Diario de Sesiones 51/2016, de fecha 26/10/2016 - Punto 8

9L/PNL-0257 PROPOSICIÓN NO DE LEY, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA CANARIO, SOBRE SOLICITUD AL GOBIERNO DEL ESTADO EN RELACIÓN CON LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE LA DEFENSORA DEL PUEBLO RESPECTO A LA SITUACIÓN DE LOS PRESOS ESPAÑOLES EN EL EXTRANJERO.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Retomamos el orden del día.

Siguiente proposición no de ley, solicitada al Gobierno del Estado en relación con las recomendaciones del informe de la defensora del pueblo respecto a la situación de los presos españoles en el extranjero.

El grupo proponente, el Grupo Socialista Canario, señor Matos.

El señor MATOS EXPÓSITO: Señorías, buenas tardes ya.

"Tienes prohibido mirarle a los ojos al funcionario, solo puedes hacerlo para dirigirte a él si te da su permiso. No puedes cruzarte de brazos ni de piernas. Te hacen andar por una línea. Cuando entras estás obligado a aprenderte el código de conducta de la cárcel. Te sacan a una de las fábricas que tienen dentro de forma ordenada, uno tras otro, todos los días; y comes más calorías o menos en función del trabajo que hagas. Te tienes que arrodillar para solicitar hablar. Pasas castigado semanas y semanas sin poderte mover, en posición de loto o en un taburete, casi sin ropa, mirando obligatoriamente a un punto fijo". Este es el testimonio de un preso español que cumple condena en la prisión de Fuchū, en Japón.

"En la cárcel no hay agua corriente, se utiliza el agua del río. Cuando la bomba de extracción se estropea nos toca hacer nuestras necesidades en bolsas de plástico y las tiramos por la ventana". Es otro de los testimonios, esta vez de un preso español en la prisión de La Joya, en Panamá.

"A los ocho meses de entrar en prisión, en la prisión de Palmasola, me salió un bulto en el pecho, fue creciendo, cada vez más grande, sin tratamiento. Cuando me indultaron, hace año y medio, pude empezar el tratamiento por fin. ¿Que cómo me va? Me están dando quimioterapia, pero hay metástasis por todos los huesos. Lo último que me han dicho es que también está en los ovarios". Esto nos lo cuenta otra reclusa española que cumplió prisión en el penitenciario de Palmasola, en Bolivia.

La asistencia jurídica precaria o la falta de atención sanitaria en cárceles masificadas son los principales problemas de ciudadanos españoles y ciudadanos canarios que cumplen condena, que cumplen penas de prisión en el extranjero.

Abel, un encarcelado en una prisión de Lima, solicitó ayuda consular, y lo más que obtuvo fue un listado de abogados que ni siquiera podía pagar. El consulado le facilita 60 euros al mes. Con esa cantidad tiene que hacer frente a una cuota por entrar en prisión, a la multa que le impuso el Gobierno peruano y a la atención sanitaria.

La asociación +34, una fundación española que se dedica a intentar darle cobertura legal, sanitaria, a atender a los miles de prisioneros españoles que están cumpliendo, insisto, condena en el extranjero, dice, incluso, que hay españoles en la indigencia en las calles de Perú, porque ni siquiera tienen recursos para poder volver a su país, aparte de cuestiones administrativas o cuestiones burocráticas que se lo impiden.

En el tema sanitario pasan cosas tan disparatadas como que el Gobierno de España no haya acordado un protocolo para poderles atender y los haya derivado a las responsabilidades propias de las comunidades autónomas. Y pasan cosas tan paradójicas como que, por ejemplo, Castilla y León, que tiene un servicio para atender a prisioneros de su comunidad autónoma en prisiones en el extranjero, pague un médico para que atienda a un prisionero de su comunidad autónoma, pero un español de otra comunidad autónoma que está en esa misma prisión no pueda ser atendido por ese médico porque simplemente es ciudadano de otra comunidad autónoma diferente.

Estas cosas están ocurriendo a día de hoy con españoles, canarios, que cumplen prisión, como digo, en penales, en penitenciarios fuera de nuestro país.

La Fundación de la abogacía hace muy poco le ha llamado la atención a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y le ha dicho que tiene una actitud terroríficamente pasiva. ¡Fíjense lo que ha ocurrido! Ha habido casos en los que a encarcelados que ya habían cumplido la condena dictada por el país que les detuvo, no les comunicaron un cambio de legislación, en este caso en Ecuador, que les beneficiaba.

Estas cosas ocurren en estos momentos, les está ocurriendo a ciudadanos españoles, insisto, que cumplen condena fuera de nuestro país.

Miren, el artículo 25 de la Constitución española dice que las penas privativas de libertad deben tener una orientación hacia la reinserción. Es evidente que un ciudadano español que está cumpliendo condena en estas condiciones, desde luego un derecho fundamental, insisto, reconocido en la Constitución española, ni de lejos puede ser, digamos, garantizado en unas condiciones al menos correspondientes a un Estado civilizado como es el nuestro.

El informe de la defensora del pueblo de mayo de 2015, un informe demoledor, un informe contundente, de lo que está ocurriendo, con unas estadísticas que en algunos casos dan hasta miedo, y, sobre todo, donde pone de relieve cómo en ocasiones la trama burocrática que deben sufrir estos españoles está desde luego produciendo situaciones dramáticas, como las que hemos contado en este momento.

Si además tenemos en cuenta que más del 85 % de los españoles y también de los canarios que cumplen prisión fuera de nuestro país lo son básicamente por delitos relacionados con el narcotráfico, pues, nos hacemos una idea del perfil de ciudadanos, nuestros compatriotas, nuestra gente, que desesperadamente, en una situación de crisis como en la que estamos, han acudido a una vía a veces engañosa para poder, incluso, salir de una situación personal o familiar, y terminan cumpliendo días de prisión en un auténtico infierno. La crisis también económica, la crisis que se ha cebado con los ciudadanos de nuestro país, tiene mucho que ver con el incremento de este tipo de delitos, que, insisto, en algunos casos de desesperación social, de desesperación familiar, ha llevado a personas, digámoslo así, corrientes, que no tenían ningún contacto con el mundo de la delincuencia, a terminar sirviendo de mulas a las más grandes mafias del narcotráfico, muchas veces engañados para, insisto, entregarles, incluso, prácticamente a las autoridades del país para seguir con su máquina del mal. Y esta es la realidad, y son personas que, además, por sus condiciones socioeconómicas se encuentran en un país extranjero, si tienen suerte, en un país en el que pueden entender el idioma, pero con unas legislaciones que no entienden, desasistidos, desamparados, y desde luego cualquiera que sepa cómo es la vida en prisión, en una prisión española, no puede ni imaginarse cómo puede ser la vida en una prisión extranjera donde los derechos humanos no son reconocidos. Hemos leído algunos testimonios que son simplemente espeluznantes.

Por eso Canarias, que algunos compatriotas nuestros, algunos ciudadanos canarios, están en esta situación, en concreto los últimos datos que nos ha facilitado el Gobierno habla de 35 canarios cumpliendo prisión en cárceles en países extranjeros, en Argentina, en Brasil, en Colombia, en Ecuador, en Estados Unidos, en Italia, en Japón, en Portugal, en Inglaterra, en Suiza, pero especialmente en Perú, como hemos dicho, la práctica totalidad, el ochenta y tantos por ciento de estos delitos tienen que ver con el narcotráfico, por lo tanto Perú es un país en el que la utilización de mulas extranjeras es habitual, y por eso hay 12 canarios en estos momentos, según los datos que nos ha facilitado el Gobierno de Canarias, cumpliendo prisión en Perú.

A la condena, evidente, nadie justifica una acción de esas características más allá de las situaciones socioeconómicas de las familias, pero a la condena inherente al incumplimiento de una norma se añade otra condena, que no tienen por qué cumplir, que es la condena del olvido, que es la condena del abandono jurídico y del abandono sanitario al que algunos de estos ciudadanos se ven, digamos, abocados por la situación en la que nos encontramos.

Por eso, queremos hoy acordarnos de estos ciudadanos de Canarias, que podrían ser algunos nuestros primos, nuestros hermanos, nuestros sobrinos, alguien cercano a nosotros que puede estar en esta situación, que conviene no olvidarnos, no abandonar a los nuestros en estas condiciones. Y pedirle al Gobierno de España que adopte algunas de las recomendaciones que ha hecho la defensora del pueblo en su informe, el de mayo de 2015 que cité con anterioridad, es necesario agilizar los trámites administrativos para que las repatriaciones, para que el traslado de los prisioneros a cárceles españolas se pueda producir en unos términos que sean razonables, en estos momentos la media en la que se tarda es más de un año y medio, en algunos casos llega tarde, cuando ya se ha cumplido una parte importante de la condena, cuando pueden acceder a beneficios penitenciarios y prefieren ni siquiera en ese caso ya ser repatriados, porque prefieren terminar de cumplir la condena en el extranjero, porque entre otras cosas no tendrían antecedentes penales en nuestro país, lo cual para volverse a reinsertar socialmente en España les viene mucho mejor. Por lo tanto, esta es una de las cuestiones fundamentales que debe agilizar el Gobierno de España.

En nuestra propuesta nos hacemos eco del informe de la defensora del pueblo de España y le pedimos a la Cámara que apoye esta propuesta del Partido Socialista, que creo que es de justicia y la van a agradecer, pues, las familias de estos 35 canarios que cumplen condena en el extranjero.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Gracias, señor Matos.

Por el Grupo Mixto, señora Melodie.

La señora MENDOZA RODRÍGUEZ (Desde su escaño): Gracias, presidente.

Sorprende que haya en nuestro país materias y cuestiones aún por desarrollar en relación con los derechos humanos. ¿Cómo es posible que a pesar de los treinta y ocho años que llevamos en democracia haya tanto trabajo por hacer y tanto que mejorar para que estos derechos se ejerzan plenamente por la ciudadanía y se respete sin ningún género de duda por los poderes públicos?

Por eso, en materia penitenciaria, ya se trate de atención a los presos de nacionalidad española en el extranjero o de los que están en cárceles nacionales, tenemos muchísimo que mejorar, ya usted lo ha expuesto y hay demasiadas deficiencias. Se deben seguir criterios que vayan en consonancia con los derechos humanos y enfocar nuestras políticas no solo en el castigo del culpable sino también hacia en la reintegración social una vez cumplida la pena.

Evidentemente, entiendo que si la situación resulta complicada para muchos presos recluidos en nuestros regímenes penitenciarios, que son centros que superan su capacidad y padecen carencias materiales, así como para el personal penitenciario, obligado a hacer su trabajo con insuficiencia de medios, mucho peor lo tienen que pasar los españoles internados en cárceles en países donde los derechos humanos aún no están lo suficientemente desarrollados o directamente no se les reconocen a los presos.

Si aquí tienen limitadas sus visitas y las comunicaciones con sus familiares, imaginemos cómo ha de ser en otro país donde ni siquiera conocen el idioma y donde las políticas penitenciarias son mucho más restrictivas. Imaginemos, además, la angustia de esa madre, pareja e hijos que no pueden ni saben en qué estado se encuentran sus seres queridos.

No debemos esperar más para desarrollar las leyes o reglamentos que hagan falta y cumplir las funciones de tutela de los derechos que corresponden a los derechos públicos, para velar por nuestros ciudadanos que se encuentran en esta situación en el extranjero. Sin el desarrollo estatal adecuado de la normativa y el apoyo consular requerido no es posible garantizar la seguridad de los presos españoles.

Nosotros suscribimos todas las medidas propuestas en esta iniciativa, no solo por la necesidad de modificar la Orden Circular 3252, del 15 de julio de 2003, que francamente tiene que dar una mejor cobertura a los presos españoles en el extranjero, sino también es necesaria la conveniencia de avanzar en la eficacia de la cobertura que se da a cada uno de los reclusos, sin excepción.

Abogamos, además, por una regulación de la asistencia jurídica gratuita en el extranjero que sea idónea y así tener una mejor tutela judicial efectiva. Y es necesario, igualmente, establecer el listado de resoluciones penales y delitos que propone la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, para evitar la doble tipificación y clarificar los sistemas penales dentro de Europa.

Son, en definitiva, cambios normativos o desarrollos de normas que hasta la fecha no se han adecuado a ese objeto, de ahí que Agrupación Socialista Gomera apueste por afrontar cuestiones sin mayores dilataciones...

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Muchas gracias, señora Mendoza.

Por el Grupo de Nueva Canarias, señora González.

La señora GONZÁLEZ GONZÁLEZ (doña María Esther) (Desde su escaño): Gracias, presidente.

Señor Matos, Nueva Canarias va a apoyar esta proposición no de ley que, en definitiva, lo que viene hacer es lo que ha hecho o hemos visto en muchas proposiciones no de ley, que es decirle al Gobierno de España que cumpla con su responsabilidad, porque los españoles son españoles estén dentro del territorio nacional o no lo estén, y corresponde, además, a los poderes públicos españoles velar por la no vulneración de sus derechos fundamentales y esto no se está cumpliendo o se está cumpliendo muy muy deficientemente, según, además, informan las asociaciones españolas que atienden a estos presos españoles, tal es el caso de +34, que dicen y hablan de, efectivamente, la precaria situación higiénico-sanitaria y de salubridad que presentan, la escasa o casi nula asistencia sanitaria, la falta de información, la falta de asesoramiento jurídico y en los países que no son hispano hablantes, pues, incluso la imposibilidad de tener un traductor en los juicios. Según, además, manifiesta el informe del Defensor del Pueblo, el Consejo de la Abogacía y el propio Defensor del Pueblo han intentado solucionar esta situación; sin embargo, se han visto con el mismo problema de siempre: la falta de medios y de recursos económicos y/o operativos, pero la realidad es que cuando faltan medios no te puedes instalar en la pasividad, lo que tienes es que ser imaginativo y, posiblemente, con un poco de presupuesto o parte de recursos del Gobierno de España, de los gobiernos de las comunidades autónomas, que se canalicen a través de estas organizaciones no gubernamentales, seguramente la atención a los presos españoles en el extranjero podría ser algo más digna, porque es que, además, la realidad es que esas organizaciones no gubernamentales son las que en estos momentos están llevando a cabo trabajos que deberían hacer los poderes públicos.

En cualquier caso, y una vez dicho esto, también me gustaría hacer algunas puntualizaciones, y además estas vienen referidas a la vulneración de los derechos fundamentales que en España se están haciendo a personas privadas de libertad españolas y extranjeras, porque además es que entiendo que lo lógico y razonable es predicar con el ejemplo y cuando miras el informe del Defensor del Pueblo da la impresión de que solo es en el extranjero donde se vulneran estos derechos fundamentales. Yo hago referencia a los informes de la Comisión de derechos humanos de abogados de Vigo, al de la Coordinadora de Prevención y Denuncia de la Tortura o al informe de las clínicas jurídicas universitarias de Barcelona, de Valladolid, de Valencia y de Comillas. Y, aunque es cierto que nuestro sistema es más garantista que el que existe, por supuesto, en otros países, esta situación también se está dando en España y no parece que tampoco estemos haciendo nada, incluso en cárceles canarias. Por ejemplo, en Gran Canaria se están poniendo trabas al acceso de los abogados a los presos, tal es el caso de a mujeres abogadas hacerles quitar el sujetador cuando pasan por el control de seguridad, a lo que obviamente en muchos casos se niegan y no tienen posibilidad de acceso.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Muchas gracias, señora González.

Por el Grupo Podemos, señor Déniz.

El señor DÉNIZ RAMÍREZ (Desde su escaño): Señor presidente. Señorías.

Al Grupo de Podemos le parece oportuna esta propuesta porque, además, trata de solucionar problemas sangrantes, muy graves que está padeciendo alguna gente en situaciones bastante penosas. Es oportuna porque, además, trae este debate aquí al Parlamento y nos hacemos eco de esta problemática solamente por programas de tipo..., en fin, muy sensacionalista y demás. Entonces, nos parece oportuna.

Nos parece también que está bastante documentada porque hace hincapié en algunos aspectos que desde nuestro punto de vista son importantes, por ejemplo, en que haya sido durante la crisis cuando ha aumentado enormemente también la cantidad de personas que tienen que delinquir, por ejemplo; que el perfil social de la gente que está en cárceles en el extranjero sea de clases sociales trabajadoras, clases populares que se ven abocadas a tener un dinero fácil, rápido, engañados por mafias, por lo que fuera.

En fin, usted ha hablado de las condiciones lamentables en las que están las cárceles en el extranjero, hasta la señora diputada de Nueva Canarias también ha planteado que en las cárceles del Estado español existen condiciones -por ejemplo- sanitarias bastante penosas. En definitiva, consideramos que esto es un problema que merece la atención porque las personas que están en esta situación, que entiendo que el 80 % de las personas que están en la cárcel es por motivos, el tipo de delito es por tráfico de drogas, lo cual nos hace también a nosotros suponer que es un perfil..., lo fácil que es meter a gente en la cárcel y lo difícil que es meter a otra gente que roba mucho dinero, ¿verdad?, esto es complicado.

Nos parece que las instituciones españolas tienen que hacerse eco de esta problemática, porque lo importante, además, es que esta gente sienta que alguien fuera se está preocupando por ellos, entonces el consulado cumple una función esencial. Es importante que esté bastante, en fin, financiado por parte, porque es importante esta tarea, ya le digo.

Ahora bien, dicho esto también nosotros queríamos decir que en nuestro país, en el Estado español, hay una situación bastante penosa que están padeciendo personas extranjeras que no cometen delito y están en situaciones de hacinamiento en los llamados CIE. Entonces yo me pregunto que si nosotros estuviéramos en los CIE, recluidos sin cometer delito, señorías, sin cometer delito, ¿qué haría nuestro país por nosotros? Eso es lo que yo me pregunto. Es decir, no vale aquí decir que los demás son más pobres que nosotros, los demás están peor, nosotros somos los mejores, no, de eso nada. Hay casos, sin cometer delito, de personas que están en situaciones verdaderamente lamentables, con una incertidumbre tremenda sobre su vida y sin que tampoco ningún consulado ni ninguna ONG se preocupe, bueno, alguna ONG se preocupa por ellos, pero en una situación de incertidumbre total.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Gracias, señor Déniz.

Por el Grupo Popular, señor Moreno.

El señor MORENO BRAVO: Muchas gracias, señor presidente, señorías.

Sabía que iba a ocurrir esto, se iba a hablar de la tortura en las cárceles españolas, o eso me ha parecido oír, se iba a hablar de los CIE -de los centros de internamiento de extranjeros-, y esa es la razón por la que ya le anuncié y habíamos comentado que seguramente, pese a la bondad de los buenos argumentos que entran y están en su propia proposición no de ley, nos íbamos a abstener.

Y ello por una sencilla razón, porque no estamos hablando de una realidad española, estamos hablando de una realidad de países extranjeros; países en los que por la lejanía en la que estamos conocemos la realidad de cárceles de otros continentes -América o Asia-, países en los que por lo que sabemos existe una debilidad: desordenamiento jurídico en la defensa de derechos fundamentales, a diferencia de la realidad jurídica española; y países en los que los presos españoles, presos españoles con sentencias condenatorias por delitos graves que están cumpliendo se enfrentan ante problemas incluso tan básicos como la falta de alimento, la falta de medicamentos o la falta de productos de aseo, muy alejado, pese a lo que dice algún portavoz, que yo no sé dónde leen estas cosas, de verdad, de que en las cárceles españolas estamos en una realidad jurídica tal vez distinta o tal vez que ellos pretenden sea parecida a estos países americanos o asiáticos. Usted conoce la realidad de las cárceles españolas, puede que haya deficiencias, por supuesto, pero usted sabe, tanto como yo, que la situación jurídica en España en los sistemas penitenciarios es bastante loable.

Pero no debe olvidarse, señor Matos -y lo sabemos porque esta es la manera de evitar en ocasiones los discursos demagógicos, y lo digo con sinceridad- de la actividad desplegada por las autoridades diplomáticas y consulares de nuestro país en relación con los presos extranjeros, los presos españoles condenados en el extranjero. Estoy hablando de casos de pena de muerte, de cadena perpetua o, incluso, como había usted puesto y señalado, caso de problemas de salud. Y se lo refiero: el caso de Pablo Ibar en Miami; el caso de una nacional condenada en Tailandia, donde se ha interesado por motivos humanitarios el indulto, y alternativamente se ha propuesto el traslado, pero parece que ello no podrá ser posible hasta que se haya llevado a cabo el cumplimiento mínimo de ocho años de prisión; le hablo también de aquellos supuestos como en Perú, que se ha conseguido por parte de las autoridades diplomáticas y consulares españolas el tratamiento médico para algún nacional afectado de enfermedad grave como el cáncer. Y todo esto lo digo para sentar las bases, don Gustavo, para que no se nos vaya la discusión por otros derroteros, como ha parecido y ha ocurrido en otras intervenciones que me han precedido con los CIE y con las denuncias respecto de nuestro sistema penitenciario.

Por tanto, son argumentos de mérito, pero también es verdad que estamos en presencia de otros ordenamientos jurídicos y, por tanto, respeto absoluto al Derecho internacional y, por supuesto, cómo no, a los derechos humanos.

No puedo hablar más. Se me acaba el tiempo. Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Gracias, señor Moreno.

Por el Grupo Nacionalista Canario, señora Beato.

La señora BEATO CASTELLANO: Gracias, señor presidente. Señorías.

Desde el Grupo Nacionalista Canario adelanto el apoyo a esta iniciativa que reproduce las recomendaciones del informe del 2015 de la defensora del pueblo sobre la situación de los presos españoles en el extranjero.

Comprendemos las grandes dificultades por las que atraviesan las personas privadas de libertad en centros penitenciarios en el extranjero, la gran mayoría cumpliendo condena por delitos relacionados con el tráfico o consumo de drogas: cuatro de cada cinco según el informe. En algunos casos penados con cadena perpetua e, incluso, la muerte.

La situación de las cárceles y la dureza de las condiciones penitenciarias se ven agravadas por carencias en materia de alimentación y atención sanitaria y de higiene, que añaden, más aún, si cabe, dificultades a la vida carcelaria. A ello se suma el desconocimiento sobre los sistemas penitenciarios y judiciales, aún más cuando se trata de países con idiomas diferentes; la precariedad también para asumir los costes de defensa de personas que carecen de recursos económicos y que, aun estando en libertad condicional o en libertad provisional, no pueden abandonar el país y requieren el apoyo de los consulados españoles.

En las islas, la Viceconsejería de Acción Exterior del Gobierno de Canarias presta apoyo a los familiares de los privados de libertad, retenidos o cumpliendo condena, siempre que se cuente con su autorización, asesorándolos en el traslado a España e impulsando y agilizando unos trámites que son lentos, costosos y largos, y que se demoran cerca de un año.

La mayoría de los canarios privados de libertad se encuentran en Perú, y es precisamente en este país donde la defensoría del pueblo pide redoblar los esfuerzos diplomáticos para agilizar la demora de los expedientes de traslado.

Queremos transmitir nuestra sensibilidad con las familias ante un drama que se agrava por la distancia, el idioma y la falta de recursos. Y nuestro reconocimiento y agradecimiento a las organizaciones humanitarias que se ocupan de los presos en esos países, visitándolos, suministrándoles alimentos y medios, y haciendo una labor asistencial y en la rehabilitación de penados con dependencia de alcohol o drogas.

Somos conscientes de esta situación, por ello solicitamos al Gobierno de España el cumplimiento de las recomendaciones de la defensora del pueblo, reforzando los consulados y garantizando el derecho a la tutela judicial efectiva y a la asistencia jurídica gratuita.

Y animamos al Gobierno de Canarias a continuar con la labor que ya viene desarrollando en apoyo a las familias canarias, que está permitiendo agilizar los trámites en los traslados a España de los presos canarios, cuando así lo solicitan y con su autorización.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Gracias, señora Beato.

Llamamos a votación.

(La Presidencia hace sonar el timbre de llamada a la votación).

Lanzamos votación, señorías.

(Pausa).

52 personas presentes: 41 síes, 11 abstenciones, cero noes.

Queda aprobada la iniciativa del Grupo Socialista.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Señorías, les pido a los portavoces que se acerquen para discutir el orden del día.

(Los señores portavoces atienden el requerimiento de la Presidencia. Pausa).

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