Diario de Sesiones 25, de fecha 8/3/2016
Punto 29

9L/C-0326 COMPARECENCIA DEL GOBIERNO -CONSEJERA DE POLÍTICA TERRITORIAL, SOSTENIBILIDAD Y SEGURIDAD-, INSTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO NUEVA CANARIAS (NC), SOBRE NUEVA LEGISLACIÓN TERRITORIAL.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Procedemos a seguir con el orden del día. Comparecencia del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, a la consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, sobre nueva legislación territorial.

Señor Rodríguez.

El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Señor presidente, señorías, muy buenas tardes. Señora consejera.

Nosotros no tenemos ninguna duda de que el Gobierno tiene la legitimación democrática para promover la legislación que considere más adecuada y en un asunto de especial sensibilidad como es el gobierno del territorio, del medio ambiente, del suelo si ustedes quieren. Y creo que el documento que hemos conocido recientemente, el borrador, el preproyecto, tiene elementos positivos y hay que reconocer los elementos que aporta y que pueden suponer una mejora para al futuro de este tema. Por ejemplo, nos parece buena idea, la reclamamos en otras épocas, tener un solo texto. Es muy difícil manejar el gobierno del territorio con cinco, seis, textos legales, con las contradicciones y las dificultades que eso supone. Cierto es que en este solo texto hay elementos de conservación de la legislación preexistente, en el caso de la Ley de Espacios Naturales y del Territorio hay bastantes contenidos que se reproducen, pero también es cierto que desaparecen otros elementos de la legislación preexistente, por ejemplo las directrices generales de ordenación, que prácticamente son finiquitadas, derogadas, exceptuando nueve directrices que se mantienen, las más filosóficas, las más poéticas, para entendernos.

Nos parece que hay un principio interesante en la norma, que es el de compensar por conservar. Difícil de gestionar. Creo que este principio es interesante y habrá que buscar una fórmula operativa, pero es muy difícil de gestionar esto de los fondos insulares y la transferencia de renta de los que sacan plusvalías del territorio a aquellos que lo conservan. Pero nos parece un principio interesante a trabajar.

Nos parece bueno suprimir la caducidad, nos parece bien simplificar la obra en el suelo rústico, lo del muro, estamos de acuerdo, lo del riego, no hay ningún inconveniente. No hace falta que nos lo vuelvan a explicar, esto lo entendemos. Y nos parece bien, por ejemplo, el informe único de los cabildos y del Gobierno en relación con los escasos informes que van a tener que hacer los cabildos y el Gobierno.

Pero, yendo al fondo, y esta es la primera consideración. Nos preocupa sobremanera lo que nosotros interpretamos -cierto es que habrá que dedicarle bastantes más horas al trabajo y al estudio del texto-, lo que puede ser un nuevo modelo de gobierno del territorio en Canarias. Nosotros sostenemos en nuestros primeros análisis del texto que hay un desplazamiento de la toma de decisiones de lo canario a lo local, que se pierde perspectiva global de Canarias, de proyecto común, de país, porque nuestro país es este, aunque hay por ahí algún responsable político que confunde el país al que pertenece. De manera que nos parece que hay una renuncia casi expresa a las competencias exclusivas que el estatuto político que tenemos nos otorga, que es el gobierno del territorio, del medio ambiente, del suelo, y que ese desplazamiento hacia otros ámbitos institucionales es poco coherente con el proyecto común.

Y de manera especial nos inquieta la concentración de las responsabilidades en eso que han dado en llamar planeamiento monofásico, como si esto fuera una salida mágica a nuestros problemas. Y decirles que al menos con los análisis de derecho comparado que hemos hecho con el resto de las comunidades nadie lo tiene. Puede que seamos nosotros los inventores de la solución a los problemas pero mucho me temo que no andamos nosotros muy en la cabeza a eso de inventar soluciones mágicas. No hay nadie que decida en solitario en el ámbito local que el planeamiento... No, hay informes vinculantes o nulidad en el tema, porque los hemos repasado.

En cualquier caso, me quiero referir a otro de los elementos inquietantes, que sería lo que nosotros hemos dado en llamar la discrecionalidad, que luego me referiré a ella en cuatro figuras. Digamos, en las puertas traseras.

Y acabo solo con una consideración de las formas, que luego me extenderé. El procedimiento de elaboración de este borrador a nosotros no nos gusta nada y además condiciona el debate y lo contamina. El secretismo, la falta de participación. Los técnicos del Gobierno de Canarias, los técnicos de los cabildos y ayuntamientos no han participado en este borrador. Se ha hecho en despachos por muy poca gente, por muy poca gente, por menos de cinco, por menos de cuatro, por menos de tres.

Por lo tanto, señora consejera, nos gustaría que nos explicara las razones que sustentan el cambio de modelo y la excepcionalidad como mínimo de las fórmulas de gobierno del territorio que esta ley consagra, a pesar de que habían dicho justo lo contrario.

En la segunda intervención seré más...

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Gracias, señor Rodríguez.

Para su primera intervención, la consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, señora Barreto.

La señora CONSEJERA DE POLÍTICA TERRITORIAL, SOSTENIBILIDAD Y SEGURIDAD (Barreto Hernández): Gracias, señor presidente. Gracias, señor Rodríguez.

Bueno, plantea la comparecencia para hablar del texto. Si le parece, en esta primera intervención voy a hacer un resumen amplio primero del porqué y después del contenido y dejamos para la segunda intervención algunas de las preguntas que ha hecho, que algunas ya se le contestan en esta primera parte.

Bueno, como saben, el anteproyecto de ley del suelo se toma en consideración en el Gobierno el 22 de febrero. Pudimos hacer un primer balance en el anterior pleno, en una comparecencia solicitada por el Grupo Nacionalista Canario, en este caso por el señor Ruano.

Decía que el porqué de este nuevo texto. Bueno, está claro que llegar al nuevo texto pasa por hacer un diagnóstico claro no solo de la situación actual sino también de lo que hemos llamado diagnóstico compartido con colectivos. Este nuevo texto sustituye al texto refundido, a las directrices, a la Ley 14/2014, de Armonización, también 16 reformas del texto refundido, 5 de las directrices, un reglamento del 2004 y otro del 2006, y además hemos podido llegar a las conclusiones del porqué gracias a las reuniones, más de 30, que hemos realizado durante estos meses, desde septiembre hasta la fecha en la que tenemos el borrador, y que se lleva al Gobierno el 22 de febrero, con colectivos institucionales como la Fecam y la Fecai, con colectivos profesionales, con distintos colegios profesionales, asociaciones del sector primario y también ecologistas.

A partir de ahí, y sabiendo por qué era necesario elaborar un nuevo texto, teníamos claro que había aspectos fundamentales que queríamos que se plasmaran en este documento: la necesidad de clarificar las competencias, el marco competencial entre las distintas administraciones, la normativa en materia de ordenación del territorio, resolver las contradicciones y, por tanto, poder tener una legislación del suelo más transparente y más cercana al ciudadano. Con eso, por tanto, conseguir procedimientos claros y transparentes, racionalizar la documentación, dando orden sistemático a la ley; actualizar para dar regulación normativa a aspectos que no están regulados, algunas de las cosas nuevas a las que usted hacía referencia, entre ellas, por ejemplo, la renovación de la ciudad con los programas de actuación en el medio urbano; además reordenar y aclarar la normativa. Y todo esto basado en un principio de descentralización de competencias, con responsabilidad, al resto de administraciones, ayuntamientos y cabildos.

Teniendo claro eso, también teníamos claro que había principios fundamentales en los que se fundamentaba esta reforma y este nuevo texto. Principios fundamentales que vienen a formar lo que conocemos como "cultura del territorio de Canarias", que está asentada y además aceptada. Son principios como el de la protección de los espacios naturales protegidos, incluso de nuevos suelos con valores ambientales; el principio de compensar por conservar, al que hacía referencia, y que nos lleva a la creación del fondo de compensación insular vía reglamento; el principio de lo rústico, que permite invertir el criterio establecido hasta ahora de que todo aquello que no está clasificado pase a ser urbanizable, a partir de ahora, no, rústico; no facilitar la clasificación de nuevos suelos; y dar claridad a la normativa y a los procedimientos.

Dicho lo cual, podemos llegar a tener un texto que se divide en cuatro grandes bloques: el del régimen jurídico del suelo, el de los instrumentos de ordenación, el de ejecución del planeamiento y el de la garantía de la legislación urbanística. Son 408 artículos, con 16 disposiciones adicionales, 23 transitorias, 7 finales y una derogatoria.

A partir de ese momento y de la toma en consideración, hemos empezado a mantener nuevas reuniones para dar a conocerlo, para explicarlo y además para empezar a recoger las aportaciones que distintos colectivos nos quieren hacer llegar.

Si me permite, voy a destacar algunos aspectos -los menos, porque es imposible hacerlo en muy poco tiempo- de cada uno de los bloques.

Respecto al régimen jurídico del suelo, para no ahondar en lo que ya explicamos hace dos semanas, destacar que se mantiene la trilogía entre lo rústico, urbano y urbanizable y que, en el caso del suelo rústico de protección económica, que es donde se permite hacer cosas, se distingue entre los usos ordinarios, permitiendo tres maneras distintas de que el ciudadano se relacione con la Administración: como regla general con la comunicación previa, excepcionalmente con la licencia en los casos tasados y en algunos casos sin necesidad de título habilitante, lo que usted hablaba de la pared, el riego, pero también el mantenimiento de las instalaciones sin necesidad de licencia. Son usos propios, agrarios, ganaderos, piscícolas, forestales, cinegéticos o cualquier otro equivalente que establece la ley.

Pero también existe otro uso, el de interés público y social, que es aquel que el planeamiento recoge y regula, pero que en lugar de dejarlo solo en manos de los ayuntamientos decidimos que sea el cabildo quien a través de una declaración de interés público decida si cabe o no, a pesar de que el planeamiento lo establece, necesita además licencia de evaluación ambiental e información pública. Y reconducimos el canon, en el caso del suelo rústico, al de aprovechamiento, en este caso, al de interés público y social.

Se reconocen, además, las actividades o rentas complementarias. Una de las reivindicaciones que en las distintas reuniones nos hacían llegar más: la posibilidad de la venta de productos agrarios en las fincas, de la transformación de esos productos y la posibilidad de venderlos, de las energías renovables en el suelo rústico de protección económica que permita a las industrias ganaderas, a las empresas ganaderas y agrícolas, poder beneficiarse de ellas.

En cuanto al suelo urbanizable, ya hemos adelantado que desaparece el no sectorizado; por tanto, todo suelo urbanizable será ordenado o no ordenado. Desaparece esa carga al ciudadano. Y en caso de que esté prevista iniciativa privada pasarían, si pasan cinco años, ese suelo se puede reclasificar en rústico.

Del suelo urbano destacar poco, simplemente que se ajusta a la realidad que existe en este momento en el territorio canario.

Se permiten en todos los suelos los usos provisionales con garantías. ¿Qué garantías? Las que establece ya y recoge la legislación estatal, presentación de garantías y además inscripción de esa carga en el Registro de la Propiedad. Y reconocemos los usos consolidados en las situaciones de fuera de ordenación y, por supuesto, en situación de consolidación.

En cuanto al segundo gran bloque, los instrumentos de planeamiento, vamos a un sistema monofásico. No es algo nuevo, lo hemos anunciado desde septiembre en la primera comparecencia parlamentaria. Sistema que también, a través de la aprobación, dirección, coordinación y aprobación de los planes generales o insulares en la Administración correspondiente, con un informe de, en este caso de la Cotmac, de competencias preceptivo y vinculante. Informe y sistema que también se recoge en otras comunidades autónomas como el País Vasco y Baleares.

Los planes generales tendrán una ordenación estructural que será obligatoria y pormenorizada, que será facultativa, y no estarán obligados a la adaptación; se adaptarán cuando decidan afrontar su primera modificación.

Se introducen tres nuevos instrumentos de ordenación -hablábamos esta mañana de ellos-: los proyectos de interés insular y autonómico, las ordenanzas provisionales y municipales y los programas de actuación en el medio urbano. Responden a situaciones que no están recogidas. Todos coincidiremos en que no todo se puede prever en un plan general, vienen situaciones sobrevenidas a las que hay que atender, pero se hace con garantías. En el caso de los proyectos de interés insular y autonómico, garantías como que la regulación está detallada en la ley, que lleva información pública, audiencia a los interesados, informe de la Administración autonómica e insular, además de los municipios afectados, y evaluación ambiental estratégica o evaluación de impacto, según sea el caso.

En cuanto a las modificaciones y revisiones, también se introducen importantes novedades. Pasamos a un régimen general de modificación, lo que hoy conocemos como modificación, dejando la revisión, que será modificación sustancial, para solo cuatro casos: para el caso de que nos planteemos un nuevo modelo territorial, un incremento poblacional superior al 25 %, nuevos sistemas generales o reclasificación de suelo. Pueden ser plenas o parciales y una no impide la otra.

En cuanto al bloque de ejecuciones de planeamiento, simplemente decir que en los sistemas de ejecución se introducen principios de claridad y transparencia que permiten una mayor claridad para el ciudadano en el caso de que se vea involucrado en uno de ellos y que desde el momento en que se plantee una iniciativa el promotor deberá dar a conocer el proyecto de reparcelación y el proyecto expropiatorio, de manera que el propietario pequeño, el minorista especialmente, se verá, conocerá las reglas de juego desde el principio y se verá beneficiado. Y en el caso de que se produzca un procedimiento expropiatorio, desde el momento de presentación de la solicitud del justiprecio, el que expropia debe hacerse cargo de las cargas tributarias.

En cuanto a la garantía de la legalidad urbanística, también podía adelantar que se clarificaban competencias entre la Agencia de Protección del Medio y la Consejería de Medio Ambiente y que se amplía el procedimiento para el restablecimiento de la legalidad.

Es una explicación muy muy somera de lo que supone el texto y espero poder responder a sus preguntas en la segunda intervención, señor Rodríguez, que supongo que tendrá dudas al respecto y que en la medida de las posibilidades se las responderé. Si bien es cierto que esto es un texto, es un anteproyecto de ley, no un preproyecto, un anteproyecto de ley, que se presenta, que ni siquiera ha entrado al Parlamento, está en el Gobierno, que estamos siguiendo el procedimiento formal en este caso, que seguiremos haciendo reuniones de aquí a que entre al Parlamento para mejorarlo como proyecto y que, una vez que entre, está abierto por supuesto, y como debe ser, al debate, a la mejora. Y es un texto que está dispuesto a ser enriquecido y que por supuesto habrá que corregir en algunos aspectos, y que salga al final de este seno parlamentario con el mayor consenso posible.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Gracias, señora consejera.

Turno de los grupos no solicitantes de la comparecencia. El Grupo Mixto, el señor Curbelo.

El señor CURBELO CURBELO: Gracias, presidente. Señorías, buenas tardes de nuevo.

Yo voy a hacer algunas consideraciones muy simples porque, entre otras cosas, tendremos tiempo en el debate parlamentario del anteproyecto de ley, pero sí que no debemos asustarnos por plantear un debate con rigor en una materia tan importante para Canarias, y les voy a poner un ejemplo. Yo recuerdo -y seguramente muchos de ustedes también-, cuando planteábamos y luchábamos por la democracia, que llegara a este país, y cuando llegó, pues, escuchamos a muchos, que se iba a plantear una reforma y yo recuerdo que aquella reforma que se planteó era solo y exclusivamente la creación del Estado de las Autonomías, y hoy, el Estado de las Autonomías en aquel momento fue un alarmismo y hoy vemos que el Estado de las Autonomías era lo mejor para nuestro país, y no se rompió España y no pasó nada. Pues lo propio ocurre hoy con la descentralización de competencias de la comunidad autónoma. Escuché al portavoz de Nueva Canarias decir: es que pasamos de un modelo del territorio de Canarias y se rompe el modelo de Canarias; pero es que el modelo de Canarias es el modelo que está sustentado en cada una de las islas, porque Canarias no es un territorio continuo. Y, por tanto, no tengamos ningún tipo de temor a que las competencias en distintas materias lleguen a los cabildos canarios, lleguen a los ayuntamientos.

Por tanto, independientemente, señora consejera, de que posiblemente en el procedimiento hubiera sido quizás más adecuada una mayor participación, inclusive una mayor participación para el socio de Gobierno también... Pero, en fin, creo que podemos superar todas estas dificultades iniciales. Por tanto, nosotros valoramos muy positivamente este anteproyecto de ley. Creo que va a ser bueno para Canarias. Todos podemos, en este procedimiento, trabajar para incorporar aspectos positivos. Es una ley necesaria, es una ley de actualidad, descentralizadora de competencias, moderna, en fin, y yo creo que la estamos esperando todos. Y yo creo que va a ser una ley que va a romper los problemas que hoy tenemos con la inversión. Y que no es abrir el abanico a que quepa todo, pero cabe la inversión. Una comunidad autónoma que tiene altas tasas de desempleo va a ser posible para la inversión pública y privada. Y, en definitiva, yo creo que todos vamos a trabajar juntos.

Por eso, en este comienzo, vamos a felicitar al Gobierno por la iniciativa, a la consejera también, y vamos a ponernos todos a trabajar para un proyecto de ley, que se convierta en ley y que va a ser positiva para toda Canarias, con la cooperación de todos los grupos parlamentarios, que yo estoy completamente seguro de que finalmente será positivo.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Muchas gracias, señor Curbelo.

Por el Grupo Podemos, la señora Delgado.

La señora DELGADO LUZARDO: Gracias, presidente.

El Gobierno, en su afán propagandístico, dice que este anteproyecto de ley va a ser una ley protectora del territorio y simplificadora de los procedimientos administrativos. Con esta propaganda fantástica, desde luego nadie se podría oponer, pero la realidad es otra. Es una norma que se asemeja a la ley de la época de Aznar, que creó urbanizaciones fantasma, aeropuertos sin aviones, costas urbanizadas, hoteles en espacios naturales y un sinfín de despropósitos urbanísticos que engrosaron las arcas de algún que otro partido político y empresarios sin escrúpulos.

En lo que respecta a la simplificación administrativa de la que se presume, tendrían que recordar que la actual maraña de normas a las que este Gobierno piensa poner coto fue creada por gobiernos presididos por el mismo partido con el único fin de ir saltándose la Ley del territorio y la de las Directrices Generales para solucionarles los problemas de ejecución a determinadas inversiones cercanas al poder. Esa es la verdadera causa de la maraña y, por supuesto, también la falta de interés por cumplir con el planeamiento y con las directrices. Nunca quisieron cumplir con un modelo bien planificado, organizado y ordenado, tal y como establecía esa normativa de los años 90 y principios del 2000. Así que nunca se impulsó políticamente la aprobación de las directrices sectoriales ni la de los planes jerarquizados. Prefirieron gobernar a golpe de proyectos que les interesaba a ellos mismos y por eso se iban sorteando esas leyes, con modificaciones constantes de la normativa y así una tras otra, generando esa maraña normativa de la que ahora se quejan.

Y hay que decir que los largos tiempos de tramitación de los planes generales no se deben a un bloqueo en la Cotmac sino a que, en el 80% del tiempo, es problema que tienen en los ayuntamientos. ¿Y ahora dicen que se simplifica o que se complica? ¿Qué capacidad técnica tienen los ayuntamientos para llevar a cabo la elaboración del plan, asegurar el trámite de legalidad y el trámite ambiental? Es decir, que lo que antes hacían los servicios técnicos de la Consejería de Política Territorial para todos ahora tiene que hacerlo cada uno por su cuenta. ¿Y dicen que eso es racionalización de medios, eficacia y eficiencia?

La falta de este trámite de legalidad va a suponer mayor inseguridad jurídica, seguir una política de hechos consumados y generar mayores costes públicos por indemnizaciones a particulares. La delegación a los ayuntamientos va a debilitar la unidad regional y va a implicar más fractura social. ¿Esto es lo que entiende Coalición Canaria como nacionalismo, más pleitos insulares y, más allá, un nacionalismo de caciques?

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Gracias, señora Delgado.

Por el Grupo Popular, el señor Jorge.

El señor JORGE BLANCO: Muy bien. Muchas gracias, señor presidente.

En esta comparecencia nuevamente hablamos de la nueva ley del suelo, el anteproyecto de la ley del suelo que el Gobierno de Canarias pretende traer a la Cámara próximamente. Ya lo hicimos en el pleno pasado de manera profusa y en este pleno, a petición de Nueva Canarias, pues, lo hacemos otra vez.

Miren, saben perfectamente cuál es la opinión del Partido Popular, de nuestro grupo parlamentario; la manifestamos en el anterior pleno y la volvemos a manifestar en el día de hoy.

La ley del territorio, con sus distintas variantes y sus distintas reformas -hasta dieciséis reformas ha tenido la legislación del territorio, modificaciones-, hoy en Canarias se ha convertido en un problema más que en una solución. La imposibilidad de tramitar en tiempos adecuados y razonables los instrumentos de ordenación, tanto territoriales como urbanísticos, impide el desarrollo social y económico de nuestra tierra, impide el desarrollo turístico en Canarias. Recuerden que los cuatro principales municipios turísticos de Canarias no tienen hoy plan general de ordenación.

Y del texto del anteproyecto de ley, señora consejera, sacamos muchas cosas positivas, muchas cosas mejorables sin duda, que las iremos viendo en los próximos meses y las traeremos también como enmiendas parlamentarias cuando el proyecto de ley entre en el Parlamento. Pero me parece destacable e importante que se clarifiquen las normas de realización de los planes, de los instrumentos de ordenación, se simplifiquen las figuras de ordenación, se supriman algunas como las calificaciones territoriales o los proyectos de actuación territorial. Existe una especial consideración al suelo rústico, suprimiendo licencias y permisos y flexibilizando el uso, para que, de una vez por todas, el agricultor en Canarias pueda vivir en el campo de los recursos del campo, y eso, parece que no, pero es muy importante.

Nos parece importante una redefinición fundamental de la Cotmac, del órgano que pretende crear el Gobierno de Canarias para emitir los informes preceptivos, que exclusivamente le corresponden al Gobierno de Canarias.

En definitiva, en fin, de una manera muy somera, el Grupo Parlamentario Popular emite hoy, en este pleno, un informe favorable, una opinión favorable al texto del anteproyecto de ley, pero sin duda, señora consejera, queda mucho recorrido por hacer, por trabajar, y desde luego nosotros vamos a participar de manera muy activa en el desarrollo de la aprobación final de este tema.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Gracias, señor Jorge.

Por el Grupo Socialista, la señora Alemán.

La señora ALEMÁN OJEDA (Desde su escaño): Gracias, presidente.

Está claro que es muy difícil ponernos de acuerdo, es difícil que los ayuntamientos también estén conformes con esta ley, que los alcaldes, todos los alcaldes, estén conformes con la misma.

Hablamos de los proyectos monofásicos, como sí se están aprobando en el País Vasco y en Baleares, y también seguramente habrá gente que esté más conforme que otra.

Lo que sí me preocupa enormemente es esa sombra que reina sobre los alcaldes, de que se hace lo que quieren, como si no existieran garantías legales a día de hoy.

Yo insisto, insistiré siempre, en que es un anteproyecto de ley, que había que empezar con algo y que aquí tenemos un texto sobre el que podemos trabajar. Yo aún estoy leyendo este anteproyecto, me faltan varias leídas todavía, y reuniones con expertos y expertas, que sin duda saben mucho más que yo de la ley del suelo. Aquí tenemos el anteproyecto, como digo, unos dicen que nació prematuro, otros dicen quién es el padre, otros cuentan que vino con fórceps e incluso otros creen que vino de penalti. El caso es que creo que estamos a tiempo de sacar adelante un texto que cuente con el mayor consenso.

Habrá que reflexionar, porque no siempre hay unanimidad, y hasta en los propios grupos parlamentarios. Estoy segura, Román, de que incluso en Nueva Canarias hay compañeros que entienden que es la mejor ley que se puede traer. Confío en que este anteproyecto, cuando venga como ley, contará con el voto favorable de muchos más de los que creemos en este momento.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Gracias, señora Alemán.

Por el Grupo Nacionalista Canario, el señor Ruano.

El señor RUANO LEÓN: Muchas gracias, señor presidente. Señorías, buenas tardes.

Parece en principio que ese rencor y resentimiento que el Grupo Podemos manifiesta en el Congreso de los Diputados hacia el candidato socialista Pedro Sánchez toca recibirlo en el Parlamento de Canarias a Coalición Canaria. Sería deseable, cuando se hacen aseveraciones como las que se han hecho, que se fundamentaran en el contenido del anteproyecto de ley, que es de lo que estamos hablando esta tarde.

En cualquier caso, y en relación con la comparecencia solicitada por Nueva Canarias, hay algunas cosas que el portavoz de Nueva Canarias había anticipado a través de los medios de comunicación, incluso esta mañana en el debate de la proposición de ley que presentaba el Cabildo de La Palma. Y en relación estrictamente con esas preocupaciones manifestadas o anticipadas ya por usted, puesto que después no corresponderá a nuestro grupo intervenir, decirle lo que ya, de alguna manera, ya ha anticipado la consejera hoy y en la pasada sesión plenaria, en donde se instó por nuestra parte la comparecencia, y es que es un anteproyecto. Por ejemplo, temas como los de los proyectos singulares creo que es posible revisarlos, porque algunos están en el marco del planeamiento insular y otros no. Quizás al final habrá que limitarse a aquellos que están dentro del planeamiento insular. En fin, son diversas cuestiones de contenido que requieren un análisis pormenorizado.

Se ha planteado un texto elaborado por personas que tienen un conocimiento profundo de la ordenación territorial, de la legislación. La legislación va a seguir siendo de la comunidad autónoma. Eso no cambia el régimen de atribución de competencias del Estatuto. Y la responsabilidad sobre el planeamiento insular o sobre el planeamiento general urbano, pues, tendrá garantías, que es lo que importa, garantías desde el punto de vista de la parte estructurante de los propios planes insulares y garantías desde el punto de vista de la legalidad. Con lo cual, como señalaba ahora la portavoz socialista, no se pueden hacer incriminaciones hacia los alcaldes y hacia los ayuntamientos derivadas del planteamiento monofásico en la aprobación del planeamiento. En cualquier caso, la atribución, el apoyo, la posibilidad de las normas técnicas de planeamiento como marco para ajustar el planeamiento general son cuestiones que ya figuran recogidas en el anteproyecto de ley. Y, por tanto, es deseable que el debate que se inicia sea un debate rico desde el punto de vista del contenido. Comoquiera que la consejera anunció en la pasada comparecencia a instancias de la portavoz socialista que estábamos incluso en condiciones de conocer de parte de los expertos el contenido del anteproyecto, nuestro grupo ha solicitado, en el marco del artículo 186, la comparecencia de los mismos en comisión.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Gracias, señor Ruano.

Por el grupo solicitante de la comparecencia, el señor Rodríguez.

El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Vamos a ver, señorías, en la pasada legislatura aprobamos aquí, aprobaron ustedes aquí, cuatro leyes vinculadas a esta área de conocimiento. En todas las ocasiones los proponentes -es decir, ustedes- decían que esa norma iba a resolver los problemas de burocracia, de dificultades. Yo recuerdo el argumentario del señor presidente y del señor consejero, que no creo ni que sea más capaz ni menos capaz que los actuales -tengo mi opinión, ¿no?-, y el planteamiento teórico era "con esta ley acabaremos con la maraña burocrática, con esta ley desbloquearemos los problemas de la economía canaria, con esta ley crearemos empleo, con esta ley conseguiremos la transformación de esta tierra". Y esta norma hay que decir que hace una enmienda a la totalidad a ese conjunto de normas. Bueno, concretamente, a la Ley de Medidas Urgentes y a la Ley de Armonización y Simplificación, bueno, es que las barre del mapa, porque la Ley de los Espacios Naturales y del Territorio conservan aquí una parte importante de sus contenidos. También es cierto que eliminan las directrices generales de ordenación, que es el modelo de país, el modelo de desarrollo de Canarias. Las derogan, salvan nueve directrices, que son las filosóficas, las que hacen una apuesta por la sostenibilidad de la lucha contra el cambio climático, pero las que establecen determinaciones desaparecen.

Y luego sabemos, los que hemos estado en la tradición de la regulación en esta materia, que aquí hay una especie de mitificación de que los problemas de la economía canaria están vinculados a las normas y, si cambiamos las normas, se acaban los problemas de la economía. ¡Pero yo no sé cómo se puede concluir esto! Ni las leyes resuelven los problemas económicos ni las leyes impiden la solución de los problemas de la economía. No quiere decir que no influyan, que no determinen, que no ayuden, pero hacer esta simplificación nos llevará a, dentro de unos años, si tenemos salud, poner en evidencia que, aunque ustedes aprueben la ley en los términos en que está, los problemas estructurales de nuestro modelo de desarrollo, de nuestro sistema económico, van a continuar. No mitifiquen lo que no se puede mitificar, las leyes contribuyen, las leyes facilitan, las leyes pueden incluso limitar determinadas actuaciones, pero la economía está determinada por otras variables y no por estas. Y nuestros problemas, en algunos territorios, no los va a resolver esta ley en ninguna de sus versiones, ni en la más liberal de todas, ¿no?

A mí lo que me preocupa de entrada, me preocupan muchas cosas, ¿eh?, de esta norma, habrá tiempo para discutirlas, pero de entrada me preocupa la modificación del modelo, el trasladar las responsabilidades de lo común, del proyecto de Canarias, a los ámbitos locales. Nosotros somos un partido que, si alguna característica tiene, es el municipalismo, pero precisamente porque sabemos cuáles son las estructuras técnicas, jurídicas de los ayuntamientos no entendemos dónde está la ventaja de trasladar toda la responsabilidad en la aprobación del planeamiento, en el informe de evaluación ambiental, a los ámbitos locales. ¡No lo tiene nadie! En Baleares lo hacen los consejos insulares, porque tienen su tradición, y en Euskadi es la Comisión de Ordenación del Territorio de la comunidad vasca la que al final tiene la última palabra, porque su informe no es para luego ir a los tribunales. Es, genera nulidad del planeamiento si no se acepta en todos sus términos la propuesta de la comunidad autónoma. Pero es que además hay quince comunidades más: ¿a ustedes no les parece raro que seamos nosotros, que somos unos artistas, los que establezcamos que los ayuntamientos sean los que aprueben el planeamiento y la evaluación ambiental? ¿Qué órgano de los ayuntamientos de Canarias...? Habrá que crear órganos de evaluación ambiental en cada uno de los ámbitos, porque no puede ser el mismo órgano sustantivo, el que apruebe el planeamiento el que apruebe el informe de impacto. ¿De dónde se han sacado que esto es bueno para Canarias y que va a ser más rápido, de dónde se lo han sacado? ¿Por qué es mejor llevar a los tribunales cada conflicto cuando cabe el informe de legalidad previo? ¿Quién les ha dicho a ustedes que es mejor judicializar este tema? Si tuviéramos una justicia que en tres meses ve los asuntos pero ya sabemos cómo está la justicia. De todos los servicios públicos es el que más demoras tiene, y van a judicializar. ¿Y por qué les trasladamos a los ámbitos locales todas las responsabilidades patrimoniales y penales? Porque ya veremos, ya veremos, si seguimos en esta actividad o hacemos un seguimiento de la política, si se aprobara este tema las consecuencias de la judicialización a nivel local. Es más fácil pleitear con un pequeño ayuntamiento que con una gran comunidad autónoma y con un Gobierno fuerte y estructurado, con servicios técnicos, jurídicos, ambientales, etcétera. Más fácil. Y ustedes trasladan eso ahí y yo no he encontrado argumentos políticos, ni siquiera en relación con la agilidad de las cuestiones. ¿Por qué son más ágiles las aprobaciones monofásicas? Puede ser un lío tremendo y no les arriendo las ganancias a alcaldes y secretarios municipales sobre las consecuencias de las decisiones de los informes de impacto y de la aprobación de los propios instrumentos de ordenación municipal. Por lo tanto, ahí tenemos serias dudas.

Bueno, y estamos en contra, estamos en contra de los instrumentos y procedimientos excepcionales. Dice el preámbulo que se acabó aquí la discrecionalidad de las etapas anteriores, que ustedes mismos articularon en una serie de normas, y ahora hay proyectos de interés insular y autonómico, ¿eh?, donde cabe todo sobre casi todo tipo de suelos, exceptuando el suelo rústico de protección ambiental; las ordenanzas -escuchen bien- provisionales, tanto insulares como municipales, que van a dar una discrecionalidad a ambos ámbitos institucionales con voluntad de permanencia; mantienen el artículo 47 del texto refundido, aquel de la suspensión del planeamiento, que ahora es el 169; y además están las actuaciones de interés público o social, que es otra... excepcionalidad no, es otro instrumento y procedimiento excepcional.

No entendemos este tema, es decir, el planeamiento tiene una lógica aplastante, y además no lo hemos inventado nosotros, es que en el territorio continental español y en otros países del mundo los proyectos se tienen que establecer en el territorio para que tengan visión de futuro, para que no estén impregnados solo de la coyuntura. Establecer, digamos, un planeamiento sobre proyecto es un error. Verán ustedes las decenas, centenares de situaciones excepcionales que van a aparecer, porque cada cabildo, cada gobierno de turno va a utilizar la vía excepcional un día sí y otro también. En el planeamiento tiene que estar el proyecto común de la comarca, de la isla y de Canarias y solo en situaciones muy excepcionales, por el mayor ámbito de responsabilidad, se buscan las excepcionalidades. Aquí no es que existan puertas traseras, es que se ponen cuatro puertas traseras. Es que la ley de inversiones estratégicas, que solo acortaba los plazos -como le decía yo esta mañana a un periodista-, esa ley es un niño chico al lado de las excepciones de esta norma, pero un niño chico. No entendemos este tema.

Como no entendemos trasladar al ámbito judicial los conflictos entre las administraciones, o entre las administraciones y los particulares. Los informes previos de legalidad dan seguridad, evitan el conflicto y no entendemos a quién se le ocurre esto. ¡No lo tiene nadie! ¡No lo tiene nadie!, solo nosotros. Y nosotros conocemos las estructuras de los municipios y su capacidad técnica, ¡es muy limitada! Yo ya he visto a algún jefe de servicio de un ayuntamiento importante que nos va a esperar en el kilómetro 14. No van a asumir las responsabilidades tan fácilmente con esos niveles de soporte técnico. Y ya ni les cuento cuando descendamos a los pequeños ayuntamientos. Y acabo, porque habrá tiempo.

Y luego lo que ya no me gusta nada -y miro para los grupos parlamentarios porque son los grupos parlamentarios los que tienen que reconducir este tema-, los aplaudidores de esta ley. Miren, en doce días, en doce días, la ley turística, en tramitación -sobre la que todavía no tenemos, yo no tengo el borrador, tengo la información pero no tengo el borrador-, donde se eliminan todo tipo de restricciones sobre suelo calificado al crecimiento de camas turísticas, entre 150 y 200 000 en planeamiento, como mínimo, y esta ley son las dos caras de la misma moneda. Me voy a referir a ellos, con los dos tengo una excelente relación, pero no estoy de acuerdo en casi nada: los dos presidentes de las patronales de Canarias, que no son precisamente medioambientalistas, que no están pensando en el medio y largo plazo, sino están pensando en los intereses de sus empresas y de sus representados, están aplaudiendo con las orejas tanto la eliminación de cualquier tipo de límites al crecimiento turístico y esta ley.

Que el PP venga a aplaudir ese tema a mí no me agrada, me preocuparía; es decir, el PP ha conseguido, con estas dos normas en tramitación, lo que el señor Soria viene pregonando desde hace ocho o diez años, porque en su momento, en su momento, apostó por las directrices de ordenación general y en su momento el Partido Popular también apoyó la Ley de Espacios Naturales y la Ley del territorio.

Por lo tanto, nosotros vamos a ir con voluntad de entendimiento a este proceso, pero hay líneas rojas, aquí sí que hay líneas rojas. Nosotros vamos a oponernos, con argumentos, con datos, pensando en el interés general, en el medio y largo plazo, al trastoque del proyecto común de Canarias, a trasladar la responsabilidad a los ámbitos locales cuando deben estar en el ámbito nacional canario muchas de las cuestiones que definan nuestro modelo. Vamos a cuestionar la excepcionalidad consagrada en esta norma y vamos a tener algunas discusiones también sobre una cosa que esta ley yo creo que consagra, que les va a sorprender, que es el principio de ilegalidad. Habrá tiempo de seguirlo discutiendo, pero no nos gusta nada...

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Para el segundo turno la señora consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, señora Barreto.

La señora CONSEJERA DE POLÍTICA TERRITORIAL, SOSTENIBILIDAD Y SEGURIDAD (Barreto Hernández): Muchas gracias.

Voy a intentar responder brevemente a todos y aclarar un par de dudas, especialmente por la intervención del señor Rodríguez.

De acuerdo con el señor Curbelo. Hay cosas mejorables, lo hemos dicho, lo he dicho en la primera comparecencia, lo vuelvo a decir ahora. Yo creo que serán mejorables todas aquellas que salgan del debate parlamentario y de las aportaciones que nos hagan los distintos colectivos.

Sobre lo que aporta, señora Delgado, respecto a lo que no tiene nada que ver con esta ley, no voy a opinar. Yo creo que eso queda fuera del ámbito de este Parlamento. Y sobre el texto y lo que aporta y opina sobre la ley yo le digo y la invito a que se la siga leyendo y además estudiando. Creo que no es esa lectura la que sale del texto cuando se lo lee uno con detenimiento.

En cuanto al apoyo, señor Jorge, creo que el apoyo a un anteproyecto está bien. Hay que mejorarlo como usted dice, pero creo que es un apoyo sobre todo a esa aportación de todos los que han participado en la redacción de este borrador y en el resultado final.

Centrándome en la intervención del señor Rodríguez, en ningún momento hemos dicho que las directrices no se sustituyan. Lo he dicho desde el principio. Cada vez que he hablado de este tema desde que se aprueba el anteproyecto, he dicho que sustituye a las directrices, también al texto refundido y a la ley de racionalización. Y lo más importante de las directrices está en esta ley. Las directrices, que nacieron en su momento como nacieron, es verdad que fueron un texto importante, pero también es verdad que no sirvieron para desarrollar lo que decían, que al final se convirtieron en un texto de tanto detalle que impedía el desarrollo. Al final se convierten en un plan autonómico, tenemos generales, insulares. Las directrices se convierten en un plan autonómico y, por esa regla de tres, por qué no tenemos un plan estatal, por qué no nos vamos a un plan estatal y por qué no nos vamos a que sea el ministerio correspondiente el que nos apruebe los planes generales. Bueno, yo creo que a las cosas hay que ponerles cordura. Y, bueno, me alegro de que usted se sume a eso pero nuestra postura no es la de la centralización, es la descentralización en las administraciones locales, con responsabilidad. Yo lo invito a que esa postura de centralización la haga usted en estos plenos, cuando usted quiera, pero, le vuelvo a decir, no es la postura de este anteproyecto.

Habla usted de que no existen mecanismos de control o dirección del Gobierno de Canarias. Eso es falso. El Gobierno de Canarias no solo recoge la posibilidad de subrogación en cualquier momento de la elaboración de los planes, sean insulares o sean generales, cuando se considera que se están redactando de la manera que no se pueden redactar o se considera que no entran dentro de la legalidad. El Gobierno de Canarias se subrogará sin necesidad de autorización por parte del ayuntamiento, como puede pasar hoy con los planes supletorios, que delega la competencia vía pleno.

Pero es más, se refuerzan los sistemas de cooperación. Miedo a que el Gobierno de Canarias abandone en manos de los técnicos municipales los informes de legalidad. No se abandonan, se residencian en la Administración que aprueba los planes la información de legalidad, los informes de legalidad. Pero es más, los ayuntamientos, en cualquier momento, pedirán cooperación a cabildos y Gobierno de Canarias cuando quieran en cualquier asunto. Porque esa cooperación no es algo nuevo, existe. Lo único que hacemos es reforzarla, no solo con medios personales sino materiales, y también económicos.

Habla de los planes de responsabilidad patrimonial. Me sorprenden las declaraciones, porque ¿es que los planes que ha aprobado la Cotmac nunca se han declarado nulos? ¿Qué va a cambiar? Si la única aprobación, la única diferencia es que residenciamos el acto de aprobación en las administraciones locales. ¿Con qué?: con los informes correspondientes. ¿Significa que no se denunciarán planes generales o insulares? No. Tampoco hoy es garantía de que no se denuncien. Lo he explicado ampliamente a todos los que me han querido preguntar sobre este asunto.

Y habla usted de los aplaudidores de la ley. Pues los aplaudidores de la ley no solo son los sectores económicos. Por cierto, con los que nunca me senté para pedirles aportaciones al texto. Me senté con distintos colegios profesionales -los de arquitectos, los de ingenieros agrónomos, biólogos, geógrafos, delineantes y un etcétera mucho más largo-, me senté con Fecam y Fecai, me senté con asociaciones del sector primario y me senté con los ecologistas. Y en general todos aquellos con los que me senté, si bien es cierto que en algunas cosas introducirán mejoras, y así nos lo han avanzado, están de acuerdo en un 90 % con este texto. ¿Que es mejorable?, por supuesto que sí, si es que lo hemos dicho, pero están de acuerdo con el texto, porque nace de sus propias aportaciones.

Usted decía que el Gobierno de Canarias hace dejación de sus competencias. Bueno, yo creo que sería importante hacer una claridad. Casi impunidad jurídica. El Estatuto de Autonomía de Canarias, en los artículos que regulan las competencias exclusivas, hace referencia a las competencias exclusivas frente al Estado, no de la comunidad autónoma frente a ayuntamientos y cabildos, es decir, son competencias exclusivas de la comunidad autónoma; y además dice que lo son de las comunidades autónomas en relación con el artículo 149.1 de la Constitución, y la comunidad autónoma es Gobierno, ayuntamientos y cabildos. Tanto es así que en la pasada legislatura se delegan competencias en cabildos y ayuntamientos con la ley de cabildos y ayuntamientos, que, por cierto, tiene consenso de la Fecam y Fecai y que además aprueban ustedes en el Parlamento. Es decir, el modelo de descentralización de competencias, que, vuelvo a decir, son de la comunidad autónoma, no se residencian exclusivamente en el Gobierno, ya se ha aprobado durante todos estos años, y usted lo apoyó en la pasada legislatura. No es nada nuevo. ¿Que ahora cambiamos de opinión?, pues muy bien, si no hay problema por cambiar de opinión. Es más, igual al final resulta que en lo que hay que enriquecer el texto es por ese camino. Sin embargo, nuestra postura es la de descentralización, en colaboración con Fecam y Fecai y con las asociaciones con las que nos hemos reunido, a favor de ayuntamientos y cabildos, con los controles correspondientes.

Sobre esto poco más que decir. Terminar diciendo que estamos ante un anteproyecto de ley, que, vuelvo a repetir -no me canso de decirlo-, es un anteproyecto, está sujeto a todas las aportaciones que se quieran hacer; que nace de un diálogo previo y de un consenso previo con las distintas asociaciones, sectores e instituciones de las que he hablado. Y apelando a ese consenso y a esa necesidad, de verdad, de que en materia del territorio salga un debate enriquecedor de este pleno y además salga por consenso... Le recuerdo lo que decía usted esta mañana, esta mañana decía, en una pregunta, que cuando un documento nace o una petición nace de la voluntad de tantos colectivos, especialmente del sector primario, de ayuntamientos y cabildos, el Parlamento de Canarias lo que debe es acogerlo. Pues, en aras de eso que usted dijo esta mañana, yo le digo que este borrador, que hoy es anteproyecto, nace de la voluntad de los ayuntamientos con la Fecam, los cabildos con la Fecai, del sector primario, de más asociaciones y por supuesto del resto de colegios profesionales. Que está sujeto a mejoras, pero que, en aras de eso que usted decía, yo le invito a que desde un debate de responsabilidad saquemos este texto por consenso y con las mejoras correspondientes, porque no puede ser de otra manera.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Gracias, señora consejera.