Diario de Sesiones 37/2016, de fecha 25/5/2016 - Punto 14

9L/PPL-0002 DEBATE DE TOMA EN CONSIDERACIÓN. PROPOSICIÓN DE LEY, DEL GRUPO PARLAMENTARIO PODEMOS, PARA PALIAR Y REDUCIR LA POBREZA ENERGÉTICA (ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS) EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Continuamos, la vida sigue. Continuamos con el pleno, último punto del orden del día: proposición de Ley del Grupo Parlamentario Podemos, para paliar y reducir la pobreza energética -electricidad, agua y gas- en la Comunidad Autónoma de Canarias.

El secretario primero pasa a dar lectura al dictamen del Gobierno.

El señor SECRETARIO PRIMERO (Cabrera González): Doña Rosa Dávila Mamely, secretaria del Gobierno de Canarias, certifica que, en reunión celebrada por el Gobierno el día 30 de noviembre de 2015... propuesta de acuerdo por el que se fija la posición del Gobierno sobre la proposición de Ley, del Grupo Parlamentario Podemos, para paliar y reducir la pobreza energética -electricidad, agua y gas- en la Comunidad Autónoma de Canarias.

El Gobierno, tras deliberar, y conforme a los expresados informes, acuerda manifestar su criterio contrario a la toma en consideración de la proposición de Ley, del Grupo Parlamentario Podemos, para paliar y reducir la pobreza energética en la Comunidad Autónoma canaria, en base a los informes de los distintos centros directivos consultados, así como por la implicación que conlleva de créditos presupuestarios.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Gracias, secretario.

Pasamos, por lo tanto, a debatir la iniciativa. Señora Monzón, por el Grupo Parlamentario Podemos.

La señora MONZÓN NAVARRO: Buenas tardes a todas y a todos.

Voy a intentar, después de tantas emociones, intentar hablar de esta iniciativa legislativa, también de un problema muy sensible y que desde el Grupo Parlamentario Podemos, para nosotros, es un eje fundamental: el poner a las personas, sus problemas reales ponerlos de hincapié en este Parlamento y que entre todos y todas seamos capaces también de poner soluciones reales y eficaces a los problemas de las personas, a las personas vulnerables, las que están pasándolo mal. Este es nuestro compromiso y estamos convencidos de que también es el de todos ustedes, el de todos y todas los que estamos presentes en este Parlamento.

Hablamos de un bien básico, hablamos del suministro de energía, de agua. Hablamos de electricidad, de gas y de agua, bienes básicos que no están al alcance de todos y que el hecho de que esto suceda coloca a muchos ciudadanos en situación de exclusión social, lo que ocasiona múltiples problemas sociales para estos hogares con consecuencias dramáticas. Las grandes desigualdades sociales que en los últimos años se han acentuado con las políticas impuestas a todos los ciudadanos han ocasionado que muchas personas se encuentren en esta situación.

Una situación que va más allá de la falta de ingresos. Los pobres no solo son pobres económicos sino que en ellos inciden otras circunstancias, otras situaciones, que les afectan a sus aspectos básicos, aquellos que les permiten tener una vida digna y que evitan esta exclusión social. Una situación complicada de resolver cuando se produce y que las consecuencias que se producen en las personas son muy complicadas.

La pobreza energética existe y requiere de una visión específica. Hoy veíamos en prensa datos en los que el Instituto Nacional de Estadística para el 2015 hablaba de las dificultades de los hogares canarios. Hablaba de la dificultad de llegar a fin de mes y que en Canarias supone un 35 % en el 2015, una tasa que ha aumentado un 15 % con respecto al 2014. El 67 % no puede afrontar gastos imprevistos y el 10,5 % de los canarios y canarias no puede permitirse comer carne o pescado. El 18,1 % de los canarios se ha visto obligado a retrasar pagos relacionados con la vivienda, hablamos de electricidad, hablamos de agua, hablamos de gas. En Canarias 778 000 personas están en riesgo de pobreza y 215 000 personas están en pobreza severa. Estos datos nos ponen los pelos de punta.

¿Y qué es la pobreza energética? Es la situación a la que se enfrentan los hogares y que encuentran dificultad en hacer frente al pago de estos suministros de electricidad, gas y agua. Elementos que inciden en que se encuentren en esta situación, por diferentes motivos. Uno de ellos es por tener ingresos insuficientes, es decir, que impiden poder hacer frente a todas las obligaciones de pago para mantener un hogar. Pero esta no es la única causa, también hablamos de los precios y las tarifas eléctricas, y del gas y del agua. El precio de la energía en Canarias es caro y ha ido subiendo en estos últimos años. Según un estudio de Comisiones Obreras denominado Cartografía de los recortes, el recibo de la luz se ha incrementado en un 52 % desde el 2009 hasta el 2014. Mientras esto sucede, las eléctricas que operan en España han ganado más de 56 000 millones de euros en este periodo; es decir, un beneficio neto de 20 millones de euros al día. Por eso aquellos hogares que antes no sufrían de pobreza energética, aunque no hayan bajado sus ingresos, hoy la sufren.

Desinformación sobre las diferentes tarifas, que pudiera favorecer la disminución del recibo, también puede afectar a las tarifas y a los precios que tienen que pagar.

Otra causa son los consumos. Los hábitos de consumo, la situación estructural de las construcciones de los hogares donde están estas personas, pueden también incidir en esta pobreza energética. Es lo que llamamos, y por lo que tenemos que luchar, la eficiencia energética.

Por tanto, esta situación se da en muchos hogares. Al... (ininteligible) que no solo es un tema económico, evidentemente afecta a los miembros de las familias que están en paro, agravado en los que no tienen ninguna prestación ni ninguna ayuda, y a aquellos parados de larga duración; también a los hogares donde viven ancianos, hogares donde hay personas enfermas o con trastornos, también a familias monoparentales. Hoy hemos hablamos aquí de las familias numerosas y se hablaba de las familias monoparentales, y hemos hablamos de ayudas a estas familias, pero yo quiero recordar que no todas las familias numerosas tienen una situación de vulnerabilidad, y en este caso, cuando hablamos de pobreza energética, hablamos de familias en situación de mucha vulnerabilidad. No solamente hablamos de personas que están paradas y sin prestaciones, sino que también hablamos de trabajadores, trabajadores pobres, trabajadores que están en precario y que tienen unos sueldos y unas retribuciones muy bajas. Estas personas que se encuentran en esta situación de vulnerabilidad y en riesgo de exclusión social es sobre las que tenemos que actuar de forma eficaz para evitar esta situación.

Cuando un hogar se encuentra de esa manera, con pobreza energética, las consecuencias para las familias son dramáticas. En cualquier familia donde los gastos superan los ingresos se empieza a eliminar aquellos gastos que se entiende que no son vitales, como pueden ser las salidas, con lo cual repercute en la vida social de la familia, de los jóvenes, de la infancia, en la compra de ropa, en calzado, en los libros de texto; se deja de tener internet, se deja de comprar la bombona de gas, se deja de pagar la luz, se deja de pagar el agua y, por último, también se deja de pagar la vivienda, el alquiler o la hipoteca.

Según Cáritas, las principales consecuencias en los hábitos de vida cuando las familias se encuentran en esta situación, que repercuten evidentemente en sus condiciones de vida digna y de salubridad, empiezan por determinarse en los hábitos de limpieza personal, de higiene personal. Se abandonan, aunque se buscan alternativas y en muchos casos se habla de cómo acuden familias a centros deportivos o a centros de trabajo para poder asearse. Se incrementan las solicitudes de alimentos precocinados. Algo que, cuando estábamos haciendo esta PNL y este estudio para poder presentarlo aquí, nos llamaba la atención cómo las familias...; nos dice Cáritas que, cuando acuden a solicitar alimentos, piden estos alimentos precocinados, para evitar el consumo energético, de elaboración de alimentos, de tenerlos durante muchas horas que cocinar y que en el microondas se pueden hacer estos alimentos mucho más rápido y, por tanto, con menor consumo. Aparecen tensiones en la convivencia entre las familias, se producen enfermedades tanto físicas como mentales, situaciones de estrés, y se producen otros hechos, como es que algunas familias intenten buscar hasta enganches ilegales para poder tener energía.

Todas estas consecuencias, señores diputados, señoras diputadas, llevan a muchas personas a esa exclusión social. Personas que se alejan de la sociedad, que desconectan, que empiezan a ser rechazadas. Unas consecuencias que al final son muy difíciles de revertir y que presupuestariamente nos va a costar más a toda la sociedad recuperar a estas personas que actuar ante la pobreza energética.

Por ello es indispensable que actuemos en esta situación. Los suministros básicos deben ser un derecho, un bien común y nos corresponde a nosotros dar esas soluciones, y esas soluciones deben ser reales y eficaces.

¿Y cómo podemos actuar? Podemos actuar con un enfoque correctivo, es decir, con medidas urgentes, paliativas, selectivas, a aquellos hogares con mayores dificultades para evitar los cortes de suministro y para que esa incapacidad de adquisición de estos suministros pueda remediarse de forma inmediata. También podemos actuar con medidas preventivas, que son aquellas que promueven un uso sostenible de la energía, un uso más racional, articular las medidas de eficiencia energética, modificando estos hábitos de consumo e informar y aplicar acciones para modificar las tarifas y las formas de ahorro energético.

Pero también hay una lucha contra la pobreza energética con un enfoque mucho más transformador, que es el cambio de modelo energético, tan necesario. Se requieren planes territoriales que pongan al servicio de todos y todas lo que consideramos un bien común: la energía y el agua. La autosuficiencia, aun con una inversión inicial, daría lugar a la eliminación del gasto de consumo. Unas políticas que no se han fomentado sino todo lo contrario. Y de la que ya hemos hablado en este Parlamento, cuando presentamos una PNL, y de la que nos alegramos, fuimos todos capaces de aprobarla por unanimidad, para instar al Gobierno del Estado a favorecer el autoconsumo y la autosuficiencia. Unas medidas que a largo plazo solucionarían una mayor incidencia sobre todo en aquellos hogares vulnerables en los que tienen los problemas de suministro energético.

Hasta ahora las acciones que se han realizado mayormente han sido correctivas, es decir, paliativas, estas primeras que hablamos de emergencia, de urgencia, y el problema es que no han sido o han resultado ineficaces. Por otro lado, se han adoptado acuerdos en muchos ayuntamientos y otras instituciones con compañías que suministran energía y agua en Canarias, pero esto depende de la voluntad de estas empresas suministradoras y dejar en manos de esas voluntades estos acuerdos y esta situación de vulnerabilidad nos parece un poco grave.

Las directivas europeas, tenemos dos directivas que establecen, una de ellas el mandato para garantizar una protección adecuada a los consumidores vulnerables de energía eléctrica y otra directiva, que también establece que nos aseguremos de que los consumidores vulnerables de energía eléctrica tengan acceso a los beneficios que supone una mayor eficiencia energética. En el Estado tenemos una ley, la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, que también regula los consumidores vulnerables y un bono social. Pero esta ley no define las características sociales, de consumo y de poder adquisitivo para ser considerado un consumidor vulnerable. Lo remite a una normativa de desarrollo, que se circunscribirá a personas físicas en su vivienda habitual. A la espera de este desarrollo que todavía no se ha producido, hablamos de una ley del 2013, la disposición transitoria décima concede, de forma transitoria, ese derecho a beneficiarse de la tarifa del bono social a consumidores con unas características determinadas, y estas características son los que tengan potencia contratada inferior a 3 kW, los consumidores de más de 60 años, que sean pensionistas por jubilación, incapacidad permanente o viudedad y que perciban cuantías mínimas, a consumidores que sean de familias numerosas y a consumidores con todos los miembros en paro.

Como ya se ha expuesto en toda la exposición que he hecho, la realidad no solo afecta a estas personas. Las familias que se encuentran en esta situación no se pueden enclavar en estos parámetros que se dan en esta normativa estatal. Por tanto, estamos dejando a muchas personas atrás que sufren día a día la pobreza energética. No se tiene en cuenta la renta ni el impago de gastos de suministro sobre su renta, es decir, la capacidad de gasto que tienen las personas. Por tanto, es una norma para nosotros insuficiente. Pero lo más grave es que sobre todo es ineficaz, porque, dentro de este bono social, debe solicitarse por internet y en las situaciones descritas de que hemos hablado podemos ponernos en situación de cuántas familias que estén en esta situación pueden solicitar estas ayudas por internet, cuántos tienen ordenador, señores.

Y algo más grave, tenemos un dato: en los últimos años el bono social ha descendido un 17 % en las solicitudes. Es evidente que la pobreza energética no ha descendido, todo lo contrario, ha aumentado. Por tanto, estos datos vienen a revelar la ineficacia de estas medidas.

Está en nuestras manos, por tanto, poner soluciones. Por ello presentamos esta iniciativa legislativa, con el compromiso con las personas, donde pretendemos que entre todas y todos podamos mejorar y hacer una norma que ponga fin a estas situaciones dramáticas, que los ciudadanos encuentren en este Parlamento, en todos nosotros, la sensibilidad suficiente y el compromiso para que los más vulnerables puedan salir de esta situación. Estamos convencidos de que compartimos esta misma idea.

¿Qué proponemos en esta iniciativa legislativa? Pues proponemos que para paliar esta pobreza energética ayudemos a todos los canarios que están en pobreza severa, aquellos que suponen un 10 % de los canarios, aquellos que perciban la PCI, aquellos que los servicios municipales cataloguen como hogar vulnerable, para que todos puedan tener una ayuda y salir de esta situación, que en muchos casos es transitoria y que, por tanto, evitemos que lleguen a la exclusión social. Que estas familias perciban ayudas para pagar los suministros que varíen, en una horquilla porcentual, dependiendo de su situación, entre un 20 y un 100 %, dependiendo de la situación de los hogares en relación con los estándares del Instituto Nacional de Estadística sobre su situación de pobreza. Apoyar estas medidas correctivas o paliativas con otras medidas preventivas, donde las comunidades autónomas, en colaboración con las administraciones locales, aprueben un plan de medidas de eficiencia energética en el que se priorizarán las acciones en hogares vulnerables. Medidas sobre acciones destinadas a adecuar la potencia contratada de los hogares, reducir el consumo, en el cambio de los hábitos de consumo y, por tanto, reducir las facturas eléctricas.

Una iniciativa legislativa que pretende llegar a todos y a todas, los que realmente lo necesitan. Una iniciativa que, esperamos, tomen en consideración para debatir en este Parlamento las soluciones que todos podamos aportar. Proponer a todas estas familias que esperan de nosotros eso, soluciones.

Señores parlamentarios, no dejemos a nadie atrás, seamos eficaces, paliemos el drama de la pobreza, apostemos por las personas y no hagamos llegar un mensaje de que no podemos cambiar la realidad, porque si hay voluntad podemos cambiarla. Garanticemos el suministro eléctrico a las familias que necesitan este apoyo para salir de esta situación en que se encuentran. Garanticemos la financiación de los derechos básicos. No podemos dejar todo a la voluntad de las empresas suministradoras de electricidad, gas y agua. No puede haber recuperación económica, señorías, si hay mayores desigualdades en este país y en Canarias. No puede haber recuperación si la gente está peor. Les pedimos que actuemos ante esta situación injusta y hagamos que la situación de las personas sea algo mejor.

Y me van a permitir que termine con una frase del papa Francisco que me parece muy apropiada para esta iniciativa legislativa: "Los derechos humanos se violan no solo por el terrorismo, la represión, los asesinatos, sino también por la existencia de condiciones de extrema pobreza y estructuras económicas injustas que originan las grandes desigualdades".

Muchas gracias.

(Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Muchas gracias, señora Monzón.

Por los grupos no proponentes, Grupo Mixto, por tiempo de siete minutos.

Señora Mendoza.

La señora MENDOZA RODRÍGUEZ: Gracias, presidente. Señorías.

Reunamos expertos, consensuemos y colaboremos para que Canarias tenga su solución a la pobreza energética.

Hoy debatimos la toma en consideración de una proposición de ley que presenta el Grupo Parlamentario Podemos, pero que sin lugar a dudas requiere el compromiso de todos. Hablamos de servicios básicos para el funcionamiento de nuestros hogares y nuestras empresas, servicios como la electricidad o como el gas, que tanto está dando que hablar últimamente, pero sobre todo hablamos de la precariedad que sufren demasiadas familias de nuestras islas y las dificultades que tienen para afrontar el pago de estos servicios.

La pobreza energética es un asunto que se lleva debatiendo desde la pasada legislatura, en la que deben reconocer que no se concretó nada. Es un tema que también ha ocupado parte de nuestro tiempo en este mandato, precisamente a raíz de la cruda realidad que sufren muchas familias. Son muchos los hogares canarios afectados. La precaria economía doméstica obliga a duras restricciones y acaba por traducirse en impagos que devienen en cortes y en más deudas. Es imprescindible, por tanto, que avancemos en el camino que nos lleve a la solución y debemos comenzar por concretar, poner negro sobre blanco, para saber cuántos y quiénes sufren este tipo de pobreza en nuestra comunidad, en qué grado están afectados y cómo se articularán las medidas necesarias. Hoy ni siquiera contamos con los datos certeros sobre el número de afectados. En enero de este año nuestro grupo formuló una pregunta por escrito y se nos contestó que todavía no tenían la medida, aunque nos aseguraron que el grupo de trabajo constituido por acuerdo de Gobierno del 30 de noviembre de 2015 estaba caminando en este sentido y que trasladaría la cifra al Parlamento.

En todo caso, hay números que apuntan que la problemática afecta hasta el 15 % de los hogares en Canarias. Coincidirán conmigo en la importancia del porcentaje que nos lleva a insistir en la necesidad de mejorar la legislación actual y, aunque el acuerdo del 30 de noviembre rechazó la toma en consideración de esta iniciativa, argumentando precisamente la realización del trabajo mencionado, a nuestro modo de ver no es obstáculo para legislar.

Yo quiero subrayar además que las iniciativas adoptadas por esta Cámara han impulsado el proceso, como es el caso de la proposición no de ley 67, aprobada en el pleno de 10-11 de noviembre de 2015, que finalmente se tradujo en la creación del referido grupo de trabajo por parte del Gobierno en ese mismo mes.

La iniciativa que nos ocupa hoy vuelve a buscar el acuerdo de los grupos parlamentarios que componen este Parlamento. Coincidimos con ella en la esencia y entendemos que debemos alejarnos de los protagonismos, porque por encima de cualquier discrepancia tiene que estar la posible solución al gran problema que sufren muchas personas en nuestra tierra.

La Agrupación Socialista Gomera dice que, si en verdad queremos aportar soluciones, tenemos que ponernos a trabajar todos juntos de modo que sea posible alcanzar la mejor solución. Estoy convencida de que si somos generosos con esta proposición de ley lograremos alcanzar el acuerdo y encontrar la fórmula adecuada. A ninguno de nosotros se nos esconde que el tiempo apremia, pues los únicos datos objetivos disponibles y la única realidad innegable es que los costes de la luz y del resto de servicios aumentan día a día, agravando el problema al que nos enfrentamos.

Aprovechamos esta ocasión además para apelar a una modificación del bono social, que brindamos a los afectados como una solución transitoria, pues con él no se recogen todos los posibles supuestos. Es cierto que ni siquiera el Gobierno de España, a pesar de sus intentos, ha conseguido paliar estas carencias, pero el fracaso nacional no debe frenarnos a nosotros ni tampoco servirnos de excusa para no esforzarnos en la búsqueda de nuestra propia solución. Comencemos, por tanto, por la apertura del debate y pongamos todo de nuestra parte para llevarlo a buen puerto.

En cuanto al texto de la proposición de ley, lo hemos analizado y coincidimos en muchos puntos, por lo que reiteramos la conveniencia de la aprobación de la toma en consideración, que nos permitirá continuar su tramitación y mejorar el texto con la presentación de las oportunas enmiendas.

Aunque en algunos puntos se recogen soluciones que pudieran ser controvertidas, nuestro planteamiento es que nos pongamos de acuerdo y valoremos la parte positiva. Entendemos que a partir de ahí será más fácil lograr el punto de encuentro que finalmente nos lleve a la solución. Pongámonos a trabajar cuanto antes para conseguir un texto que responda a las expectativas de los miles y miles de canarios que se encuentran en esta situación.

No se nos esconde que paliar la pobreza energética requiere partidas presupuestarias difíciles de alcanzar dado lo limitado de las cuentas regionales, pero mucho más limitado es el dinero del que disponen las familias afectadas. Ya que nuestros recursos son escasos, exijamos la colaboración del Estado. El Gobierno nacional debería socorrernos para que no solo sea posible emprender acciones puntuales sino acompañarlas, además, de programas trasversales orientados a conseguir un modelo energético más sostenible. Me refiero, por ejemplo, a programas educativos sobre el ahorro energético.

Estamos obligados a brindar una respuesta a los ciudadanos. Tengamos en cuenta, sobre todo, que el funcionamiento actual de nuestros hogares obliga a un gasto fijo mensual de electricidad al que casi es imposible renunciar, por no decirles de la dependencia del agua en nuestros hogares. Nos ocupamos, por tanto, de productos de primera necesidad. En torno a esta consideración deberíamos abrir un debate exclusivo, al que seguramente nos obligarán las circunstancias en un futuro muy cercano, pero ese es otro asunto y ahora deberíamos centrarnos en buscar un remedio a la pobreza energética.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Muchas gracias, señora Mendoza.

Por el Grupo Nueva Canarias, señor Campos.

El señor CAMPOS JIMÉNEZ: Muchas gracias.

Adelanto ya que la posición de Nueva Canarias va a ser favorable a la tramitación de esta proposición de ley. En primer lugar porque nosotros creemos que, salvo casos muy excepcionales, no debemos nunca hurtar el debate parlamentario sobre cualquier iniciativa, la que sea, pero yo creo que esta, en todo caso, con independencia de que luego saliera o no aprobada o al menos en los términos en que aquí aparece, era necesaria, era imprescindible afrontarla. Y de manera especial porque, como bien decía, creemos que no estamos ante cualquier iniciativa. Hemos sido capaces de debatir aquí proposiciones no de ley que yo no digo que no sean importantes, pero les garantizo que infinitamente menos que lo que contiene esta. (La señora presidenta se reincorpora a su lugar en la Mesa).

También nos parece muy sorprendente la propuesta de acuerdo que fija la posición del Gobierno, y no porque la rechace sino porque fundamentalmente se atreve, y yo al menos hasta ahora no lo había visto nunca en la propuesta de acuerdo del Gobierno, es decir, que la rechace sí, pero que, una vez rechazada, sugiera qué es lo que debería hacerse, en los términos que aquí aparecen, sinceramente a nosotros al menos nos ha sorprendido bastante. En primer lugar sugiere que se cree una comisión -otra- de estudio. Normalmente las comisiones de estudio, yo lo he dicho aquí, es decir, cuando no quieres que se consiga algo, creas una comisión. Estamos ahí seis meses -lo bueno es que son seis meses y no más- y las conclusiones desgraciadamente en ocasiones, pues, sirven para llenar estanterías con los acuerdos. Y otra que para mí es más sorprendente todavía es que se lleven a cabo las propuestas de la PNL del PSOE aprobada en la legislatura anterior. Que yo ratificaría punto por punto, el problema es que la mayoría de las PNL, al menos aquí, el Gobierno luego no las ejecuta, porque probablemente si hubiera llevado a cabo las resoluciones de esa PNL aprobada, del Partido Socialista, hace apenas dos años, sí que sería absolutamente... vamos, no tendría sentido la presentación de esta ley. Pero ni lo uno ni lo otro.

Y por supuesto que nosotros discrepamos en algunos aspectos de la propuesta de ley que ha presentado el Grupo Podemos, en algunos porque tenemos matices sobre algunas partes del articulado y en otros porque incluso creemos que faltarían algunas cosas. Un ejemplo es el apartado de infracciones y sanciones -lo comentaba ayer con miembros del grupo-, porque pone toda la carga sancionadora sobre las empresas comercializadoras. Y es verdad que han jugado un papel determinante en parte de lo que nos pasa hoy, sobre todo con las personas a las que se les ha cortado el suministro. Lo que quiero decir con "lo que nos pasa hoy" me refiero a lo que representa este tipo de empresas, en el modelo, en el sistema que nos ha llevado a la situación que actualmente tenemos. Pero no olvidemos que, en el caso al menos del agua, muchas de esas empresas comercializadoras son nuestros ayuntamientos. La mayoría, afortunadamente, a día de hoy siguen siendo nuestros ayuntamientos. Y, sin embargo, no recogen ninguna sanción a los usuarios, a los beneficiarios en el caso -ojalá que no, ojalá que nunca- de que infringieran los derechos que se recogen en la presente ley. Pero con acuerdos o con diferencias solo podrán consensuarse, solo podrán consensuarse si somos capaces de tramitar la ley.

Y creo que, de verdad, lo decía al principio, por la causa, por lo que dicen y sobre todo por a quién va dirigido, no deberíamos, tendríamos que hacer un esfuerzo para no hurtar el debate en esta Cámara.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Campos.

Vamos ahora con el Grupo Popular. Señor Jorge.

El señor JORGE BLANCO: Gracias, señora presidenta.

Hemos tenido hoy al menos una buena noticia: hoy ha salido publicado que en el primer cuatrimestre del año 2016 el recibo de la luz para todos los españoles ha bajado un 16,5 %. En términos medios, podríamos decir, de acuerdo con la información, que un consumidor normal de luz en España se ha ahorrado, en estos primeros cuatro meses, al menos 50 euros, en fin, de factura, ¿no? Parece que es importante resaltarlo porque parece ser que esa va a ser la tendencia en el futuro, que el recibo de la luz vaya poco a poco bajando y pueda ir liberando y suavizando el peso, el enorme peso económico, que supone hoy en día pagar la luz, especialmente para los más vulnerables.

Esta es una consecuencia, señorías, de la crisis, especialmente de esta crisis tan profunda que hemos pasado: la reducción del poder adquisitivo de las personas y de las familias, que les impide pagar normalmente sus facturas. Y si hay servicios esenciales, aparte lógicamente de los vitales, servicios esenciales, entre ellos, pues, está disponer de energía y agua para poder abastecerse en condiciones de razonable satisfacción.

A mí particularmente, señorías, no me gusta ponerle adjetivos al término "pobreza". La pobreza lo es en sí misma, sin necesidad de colocarle un apellido como el de "energética" en este caso. Y las soluciones, a nuestro juicio, para erradicarla deben ser de manera, también, de manera global, de manera transversal, y por eso deben ir orientadas a legislaciones, señorías, de carácter general y no de carácter sectorial, como es el caso que pretende el Grupo Parlamentario Podemos en esta proposición de ley. Por eso a nuestro grupo nos parece acertada la propuesta que ha hecho el Gobierno de Canarias de encauzar este problema -un enorme problema que reconocemos, sin duda- a través del Comisionado de Inclusión Social y de Lucha contra la Pobreza, que, con ese carácter transversal que tiene, debe establecer, o establecerá, las acciones necesarias para proveer las medidas que eviten los cortes de suministro en agua y luz y además medidas de apoyo en general para la supervivencia de las familias más vulnerables de Canarias y de España en general.

Esta proposición de ley, señora diputada, tiene muy buenas motivaciones: establecer medidas necesarias para aquellos que se encuentren en situación de pobreza energética, bien extrema, bien severa, bien relativa, para recibir, bien en su totalidad, al 50 o al 20, dependiendo del grado correspondiente, las ayudas correspondientes para pagar las facturas. Claro que estamos todos de acuerdo con ello, quién puede oponerse a estas medidas, el problema lo ha descrito perfectamente, y no son palabras mías sino del propio comisionado contra la pobreza, el problema es cómo pagamos todo esto. El mismo comisionado ha dicho que si esta ley, o esta iniciativa legislativa del Grupo Podemos se convirtiera en ley, podría producir un quebranto grande en las arcas de la comunidad autónoma canaria. Insisto, son manifestaciones propias del comisionado contra la pobreza.

Señorías, ¿qué hacer para solventar el problema? Sin duda hay muchas medidas, pero, insisto, fundamentalmente medidas de carácter transversal y global para apoyar y ayudar a las familias más vulnerables, y una redefinición -sin duda ahí tiene usted razón, señora diputada-, una redefinición de lo que es el bono social, porque actualmente, en la mayoría de los casos, desgraciadamente se ha aplicado a hogares que no necesitan de la ayuda porque no son consumidores vulnerables de energía eléctrica; ayudas asistenciales, microrreformas en hogares de bajo coste a través de ayudas públicas, aseguramiento del suministro en momentos críticos, como son los inviernos, a personas vulnerables a enfermedades que necesitan de la energía eléctrica para poder sobrevivir.

Finalmente, señorías -y con esto termino-, el Gobierno propone una comisión parlamentaria, en fin, en su toma en consideración, en el acuerdo de toma en consideración. A nosotros cualquier comisión parlamentaria siempre nos parecerá bien. La duda que nos asalta es si es una comisión parlamentaria para resolver el problema o para huir hacia adelante.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Jorge.

Por el Grupo Socialista, señor Matos.

El señor MATOS EXPÓSITO: Sí. Buenas tardes, señorías.

Se hace difícil volver a subirse a la tribuna después de las intervenciones anteriores y hablar de estos asuntos, pero, bueno, lo vamos a intentar.

Miren, la realidad es que efectivamente la crisis económica se ha cebado como siempre en los que menos tienen. Ha sido una crisis económica producida fundamentalmente por la aplicación de unas políticas concretas que han profundizado en una gran grieta social en nuestro país. La grieta social hoy en este país es mucho mayor de la que existía en el año 2011, de la que existía en el año 2010. Y además no ha servido para mucho, porque hemos descubierto la faceta epistolar del presidente en funciones, en la que se dirigía en estos días a los dirigentes europeos diciéndoles los recortes que iba o que va a ejecutar después del 26 de junio. Con lo cual se avecinan tiempos difíciles y probablemente los vamos a tener que soportar, si no hay cambio de Gobierno y se siguen aplicando las mismas políticas que nos han llevado a esta situación, los de siempre, los que menos tienen. Y una de las caras de esa crueldad social, de esa política sin corazón de la derecha europea tiene, como les digo, una de esas vertientes es justamente lo que se ha llamado la pobreza energética. Hay a quien no le gusta ponerle etiquetas a las cosas, pero, bueno, hay antiguas tribus en el Amazonas que dicen que si las cosas no tienen nombre no existen, que a las cosas hay que ponerles un nombre al menos para que puedan existir.

Y esta es la realidad, con la que, por supuesto, no creo que nadie, con un mínimo de sensibilidad social, esté de acuerdo ni le pueda gustar. Es una realidad que en este país hay personas que tienen que elegir entre encender la calefacción o llegar a final de mes. Esa es una realidad. Y hay personas que viven en una situación en la que no está garantizado el suministro de la energía en sus hogares.

A partir de aquí hay que buscar soluciones y hay que ver cuál es la solución más efectiva.

La política energética además de estos cuatro años ha sido terrorífica. Se ha hablado de que se ha reducido el recibo de la luz en los últimos tres meses. No quiero decir que coincida con la ausencia del anterior ministro, pero, bueno, durante los últimos cuatro años se ha disparado la factura eléctrica, y esta es una realidad.

Pero tengo que hacer algunas observaciones, con cariño, a la proposición de Podemos, porque creo que no resuelve el problema, y voy a intentar, en el tiempo que me queda, explicarme.

En primer lugar, es difícil que algunas situaciones se resuelvan estrictamente con una ley o con una norma, desgraciadamente. Si fuese así, habríamos resuelto todos los problemas del mundo en estos ocho meses de legislatura que llevamos en este Parlamento, porque hemos discutido y aprobado propuestas de todo tipo, pero la realidad no es así. No se arreglan las cosas con leyes ni con normas. Es verdad que se crean derechos, y es importante, pero no se resuelve el problema de una persona concreta. Y por eso hay que ir a soluciones más eficaces desde mi modesto punto de vista.

La ley además, o la proposición de ley, además choca, desgraciadamente, con una reciente sentencia del Tribunal Constitucional, que ha manifestado que una norma parecida, aprobada en Cataluña, es contraria a la Constitución española porque invade competencias estrictamente del Estado, porque tiene que ver con el modelo tarifario, tiene que ver con el modelo eléctrico, y desgraciadamente una reciente sentencia del Tribunal Constitucional, de hace apenas una semana, ha echado por tierra un proyecto legislativo muy parecido en Cataluña. Por tanto, no parece que vaya a tener un recorrido demasiado grande esta proposición, aunque pase el filtro que se propone que pase hoy.

Pero, miren, además de esto sí hay soluciones más prácticas, que están teniendo más efecto sobre los ciudadanos. En noviembre del año pasado, Endesa y la Fecam firmaron un convenio para evitar situaciones de corte energético, las situaciones que se generan de la pobreza energética, con unos protocolos a los que distintos ayuntamientos se han ido sumando. En los que además los que hemos estado en la vida municipal sabemos que las cosas se arreglan en la trinchera del municipalismo, que los servicios sociales de los municipios sean los que informen, los que hagan los expedientes y los que, de alguna manera, comuniquen a la empresa la situación en la que se encuentra una persona en concreto para que no se produzca el corte. Y esto ya se está produciendo. Miren, el último que se ha firmado es el del Ayuntamiento de Las Palmas, la semana pasada, con Endesa, por el cual 3500 familias no van a ser, digamos, no se les va a cortar el suministro, fruto de este convenio con la compañía Endesa. Recuerdo que en el Ayuntamiento de Las Palmas gobierna el Partido Socialista pero que el concejal de Cohesión Social, Jacinto Ortega, es de Podemos y ha firmado ese convenio, y se ha hecho la foto con el alcalde y con el responsable de Endesa en Canarias. Esta nos parece a nosotros la medida, el camino correcto para luchar contra la pobreza energética concreta, más allá de la aprobación o no de una norma.

Y luego les tengo que decir, con cariño, para terminar, porque me queda un minuto y medio, dos cuestiones. Yo no dudo de la buena intención de los diputados de Podemos, por supuesto que no, pero a veces las prisas nos llevan a hacer cosas, en fin, que no son del todo correctas, porque han copiado ustedes la proposición de ley, tengo aquí la de La Rioja y tengo la de Andalucía, y las han copiado punto a punto. Y, claro, hablan del gas, por ejemplo, de la pobreza sobre el gas. No sé si es que ya se han arrepentido y ahora están a favor de que se introduzca el gas en Canarias. Desde luego es una contradicción del copia y pega que está en la proposición de ley y yo les recomiendo que para la próxima vez les den el toque canario a las proposiciones que les envían desde la Península para no cometer este tipo de errores.

Tiene además una cuestión que a mí me parece que... -ya se lo recordé en la PNL de noviembre-, que en Canarias me parece mucho más...; han hablado sobre los datos, faltan datos, se están elaborando, cuántos, qué... realmente qué porcentaje tenemos. Pero, bueno, termino diciéndoles, me parece mucho más importante la pobreza energética en relación con el agua, que no se toca apenas en la proposición. Les recuerdo que les propusimos que, a través de la Fecam, se adaptaran las ordenanzas municipales para que no haya cortes.

Y simplemente termino, tengo que terminar diciéndoles una cosa: aquí tengo el programa de investidura de Pedro Sánchez, al que ustedes dijeron no, en donde había una ley de pobreza energética, esta sí con las competencias del Estado.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Matos.

¿Por el Grupo Nacionalista? Señora... ¿Grupo Nacionalista, por favor? González Taño.

La señora GONZÁLEZ TAÑO: Gracias, señora presidenta. Señoras y señores diputados.

La pobreza energética es un término acuñado en el Reino Unido como la incapacidad -porque yo creo que es bueno ubicar los conceptos al empezar, ¿no?-, la incapacidad de un hogar de obtener una cantidad de servicios de energía por el 10 % de la renta disponible. Es un término asociado a la satisfacción de un régimen térmico de vivienda adecuada, que está incluso concretado: 21 º en la sala de estar y 18 º en el resto de estancias. En España aproximadamente un 17 % de los hogares tienen este problema con la calefacción básicamente.

Esta ley, copiada de propuestas presentadas en otros parlamentos en España, tal y como comentó el señor Matos ahora mismo, responde, por tanto, a un problema que en territorio peninsular tiene una dimensión totalmente distinta a la que tiene en Canarias, afortunadamente, pero eso no quiere decir que el coste de la energía y el agua en Canarias no sea un problema para los hogares canarios, sobre todo tras la subida de las tarifas, que se ha producido a nuestro entender de forma excesiva en los últimos años. Es un problema. Por eso los ayuntamientos, tal y como se ha comentado también aquí, han arbitrado fórmulas, junto con Endesa, con la Fecam, para impedir -deben hacerlo, o debe funcionar ese mecanismo adecuadamente- que estas familias en riesgo de vulnerabilidad social se queden sin estos servicios básicos.

Hace unos días conocíamos un informe de Unicef que incide en un dato que, ya por conocido, no deja de ser enormemente preocupante: la situación de vulnerabilidad social, de pobreza, en la que viven miles de niños y niñas en Canarias, que es la situación de sus familias, y cómo la crisis ha incrementado la brecha social entre los que menos tienen y los que más tienen en España, y por supuesto también en Canarias. Esta debe ser una preocupación principal para el Gobierno de Canarias. Debe serlo y lo es, y hay que hacer más, por supuesto. Por eso el Gobierno creó en su momento la figura del Comisionado de Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza, para que esta sea una política horizontal y prioritaria del Gobierno.

Miren, el Gobierno de Canarias creemos que está haciendo un esfuerzo. Pero no solo ahora, tenemos que recordar aquí que en la pasada legislatura, por ejemplo, se pusieron en marcha los comedores escolares en periodos no lectivos, cosa que otras comunidades autónomas no hicieron, estableciendo medidas de gratuidad en los libros de texto, en lo que se está avanzando en estos momentos. Pero sobre todo entendemos que, más allá de todas estas medidas, debe hacerse un plan de trabajo coordinado, estable y que perdure en el tiempo. Para eso hace falta, y se ha comprometido el Gobierno de Canarias a hacerlo, la ley de servicios sociales. Es básico que se establezcan las competencias de cada Administración y una carta de servicios compartida y coordinada que atienda a los que lo necesitan, y ello se está haciendo y se debe hacer en coordinación con los colectivos sociales y agentes activos, que son fundamentales en esta materia. Esperamos y deseamos que el borrador esté aquí lo antes posible.

Y desde luego, como se ha dicho también aquí hoy, el principal agente en materia de pobreza o de vulnerabilidad social son los ayuntamientos, desde el punto de vista de la Administración. Son los que están más cerca, los que conocen la realidad social, los que pueden establecer un itinerario social de cada persona, con medidas, en materia de empleo, de formación, sanitarias, de vivienda, educativas o incluso, como estamos viendo en este Parlamento en estos días, culturales. En esa fórmula, tal y como decíamos antes, la de la cercanía de los servicios sociales municipales, es en la que tenemos que trabajar, pero de forma global, a través de la ley de servicios sociales y de la estrategia contra la pobreza que, desde el Gobierno, ayuntamientos, cabildos y organizaciones sociales, digan qué debe hacer cada uno y cómo debe hacerlo. Solo así haremos que esos niños y niñas de los que hablábamos al principio de la intervención salgan de la espiral de la pobreza y puedan afrontar una vida digna, igual que sus padres y madres, abuelas y abuelos.

Por eso nosotros vamos a votar no a esta iniciativa, que entendemos debe incluirse en la carta de servicios, que debe garantizar que los hogares en vulnerabilidad social tengan luz y agua, pero también alimentos básicos, productos de higiene, acceso a la educación y a un proyecto de vida para que esa persona o personas integrantes de ese hogar puedan abandonar cuanto antes esa situación de vulnerabilidad social.

Entendemos y compartimos el interés de todos los grupos, y así lo hemos manifestado aquí, en solucionar este problema y todos los problemas que tienen que ver con la situación de pobreza, de vulnerabilidad, que tienen las familias y los hogares canarios en estos momentos, pero entendemos que con medidas puntuales, con medidas concretas, no se va a solucionar y entendemos que debe hacerse, como decíamos antes, desde la coordinación de todas las administraciones, fundamentalmente bajo el peso y el liderazgo de los ayuntamientos canarios, que son los que están más cerca y los que pueden establecer, como decía, un itinerario para esa persona para que pueda salir de la situación de vulnerabilidad que tiene. Si no, por muchas ayudas que establezcamos, estaremos condenando a la gente a seguir en una espiral de pobreza de la que no pueden salir.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.

Vamos a votar (la señora presidenta pulsa el timbre de llamada a la votación).

Señorías, comienza la votación. (Pausa).

Señorías, 39 votos emitidos: 11 síes, 28 noes y ninguna abstención.

Por tanto, queda rechazada esta toma en consideración.

La señora HERNÁNDEZ PÉREZ (Desde su escaño): Señora presidenta, necesito treinta segundos.

La señora PRESIDENTA: ¿Para qué, señora Hernández?

La señora HERNÁNDEZ PÉREZ (Desde su escaño): ...(Sin micrófono) bueno, pues, quiero comunicarle a la Cámara que esta mañana pasó un incidente en la Cámara donde vimos lo que vieron, pero les quiero decir que la diputada Noemí Santana pidió disculpas y el Grupo Socialista se las ha admitido.

La señora PRESIDENTA: Muy bien, muchas gracias.

Se levanta la sesión, señorías.

(Se levanta la sesión a las dieciocho horas y veintitrés minutos).

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  • 9L/PPL-0002 Sobre para paliar y reducir la pobreza energética (electricidad, agua y gas) en la Comunidad Autónoma de Canarias.


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