Diario de Sesiones 40, de fecha 29/6/2016
Punto 7
9L/PO/P-0736 Pregunta de la señora diputada doña María del Río Sánchez, del Grupo Parlamentario Podemos, sobre el CAI de Tafira, Gran Canaria, dirigida a la señora vicepresidenta del Gobierno y consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
La señora PRESIDENTA: Continuamos. Corresponde ahora la señora diputada doña María del Río Sánchez, del Grupo Parlamentario Podemos, sobre el CAI de Tafira, en Gran Canaria, dirigida a la vicepresidenta del Gobierno.
Cuando quiera, señora Del Río.
La señora DEL RÍO SÁNCHEZ (Desde su escaño): Hola, buenos días. Señorías.
La pregunta viene a colación de unas declaraciones que leímos en la prensa sobre la situación del centro de menores de Tafira. Leo literalmente:
La saturación del Centro de Acogida Inmediata de Tafira -el CAI- ha sido de tal calibre en los últimos meses que los responsables se han visto obligados a habilitar colchones en el suelo de los espacios comunes y a instalar en las habitaciones más camas de lo establecido. Así lo explicaron responsables del centro a la fiscal delegada de Menores de Las Palmas, Montserrat García.
El aumento de la conflictividad que ha provocado esta situación de hacinamiento ha trascendido del centro y ha llegado a alarmar a los vecinos, que han presentado denuncias a la policía hasta en cuatro ocasiones, porque algunos de los adolescentes han arrojado objetos a las viviendas colindantes.
El personal del centro manifestó que la situación es insostenible, porque el riesgo de conflictos y agresiones entre los residentes es cada vez mayor, por lo que plantearon su preocupación de no ser capaces de garantizar la integridad de los menores en desamparo, que están allí para ser protegidos.
La situación de hacinamiento -señalaron- es más preocupante aún si se tiene en cuenta que entre ellos hay menores con problemas psicológicos o estados depresivos por los problemas familiares que han sufrido. Los efectos de esta confluencia de factores -dicen- son comparables a una bomba a punto de estallar. De hecho -señalaron-, ya se han producido peleas por un sillón para ver la televisión, quién come primero o quién duerme en la cama o en un colchón.
La fiscal delegada de Menores de Las Palmas, Montserrat García, ha instado al Cabildo de Gran Canaria y al Gobierno autónomo para que adopten de inmediato las medidas necesarias para acabar con la masificación que sufre este centro. El aumento de chicos entre 13 y 18 años declarados en desamparo está provocando un incremento de los menores derivados al CAI que ha traído como consecuencia estas situaciones de hacinamiento, un centro con capacidad para 21 adolescentes donde han llegado a estar hasta 30.
La representante de la Fiscalía advirtió de que el complejo ha sufrido una sobreocupación preocupante durante varios meses y que no es un acto puntual, que este centro es un centro donde los menores no deben permanecer más de un mes y que hay situaciones en las que hasta han estado hasta tres meses, con lo cual esto lo que hace es que, de alguna manera, se haga este colapso. La fiscal se quejó de la tardanza incomprensible del Gobierno de Canarias en confirmar la situación de desamparo de los menores, sin la cual el adolescente no puede ser trasladado al que definitivamente sería su hogar.
Queremos que nos explique esta situación, sobre todo porque dice que no es puntual la fiscal y...
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Del Río. Se ha acabo su tiempo.
Señora vicepresidenta.
La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y CONSEJERA DE EMPLEO, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA (Hernández Gutiérrez) (Desde su escaño): Gracias, señora presidenta. Gracias, señora Del Río.
Como usted sabe, trabajamos para atender a todos los menores en desamparo de las islas y, como le decía, vamos dando respuestas a las nuevas problemáticas que se han generado, como en este caso.
Vamos a situar el debate y explicamos cuál es la situación del CAI de Tafira, que es fundamentalmente por lo que usted pregunta.
El CAI es un centro de atención inmediata, es la primera parada de los menores que desgraciadamente necesitan que el Gobierno intervenga para protegerlos. Allí se evalúa, se pone en marcha el mecanismo de protección más adecuado en cada caso, intentando trabajar siempre primero la posibilidad, viendo, de reintegrarlo en su familia, volver con su familia, a su entorno. Es la primera opción que siempre baraja el Gobierno. No obstante, si esto no es posible, se busca una solución más adecuada y estable, el acogimiento familiar o el residencial.
Generalmente los menores ingresan en estos centros por un procedimiento de urgencia. La ley fija además que si la Fiscalía detecta la falta de intervención en el núcleo familiar puede estimar separar al menor de sus progenitores de forma inmediata, siempre de acuerdo con el sistema de protección, es decir, con la Dirección General de Infancia y Familia. Así, los ingresos de menores en el CAI Tafira en lo que llevamos de 2016 son 68, de los que 58 entran por oficio de la Fiscalía de Menores.
Por otro lado, es importante señalar que 34 de esos menores del CAI de Tafira son mayores de 16 años, más de la mitad, de manera que en poco tiempo saldrán del sistema, del sistema de protección propiamente dicho, y solo nos queda prepararlos para la vida independiente. Lo que hace que las soluciones más estables y a largo plazo de las que hablaba primero sean inviables.
Es cierto que esta situación satura el centro y los medios y recursos humanos de que dispone la Administración pública para la valoración y establecimiento de las medidas de protección más adecuadas, pero entonces ¿qué propone este Gobierno, conjuntamente con el Cabildo de Gran Canaria, con los que tenemos, como usted sabe, convenios para plazas en centros de menores? Nosotros entendemos que son necesarias varias medidas a adoptar. En primer lugar, como hemos manifestado ya, creemos que es necesario crear dos centros de protección, en coordinación con el cabildo: un centro de atención de menores de primera acogida y un CAI, un centro de atención inmediata. Tenemos pactadas 486 plazas y en la actualidad solo son 391, o sea, 95 plazas menos de las pactadas con el Cabildo de Gran Canaria. Estamos trabajando para aumentar esa cuantía de manera que se ajuste a lo pactado y para eso necesitamos los centros y atender a todos los menores en plazas de acogimiento residencial adecuadas a sus circunstancias.
Tanto el Cabildo de Gran Canaria como la consejería y el Gobierno vamos en la misma línea y desde 2015 estamos resolviendo problemas administrativos para su solución. Es un trabajo conjunto el que estamos haciendo. Como usted sabe bien, las cosas no se cambian de un día para otro y estamos poniendo los medios necesarios para atender estas...
La señora PRESIDENTA: Se acabó su tiempo, señora vicepresidenta.
Antes de continuar con las preguntas, les recuerdo, señorías, que no se pueden cambiar de escaño y menos cuando intervienen. Lo siento, me acabo de dar cuenta a posteriori, pero ruego que, por favor, lo hagan.
Gracias, señorías.
(El señor secretario segundo, Gómez Hernández, ocupa un escaño en la sala).