Diario de Sesiones 51/2016, de fecha 26/10/2016 - Punto 9

9L/PNL-0278 PROPOSICIÓN NO DE LEY, DEL GRUPO PARLAMENTARIO PODEMOS, SOBRE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE COHESIÓN Y CALIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Señorías, proseguimos con el orden del día. Veremos una iniciativa más y pararemos para almorzar y nos quedan tres iniciativas.

Proposición no de ley, instada por el Grupo Podemos, sobre el cumplimiento de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud.

Grupo proponente, señor Márquez Fandiño.

(Rumores en la sala).

Señorías, por favor, guarden silencio. Señorías, ocupen sus escaños y guarden silencio. Gracias.

El señor MÁRQUEZ FANDIÑO: Gracias, presidente. Señorías.

Si antes hablábamos de los presos españoles que están en las cárceles del extranjero, ahora vamos a hablar de los que cumplen condena en nuestro país.

(Continúan los rumores en la sala).

Les ruego un poco de silencio. Gracias.

Hablaremos de la sanidad. Miren, durante los últimos meses nuestro grupo parlamentario ha presentado una batería de preguntas en esta comunidad autónoma, como lo hemos hecho también en otras, para valorar el estado de ese servicio. Otro día tendremos oportunidad de profundizar en algunos datos que hoy por el tiempo limitado de esta exposición no tendremos el espacio para hacerlo.

Pero miren, hay un estudio reciente de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía que dice que en España hay un facultativo por cada 200 presos. Esto en principio nos puede parecer un tanto por ciento adecuado, pero esta visión cambia en cuanto somos conscientes de las peculiaridades y de los problemas de salud que nos encontramos en las cárceles, y que dista mucho de lo que sucede en el caso del resto de la población. El estado de salud de las personas que llenan las prisiones está muy deteriorado, en los centros penitenciarios encontramos enfermedades prácticamente erradicadas en el exterior. Un ejemplo puede ser la tuberculosis, padecida en un 5 %, cien veces más que en la población general, según la propia OMS, y los niveles de incidencia de otras enfermedades graves multiplican varias veces los niveles normales. Lo mismo pasa si hablamos de enfermedades como la hepatitis C o el VIH, donde los porcentajes también se disparan; por lo tanto, hablamos de la necesidad de poner en acción las medidas necesarias para cubrir, para garantizar un derecho humano, un derecho que, además, es un derecho constitucional regido en los artículos 15 y 43 de nuestra carta magna. Dichos derechos se regulan por la Ley 14/1986, General de Sanidad, y se concretan entre otras cuestiones en una financiación pública, universalidad y gratuidad de los servicios sanitarios en el momento del uso, derechos y deberes definidos para los ciudadanos y para los poderes públicos, y también, como ustedes saben, en la descentralización política de la sanidad en las comunidades autónomas.

Posteriormente, esto es importante, la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, a la que hacemos referencia hoy en esta proposición no de ley, contempla el consejo interterritorial con este mismo carácter de órgano de coordinación, y profundiza en materia de coordinación y cooperación dentro del Sistema Nacional de Salud.

La legislación penitenciaria contempla que a todos los internos sin excepción se les garantizará una atención médico-sanitaria equivalente a la dispensada al conjunto de la población. Esto es importante que lo tengamos presente, las personas que están internas en centros penitenciarios tienen los mismos derechos a recibir la misma calidad sanitaria que el resto de la población, tendrán igualmente derecho a la prestación farmacéutica y a las prestaciones complementarias básicas que se deriven de esta atención.

Sin embargo, y esta es la razón por la cual hoy presentamos esta proposición no de ley, uno de los problemas que plantea el actual modelo es que esta red sanitaria de atención primaria está aislada y gestionada por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Los médicos de prisiones son profesionales que se ven limitados por criterios presupuestarios, de seguridad y de orden regimental, y no exclusivamente por los de la salud, ya que dependen directamente del Ministerio del Interior, es decir, nos podemos encontrar con situaciones en las que un médico tiene que obedecer a un superior jerárquico que no es sanitario y priorizar este deber de obediencia ante cuestiones deontológicas de la propia profesión médica, relacionadas, evidentemente, con la atención al paciente. Por tanto, esto acarrea la desigualdad más absoluta en los derechos fundamentales a la vida, a la protección de la salud y a la asistencia médica que la Constitución española, como decíamos en los artículos 15 y 43, garantiza a todos los ciudadanos, sin excepción.

La disposición adicional sexta de la Ley 16/2003, a la que antes hacía referencia, establece que los servicios sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias serán transferidos a las comunidades autónomas para su plena integración en los correspondientes servicios autonómicos de salud. A tal efecto, dice, en el plazo de dieciocho meses desde la entrada en vigor de esta ley, y mediante el correspondiente real decreto, se procederá a la integración de los servicios sanitarios penitenciarios en el Sistema Nacional de Salud, conforme al sistema de traspaso establecido en los estatutos de autonomía (El señor vicepresidente primero, De la Hoz Fernández, abandona la Presidencia, que pasa a ocupar la vicepresidenta segunda, Tavío Ascanio). Por lo tanto, hablamos de dieciocho meses de plazo de una ley del año 2003, echen ustedes las cuentas. Parece que nadie hasta ahora se ha preocupado por ello, no sabemos si es porque este tema no genera votos, o no es popular, pero, bueno, más allá de por quién paga la factura, y esa es una de las cosas que hemos descubierto en la documentación que hemos solicitado en este Parlamento, y es que la discusión al final que se establece en la documentación que nosotros tenemos es quién paga la factura, y parece que nadie se ha estado preocupando por si estas personas internas estaban recibiendo un servicio sanitario de calidad, cosa que lamentamos y esperamos que hoy con esta proposición no de ley podamos subsanar.

Hablamos de la necesidad de conseguir una normalización de la atención sanitaria en prisiones, con una sola administración y no dos, generando descoordinación y deficiencias asistenciales. Hay que tener en cuenta que incluso los historiales médicos cuando estas personas salen de prisión y están en libertad no los tienen puesto que su historial estaba en el Ministerio del Interior y no en el propio Servicio Canario de Salud, o sea que imagínense el caos administrativo en el que se encuentra una persona cuando ha tenido un problema grave, y hay que decirlo claramente: el estado de salud, como decimos, en las cárceles es muchísimo peor -y ustedes creo que serán conscientes- que el que tenemos las personas en libertad; por lo tanto, no es cualquier cosa que los historiales clínicos estén separados, y esta, digamos, anomalía administrativa también la encuentran los propios profesionales que trabajan en la sanidad penitenciaria.

Muchas de estas deficiencias creemos nosotros que con esta transferencia se habrían visto minimizadas y solventadas si hubiera aplicado en tiempo y forma, y, ya decimos, esperemos que ahora lo haga.

Por eso pedimos esta proposición no de ley, instar al Gobierno de Canarias a que en el cumplimiento de la Ley 16/2003, del 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, se proceda a las negociaciones oportunas para la asunción de la sanidad penitenciaria por el Servicio Canario de Salud de manera inmediata.

Bien, hemos recibido varias enmiendas y agradezco a los grupos enmendantes el interés que han mostrado en esta proposición no de ley, hemos rechazado las enmiendas de los grupos del Gobierno, pero hemos llegado a un acuerdo de una enmienda transaccional, cosa que agradezco, de verdad, el interés y, además, que se hayan reunido precisamente con una persona que trabaja como profesional médico en las prisiones, y hemos acordado este texto que paso a leerles y de paso, señor presidente, aprovecho para fijar posición:

"El Parlamento de Canarias acuerda instar al Gobierno de Canarias para que, a su vez, inste al Gobierno de España al cumplimiento de la Ley 16/2003, del 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, que proceda a iniciar las negociaciones oportunas para la asunción de las competencias en materia de sanidad penitenciaria por el Servicio Canario de Salud de manera inmediata, asegurando la responsabilidad financiera íntegra a cargo de la transferencia", pues, como es normal, toda transferencia debe conllevar una ficha financiera.

Nada más, espero que hoy todos los grupos se sumen a esta proposición no de ley que no solo defiende los derechos constitucionales de los que nos hemos dotado en nuestro Estado, sino que, además, defiende los derechos humanos.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Tavío Ascanio): Para la defensa de enmiendas, tiene la palabra, van a compartir los tiempos, por lo tanto, tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, don Marcos Francisco Hernández Guillén.

El señor HERNÁNDEZ GUILLÉN (Desde su escaño): Gracias, presidenta.

Efectivamente, vamos a compartir el tiempo porque es un enmienda presentada conjuntamente, aunque, como bien ha comentado y avanzado el señor Márquez hemos alcanzado el consenso necesario y suficiente para que el entente haga posible la unanimidad, que estoy convencido de que así va a ser.

Ya el señor Márquez ha hecho un recorrido amplio y extenso que no voy a repetir en este minuto y medio que voy a usar, sino que voy a plantear algunas consideraciones.

Es verdad que nuestra ley sanitaria estableció un único sistema nacional de salud con la vocación de atender a toda la población sin exclusiones, eso por un lado. Y, efectivamente, en la ley que aquí nos ocupa del año 2003, que efectivamente ha llovido mucho a partir de ahí, en algunos sitios más que en otros, pero, en todo caso, tenían un plazo de dieciocho meses para la aplicación de la misma y el tiempo ha transcurrido sin que eso se haya materializado. Hoy aquí nos trae la preocupación por ver y vertebrar una opción y una posición con respecto a aquellos ciudadanos que están reclusos y que tienen, por supuesto, derecho a la asistencia sanitaria en igualdad de condiciones. Porque la imposibilidad de prestar una atención sanitaria completa integrada por parte de la Administración penitenciaria ha llevado a que en muchas comunidades, como en el caso de Canarias, bueno, pues se hayan formalizado y estén operativos algunos acuerdos, en el caso de Canarias ya ni siquiera están operativos esos acuerdos o convenios que lo que pretendían era que los servicios de sanidad penitenciaria y los correspondientes servicios autónomos de salud pues, bueno, por parte de estos últimos se prestase la atención sanitaria especializada y hospitalaria, básicamente porque la atención primaria sí que la desarrollan y la ejercitan desde el ámbito estrictamente penitenciario. Así que parece de razón que, bueno, pues planteemos lo que hemos planteado en esta transaccional que, efectivamente, habla también, y me parece un tema importante y no baladí, del aseguramiento de la responsabilidad financiera íntegra a cargo de la transferencia que aquí nos ocupa.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Tavío Ascanio): En nombre del grupo, también para la defensa de la enmienda, en nombre del Grupo Nacionalista Canario, tiene la palabra su señoría, la señora diputada doña María Elena Luis Domínguez.

La señora LUIS DOMÍNGUEZ: Gracias, señora presidenta. Señorías.

Señor Márquez, como no puede ser de otra manera desde el Grupo Nacionalista Canario defendemos y compartimos que todos los internos y todas las internas en centros penitenciarios sin excepción deben recibir atención sanitaria y farmacéutica equivalente a la que se dispensa al conjunto de la población y, por supuesto, pues, todas aquellas prestaciones complementarias básicas que se deriven de la misma.

Por otro lado, efectivamente, la disposición adicional sexta de la Ley 16/2003 establece que los servicios sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias serán transferidos a las comunidades autónomas para su plena integración en los correspondientes servicios autonómicos de salud y, además, establecía efectivamente dieciocho meses para hacerlo, lo cual no se produjo. Lo que usted nos había propuesto era instar al Gobierno de Canarias a que procediera a las negociaciones para asumir esta competencia de manera inmediata y nosotros lo que considerábamos, y así se lo hicimos llegar cuando negociábamos ese acuerdo, era que lo correcto sería instar al Gobierno de Canarias para que a su vez instara al de España a que, en cumplimiento de esta ley, pues, procediera a estas negociaciones.

Por otro lado, en lo que seguro estamos de acuerdo es en que esta comunidad autónoma ni puede ni debe asumir una sola competencia más, sobre todo en materia sanitaria, sin que venga acompañada de la financiación, del 100 % del coste real y efectivo de los servicios. Bastante tenemos ya con el déficit, con el deficiente sistema de financiación autonómico, con el importante agravio comparativo con el resto de comunidades autónomas y el reconocido déficit de financiación de nuestro sistema sanitario per cápita, eso sin contar la famosa deuda histórica de más de 400 millones de euros.

Efectivamente, hemos presentado una enmienda conjunta el Grupo Socialista y nosotros, el Grupo Nacionalista, con dos apartados: el primero haciendo referencia a lo que comentaba antes, instar al Gobierno de Canarias para que inste al Gobierno de España; y el segundo, pues, lo que planteamos es que hasta que esto se produjera se firmaran los correspondientes convenios con la financiación íntegra, pero, efectivamente, al final llegamos a un acuerdo, que yo le agradezco porque sé que ha hecho un esfuerzo para poderlo cerrar, donde nosotros hemos entendido que, efectivamente, a lo mejor hacer ese convenio pues lo que podía era condicionar de alguna manera, posiblemente retrasar, el objetivo de la propuesta que efectivamente era la integración de estos servicios en nuestro sistema de salud.

Por tanto, vamos a apoyar la propuesta, no sin antes recordar que existe un convenio, que ese convenio actual no está en vigor, está denunciado, y que, además, hay una deuda significativa del Estado. Seguro que a sus señorías esto les suena de algo.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Tavío Ascanio): Sería ahora el turno de fijación de posición. Simplemente, como quiera que el señor proponente ya ha leído el texto que ha pactado con los grupos enmendantes, le rogaría que se lo hiciera llegar a los servicios de la Cámara.

Y doy la palabra ahora a los grupos no enmendantes. En nombre del Grupo Mixto, tiene la palabra don Jesús Ramón Ramos Chinea.

El señor RAMOS CHINEA: Gracias, señora presidenta.

Ya en el día de ayer se presentaba en el Senado una iniciativa parecida a esta y desde nuestro grupo la apoyábamos, por lo tanto, desde el Parlamento de Canarias nuestro grupo no va a ser menos tampoco.

Defendemos la necesidad de contar con una sanidad pública y de acceso universal, por eso entendemos que es necesario que la comunidad autónoma se coordine con el Estado y proceda cuanto antes a pedir que se realice la transferencia de las competencias de sanidad penitenciaria y se integre a esta en el Servicio Canario de Salud.

Esta transferencia debería haberse efectuado hace más de doce años, y, por supuesto, no buscamos culpables, pero sí pedimos que se llegue a un acuerdo lo antes posible, pero con las debidas garantías, porque el acuerdo debe asegurar que el traspaso tenga aparejadas las consignaciones presupuestarias oportunas y que se cumpla respetando el principio de suficiencia financiera, ya que hablamos de atender a más de 3000 recursos en varios centros, con una atención permanente y a través de un servicio de calidad. Y va a resultar difícil hacerlo de manera inmediata ya que hay muchas cosas que cuadrar; entre ellas, las difíciles cuentas de la sanidad canaria y unos presupuestos generales del Estado prorrogados que no tienen nada previsto para este traspaso. Hablamos de un servicio público esencial y no podemos dejar desatendidas a estas personas si hay un problema al hacer la transferencia competencial. Y esperamos que esta transferencia se realice y se dé la misma cobertura sanitaria que pueda tener cualquier ciudadano que no esté privado de libertad.

El equilibrio debería estar siempre para asegurar la prestación de un servicio público esencial y nunca para restringirlo, además no se entiende la limitación tan grande que sufren para ser atendidos actualmente, cuando es obligación del Estado tutelar los reclusos y velar por su seguridad. Y, sin embargo, hay factores de riesgo para la salud que se incrementan en las cárceles y una mayor presencia de algunas enfermedades que parecen afectar en mayor medida a la población reclusa, como son el VIH e, incluso, la tuberculosis.

Para nuestro grupo parlamentario está claro que debemos pedirle al Gobierno de Canarias y al estatal que activen los mecanismos para realizar este traspaso competencial y que se garantice el servicio en todo el proceso. Por supuesto esperamos que los trabajadores que actualmente están prestando este servicio puedan incorporarse al Servicio Canario de Salud mediante el proceso que se ponga en marcha con la transferencia de las competencias de la sanidad penitenciaria.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Tavío Ascanio): Tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamentario de Nueva Canarias su portavoz, el señor don Román Rodríguez Rodríguez.

El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ (Desde su escaño): Señora presidenta, señorías.

Nosotros votaremos a favor de la proposición no de ley porque hay una referencia clara a la Ley de Cohesión y hay un colectivo de seres humanos en unas condiciones de asistencia sanitaria por debajo de la media del resto de los ciudadanos, pero debemos destacar la complejidad de lo que se solicita. Es decir, no hay posibilidades técnicas de que asumamos nosotros la atención sanitaria de este colectivo de personas con una financiación propia. Eso no funciona así. El sistema sanitario tiene una financiación en el marco de la financiación autonómica, y en ese paquete, teóricamente, hay que atender a todos los ciudadanos y a los visitantes en las condiciones que establecen las normas.

Otra cuestión es que reclamáramos en un nuevo marco estatutario las competencias en materia de instituciones penitenciarias, en cuyo caso esa sería una competencia nueva y, por lo tanto, cabría la opción de reclamar financiación para la competencia de instituciones penitenciarias.

A mí me parece bien la voluntad que anima la PNL, y seguro que la aprobaremos, pero yo no veo ningún otro mecanismo para mejorar la atención sanitaria de la población reclusa que está en Canarias que no sea la vía del convenio entre el Servicio Canario de Salud e Instituciones Penitenciarias. Yo creo que esa es la única vía operativa que puede mejorar las condiciones de atención sanitaria de este colectivo de personas. Lo otro es difícil, por no decir imposible, aunque la ley haga una referencia a ello. Y, en todo caso, cabría esta responsabilidad en el ámbito de las autoridades locales en el marco de que asumiéramos Instituciones Penitenciarias, globalmente interpretada, como tiene la comunidad catalana, que es la única comunidad que tiene esta competencia.

Por lo tanto, bien la PNL, pero si queremos ser operativos habría que activar las relaciones entre el Gobierno e Instituciones Penitenciarias, para que vía convenio se articulen los mecanismos para cooperar con la sanidad penitenciaria, para que las personas que se encuentran en esas instalaciones tengan la mejor atención y se asimile o se mejore con relación al resto de las personas que tenemos la condición de asegurados. Lo otro, está bien, pero será difícil. El convenio me parece que es el camino.

Votaremos a favor, pero creemos muy difícil la concreción de esta PNL.

La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Tavío Ascanio): En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra su señoría, el señor diputado don Guillermo Díaz Guerra.

El señor DÍAZ GUERRA (Desde su escaño): Gracias, presidenta.

El espíritu de esta proposición no de ley lógicamente, aunque algunos de los que me han precedido han aprovechado para hacer un juicio, casi un prejuicio, respecto al sistema sanitario en los centros penitenciarios, lo que persigue es darle cumplimiento a una ley aprobada por el Gobierno del Partido Popular en el año 2003, como es la Ley de Cohesión del Sistema Sanitario.

Nosotros vamos a apoyar esta proposición, porque, primero, da cumplimiento a una normativa nacional, y, segundo, porque hace escasamente una hora en el Senado español se ha aprobado por unanimidad una moción muy similar, que solicitaba que se transfiriera a las comunidades autónomas la sanidad penitenciaria.

Por cierto, lo que se ha aprobado ha sido una enmienda transaccional, aportada por el Grupo Popular y defendida por un senador tinerfeño, Antonio Alarcó, que ha conseguido la unanimidad de todo el Senado, para instar al Gobierno de España, no a iniciar, sino a continuar lo que se inició en el año 2004. Ya hay dos comunidades autónomas que han asumido la sanidad penitenciaria.

(Se reincorpora a su lugar en la Mesa el señor vicepresidente primero, De la Hoz Fernández, quien pasa a ocupar la Presidencia).

Por lo tanto, respecto al texto que ustedes proponían, parece dejar entrever que ustedes instan a que se inicie esa negociación y la realidad es que ya en el año 2004 se reunió la comisión interterritorial y se iniciaron las reuniones bilaterales. Luego, me gustaría únicamente sugerir que se retome la negociación. Y el resto del texto lo respetamos absolutamente, porque creemos que es justo que se cumpla la ley, que va a ser bueno para la población interna de los centros penitenciarios y va a ser bueno también para el personal sanitario que trabaja en los centros penitenciarios. La vamos a apoyar y le sugiero que únicamente se redacte "proceda a retomar las negociaciones", y que por supuesto con carácter inmediato y con la financiación oportuna se transfiera la competencia a la comunidad autónoma en materia sanitaria.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Muchas gracias, señor Díaz.

El señor DÍAZ GUERRA (Desde su escaño): (Sin micrófono).

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Perdón. Tome la palabra, si es tan amable.

El señor DÍAZ GUERRA (Desde su escaño): Gracias, presidente.

Me plantean si es una enmienda in voce. Yo recuerdo el acuerdo de este Pleno respecto a que las enmiendas in voce deberían hacerse por escrito. Únicamente era una sugerencia de corrección. Decimos que estamos de acuerdo con el espíritu, que la transferencia debe ser inmediata, debe ser con recursos financieros, únicamente la puntualización de que no se inicien, sino que se retome lo que ya está iniciado.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Muchas gracias, señor Díaz.

Señor Márquez.

El señor MÁRQUEZ FANDIÑO (Desde su escaño): Sí, aceptamos, al menos por parte del grupo proponente, la corrección.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Muchas gracias.

Pues, sin más, procedemos a la votación. Con el texto transado y con la corrección de última hora. Llamamos a votación.

(La Presidencia hace sonar el timbre de llamada a la votación).

Lanzamos votación, señorías.

(Pausa).

50 presentes: 50 síes.

Se aprueba por unanimidad la PNL.

Paramos y volvemos a reanudar el pleno, tres y media. A las tres y media volvemos a reanudar el pleno.

Gracias.

(Se suspende la sesión a las catorce horas y diez minutos).

(Se reanuda la sesión a las quince horas y treinta y seis minutos).

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Buenas tardes, señorías.

(El señor secretario primero, Cabrera González, ocupa un escaño en la sala).

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  • 9L/PNL-0278 Sobre cumplimiento de la Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.


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