Diario de Sesiones 42/2016, de fecha 19/7/2016 - Punto 34

9L/C-0444 COMPARECENCIA DEL GOBIERNO -CONSEJERA DE POLÍTICA TERRITORIAL, SOSTENIBILIDAD Y SEGURIDAD-, INSTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR, SOBRE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN ZONAS DE BAÑO.

La señora PRESIDENTA: Seguimos avanzando, señorías. Vamos ahora a ver la comparecencia -la número 444- del Grupo Parlamentario Popular, a la consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, sobre medidas de seguridad en zonas de baño.

Para su defensa, el señor Díaz, por tiempo de cinco minutos.

El señor DÍAZ GUERRA: Gracias, presidenta.

El hecho de que me suba dos veces consecutivas a este estrado para decir que el consejero de turno -ya sea en materia sanitaria, sea en materia de seguridad- no es el responsable, que no le culpo, me hace o me hará sospechoso a los ojos de mis compañeros de partido, incluso del resto de la Oposición. Pero la realidad es que no les culpo personalmente a ustedes, culpo a su Gobierno y a los partidos políticos que apoyan al Gobierno.

No le voy a culpar a usted en mi intervención, pero sí al Gobierno de lo que está sucediendo ahora mismo en materia de seguridad en Canarias. Aprovecho, consejero, que se ha quedado: si no hace falta más, ya tenemos el hospital, pues no sigan gastando dinero. Si ya nos quedamos con la definición del Larousse, nos quedamos así como estamos en el sur.

Canarias es el territorio nacional, consejera, que posee más kilómetros de costas -1500-, donde se ubican 322 playas y zonas habituales de baño, y cuya normativa principal en materia de seguridad es una orden ministerial preconstitucional, del año 1972, por la que se dictan normas e instrucciones para la seguridad humana en lugares de baño, publicada hace más de cuarenta años.

Cuando hablamos de Maspalomas, Corralejo, Papagayo, Las Vistas, Las Canteras o Las Teresitas, a todos se nos viene a la cabeza un momento de descanso, de ocio, de deporte. Los turistas deciden venir a Canarias pensando en las horas que van a descansar en arenas negras o blancas en estos lugares. También los que somos de aquí buscamos un momento para ir a la playa, y más ahora un día como hoy en que aprieta tanto el calor.

Pero a veces también los nombres de playas y zonas de baño están asociados a malos momentos. Benijo, Bocabarranco, Burrero, Taurito, Candelaria o El Camisón son algunos de los lugares en los que se han ahogado un total de 38, 39... Ya lo desconozco, pues cuando escribí esto eran 37, ya por lo menos hay un muerto más en lo que va de año, lo que supone la cifra más alta de ahogamientos de toda España. Primera comunidad autónoma en ahogamientos, seguida por Galicia, aunque en Galicia la mayor parte de los ahogamientos se produce de gente que está trabajando, y no de personas en actividades de ocio, como sucede aquí.

Un dato muy significativo: Canarias casi duplica el número de personas ahogadas al de muertos en accidentes de tráfico: 34 muertos en 2015 en carreteras frente a 62 ahogados en el mismo año, algunos de ellos, es cierto, en piscinas o en charcas, pero principalmente en nuestro litoral. Son muchos y casi no hablamos de ello, pese a que ya vamos cerca de 40 (La señora presidenta abandona su lugar en la Mesa y lo ocupa la señora vicepresidenta segunda, Tavío Ascanio).

No quieran ver sus señorías en mis peticiones de comparecencias que pretendo dibujar una imagen desoladora de Canarias. Algunas personas dicen que hago mal hablando de que nuestras costas son inseguras o que tenemos el agua contaminada por vertidos de aguas residuales, pero yo creo que poner las cosas sobre la mesa con datos, con realidades es ser objetivo, y, si los datos de los vertidos y de los ahogados no nos gustan, hay un Gobierno, que es el suyo, que tiene las competencias y la obligación de cambiarlos. Por eso traigo a esta Cámara temas como el que hoy nos ocupa.

La Ley 22/1988, de Costas, modificada por la 2/2013, de protección y uso sostenible del litoral, establece que la elaboración y aprobación de las disposiciones sobre seguridad humana en lugares de baño corresponde a la Administración del Estado. Asimismo, esa misma ley, en el artículo 115, dispone que las competencias municipales, en los términos previstos por la legislación de las comunidades autónomas, podrán abarcar, entre otros extremos, mantener playas y lugares públicos de baño en las debidas condiciones de limpieza, higiene y salubridad. También deben los ayuntamientos vigilar la observancia de las normas e instrucciones dictadas por la Administración del Estado sobre salvamento y seguridad, recogido en el real decreto que desarrolla la Ley de Costas, que también establece que las comunidades autónomas ejercerán las competencias en materia de ordenación territorial, puertos, urbanismo, vertidos al mar y demás relacionadas en el Estatuto de Autonomía, y en este espectro entran, por supuesto, las competencias en materia de seguridad.

Finalizando, para no aburrir, el resumen normativo, consejera, voy a recordarles que esta comunidad tiene competencia exclusiva en deportes, ocio y esparcimiento, y competencia de ejecución en salvamento marítimo. Si bien es cierto que, a la vista de las normas referidas, la Administración del Estado ostenta facultad necesaria para elaboración y aprobación de normas, por tratarse de normas que afectan directamente al uso común de dominio público, no es menos cierto que el contenido de la materia puede inscribirse igualmente en el ámbito de la protección civil, materia en que la comunidad autónoma tiene plena competencia a la luz de la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional. En Canarias, reglamentariamente, no hay nada. Hubo un decreto que tuvo que ser suspendido por importantes deficiencias en su tramitación.

La franja litoral es un recurso especialmente atractivo. No tenemos normativa, pero sí la capacidad de elaborarla. Tenemos planes sectoriales, normas básicas y supletorias, y tenemos, por otro lado, demandas del sector turístico y los usuarios. Queremos que este Gobierno haga su trabajo y que no sigamos en línea ascendente en el número de ahogados en nuestras costas, porque las playas son las mismas que hace años, los usuarios también y algo está pasando cuando ahora hay un ahogado cada cinco días.

La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Tavío Ascanio): Tiene la palabra en nombre del Gobierno la señora consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, la señora doña Nieves Lady Barreto Hernández.

La señora CONSEJERA DE POLÍTICA TERRITORIAL, SOSTENIBILIDAD Y SEGURIDAD (Barreto Hernández): Señora presidenta. Señorías.

Para centrar el debate y la comparecencia que me pide, señor Guerra, respecto de las medidas de seguridad. Como bien decía, son varias las normas estatales que atribuyen la competencia en materia de seguridad y vigilancia de las normas en las playas a los ayuntamientos, en general, españoles y, en el caso nuestro, canarios con costas. Ya lo hace la Ley de Costas, lo hace también el reglamento, lo hace la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local y, como bien decía, el Estatuto de Autonomía atribuye la competencia a la comunidad autónoma en materia de salvamento marítimo así como de protección civil.

Si nos vamos al primer referente legislativo que exige a la comunidad autónoma aprobar vía reglamento aquellas normas que tengan que ver con medidas de seguridad en playas o bien con aspectos del servicio de salvamento y socorrismo, tenemos que remitirnos a la ley de 1995, reguladora de la ordenación del turismo en Canarias. Esa ley, en su artículo 18.5, regula el derecho de seguridad del usuario y exige que reglamentariamente se establezca el servicio de socorrismo y señales sobre la peligrosidad del mar en cada momento, y el artículo 65 establece el servicio de vigilancia en las playas, exigiendo, asimismo, vía reglamentaria que se regule el servicio de salvamento y socorrismo. Es, por tanto, la Ley de Turismo la que viene a mandatar la necesidad de hacer esos reglamentos en concreto sobre esos temas específicos.

Es importante recordar que la necesidad de ese reglamento se funda, por tanto, en ley y que, durante algunos años posteriores, hasta el 2003 que usted ha nombrado, en que se aprueba el Decreto 98/2003, que regula estos aspectos referentes a la seguridad en las playas, no había ningún otro tipo de regulación. Y que se hace, es cierto que termina suspendiéndose siete meses después, en diciembre, por algunos problemas jurídicos -que eran interpretables, según los propios técnicos de la Dirección General de Seguridad y Emergencias, y se podían haber solventado-, pero fundamentalmente por el choque frontal que suponía con los ayuntamientos canarios por el coste económico que imponía a los mismos. Una regulación que, si bien es cierto, se suspende, como vuelvo a decir, siete meses después, podía haberse tramitado acto seguido, porque el decreto, como decía, desde el punto de vista jurídico, no era tan complejo solucionarlo, desde el punto de vista económico se podía haber llegado a algún acuerdo.

Por tanto, como ya pude responder en comparecencia parlamentaria a una pregunta que se me hace la semana pasada, ya hemos adelantado que la Dirección General de Seguridad y Emergencias trabaja, aparte de haber analizado otros. Por ejemplo, el de Baleares se funda bastante en el decreto que se aprueba en el 2003 en Canarias, trabajamos en una propuesta que se trasladará en los próximos días a la Fecam, a la comisión que tiene que ver con temas de protección civil de la Fecam, para tener lo antes posible un nuevo decreto aprobado.

Desde el punto de vista -como vuelvo a decir- técnico, el decreto del 2003 era bastante solvente, independientemente de que había que, por un lado, solucionar esos aspectos jurídicos, pero, sobre todo, apoyar a los ayuntamientos en su puesta a disposición. Una propuesta que, sin lugar a dudas, deberá contener la creación de ese catálogo de playas que indique aquellas que puedan ser aptas para el baño y las que no, dentro de las que sean aptas para el baño, el nivel de peligrosidad que tengan las mismas, así como las medidas que los usuarios tengan que adoptar en materia de autoprotección.

Es necesario también que cada bañista-usuario conozca el nivel de riesgo de las playas y las medidas de seguridad y salvamento de que dispone. No se puede olvidar que una de las razones, como decía, por las que más dificultades se plantea la aplicación del decreto era la económica, por eso también es necesario que en esa nueva propuesta, en la que se está trabajando y se trasladará a la Fecam, se les traslade el compromiso de que contarán con apoyo para poder llevarla a cabo no solo para los planes de salvamento que tengan que hacer, así como los de autoprotección, sino también para afrontar gastos de otras medidas como los balizamientos, los carteles o la propia formación del personal que tengan que poner al frente de lo mismo.

Respecto a las medidas de seguridad, también cabe recordar, como ya pude hacer en comisión parlamentaria, que el Gobierno de Canarias, y se recogía así en ese decreto, y debe constar en la futura propuesta, las medidas con las que se cuenta: sin lugar a dudas, la coordinación operativa a través del Cecoes, los helicópteros que están para salvamento, para rescates como para control de incendios, el personal del GES, la embarcación de Salvamento Marítimo que está en Lanzarote y que está cedida a la ONG Emerlan, campañas de sensibilización que están puestas en marcha para la población, para que conozcan recomendaciones y tengan precauciones, y el convenio de colaboración con el Ministerio de Fomento que nos permite atender servicios de búsqueda, rescate y salvamento marítimo y colaborar.

Bien, como decía, en esa propuesta en la que estamos trabajando, además de trasladarla a la Fecam, será interesante, y así lo trasladaremos en esa comisión, que intervengan grupos de salvamento, que intervengan ONG que tienen que ver mucho con el tema de la seguridad y de las medidas de seguridad en las playas, así como técnicos especialistas en esta materia.

Y no se puede olvidar un dato, un dato que yo creo que para todos los que estamos aquí, para el Gobierno de manera especial, es preocupante. En estos momentos, decía usted que en 2015 de enero a junio los ahogados eran 22 en Canarias, un total de 62 durante el año, en 2016 de enero a junio llevábamos 37, 15 más que en el periodo del año pasado, y es cierto que el 75 % de esos ahogados son ciudadanos extranjeros.

De los datos hasta mayo, 17 de ese total eran ciudadanos extranjeros, 17 de 25 que habían sufrido ahogamiento hasta mayo. Por eso es necesario que esa propuesta en la que trabajamos no solo se dirija en esta consejería, sino que en ella colabore, sin lugar a dudas, la de Turismo, donde se tendrán que establecer medidas para poder llegar a esos turistas que cada año nos visitan. Afortunadamente, más: los datos de enero a junio de este año son de 6 400 000 pasajeros, en junio un millón más que en junio del año pasado, lo que supone un 19,28 %. A eso hay que añadirle que el 20 % de las costas de España de playas está en Canarias y, por lo tanto, nuestro territorio no lo podemos comparar en esta materia con otros territorios a nivel nacional.

Es cierto que tenemos una tarea por delante y que la estamos asumiendo y afrontando. De hecho, de ahí las propuestas y los estudios de los técnicos de la dirección general para empezar a trabajar en un posible decreto que tengamos aprobado lo antes posible. Pero también es cierto, y aludía usted a una Orden ministerial del año 1972 en esta materia, que también podría actualizarse y que podría, en cuanto a medios, mejorarse bastante. Nuestra intención es, como decía, sacarla lo antes posible, entre otras cosas porque seguiremos recibiendo turistas afortunadamente y sin lugar a dudas es el sector más sensible a este tipo de problemas.

La singularidad de las playas canarias y su frecuente utilización en todas las épocas del año para la realización no solo de actividades lucrativas, sino también de recreo y deportivas, con el consiguiente incremento del riesgo para los usuarios, exigen que se establezcan medidas, y medidas lo antes posible. Y velar por esa seguridad física de los ciudadanos y del turismo, sea nacional o internacional, no solo debe ser responsabilidad, que lo es, de los ayuntamientos, sino que debe ser compartida por el resto de administraciones públicas si queremos que de verdad la aplicación del decreto de medidas sea exitosa y garantice la seguridad de los ciudadanos en Canarias.

Nada más, muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Tavío Ascanio): Los grupos políticos no solicitantes de esta comparecencia.

Tiene la palabra en nombre del Grupo Mixto, de la Agrupación Socialista Gomera, el señor Ramos Chinea.

El señor RAMOS CHINEA: Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Señora consejera.

Recalcar simplemente que no son solo los turistas los que usan nuestras playas; nuestros propios ciudadanos canarios también hacen uso de ellas. Canarias tiene un territorio con 1500 kilómetros de costa y 322 playas, y las competencias para crear los planes de emergencia donde se concrete cuáles son los espacios donde puede haber riesgo y qué medidas adoptar frente a los mismos corresponden a los ayuntamientos.

Las estadísticas son demoledoras en Canarias: hay un muerto por ahogamiento cada cinco días, siendo una de las principales causas de mortalidad ajenas a la salud, y se les asigna esta gestión únicamente a los ayuntamientos, con los reducidos presupuestos que ya estos tienen.

Señora consejera, es imprescindible la colaboración entre el Gobierno de Canarias y las administraciones municipales. Sin ir más lejos, esta mañana ha fallecido una persona en la playa de Vueltas, en Valle Gran Rey, y estos hechos desgraciadamente ocurren. Tenemos que poner medios en nuestras playas para intentar salvar el mayor número de vidas posible, pero los ayuntamientos necesitan ayuda. Los recursos humanos y materiales tienen un coste, pero se trata de la seguridad y de la vida de nuestros bañistas. En este caso fue una parada cardiorrespiratoria y quizás con un equipo de reanimación se habría podido salvar su vida.

Las medidas, paradójicamente, no son las mismas cuando es una empresa privada la responsable, normalmente una pyme. Me explico. Por ejemplo, a un complejo hotelero que disponga de una piscina que, como ustedes saben, tiene un volumen de agua limitado, se le pide un gran número de requisitos, que, dicho sea de paso, son muy necesarios e importantes, tales como controlar cloro, pH y turbidez dos veces al día y tener informados de esto a los usuarios de la piscina; la presencia de socorristas mientras la piscina esté abierta; los cloradores deben ser automáticos y los medidores, digitales; tener equipo de reanimación, camillas y férulas de inmovilización... Unas medidas con altos costes económicos, pero que garantizan una mayor seguridad de los bañistas.

Pero estas medidas no son tan minuciosas y diversas en las playas, donde el volumen de agua es ilimitado, donde entran en juego las corrientes marinas, las mareas, la presencia de rocas, etcétera, es decir, un mayor número de peligros. No quiero ser malpensado, pero parece que es más fácil poner normas si los gastos corren a cargo de otro. Como ya le he dicho, en mi caso no soy malpensado, pero le advierto que hay otros que sí lo son.

No se puede abandonar a los ayuntamientos a su suerte y que sean ellos quienes gestionen todo lo relativo a la seguridad en las zonas de baño. No diferenciemos entre usuarios de playas de bandera azul y usuarios del resto de playas.

Señora consejera, actualicen la normativa y, por favor, dote a los ayuntamientos de los medios necesarios para poder mantener la seguridad de nuestros bañistas. La mayoría organizamos cursos de socorrismo y primeros auxilios, ayúdenos a poder dar trabajo a esas personas en nuestras playas.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Tavío Ascanio): En nombre del Grupo Parlamentario de Nueva Canarias, tiene la palabra su señoría la señora diputada Acuña Machín, doña Gladis, a quien agradezco la sal en nombre de todos mis compañeros y de todos los parlamentarios.

La señora ACUÑA MACHÍN: Muchas gracias, presidenta. Y, bueno, hablando de sal, vamos a hablar de playas ahora.

Desde luego, no podría estar más de acuerdo con quien me ha antecedido en el uso de la palabra, el compañero de La Gomera, y, además, ya la consejera ya lo adelantaba en su intervención: esa carga que soportan los ayuntamientos, pues no es que seamos malpensados, sino que no tenemos dinero. O sea, no podemos los ayuntamientos soportar la carga que se nos pretendía dar a través del decreto que, afortunadamente, por otro decreto, el 289/2003, de 9 de diciembre, queda en suspenso.

Teniendo en cuenta que Canarias cuenta, tal y como dijo el compañero, con 1500 kilómetros de costa, 322 playas y 150 de ellas son muy significativas... 45 banderas azules, el reconocimiento europeo que garantiza la calidad medioambiental y el servicio de las playas. Pero el mantenimiento de estas banderas azules no es por milagro, sino que hay que soportar un elevado coste económico. Por ejemplo, balizar 800 metros de playa cuesta 22 000 euros; mantener dos vigilantes permanentemente en una playa de 150 metros cuesta 52 000 euros, más de 208 000 euros cada cuatro años.

Por lo tanto, y teniendo en cuenta que, efectivamente, en el año 2015 62 personas murieron ahogadas, que el 80 % de los fallecidos por ahogamiento en las islas son turistas y 9 de cada 10, varones -debe ser que son más atrevidos- y que en lo que va a de año se han contabilizado 39 personas fallecidas, me gustaría poner de relieve el proyecto de final del Grado en Seguridad y Control de Riesgos de la Universidad de Las Palmas de José Joaquín Cabrera, donde recomendaba ciertas cosas: hacer uso de las playas con servicio de vigilancia, nadar en paralelo a la orilla, evitar zonas de corrientes, preguntar a los residentes cuáles son las zonas de riesgo, respetar el color de las banderas de las playas... Pero entendemos que ahora mismo necesitaríamos más campañas de prevención de riesgos.

Se ha realizado la primera campaña audiovisual del país para la prevención de accidentes en el medio acuático, "Canarias, 1500 kilómetros de costa", y yo creo que esa sería, por lo menos a priori, una de las medidas que habría que reforzar. Desde luego, actualizar y modificar el Decreto 98/2003, regulador de las medidas mínimas de seguridad y protección de las playas, y reiterar la necesidad de que en ese decreto, si se va a delegar la competencia a los ayuntamientos, se los dote de una ficha financiera donde, finalmente, sea factible llevar a cabo las medidas que se prevean si de verdad queremos playa seguras para nuestras islas.

Nada más. Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Tavío Ascanio): Tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario de Podemos, la señora diputada doña Natividad Arnaiz.

La señora ARNAIZ MARTÍNEZ: Gracias, presidenta.

Según la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo, en 2015 Canarias se colocó segunda en el ranquin nacional de ahogados con 62 muertos, superando a comunidades como por ejemplo Valencia, que cuenta casi con tres millones más de habitantes que nosotros. Cuando estaba prevista esta comparecencia hace apenas unos días, había ya treinta personas muertas y hoy ya rondamos las cuarenta. Se puede decir que hoy somos la primera comunidad de toda España en este triste ranquin.

Hace unas semanas, el Gobierno de Canarias premiaba a la ONG Proactiva Open Arms, que opera en Lesbos en el rescate de refugiados y que consiguió la medalla de oro. Entonces, lo que sus voluntarios transmitieron al señor Clavijo, y lo que también me han transmitido a mí es que, cuando les daban el premio, ese premio les dejaba un sabor agridulce, porque en nuestras costas está muriendo gente constantemente y ellos decían que era por falta de sensibilización con este tema y por falta de interés también con el Gobierno.

Un ejemplo de ello es la reciente pérdida de la bandera azul en La Oliva, en Fuerteventura. Que cuando se iniciaba una inspección, pues se alertaba de varias deficiencias como, por ejemplo, escasez en el personal de salvamento y socorrismo, carencias en los accesos, exposición de información sobre la calidad del agua, instalación de contenedores de basura, etcétera. O sea, una dejadez total en una playa que ya tenía una bandera azul, con lo cual yo me puedo imaginar cómo es el resto.

Evidentemente, en un territorio como el nuestro no se puede tener socorristas en cada rincón, pero sí que debe tenerlos por lo menos en las zonas de mayor afluencia de baño, y en el resto de los casos se pueden aportar también soluciones viables y económicas y también eficaces.

Recordemos, además, que en los propios datos de esa federación se nos decía que el 91 % de las personas ahogadas era en lugares sin socorrista. También nos dicen los expertos en seguridad y emergencias que en Canarias no hay cultura de la seguridad en esta materia y que nunca la ha habido. Quizá sea ya el momento de comenzar a hacer algo al respecto, porque estamos vendiendo un destino selecto, pero ofrecemos servicios y protección de segunda.

Por un lado, tenemos la falta de señalización, que es fundamental, y con eso también se salvarían muchas vidas, y esto realmente no supone grandes inversiones, es una cuestión fundamentalmente de voluntad política. Y, por otro lado, también está el desastre en la formación paralela que se está ofreciendo, por parte del Gobierno de Canarias, a la Formación Profesional existente, como, por ejemplo, los títulos de cursos de 100 horas para playas y de 30 horas para piscinas. Esto lo que hace es no darle seriedad a la profesión.

Además está el decreto 2012/2005, que implantó el Gobierno y que debería derogar, que permite que los socorristas hagan otras actividades mientras tienen que mantener la vigilancia como, por ejemplo, servir en una barra, etcétera.

La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Tavío Ascanio): En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra su señoría la señora diputada doña Nayra Alemán Ojeda.

La señora ALEMÁN OJEDA (Desde su escaño): Muchas gracias, presidenta.

Estamos seguros de que todos sabemos que en seguridad no se puede escatimar, independientemente de que las competencias sean municipales o regionales. La consejera ha anunciado la modificación de ese decreto, donde recaía toda la responsabilidad en los ayuntamientos. Hemos estado hablando aquí todos los portavoces de la imposibilidad de muchos ayuntamientos de afrontar esos gastos.

Pero no solamente vamos a hablar de la seguridad que se puede establecer en las playas, sino también de la formación y de la información. Que creo que es fundamental, por supuesto, nombrar a Chano Quintana, precursor de la campaña "Canarias, 1500 kilómetros de costa" por segundo año consecutivo. Creo que es fundamental la sensibilización que se está desarrollando desde ese proyecto.

Y también los que estamos criados en la costa, todos los canarios, sobre todo los de las costas del norte, como me sucede a mí, en este caso, lo conocemos perfectamente: "Donde fueres, haz lo que vieres", conocemos cómo está el mar y somos mucho más prudentes que los extranjeros, hablando de la tasa de extranjeros que se han ahogado en nuestras costas. Por lo tanto, son fundamentales esa formación y esa información, que pueden de alguna manera paliar la escasa presencia de medios que puedan evitar más desgracias en el mar.

Por lo tanto, señora consejera, todo el apoyo. Conocemos el esfuerzo que se está realizando, sabemos también que es casi imposible poder acometer en cada playa las medidas de seguridad que requieren, pero sí es cierto que la sensibilización, la formación y la información seguramente nos saldrán mucho más barato que el estar lamentando muertos cada cinco días en nuestras costas.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Tavío Ascanio): En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra su señoría el señor... o la señora diputada...

¿Sí? No, Nacionalista, dije... Ah, disculpe (ante una aclaración que se efectúa desde los escaños).

La señora diputada, en nombre del Grupo Nacionalista Canario, la señora doña Socorro Beato Castellano.

La señora BEATO CASTELLANO: Gracias, presidenta. Señorías, señora consejera, buenas tardes.

Las cifras que hemos escuchado hoy y que a nosotros también nos preocupan hay que analizarlas con serenidad para extraer conclusiones y adoptar las medidas que reduzcan la siniestralidad. No debemos realizar un análisis comparativo con otras comunidades sin contemplar nuestras singularidades: la extensión de nuestro litoral, rodeados de mar por todas partes, buen tiempo todo el año para el baño, actividades de recreo, deportivas..., una gran afluencia de turistas, marcan la diferencia con el resto de territorios.

Por otro lado, hay que analizar las causas de los ahogamientos, si obedecen a desinformación, a imprudencias, a actitudes negligentes, a hacer caso omiso a los socorristas o a las señales visuales, a la falta de vigilancia a menores o a ignorar las alertas meteorológicas. Bañistas que no son conscientes de que el Atlántico no es el Mediterráneo, que desconocen por completo el mar, el exceso de confianza, sobrestimar la condición física o la avanzada edad. No en vano el perfil de las víctimas de ahogamiento es el de un varón de entre 61 y 75 años.

Para determinar los servicios de protección civil se dictó el decreto en el año 2003, suspendido meses después ante la imposibilidad de los ayuntamientos para aplicarlo. Señor Díaz, lo suspendió su compañera de escaño, entonces consejera de Presidencia, la señora Navarro. Cesó dos años después, tuvo tiempo de retomarlo, pregúntele usted por qué no lo hizo.

Hace falta un nuevo decreto que cuente con el consenso de los ayuntamientos y, en todo caso, redoblar los esfuerzos en materia preventiva, de sensibilización, y continuar las campañas divulgativas emprendidas años atrás por el Gobierno de Canarias a raíz del estudio elaborado en el año 2013 por don José Joaquín Cabrera Gutiérrez, y que dio lugar a una campaña divulgativa para ahondar en la cultura de autoprotección entre residentes y turistas y en la formación de técnicos municipales con vídeos, folletos e información a disposición, que aún están a disposición, en la web del Gobierno. Además, hay que trabajar conjuntamente con el área de Turismo, implicando al sector en esta concienciación por el alto porcentaje de turistas que están implicados en estos ahogamientos.

La coordinación en materia de prevención y salvamento que lleva a cabo el 1-1-2, Cecoes, y que es un ejemplo mundial en atención en varios idiomas, la labor de sus profesionales, junto con una verdadera concienciación ciudadana, resultan imprescindibles para lograr el objetivo de riesgo cero al que todos debemos tender.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Tavío Ascanio): Para una segunda intervención, en nombre del grupo proponente de esta comparecencia, el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Díaz Guerra.

El señor DÍAZ GUERRA: Gracias, presidenta.

Señora Beato, como usted comprenderá, agradezco su consejo, pero yo no me subo aquí sin haber hablado primero con quien antes, en ese momento, era consejera y se vio obligada a suspender un decreto precisamente por las importantes deficiencias en su tramitación, que fue lo que lo motivó. Ustedes lo quieren circunscribir a criterios económicos, pero hay mucho más que eso. Había importantes deficiencias en la tramitación y, lógicamente, velando por la legalidad, hubo de ser suspendido, en dos años no se pudo hacer otra cosa.

Pero es que no queremos reducir el problema a un tema normativo. Ustedes son muy simplistas cuando vienen aquí y dicen que el problema es que no tenemos una normativa, hay que solucionar... No estoy pidiendo una normativa, lo que estoy pidiendo es proactividad en su Gobierno. Es que resulta que se puede trabajar por seguridad en las playas sin necesidad de tener un decreto. ¿Que tenemos una norma? Perfecto. ¿Pero que no la tenemos? ¿Usted cree que necesita, por ejemplo, la Consejería de Turismo un decreto para informar a los visitantes de los peligros de la playa? ¿Usted cree que la Consejería de Sanidad necesita un decreto para cerrar cautelarmente una playa cuando no hay un socorrista? ¿Usted cree que la Consejería de Educación no puede perfectamente informar también a los niños de los peligros del mar? ¿Usted cree que la Consejería de Agricultura no tiene la obligación de velar para que las instalaciones deportivas tengan los barcos autorizados? No hace falta un decreto para todo eso, que viene bien, pero no es imprescindible (Aplausos).

La evolución y proliferación de deportes acuáticos en nuestro archipiélago debido a nuestras condiciones excepcionales, como se ha dicho, y la actividad económica generada en torno a las mismas han motivado que en las playas tengamos que compartir muchas veces los bañistas el territorio con la práctica de actividades deportivas. Vienen centenares, miles, millones de personas a bañarse en nuestro litoral esperando una seguridad, seguridad que tienen que cumplir los ayuntamientos, pero también el Gobierno autónomo, que tiene competencias, tiene que asegurarse de que los ayuntamientos cumplan con su obligación.

Los que usamos las playas queremos hacerlo con garantías de seguridad; no solo con garantías de seguridad de que la playa no está contaminada por un vertido de aguas residuales -500 vertidos de aguas residuales, le recuerdo, hablamos en el último pleno-, sino también con la seguridad de que si algo nos ocurre alguien va a poder venir a auxiliarnos. Queremos tener la seguridad de que existen medios para evitar una desgracia. Puede haber un cambio de marea, de viento, una corriente inesperada, un barco, un windsurfista navegando fuera de una zona, desconocemos la profundidad, las bajas que no están señalizadas; puede haber imprudencias, por supuesto, calambres, hidrocuciones o medusas. Desde luego, hay muchísimos motivos para un accidente.

Desgraciadamente, acaban como están acabando, porque estamos hablando de la mar y en la mar puede ocurrir cualquier cosa. Pero no siempre sucede, consejera, lo que tiene que pasar, lo sabe usted igual que sabe que se está vertiendo agua residual al mar y, si no lo sabe, pues yo estoy aquí para contárselo.

Yo sé que las competencias están algo difusas: por un lado, tenemos al Ministerio de Medio Ambiente, que es competente en la ocupación del dominio público, quien autoriza las instalaciones en el litoral; por otro lado, está la Consejería de Sanidad, que está vigilando la calidad de las aguas de mar y de la arena.

Por cierto, que también la Consejería de Sanidad hace otras funciones que no son propiamente sanitarias, como informar de la situación de las playas de bandera azul. Las playas de bandera azul no son un sello europeo, dejó de serlo hace muchísimo tiempo, como dijo la consejera de Medio Ambiente en su momento, son un sello que otorga una fundación privada con ánimo... que tiene un coste económico y a quien la Consejería de Sanidad le está haciendo el trabajo, porque la inspección la está haciendo el Gobierno autónomo y es una fundación privada, no es un sello distintivo de la calidad europea. Entiendo que se hace con la finalidad de ayudar a la promoción turística de Canarias, pero no es desde luego una garantía de seguridad tener determinados distintivos privados.

Tenemos a la Consejería de Turismo, que es quien tiene que autorizar las actividades deportivas, debe vigilar las actividades deportivas en las zonas de baño y es competente para autorizarlas. Por ejemplo, las escuelas de náutica. Tenemos a la consejería de Agricultura, que es quien autoriza a las embarcaciones. Tenemos a su consejería, que, además de vigilar que no haya vertidos contaminantes -con el resultado que ya todos conocemos-, también tiene competencias de ejecución en materia de salvamento marítimo. Y, por último, tienen competencia también, por supuesto, los ayuntamientos.

Y en materia de seguridad, ¿sabe qué pasa? Que entre todos la mataron y ella sola se ahogó. Todo empezó muy bien, con buenas intenciones, un decreto en el año 2002, el de creación del Grupo de Intervención y Emergencias, el GIE. Había que prevenir, controlar y atender las situaciones en las que corrían peligro las vidas o la seguridad de las personas, tanto en el ámbito terrestre como en el marítimo.

En abril del 2006, el grupo de intervención se organizó en unidades operativas: está la unidad marítima, la aérea, la terrestre, cuatro helicópteros, cuatro embarcaciones de salvamento. Serían desplegadas por toda Canarias, a partir de ahí se firmó un convenio de colaboración con el Estado para mayor eficacia y aprovechamiento de los medios disponibles para la ejecución de la legislación en materia de salvamento marítimo en las aguas territoriales del litoral canario. Se contrataron rescatadores, marineros, se elaboró incluso una norma, pero toda esa voluntad al final acabó ahogada.

El convenio con el Estado sigue vigente, sí, pero cuando no sale un helicóptero del Gobierno de Canarias sale uno del Gobierno del Estado, de Salvamento Marítimo estatal, y sale con mucha frecuencia, y créame que sé de lo que estoy hablando. Sale con mucha frecuencia y no a aguas alejadas del archipiélago donde actúa el SAR, actúan los helicópteros de Salvamento Marítimo estatal en nuestro litoral. Y cuando la misión no corresponde a un helicóptero, ¿sabe quién sale? Un barco de Salvamento Marítimo estatal, no sale un barco del Gobierno de Canarias salvo por una excepción. Quien está haciendo el rescate en el litoral es el Estado. Le puedo dar algunas cifras. El Médano, año 2014, solo en horas de vuelo de helicópteros y salidas de barco de Salvamento Marítimo estatal, 400 000 euros. ¿Sabe por qué? Porque no había servicios de socorrismo, porque no hay servicio de rescate en esas playas. ¿Competencia municipal? Sí, ¿pero quién tiene la competencia en seguridad?, ¿quién tiene que salir a vigilar si los ayuntamientos están cumpliendo?, ¿quién tiene la obligación de cerrar una playa si no se cumplen las normativas de seguridad? Creo yo que deben ser ustedes, igual me confundo.

De esos barcos no sé qué ha sido, probablemente estén en algún desguace. Creo que alguno sigue navegando, pero la realidad es que toda aquella infraestructura, todo aquello que se vendió -recordaba usted la fotografía-, hoy en día ni están, ni se sabe dónde están, ni se los espera.

Al margen del berenjenal de competencias, hay dos patas principales en materia de salvamento y socorrismo acuático: desde el litoral, uno, y, el otro, desde el mar o desde el aire, y en los dos aspectos la consejería que usted dirige es competente y está obligada a prestar ese servicio o bien a vigilar que se haga correctamente. No se puede permitir que algunos ayuntamientos tarden meses en contratar servicios de socorrismo, no se puede permitir que los servicios de socorrismo contratados por los ayuntamientos no tengan personal formado o no dispongan de los medios suficientes para acudir a un rescate, no se puede permitir que la bandera roja de una playa ondee porque diga hoy no hay socorrista, no podemos seguir viendo torres de socorristas vacías.

Competencia municipal, pero ¿quién tiene que vigilarlo? O es que no tenemos responsabilidad, nos ponemos de lado y que sigan ahogándose. ¿Que la mayoría son de 60 años? Bueno. ¿Y que la mayoría son turistas? Son muertos, ¿no? O sea, yo creo que no son importantes ni la edad ni la nacionalidad, le puede ocurrir a cualquiera de nosotros, ya digo que el mar o la mar nos puede engañar. No podemos permitir que sigan trabajando escuelas piratas, que haya monitores sin titulación, sin las medidas de seguridad a que les obliga la norma, y ustedes son los competentes en la observancia y en la vigilancia del cumplimiento de esas normas. No se puede permitir que sigan sucediendo accidentes porque la administración de turno no ha hecho su tarea. No se puede permitir que, hablando de una maraña de competencias, que ya le he hablado de cuatro consejerías de su Gobierno que pueden actuar, siga habiendo ahogados, porque esos ahogados son ahogados de la burocracia o del peloteo de competencias.

Quiero dejar clara mi admiración y respeto por las personas que prestan las labores de socorrismo, muchos salvan la vida a costa de la suya propia. Pero a esa gente hay que darle medios proporcionales al riesgo de las playas que vigilan, las plantillas deben estar dimensionadas también en función de las características del litoral. Elocuente el ejemplo que ha puesto el portavoz, en este caso, del Grupo Mixto: una piscina de 50 metros cuadrados con 50-60 bañistas necesitará un socorrista, y una playa a lo mejor de un kilómetro y medio tiene suficiente con tres socorristas. Desde luego, algo no está funcionando.

Yo lo que quiero, consejera, no es culparla, lo decía al principio, a riesgo de parecer amigo del Gobierno. No, yo lo que quiero es que usted tome las riendas en este asunto y elabore una planificación para la seguridad en las zonas de baño. ¿Que usted necesita una normativa? Hágalo también, pero, como mínimo, planifique, ponga a trabajar a sus compañeros de Gobierno, cada uno en su área de responsabilidad, para que esto no venga ocurriendo. Quiero que se coordinen con las otras consejerías, que hagan las inspecciones que tienen que hacer y no solo para ver si está funcionando una ducha en una playa, sino para que compruebe si los ayuntamientos han puesto a los socorristas, si los monitores de actividades deportivas están autorizados, si las escuelas tienen las embarcaciones que están obligadas a tener. Compruebe si su consejería tiene todavía esos barcos y ese personal que contrataron hace unos cuantos años.

Es todo lo que pretendo de usted, consejera, que ejerza sus competencias en materia de seguridad y salvamento marítimo y que vigile que sus compañeros de Gobierno y los ayuntamientos también lo hagan (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Tavío Ascanio): Para una segunda intervención en nombre del Gobierno, tiene la palabra la señora consejera.

La señora CONSEJERA DE POLÍTICA TERRITORIAL, SOSTENIBILIDAD Y SEGURIDAD (Barreto Hernández): Gracias, señora presidenta.

Señorías, voy a intentar contestar brevemente a cada una de las intervenciones.

Decía el señor Chinea precisamente lo que ya decía yo en mi intervención: no se puede hacer una norma de una competencia que, directamente, por la legislación estatal -Ley de Bases del Régimen Local del 85, Ley de Costas del 88, Orden Ministerial del 72, entre otras-, ya se atribuye a los ayuntamientos. Es decir, para explicarlo y centrar mi intervención nuevamente, la competencia no es del Gobierno de Canarias, es de los ayuntamientos (Se reincorpora a su lugar en la Mesa la señora presidenta). Eso no significa que los ayuntamientos hoy, porque no haya un decreto, no tengan que cumplir con esas normas y, por tanto, prever aquellas medidas que tengan que prever para que haya seguridad en sus playas y vigilar aquellas normas, tal y como dice la Ley de Costas, incluso estatales, sobre este sentido.

Por lo tanto, lo que planteaba es que, si vamos a sacar, vamos a aprobar un decreto, y en esa propuesta estamos trabajando, habrá que hacerlo con el consenso de la Fecam, porque no debe suponer más coste económico. ¿Debe suponerlo? Hoy lo es, y podríamos quedarnos como estamos, el Gobierno de Canarias cumplir con su parte, que es la de poner los medios operativos y las medidas para que haya seguridad y, en caso de un incidente, se pueda responder, ya los relaté, desde la sala del Cecoes al grupo GES, etcétera. Pero los ayuntamientos siguen siendo responsables y tienen que cumplir y tienen que poner medidas para que se pueda cumplir. Pero nuestra voluntad es que lo hagamos, y que además lo hagamos con una propuesta que salga de esas reuniones con la Fecam y, además, que cuenten con apoyos, porque entendemos perfectamente, por lo menos los que venimos de ayuntamientos, que con pocos recursos se puede hacer poco.

Por lo tanto, aclarado eso, es cierto que, desgraciadamente es así, tenemos un alto índice de ahogamientos, pero es verdad que el 75 % de los que lo sufren son ciudadanos extranjeros, donde hay que hacer una mayor labor de concienciación.

Señora Acuña, un poco al hilo de lo que decía el señor Ramos, ya la responsabilidad es de los ayuntamientos, el coste económico ya hoy lo tienen que asumir. Hay ayuntamientos que, a pesar de que ese decreto está suspendido, han colocado carteles en sus costas y han puesto socorristas en sus playas y han tomado medidas. A pesar de que no hay un decreto que lo que haga es homogeneizar, las medidas que se tienen que tomar, imponiendo determinadas condiciones. Por lo tanto, la responsabilidad está, y lo que queremos es que esa responsabilidad que está cuente con algo de ayuda, y es lo que planteamos.

Las campañas de información se hacen, están puestas en marcha desde hace algunos años; están reactivadas, se transmiten en varios idiomas y se intenta que lleguen a toda la población. Y eso se hace año a año desde la dirección general. Y con este decreto no se delegan competencias a los ayuntamientos, ya las tienen, vuelvo a repetir; lo que plantea el decreto en base a las competencias que le atribuye la Ley de Turismo, en este caso, es establecer el servicio de socorrismo, regular el tema de las señales de peligrosidad o balizamientos, el servicio de salvamento y algunos otros aspectos en los que nos tendremos que poner de acuerdo.

En cuanto a la intervención de la señora Arnaiz, ya pudimos plantearlo en comisión parlamentaria el otro día. Es cierto que es un tema de máxima sensibilidad y lo decía: nos preocupa el tema de los ahogamientos en Canarias. Creo que, a pesar de que la responsabilidad hoy no está en el Gobierno de Canarias, sí tenemos que trabajar todas las administraciones para darle solución, por lo menos para poner los medios para que quien vaya a bañarse en nuestras costas, sea canario o no, tenga la tranquilidad de contar con información y, además, contar con las medidas de autoprotección que pueda contar.

Creo que, señora Alemán, aclaramos el tema de la responsabilidad de la competencia, no vuelvo a entrar ahí. Del coste económico lo he dicho: creo que no se pueden imponer normas que sigan suponiendo coste económico para otras administraciones. En ese sentido trabajamos no solo en esta línea en esta consejería, y las campañas se ponen en marcha cada año.

Sí es cierto que, en cuanto a lo que decía, señora Beato, creo que en materia, para enfocarla más al tema, de intentar evitar que ese 75 % de ciudadanos extranjeros que sufren este problema en nuestras costas se reduzca, pues tenemos que trabajar coordinadamente con la Consejería de Turismo.

En cuanto a su intervención, señor Guerra, yo creo que usted se sube aquí y mezcla muchas cosas juntas. Y eso está bien, pero vamos a ponerlas en orden.

No se puede decir, por un lado, que nos inventemos un plan de medidas cuando la competencia es municipal. Tendrán que hacerlo los ayuntamientos y ya hoy tomar medidas para poner carteles en sus costas, que ya lo hacen en muchos ayuntamientos, lo que decía antes, poner socorristas, etcétera. Otra cosa es que el Gobierno de Canarias, en base a la ley, tenga que hacer un reglamento, un reglamento para determinar medidas. Ese reglamento se hace, y no voy a entrar yo en los detalles en que ya se entró, llega otra consejería y suspende el reglamento. Y dos años pues igual no es mucho tiempo, pero dos años dan tiempo hasta para hacer una ley. Por lo tanto, para sacar un decreto de este tipo yo creo que también se podía haber hecho un esfuerzo, pero bueno. En cualquier caso, la proactividad está, no solo de mí consejería, también de la Turismo y de aquellas que puedan verse en cualquier momento implicadas en este asunto.

En cuanto al convenio de colaboración que me decía, el convenio de colaboración está y se aplica en materia de salvamento. En materia de emergencia general -incluimos salvamento marítimo y cualquier emergencia en nuestras costas-, lo que se está haciendo desde hace mucho tiempo es coordinar los medios que tenemos, y para eso tenemos el Cecoes y los técnicos que tenemos en la dirección general; y los medios se utilizan de la mejor manera y de la mejor manera que se pueda para que sean eficientes. Si en momentos dados se considera que, en base a ese convenio, pueden intervenir medios del Estado, intervienen y, si no, intervienen los de la comunidad autónoma, que han intervenido en muchas ocasiones. Afortunadamente, contamos ahora mismo con un mejor servicio, mejores helicópteros y con uno más desde hace escasamente un mes, tenemos seis en toda Canarias que no solo se dedican en este periodo especialmente al tema de extinción de incendios, sino también se dedican a rescates y lo hacen, y allí donde no llegan, entre otras cosas porque no pueden por normativa, llegan los de salvamento del Estado. Pero, en cualquier caso, sea en sitios donde nos permite o no la normativa, se colabora entre unos y otros porque para eso tenemos un convenio, le vuelvo a decir. Un convenio que no sea flexible, que el propio convenio lo permite porque así se ha establecido en los últimos tiempos, no tendría sentido.

Usted habla de que regulemos. Bien, yo creo que la manera de regular esto no es inventarnos un folleto y decirle a los ayuntamientos "pues a partir de ahora usted el socorrista lo pone en época alta 20 horas y...". No, habrá que hacerlo con una norma; por lo tanto, sí tenemos que ir a un decreto. Y a mí sí me gustaría que eso mismo que usted me dice, con todo el cariño, se lo traslade usted al Estado. Porque que una orden ministerial de este tipo, que regula la seguridad en las playas, sea del año 1972, como usted bien ha dicho, de la época preconstitucional, pues yo creo que también debería de renovarse un poco y adaptarse... Adaptarse a la actualidad. Es una norma estatal (ante comentarios del señor Díaz Guerra). Para... Sí, sí, pero... Está transferida, pero el Estado en este caso saca una norma, que se queda desfasada, y que, en el caso de que quisiera volver a regular algo, pues podría sacar algo. Pero, en cualquier caso, no me hable de normas desfasadas, porque en este caso tendríamos que hablar mucho de un decreto que se podía haber sacado hace mucho tiempo y no se ha hecho.

Por cierto, aprobado, señora Acuña, a pesar de que... Bueno, llega el señor Rodríguez (refiriéndose al señor Rodríguez Rodríguez). En una época en la que el señor Rodríguez, a pesar de que parezca que se ha olvidado, afortunadamente, pues algunos tenemos mala memoria, pero sabemos que ha sido presidente de esta comunidad autónoma y se aprueba en su legislatura. Desgraciadamente, después, otra consejería lo deroga, o suspende su vigencia, pero, en cualquier caso, técnicamente todos han dicho, desde la dirección general, que deberíamos empezar a trabajar en base a eso.

En cuanto a los vertidos al mar, en mi intervención no hablaba de 500 -ahora mismo estamos con el plan de inspección, aunque no venga al caso-, son 300 los censados, 102 inspeccionados y el resto está en ese plan de inspección que hemos renovado, que, como sabe, hacía muchos años que no se renovaba. No podemos hablar de 500, le agradecería que empezara a hablar de las cifras de ahora mismo, sobre las que estamos trabajando en el plan, actualizadas, recientes, y dejarnos de hablar del pasado, porque yo creo que lo que tenemos que hacer es ponernos todos a trabajar, arrimar el hombro. Y lo que no se ha hecho no se ha hecho, pero no porque algunos no hayamos querido.

Yo en esto sí que les invito a que, en aquellos ayuntamientos donde gobierne cualquiera de las fuerzas que está aquí, se haga un ejercicio de responsabilidad y de cumplimiento de las normas que ya están hoy, independientemente de que esté el decreto o no esté, en un plazo corto de tiempo, que es nuestra intención, haya que cumplirlo y haya que cumplirlo por la seguridad de nuestras playas, especialmente, no solo de los canarios, sino también de quienes nos visitan.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora consejera.

Hemos terminado esta comparecencia.

(El señor vicepresidente primero, De la Hoz Fernández, y la señora vicepresidenta segunda, Tavío Ascanio, ocupan sendos escaños en la sala).

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  • 9L/C-0444 Sobre -Consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad-, sobre medidas de seguridad en zonas de baño.


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