Diario de Sesiones 32/2016, de fecha 26/4/2016 - Punto 26

9L/C-0277 COMPARECENCIA DEL GOBIERNO -CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD-, INSTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO NACIONALISTA CANARIO (CC-PNC), SOBRE DESARROLLO DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA.

La señora PRESIDENTA: Vamos a la primera comparecencia, a solicitud del Grupo Nacionalista Canario, al consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, sobre el desarrollo de la administración electrónica.

Para su defensa, interviene la señora Socorro.

La señora BEATO CASTELLANO: Gracias, presidenta. Señorías, señor consejero, buenas tardes.

(La señora presidenta abandona su lugar en la Mesa y pasa a ocupar la Presidencia la señora vicepresidenta segunda, Tavío Ascanio).

La Administración tiene la obligación de facilitar la vida a las personas y a las empresas, ahorrándoles tiempo, desplazamientos y trámites innecesarios, y ello puede contribuir al impulso de la economía.

La burocracia no puede ser un freno para las personas en sus relaciones con la Administración y tampoco debe ser un obstáculo para el desarrollo de proyectos de iniciativa privada y de quienes quieran invertir y crear riqueza en Canarias. Lo dijo el presidente en su discurso de investidura y lo reafirmó usted en la comparecencia sobre los objetivos de su departamento para esta legislatura. Le corresponde impulsar y fijar los criterios, pero este compromiso incumbe e implica a todo el Gobierno.

Se trata de poner todos los medios para avanzar hacia una Administración más resolutiva, más rápida, más cercana, que ponga más fáciles las cosas a los ciudadanos y a las empresas. Para esto resulta imprescindible el desarrollo de la administración electrónica.

La aplicación de la tecnología en las administraciones públicas es una herramienta que permite realizar trámites desde cualquier punto en cualquier momento, 24 por 7 por 365 días al año. Sin sujeción a horarios, sin desplazamientos, sin soportar colas. Esto, señorías, reporta evidentes ahorros en términos de tiempo y en términos de dinero. Ahorros para la ciudadanía y las empresas y ahorros para la propia Administración pública. En la medida en que se gana eficiencia todos ganan.

Consejero, estamos convencidos de que en los últimos años el Gobierno ha hecho importantes avances. Le hemos pedido esta comparecencia para que nos detalle, nos dé detalles de cómo la comunidad autónoma está logrando incrementar el nivel de servicios a través de la red.

Seguramente estará de acuerdo con nosotros en que es un campo en el que queda mucho por hacer. Los cambios tecnológicos son imparables y van a una velocidad vertiginosa. Mucho más rápidos que los legisladores para plasmar esa realidad en las leyes y mucho más rápidos que la capacidad de la Administración para transformar sus estructuras, sus procesos y sus servicios y la manera en que presta esos servicios a la ciudadanía. Por muchos que fueran los recursos económicos que una Administración aplique, siempre estará un poco por detrás de los avances tecnológicos.

Aun así, consejero, comprobamos cada año que el Gobierno sigue ofreciendo servicios innovadores, ya sea en la web, en el portal, en la sede electrónica o a través de otros medios, como por ejemplo la lanzadera de servicios para Smartphone.

Explíquenos el nivel de servicios electrónicos que presta a la ciudadanía y cuáles son los procesos internos más relevantes donde es una realidad la aplicación de la tecnología. Usted tiene competencias en este ámbito a través de dos centros directivos. En el plano funcional, la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios, con competencias en materia de organización y procedimientos administrativos, innovación y calidad de los servicios públicos, información y atención al ciudadano y los aspectos funcionales de la administración electrónica; y, por otra parte, en el plano tecnológico, las políticas que desarrolla a través de la Dirección General de Nuevas Tecnologías. ¿Cuáles son los objetivos que su departamento se ha fijado en estas dos direcciones para mejorar el acceso, a los ciudadanos, a los servicios públicos mediante la tecnología? ¿Cuál es la planificación prevista y cuáles son los planes de su departamento a nivel interno para mejorar las condiciones de trabajo del personal al servicio de la Administración que den más agilidad a los procesos internos de la Administración?

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Beato.

Vamos ahora al Gobierno, señor consejero.

El señor CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD (Afonso González): Gracias, presidenta. Muy buenas tardes a todos y a todas.

En intervenciones anteriores ya he expresado la importancia que para este Gobierno tiene el impulso de la denominada e-Administración, que la Comisión Europea define como la que usa, de manera extensiva e intensiva, las tecnologías de la información y comunicación, en combinación con el cambio organizativo y nuevas aptitudes, con el fin de mejorar los servicios públicos y los procesos democráticos y reforzar el apoyo de las políticas públicas.

El Ejecutivo siempre ha tenido clara la importancia de esta actuación. El acuerdo de gobernabilidad recogió que la transformación de la Administración pública es imprescindible y remarcó la necesidad de simplificarla a través del establecimiento de una relación más sencilla entre la Administración, la ciudadanía, las empresas, las organizaciones, los agentes sociales y las entidades. Para ello propuso la elaboración de una estrategia en esta materia, que, como ya saben, ya inició. Se centra en la revisión de los procedimientos administrativos y de las normas para evaluar su necesidad y oportunidad, a fin de suprimir todos los trámites que se consideren innecesarios u obsoletos, así como la mejora de los plazos de resolución, al tiempo que impulsará la mejora del modelo para la producción normativa.

Por lo tanto, la denominada e-Administración no se consigue solo aplicando la tecnología. Es necesario combinarla con el cambio organizacional y el desarrollo de nuevas aptitudes de las personas que integran la organización y una visión a la hora de rediseñar los procesos que no solo esté pensada para la ciudadanía y que, en la medida de lo posible, lo haga con ella.

No hay duda de que no podemos alumbrar una política de modernización de la Administración pública sin la tecnología, pero además no puede desligarse de una Administración transparente, como la que pretendemos consolidar en esta legislatura. Un modelo en el que la innovación y mejora de los servicios públicos no solo persigue incrementar la eficiencia y efectividad de las políticas públicas sino también reforzar los principios democráticos, integrando con la fuerza política de la propia transparencia y participación de la ciudadanía.

Por otra parte, la efectiva implantación de la tramitación electrónica de los procedimientos administrativos es el principal desafío que nos plantea la reforma de los pilares de la legislación administrativa: la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y la Ley 40 de 2015, de la misma fecha, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Los indicadores de administración electrónica, que publicamos trimestralmente en internet, evidencian la necesidad de incrementar los esfuerzos para su potenciación, pues si bien en el 50 % de los procedimientos que actualmente están inventariados en el Sistema de Información de Actuaciones Administrativas de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, el denominado SICAC, es posible el inicio de la tramitación electrónica, aún tenemos otro 50 % en el que o bien solo hay disponible información en internet, que es el nivel 1 de telematización, o solo se permite la descarga del formulario de inicio, que es el nivel 2 de telematización, pero no su presentación telemática.

Conscientes de ello, en esta IX Legislatura hemos planificado un conjunto de proyectos que tratarán de dar respuesta a este desafío, muchos de ellos ya se encuentran en ejecución.

Empezaré por la sede electrónica, que es la dirección electrónica que las administraciones públicas ponen a disposición de la ciudadanía para garantizar una vía de comunicación segura para relacionarse de manera electrónica.

En esta materia, la plataforma tecnológica corporativa de la sede electrónica tipo está en constante evolución y mejora, con la progresiva incorporación de nuevos servicios electrónicos que faciliten la relación de la ciudadanía con nuestra Administración pública. Por ello la consejería desarrolla el Proyecto evolutivo análisis multinivel de medios de identificación y firma, encaminado a hacer más sencillo el acceso de la ciudadanía a los servicios públicos y con plena garantía de seguridad. Buscamos, así, implementar otros sistemas para la identificación y firma distintos al certificado digital y al DNI electrónico, tal y como recoge la regulación de nuestra política de identificación y autentificación, establecida en la Orden departamental de 30 de abril de 2015.

Además buscamos poner en explotación el uso de las llamadas claves concertadas, usuarios más contraseña, integrándose en la Plataforma común del sector público administrativo estatal -Cl@ve- e implementar el sistema de aportación de información conocida por ambas partes para habilitar medios complementarios de identificación de las sedes electrónicas.

La Ley de Procedimiento Administrativo Común, que entrará en vigor el próximo 2 de octubre de este mismo año, señala que las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos, mediante comparecencia en la sede electrónica de la Administración u organismos actuantes o a través de la dirección electrónica habilitada única, o mediante ambos sistemas, según disponga cada Administración u organismo, por lo que en la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias ya está implementado el sistema de dirección electrónica habilitada única, y durante mayo de este año se dispondrá del sistema de notificaciones electrónicas mediante comparecencia en sede electrónica.

La orden departamental que regulará este sistema está en su última fase de tramitación y el desarrollo tecnológico para posibilitarla ya está terminado.

Una tarea que cobrará especial valor para la ciudadanía será la posibilidad de realizar el pago de las obligaciones a favor de la Administración por medios telemáticos, que ya es posible mediante cinco entidades bancarias, incluida la de mayor red de servicios en nuestro territorio, pero queremos generalizar esta posibilidad a otras entidades. Para evitar el desplazamiento de la ciudadanía que no disponga de cuenta corriente en alguna de las entidades bancarias ya adheridas a la plataforma de pago telemático, la consejería ha desarrollado la posibilidad de que comunique de forma electrónica a través de la sede el justificante de pago. También se trabaja ya en la implementación del pago a través de la tarjeta de crédito y de débito.

También estamos rediseñando las fichas descriptivas de las actuaciones administrativas, procedimientos y servicios que la ciudadanía visualiza en las sedes electrónicas, para que sean más intuitivas y mejorar su usabilidad.

Por otra parte, la consejería se esfuerza en mejorar los formularios electrónicos tipo para las sedes electrónicas, a fin de facilitar la conversión en electrónicos de los procedimientos administrativos, así como la migración de todos los formularios electrónicos del Sicac que están en formato PDF a HTML5 para adaptarlos a los navegadores web y a su uso en dispositivos móviles o tablets.

También me referiré a las actuaciones del Gobierno para dar soporte al usuario en las sedes electrónicas. Desde el mes de marzo de 2013, se configuró una unidad con el objetivo general de prestar atención a los usuarios de las sedes electrónicas. Para ello estamos elaborando vídeos tutoriales sobre requisitos técnicos para navegar y tramitar electrónicamente y de configuración de los navegadores, que estarán disponibles en la sección de "Ayuda" de las sedes electrónicas y que ya se pueden ver en el canal YouTube de la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios.

Quiero destacar que en los indicadores del Servicio de Atención a los Usuarios de las Sedes Electrónicas, que también publicamos en internet cada tres meses, la nota media de los últimos doce meses sobre la atención recibida obtuvo una valoración de 9 en una escala de 0 a 10.

Antes de terminar, me referiré a una cuestión íntimamente relacionada con la administración electrónica, como es la simplificación administrativa y reducción de cargas, y la incidencia que sobre esta tiene la interoperabilidad, término que hace referencia a la capacidad de los sistemas de información para comunicarse e intercambiar información entre sí.

La normativa sobre el procedimiento administrativo ha ido evolucionando, tratando de evitar el "vuelva usted mañana" y favorecer la simplicidad y la administración electrónica. Pero si bien los fines pretendidos por la evolución normativa están claros, los procedimientos administrativos han seguido siendo complejos y su tramitación electrónica en muchas ocasiones resulta una auténtica odisea. La mayor parte de la ciudadanía no comprende la compleja normativa en general y la administración electrónica en particular. Por ello desde la legislatura pasada se viene potenciando el uso de la Plataforma de Intermediación de Datos, de manera que a través de la consulta de la información incorporada a la misma, pueda evitarse su petición a la ciudadanía y a las empresas.

Ha sido y será constante nuestro esfuerzo por seguir incorporando información a esta plataforma, aspecto que se verá reforzado con la estrategia de simplificación administrativa y reducción de cargas, con la que pretendemos dar un fuerte impulso a la simplificación y telematización de los procedimientos, de manera que se hagan efectivas las previsiones legales de disponer de una Administración más sencilla y digital.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Tavío Ascanio): Pasamos a la intervención de los grupos no solicitantes de la comparecencia. En nombre del Grupo Mixto tiene la palabra su señoría, la diputada doña Melodie Mendoza.

La señora MENDOZA RODRÍGUEZ: Gracias, presidenta. Señor consejero, señorías.

En febrero, cuando abordamos en comisión el tema de la implantación progresiva y continua que está haciendo el Gobierno para lograr la administración electrónica, se nos informó de que se estaba ultimando un plan estratégico de modernización e innovación.

Todos estamos de acuerdo en la simplificación, la disminución de los costes para la Administración y la brevedad de los plazos que conlleva una mayor apuesta en administración electrónica. Somos conscientes de las múltiples ventajas de la telematización de los procedimientos en cuanto a la accesibilidad, la eficacia y la eficiencia. De ahí nuestra confianza en que la inversión de casi 10 millones de euros que se recoge en los presupuestos regionales del presente año empiece pronto a dar frutos.

Aprovecho para trasladarle nuestra preocupación ante los inconvenientes con los que se han encontrado algunas corporaciones locales cuando llegan personas que no cuentan con la suficiente preparación para poder acceder a los servicios telemáticos. Hablamos de personas con problemas de analfabetismo. Según nos han transmitido, señor consejero, en estos casos los procedimientos administrativos informáticos no son una ayuda sino más bien un problema añadido, pues aunque desde las corporaciones locales se intenta ayudar a estas personas en algunos procedimientos no se cuenta con el acceso o la interconexión oportuna, ya sea con el Estado o de la comunidad autónoma. Por ejemplo, una señora de 50 años, analfabeta o sin recursos económicos, va al Servicio Canario de Empleo para la solicitud de empleo social. A ella le entregan un número de teléfono -que es de pago, ¿de qué nos vale?: de nada, porque son personas sin recursos económicos- o un código. Son personas analfabetas, tampoco vale de nada. ¿Qué hacen? Se dirigen en busca de ayuda al ayuntamiento, que estos no pueden acceder a la aplicación. Al final ¿qué recursos o qué vías les queda a estas personas sin recursos y con analfabetismo? Recurrir a la solidaridad.

Le animo, por tanto, a que resuelva cuanto antes y de ser posible que nos dé ya una fecha de operatividad y de pleno funcionamiento de la plataforma de interoperabilidad Platino.

Le pregunto además si han avanzado en los protocolos para conectar las administraciones locales y la Plataforma de Intermediación del Estado con el sistema de información del Gobierno.

Y, dado que están trabajando en ello, le pregunto, asimismo, si se ha tenido en cuenta la posibilidad de realizar los diferentes procedimientos telemáticos de cada Administración en esta plataforma.

Insisto en que no todas las personas tienen los mismos conocimientos y tampoco los medios necesarios para poder servirse de estos procedimientos informatizados y, aunque es cierto que hoy en día se puede acceder a las herramientas necesarias incluso desde un teléfono móvil, en la Agrupación Socialista Gomera entendemos que, si realmente queremos crear una Administración accesible a todos los ciudadanos, no podemos dejar atrás a nadie en aras de la modernidad. Debemos ofrecer alternativas plenamente funcionales para todos.

Le pregunto también, por último, si sabe si se ha adaptado el sistema para solucionar los graves problemas de la Prestación Canaria de Inserción, ya que durante el debate de los presupuestos se nos dijo que se necesitaba...

La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Tavío Ascanio): En nombre de Nueva Canarias tiene la palabra su señoría, la señora diputada doña María Esther González González.

La señora GONZÁLEZ GONZÁLEZ (doña María Esther): Gracias, señora presidenta. Señorías. Señor consejero.

Tal y como dijo la diputada doña Socorro Beato, la administración electrónica tiende a dos objetivos del Gobierno de Canarias, dos objetivos que además Nueva Canarias comparte, que es promover y desarrollar la actividad económica y además hacer efectivo el derecho de la ciudadanía a relacionarse por los medios electrónicos con la Administración pública. En base a estos dos objetivos fue la razón por la que se creó, y además usted dijo en febrero estaba en fase de ultimar, la Estrategia para la modernización y la mejora de los servicios públicos de la Administración pública de la comunidad autónoma.

En la anterior estrategia existían objetivos específicos, proyectos corporativos y por departamentos -supongo que en la próxima también será así-, y uno de los proyectos era el desarrollo de la administración electrónica.

Según usted informó, a 31 de diciembre de 2015, el número de procedimientos relacionados en el SIAC era de 707. De esos 707, 61 se encontraban en el nivel 1 -en el que solo permite información por medios electrónicos-, 293 en el nivel 2, 315 en el nivel 3 y 38 en el nivel 4. Entonces en este contexto es en el que le pregunto, le pido nos informe, señor consejero, de si se ha incrementado el número de procedimientos en el SIAC, que partiendo de la base de que los niveles superiores absorben o incluyen los inferiores, en el primer trimestre del 2016 se ha avanzado en el paso siguiente, o sea, en pasar al siguiente nivel alguno de los 669 procedimientos que están registrados en el SIAC y que no estaban en el nivel 4, y si de los 38 procedimientos que a 31 de diciembre se encontraban en nivel 4 -que 9 correspondían a la Agencia Tributaria, 2 a la Consejería de Políticas Sociales y Vivienda, 6 a la de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, 6 a Presidencia y 15 al Servicio Canario de Empleo, tal como usted dijo- y no existiendo ningún procedimiento en nivel 4 ni en su consejería ni en la Consejería de Política Territorial ni en la de Educación y Universidades ni en la de Obras Públicas y Transportes ni en el Servicio Canario de Salud, por ejemplo, le pregunto también para cuándo se prevé que se eleven a nivel 4 algunos de los procedimientos de estas consejerías. Partiendo además de la base de que el 49 % de los procedimientos que están en el SIAC corresponden a estas consejerías.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Tavío Ascanio): Pasamos a la intervención del grupo político Podemos. En su nombre, tiene la palabra la señora diputada doña María Concepción Monzón Navarro.

La señora MONZÓN NAVARRO: Buenos días a todas y a todos.

Como aquí ya se ha hablado, evidentemente los ciudadanos tienen el derecho a relacionarse con la Administración también por medio de los medios electrónicos, el acceso a la información de forma rápida, de forma eficaz, con la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, y es la Administración la que tiene que poner a su alcance, con un tratamiento común, esa validez y eficacia en la actividad administrativa en condiciones de seguridad jurídica. Por tanto, la Administración queda obligada a ese principio de eficacia que también recoge la Constitución en los medios electrónicos. Los técnicos y los científicos ponen esos instrumentos y es la Administración quien tiene que impulsar, dependiendo de la confianza y la seguridad que genere, en los ciudadanos y en todos los usuarios, y también en los servicios que ofrezca, que deben ser con procedimientos sencillos y que puedan entender todos los que acceden a ellos.

El tiempo de los trámites es algo que en la vida diaria de cada uno de los ciudadanos de Canarias es una necesidad imperiosa. Vivimos en islas y es evidente que el hecho de que se pueda acceder a través de la administración electrónica acerca la Administración a los ciudadanos y disminuye los tiempos de resolución de todos los procedimientos.

Para ello ese desplazamiento inicial, que muchas veces es para buscar una información y posteriormente poder hacer los trámites... Es importante que la disposición de esa información en las páginas web sea la correcta, es decir, que las tengamos actualizadas.

Por otro lado, el hecho de que se haya hecho la firma electrónica evidentemente también, como comentaba antes el consejero, va a facilitar en las resoluciones esa inmediatez en las notificaciones a todos los usuarios, independientemente de donde residan.

Bueno, en cuanto a esto que decíamos que tiene que ser ágil y sencillo, ¿cuáles son los servicios y el grado de penetración que tienen en Canarias? Pues, como ya hemos dicho en las comisiones cuando hemos hablado de este, que ya hemos hablado en un par de ocasiones, sobre la administración electrónica, en la Administración de Justicia hablábamos de los problemas de algunos programas, como es el LexNET con respecto al Atlante II, sus incompatibilidades, que en vez de agilizar los procedimientos lo que ha hecho es precisamente retrasarlos. Hablábamos en otras comparecencias de los procedimientos, por ejemplo, los modelos 420 del IGIC, que hacen muchos usuarios y empresarios, sobre las colas que hemos visto cada vez que se cumplen los plazos para poder hacer esa liquidación, y no entendíamos cómo es posible que tengamos esas colas y que la administración electrónica no sea capaz de que esos procedimientos sean más sencillos y que se informe a los usuarios para que se puedan usar. No creemos que ningún usuario quiera perder todo un día para liquidar el IGIC cuando lo podrá hacer en pocos minutos en una página web.

Los indicadores de los que habla el consejero sobre los servicios que se prestan. ¿Cuáles son los departamentos que más prestan?: Servicio Canario de Empleo, Administración Tributaria Canaria, Industria, en procedimientos de los más usuales, que sean registros de becas, gente joven, las presentaciones de las liquidaciones, como hablábamos, y también los certificados de eficiencia energética.

Pero yo quisiera también resaltar que en un estudio del 2014 se habla de una brecha digital entre territorios, entre comunidades autónomas, y Canarias está por debajo de la media, tanto en los servicios interactivos como en los servicios telemáticos de los ciudadanos. Por tanto, hay que conectar los servicios a la necesidad de los ciudadanos, aumentar la confianza, su relación más sencilla en los procedimientos y mejorarlos.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Tavío Ascanio): En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra su señoría, el señor diputado don Emilio Moreno Bravo.

El señor MORENO BRAVO: Muchas gracias, señora presidenta. Señorías. Señor consejero.

Sé, señor consejero, que esta vez no voy a ser la nota más discordante en esta comparecencia, pues parte de las críticas que voy a hacer ahora ya han sido recogidas y puestas de manifiesto por mis compañeros diputados.

Es bueno recordar, que se lo han recordado ya, algún estudio que hay sobre el año 2014, un estudio sobre la valoración de la administración electrónica en las comunidades autónomas, ampliamente difundido en internet, que usted conocerá, donde se valora muy mal, pero que muy mal, a Canarias en toda esta cuestión y se nos sitúa -estas eran las palabras del informe- en el pelotón de cola del desarrollo de la administración electrónica. Sé que este informe es del año 2014, ya se lo he dicho, y que la situación ha ido cambiando durante estos años y, por tanto, nos gustaría posteriormente oír las palabras del Gobierno para aclarar el alcance de las observaciones que se contenían en este informe emitido por Adeces y la Asociación de Internautas.

Pero la verdad es que cuando se produzca la entrada en vigor de la ley que usted también ha citado, la 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que entra en vigor el 2 de octubre del año 2016, ya sabe usted que a partir de ese momento los expedientes administrativos deberán tener formato electrónico. Así lo establece el artículo 70.2. Sin embargo, atendiendo a datos recientes, y creo no equivocarme, solo o tan solo un escaso 5,62 % de los procedimientos administrativos del Gobierno de Canarias tienen un nivel de telematización del máximo nivel, es decir, el nivel 4, el que corresponde a la tramitación electrónica completa. Y, según la nueva Ley 39/2015, también se exige que los ciudadanos tienen derecho a ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las administraciones públicas. Así lo exige el artículo 13 b) de la Ley 39/2015.

Es verdad que la ley también establece otras obligaciones cuyo plazo de cumplimiento se pospone y queda diferido al 10 de octubre del año 2018, como por ejemplo el registro electrónico de apoderamientos, el punto de acceso general electrónico, el régimen electrónico general, el archivo electrónico único, etcétera, etcétera.

Pero mis preguntas son claras, señor consejero, a raíz de mi intervención. Una, ¿qué tiene planteado hacer el Gobierno de Canarias en estos seis meses que quedan para la entrada en vigor de la Ley 39/2015 en materia de automatización, tal como exige el artículo 70.2 de la ley? Y segundo, ¿qué medidas organizativas se van a adoptar para garantizar la asistencia a todos los ciudadanos en el uso de los medios electrónicos en sus relaciones con la comunidad autónoma, tal como exige y prescribe la Ley 39/2015?

Nada más y muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Tavío Ascanio): En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra su señoría, el señor diputado don Gustavo Adolfo Matos Expósito.

El señor MATOS EXPÓSITO: Muchas gracias, señora presidenta, Cristina Tavío, por darme el uso de la palabra.

La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Tavío Ascanio): Perdone, señor diputado. Disculpe pero... Ahora. Se había estropeado momentáneamente pero está resuelto.

Tiene la palabra.

El señor MATOS EXPÓSITO: Me recuerda, me recuerda esta Ley 39/2015, de 1 de octubre, me recuerda un poco a la implantación del LexNet, porque, digamos, la filosofía es parecida pero, tal y como se ha diseñado por parte del Gobierno de España la implantación de la administración digital, parece que una buena idea se convierte en un caos, en un lío, a la hora de ponerla en práctica. Y al respecto me gustaría decir algunas cosas que me parecen importantes.

Yo creo -y lo creen muchas personas que se relacionan habitualmente con la Administración- que posiblemente no hacía falta la Ley 39/2015, del 1 de octubre, para poder introducir en las relaciones de los ciudadanos con la Administración la digitalización de los procedimientos. Seguramente con la Ley 30/92 y con la Ley 11/2007, de acceso ciudadano a los servicios públicos, era más que suficiente, porque si la digitalización, digamos, depende estrictamente de la aplicación de una ley, las cosas hubieran sido bastante más sencillas. Porque los retos que tiene ante sí la implantación de la administración electrónica, de la administración digital, son otros.

En primer lugar, la existencia de medios fiables para garantizar la identidad de los partícipes, que son los medios de firma electrónica, en los que estamos realmente atrasados. Existen formalmente pero sigue siendo engorroso obtenerlos y, por supuesto, instalarlos. Parece que la implantación o el desarrollo del DNI 3.0 parece que puede resolverlo, con una nueva tecnología, la tecnología NFC, y la posible vinculación de ese DNI 3.0 a las aplicaciones móviles.

También la necesidad de cumplir con una determinación que ya estaba en la legislación del 2007, que es la neutralidad tecnológica. La posibilidad de, digamos, de acceder a la administración electrónica sin necesidad de hacerlo desde plataformas específicas o de sistemas operativos específicos. Esta es una de las cuestiones que tampoco está resuelta por la nueva legislación.

Por supuesto la implantación de esta legislación es algo más que eliminar el papel. Se ha dicho aquí, es necesario adaptar los procedimientos administrativos a la nueva administración electrónica, adaptar los organigramas o la organización del personal también a los nuevos procedimientos, articular mecanismos de cooperación y colaboración entre administraciones para la integración y la interconexión electrónica, criterios técnicos comunes entre administraciones...

Y dos cuestiones muy rápidas. La brecha digital. Ya se ha dicho aquí: hay personas que, por razones sociológicas, razones económicas, están en el otro lado del mundo digital. Es necesario que no se queden atrás en el acceso a los procedimientos digitales.

Y, por último, la verdad es que la obligatoriedad, digamos, de cumplir el plazo de octubre del 2016, insisto, me recuerda a lo que ha pasado con la LexNet.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Tavío Ascanio): Para una segunda intervención tiene la palabra, en nombre del grupo solicitante de esta comparecencia, su señoría, la señora diputada doña Socorro Beato Castellano.

Disculpe, señora Beato. Estoy intentando que esto funcione... Ya. Adelante.

La señora BEATO CASTELLANO: ...década se han acelerado los cambios. Los ciudadanos, las empresas y las administraciones públicas han modificado las formas de relacionarse entre sí. En el mundo globalizado ya nada se entiende sin internet, una herramienta que se ha convertido en algo cotidiano. Para cualquier transacción resulta imprescindible operar en la red y, por ende, también ahí debe estar la Administración pública ofreciendo sus servicios. Por eso nos alegramos de que el Gobierno de Canarias se haya subido también a ese tren, el de ofrecer más y mejores servicios a través de la red.

Hay una máxima que dice que "el tiempo es oro", y es verdad. La productividad puede mejorar con procesos electrónicos que eviten desplazamientos y tiempos de espera en colas interminables y podríamos cuantificar los ahorros que reporta tanto a ciudadanos, a las empresas, como a la propia Administración.

Consejero, lo decía usted, estamos de acuerdo en que cuando hablamos de administración electrónica hablamos de algo que va más allá de la mera automatización de los procedimientos y el desarrollo de servicios electrónicos. Es algo más profundo y complejo. Es una nueva forma de relación con los ciudadanos y requiere, como paso previo, abordar la reingeniería de los procesos. No debemos automatizar el caos. O en palabras de Bill Gates: la primera línea, la primera regla de cualquier tecnología utilizada en los negocios es que la automatización aplicada a una operación eficiente magnificará la eficiencia; la segunda es que la automatización aplicada a una operación ineficiente magnificará la ineficiencia. Por tanto, nos tranquiliza que se esté abordando con carácter prioritario la simplificación de los procedimientos y el análisis exhaustivo de los procesos. Un buen ejemplo de ello es el anteproyecto de ley del suelo.

Algún portavoz aludía a que aún no hay grandes cifras de utilización de los medios electrónicos por parte de los ciudadanos. Mire, depende de dónde vengan los estudios y el rigor con que se hagan. No obstante, el último estudio del Observatorio Canario de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información sobre el grado de cumplimiento de la agenda digital europea, el indicador de población que usa la administración electrónica en Canarias se situaba a principios de 2015 en un 46,7 %.

Son los ciudadanos los que eligen el medio en el que desean relacionarse con la Administración. El Gobierno cuenta con un sistema de información multicanal para garantizar ese derecho y el derecho a la igualdad. En todo caso, nos preguntamos, consejero, cómo se puede mejorar la utilización de la administración electrónica y qué está haciendo el Gobierno para ello. Puede mejorar en la medida en que los ciudadanos sepan que el Gobierno ha tomado medidas para contribuir a garantizar la seguridad y que dispone de mecanismos para la protección de datos. Consejero, debe incidir en dar a conocer esas garantías que el Gobierno ha articulado, porque así se puede incrementar la confianza de los ciudadanos. Y también puede aumentar el uso si hay un mejor acceso a este medio.

Son necesarias unas buenas autopistas de la comunicación y aún Canarias registra avances insatisfactorios en los indicadores relacionados con el despliegue y la adopción de la banda ancha de alta velocidad. Lamentablemente quedan aún núcleos rurales aislados y zonas de sombra, sobre todo en las islas menores, como por ejemplo La Gomera. Nos explicaba el consejero de Economía y Conocimiento hace unos días que su departamento ha adoptado medidas para facilitar el acceso de la banda ancha de alta velocidad en todo el archipiélago en las zonas rurales. Aquí tiene también una responsabilidad el Gobierno de España. El Ministerio de Industria debe propiciar el despliegue en Canarias y garantizar que no haya ciudadanos de primera y de segunda. La conectividad es una herramienta más para la igualdad de todos los ciudadanos en cualquier isla y algo esencial para la cohesión de Canarias.

Además el Gobierno de España tiene pendiente la transposición de la directiva, en vigor desde el pasado 18 de abril, sobre contratación pública, y que marca la vía electrónica como la estándar para las licitaciones. Es una lástima pero el Gobierno de España no ha incorporado aún esta directiva al ordenamiento jurídico español -entró en vigor, como decía, el 18 de abril-, porque esta directiva simplificará mucho los procesos de contratación y facilitaría a nuestras pequeñas y medianas empresas, a nuestras pymes, participar con mayor potencia en las licitaciones. Le preguntamos: ¿en qué condiciones está Canarias para que las licitaciones electrónicas puedan ser una realidad?

La ley de acceso electrónico, de 2007, estará vigente hasta el 2 de octubre de este año, porque ha sido derogada por la Ley 39, de Procedimiento Administrativo Común. Teniendo en cuenta que el Decreto del año 2011, de Canarias, por el que se regula la utilización de los medios electrónicos en esta comunidad, que ese decreto se dictó de acuerdo con la ley, con las previsiones de la ley del 2007, ¿tiene prevista la adaptación del decreto a la nueva norma o es suficiente con los avances que nos ha avanzado en su primera comparecencia o cree que no será necesario? Y también quisiéramos que nos explique si ya está tomando algunas medidas más para cumplir con esa nueva ley de procedimiento.

Consejero, como decía en mi primera intervención, Canarias ha recorrido un largo camino. Lo hizo definiendo una estrategia para la implantación de la administración electrónica y fue una de las comunidades pioneras en su día: desde la puesta en marcha de Platino, en el año 2008, como plataforma de interoperabilidad, el Decreto del 2011, la puesta en funcionamiento de la sede electrónica, la creación del registro general electrónico, la aprobación de los estándares de seguridad e interoperabilidad y las políticas de identificación y autentificación, etcétera, etcétera. Todo ello acompañado de una política de simplificación y partiendo de un catálogo de procedimientos depurado y accesible a los ciudadanos.

Estamos seguros de que la administración electrónica -lo volvemos a decir- es una herramienta para la mejora de la calidad de vida de las personas y contribuye al impulso de la economía. Y, mire, así también lo entienden las instituciones europeas. La Comisión Europea, el pasado 19 de abril, presentó un agresivo plan para movilizar inversiones públicas y privadas por 50 000 millones de euros para digitalizar todos los ámbitos de la industria europea e impulsar tecnologías prioritarias, buscando la transformación digital de sectores tradicionales como la construcción, la agroalimentación, el textil o las pymes. (Se reincorpora a su lugar en la Mesa la señora presidenta).

Uno de los pilares de ese plan de acción será el plan de acción sobre la administración electrónica. Este plan sugiere crear una pasarela digital única y establecer un proyecto piloto entre administraciones y empresas que evite la presentación reiterada de papeles.

Consejero, desde el Grupo Nacionalista Canario le sugerimos que Canarias levante la mano y se presente voluntaria a cualquier iniciativa innovadora de la Unión Europea que nos pueda reportar recursos añadidos y que nos ayude a mejorar nuestros niveles de servicios electrónicos para ganar eficiencia, para ganar productividad y para impulsar nuestra economía.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Beato.

Señor consejero, para cerrar esta comparecencia.

El señor CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD (Afonso González): Gracias, presidenta.

Señorías, como les decía al inicio de mi intervención, por supuesto que queda todavía mucho camino que recorrer, pero estamos, evidentemente, efectuando los esfuerzos necesarios para impulsar en el ámbito de la Administración autonómica una administración electrónica.

Vamos a ver, por partes. En los términos que planteaba la señora Mendoza, por supuesto que en las partidas presupuestarias de mi departamento hay consignados unos importes para impulsar y modernizar la administración autonómica y en esa línea están coordinados, evidentemente, aquellos centros directivos que tienen competencias en mi departamento, como señalaba en su primera intervención la señora Beato, que es la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios y la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías. La coordinación es constante con otro de los pilares que deben impulsarse en el ámbito de la Administración autonómica y que forma parte de uno de los ejes programáticos de este Gobierno y que figura en el pacto de gobernabilidad, que es el eje de buen gobierno, de transparencia y de impulso de la administración electrónica. Y, como decía, se trabaja también de forma muy coordinada con la Dirección General de Transparencia, y en este caso Transparencia y Participación Ciudadana.

Cuando se plantean algunos aspectos concretos sobre aplicaciones informáticas del Gobierno de Canarias que puedan tener alguna dificultad desde el punto de vista del acceso que la ciudadanía tiene a ellas, ponía algún ejemplo la señora Monzón con la LexNET, yo creo que en esta sede parlamentaria no voy a reiterar cuáles son las consideraciones que se han efectuado, al menos por este consejero en comisión parlamentaria y por los distintos grupos parlamentarios cuando se han traído distintas PNL que han guardado relación con la entrada en vigor o la implantación de la LexNET en todo el territorio nacional y especialmente en la Comunidad Autónoma de Canarias.

Sí tenemos que puntualizar, en el ejemplo que ponía respecto a la presentación del IGIC, el modelo 420, creo que en comisión parlamentaria también se lo indicaba, que precisamente es uno de los procedimientos que está en fase 4 de telematización y que la ciudadanía puede presentar y efectuar todo lo que es el pago del IGIC de manera telemática a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria Canaria. Yo creo que en aquel momento le señalaba, y vuelvo a hacerlo otra vez aquí, en el pleno, que es cierto...; lo que puede suceder es que por parte de la ciudadanía no es sencillo adaptarse tampoco a los nuevos tiempos. Hay que adquirir mayor sensibilidad, mayor conocimiento de cómo, cómo tienen ya en sus manos esas herramientas para poder efectuar esas presentaciones de forma telemática sin necesidad de tener que acercarse físicamente a la Administración competente. Y no dejan de ser ciertas algunas de las cuestiones que planteaba la señora Beato y que guardan relación específicamente con la necesidad de que se produzca un adecuado despliegue de la banda ancha en Canarias, para poder garantizar a toda la sociedad canaria, especialmente en las zonas rurales y en las islas no capitalinas, pues, un acceso en condiciones a lo que deben ser los procedimientos electrónicos que tienen que implantarse e impulsarse, no solo por la Administración autonómica sino por las administraciones públicas canarias.

En relación con las preguntas que yo creo que con carácter general se formulaban, no solo por el señor Moreno sino por el resto de portavoces, y que guardan relación con la entrada en vigor a partir del próximo 2 de octubre de las leyes 39 y 40, que regulan por un lado el procedimiento administrativo común, y la ley de régimen jurídico del sector público, señor Moreno, muchas de las previsiones que están previstas en la ley van a estar vigentes a la entrada en vigor de las mismas. Y le pongo un ejemplo: el punto de acceso general electrónico, el registro electrónico, las notificaciones electrónicas por comparecencia en sede, etcétera. Incluso en algunas que la propia ley establece que su entrada en vigor tendría que ser a partir del año 2018 estamos acometiéndolas y trabajando desde ya en ellas y estamos convencidos de que van a estar disponibles antes de la obligación legal que se establece para el 2018, como es el caso del registro general de apoderamientos o el archivo electrónico. Pero es indudable, en los mismos términos que planteaba el señor Matos, que establecía una similitud con estas leyes y con lo que sucedió con la entrada en vigor de la LexNet, que el legislador ha vuelto a subestimar las dificultades para acometer la transformación electrónica de la totalidad de la actividad administrativa en el plazo que establece la vacatio legis, que era de un año -se aprobaron en octubre del 2015, entran en vigor en octubre del 2016-, y es evidente que hubo, bueno, se subestimaron las posibilidades que tenemos las administraciones públicas para conseguir todos los objetivos que están marcados en esas leyes en octubre del 2016.

Bueno, pero el ejemplo yo creo... (ante un comentario que se efectúa desde los escaños), yo creo que es evidente y hay elementos que se desprenden de las propias leyes que establecen, no esa contradicción pero sí ese matiz que le acabo de señalar, y es que las leyes han establecido una entrada en vigor más amplia para el 2018, por ejemplo, algunas de sus previsiones, como es crear el punto de acceso general electrónico o el archivo electrónico, que deben considerarse, como podremos compartir todos, básicas para que la administración electrónica funcione adecuadamente. Eso lo podemos compartir todos los presentes en este hemiciclo. Y esto nos lleva a pensar, evidentemente, que el legislador determinó la fecha de octubre de 2016 para que la tramitación electrónica de los procedimientos estuviese operativa, pues, evidentemente considerando la conveniencia de fijar un horizonte temporal y de alguna manera presionar a las administraciones públicas para priorizar sus esfuerzos en este campo. Bueno, es un objetivo legítimo y de hecho, evidentemente, con la elaboración de estas leyes no se aportó previamente ningún estudio ni análisis previo que permitiera determinar cuál era el grado de desarrollo que desde las distintas administraciones públicas existía en la implantación de la administración electrónica.

Además, le trasladaré más información al respecto, de la que manejamos actualmente los grupos de trabajo creados en el seno de la Comisión Sectorial de Administración Electrónica, en la que participa el Estado con las distintas administraciones autonómicas: la inmensa mayoría de ellas no dispondrá de una tramitación electrónica completa de toda su actividad el próximo 2 de octubre, y así se está tratando en esas reuniones de trabajo. Ello no es óbice, sin ninguna duda, para que sigamos trabajando y sigamos priorizando y realizando los esfuerzos que son absolutamente necesarios para conseguir una Administración que desarrolle enteramente su actividad de forma habitual de manera electrónica, como de alguna manera he trasladado ya en mi primera intervención.

Para terminar, sí me gustaría, a algunas de las cuestiones que planteaba la señora González, que preguntaba específicamente cómo había evolucionado, pues, el grado de telematización de algunos procedimientos, que habíamos informado ya en sede parlamentaria hace unos meses. Los datos específicos no se los puedo trasladar en este momento pero sí, de alguna manera, reiterar que...; ya en mi primera intervención señalaba que en el 50, actualmente en el 50 % de los procedimientos que están actualmente inventariados en el Sicac la ciudadanía y las empresas pueden iniciarlos de manera electrónica.

¿Qué metas estamos fijándonos en el ámbito del Gobierno, que estarán fijadas en el marco de la estrategia de simplificación y reducción de cargas, en la que está trabajando la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios de manera coordinada con todos los departamentos del Gobierno de Canarias para establecer una periodificación y una planificación de ese proceso?, pues, entendemos que es razonable que, a diciembre de 2016, podamos tener el 100 % de los procedimientos que afectan a los ciudadanos y a las empresas para que puedan iniciarse de forma electrónica. Creemos que esta sí es una meta realista y que se puede cumplir.

En cuanto a lo que debe ser la tramitación completa en las distintas fases del procedimiento, entendemos y haremos los esfuerzos para que en las mismas, durante el año 2017, al menos se llegue al 50 % de los procedimientos. Como podrán ver, tenemos unas leyes que establecen unos plazos y yo les estoy trasladando cuál es la planificación que desde el Gobierno de Canarias estamos tratando de impulsar, con unas metas y unos objetivos que entendemos que son realistas.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, consejero.

Señorías, vamos a suspender la sesión hasta las diecisiete horas de esta tarde. ¿De acuerdo?

Gracias, señorías.

(Se suspende la sesión a las catorce horas y cincuenta y cinco minutos).

(Se reanuda la sesión a las diecisiete horas y cinco minutos).

La señora PRESIDENTA: Reanudamos la sesión plenaria, señorías.

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  • 9L/C-0277 Sobre -Consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad-, sobre desarrollo de la Administración electrónica.


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