamos a apoyar como Grupo Nacionalista Canario la proposición no de ley del Partido Socialista porque, si no había razón para aprobar la de 1992, tampoco hay razón para aprobar la de 2015.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor García Ramos.

Vamos a proceder a la votación. Recuerdo, sus señorías, antes de dar a la campana, que no pueden entrar y salir del hemiciclo durante la votación (La señora presidenta hace sonar el timbre de llamada a la votación).

Vamos a votar (Pausa).

Finalizada la votación, queda aprobada con 46 votos a favor y 12 en contra.

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