Diario de Sesiones 43, de fecha 20/7/2016
Punto 10

9L/ICTR-0001 INFORME DEL COMISIONADO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. INFORME ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.

La señora PRESIDENTA: Vamos al siguiente punto del orden del día, para el que pido la presencia del señor comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Si es tan amable y los servicios de la Cámara...

Señora diputada, voy a ver, si no me dicen nada pasamos a la ley para no perder tiempo (ante comentarios efectuados desde los escaños del GP Popular). A ver si me informan los servicios que fueron a... Déjenme un minuto, si son tan amables.

(Pausa).

Ya está aquí, señorías.

Buenos días, señor comisionado, si es tan amable, por tiempo de quince minutos tiene la...

(Rumores en la sala).

Señorías, por favor, guarden silencio. Por tiempo de quince minutos, señor comisionado. Bienvenido y buenos días.

Si son tan amables, cierren las puertas. Muchas gracias.

Señorías. Cuando quiera, comisionado.

El señor COMISIONADO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (Cerdán Elcid): Buenas tardes a todos.

Y dijo uno de nuestros certeros sabios: "Haz gala [...] de la humildad de tu linaje, y no te desprecies de decir que vienen de labradores, porque viendo que no te corres, ninguno se pondrá a correrte, y préciate más de ser humilde virtuoso que pecador soberbio", hasta ahí dijo jugando con el doble sentido de las palabras un sabio. Viendo que no te corres o te avergüenzas ninguno se pondrá a correrte o a perseguirte. Vaya, que al que puede dar buena y continua fe de sus actos difícilmente lo van a pillar en renuncios o cazar en falta, pues bien es la ocultación la gran madre o madrastra de todas las sospechas fundadas o infundadas. Y continuaba el sabio: "Innumerables son aquellos que de baja estirpe nacidos, han subido a la suma dignidad de pontificia e imperatoria -ya sea también a un gobierno a un parlamento como este-, y desta verdad te pudiera traer tantos ejemplos, que te cansaran.

Mira, Sancho: si tomas por medio la virtud y te precias de hacer hechos virtuosos -es decir, si no los ocultas, los proclamas y los transparentas-, no hay para qué tener envidia a los que padres y agüelos tienen príncipes y señores, porque la sangre se hereda y la virtud se aquista -es decir, se adquiere-, y la virtud vale por sí sola lo que la sangre no vale.

[...]

Y procura descubrir la verdad por entre las promesas y dádivas del rico como por entre los sollozos e importunidades del pobre -porque las apariencias, me explico yo, no siempre se corresponden con las evidencias, y al revés-".

Y cierro comillas. Y cierro comillas porque a buen seguro que si continuara por este camino lo que les dijere, señorías, sería de mucho más provecho, gracia y utilidad que aquellas palabras que salgan de mi escaso entendimiento. Ya se lo advierto, como habrán advertido ustedes que las citas entrecomilladas corresponden a los consejos que el más valiente, famoso y ejemplar caballero andante de todos los tiempos le dio a su no menos formidable, afamado y sabio escudero, Sancho, apenas horas antes de que se fuese a administrar la ínsula de la que unos duques le habían hecho gobernador.

Hecho este introito, no puedo continuar y arrancar de verdad sin un corto pero intenso capítulo de agradecimientos. A la presidenta y a la Mesa de la Cámara, por haber considerado que traer al pleno el informe sobre la Transparencia era bueno para la difusión y crecimiento de tan noble, como incipiente, pequeña y endeble causa. A los trabajadores del Parlamento, y especialmente a los del Servicio de Personal, Biblioteca y Archivo, que nos acogen, por habernos acogido aquí en nuestro primer año entre sus menguantes despachos, en tiempos en los que dos grupos parlamentarios nuevos comprimían tanto los espacios como los recursos disponibles para el conjunto de las instituciones y órganos dependientes de la Cámara, y por el apoyo constante que dan al equipo del comisionado, sin el cual nuestro trabajo sería más mermado y menos efectivo. También quiero agradecer a todo mi gran equipo, del que disfruto cada día y que me soporta cada hora, pero lo pueden, diríamos, contemplar aquí, porque está al completo en el ala derecha de nuestra Cámara, de alguna manera abarrotando, como ustedes pueden ver, toda el área. También quiero agradecer a los proponentes y a los ponentes de la Ley de Transparencia y a todos los portavoces parlamentarios de la Comisión de Gobernación, de los que hemos anotado sus sugerencias y alientos. Y también a todos ustedes, diputados y diputadas del Parlamento de Canarias, que me eligieron hace un año con la encomienda de realizar una comisión o misión determinada.

Somos, soy y somos, los tres -y aquí nos presentamos-, como los ojos y oídos de esta Cámara, para el análisis, la supervisión, el control y la interpretación de la ley que se aprobó en diciembre de 2014, piedra angular del futuro edificio que se ha de ir construyendo los próximos años: el sistema de transparencia canario. Sistema que será la base de la rendición de cuentas, el soporte, a su vez, de otros bienes públicos de más valor, la eficiencia en la gestión de los servicios públicos, el progreso en todos los órdenes de nuestro pueblo, y el control y la participación democrática de los ciudadanos. Porque en estos tiempos de permanente postureo o apariencia se demanda lo contrario: una transparencia que desvele lo aparente e informe de lo real, sin velos, ni distracciones. Porque al contrario de la mujer del césar, no basta con parecer ser buenos y honrados, sino que hay que serlo, y hay que demostrarlo día a día con datos, y no con cualquier dato, sino con datos estructurados, que sean verdadero conocimiento.

Agradecimiento y reconocimiento al papel de encomienda de esta Cámara hace hoy el trío que conforma este comisionado.

Y retomo el hilo quijotesco, porque qué le toca a esta Cámara sino gobernar a los que gobiernan ínsulas, sino aconsejar y mandatar a los gobernadores de ellas. Ahora que se habla tanto del buen gobierno, del gobierno abierto, de la gobernanza buena o del buen entendimiento, necesario entre un sistema de partidos tan partido, bueno será volver, siquiera unos minutos, a las fuentes originarias de las buenas prácticas para la mejor administración de ínsulas como las nuestras, que se hallan en un libro que es germinal no solo de la novela universal sino de los más variados, ignotos y múltiples tesoros de las Españas continentales o archipielágicas. Cuatro venturosos siglos no han bastado para sacar de sí todo el rico jugo de enseñanzas y matices que don Miguel de Cervantes encerró por los millares de esquinas y recovecos de las más de mil páginas de su compendio de maravillas. Me place pues haber iniciado este parlamento con esos vestigios arqueológicos de la transparencia, arrancados de ese tratado de tratados, repertorio de las mil maneras de contar y seducir, y, a la postre, espejo de la mejor pedagogía de la vida, de aquella que persevera en proponer un ideal indesmayable ante todo mal percance o afrenta, aun cuando la realidad se empeñe en contradecirlo a todo trance. Porque la historia es, a la postre, el relato de locuras, ideales o perversas, que ha tiempo parecían imposibles. Y en los labios del Quijote también la transparencia tiene acomodo y enseñanza, ahora que se cumplen los cuatrocientos años de la muerte de quien le diera vida. Le honramos hoy tomando de los consejos a Sancho una recomendación que está en la base del buen gobierno de ínsulas o no ínsulas, porque no cabe una crítica racional a un Gobierno, cabildo y ayuntamiento si previamente no se define y publica un ideal de actuación concreto y realizable, no simplemente unas metas vagas. Precisamos, pues, unos objetivos medibles y unas medidas concretas que los acerquen, de forma que podamos contrastar con ese ideal la realidad que analizamos, argumenta el ensayista español Javier Gomá, autor de Ejemplaridad pública. Y para que ese proceso sea realizable, hemos de definir claramente el ideal posible, un programa de gobierno a cuatro, a diez o a veinte años. Porque es más cierto aquel aserto de que Roma no se hizo en un día, o de que Zamora no se ganó en una hora -como diría Sancho, el mejor refranero de la historia- que aquel otro tan famoso, también universal, como es el veni, vidi, vinci, de Julio César, con el que a veces, sometidos a la cortedad de las legislaturas, digamos, los servidores públicos acostumbran a trabajar y a medir sus esfuerzos.

Y aquí entramos ya en las conclusiones que corresponden a la harina y al costal del punto del día de los informes de hoy.

El informe que ustedes tienen disponible en la web del comisionado es el primero que se presenta en España ante un Parlamento, es así, nos ha tocado esta prerrogativa. Hasta ahora nadie en este país, a pesar de que hay seis o siete leyes autonómicas previas a la nuestra, nadie ha presentado hasta ahora su informe. Y por eso se ha realizado sin ningún precedente previo en el que mirarse, y, por lo tanto, es un ensayo general de lo que serán estos informes de evaluación cuando se haya consolidado una metodología con todos los operadores canarios y con el resto de órganos garantes del país con los que estamos trabajando.

La Ley de Transparencia es como una gran red de iluminación que incluye muchas farolas y que está llamada a poner luz sobre todo a lo que ocurre en las administraciones canarias, pero, puesta la red, preciso es encender todas y cada una de sus bombillas con la debida potencia en unos casos e ilustrar a los ciudadanos sobre sus nuevas capacidades para encender aquellos interruptores que deseen, porque es cierto que hemos puesto, hemos tendido, un tejido iluminador de las administraciones canarias, pero todavía hay muchas bombillas apagadas y todavía muchos ciudadanos no saben, no conocen la manera de encender, de preguntar, de acceder a su ayuntamiento, a su cabildo, al Gobierno o a cualquiera de los 389 sujetos obligados, entidades dependientes de las administraciones canarias.

El hecho de que, les decía, los ciudadanos lo hagan en tan escasa medida es porque ni conocen los caminos abiertos por la Ley de Transparencia ni atisban siquiera la gran contribución que pueden realizar a la mejor gobernanza y a la calidad democrática de nuestra región si preguntan y reclaman, es decir, si tienen comportamientos cívicos, comprometidos, con su tierra y su tiempo. Y eso es cuestión de medios, señorías, que en buena medida arbitran en esta Cámara, y de actitud y aptitud, que dependen de todas las administraciones canarias, entidades dependientes y sujetos obligados.

No podemos todavía comparar la evolución de la transparencia de Canarias en el año 2015 con el de otras comunidades autónomas porque, como les decía, ni a nivel estatal ni a nivel de regional se han presentado todavía informes semejantes al canario que hoy comentamos, y que ya les digo tienen ustedes completo en la página web de Transparencia de Canarias, que es la del comisionado que les habla.

Falta, diríamos, para poder comparar, falta una metodología común que nos permita establecer asertos con una cierta confianza, porque las establecidas -y que ustedes conocerán en alguna medida, sobre todo algunas como las de Transparencia Internacional- miden unos pocos parámetros internacionales, pero de ninguna manera, diríamos, analizan las casi más de 290 obligaciones que la ley canaria establece de publicidad activa para las administraciones canarias, mientras que, por ponerles un ejemplo, Transparencia Internacional apenas tiene 80 indicadores para medir el nivel de transparencia de las instituciones.

Son, por lo tanto, 88 ayuntamientos, 7 cabildos, un Gobierno y 2 universidades los principales sujetos obligados, pero luego son 389 nuevos sujetos obligados, dependientes de estas administraciones, los que estamos obligados desde el comisionado a supervisar por mandato de este Parlamento, así como a miles de entidades privadas, que o bien reciben ayudas, o bien reciben subvenciones, o bien hacen contratos con las administraciones públicas. Por lo tanto, para activar la ley en los próximos años se requiere, diríamos, un compromiso importante por parte no solamente de esta Cámara sino de las administraciones y a ese propósito nos encomendamos en los próximos meses y años.

Esperamos de todas formas estar a la altura de esta tarea que tenemos por delante, porque como diría Sancho: "Obras son amores y no buenas razones".

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor comisionado.

Vamos ahora con la intervención de los grupos, de menor a mayor, por tiempo de diez minutos. Empezamos por el Grupo Mixto. Señora Mendoza.

La señora MENDOZA RODRÍGUEZ: Gracias, presidenta.

Buenas tardes, señor comisionado; buenas tardes, señor consejero.

Todos debemos implicarnos en la regeneración democrática y en la recuperación de la confianza ciudadana en las instituciones públicas. Es vital, por tanto, que avancemos en pro de una mayor accesibilidad y transparencia.

Me atrevo a afirmar, en consecuencia, que tenemos ante nosotros un asunto de especial importancia, un hito para esta Cámara que sin duda cobrará cada vez más protagonismo a lo largo de los años. Hoy se trae a debate en sesión plenaria la presentación del primer informe del Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información de la Comunidad Autónoma de Canarias. Este camino comenzó a finales de la anterior legislatura cuando se hizo un esfuerzo legislativo considerable para atender esta demanda social. Fraguó entonces la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, y se eligió al señor Cerdán como el primer comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Apenas hemos echado a andar por lo que considero que será una larga senda a favor de la participación y la salud democrática; sin embargo, el informe que hoy se trae a esta Cámara marca las pautas de la evaluación que debemos seguir.

El formato del informe, como ya le dije en su día en comisión al señor Cerdán, nos parece muy didáctico pues explica las funciones y la normativa vigente para que el ciudadano tenga claro todo lo que necesita saber sobre la regulación de la transparencia y el acceso a la información en nuestras islas.

Teniendo en cuenta los recursos con los que cuentan, así como que el trabajo empezó a mitad del año pasado, debemos reconocer que este es un buen informe, que esperamos que se vaya puliendo según avance la implantación de la transparencia en Canarias, y tenemos que ser conscientes, además, de que para poder hacer un trabajo más completo es necesario contar con más recursos humanos y materiales, además de con una sede propia. En consecuencia confiamos en que los próximos presupuestos tengan en cuenta la necesidad de ajustar al equipo el volumen de trabajo que ya es grande y que es deseable que vaya creciendo. Sirvan como ejemplo de ese gran trabajo al que aludo las más de 12 500 solicitudes de información de ciudadanos que el Gobierno pasó a destiempo al comisionado en marzo de este año, a pesar de que era información de 2015 que tendría que haber sido recogida en el informe que hoy debatimos.

No podemos permitir que la ingente cantidad de documentación que se debe añadir al informe haga inviable su confección. Abogamos, por tanto, por mejorar las dotaciones y tener presente en todo momento que en Canarias tenemos 389 sujetos públicos obligados a adaptarse a la Ley de Transparencia, por no hablar de los sujetos privados que obtengan financiación pública y que, consecuentemente, también están obligados... Pero nos encontramos aún en una fase de adaptación a la ley, tenemos tiempo para corregir y no consideramos conveniente descargar en un grupo reducido de trabajadores de nuestro archipiélago la gran responsabilidad que supone la transparencia y el acceso a la información pública. Dicho esto, señorías, conviene que nos concentremos en los datos recogidos por este primer informe, aunque lo cierto es que no tenemos cifras muy significativas.

En todo 2015 solo hay 328 peticiones de acceso a la información que sin duda equivalen a una mínima fracción de la necesidad real. Esperamos que en los próximos ejercicios sea posible tener unas cifras más cercanas a lo que en verdad sucede en la sociedad canaria. Confiamos en que las administraciones públicas sean cada vez más conscientes de que deben entregar estas peticiones así como que los ciudadanos conozcan cada vez más la actuación pública y, por tanto, se materialice el derecho de acceso a la información.

Señorías, el papel del Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública debe darse a conocer a la ciudadanía para que adquiera la trascendencia que realmente le corresponde.

Recordará el comisionado que desde ASG incluso le sugerimos que su oficina debería tener delegaciones territoriales, pues, aunque sabemos que los recursos disponibles hoy lo hacen imposible, entendemos que este despliegue sería lo ideal y lo deseable. La inmediatez y la accesibilidad que debe tener el servicio se ven limitadas con un único centro físico. No obstante, también es necesario tener en cuenta que el número de portales web destinados a la transparencia se incrementa día a día de forma que es posible concluir que en pocos años todos los sujetos públicos cumplirán con lo dispuesto en la ley. Y tengamos en cuenta, además, que muchas corporaciones locales tienen un presupuesto limitado, de ahí que haya que darles el tiempo suficiente para que vayan cumpliendo con las obligaciones que impone la norma.

Es innegable la exhaustiva labor de fiscalización de la transparencia que ha realizado la oficina, desde la que no solo se han recogido sino también analizado los datos presentes por las diferentes administraciones canarias en cuanto a solicitudes de información. Así es posible desglosar que se han registrado algunas deficiencias en el funcionamiento de las consejerías del Gobierno que esperamos que se corrijan, además de que se amplíe la información y se ajuste a los tiempos pues, como dije, solo se pudieron recoger 90 solicitudes de información y miles fueron presentadas fuera de plazo.

Detalla el informe, además, que los cabildos todavía están en fase de adaptación tanto de los portales web como de solicitudes de información presentadas. Solo se han registrado 15, pero, si se sigue la tendencia del Gobierno, también se convertirán en miles en los próximos años. Poco a poco los ayuntamientos también se van adaptando a la legislación, pero el número de solicitudes es todavía muy inferior al esperado. Hay muchas asignaturas pendientes y todas las administraciones deben de mejorar su compromiso con la tarea de la transparencia.

En el capítulo de reclamaciones se han registrado 18, a las que se ha dado, eso sí, un tratamiento muy exhaustivo explicando qué actuaciones se realizaron en cada una de ellas. Estamos seguros de que el número aumentará cuando se publicite, como debe, la función de la oficina de transferencia. El informe detalla asimismo las reuniones que ha habido con las distintas administraciones. Creemos que los encuentros y la colaboración con la Fecai y la Fecam deben ser fluidos, pues pueden facilitar y mejorar los servicios que se prestan.

Debo apuntar, sin embargo, que desde mi grupo político no entendemos ni el revuelo ni la negación a que se puedan afrontar cambios legislativos en la regulación de transparencia y acceso a la información. Sabemos que los cambios propuestos son fruto del consenso y del gran trabajo realizado en esta legislatura anterior, pero quién mejor que usted, el propio comisionado que trabaja todos los días con esta norma, para indicar las reformas que deben realizarse a fin de mejorar la gestión.

En esta Cámara representamos al poder legislativo, y la mejora de una norma debe entenderse, por tanto, como la mejor oportunidad para realizar nuestro trabajo. La Ley 12/2014, de 26 de diciembre, no está escrita en piedra y todavía está dando sus primeros pasos. Aprovechemos el estudio detallado y solvente que se nos ha facilitado para mejorar, estudiemos al menos esta posibilidad, debatámosla y lleguemos a las conclusiones que nos permitan concretar lo que debemos hacer y cómo afrontar esta reforma legislativa.

Termino dando las gracias al señor Cerdán y a los trabajadores de su oficina por traer este primer informe de Transparencia de Canarias a este Parlamento. Esperamos ser testigos de la evolución que se requiere para los próximos años.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Mendoza.

Continuamos con otro grupo. Por Nueva Canarias, señora González.

La señora GONZÁLEZ GONZÁLEZ (doña María Esther): Gracias, presidenta. Señor Cerdán, buenos días.

Tal y como ya comentamos en la comisión, nosotros hemos considerado este informe como una aproximación al contenido definitivo de lo que será el informe anual una vez consolidada la aplicación de la Ley 12/2014, y, además, efectuada la plena aplicación de esta ley por los sujetos obligados. Pero, al margen de este tema o de este inciso, la transparencia no va a ser real hasta que los ciudadanos no puedan tener acceso a la información, acceso de forma clara, de forma completa, de forma correcta y de forma rápida, y esto en la actualidad no ocurre. Y no ocurre por varias razones. La primera de esta razones es porque no existe la cultura de transparencia, no existen los ciudadanos, a los que, como ya también usted dijo en la comisión, nos criaron en la idea de que no se puede preguntar porque es de mala educación, pero tampoco existe esa educación o esa cultura en las administraciones, que son de la teoría de que la información es de quien la tiene, de quien la custodia, y no están concienciados de que la información es pública; y esto entendemos que indudablemente tiene cambiar.

Hay que concienciar a los ciudadanos de la necesidad de cambiar la idea de que los derechos están pero no existe la obligación de ejercerlos, porque los ciudadanos tenemos que ser partícipes, tenemos que implicarnos, tenemos que ser actores y no ser meramente espectadores; en definitiva, los derechos hay que ejercerlos, no vale con que dejemos todo en manos de unos pocos y cuando las cosas no funcionen o vayan mal nos echemos las manos a la cabeza. Y también hay que concienciar a los dirigentes políticos, y a los trabajadores públicos en general, de que deben cambiar la idea de que las administraciones están para hacer cumplir la ley, porque esto ni es ni ha sido nunca así. Las administraciones están para cumplir y para hacer cumplir la ley, para las dos cosas. Y para crear esta cultura lo primero que hay que hacer, entendemos, es una adecuada política de divulgación; hay que informar a los ciudadanos de cuáles son sus derechos y de qué pasos deben adoptar para poder ejercerlos; y, además, complementariamente, para que los niños de hoy no crezcan con la misma idea con la que crecimos los que ya no somos tan niños, me refiero al "no se puede preguntar porque es de mala educación", también hay que incluir como objetivo en las políticas educativas el imprimir en el ADN de estos niños que las personas, los niños, la gente tiene que reivindicar sus derechos, que hay que preguntar, que hay que informarse, en definitiva, que el saber no ocupa lugar.

En comisión usted manifestó su acuerdo con esta necesidad de divulgación pero dijo que esta misión corresponde a cada uno de los entes públicos, es decir, a los 389 incluidos en su informe; pero permítame que yo difiera de esta opinión. Entiendo que dejar este tema en manos de muchos y al libre albedrío de cada uno de ellos es una garantía de fracaso. Desde Nueva Canarias entendemos que es mucho más eficaz, y posiblemente mucho más barato, que la divulgación en materia de transparencia, la divulgación sobre los derechos de los ciudadanos, sobre las obligaciones de las administraciones, sobre a qué información se puede acceder, sobre cómo se puede acceder o sobre lo que hay que hacer en caso de no poder acceder, debe ser encomendada a un solo organismo o a unos pocos de forma colegiada. Nosotros proponemos que se le encomiende al Comisionado de Transparencia, obviamente desde que se le dote económicamente para poderla llevar a cabo; o también, en otro caso, pues que se le encomiende, conjunta y coordinadamente, al Comisionado de Transparencia y al Diputado del Común. En cualquiera de los casos, la necesidad de transparencia ha existido siempre, la exigencia de transparencia es la que ha venido motivada por el descontento ciudadano generalizado.

Hay que reconocer que si algo positivo tuvo la crisis del 2008 ha sido que los recortes sociales y los numerosos casos de corrupción motivaron la desconfianza en las instituciones públicas y despertaron de alguna manera, el interés de los ciudadanos en participar en la gestión de los asuntos públicos y en conocer en qué se gastan los gobiernos nuestro dinero, el dinero de nuestros impuestos.

La transparencia, además, entendemos que, aparte de la falta de cultura, tiene otro gran desafío y es encontrar el equilibrio entre lo que debe ser informado y lo que puede ser informado, y no vale la pena hacerlo porque no es relevante. Porque también hay que crear la cultura de que las cosas cuestan dinero, que los servicios que presta la Administración no son gratis, y, dado que los recursos son limitados, todo lo que de estos recursos se utilice para este fin, por ejemplo, se está dejando de utilizar en otra cosa, en otras necesidades que también tienen los ciudadanos o que tenemos los ciudadanos, y me refiero a necesidades sanitarias, educativas, en dependencia; a prestaciones de inserción, en políticas activas de empleo o en vivienda, por poner ejemplos. Por lo que, además, llevar la transparencia más allá de lo que es relevante, significa dejar de llevar a cabo actuaciones que sí son relevantes.

Ahora, una vez dicho esto, también quiero decir que los recursos que al final se decidan a utilizar sí deben dar sus frutos, deben servir para algo. Y digo esto porque simplemente la transparencia no es solo colgar información o entregar un montón de papeles. Transparencia es informar, transparencia es transmitir, y para eso la información, tal como dije antes, debe ser clara, completa, correcta, estructurada y entendible por los interesados, debe ser tratable y debe ser de fácil acceso. Y para ello desde Nueva Canarias entendemos que hay muchas cosas que corregir. Algunas en la propia ley y muchas en las herramientas de transparencia. Como ya le comenté en la comisión, en la ley, por ejemplo, la cuestión del silencio administrativo negativo, que entendemos que es completamente incompatible con el principio de publicidad y con la obligación de motivar la denegación de información. Además, que el régimen disciplinario sea de muy difícil implementación, porque, tal como usted dijo, pues, no vemos, ni usted ni yo tampoco, al señor presidente del Gobierno sancionándose a sí mismo o sancionando a un consejero por no cumplir con la Ley de Transparencia, y lo mismo de un alcalde con respecto a sus concejales. Además, la necesidad de eliminar de la ley muchos términos genéricos y conceptos indeterminados; que se determine también en la ley los plazos de publicación, los plazos durante los cuales hay que mantener la información publicada, las fechas de actualización y los requisitos de la misma; y, por último, como también le dije en la comisión, el extraño enredo en el que se mete la ley respecto a los contratos menores, la ley canaria que es mucho más limitativa, incluso, que la ley estatal, en la que solo se exige la publicación del montante total o del importe total de los contratos en número y en cantidad, en euros, y, además, el porcentaje que representan los contratos menores respecto al resto de la contratación.

Con respecto a la publicidad activa, desde Nueva Canarias entendemos que también hay muchas cosas que corregir, y la primera es que la información que aparece en los portales de transparencia debe ser entendible, y reitero el ejemplo que ya he dicho muchas veces de la información presupuestaria, que solo permite su comprensión a una minoría de expertos. La información presupuestaria es difícil, y es necesario, es preciso, simplificarla y ponerla al alcance de la mayoría para que la ciudadanía sepa cuánto se gasta o en qué se invierte su dinero, cuánto se gasta en Sanidad, en educación, en asuntos sociales, en carreteras, en personal, sin que tengan para ello que resolver un auténtico jeroglífico. Además debe ser tratable y debe ser veraz, cosa que en estos momentos en muchos casos no ocurre.

Para finalizar, y teniendo en cuenta, como le dije al principio, que este informe lo hemos tratado como una aproximación al contenido definitivo de lo que será el informe a partir del año que viene, usted dice, en cualquier caso, en este informe, que para que el comisionado pueda desarrollar todas sus competencias y su responsabilidad, pues, no cuenta con recursos suficientes. A mí lo que sí que me gustaría es que nos valorara qué cantidad de recursos humanos, medios materiales y medios personales son los que su oficina entiende necesarios para poder cumplir en su totalidad con las funciones que el artículo 63 de la ley les pide. Y en cualquiera de los casos, con los datos que también pone en el informe respecto al poco cumplimiento de la ley por parte de los ayuntamientos, de los cabildos o de las empresas públicas y el resto de entes públicos, me gustaría que me corroborara o que me confirmara si tiene la misma idea que tenemos desde Nueva Canarias de que una parte del tema es por la falta de formación del personal y la otra, al igual que le ocurre a usted, por la falta de recursos y de medios materiales y personales para poder llevarla a cabo.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora González.

Continuamos, por el Grupo Podemos, señora Monzón.

La señora MONZÓN NAVARRO: Buenos días, a todas y a todos.

El principio de transparencia es un principio esencial en lo que debe ser el modelo de relación de los ciudadanos con las distintas administraciones y debe ser defendido, estaría englobado en lo que llamamos el gobierno abierto, donde debe garantizarse una verdadera transparencia, participación y colaboración ciudadana.

Deberíamos hacer una reflexión si con las distintas leyes realmente hay obligaciones de las administraciones y hay derechos de los ciudadanos, y esto lo decimos a colación de la escasa rendición de cuentas de los gobiernos y de que la transparencia no está en la práctica operativa, aunque sí en la declarativa de las distintas administraciones.

Las reflexiones que realiza usted en su informe sobre la presentación de esa tradición cultural que sintetiza en dos enunciados, que viene a decir la pregunta de que preguntar está mal visto, y que los datos, o sea la información, es de quien la tiene y no de todo el mundo, son algo que aún en nuestros días podemos palpar, no solo en el acceso a la información de los ciudadanos sino también en la información dentro de la propia administración, una información que cuesta compartir entre los distintos departamentos, entre los distintos organismos y ya no le digo entre distintas administraciones, y esto no es solo causa de falta de medios, es verdad que las políticas austericidas han ocasionado el adelgazamiento de las estructuras públicas, que son garantes de los servicios a la población, y no se defienden los servicios públicos, y eso merma la capacidad y la calidad con la que se prestan los servicios, también en materia de transparencia. Las tasas de reposición atacan la neutralidad que salvaguarda a los empleados públicos y que ocasiona encomiendas de gestión o desviación de servicios hacia una gestión que no es transparente, como usted indica también en su informe. Son estas empresas las menos transparentes y las más incumplidoras de la ley.

La soberanía de los datos que manejan debe de caer en los ciudadanos y nuestros servicios públicos son la mayor fábrica de igualdad y equidad, o al menos deberían serlo. Hace falta voluntad política.

Esta tradición que cuesta erradicar y que en la propia ley, tal como está, impide exigir su cumplimiento a las distintas administraciones, o al menos lo dificulta. Usted nombra la corrupción, y asevera que es la que conduce a la demanda de una legislación transparente, una corrupción que no es la suma de hechos aislados, a la que hay que sumarle, además, el mal gobierno, donde se desvirtúan muchas veces las normas con vericuetos para favorecer a unos pocos, como, por ejemplo, lo que ha sucedido con algunas contrataciones públicas. Las desigualdades, donde unos pocos cada vez tienen más y muchos cada vez tienen menos, crean también las exigencias del reparto de lo que es de todos y de todas y de que lo público sea más transparente. Es una obligación refortalecer la democracia y la exigencia de la rendición de cuentas y la transparencia es el pilar angular de cualquier Estado democrático y de derecho. Lo que no se ve o no se sabe no existe.

La transparencia es más que conocer los salarios, los coches oficiales. La transparencia debe ser clara y sencilla, y esta publicidad activa de la información debe ser realmente fácil de acceder para cualquier ciudadano, tiene que estar disponible, además, con alto detalle, sujeta a calendarios, donde se pueda ejercer control y acceso real de los ciudadanos, las organizaciones sociales y donde la información sea mayor que la que pueda dar la prensa o los propios gabinetes de las distintas administraciones. La transparencia es el derecho también al acceso a la información, porque es una información generada con el dinero de todos y de todas, pero para que esta información esté disponible y sea real debe tener tres premisas, ya he dicho ser accesible, y también ser interoperable y reutilizable. Para poder analizar la información, los formatos deben ser reutilizables y aprovechables para monitorizar las actividades de los sujetos que manejan el dinero público, la ley indica la forma preferente pero en la realidad es que nos encontramos muchos PDF, que a veces impiden tan siquiera copiar y pegar la información que está en esos PDF, cuando entendemos que deben ser archivos con formatos abiertos, preferentemente hojas de cálculo con formatos estándar y ficheros conectados y no inconexos, que hacen que tengamos que descargar ficheros y que en ese momento dejen de estar actualizados.

La transparencia, además, debe permitir que el derecho a la información sea efectivo, el hecho de que el silencio sea negativo, que se tenga un mes para contestar o dos para la información más compleja y que si no se contesta se entienda que no hay derecho nos parece lamentable, entendemos que el silencio debe ser positivo y si no se contesta que se entienda que se tiene el derecho a la información. En dos meses es tiempo más que suficiente para que al menos el derecho esté claro. El abuso de este silencio, como hemos visto en las reclamaciones de su informe que se han interpuesto ante el Comisionado de Transparencia, es claro; de las 18 reclamaciones, 10 se habían resuelto con silencio administrativo, esa práctica de no hacer resoluciones expresas crea indefensión ante aquellos que quieren solicitar esa información y que obligan a dirigirse a la vía jurisdiccional.

El control del cumplimiento, como queda demostrado en este informe, es casi imposible, un régimen sancionador debe ser mucho más contundente, los incumplimientos no van más allá de la crítica que se pueda hacer, pero no tienen consecuencias efectivas ni eficaces. Ante las vulneraciones del derecho al acceso de la información necesitamos sistemas que garanticen que se cumpla.

En este informe, además, se analiza la cuantificación del incumplimiento de las distintas administraciones, las que tienen una mayor obligación de transparencia y el resto de sujetos, algunas grandes incumplidoras, como las empresas mercantiles, pero no se controla la calidad de la información que se da, por lo que el nivel de cumplimiento no es solo contestar, sino que la respuesta sea la adecuada con los niveles máximos exigidos y que no quede como un mero trámite para aparecer en las encuestas como cumplidoras. Esto, como dicen algunas organizaciones que luchan por la transparencia, se convierte en la tramparencia.

El acceso a la información es un derecho fundamental, reconocido por la jurisprudencia internacional, como usted comentaba, que se engloba dentro de la libertad de expresión, pero en este país no se reconoce, es más, se frena, no solo porque el derecho de la protección de datos sino por lo que recogen las propias leyes estatal y canaria sobre la información auxiliar, las notas, la reelaboración previa, etcétera.

Los sistemas deben estar preparados, así como las normas que puedan existir sobre el régimen de publicidad específico de algunos temas que dejan la Ley de Transparencia como supletoria. Todo ello desalienta la solicitud de información y, es más, todo aquello que no se transparenta, pues, al final, la sensación es que es sospechoso.

Entrando un poco más en el informe, como usted comentaba, no hay una metodología de evaluación común en todas las comunidades autónomas. Al final, en las reuniones que usted ha mantenido con los distintos responsables de las otras comunidades autónomas y el Aeval lo que se pretende es mejorar y aprender a compartir experiencias y medios comunes que favorezcan precisamente la eficacia de la transparencia.

Según el informe que usted presenta de 2015, se han solicitado 94 solicitudes de información al Gobierno de Canarias, 15 a los cabildos insulares, y 219 son del bloque municipal. Realmente son pocas solicitudes, es verdad que la puesta en marcha de esta ley, siendo efectiva incluso, ha sido diferente en las distintas administraciones, la más tardía en el cabildo, y estamos sujetos a datos de muy pocos meses. Esperemos que para el próximo informe esto haya cambiado y realmente hayan muchas más solicitudes de información.

Hay una queja desde su departamento sobre los medios personales y materiales que tiene el comisionado, ya han dicho que es un problema que compartimos pero que está generalizado en todas las administraciones a todos los servicios que hacen el Gobierno y las demás administraciones.

Pero sí es verdad, y ya lo comentamos en la comisión, que no compartíamos y éramos algo críticos con las formas en cómo se ha estructurado el comisionado, en cómo se han tratado los medios necesarios para ser eficaces, porque entendemos que la RPT no se puede hacer en función de los perfiles de las personas que tenemos sino que debemos saber primero cuáles son las necesidades y en función de esas necesidades establecer los perfiles necesarios para que se puedan realizar.

En estos momentos de situación difícil para poder suplir los puestos de trabajo sabemos que para cubrir unos puestos de unos organismos debemos eliminar otros puestos de trabajo y eso al final es un problema.

Usted hace una valoración, además, de las fichas enviadas a las distintas administraciones en un cumplimiento a la hora de remitirlas, lo que denota la falta de voluntad política total que hay en las administraciones públicas. No hay compromiso en materia de transparencia y esto entendemos que es algo inadmisible.

Siendo reciente en dar la información de estos 96 sujetos obligados, usted nos dice en el informe que solo respondieron 37, siendo los ayuntamientos, además, los más incumplidores.

Nosotros, ante todo esto, señor comisionado, queremos ofrecer la voluntad de que realmente haya una transparencia. En nuestro grupo parlamentario va a tener el apoyo total de que realmente podamos conseguir que nuestras administraciones sean transparentes, no solo las administraciones públicas sino también todos los sujetos que la ley recoge que están obligados, todos aquellos que tienen contratos públicos con la administración, todos aquellos que manejan dinero público en la administración. Tenemos que darle valor, precisamente, a la transparencia que es el garante de evitar la corruptela y la corrupción y también evitar que haya un mal gobierno por parte de todos los responsables en llevar las gestiones.

Animamos a este comisionado para trabajar en garantizar ese derecho de acceso a la información y la publicidad activa con calidad y con rigor. Ya decíamos que esperamos que los datos del 2017 sean mucho mejores y que el verdadero valor de la transparencia esté en poder hacer sin testigos todo aquello que seríamos capaces de hacer ante todo el mundo.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Monzón.

Continuamos con el Grupo Popular, señor Moreno.

El señor MORENO BRAVO: Muchas gracias, señora presidenta. Señorías. Señor comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública, don Daniel Cerdán, bienvenido a este pleno.

Agradecer la cita que nos ha traído aquí a la Cámara. Yo siempre..., y conocía los consejos que el caballero de la triste figura le daba a Sancho cuando iba a gobernar la ínsula de Barataria, porque en todos esos consejos, en todas esas recomendaciones, subyace la mejor teoría, la más completa teoría de los principios generales del Derecho, y, en concreto, incluso, aquellos principios aplicables a la justicia penal de la que yo he mamado profesionalmente durante años. Y me alegra que a través de esa cita se pueda ver que ya el propio Alonso Quijano, el hidalgo, veía que una de las mejores maneras de gobernar era a través de la propia transparencia, es decir, que al final no somos tan novedosos, todo está escrito, todo está dicho y todo está hecho.

Lo felicito, no quiero ser o quiero dejar a un lado cierta acidez que pudo manifestarse en la Comisión de Gobernación, Justicia e Igualdad cuando se analizó por parte del Grupo Parlamentario Popular y por parte de este portavoz el informe en dicha comisión. Lo felicito porque es usted el primer comisionado de Transparencia que acude a una cámara y lleva a cabo la evacuación del correspondiente informe de su gestión. Por tanto, imagino que lo que usted hoy ha dicho aquí, lo que usted hoy ha plasmado a través de su informe de abril del 2016 va a ser objeto seguramente de inspiración y de copia por parte de los demás comisionados o entes encargados de la transparencia y de acceso a la información pública en el resto de España.

Lo que sí es verdad, lo que sí quiero decirle es que tal vez es un informe que no nos ofrece más que una mera aproximación de lo que debemos entender por la transparencia y acceso a la información pública en Canarias, pues no trata más que seis meses, ni siquiera el año natural completo del 2016, así que deberíamos esperar a futuros informes para poder visualizar una correcta situación real de la transparencia en Canarias, pero ante todo, felicidades.

De dicha comparecencia, de la que usted realizó en la Comisión de Gobernación y de la que usted estaba realizando hasta este pleno, puedo extraer o pude extraer, a lo mejor prematuramente, una especial voluntad del comisionado -creo que equivocada, se lo digo con todo respeto- de interesar modificaciones legislativas a la Ley canaria de Transparencia, una ley tan reciente como la que aprobamos en este Parlamento, que al parecer de mi grupo parlamentario era un error aunque ello no signifique la necesidad de que tengamos que hacer, a raíz de sus propuestas, algún que otro desarrollo reglamentario. Pero ya ahondaré sobre el particular más adelante.

Ahora quiero detenerme en la conclusión principal que yo extraigo de este informe del Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias, y es el incumplimiento, más que flagrante, en materia de transparencia por parte de la mayoría de las administraciones públicas, y en especial por parte del Gobierno de Canarias, o voy a rectificar, en especial por parte de algunas de las consejerías del Gobierno de Canarias.

Resulta desolador leer que la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias remite, con fecha 30 de marzo del 2016, es decir a escasos días de haber finalizado usted el informe, -días después lo finaliza, lo presenta en registro en abril de 2016, si no me equivoco-, un volumen muy significativo, por no decir ingente, de informaciones relativas a tres cuestiones básicas de esta comunidad autónoma: servicios sociales, dependencia e incapacidad. Y yo me pregunto: ¿esta es la manera de creer en la transparencia por parte del Gobierno de Canarias o -rectifico- por parte de algunas consejerías del Gobierno de Canarias?

Se tramitaban las solicitudes o se referían a las solicitudes sobre servicios sociales, dependencia e incapacidad, y nos advertía usted que se habían hecho sin seguir el procedimiento legal previsto en la Ley canaria de Transparencia, y encima, además, nos decía usted que, dada la tardanza en llegar esa información, no iba a poder realizar un control específico sobre dichas solicitudes, ni más ni menos, nada más y nada menos, que 12 503 solicitudes. Auténticamente increíble.

Pues la verdad, señor Cerdán, no es culpa suya pero a mí no me extraña. La mayoría de ellas viene de consejerías de la Administración autonómica en manos del Partido Socialista Obrero Español.

Usted no ha podido efectuar un control específico, pero los ciudadanos y los miembros de esta Cámara tampoco hemos podido efectuar dicho control. Esa es la manera de entender la transparencia por el Gobierno de Canarias o, al menos, por algunos de los miembros del Gobierno de Canarias.

Pero, fíjese señor consejero, todo esto responde a la normalidad política. El Partido Popular siempre creyó en la transparencia, y esa es la razón por la que aprobó y apoyó la Ley canaria de Transparencia, y esa es la razón por la que apoyó y aprobó la primera Ley nacional de Transparencia en la Cortes Generales, donde obviamente el Partido Socialista Obrero Español votó en contra.

En cambio, lo que hace el Gobierno de Canarias o algunas de las consejerías del Gobierno de Canarias -vuelvo a repetir, y qué casualidad, en manos del Partido Socialista Obrero Español- no es más que una forma de entender la transparencia, no es más que una forma de ver las cosas, que no comparte el Partido Popular, que defendió siempre cualquier norma que supusiera un avance en el camino a la transparencia y en el acceso a la información pública.

Nos decía usted en su informe que la práctica administrativa desplegada por el Gobierno de Canarias de no tramitar estas 12 503 solicitudes conforme a la Ley 12/2014, estas solicitudes de acceso a la información pública por la Administración autonómica, constituía -y lo dice usted- una merma de los derechos de reclamación ante el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de los solicitantes.

Señorías, la transparencia representa una nueva forma de gobernar, con obligaciones tasadas que son exigibles a todos sin excepción, y sin distinción, pero eso parece que no se aplica o no se entiende en el Gobierno de Canarias o -vuelvo a reiterar- en parte de las consejerías del Gobierno de Canarias.

La transparencia aporta salud e higiene a nuestro sistema democrático, pero la verdad es que la transparencia exige fundamentalmente una voluntad y una actitud nueva y alerta de la gestión de los asuntos públicos. Ese es el verdadero desafío de la transparencia, pero algunos parece que no han entendido nada.

No quiero finalizar, señor Cerdán, sin reiterar los argumentos que expuse, parte de los argumentos que expuse en la Comisión de Gobernación. La leyes, por supuesto, que no son inmutables, pero de ahí a que a seis meses de lo que es la práctica o puesta en práctica de esta ley o su examen en las administraciones..., me parece correr mucho en lo que sería una reforma, se ve poco prudente por parte de mi grupo parlamentario. Y no es prudente porque, tal vez, se traslada a la ciudadanía, y se ha trasladado, ya he oído las intervenciones de otros grupos parlamentarios y las que me quedarán después por oír, se traslada a la ciudadanía que los mecanismos que tenemos en esta ley pueden ser inservibles. Y no creo que eso sea verdad. Seguro que serán necesarios desarrollos reglamentarios, seguro, no lo pongo en duda, para ajustar desfases. Pero no pretendamos hacer tabula rasa a lo que ya se ha construido en este Parlamento, en esta comunidad autónoma.

Desde el PP no deseamos más polémica sobre este particular, es cierto, señor comisionado, pero lo que no se puede admitir, después de oír ciertas intervenciones, es que incluso se quiera invertir la aplicación del derecho sancionatorio administrativo.

Y lo que sí le interesamos, de cara al futuro, es mucha mucha pedagogía con todos y cada uno de los obligados, en especial al formular las recomendaciones precisas de cumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley, relativas al derecho de acceso y a la transparencia. No podemos ser testigos de incumplimientos que se despachan ante los medios de comunicación y afean a los que solicitan las peticiones de información.

Y a ver cuándo se empiezan, de verdad, a poner las pilas los cabildos incumplidores, como usted refleja en su informe, que no contestan cuando usted les ha solicitado información sobre los portales de transparencia.

En fin, señor Cerdán, el camino acaba de empezar, y seguro que cada vez iremos a mejor. Y por ello su figura se hace, por supuesto, más que necesaria.

Nada más y muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Moreno.

Continuamos. Por el Grupo Socialista, señor Matos.

El señor MATOS EXPÓSITO: Señorías, buenas tardes ya, a todos y a todas.

Dice un proverbio español que la honradez es un vestido transparente. Y al mismo tiempo hay que recordar un dato que me parece significativo para empezar a hacer una valoración sobre el informe que hoy se nos ha presentado aquí. Tengo que empezar por agradecer la presencia del comisionado y el trabajo que se ha realizado hasta ahora. Y es un dato que nos pone frente a una de las mayores preocupaciones que tienen los ciudadanos de este país. El último informe del CIS, de febrero del año 2016, establece que la corrupción política en España es la segunda preocupación de los ciudadanos, solamente superada por el desempleo, por encima de muchas otras preocupaciones, la corrupción política.

Por lo tanto, hablar de transparencia es hablar probablemente de las herramientas, de los elementos que puede utilizar justamente la política, las administraciones, para hacer que los ciudadanos recobren la confianza en sus políticos, en sus gestores públicos.

Miren, hay que partir de otro dato: hasta el año 2013 España era el único país de la Unión Europea que no tenía ley de transparencia, es decir, hasta hace escasamente tres años. Y Transparencia Internacional, aunque en la comisión algunos ya decían que los informes de Transparencia Internacional podían estar algo desfasados en relación con las herramientas que utiliza para evaluar el grado de transparencia de las administraciones, pero en el año 2013, cuando todavía no había regulación en España, ni siquiera la autonómica, España estaba entre los países europeos en el puesto número 19 en la percepción de corrupción, solo nos superaban países con los que desde luego no aspiramos a compararnos.

Un reciente estudio de la Universidad Rey Juan Carlos ha realizado probablemente uno de los primeros estudios en evaluar la adaptación de los ayuntamientos españoles a la ley estatal, a la Ley 19/2013. El primer ayuntamiento que aparece en ese ranquin es el Ayuntamiento de Sevilla, el segundo el de Santander, el tercero el de Madrid y el cuarto el de Alcobendas. Para encontrar el primer ayuntamiento canario en este estudio de la Universidad Rey Juan Carlos nos tenemos que ir al puesto 17, es el Ayuntamiento de Arona, en el puesto 67 Las Palmas de Gran Canaria, en el puesto 80 Santa Cruz de Tenerife, o en el puesto 86 Arrecife. Esta es un poco la realidad de la que es bueno que partamos para saber cuál es la situación de partida cuando hablamos de transparencia y cómo es la percepción que tienen los ciudadanos de lo que pasa en la gestión pública de sus asuntos.

Del informe del comisionado hay algunas cosas que a mí personalmente me resultan significativas. Ya lo dijimos en la comisión y las repetimos hoy. De 96 administraciones a las que se les solicitó información para evaluar cuál había sido el grado de cumplimiento de la Ley de 26 de diciembre de 2014, solo respondieron 37. Es decir, hay un 38,54 %, exclusivamente, de administraciones que respondieron al requerimiento del comisionado. Esto, señorías, es inaceptable.

Podemos entender que los ciudadanos todavía estén en un proceso de asimilación de lo que es la transparencia, de la cultura de la transparencia. Pero que las administraciones no sean ni siquiera capaces de contestarle al comisionado, que solamente hayan respondido 37...; y hay tres cabildos que no le respondieron -no respondió el Cabildo de La Gomera, no respondió el Cabildo de Fuerteventura y no respondió el Cabildo de El Hierro-; y 56 ayuntamientos, algunos muy importantes como el de Telde o el de La Laguna. Esta es la realidad de la cultura, que no podemos pedirle a los ciudadanos que la asuman cuando no somos capaces ni siquiera de asumirla en las propias administraciones.

Llama la atención también cuáles son los asuntos que los ciudadanos consultan en el portal de transparencia del Gobierno de Canarias. Yo quiero en este caso, además, felicitar al Gobierno de Canarias, al consejero. Ha sido una ley de la anterior legislatura, una ley impulsada por un consejero socialista y una ley desarrollada por otro consejero socialista, y esta es la primera comparecencia de un comisionado en un parlamento autonómico, y se ha hecho gracias al socaire de una ley que ha sido impulsada estrictamente por los socialistas, por eso yo pido un poco de respeto también para el Partido Socialista en este asunto, no damos lecciones de transparencia, pero tampoco aceptemos que nos las den, y menos quienes entienden la transparencia de un modo extraño, por ejemplo, rompiendo los ordenadores propios para que no sean visualizadas sus contabilidades, ¿no? Otros partidos predicamos con el ejemplo y nuestras cuentas están auditadas por Transparencia Internacional. No damos lecciones, pero tampoco pedimos que nos las den.

Pero es curioso que de la información que solicitan, de la que han solicitado, a la que han accedido los ciudadanos, todas tienen que ver, o la mayor parte tienen que ver con altos cargos, con las retribuciones de los altos cargos, con el currículum de los altos cargos, con los cargos de confianza, con las declaraciones de bienes de altos cargos. Esto parece ser que es lo que más les interesa a los ciudadanos que han entrado. Por cierto, el número de visitas es todavía susceptiblemente mejorable, es verdad que los datos que se manejan son solamente los que se han podido disponer a partir de la entrada en vigor del nuevo portal, es decir, que no es todo el año 2016, pero es verdad que son datos suficientemente mejorables.

Me preocupa también mucho -insisto-, quiero felicitar una vez más al Gobierno de Canarias, a la consejería, por la puesta en marcha de este portal de transparencia, que me parece fresco, ágil, accesible a los ciudadanos, pero señorías, hay tres cabildos que no tienen portal de transparencia, el Cabildo de La Gomera, el Cabildo de El Hierro o el Cabildo de Lanzarote, y muchísimos ayuntamientos que tampoco lo tienen. Y estos son datos, en mi opinión, señorías, que habría que tenerlos en cuenta y que son muy significativos. De los 88 ayuntamientos solo 70 tienen portal de transparencia.

Hay datos también que son significativos en el informe: de las 219 solicitudes de información a las corporaciones locales, 173 corresponden a un único ayuntamiento, concretamente al Ayuntamiento de Arona, el 79 % del total de esas solicitudes.

Por lo tanto, enlazo esto con otra cuestión, que me preocupa, y quiero dejarlo como una reflexión, aprovechando esta comparecencia. Me preocupa que creemos una brecha también social en cuanto a la transparencia, tenemos que hacer un esfuerzo por que la transparencia no sea exclusivamente un ejercicio de un derecho, o de una oportunidad estrictamente, solamente para un grupo de ciudadanos, para ciudadanos que están mejor informados, ciudadanos que conocen mejor sus derechos, y lo pongo además en relación con algo que también es muy importante, y en lo que habrá que trabajar si queremos que esto sea de verdad, digamos, o se generalice un uso de la transparencia y del acceso a la información. No nos podemos olvidar de que tenemos delante, en Canarias, una brecha digital brutal, una brecha digital que no queremos que se convierta en una brecha de la transparencia. Hay muchísimos ciudadanos, una parte de la ciudadanía que no está familiarizada con el uso de las nuevas tecnologías, no les podemos dejar fuera del uso, del ejercicio, del acceso a la transparencia. Canarias está por debajo de la media nacional y europea en la penetración de la banda ancha y hay un 28 % de hogares sin conexión a internet. Hagamos que este derecho, que este uso, esta posibilidad de acceder a esta información no cree también una brecha social en nuestra tierra.

Termino rápidamente con algunas consideraciones que hace el comisionado en su informe, y que tienen que ver con las modificaciones legales que plantea, y que yo creo que tienen todo el sentido.

La fijación de los plazos para hacer pública la información, en la publicidad activa, tanto para las instituciones, como para los organismos, como para las empresas, no está bien regulada, en los primeros meses de rodaje de la ley parece que es susceptiblemente mejorable esta regulación. Es muy importante aplicar los requisitos para los contratos menores, todos sabemos la..., no el abuso, pero el uso, digamos, generalizado de los contratos menores, que se utilizan con mucha habitualidad en la Administración, que una gran parte del presupuesto público se gestiona a través de contratos menores. Por tanto, es susceptiblemente mejorable, es recomendable la mejora en cuanto al acceso a la información de los contratos menores. Los instrumentos de sanción, yo no sé cuál es la vía, pero aquí discrepo con mi amigo Emilio en cuál debe ser el régimen sancionador. Es verdad que difícilmente en la misma Administración que debe ser controlada podemos dejar en sus propias manos el régimen sancionador, pero algo tendremos que inventarnos sin violentar el derecho sancionador de la administración pública, algo habrá que inventarse al respecto.

Por tanto, señorías, en mi opinión y en la opinión del Grupo Parlamentario Socialista, estamos ante una buena ley, que está empezando a dar sus frutos, que somos pioneros por primera vez en España en una cuestión... Insisto: hoy es la primera vez que comparece un comisionado en un parlamento, y creo que es un buen día y una buena noticia, y, por lo tanto, felicitamos tanto a la consejería, al Gobierno, como al propio comisionado.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Matos.

Por el Grupo Nacionalista, señora Beato.

La señora BEATO CASTELLANO: Gracias, señora presidenta. Señorías. Señor comisionado.

Desde el Grupo Nacionalista le saludamos a usted y a su equipo en su primera comparecencia ante el pleno de esta Cámara para rendir cuentas sobre el informe correspondiente al año 2015.

La ausencia de referencias en Derecho comparado sobre evaluación y metodología no ha sido un obstáculo para disponer hoy de un informe a modo de foto de la realidad, que sirve de herramienta para extraer conclusiones sobre aspectos a mejorar para continuar avanzando.

El despliegue de la ley coincide con la persistencia de los efectos de la crisis económica y las restricciones presupuestarias en todas las administraciones públicas. Está siendo necesario activar cientos de portales, modificar métodos de trabajo y adecuar la estructura organizativa y procedimental a los nuevos requerimientos de la ley. Las administraciones más pequeñas tienen más dificultades para su desarrollo. Según un informe, los ayuntamientos pequeños demuestran menos nivel de transparencia en Internet, pero eso los ciudadanos lo pueden suplir con la inmediatez que les da el contacto directo con el alcalde, con los concejales o con los funcionarios, porque, señorías, la transparencia no debemos mediarla exclusivamente por un portal, los sistemas de información multicanal son los que de verdad garantizan la transparencia y la igualdad de todos los ciudadanos al derecho a la información por todas las vías posibles y el derecho a elegir ese canal. Los portales son herramientas dinámicas en continua actualización, que poco a poco irán alcanzando su madurez de la misma manera que lo fueron haciendo las webs institucionales, que necesitaron años para madurar. Más que la cantidad de información, interesa la calidad y la utilidad de la misma, portales como verdaderos repositores de información accesibles, útiles para el ciudadano.

Hoy es una realidad el compromiso de las administraciones públicas con la transparencia. La transparencia está en lo más alto de la agenda política. Todo puede estar bajo escrutinio de la ciudadanía porque la ciudadanía puede preguntar, solicitar y obtener cualquier información y cualquier dato. Toda la acción pública puede ser observada por el ciudadano. Hace años era impensable, por ejemplo, seguir vía internet la actividad de este Parlamento o de un ayuntamiento o de un cabildo y eso hoy es una realidad. Aun así, las mayores demandas ciudadanas siguen centradas en los perfiles, los sueldos, los bienes y el patrimonio de funcionarios y políticos. Y nosotros respetamos que eso interese a la ciudadanía, pero limitarlo a esto de alguna manera empobrece el objetivo más ambicioso que perseguimos con la transparencia: que los servidores públicos seamos valorados de verdad por lo que hacemos y no por la mera apariencia y el espectáculo en el que algunos pretenden convertir la actividad política; y superar la cultura de la sospecha, la desconfianza y el mero control para avanzar hacia un verdadero gobierno abierto donde conjugar transparencia, participación y colaboración con los ciudadanos.

Dice en su informe una de sus conclusiones que no se aprecia verdadera presión ciudadana en demanda de información, esta falta de demanda hace que las administraciones atiendan prioritariamente a la prestación de servicios públicos, sobre todo los ayuntamientos con escasos recursos. De alguna manera centrar los recursos humanos en procesar información que pudiera ser útil o no a la ciudadanía puede ser un obstáculo a la inmediatez que requiere emplear el trabajo de los recursos humanos en resolver, por ejemplo, una ayuda social o una subvención.

La ley canaria es de las más avanzadas de España. Con la aprobación de la ley en la pasada legislatura se dio un paso histórico en Canarias en materia de transparencia y de información pública. Y hoy estamos dando un segundo paso histórico siendo la primera comunidad autónoma que debate en un Parlamento el informe de evaluación de una autoridad independiente como es el Comisionado de Transparencia. La ley fue aprobada por unanimidad con el consenso de todos los grupos parlamentarios, y ese esfuerzo de generosidad y de diálogo conseguido en la pasada legislatura todos debemos seguir cultivándolo de aquí en adelante. Hay mucho por hacer y un largo camino por delante que recorrer, y podemos hacerlo de la misma manera entre todos.

Ya sabemos que el Gobierno de Canarias sigue trabajando para continuar con el desarrollo reglamentario aun cuando hay aspectos que pueden remitirse al procedimiento administrativo común.

Señorías, en una ley tan audaz, tan reciente y tan innovadora no debemos obsesionarnos con el régimen sancionador, ese no tiene por qué ser el objetivo prioritario, ¿es que ganamos algo imponiendo sanciones? Miren, poco o nada ganamos poniendo sanciones y mucho avanzaremos si hacemos pedagogía, auténtica pedagogía de la ley.

Desde el Grupo Nacionalista Canario queremos centrar los esfuerzos en hacer esa pedagogía, en buscar fórmulas entre todos que permitan hacer que la ley pueda ser lo más efectiva y de máxima utilidad a los ciudadanos. Estamos convencidos de que todas las administraciones, las pequeñas y las grandes, están trabajando en la medida de sus posibilidades para producir los cambios internos necesarios y buscar los recursos que les permitan poco a poco ir implementando sus portales y depurando la información; y es tarea también de la sociedad civil, con la implicación ciudadana, que es necesaria y que puede contribuir al arraigo de la ley. En la medida que se incremente la demanda de información por parte de los ciudadanos, esto redundará en la mejora de la eficiencia de nuestras administraciones públicas y en la credibilidad social de sus instituciones.

Estimado Daniel, señor comisionado, le animamos a seguir trabajando, y cuente, usted y todo su equipo, con el apoyo y la colaboración del Grupo Nacionalista Canario en la tarea de fomentar y promover una mayor y mejor cultura de la transparencia entre la ciudadanía canaria y entre nuestras administraciones públicas.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Beato.

Señor comisionado, por tiempo de diez minutos.

El señor COMISIONADO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (Cerdán Elcid): Muchas gracias.

Bueno, disculparán mi novatez en estas lides y si no puedo contestar mínimamente todas las cuestiones que aquí se han planteado, pero voy a tratar de ir directamente al grano.

Agradezco a algunos que ya han desbrozado datos del propio informe que no incluí yo en mi intervención inicial, pero sí quería de alguna manera comenzar actualizando al día de hoy algunos de los datos que ustedes ya han escuchado o han podido leer en el informe. Concretamente, en lo que se refiere al comisionado, ustedes saben que el año pasado, en los seis últimos meses del año, que es cuando empezó a funcionar, recibió 19 reclamaciones referidas al Gobierno, cabildos y ayuntamientos, y ya en este año, aunque es cierto que la gente todavía no conoce mucho este recurso, ya prácticamente en los seis primeros meses de este año se han duplicado hasta las 41 las reclamaciones que se presentaron en estos seis primeros meses. Por lo tanto hay que pensar que a final de año va a acabar con más de 100, reclamaciones al comisionado, que darán idea de una cierta movilidad o un cierto conocimiento y agilidad en este servicio público que crea la Ley de Transparencia. En ese sentido, lo mismo ocurrirá a nivel del Gobierno de Canarias. El Gobierno hizo un esfuerzo por abrir un nuevo portal desde el mes de febrero que ha tenido hasta ahora, según las últimas informaciones, pues, prácticamente más de 10 000 visitantes en estos meses. Es una cifra todavía pequeña comparada con los que visitan los periódicos, pero bueno, en esta materia, diríamos que después de lo que a este país le ha costado arrancar, es decir, recuerden que arrancó 250 años después de que arrancara en Suecia, que fue el primer país que tuvo una ley de transparencia, de alguna manera siempre vamos a analizar este tema del acceso a la información viendo, según nuestra propia vara de medir, la botella medio llena o medio vacía, en cualquier caso.

Bien. Yendo concretamente a las intervenciones ya de cada portavoz, respecto a la intervención de la portavoz de Agrupación Socialista Gomera, que ha tocado uno de los temas recurrentes en todas las intervenciones de los portavoces, ha sido de las pocas solicitudes expresadas a las instituciones canarias. Respondiéndole a ella le respondo a todos. Yo, una de las cosas de la que estoy absolutamente convencido, y tanto en Canarias como a nivel español, es que no aparecen, es decir, no se registran o no se han manifestado más solicitudes de información en parte porque no se hacen, pero en mucha medida porque no se cuentan, es decir, llega un escrito a una consejería, a una concejalía o a un departamento del cabildo y hasta ahora prácticamente nadie estaba comunicando a ningún servicio central que había llegado una solicitud de información acogida a la Ley de Transparencia. Por lo tanto, cuando han tenido que informar, tarde, mal y nunca, solamente 30 de ayuntamientos y 4 de cabildos y 1 del Gobierno en los tres primeros meses del año. Por eso les digo tarde, mal y nunca, cuando han tenido que informar de las solicitudes que habían recibido estamos absolutamente convencidos de que en buena medida no las conocían porque nadie se había encargado de agruparlas y contarlas, hasta el punto de que algunas reclamaciones que nos han hecho no constaban para esas instituciones como realizadas.

Si nos vamos otros sistemas de medición, como puede ser un reciente estudio realizado por la Agencia española de evaluación de la calidad, veremos que prácticamente ya el 40 % de los españoles, y hay que entender que los canarios, que en eso no andamos por detrás en la Administración electrónica o en el disfrute de las nuevas tecnologías, el 40 % ya navega por las webs públicas y, por lo tanto, por los portales de transparencia; y de los, digamos, del 40 % de los españoles o canarios que tienen acceso a Internet habitualmente. Y de esa cantidad de personas, el 20 % prácticamente interactúa, solicita información de alguna manera, bien sea por correo electrónico, bien rellenando formularios. Por lo tanto, nos faltan realmente sistemas de medición más eficaces para valorar en qué medida los ciudadanos están haciendo uso o no del derecho de acceso.

El tema de la reforma de la norma, que fue uno de los temas que polarizó la comisión, también ha sido tocado por diferentes portavoces, con diferentes opiniones, e, incluso, terció en este debate el propio consejero de la Presidencia, que agradezco su presencia aquí, porque de alguna manera es un detalle que le honra, terció en este debate y manifestó su opinión, coincidente con el señor Emilio Moreno, en el sentido de que no veía necesaria una reforma del régimen sancionador. Evidentemente este es un debate abierto, yo no quise en ningún momento del informe, ni en la comisión se dijo que era necesaria una reforma inmediata y una reforma que necesariamente tuviera que venir de la ley canaria, entre otras cosas porque ni siquiera en el informe entramos en cuestiones de ámbito superior al canario, como podía ser un debate mucho más interesante que es el de si la propia ley estatal se ha quedado o no coja o insuficiente, y esto no es ninguna crítica, en cuanto a que también la mayoría de la academia hubiera preferido que el derecho a la información..., y en esto no hago distingo de partidos, porque yo creo que hay posiciones como estamos viendo de uno y otro sentido en todos los partidos, digamos, que el derecho de acceso a la información es un derecho fundamental y, por lo tanto, debiera estar al mismo nivel que el derecho a la protección de datos, y por lo tanto debía tener la misma protección jurisdiccional en el Tribunal Constitucional y en el Tribunal de Estrasburgo que otros derechos fundamentales. Ese es un debate que se quedó aparcado ahí, y que muy posiblemente lo vamos a ver en las próximas semanas, si se configura un nuevo Gobierno, con un programa nuevo de gobierno, y si incluye o no en su planificación legislativa de esta legislatura una revisión de la Ley de Transparencia, tal como proclaman todos los programas políticos, es decir, incluso los programas políticos de los partidos que aprobaron la actual Ley de Transparencia estatal, de diciembre de 2013, todos ellos plantean modificaciones en la ley. Entre otras cosas porque efectivamente es una ley nueva, pero precisamente por ser una ley nueva es novata, y precisamente el desarrollo de los acontecimientos ha llevado a los propios partidos que la aprobaron a considerar que hay ajustes que se pueden hacer. Yo nunca los planteé como una cosa inmediata, como una cosa absolutamente necesaria. Es cierto que hay desarrollos reglamentarios más urgentes, que me consta que están trabajándose en la consejería, como los dos que ya se han hecho a nivel de orden, pero era una reflexión que era bueno dejar allí para cuando toque y para que los grupos la vayan madurando.

En cuanto al régimen disciplinario, no voy a abundar en más temas.

Pero sí en una de las cuestiones que se han tocado, que es el de los contratos menores. Lo tocó la portavoz de Nueva Canarias. En el sentido de que es cierto que es el único aspecto en el que la ley canaria es menos exigente que la estatal, en la definición de la información sobre los contratos menores que hay que hacer. Pero también es cierto que este comisionado, como otros órganos de la transparencia, tiene en cuenta las dos normas, y, por lo tanto, aquello, en este caso solamente este punto, aquello en lo que es más ambiciosa la ley estatal es de aplicación, por lo tanto, no es un problema grave de obligación. Ahora eso sí, lo es de ejecución, porque evidentemente en todo lo que es el ámbito de la contratación, en todo eso, es, digamos, uno de los ámbitos más sensibles de la información pública, por varias razones, fundamentalmente porque, como ha ocurrido en otros ámbitos de la Administración electrónica -no nos olvidemos que la transparencia es una parte de la Administración electrónica-, la parte que más ha costado llevar, fundamentalmente los ayuntamientos, a una tramitación electrónica, que es más trazable, que es más eficiente, que es más honrada, que es más limpia, ha sido precisamente la de contratación, porque los aparatos administrativos y políticos de las instituciones generalmente son los que más se han resistido, ha sido el ámbito de la administración que más ha tardado en llegar a ejecutarse electrónicamente. Por tanto, no es extraño que evidentemente hay aspectos de todas las obligaciones de contratación, de información sobre contratación, que están en la ley canaria y que todavía no están en los portales de transparencia. Y, fundamentalmente, hay uno importante, que me gustaría destacar aquí, no ya en cuanto puede contribuir a la honradez y a la limpieza de la contratación, sino también en cuanto puede contribuir a la eficiencia, que es el de que prácticamente de los portales ninguno, ningún portal, está introduciendo como debe su planificación de contratos del año, que permita a los operadores, contratistas, suministradores, etcétera, hacerse una idea con antelación de que va a existir un concurso al que poder presentarse, y no tener que correr mal y pronto, en diez días que les dan de plazo, o en quince, para presentar una propuesta. Eso va a contribuir, ya le digo, no sé si mucho o poco a la honradez o a la anticorrupción, pero desde luego sí a la eficiencia de los recursos públicos, que tanto hace falta en unos momentos como estos en los que a todas las administraciones les requieren utilizar cada euro de la mejor forma posible.

Se ha hablado también...

La señora PRESIDENTA: Señor comisionado, un minuto más.

El señor COMISIONADO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (Cerdán Elcid): La verdad que se me ha ido el tiempo con rapidez. Yo, en cualquier caso, les indico, como les indiqué en la comisión, que al término de este debate procuraré responder personalmente a cada grupo aquellas preguntas que han hecho, tanto en comisión como aquí, y eso lo mantengo y les visitaré en cualquier caso con la referencia de sus preguntas en su grupo parlamentario, y les informaré de cuál es mi opinión en unos casos, y cuáles son los datos en otros.

En cualquier caso, yo lo que espero es que, de alguna manera, este Parlamento se convierta no solamente en el aprobador de la ley, es decir, en la institución que ha sembrado un sistema de (Ininteligible.) pública en toda Canarias, sino que lo aliente con su impulso presupuestario, en el caso de los recursos que se dediquen tanto a la transparencia en el Gobierno, como en el Parlamento, como en el comisionado, y, sobre todo, que de alguna manera también introduzca otros aspectos, que no son reformas a la Ley de Transparencia, pero que sí son nuevas políticas, como pueden ser las políticas pedagógicas, de las que se ha hablado aquí, en los colegios, para que prácticamente las nuevas generaciones que...

La señora PRESIDENTA: Un minuto más, señor comisionado.

El señor COMISIONADO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (Cerdán Elcid): Ya acabo.

La transparencia -concluyo- no solamente es una ley como la del tráfico, que si no la aplicamos al día siguiente nos chocamos por la calle, es una ley, diríamos, de más largo recorrido y de más larga implantación, pero que, fundamentalmente, solamente en la medida en que llegue a las escuelas y llegue a instancias donde realmente se forma a los ciudadanos, tendrá un éxito a cinco, diez o veinte años vista.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor comisionado.

Hemos concluido este informe del Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública.