Diario de Sesiones 53, de fecha 9/11/2016
Punto 8
9L/PL-0003 DEBATE DE PRIMERA LECTURA. PROYECTO DE LEY DEL SUELO DE CANARIAS.
La señora PRESIDENTA: ...del proyecto de Ley del suelo de Canarias.
Vamos a dar comienzo a este punto del orden del día y tiene la palabra, para comenzar, la intervención del Gobierno para la presentación del proyecto por tiempo de veinte minutos.
La señora CONSEJERA DE POLÍTICA TERRITORIAL, SOSTENIBILIDAD Y SEGURIDAD (Barreto Hernández): Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señora presidenta.
El proyecto de Ley del suelo de Canarias, a debate hoy en esta Cámara, nos permite plantear, primero, una respuesta a una cuestión relevante: ¿da soluciones el actual procedimiento de toma de decisiones en materia de ordenación del territorio en Canarias? La respuesta a esa pregunta, una respuesta no pronunciada solamente por el Gobierno de Canarias sino por la sociedad, es no, lo dicen los datos, lo dice la experiencia vivida en estos años y el diagnóstico realizado. A partir de esta evidencia contrastada, objeto de análisis en multitud de documentos y de estudios procedentes de ámbitos institucionales, sociales, profesionales y ambientales de Canarias procede hacer una pregunta a continuación: ¿es necesaria la formulación de una nueva ley para revisar el actual marco unificando todo en un único texto? La respuesta entendemos que es rotundamente sí. Es una apuesta de este Gobierno apostar por los principios de certeza, de seguridad jurídica, de contención, de conservación, de no regresión por el principio de compensación por conservar, de claridad y simplificación porque lo peor de la situación actual no es solo que las normas sean ineficaces sino que son tantas y tan contradictorias que no sabemos a qué atenernos. Y esta situación provocada por la maraña normativa afecta a todos los ciudadanos y es nuestra obligación responder a esta evidencia en defensa del interés general de las ocho islas y en aras de un desarrollo sostenible que enlace la protección de nuestro territorio con el progreso de los ciudadanos.
Hay muchos ejemplos que demuestran la evidencia del caos normativo, traigo hoy uno aquí que en la actualidad aqueja a los ciudadanos de Canarias y sus administraciones públicas, un ejemplo claro lo constituye el sistema de planeamiento. De los 88 municipios canarios, 31 ni siquiera han iniciado su adaptación al texto refundido 2000, 28 ayuntamientos han iniciado la adaptación pero no han logrado concluirla y, de los 29 planes generales aprobados, 7 han sido suspendidos o anulados por los tribunales. A esto hay que añadir que el plazo medio de aprobación de los planes en Canarias es de doce años y es obligación del Gobierno actuar ante esta situación caótica, dejar las cosas como están sería una irresponsabilidad, por eso, producir las reformas necesarias para dar la solución es lo que tenemos que hacer.
El proyecto de Ley del suelo se gesta desde el análisis de la realidad, el debate, la búsqueda de puntos de encuentro y el consenso con numerosos colectivos, entidades, instituciones, asociaciones y ciudadanos con una apuesta decidida por el acuerdo, un texto que ha ido cambiando y mejorando durante estos meses con las aportaciones de todos ellos y que hoy presentamos ante esta Cámara para que sin duda siga mejorando, fruto del debate responsable y serio para que se apruebe la mejor Ley del suelo de Canarias.
Por tanto, avalamos con este proyecto de ley principios rectores del desarrollo sostenible, defendidos en multitud de documentos normativos, el desarrollo sostenible es la compatibilidad entre el progreso de la sociedad y la conservación de nuestro entorno natural, no la exclusión entre uno y otro. De modo que el análisis actual compartido con la sociedad nos coloca en una situación de confusión normativa, tenemos en vigor tres leyes que regulan nuestro territorio: el texto refundido 2000, que ha pasado por 16 reformas; la Ley de Directrices de 2003, la ley de armonización y dos decretos reguladores de gestión y procedimiento; un panorama en el que son apreciables las fronteras confusas entre las mismas, la tensión permanente entre las administraciones por no ser claro el marco competencial y la carga injustificada sobre la sociedad, perjudicando el día a día de los ciudadanos.
El contenido básico del texto normativo es conocido. Abogamos por la aprobación de una única ley para aglutinar todas las reglas fundamentales de protección, ordenación y utilización del suelo. Se propone, por tanto, sustituir al texto refundido, a la ley de directrices y a la ley de armonización, incorporando el contenido de las mismas y regulando aspectos no abordados hasta ahora.
Es el momento de afrontar los retos de nuestro presente, es la ley que Canarias necesita ahora, así lo avala el diagnóstico compartido. Es la ley que nos permite mirar nuestro presente y futuro con ilusión, con optimismo y respetando el desarrollo sostenible y la cultura del territorio que nos hemos dado todos los canarios a lo largo de los años.
Esta ley es trascendental en este momento, así como lo fueron las otras en el pasado; a ellas hay que mirarlas con ojos de pasado, a esta con ojos de presente y futuro.
Hablemos, señorías, del articulado del proyecto de ley. ¿Cuáles son los principios rectores que la inspiran? Los tenemos muy claros: el respeto a los espacios naturales protegidos, lo protegido protegido está; el respeto a nuestra cultura del territorio, aceptada y asentada entre los canarios, en aras de ese principio de no regresión de las decisiones tomadas y consolidadas; la primacía del principio de lo rústico, pues se suprime el criterio de la ley de 1998, de liberalización del suelo, desde entonces y por primera vez ahora es el proyecto de Ley del suelo el que no facilita la clasificación de nuevo suelo urbanizable; el principio de desarrollo sostenible que conjugue el respeto de nuestro entorno y el desarrollo de nuestra sociedad; el principio de compensar por conservar; el claro reparto competencial entre las administraciones; y simplificar, racionalizar y dar claridad a la ordenación de nuestro territorio.
El proyecto de ley que hoy presentamos cuenta con 10 títulos, 408 artículos y numerosas disposiciones. Me van a permitir que para exponerlo lo haga resumidamente dividiéndolo en cuatro grandes bloques.
Un primer bloque está dedicado al régimen jurídico del suelo. El texto mantiene la trilogía clásica de distinción entre suelo rústico, suelo urbanizable y suelo urbano y mandata, además, que todo suelo no urbanizable o urbano sea rústico per se.
Respecto al suelo rústico se regulan y precisan los usos ordinarios, que permiten el desarrollo profesional del sector primario, tales como los agrarios, los ganaderos, los piscícolas, el forestal, el de pastoreo, entre otros, permitiéndoles el desarrollo de energías renovables o la alta tecnología aplicada a la actividad; se acomodan las normas en la aplicación directa a la realidad del sector y se regulan los usos de interés público y social para el suelo rústico, salvo para los de protección agraria y ambiental, reduciendo en el texto el pago del canon solo a estos usos, que, en su caso, necesitarán de declaración de interés público o social por el cabildo si no están previstos en el planeamiento.
En cuanto a los asentamientos rurales, asunto objeto de frecuente conflicto en la normativa actual, se introduce una única definición, evitando distinciones entre las islas con un concepto no expansivo; se produce la supresión de la calificación territorial y del proyecto de actuación territorial. En los suelos con valores ambientales, que constituyen en Canarias más del 50 % de nuestro territorio, se formula el principio de compensar por conservar, que se traduce en el derecho de estos suelos ambientales a participar en las plusvalías urbanísticas y, por tanto, en la obligación de contribuir a cargo de los titulares de suelos urbanizables ordenados, urbanos no consolidados o con dotaciones, mediante la creación de un fondo insular de compensación que se desarrollará reglamentariamente. Asimismo, se reconoce la posibilidad de realizar actividades complementarias para el sector primario, tan demandadas por ese sector, asociadas al uso principal, generadoras de una renta complementaria para el agricultor o ganadero y con unas condiciones tasadas y claras. No podrán ocupar más del 10 % de la superficie total ni más del 15 % de la explotación, quedando al año sin efecto si se abandona la actividad principal.
Sobre los suelos urbanizables hay que partir de una realidad incontestable: Canarias cuenta con más de 50 millones de metros cuadrados de suelo urbanizable sin desarrollar, es decir, señorías, suelo ya preparado para que se produzcan cosas en él y que no se han producido.
Y no necesita más. Partimos de esa realidad. Por eso el proyecto de ley no facilita la clasificación de nuevo suelo urbanizable sino que impone la obligación a las administraciones de revisar si debe mantener o volver a hacer rústico el que ya está. De este modo se limita la expansión urbanística y se ponen las bases para reducirla, se trata de medidas inexistentes en las leyes actuales. Por tanto, a partir de este diagnóstico, todo suelo urbanizable será sectorizado, desapareciendo el no sectorizado. Los suelos urbanizables sin iniciativa privada en cinco años a la entrada en vigor de esta ley, previa ponderación de las circunstancias, podrán ser reclasificados a rústicos por la Administración.
En cuanto a los suelos urbanos, procede subrayar lo siguiente: se recoge el criterio legal y jurisprudencial vigente sobre el suelo urbano y se regulan los derechos y deberes de los propietarios afectados por una actuación de dotación en suelo urbano consolidado. Es una apuesta clara de este Gobierno por la rehabilitación y la renovación urbana como parte de ese principio de contención dentro del suelo urbano.
Se aborda el conflicto del fuera de ordenación en las áreas urbanas consolidadas, resolviendo así un problema real de nuestra sociedad. Asimismo, se admiten las licencias provisionales en todos los suelos, con unos requisitos y garantías claros: se otorgarán a título precario, deberán ser condicionadas, contar con garantía e inscritas en el registro de la propiedad.
Me van a permitir que en el segundo bloque aborde los instrumentos de ordenación.
El proyecto de ley mantiene la estructura tradicional del sistema normativo canario -directrices, plan insular, plan general de ordenación-. Además, se mantienen los planes de desarrollo territoriales y urbanísticos -parciales, especiales, estudios de detalle-, y las normas técnicas, que son básicas para facilitar la redacción y la revisión de planes. Se suprimen las instrucciones técnicas por su carácter de mera recomendación y se introduce como elemento rector el principio de autocontención, esto es, no ir más allá de lo estrictamente necesario para cumplir la función del planeamiento, a modo de contrapeso frente a esa visión de que los planes regulen todo.
Respecto a los planes insulares de ordenación, su contenido regulará la ordenación de los recursos naturales, la ordenación del territorio con su zonificación y usos globales, la determinación de las infraestructuras insulares y los criterios para la ordenación de los recursos y actividades estratégicos, por ejemplo, los de los suelos agrícolas. Se consigue así resolver un conflicto competencial entre el plan insular de los cabildos y los planes generales de los ayuntamientos, que cada frontera de competencias esté clara.
Respecto a su eficacia, sus determinaciones serán ejecutivas, novedad esta que no obligará a remitirlos a otros planes, evitando así la revisión permanente de nuestro sistema de planeamiento, que tantos problemas y bloqueos administrativos ha ocasionado a los ciudadanos.
En cuanto a los planes generales de ordenación, se reconoce en ellos un doble contenido, como en el sistema actual, la ordenación estructural, siempre obligatoria, y la ordenación pormenorizada, de contenido facultativo, pudiendo regularse por el propio plan general, bien a través de planes de desarrollo, cuestión que debe quedar a decisión del ayuntamiento.
Y se mantienen los estándares de legalidad, y en el caso del estándar de densidad de población en áreas saturadas se condiciona su aplicación a la realidad urbana.
En el procedimiento de elaboración, la aprobación de los planes recaerá en cada Administración, emitiendo el Gobierno un único informe, preceptivo y vinculante, en materia competencial, pudiendo, además, emitir informe de legalidad solo si así se lo solicitan las administraciones que lo elaboran.
Además, en aplicación de la legislación básica estatal se introduce el plazo de cuatro años para la aprobación de los planes, con la posibilidad de una prórroga de dos años más. Es decir, señorías, este proyecto de ley, con las modificaciones que introducen trámites y procedimientos, conseguirá reducir a la mitad los años que las administraciones locales invierten en redactar sus planeamientos.
Como otras novedades contenidas en el proyecto de ley hay que destacar la creación de nuevos instrumentos de ordenación, destinados a dar una respuesta ágil, eficaz y transparente a necesidades sobrevenidas de interés público, como los proyectos de interés insular y autonómico, las ordenanzas provisionales insulares y municipales, y los programas de actuación en el medio urbano, de los que hemos oído hablar mucho, pero poco de su contenido.
Permítanme aclarar algo, los proyectos de interés insular y autonómico no constituyen una novedad en este sistema normativo, el procedimiento que planteamos es similar al ya vigente en 10 de las 17 comunidades autónomas, que se enfrentan a desafíos igualmente comparables. Su regulación en la ley es amplia y clara para que todos conozcan las reglas de juego y no solo unos pocos. Requieren la declaración de su carácter estratégico, buscan dar solución a situaciones sobrevenidas y no pensadas por el planeamiento, son posibles en todos los suelos pero muy limitados en los suelos rústicos ambientales y agrarios, debiendo ser la única alternativa posible en el primero de los casos o tratarse de proyectos públicos en el segundo. Requieren obligatoriamente información pública, audiencia de los propietarios de los suelos, informes de los municipios afectados, que ante discrepancias elevarán la resolución al Gobierno, y evaluación ambiental.
A partir del sistema de planeamiento del plan como mecanismo de ordenación del suelo, ya sea para su protección, ya sea para su uso, es preciso clarificar y racionalizar el vigente sistema de planeamiento para que cumpla la función que debe cumplir. Es necesario que vuelva a ser un sistema ordenado y transparente, con las fronteras claras entre lo insular y lo municipal.
Por último, debo añadir que se introduce un nuevo sistema ágil para la modificación, pudiendo acudir como regla general el procedimiento de modificación menor y dejando solo la modificación sustancial, la actual revisión, para los casos tasados en la ley.
En el tercer bloque se regula la intervención administrativa sobre los usos del suelo a través de los distintos títulos habilitantes y por tanto reguladores de la relación del ciudadano con la Administración.
El sistema que regula el proyecto de ley se basa en dos títulos habilitantes: las licencias y las comunicaciones previas. Las licencias serán exigibles en los supuestos tasados y regulados en la ley. La comunicación previa se generaliza y permite agilizar esa relación que tendrá el ciudadano con su ayuntamiento. Pero fuera de esos títulos habilitantes se contempla también la posibilidad de que queden actuaciones exentas de título para aquellos supuestos de poca trascendencia, estando la Administración obligada a ejercer en todo momento sus potestades de inspección, comprobación y reacción de forma obligatoria.
En el cuarto bloque, nos dedicaremos a hablar de la garantía de la legalidad urbanística. En este caso, se simplifica el procedimiento sancionador y se presentan más garantías, se racionaliza el régimen de infracciones y sanciones, se aclara el reparto competencial entre la futura Agencia Canaria de Protección del Medio y los cabildos y ayuntamientos, se suprime que la legalización determine la exclusión de la sanción, sin perjuicio de su reducción, y se mantiene la imprescriptibilidad de todas aquellas cosas o actos que se realicen, en los espacios naturales protegidos y en el dominio público.
A modo de conclusión, me gustaría explicar, señorías, algunas ideas. Esta ley no solo es la ley del Gobierno, es la ley de los cabildos, de los ayuntamientos, de las asociaciones, colegios profesionales, colectivos y ciudadanos que han participado en algún momento de todo este proceso en su elaboración. No está todo lo que todos querían pero sí está el reflejo del consenso alcanzado durante todos estos meses.
La Ley del suelo se construye sobre unos principios fundamentales: respetar nuestros espacios naturales, buscar el desarrollo sostenible entre nuestro entorno y el progreso de los canarios en aras de preservar nuestro modelo territorial, reflejar las necesidades del sector primario de manera profesional, dando primacía al suelo rústico y no facilitando la clasificación de más suelo urbanizable, clarificando procedimientos y trámites, y acercando la ordenación del territorio a todos los ciudadanos con claridad y transparencia.
Afronta problemas reales, ampliamente conocidos y debatidos, reflejo del diagnóstico ya mencionado, y no abordados ni solucionados hasta ahora, ante lo que este Gobierno tiene la responsabilidad y la obligación de dar respuesta.
Defiende, señorías, como eje central la descentralización de funciones, frente a un sistema centralizador, paralizado y bloqueado.
La Ley del suelo tiene mucho más en su extensión, es difícil resumirlo todo en veinte minutos, pero sí que a todos aquellos que han mostrado dudas siempre les he pedido que vayan al articulado.
Espero que la exposición y la ley en sí sea suficiente, señorías, como para admitir a trámite esta ley y debatirla ampliamente en un debate serio y responsable, porque la sociedad canaria no se merece que perdamos la oportunidad que tenemos ante nosotros de conseguir una ley que dé solución a los problemas reales de esta tierra.
Muchas gracias.
(Aplausos en la sala).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora consejera.
Turno ahora para los grupos enmendantes.
Por orden de entrada en el registro, en primer lugar, tiene la palabra para la defensa de la enmienda de totalidad del Grupo Podemos la señora Santana.
La señora SANTANA PERERA: Muy buenas tardes a todas y a todos.
Hoy los diputados y diputadas de Podemos no venimos aquí a defender solo a nuestros votantes, venimos a representar a gran parte de la sociedad civil y de la ciudadanía canaria que no entiende por qué su Gobierno, el Gobierno que debiera ser de todas y todos los canarios, pretende aprobar una ley atendiendo solo a los intereses de unos pocos en lugar de los intereses de la mayoría social. Una ley que parece redactada como traje a medida de la clase empresarial canaria, una ley que a nosotros -señora Barreto, siento decírselo- no nos gusta, y es por ello que hoy queremos representar a toda esta gente, a esa gente que se ha sentido olvidada, a esta gente que se ha sentido obviada en el proceso de elaboración de esta ley.
Venimos también a defender a los votantes socialistas, muchos de los cuales nos mandan mensajes sintiéndose huérfanos, porque el partido en el que confiaron se haya entregado de esta manera a los intereses de Coalición Canaria, del Partido Popular y a los intereses que estas fuerzas políticas representan.
Esta ley evidencia mejor que ninguna la causa de todos los males de nuestra tierra, representa la unión de los tres grandes partidos, que, pactando entre ellos, en Canarias pero también en Madrid, llevan treinta años provocando el retraso de nuestra tierra, de una tierra que ya no puede aguantar más, una tierra que está cansada de ser el juguete roto de la clase política que a los canarios y canarias nos ha tocado sufrir.
Señoras y señores diputados de Coalición Canaria, Partido Popular y Partido Socialista, Canarias necesita una ley, evidentemente, pero que ustedes crean que la ley que necesita Canarias es esta, liberalizar más para construir más y con más facilidad, nos confirma lo que nosotros llevábamos mucho tiempo pensando, que la realidad va por un lado y ustedes, desgraciadamente, van por otro. No sé si es por ignorancia, no sé si por mala fe, pero estos son los únicos dos motivos que se me ocurren para explicar que ustedes consideren que esta es la ley que necesita Canarias.
Señora Barreto, señor Clavijo, esta ley permite la desregularización del suelo de nuestra tierra, y si no es así, atrévanse a negarlo, pero es que no van a poder, no van a poder porque no se puede negar la evidencia, y espero que ustedes tampoco se atrevan a eso.
Yo les pido, por favor, que sean claros, que sean honestos, que, aprovechando que no están ustedes en campaña electoral y que ahora pueden ser sinceros, le digan bien clarito a la gente de Canarias que lo que ustedes quieren es liberalizar nuestro suelo porque creen, además, que esto es lo que necesita Canarias, que se pueda construir con mayor libertad, que se construyan más pisos, que se construyan más hoteles, esa parece ser su receta mágica, la que entienden ustedes que nos sacará de la situación de pobreza y subdesarrollo en la que se encuentra Canarias. Y está bien que lo reconozcan de verdad, me parece bien que sean honestos. De esta manera podremos tener un debate sincero sobre lo que nuestra tierra necesita. Hay dos modelos: el de ustedes y uno alternativo que es el que nosotros queremos representar hoy aquí.
Señores del Partido Socialista, el voto que ustedes van hacer a favor de esta ley hoy aquí es un voto manchado de cemento, es un voto casi tan indigno como el que ustedes dieron a la investidura del señor Mariano Rajoy para el Gobierno de España, aquí le dan el Gobierno más o menos a los mismos, a los poderes fácticos, y no lo decimos nosotros lo dice su compañero, Pedro Sánchez. Solo espero que lo que reciban a cambio de verdad les merezca la pena porque les va a costar mucho volver a mirar a la cara a esos votantes socialistas y decirles por qué ustedes votaron que sí a esta ley.
En primer lugar, es que ni siquiera ha habido un análisis objetivo, un diagnóstico serio que explique por qué necesitamos esta ley, qué porcentaje del suelo está ocupado y cuánto realmente se necesita, cuántas licencias están paradas, cuántas inversiones están detenidas por esos trámites burocráticos de los que ustedes nos hablan. Reflexionemos: ¿es realmente necesaria esta ley o es que la ley pretende por sí misma crear esta necesidad? Estaríamos hablando de un suceso único y milagroso, una ley que trae inversiones así, por arte de magia, o es que acaso ustedes esconden algún tipo de inversión como un Eurovegas que de repente desde que se apruebe esta ley vaya a aprobarse en Canarias, porque es que si no, no lo entendemos, dígannoslo, hablen claro, ya se lo decimos, quítense las caretas, digan claramente qué están buscando con esta ley.
Miren, este proyecto elimina las directrices generales en materia de planeamiento. De las 143 directrices que existen, la ley solo incorpora 9, que son, además, las menos significativas. También da cabida a que se ordene el territorio a golpe de elementos excepcionales. La ley representa una cesión de las competencias de la comunidad autónoma tanto en ordenación del territorio, pero en algo más preocupante, como en la protección del medio ambiente, es decir, hablamos de una ley en la que está reconociéndose a sí mismo el Gobierno que son unos incompetentes, otro suceso único. Y como solución a esta incapacidad descrita como maraña burocrática, lo que no dicen es que esa maraña burocrática la crearon muchos de los que están aquí sentados, no se les ocurre otra cosa que de aquí en adelante, señor Clavijo, se deshacen de las competencias que tenía la comunidad autónoma, no sé si a eso se refería usted con su eslogan de campaña.
La ley va a tener muchos efectos graves: atenta cuanto menos a cualquier principio que debiera salvaguardar cualquier gobierno que se dice a sí mismo nacionalista; a la cohesión nacional, en este caso, la cohesión archipielágica, dirigiendo las islas hacia un modelo de atomización, en vez de apostar por un modelo común, vamos a por 88 modelos diferentes; dejamos atrás el insularismo que se ha demostrado claramente erróneo, pero es que vamos a un modelo aún peor, al modelo del reino de taifas. Y para que no tengamos otro remedio, además, nos cargamos un organismo, uno de los pocos instrumentos que hasta ahora aseguraba la existencia de un control unificado en la legalidad de materia de planeamiento. Sí, les estoy hablando de cómo han desvirtuado ustedes la Cotmac.
Esta ley va a permitir la construcción en suelo rústico y es una amenaza a uno de los mayores recursos, a una de las mayores riquezas que tiene Canarias: nuestros espacios naturales protegidos. No solo son nuestra mayor riqueza actual sino nuestra mayor riqueza futura. Porque hoteles hay muchos y en muchos lugares del mundo, pero lo que sin duda no tiene todo el mundo es la riqueza de recursos naturales que tiene nuestra tierra, que tiene Canarias.
A nosotras nos aterra pensar en el modelo desarrollista por el que ustedes están apostando. Frente a ello, nosotros tenemos un modelo alternativo, el modelo de la sostenibilidad. Y porque nos hemos estudiado la ley y queremos que la ciudadanía conozca sus contenidos, vamos a poner ejemplos de lo que esta ley puede significar.
Con los artículos del 124 al 133 se permitirán actuaciones urbanísticas de la envergadura de Playa del Inglés o Playa de las Américas amparándose en esos proyectos de los que nos hablaba la consejera de interés insular o autonómico. Sí, así, saltándose cualquier tipo de planeamiento. Su objetivo es aprobar para su inmediata ejecución, de forma autónoma y sin que esté contemplado en la planificación, pues, sistemas generales, equipamientos estructurales, actividades industriales, energéticas, turísticas, culturales, deportivas, sanitarias o de otra naturaleza. ¡Uf! Casi nada, ¿eh? Estas se pueden ejecutar en cualquier tipo de suelo con independencia de su clasificación y su calificación urbanística, y pueden ser promovidas por iniciativa privada sin ningún tipo de límite, sin condicionamiento territorial a la magnitud del proyecto.
Esta ley permitirá en suelo agrario o residencial la instalación de una planta de biomasa, como así se contempla en el artículo 61, y hará posible la instalación de regasificadoras en suelo rústico, según el propio artículo 64.2. Con esta ley podemos ver cómo se construye un complejo residencial a las puertas del Parque Nacional del Teide, en la Corona Forestal, siguiendo lo que dice el artículo 111 y si así lo estableciera su plan rector. Sí, y es que no estoy bromeando, ya me gustaría a mí estar bromeando pero es que esto es así, esta ley contempla el uso residencial en parques naturales de Canarias.
El artículo 143.3 también nos parece un grave riesgo, ya que se les otorga poderes a los ayuntamientos en materia de ordenación. Y es un peligro, señora Barreto, un peligro que no se inventa Podemos, es una cosa que yo creo que es de lógica, de sentido común: más del 40 % de nuestras corporaciones locales desgraciadamente están salpicadas, pues, por casos o por causas de corrupción, y eso que no tenían esta Ley del suelo, imagínense qué pueden hacer con una herramienta como esta en sus manos. En definitiva, como la potestad de calificar el suelo quedaría en manos de ayuntamientos que podrán decidir su uso a través de la elaboración y la aprobación de los planes generales -artículos 144 y 145-, es el pleno municipal el responsable último de la planificación. Los alcaldes tendrán una poderosa herramienta en su mano para convertir el suelo rústico, por ejemplo, en lugar donde ubicar equipamientos, dotaciones, usos industriales..., de forma completamente discrecional. Díganme, además, de dónde van a sacar muchos de nuestros ayuntamientos los recursos para elaborar estos planes urbanísticos. Pues se lo decimos nosotros, claro, privatizándolos, provocando con ello la paradoja de que quien realice la ordenación de los mismos tenga, además, los intereses de aumentar sus beneficios, lo que viene siendo, por todos conocido, poner al lobo a cuidar del rebaño.
Y llegamos al artículo 169, para nosotros uno de los más peligrosos, de los más terroríficos, un artículo al que nosotros llamamos "el artículo cajón de sastre", el artículo que permite al Ejecutivo enmendarse a sí mismo a la totalidad en cualquier momento, ya que puede suspender cualquier tipo de ordenación apelando al interés público. ¿Y quién determinará este interés público? Pues, como sean los mismos que han redactado esta ley nosotros desde ya nos ponemos a temblar.
Este proyecto de Ley del suelo es, en resumen, un golpe a la democracia pues apuesta por un urbanismo de proyectos empresariales en vez de un urbanismo de planificación institucional, poniendo en manos de las grandes empresas lo que deberían decidir los representantes políticos, que para eso hemos sido los representantes elegidos por la ciudadanía en las urnas. Y, por si esto fuera poco, ha sido redactado, este proyecto de ley, sin consenso, sin participación ciudadana real y efectiva, y sin la elaboración de un diagnóstico previo que analice las capacidades de uso de nuestros suelos urbanos y urbanizables, la capacidad de carga de nuestros espacios rurales y la huella humana que ambos generan en nuestros espacios protegidos. No olvidemos que la gran mayoría de los colectivos sociales y profesionales que han tenido a bien estudiar esta ley -no mienta en esta Cámara, señora consejera- se han posicionado en su contra. La presión ciudadana es para que esta ley se retire, ayer mismo tuvimos una concentración a las puertas de este Parlamento. Solo existe el interés de que salga adelante esta ley por parte de las élites políticas y las élites empresariales de Canarias...
(Rumores en la sala).
La señora PRESIDENTA: Señora Santana, un momento.
Señorías, por favor, guarden silencio.
La señora SANTANA PERERA: Algunos están muy nerviosos, parece.
La señora PRESIDENTA: Señorías, por favor.
Siga, señora Santana, y no provoque al tendido. Siga, señora Santana.
La señora SANTANA PERERA: Si en algo todas y todos podemos estar de acuerdo es en que, evidentemente, Canarias necesita una ley que regule su territorio. Pero es que nosotros creemos que las cosas se deben hacer bien, como mínimo tan bien como se han hecho en otros territorios, como en el País Vasco, donde llevan tres años debatiendo y revisando las directrices de ordenación del territorio. En el país canario, sin embargo, para el señor Clavijo la participación ciudadana es exponer públicamente la Ley del suelo durante un periodo ridículo de treinta y cinco días. Es una ley tan mala que hasta el presidente Paulino Rivero, presidente de un periodo oscuro de nuestra tierra -no sé si último fichaje de Nueva Canarias, eso se dice por ahí-, la desprecia tildándola de neoliberal.
La Canarias que ustedes defienden está clarísimo que no es la Canarias que nosotros defendemos. Por supuesto que queremos traer inversiones a Canarias, pero no a cualquier precio. Canarias no puede aprobar una ley cuyo único fin es convertirnos paradójicamente en un territorio sin ley. Los intereses que ustedes representan son los intereses de los grandes empresarios: hacer de Canarias una tierra donde pagar pocos impuestos, con escasos derechos laborales y donde construir sea fácil, barato, con pocas trabas. Esa no es la Canarias que nosotros queremos. Esa Canarias se la devolvemos, como les devolvemos esta ley. El modelo económico que ustedes defienden ya se ha demostrado erróneo, fracasado, una y otra vez, el modelo de turismo barato, de sol y de playa, y de subdesarrollo social. No queremos una Canarias que compita por abajo, desde la mano de obra barata y la desregularización. Nosotros queremos una Canarias que apueste e invierta en energías renovables, donde la soberanía energética sea de repente una realidad, donde se apoye a los emprendedores, donde se apueste por una soberanía alimentaria, y donde intentemos parecernos, aunque sea desde lejos, un poquito más a esos estados que han desarrollado el Estado del bienestar.
Y para terminar, me gustaría traer un poquito de mitología a esta Cámara y recordarles el mito de Casandra. Y es que al igual que Casandra..., nosotros nos sentimos identificados con ella, ahora déjenme que les cuente la historia. Casandra era una joven que quería tener un don especial y rezaba día y noche al dios Apolo para que le concediera el don de la clarividencia y poder adivinar el futuro. Apolo decidió concedérselo a cambio de su amor, pero al sentirse no correspondido, convirtió su don en una maldición. A partir de entonces ella podía adivinar el futuro, pero nadie creería sus predicciones. Un tiempo después, Casandra también adivinó la guerra que se dio en Troya, pero nadie la creyó.
Con esta ley ustedes actúan como ese caballo de Troya y serán los responsables de traer a nuestra tierra algo que no mejorará la vida de la mayoría ciudadana, sino tan solo de unos pocos. Nos traen una ley que tiene por objetivo destruir nuestro principal activo, nuestro territorio. Ya se lo hemos dicho en muchas ocasiones, la Ley del suelo puede convertirse en el certificado de defunción para Canarias.
Aunque no nos hagan caso, nosotras seguiremos ejerciendo como casandras y trataremos de avisar a la mayoría de nuestra gente de los peligros que entraña su ley. Porque nosotras no nos vamos a dar por vencidas. Como canarias llevamos en nuestra sangre el espíritu de nuestros antepasados, los guanches, el espíritu luchador, y cuando ponen en peligro lo que más nos duele, lo vamos a defender con uñas y dientes, y, como tales, durante décadas muchas paisanas han defendido nuestra tierra frente a la especulación urbanística, sin lugar a dudas un nuevo tipo de forma de conquista.
Señor Clavijo, señorías, hoy tienen ante ustedes una oportunidad histórica, la oportunidad de decirle no a esta Ley del suelo. Súmense a la defensa de Canarias, súmense a la defensa de uno de nuestros tesoros más valiosos, el suelo que pisamos, el suelo que nos da de comer. Caminen junto al pueblo, así que digamos todos y todas no, salvemos a Canarias, porque Canarias no se vende, Canarias se defiende.
(Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Santana.
Ruego a las personas que están en el público presentes que se abstengan de hacer manifestaciones a favor o en contra de los intervinientes. Asimismo, ruego silencio, no solo para sus señorías sino también para el público asistente, porque esta sala tiene una acústica excepcional, y en algunos casos es positiva, pero lo que hablan arriba, el murmullo, se siente aquí abajo.
Ahora tiene la palabra para defender la enmienda a la totalidad el portavoz de Nueva Canarias, el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Señora presidenta, señorías, señor presidente del Gobierno, buenas tardes. Un saludo especial a las personas que nos acompañan en tan importante debate.
Agradezco especialmente la presencia del señor presidente, sería de otra manera incomprensible que estuviéramos discutiendo esto aquí, porque algo tiene que ver con esta iniciativa legislativa. Sabemos que viene de lejos, y seguramente cansado, pero yo enfatizaré los argumentos para que el señor presidente escuche y comprenda nuestros planteamientos e ideas.
No les quepa duda de que estamos ante una norma, no la más importante de esta legislatura, de las más importantes que puede decidir este Parlamento, porque actúa sobre una competencia exclusiva, relevante, determinante, la competencia exclusiva en ordenación del territorio, del medio ambiente, del urbanismo; en definitiva, estamos desarrollando en una propuesta de ley que nosotros no compartimos un título competencial de los más relevantes de nuestro estatuto político.
Precisamente por la relevancia de este debate es por lo que hemos preparado una enmienda a la totalidad a conciencia, con rigor, sin juicios de valor, tratando de colocar de la mejor manera que podemos nuestras ideas, nuestros valores, recogiendo también las aportaciones del Consejo Consultivo de Canarias, del Cabildo de Tenerife, del Cabildo de Gran Canaria, del Cabildo de El Hierro, de la Coordinadora de organizaciones agrarias y ganaderas del archipiélago, de la Unión de Pequeños Agricultores, de los Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias, todos esos documentos, todas esas fuentes -del colegio de arquitectos, de la Fundación César Manrique...-, de todos ellos hemos nutrido esta enmienda a la totalidad para tratar de contribuir al acierto en una norma de esta relevancia.
Justamente porque de lo que hablamos es de un título competencial estratégico y determinante para el presente y el futuro de Canarias es por lo que hemos echado en falta en este proceso más debate, más tiempo, más oportunidad para el consenso, hemos echado en falta la necesidad de un diagnóstico previo, compartido, discutido, analizado, como en otros tiempos se hizo en esta tierra en leyes de trascendencia yo diría que menos relevante que esta, porque esta lo compendia. Me refiero a la Ley de Espacios Naturales del año 1994, que este Parlamento aprobó por unanimidad después de un proceso de discusión, me refiero a la Ley del 1999, del territorio, me refiero a las leyes de directrices...
Yo pongo siempre dos ejemplos: el de las directrices, que yo tuve oportunidad de participar con todo el Parlamento en su aprobación en su momento, hicimos un análisis previo, un documento evaluativo, participado, de cuál era el impacto en la economía, en el medio ambiente, en el presente y en el futuro, analizamos los sectores económicos, abrimos dos espacios de exposición pública, estuvimos dos años discutiendo y logramos aprobarlas por unanimidad. El ejemplo de los vascos que la compañera portavoz de Podemos comentaba antes, es otro buen ejemplo, Euskadi es uno de los territorios del Estado mejor conformados, con historia, estructura y tradición. Solo la revisión de las directrices generales de ordenación, solo la revisión, tres años, cuestiones previas, documentos de análisis, plan de participación y, al final de ese proceso, formulación de la revisión para la participación institucional y ciudadana en la formalidad que establecen las leyes.
Aquí no, este fue un texto elaborado en los despachos, por unos cuantos juristas, sin participación multidisciplinar, sin contextualizar lo que esta tierra representa en el contexto de las regiones a las que pertenecemos ni en España ni en el mundo, sin tener en cuenta condicionantes determinantes como es una de las preocupaciones mundializadas, como es el cambio climático. Este es un trabajo de despachos, es un trabajo de minorías.
A pesar del escaso tiempo de participación -treinta y cinco días de formulación de las alegaciones de la ciudadanía-, hubo 129 alegaciones, algunas de ellas de muchísimo contenido, lo que expresa el interés de la gente en participar cuando se da la oportunidad. Pero han sido pocos los tiempos para destinarlos a este menester, escasos los tiempos.
Y hoy tengo que decir, porque es desgraciadamente así, que lo que hoy tenemos en este Parlamento -lo que salga de él espero que sea bastante mejor- es una ley que defiende el núcleo duro de Coalición Canaria. Hasta la llegada del que les habla al atril se notaba, si al señor Aarón se le cae el bolígrafo, se retrataba perfectamente quiénes son los autores de esta ley, como diría el compañero Iñaki Lavandera, ATI, el núcleo duro está detrás de la interpretación más restrictiva del gobierno del territorio, y eso, señor Clavijo, no es que lo diga yo, lo dice su compañero de partido, el señor Rivero, expresidente del Gobierno durante ocho años y promotor de leyes en nombre de su partido un día sí y otro también. Hay gente tan singular como el señor expresidente del Cabildo de El Hierro, don Tomás Padrón, que también hace críticas a esta norma; también gente socialista muy relevante, muy relevante, como el señor López Aguilar, uno de los candidatos con mejor resultado electoral en la historia del autogobierno del archipiélago, o el señor Pérez Parrilla, expresidente del Cabildo de Lanzarote, isla clave para interpretar los valores ambientales y de sostenibilidad de nuestra comunidad.
Señor presidente, esta ley no responde al consenso, a la participación, esta ley no ha buscado el encuentro, esta ley no ha buscado el acuerdo, esta ley es una ley que imponen ustedes incluso a sus socios y el mejor ejemplo para evidenciarlo es el repacto, en el repacto de hace unas semanas sus socios tuvieron que recordarles que forman parte del Gobierno y que en esta ley que hoy discutimos hay que, por ejemplo, cuestionar quién hace la evaluación ambiental estratégica o qué debe pasar con los nuevos usos del suelo rústico, o que no se pueden derogar las directrices generales de ordenación, poniendo en evidencia que este proyecto divide al Gobierno, divide a la sociedad canaria. Este es un proyecto hecho por el señor Clavijo y sus colaboradores con inspiradores ideológicos que conocemos bien, por ejemplo el presidente de la patronal de Tenerife que en sus libros y alegatos ha conseguido, por fin, algunos de sus objetivos, como luego comentaré.
Nosotros creemos en la necesidad de una nueva norma, señor presidente, lo dijimos aquí en la pasada legislatura cuando ustedes mismos traían aquí la Ley de inversiones estratégicas, la Ley de armonización y simplificación y lo dijimos también en el 2009 con la Ley de medidas urgentes. Nosotros defendemos unas normas que sistematicen, que ordenen la normativa en la materia y lo defendí en esta tribuna, el que les habla en nombre de Nueva Canarias en la pasada legislatura, presentando enmiendas a la totalidad a esas leyes que entonces iban a resolver todos los problemas: Ley de medidas urgentes, Ley de inversiones estratégicas, Ley de armonización y simplificación, pero no hace diecisiete años, hace dos años ocurrió esto.
Y creo también que necesitamos reflexionar y mejorar, por supuesto que sí, el autogobierno nos da la oportunidad de revisar nuestras decisiones y adaptarlas a los tiempos, y, por lo tanto, hay cuestiones que mejorar, sin ninguna duda, el problema es que lo que nos pasa..., ¿cuál es la solución?, ¿cuál es el camino? Y nosotros creemos que esta norma en las grandes decisiones novedosas va en sentido contrario a la sostenibilidad, rompe con la tradición que habíamos construido en favor de la sostenibilidad en nuestra comunidad. Y nosotros, porque no queremos ser mal pensados, lo ponemos en relación, por ejemplo, con otra norma que ustedes aquí aprobaron, esa sí de manera fraudulenta, la ley de las llamadas islas verdes, que pone en evidencia cuál es el modelo que defienden: convertir el territorio en un solar para hacer actividades turísticas en las islas de La Gomera, de El Hierro y de La Palma, que nada tiene que ver lo que aquí se nos planteó con lo que al final se aprobó. Y lo ponemos en relación también con otra ley en tramitación, señor presidente, aquella que pretende aplicar la sentencia del Constitucional y que eliminará cualquier capacidad de delimitar el crecimiento en el sector turístico. Ley turística, eliminación de la moratoria, ley de las islas verdes y Ley del suelo, una triada para apostar por lo de siempre, por la construcción, por el desarrollismo, por lo que sabemos que no es el futuro de Canarias.
Señor presidente, nosotros vamos a hacer un esfuerzo de entendimiento porque nos jugamos mucho en esta norma, no es una norma cualquiera. Pero tenemos, además de estas serias dudas sobre el procedimiento, en las formas, en cómo se llegó hasta aquí, que ni siquiera han unificado ustedes las posiciones del propio Gobierno, con tres grandes asuntos.
La desestructuración de Canarias. Somos un país, somos una nación, somos un espacio territorial y poblacional que tiene su identidad y su historia y que tiene un gobierno, que tiene instituciones que nos unen, ustedes renuncian a las competencias autonómicas en materia de gobierno del territorio, de medio ambiente, de turismo, renuncian a la cohesión que un gobierno debe dar a un territorio tan singular como es el territorio insular, no lo hacen ni los países continentales que mantienen directrices generales, que mantienen instrumentos centralizados para tomar las últimas decisiones. Por eso decimos que no comprendemos la derogación de las leyes de directrices, porque eliminan ustedes el primer nivel del planeamiento, el que nos da una visión de conjunto de país, el que nos une, el que nos puede cohesionar, se derogan y no se sustituyen. Y el Consejo Consultivo habla de inseguridad jurídica, de vacío legal, lo dicen también los Servicios Jurídicos de la propia comunidad, pero ustedes desmantelan también los órganos de control, de supervisión, de legalidad, de homogeneidad, para que el país funcione razonablemente de forma coordinada, eliminando la Comisión de Ordenación del Territorio y del Medio Ambiente, trasladando todas las competencias al ámbito local y también debilitando las competencias de los cabildos insulares.
Léanse las alegaciones del Cabildo de Tenerife, de Gran Canaria o de El Hierro para que se ponga en evidencia el temor que tienen esas instituciones de que los planes insulares ahora no sean como antes, no podrán definir el modelo turístico insular, no podrán determinar la protección del suelo agrario, no podrán determinar las políticas sectoriales y económicas; el Plan ganadero de Tenerife no determinará los planes de la isla de Tenerife, el Plan agropecuario de Gran Canaria no podrá determinar los planes de ordenación de los municipios de Gran Canaria.
Pero no solamente hacen esto, sino que ustedes establecen una lógica perversa, dicen: "la simplificación, la armonización, pasa por dar todo el poder al ámbito local", sin ningún sustento, sin ningún dato. Nosotros sostenemos que la aprobación provisional de los planes de los ayuntamientos ejerce la autonomía local en los términos de la legislación básica del Estado -artículo 65-, de forma clara. Pero aquí se le da toda la responsabilidad a los ámbitos locales en un asunto que lo que hará es crear 88 realidades. Yo he dicho por ahí estos días que este lema "Canarias, un solo pueblo" lo tendremos que cambiar, si esta ley se aprueba en estos términos, por "Canarias, 88 pueblos" porque se van a dar 88 realidades, porque no puede ser lo que ustedes han planteado. Eliminan un órgano de coordinación, de legalidad, que creo que es obligado por la legislación estatal y estatutaria, y crean 95 Cotmac, una por cada municipio, una por cada cabildo, 95 órganos ambientales se crean con esta ley... ¿Cómo va a ser más fácil, más seguro, más rápido, más coherente, tener 95 órganos ambientales, que, además, incumplen la legislación como dicen los Servicios Jurídicos de la comunidad, como dice el propio Consejo Consultivo?
De manera que trastocan la estructura competencial sin argumentos, porque ni eso va a generar inversión ni eso va a generar empleo ni eso generará seguridad jurídica, el colegio de arquitectos lo dice: "esta inversión en la estructura competencial va a ser más ineficiente, va a judicializar más los distintos intereses que concita un planeamiento".
Pero no se quedan solo ahí, además, vienen nuevos instrumentos de ordenación. Los proyectos de interés insular y autonómico son un nuevo instrumento de ordenación que se sobrepone al planeamiento, que está destinado a utilizar el suelo, no importa su categoría, exceptuando el suelo de protección ambiental y agrario, que en caso de infraestructuras de interés general también, y pudiera ser. Pero crean, además de esta figura, que es una figura con una potencia extraordinaria, no van ustedes a motivar a los cabildos, desde luego, al gobierno, porque con esta figura se interviene sobre el planeamiento, lo dice una de las alegaciones del Cabildo de Tenerife, dice: un asunto particular declarado de interés autonómico se impone al Plan insular de Tenerife, porque lo dice esta ley. Pero, además, están las ordenanzas municipales y las ordenanzas insulares que sustituyen al planeamiento; además están los proyectos de actuación en el medio urbano que tienen potencial de ordenación, hasta los convenios urbanísticos tienen potencial de ordenación. En definitiva, la discrecionalidad, la desregulación, como elemento clave.
Y un asunto que ha servido de parapeto para el argumentario, para la propaganda: el sector primario. El sector primario desgraciadamente en nuestra tierra tiene un peso relativo pequeño, el 1,5 % del PIB, y si lo hacemos todo bien aumentaremos tres o cuatro décimas los próximos años, haciéndolo todo bien. Y yo estoy de acuerdo en que a los profesionales de la ganadería, a los profesionales de la agricultura, hay que facilitarles la vida, que lo tienen difícil. Y en los artículos referentes a facilitar los títulos habilitantes para el muro, para el riego, para los bancales, para los vallados, para la restitución de las instalaciones, para la mejora de sus edificaciones, nosotros estamos de acuerdo, estamos tan de acuerdo, señor presidente, que el que les habla en nombre de Nueva Canarias la pasada legislatura, en la Ley de medidas administrativas, fiscales y sociales, propuso una regulación para la legalización o la regularización de las instalaciones ganaderas idéntica a la que ustedes proponen ahora, y entonces no nos hicieron ni caso. Hemos perdido tres años. En eso estamos de acuerdo.
Pero qué tiene que ver eso -el muro, el riego- con que en el suelo rústico se incorporen usos impropios, usos complementarios, contrarios a la legislación estatal como dicen los Servicios Jurídicos del Gobierno, como dice el Consejo Consultivo... Quien único no lo dice es su redactor de cabecera, su abogado de cabecera, el que es capaz de hacer una ley para el cabildo sobre los barrancos de Güímar en sentido contrario a la Ley del suelo. No valen leyes singulares a no ser que me paguen para hacerla, ¿no? De manera, señor presidente, que no parecen razonables los nuevos usos del suelo agrario, porque los nuevos usos del suelo agrario van a permitir actividades impropias, actividades que terminarán desplazando al sector agrario, lo dice su Cabildo de Tenerife, el señor Alonso en sus alegaciones dice que los usos turísticos, por ejemplo, que son los que más tememos porque tenemos una gran demanda turística y, por lo tanto, la presión sobre el territorio va a aumentar... Tenemos un amigo, usted y yo, común, que luego le diré quién es, que tiene una finca de 50 000 metros del sector primario en producción, este podrá hacer, manteniendo su actividad, pues, podrá construir 5000 metros, 5000 metros de instalaciones turísticas en su finca de 50 000 metros. A medio plazo sabe qué ocurre... Sí, eso está escritito ahí, otra cuestión es que le pongamos límites en la tramitación parlamentaria.
De manera, señor presidente, que esta norma es una norma que desestructura las competencias autonómicas y que renuncia al proyecto común. Esta es una ley con claridad que establece nuevos instrumentos de intervención que son absolutamente discrecionales, desreguladores, y que generan una presión asfixiante sobre las administraciones. Esta es una ley que, con el pretexto de mejorar la vida a los agricultores, y estamos de acuerdo, permite usos impropios, prohibidos en la ley para el suelo rústico agrario.
Pero yo le digo lo siguiente, señor presidente, sobre todo lo que nos inquieta es que esta es una ley que divide al Gobierno, que divide a la sociedad canaria, y debemos hacer un esfuerzo, y nosotros lo vamos a intentar, y en el texto de nuestra enmienda -insisto: riguroso, trabajado, sustentado en nuestras opiniones pero también en la de la gente y las instituciones que han hecho alegaciones- vamos a hacer un esfuerzo para el consenso. Porque el consenso es fundamental en una norma de estas características. Pero mucho tendrá que cambiar esta ley, y si desde luego van a escuchar ustedes como el Gobierno anterior, fracasados estamos. Porque nosotros presentamos enmiendas a la totalidad a la Ley de inversiones estratégicas. ¿Sabe cuántos votos obtuvimos? Dos. ¿Sabe de quién? De mi compañera Carmen Hernández y mío. Presentamos una enmienda a la totalidad a la Ley de armonización y simplificación. ¿Y sabe cuántos votos obtuvimos en este Parlamento? Dos. ¿Pero sabe lo que han hecho ustedes? Derogarlas ustedes ahora, que fueron los que las elaboraron, dándonos la razón después. Y eso ocurrirá con esta ley, ocurrirá con esta ley si no logramos modificaciones sustanciales. Esta es una ley que hace que personas relevantes, no necesariamente de nuestro ámbito de influencia, personas relevantes como el señor Rivero, como el señor Tomás Padrón, el señor Juan Fernando López Aguilar, Antonio González Viéitez, Fernando Redondo, Faustino García Márquez, gente que quiere, que trabaja desde perspectivas distintas en estas islas, en esta tierra, creen que es una ley equivocada, que es una ley que nos retrotrae al pasado, que es una ley que desestructura Canarias, que no apuesta por el proyecto común, que no facilita la cohesión del territorio que más cohesión precisa, que debilita nuestros cabildos insulares, que fracciona el gobierno del territorio y del medio ambiente, que, en definitiva, apuesta por "sálvese quien pueda", por que cada territorio articule la propuesta que más le conviene.
Y nos preocupa también que detrás de esta ley, de los entusiastas, porque hay gente que se apunta porque hay aspectos de la ley que le vienen bien, de los entusiastas, son los mismos entusiastas del petróleo de entonces, los mismos entusiastas de esta ley son los del petróleo, en lo político y en lo empresarial, y los que estamos en contra de esa ley, también el Partido Socialista, también porque me leo sus papeles, porque me leo...
La señora PRESIDENTA: Un minuto más, señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Gracias.
...tiene serias discrepancias en este tema, y espero que hoy quien venga aquí a representarlo lo diga, porque lo han hecho constar al menos someramente en el documentito del repacto, que pone en evidencia que ni en eso están ustedes de acuerdo. A usted no le aplaudió ni un socialista, porque es que no pueden aplaudir esta ley, porque no es de ellos, porque es de usted, señor presidente, y de su entorno, del señor José Carlos Francisco, de María Salud Gil, porque ellos sí que están identificados con esta ley, porque esta ley apuesta por el desarrollismo, por el cemento, por el crecimiento sin sentido, por el oportunismo, por las burbujas. Y yo creo que eso no es lo que necesita esta tierra.
Ofertamos sinceramente nuestro apoyo para que en el trámite parlamentario hagamos un esfuerzo para corregir los elementos más perversos de esta norma, porque creemos, sinceramente, que esta tierra no necesita esta norma, necesita una norma, una sistematización, resolver los problemas que tenemos, que los tenemos, pero esto se llama matar moscas a cañonazos, y nosotros no estamos por esa barbarie.
Muchísimas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Rodríguez.
Señorías, vamos ahora con la intervención del resto de los grupos. En nombre del Grupo Mixto, señor Curbelo.
(Rumores en la sala).
Señorías, ruego silencio, para escuchar al portavoz del Grupo Mixto, si son tan amables.
Cuando quiera, señor Curbelo.
El señor CURBELO CURBELO: Gracias, presidenta. Buenas tardes, señor presidente del Gobierno, señorías. Saludos a todos los que nos acompañan en esta tarde en que debatimos probablemente una de las leyes más importantes que se debatan en esta legislatura.
Y será de las más importantes, entre otras cosas, porque de los cuatro sectores estratégicos que tiene nuestra comunidad autónoma, el suelo es uno de ellos. Hay otros también, lo que pasa que hoy se quiere hacer énfasis en el suelo. Y a mí me llama la atención algunas de las cosas, y desde luego diré cuales son al comienzo de mi intervención. Digo que hay otros sectores estratégicos, como el transporte, como la energía y como el agua. El suelo también lo es.
Y miren, yo estoy completamente seguro, y me alegra escuchar del portavoz de Nueva Canarias que está dispuesto al consenso, es que a mí me da la impresión de que los grupos que hoy presentan la enmienda a la totalidad no han hecho un diagnóstico adecuado de la realidad canaria. Porque, si hubieran hecho un diagnóstico adecuado de la realidad canaria, hoy no estarían presentando enmiendas a la totalidad, sino enmiendas, en todo caso, al articulado, para mejorar entre todos la ley. Lo que pasa es que es verdad que cuando uno en el Parlamento está en la Oposición, pues, tiene que buscar todos los argumentos posibles para distinguirse, para separarse, para que no les identifiquen con los que gobiernan. Y, al final, sí, al final no hay argumentos para hacerlo, ¿no?
Por eso yo digo que me alegra que haya expresado el portavoz de Nueva Canarias el intento o la búsqueda de consenso, y también que hayan hecho un diagnóstico razonable, que yo no lo veo.
Nosotros lo hemos estudiado detenidamente, en el convencimiento y la responsabilidad que conlleva la tramitación de esta ley, porque sabemos que es muy importante, y estas enmiendas las vamos a desestimar nosotros, y por eso no..., nuestro voto no está cargado de cemento, como decía alguna portavoz, nuestro voto va a estar cargado de racionalidad, de coherencia, mirando para el campo canario, que hay un montón de gente que se ha ido a otros lugares precisamente porque no son capaces desde la Administración pública de darles una licencia para un cuarto de aperos, o una licencia para construir un bancal. Sí, claro, es que cuando no contemplamos la realidad canaria..., por eso decía al principio que alguien no parte de la realidad canaria auténtica, otra cosa es la filosófica, o la que queramos expresar aquí para que todos los canarios que nos escuchen vean un discurso lindo. Pero no, la realidad es otra.
Y, miren, nosotros la vamos a desestimar, primero, porque estoy absolutamente convencido de la necesidad de la ley, Canarias no puede prescindir de esta ley y de este proyecto y con ello seguir ralentizando la economía, en primer lugar; y, en segundo lugar, que la mayor parte de las alegaciones que se presentan pueden ser cursadas con enmiendas al articulado, como ya he dicho.
Siguen teniendo esta vía todos los grupos parlamentarios, incluido Podemos, que no ha anunciado acercarse al consenso que podemos plantear todos en esta legislatura, porque, entre todos, con el esfuerzo, el diálogo y la colaboración, podemos hacer, con la aportación de todos los grupos, porque créanme que también he escuchado que no ha habido debate. Yo no he estado todas las legislaturas en este Parlamento, pero es la ley que conozco en Canarias que más ha sido debatida con las corporaciones públicas de nuestra comunidad autónoma y con colectivos. Hablamos de la ley que da salida a esa maraña normativa que tenemos en Canarias para la ordenación del territorio, que lastra e imposibilita cualquier iniciativa pública o privada, cuántos empresarios -y no empresarios-, algún canario que quiere construir su vivienda y ha renunciado a ello, porque no tiene la posibilidad de hacerlo. ¿Cómo esperan si no dar una solución a la compleja y asfixiante ordenación del territorio de nuestro archipiélago, dada la situación de bloqueo actual de estos instrumentos de ordenación tanto a nivel insular como a nivel local? Desde el Texto refundido de la ley de ordenación del territorio y de espacios naturales canarios, hace más de dieciséis años, que contenía un esquema claro y racional, y con las innovaciones posteriores, legislativas e inconexas, se ha tornado en ingobernable la legislación de ordenación territorial, y prueba de ello es que el propio Gobierno, el presidente a quien antes mencionaba el propio portavoz de Nueva Canarias, el propio Gobierno para ello se ha visto obligado, para llevar a cabo las inversiones públicas, a forzar hasta cuatro vericuetos, las inversiones públicas del propio Gobierno, imagínense el ciudadano de a pie, que está en el municipio más alejado de cualquier isla. La primera de ellas es el artículo 47, o la Ley de inversiones estratégicas, y planes de mejora y competitividad y los planes supletorios, ni siquiera así el propio Gobierno ha logrado plenamente sus objetivos.
Señorías, si no ha logrado el objetivo el Gobierno para sí mismo, ¿qué podrán lograr los ciudadanos que presentan para tramitar una solicitud de licencia? Tenemos una legislación que da lugar al desgobierno actual, destacando de manera singular la superposición competencial derivada de la deficiente concreción de las competencias de cada Administración, conforme a la cual ninguna Administración y muy pocos empleados públicos tienen claro cuáles son los límites de su cometido. La situación se ha agravado por el crecimiento exponencial de los contenciosos-administrativos contra las aprobaciones definitivas de los instrumentos de planeamiento, la firma de un informe plenamente favorable se ha convertido en la Administración en una excepción ante la multitud de interpretaciones posibles a las que se aboca el complejo elenco normativo hoy en vigor. Pocos, por no decir ninguno, se han llegado a aprobar con éxito debido a la imposibilidad de pasar por todos los filtros de la actual normativa, incluso con el control de la propia Cotmac, a la que apelan todos ahora como la panacea para el control de todo, y, además, miren, a ver si nos enteramos ya de una vez en Canarias de que los cabildos canarios, que son administraciones centenarias, y los ayuntamientos son administraciones maduras, responsables (aplausos), porque hay algunos que creen que todavía cuando se descentralizan las competencias ya hay inmadurez, ya tiene que haber corrupción. Pues no, a ver si nos enteramos de una vez. Hasta tal punto que los únicos 26 planes generales definitivamente aprobados en los últimos dieciséis años por esta comisión, a la que todos apelan como la panacea, 8 han sido ya anulados por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, mientras otros 4 están a la espera de sentencia, con el perjuicio del esfuerzo temporal y económico que supone para las arcas de las entidades locales y de los ciudadanos, constatando de esta manera el colapso y el agotamiento operativo del sistema de planeamiento tanto en la vertiente insular como en la municipal. La práctica totalidad de las actividades económicas de las islas están sufriendo estas consecuencias no solo en las islas capitalinas, todavía peor, en las no capitalinas.
En el sector primario que tanto representa desde el punto de vista de la estabilidad socioeconómica y ambiental está esclerotizado por la falta de una respuesta asequible y satisfactoria a los problemas elementales propios de las actividades agrarias, no digo a las actividades extraordinarias, a las elementales, para mantener una quesería, para mantener una bodega, para mantener en cultivo una hectárea de viñedos. La puesta en cultivo de suelos construidos con la suma de tanto esfuerzo individualizado se ha tornado de un tiempo a esta parte en la constante imposibilidad de poder llevar a cabo las más elementales tareas en el mundo agropecuario, antes les mencionaba algunas como la autorización de cualquier construcción en el medio rural, no digo ya para legalizar una instalación ganadera sino para levantar un bancal que se ha caído. ¿Cómo pueden defender a unos, a los agricultores y ganaderos si luego quieren paralizarlo todo, paralizar una ley que da tantas respuestas a los problemas que hoy les impiden actuar en su día a día? Esta ley dará soluciones concretas a estos sectores, las que necesitan actualmente los ganaderos para la legalización de la situación de sus explotaciones. Tenemos la oportunidad, y dicho sea de paso, parece que a algunos les asustan un poco los usos complementarios, ¿es que alguien se puede preocupar porque un agricultor que tenga un viñedo y una bodega y quiera vender sus productos, el vino, allí como una actividad...?, ¿eso es malo? ¿O que quiera, incluso, montar un restaurante en su propia bodega para ofertar un producto cualificado que él mismo produce?, ¿eso es malo? ¿O que un ganadero que produce leche, hace su queso y tiene sus instalaciones pueda vender su producto allí?, ¿eso es malo? Pues no, señorías, eso no es malo, esas son las cosas que precisamente hay que hacer y que esta ley permite. Tenemos la oportunidad y la responsabilidad de ofrecer soluciones con esta ley a aquellos que la necesitan, en concreto, para el sector agropecuario, que todos sabemos las dificultades añadidas que tienen tanto en la producción como en la comercialización de sus productos. Y esto es, en definitiva, una apuesta por el reparto de la riqueza.
Me han escuchado decir aquí que el turismo, que es la actividad económica fundamental que genera riqueza y empleo, no lo reparte al medio rural y precisamente con estas actividades complementarias hay un reparto de la riqueza en el conjunto de todo el espacio de una isla para que llegue al medio rural. Pero también se pueden ofrecer situaciones en materia turística a las islas donde no ha sido posible poner ni siquiera el inventario de la planta turística insular sin establecer una política de actualización de la misma por culpa de la caótica normativa, algo tan elemental como implementar las viviendas vacacionales o emblemáticas, modalidades pensadas para dinamizar la economía y para salvaguardar el patrimonio natural de la isla aún no ha podido encontrar acomodo ni siquiera en términos de establecer una correcta implementación de su regulación jurídica.
Por eso confiamos en que con la ley, en primer lugar, de ordenación turística de las islas occidentales recientemente modificada, que hay algunos que todavía llegan a pensar que queremos hacer un solar de las islas de El Hierro, La Palma y La Gomera, no, no queremos hacer un solar, pero tampoco queremos hacer un parque temático solo para que nos visiten porque los que estamos allí también tenemos derecho a vivir en esas islas y a generar empleo y riqueza; la futura modificación del Decreto 103/2015 y esta nueva ley, que nos aclaren las posibilidades de la actuación que tenemos para planificar adecuadamente nuestro modelo turístico.
Les adelanto que esta no va a ser una ley ultraliberal, ¿por qué, si no está en manos de los empresarios?, ¿es que es ultraliberal pensar que está en manos de un ayuntamiento o pensar que está en manos de un cabildo? Eso es no conocer la realidad, ni desprotege el paisaje ni será un lastre para el futuro, todo lo contrario, ni complica los procedimientos, sino que los simplifica, los sistematiza y los ordena para todos, para podernos entender, y, además, no va a ser desarrollista, sáquense esa idea de la cabeza porque no, porque no se puede esgrimir argumentos sin conocer el diagnóstico y la realidad canaria, de nuestro campo y de nuestras ciudades, que por mucho que se repitan apenas se sustentan, como es que esta ley rompe la cohesión regional y que los municipios y cabildos iremos por libre compitiendo unos con otros; negar el carácter jerarquizado de nuestro ordenamiento es hacer trampas al solitario, hacer trampas al solitario. La nueva figura, como los proyectos de interés insular relativos a la ejecución de sistemas generales, dotaciones y equipamientos estructurantes o para diversificar actividades, va a permitir a la institución insular, a los cabildos canarios, actuar como una auténtica administración de fomento supliendo las eventuales carencias municipales allí donde se les requiere y hacerlo en condiciones de eficacia. No podemos demonizar estos instrumentos que serán de plena eficacia para dar respuesta adecuada en tiempo y forma a situaciones no previstas en los planes.
Y ya les digo que si existe una comunidad que haya sido respetuosa con su patrimonio natural, no solo La Gomera, sino también el resto de las islas, y desde hace mucho tiempo lo estamos haciendo, eso no va a cambiar porque tengamos una nueva ley, porque tenemos una apuesta firme y decidida de salvaguardar nuestro medio ambiente y nuestros espacios naturales. Y aquí debo precisar que cambiar la forma de hacer las cosas a mejor en materia de territorio no significa, como se ha dicho, el fin del sistema de protección del suelo ni de nuestro medio ambiente, ni significa acabar con nuestros valores paisajísticos ni con nuestros espacios naturales ni con la rica biodiversidad que existe en nuestras islas, no, señorías, ese es un discurso desconociendo la realidad de Canarias. Y por eso no estamos de acuerdo cuando se sostiene que se va a dejar sin protección el suelo con la escasez que hay en nuestras islas, todo lo contrario, se defenderá que el suelo sin clasificar sea de naturaleza rústica para la mejor conservación del entorno y también para los usos complementarios, como ya he dicho.
Tampoco se va a acabar con la Cotmac, que no la llama así el proyecto de ley, un órgano superior que va a controlar la evaluación ambiental estratégica, un órgano, digo, que todavía no viene determinado en la ley. Pero creo, yo discrepo que vaya mucho más allá del control este organismo porque tengo la experiencia de mucho tiempo de la Cotmac, que haya determinados controles para la evaluación estratégica, que haya un control de legalidad para los asuntos autonómicos. Bien, pero no mucho más porque si no volvemos a lo mismo.
Los sectores económicos afectados por la legislación actual se beneficiarán de la aprobación de este proyecto de ley, solo hay que poner el ejemplo del sector industrial donde el intrincado proceso de puesta a punto del suelo necesario para un mínimo desarrollo en las islas de nuestro archipiélago ha impedido llevar a buen fin las iniciativas públicas y privadas con consecuencias tan graves como el bloqueo de la implantación de la ZEC en algunas de las islas.
No nieguen que la normativa actual está coartando la posibilidad de diversificar nuestra economía y de regenerar nuestro sector productivo. Si no actuamos, ¿cómo esperan, si no, que prosperemos o se creen empleos para los miles de canarios que esperan una oportunidad?, ¿emigrar? Y fíjense que yo no utilizo el argumento del empleo como elemento exclusivo para que se apruebe esta ley porque hay otros muchos beneficios: el generar riqueza, el crecimiento sostenible y el respeto exquisito a nuestros valores naturales van a ser la clave de esta ley. Por primera vez en un texto legislativo se reconoce la necesidad de acompasar sus contenidos a los ciclos de la economía, equilibrando desarrollo con conservación, de tal forma que en momentos de expansión económica aquellos deban oscilar hacia la conservación y en momentos de regresión deban favorecer la regeneración y la generación de riqueza y empleo.
Y en aspectos también importantes es de especial interés para las islas no capitalinas esta ley, la práctica totalidad del planeamiento territorial y urbanístico de las islas fue formulada en el periodo de expansión económica, y por ello permanecen a la defensiva, lo que hace que buena parte de sus contenidos resulten actualmente manifiestamente inaplicables en las actuales condiciones de contracción económica. Son aspectos claves, como les decía, para las islas menores.
Si algo podemos decir de este proyecto de ley es que permite simplificar, racionalizar y, sobre todo, actualizar nuestra normativa en una materia tan importante, para que un territorio fragmentado como el de nuestro archipiélago sea tomado en consideración. Les hablo de simplificar porque son bastantes los preceptos legales y reglamentarios que se derogan en este proyecto, como ha señalado ya la propia consejera, lo que implica quitar lo superfluo, reducir las cargas y trámites excesivos e innecesarios, aparte de clarificar los procedimientos de acción de las diversas administraciones públicas, que dará racionalidad orientando las reglas y los instrumentos de intervención para dotarlos de certeza y evitar duplicidades; así como actualizar, que implica poner al día la normativa que regula la protección, la ordenación y el uso del suelo respecto de la legislación europea y básica en los últimos dieciséis años, también significa dejar sin efecto los PAT -las calificaciones territoriales-, hoy el ciudadano está cansado de ir al ayuntamiento a presentar un proyecto y que le digan "ahora requiere la calificación territorial del cabildo", van al cabildo y le dicen "espere usted a que esto lo emitan los técnicos", para volver..., no tiene sentido, ¡desaparézcanlas todas! y dejen en manos de los ayuntamientos la autorización y la concesión de la licencia, simplifiquemos, seamos realistas y racionales, que eso es lo que está planteando este proyecto de ley. Porque lo que no se puede es revertir el urbanismo, la ordenación territorial y la protección ambiental en una suerte de código pseudoteológico que poco tiene que ver con lo que se precisa para preservar, efectivamente, los recursos naturales a la par que entender y asegurar las necesidades básicas de los canarios.
Y miren, en este minuto que me queda, es verdad que la ley tiene aspectos, incluso, algunos que yo no comparto, que los voy a señalar.
Falta una ficha financiera. Es verdad que el Gobierno argumenta "como siempre hemos ayudado a los ayuntamientos y a los cabildos para planificar su planeamiento, les vamos a seguir ayudando", pero si lo dotamos de una ficha financiera, incluso, mejor.
En segundo lugar, es conveniente regular el marco regulatorio, valga la redundancia, para las energías renovables tan importantes para nuestra economía canaria. Y yo creo que es conveniente que reflexionemos acerca del papel de los cabildos canarios en el marco de la ley. A partir de ahí, si todos partimos de un diagnóstico adecuado y hay generosidad... -espero al minuto, señora presidenta-.
La señora PRESIDENTA: Se lo iba a dar. Pero nada, ya usted se ha anticipado. Lo tiene, señor Curbelo.
El señor CURBELO CURBELO: Para no cortar lo que iba a decir, que no es muy largo.
Si hay generosidad, que yo no tengo ninguna duda, por parte de los socios que hoy apoyan al Gobierno, por parte del Partido Socialista y Coalición Canaria, y si hay voluntad de los dos grupos, porque yo no he escuchado al Partido Popular, pero en alguna ocasión le he oído decir que esta es una buena ley para Canarias, y yo lo comparto, nuestro grupo político lo comparte.
Si ocurren esas dos cosas, estoy completamente seguro de que habrá consenso para sacar la ley más importante que tiene Canarias para los próximos treinta años.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Curbelo.
Continuamos. Ahora corresponde el turno al Grupo Popular, señor Jorge.
El señor JORGE BLANCO: Gracias, señora presidenta.
Doy por reproducido el debate, después de las palabras del señor Curbelo.
Señorías. Señor presidente, le agradezco enormemente su presencia, su esfuerzo por estar hoy aquí en el comienzo de la andadura del proyecto de Ley del suelo de Canarias, como se ha dicho reiteradamente, el proyecto más importante en el mandato de esta legislatura. Va a regular el futuro, la gestión, la ordenación, la planificación de la totalidad de nuestro territorio, incluyendo, por supuesto, los espacios naturales protegidos.
El Grupo Parlamentario Popular, señorías, va a apoyar la toma en consideración de esta ley, y, por tanto, rechazará las dos enmiendas a la totalidad presentadas por los grupos de Nueva Canarias y de Podemos. Y lo hará en razón de una serie de consideraciones que trataré de exponer lo más claramente posible en lo que me resta de intervención.
El Partido Popular lleva manifestando desde hace años que la legislación del territorio en Canarias es hoy más un obstáculo que una garantía, que la legislación vigente se ha convertido no en un elemento apropiado para el equilibrio y la ordenación, sino en un instrumento perverso que dificulta la planificación y el ejercicio ordenado de las actividades económicas y sociales. Las normas que la regulan, innumerables y profusas, se han manifestado como una auténtica barrera y una limitación que va mucho más allá de lo necesario y de lo racional para la consecución de los fines que lo justifican, que es el desarrollo sostenible y racional de nuestra tierra canaria, que es, en definitiva, la armonización y el equilibrio entre la preservación del territorio y la posibilidad de que los que vivimos en Canarias, en esta bendita tierra, podamos tener un proyecto de vida adecuado a nuestras necesidades presentes y futuras. Existe una práctica coincidencia en la sociedad canaria de que es necesario hacer algo con las normas que nos regulan, de que esto, señorías, no puede continuar así. Coincidencia en que el agricultor o el ganadero no se vean expulsados de sus tierras, de su mundo, de su vida en el campo porque no le dejan mover una piedra en su propiedad. Coincidencia en que nuestro turismo, nuestra principal fuente de riqueza, sea cada vez más competitiva frente a los mercados extranjeros, modernizándose y adaptándose a los requerimientos turísticos de hoy, más hoteles y menos apartamentos, e incorporando una oferta turística complementaria. Coincidencia también en diversificar el binomio sol y playa, ampliando la oferta a actividades complementarias, deportivas, culturales, lúdicas y las propias del mundo rural, con una oferta también propia y diferenciada. Coincidencia en permitir la implantación y la incorporación de fuentes de energía renovables, alternativas al fueloil de hoy en día, fuentes de energía, señorías, que no han podido instalarse porque nuestra normativa vigente, en síntesis, lo ha impedido. Como anécdota detalle, les diré que la principal inversión en materia de energías renovables en Canarias, la central Chira-Soria, ha podido salir adelante, señorías, porque se ha suspendido el planeamiento, con el artículo 47 de la ley. Qué paradoja, tenemos que suspender planeamiento para que salga una inversión en energías renovables. El artículo 47, como bien saben todos, que se ha utilizado infinidad de veces para dar cobertura a grandes proyectos estratégicos en Canarias, esto sí que es, entre comillas -suspender un planeamiento para todo esto-, entre comillas, digo, un fraude de ley. Y coincidencia en la radiografía de cómo se encuentra la situación del planeamiento en Canarias, ya lo ha expresado la señora consejera y no lo voy a repetir, solo decir que los cuatro municipios turísticos más importantes del archipiélago, el pulmón económico de Canarias, no tienen hoy en día un plan general.
¿Es esto razonable? ¿Podemos continuar así? ¿Tenemos que seguir soportando esta maraña, esta selva normativa que nos ahoga cada día un poquito más? Para nosotros, para mi grupo parlamentario, ni es razonable ni podemos continuar así.
Los hay que defienden este modelo, que dicen que todo va bien y que este es el mejor sistema posible, o por lo menos el menos malo. No es, desde luego, señorías, nuestra opinión, disentimos profundamente. O pretenden que Canarias no progrese o no se han enterado de lo que sufren y de lo que desesperan los canarios para ver colmadas sus aspiraciones. No, y no me refiero a los ricos, ni a los poderosos, no me refiero a los del gran capital, a esos que se llaman grandes especuladores, yo, y mi grupo, vengo aquí a defender a los que no tienen recursos y ver cercenadas sus posibilidades, los otros se defienden solos, señorías, contratan a grandes abogados para que lo hagan, a los que ven cercenadas sus posibilidades de vida y de trabajo son a los que debemos tener presentes en este proyecto de ley, a los que quieren mejorar sus fincas porque no se les da la calificación territorial oportuna para hacer lo que estimen conveniente, a los pescadores que quieren hacer almacenes para sus aparejos y no se les otorga el permiso, a los ganaderos que no pueden cuidar su ganado, ni siquiera pueden vivir al lado de ellos porque no se les permite una habitación o un baño para poder descansar o guarecerse, me refiero a aquellos que, por ejemplo, tienen una granja de gallinas en Tegueste, en Tenerife, y no se les permite ampliar su negocio, o al que tiene una casa semiderruida y no la puede rehabilitar o ampliar porque tiene la desgracia, señorías, de estar en un suelo rústico de protección.
Esta ley está pensada para todos ellos, no para los otros que manifesté antes, y mi grupo va a luchar para que puedan verse mejoradas sus condiciones de vida y sus expectativas de futuro.
Por tanto, señorías, frente a los que defienden el modelo, este modelo, a los que pretenden que todo siga igual, nosotros defendemos un nuevo modelo de relaciones con nuestro territorio, basado en una nueva legislación, que sea más simple, más sencilla, más racional, más ágil, actualizada a las nuevas necesidades de Canarias. Simplificación para eliminar trámites superfluos y excesivos, para instaurar la comunicación previa en el sistema, como lo ordinario y no lo extraordinario. Ya era hora de que la Directiva de liberalización de servicios europeos llegue a Canarias, claro que sí, para suprimir los dobles títulos habilitantes, de los que habló, por ejemplo, el señor Curbelo con anterioridad. ¿Qué hacemos para dar a una misma cosa una calificación territorial en un lado y una licencia urbanística en otra, aburriendo a nuestros vecinos? Armonización, pero de verdad, no aquella de la Ley 14/2014, por cierto, señor Rodríguez, el PP también presentó una enmienda a la totalidad de la Ley 14/2014, una ley que ni armonizaba ni simplificaba, y lo dijimos en esa enmienda a la totalidad; armonizar aspectos territoriales con aspectos ambientales, para que vayan de la mano y no se conviertan en compartimentos estancos; racionalizar los instrumentos de ordenación tanto territoriales como urbanísticos para evitar solapamientos, invasiones competenciales entre administraciones, derogaciones de las leyes vigentes, para evitar dudas e incertidumbres; y algo que a mí me parece muy importante, el principio de contención. Cada plan, sea territorial o urbanístico, desarrollará lo que la ley prevé que haga, sin excederse lo más mínimo, para evitar interferencias y disfunciones entre unos instrumentos y otros, que suelen acabar en los tribunales de justicia, y actualización, actualización desde luego necesaria para adaptar la legislación canaria a las nuevas legislaciones europeas y de trasposición del Estado en materia del territorio y del medio ambiente.
Miren, señorías, si simplificar, agilizar, racionalizar y actualizar significa ser neoliberal, pues francamente a mí me importa lo más mínimo. Bueno, en realidad no me importa que me llamen neoliberal, ese apellido, en fin, a mí me parece un orgullo, todo lo contrario, bienvenido el neoliberalismo si esa etiqueta sirve para definir un modelo legal que sirva a los intereses generales de los ciudadanos, que les ayude en su relación con el territorio, y que les moleste, sí, sí, que les moleste lo menos posible, desde luego con eso nos damos por satisfechos.
Me gustaría a continuación referirme a determinados hitos de la propia ley que nos parecen destacados y por los que el Partido Popular ha manifestado su acuerdo con la misma.
En primer lugar, el papel de la Cotmac, u órgano que la sustituya, de acuerdo con el artículo 13. El Partido Popular ha sido desde hace años muy crítico con el papel que juega la Cotmac y sus decisiones en el ordenamiento territorial de Canarias, su trayectoria no ha sido precisamente un ejemplo de cómo debe funcionar una administración pública en el siglo XXI, su composición, sus funciones, su capacidad de decisión no son adecuadas para generar en Canarias un progreso o el progreso que todos queremos. Hoy la Cotmac es más una carga, una rémora, que una solución, sus decisiones se basan en criterios de oportunidad y de conveniencia, que son discrecionales y hasta cierto punto arbitrarias, no generan la seguridad jurídica, muy necesaria, en nuestro ordenamiento jurídica.
Y si pensamos que la Cotmac nos va a dar cobertura legal a todas las decisiones que asume y que certificará la legalidad de las decisiones territoriales, estamos muy equivocados, si hay un órgano administrativo en Canarias que ha sufrido más varapalos judiciales es precisamente la Cotmac. Les doy un dato, en 2011, el 39,4 % de los acuerdos tomados fueron judicializados, 123 de los 312 acuerdos terminaron en los tribunales de justicia, y no les digo los 7 planes generales aprobados por la Cotmac, anulados por los tribunales de justicia también. Por tanto, me gustaría insistir en que, visto lo visto, la experiencia de la Cotmac no es para nada un ejemplo de hacer bien las cosas, echando por tierra ese tópico de que es el paradigma de la legalidad de Canarias. No llego a comprender ni por supuesto comparto a aquellos que siguen defendiendo este sistema basado en la omnipresencia de la Cotmac, la omnipresencia y el poder de los gurús del territorio. Podrá haber otras opiniones en Canarias que no solo sean de los que dirigen la Cotmac y serán tan legítimas..., al menos lo serán, o más, los que piensan que todo comienza y termina en la propia Cotmac.
Segundo, procedimiento monofásico de aprobación de los planes territoriales y urbanísticos. Tenemos un procedimiento bifásico, unos proponen y otros aprueban, proponen ayuntamientos y cabildos, aprueba el Gobierno de Canarias, y es el sistema que ha venido funcionando hasta ahora en Canarias, sistema que es a nuestro juicio mejorable; de hecho, el PP considera que esto no debe continuar así y que la descentralización en la aprobación de los planes debe producirse cuanto antes. Ya lo dijo el Comité de expertos de la Administración pública que se creó para reformar la Administración pública en el mandato pasado, abogaba ya por la aprobación monofásica de los planes. Y este proyecto de ley asume sus tesis y las nuestras también y reconoce la autonomía local en el urbanismo y en el medio ambiente.
¿Cómo podemos criminalizar gratuitamente a los ayuntamientos diciendo alegremente que fomentará el amiguismo y la corrupción? ¿Qué es más democrático: dejar en manos de los plenos municipales e insulares que son representantes directos del pueblo canario en sus ámbitos respectivos, eso es más o menos democrático que dejar en manos de un órgano formado mayormente por funcionarios la aprobación de los planes y proyectos? Sobre todo lo digo por aquellos a los que les gusta aludir a eso llamado democracia real o democracia directa, es que lo que no se puede hacer es proclamar una cosa y hacer justamente lo contrario.
Como conclusión, quiero decirles que esto a nosotros desde luego que nos parece razonable -principio de subsidiariedad, máxima proximidad al ciudadano y respeto a la autonomía-.
Directrices generales. Puede que las directrices tengan loables intenciones, no puedo imaginar, señor Rodríguez, que quien las preparó, y sobre todo quien las aprobó, quisiera lo peor para Canarias, no lo puedo imaginar, yo estoy convencido de que en su momento pensaron que era lo mejor para todos, pero la experiencia en estos años, señor Rodríguez, ha sido lo contrario, me dirijo a usted porque en su mandato fue cuando se aprobó, más que ayudar, señorías, ha perjudicado, más que colaborar en resolver han complicado sobre manera la gestión del territorio porque están llenas de intenciones de carácter declarativo, de conceptos jurídicos indeterminados, que es lo peor que puede haber para la seguridad jurídica tan necesaria en la gestión del territorio. Un solo concepto jurídico indeterminado supone una interpretación arbitraria y discrecional por parte de la Administración y esa es la antítesis, como dije, de la seguridad.
El suelo rústico. Si hay algo importante en este proyecto de ley es la nueva regulación del suelo rústico. ¿Cuántos canarios han sufrido la regulación vigente de usos y actividades que se permiten, o, mejor dicho, que no se permiten en el mundo rural? Si lo que se pretende es preservar los suelos de protección, aumentar la participación del PIB canario del sector agrícola y ganadero, aumentar la producción propia o, incluso, garantizar eso que ahora está muy de moda, la soberanía alimentaria, pues, habrá que hacer algo para cambiar la norma donde la prohibición es el régimen general y la autorización es lo excepcional. Hay que alejarse, señorías, del academicismo que se ha instalado en la legislación vigente y acometer una reforma que atienda el carácter profesional y no meramente artesanal de la agricultura.
¿Quién puede no estar de acuerdo en reformar las normas para mejorar las condiciones de vida del mundo rural? ¿Quién puede no estar de acuerdo en suprimir las calificaciones territoriales en suelo rústico? ¿Quién no está de acuerdo en otorgarles una renta complementaria a los agricultores y ganaderos a través de la comercialización de sus productos, la instalación de sus bodegas con venta propia, la generación de nuevas rentas a través de energías renovables o la creación de un turismo adaptado al mundo rural? Mi grupo, como está de acuerdo con todo ello, le da, en este caso, el visto bueno al proyecto de ley, y por eso lo apoyamos, con matices, sin duda, porque claro que hay que perfilar con mayor claridad lo que se puede y lo que no se puede hacer en suelo rústico, profundizar en qué tipo de uso turístico complementario se podrá hacer en el suelo; habrá que discutir mucho las dimensiones en las fincas de esos usos complementarios, y estoy seguro de que la ponencia parlamentaria tendrá que afinar mucho, por supuesto, pero no prejuzguemos, señorías, de antemano la maldad o la bondad de la propuesta.
Voy terminando, porque no me da tiempo y quiero decir algunas cosas al final.
Hemos manifestado, señorías, señor presidente del Gobierno, nuestro aval a este proyecto de ley, lo hemos hecho públicamente en todos los foros donde se nos ha convocado, donde hemos participado; y también, señor presidente, se lo hemos dicho a usted cuando nos convocó a una reunión formal con los redactores del proyecto de ley, así se lo dijo nuestro presidente del grupo parlamentario y presidente regional del partido. Pero, perdóneme que le diga, señor presidente, con lo que no contábamos era con que el presidente del Gobierno incumpliera su palabra, su palabra dada a nosotros, su palabra manifestada públicamente y reiteradamente, por ejemplo, en el mes de septiembre, sobre que no se va a cambiar el núcleo duro del proyecto de ley, más concretamente me refiero a la evaluación ambiental estratégica que está redactada razonablemente bien en el texto del proyecto de ley y que para intentar salvar usted un pacto de gobierno que está en permanente UVI, transige en modificarlo para que todo siga igual que ahora.
Seguiremos, con esa modificación, teniendo la Cotmac como un órgano que hará y deshará a su antojo en la gestión del territorio en Canarias.
Ayer escuchamos a la consejera decir que esta modificación no toca el núcleo duro, nosotros no somos ingenuos, señora consejera, cualquiera que tenga un mínimo conocimiento del sistema sabe perfectamente que esta modificación es una bomba de relojería en la línea de flotación del proyecto.
La evaluación ambiental es tanto o más importante que la parte territorial de los planes, y dejarla en exclusiva en manos de la Cotmac es repetir el vigente modelo que, precisamente, es el que el proyecto de ley pretende combatir. Es un sinsentido, señor presidente, que no puede, en este caso, contar con nuestro aval. Ni estamos de acuerdo con ello en la voluntad de volver a introducir las directrices en el texto del proyecto de ley ni en endurecer a los agricultores y ganaderos la utilización del suelo rústico. Estas decisiones, señorías, señor presidente, significarían reconocer el fracaso de un año de trabajo, derrumbar las expectativas favorables que el texto tenía en la sociedad canaria. A los ingenuos se les puede decir que ahora la tarea está en manos del Parlamento, pero saben sus señorías que la mayoría parlamentaria no actúa sin el aval del Gobierno y sin el aval de su presidente.
Las enmiendas que se presenten de manera conjunta por Coalición y PSOE serán las que determine el propio presidente del Gobierno, cuestión que, lógicamente, me parece razonable, pero, desde luego, ya no será nuestro proyecto de ley.
Solo queda esperar a la presentación del texto -voy terminando, señora presidenta-, solo queda esperar a la presentación del texto de las enmiendas, conocer su contenido porque, en verdad, conociendo su contenido daremos una respuesta final a lo que va a ser el apoyo o no de nuestro grupo parlamentario.
Hoy manifestamos...
La señora PRESIDENTA: Un minuto más, señor Jorge.
El señor JORGE BLANCO: Acabo ya, señora presidenta.
Hoy manifestamos nuestro apoyo, señor presidente, mañana no le sé decir si va a ser así.
Señor presidente, la mayoría parlamentaria ya la tiene usted. Usted puede sacar el proyecto de ley adelante, tiene usted 33 diputados que, como sabe, son la mayoría absoluta de esta Cámara; pero también le digo que 48 diputados es una amplia mayoría parlamentaria, que también supone una amplia mayoría social, que avalará la reforma legal y que le dará mayor estabilidad en el tiempo para su implantación y su aplicación.
Señor presidente, 48 contra 33: esa es su elección, señor Clavijo, y es usted el que tiene que elegir.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Jorge.
Turno ahora del Grupo Parlamentario Socialista Canario. Señora Alemán.
(Rumores en la sala).
Señorías, por favor. No hemos concluido.
La señora ALEMÁN OJEDA: Buenas tardes, señorías, buenas tardes a los miembros del Gobierno. Buenas tardes, vicepresidenta, sé que había cierta inquietud por parte de algunos diputados ante su ausencia. Buenas tardes al público asistente hoy.
Señorías, el Partido Socialista Obrero Español es una formación política de profundas convicciones y que entiende la política como un ejercicio de responsabilidad. Creemos en la capacidad de la política para producir profundas transformaciones que permitan una sociedad más próspera, más justa y más igualitaria; y tenemos claro que los caminos para producir estas transformaciones son el diálogo y las mayorías parlamentarias.
Con esta premisa, el Partido Socialista atesora ya una singladura de 137 años de historia que nos han permitido dejar nuestra impronta en todas y cada una de las leyes y acuerdos vertebradores de este país.
Canarias y la normativa territorial de las islas no han sido una excepción. El desarrollo sostenible de las islas ha sido y es una seña del Partido Socialista español, por eso, señorías, queremos manifestar nuestro reconocimiento a las normas ambientales territoriales y urbanísticas que promovimos al frente del Gobierno de Canarias. Nos referimos a la 3/1985, de medidas urgentes en materia de urbanismo y protección de la naturaleza; a la 12/1987, de declaración de espacios naturales de Canarias, que fue sustituida por la 12/1994; a la 5/1987, de ordenación urbanística del suelo rústico, y a la 1/1987, reguladora de los planes insulares de ordenación. Un reconocimiento que también hacemos extensivo a la contribución socialista en la tramitación de normas como la Ley 9/1999, de ordenación del territorio de Canarias; el texto refundido del Decreto legislativo 1/2000; o la Ley de directrices de ordenación general y las directrices de ordenación del turismo, del 2003. Unas normas que estaban inspiradas en la defensa de un modelo territorial sostenible y respetuoso con el medio ambiente y que han contribuido durante más de treinta años a delimitar y preservar los espacios naturales de Canarias, a contener el uso del suelo rústico, a ordenar el suelo, a regular las actuaciones en ejecución del planeamiento, la intervención administrativa en garantía de la legalidad urbanística, el régimen sancionador, a establecer la capacidad de carga alojativa de nuestras islas, a contener el crecimiento desaforado y a incentivar la renovación y la rehabilitación, entre otros puntos.
Con estos principios como ejes de acción, tampoco hemos dudado en ejercer nuestra firme oposición a normas que entendimos que contribuían a un consumo irresponsable del suelo y a la configuración de un modelo territorial que difícilmente podía servir de sostén al desarrollo socioeconómico de Canarias que nosotros defendemos. Y me refiero concretamente a la Ley de medidas urgentes, del 2001, cuando don Román Rodríguez, por cierto, era presidente del Gobierno de Canarias.
Por eso, lo primero que queremos reivindicar en el debate de este proyecto de ley es el respeto a todas las posturas que cada grupo pretenda defender en este texto. A todas, a las que están a favor y a las que están en contra. Y, además, pedimos responsabilidad en la defensa de los distintos posicionamientos por cada uno de los portavoces, no cerremos ninguna puerta al consenso por motivos de forma, porque podemos reconducir al abordar las cuestiones de fondo. Y este es un compromiso, el del respeto y el de la responsabilidad, que el Grupo Socialista va a mantener, a pesar de las afirmaciones de algunos de los portavoces que me han precedido en la palabra.
Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista ha mantenido una importante agenda de reuniones a iniciativa propia así como con todos y cada uno de los colectivos y de las personas físicas que han querido reunirse con nosotros, una agenda que vamos a implementar, por supuesto, en las próximas semanas.
Pero si vamos a escuchar lo que otros quieren plantearnos, lo que vamos a pedir a cambio es que se escuchen también nuestros planteamientos. Nuestra capacidad para ser convencidos tiene que ser igual que la que tengan todos los que nos quieren convencer. Y a partir de ahí vamos a actuar como siempre, con toda la responsabilidad.
Señorías, no se puede afirmar que se está a favor del desarrollo sostenible y a renglón seguido ponerle palos en las ruedas al planeamiento, o ser conscientes de que estos existen y no querer quitarlos. No podemos afirmar que estamos en contra de los pelotazos y seguir manteniendo cajones de sastre que dan pie, hoy por hoy, a la arbitrariedad. No podemos hablar de simplificación normativa y querer mantener la actual dispersión, sin plantear una alternativa distinta a la misma.
Comenzando por lo último, el propósito de este proyecto de ley ha sido aglutinar en una única norma todas las reglas fundamentales de protección, ordenación y utilización del suelo en Canarias. Concretamente, pretende sustituir el Texto refundido de las leyes de ordenación del territorio de Canarias y de espacios naturales, del año 2000; la Ley de directrices de ordenación general y las directrices de ordenación del turismo de Canarias, del 2003; y la Ley de armonización y simplificación en materia de protección del territorio y de los recursos naturales, la 14/2014. Un objetivo, el de la simplificación, que ya adelanto que mi grupo comparte plenamente.
Si hablamos de planeamiento, lo cierto es que con la actual normativa, ya lo adelantó la consejera, solo 29 de 88 municipios de Canarias tienen su plan general aprobado, y da la casualidad de que solo 22 lo pueden mantener, porque 7 han sido tumbados, han sido suspendidos por la justicia. Si de verdad, entonces, creemos que el planeamiento en cualquiera de sus modalidades es la solución, y esto es lo que cree el Grupo Socialista, lo lógico es que por lo menos reconozcamos que tenemos una problemática que tenemos que abordar y esto es lo que intenta hacer este proyecto de ley.
Se dice de manera más o menos explícita que esta ley está al servicio del pelotazo y de la especulación. Sin embargo, tras 497 días transcurridos desde la constitución de este Parlamento, ninguno de los grupos que se arrogan estas alusiones han presentado proposición de ley alguna para modificar, por ejemplo, el artículo 47 del texto refundido, que viene a ser el cajón de sastre que permite hoy por hoy suspender un planeamiento para sacar adelante una infraestructura. Quien sí lo ha hecho es el Gobierno, con este proyecto de ley que pretende sustituir discrecionalidad por seguridad jurídica, y transparencia con la regulación de los proyectos de interés autonómico o insular. En general, se ha venido manteniendo tanto en los planeamientos insulares como en los municipales una política meramente paisajística del suelo rústico. El suelo rústico se ha convertido en un escenario de fondo de actividades turísticas y de actividades urbanas. Por esta razón sus usos han quedado limitados a la actividad exclusivamente agraria. Hoy existe un consenso generalizado en que para que el sector primario sea sostenible debe contar con rentas complementarias a las agrarias, una tesis que, además, viene respaldada por las políticas agrícolas comunitarias. Este proyecto de ley pretende abordar ese problema regulando la posibilidad de acometer inversiones para poder llevar a cabo esos usos complementarios.
Simplificando mucho, podemos decir que el objetivo último de este proyecto de ley es compatibilizar la protección del paisaje y las condiciones generales que tienen las islas, permitir que se desarrolle una actividad económica en el suelo que ya está clasificado e impedir que se consuma y se clasifique más suelo.
Adelantada la problemática que existe hoy por hoy, las líneas generales del proyecto de ley, me va a tocar exponer el posicionamiento con el que el Grupo Socialista va a abordar la tramitación de esta ley.
En primer lugar, creemos sinceramente que todos estamos de acuerdo en la problemática que existe, en lo que parece que discrepamos más es en la manera de abordarla y el marco para resolver estas discrepancias, y, como dije al principio de mi intervención, deberá ser con el diálogo y con las mayorías parlamentarias. Por eso, el Grupo Socialista está a favor de que esta tramitación se produzca y, en consecuencia, vamos a votar en contra de las enmiendas a la totalidad de Nueva Canarias y de Podemos.
En segundo lugar, queremos enriquecer y mejorar el texto, incluso profundizar en el enfoque que se le da a algunas cuestiones. En este sentido, y comienzo a enunciar los cambios que propone el Grupo Socialista, creemos que la evaluación ambiental estratégica de los instrumentos de ordenación la tiene que llevar a cabo un órgano independiente al planificador y creemos que ese órgano tiene que ser la Comunidad Autónoma de Canarias.
Cómo ha de ser la evaluación, la incorporación de mecanismos para agilizarla sin desvirtuarla, el órgano que debe llevarla a cabo, etcétera, son cuestiones en las que estamos dispuestos a escuchar argumentos, pero que ese órgano tiene que depender del Gobierno de Canarias a nosotros los socialistas nos parece una cuestión irrenunciable en este momento.
Nos parece un cambio muy positivo el cambio introducido por el Gobierno durante la tramitación del proyecto para que la Administración autonómica pueda informar sobre la legalidad de los planes de ordenación, en virtud del principio de lealtad institucional, un cambio que, lejos de desvirtuar la ley, como han sugerido algunos, nos parece imprescindible para poder conjugar los objetivos que persigue esta norma.
Señorías, reconociendo el importante avance que suponen los proyectos de interés autonómico e insular con respecto a la suspensión del planeamiento que prevé la normativa vigente, creemos que hay que dotarlos de mayores garantías; creemos que para dotarlos de mayor seguridad jurídica algunos de estos proyectos de interés deberían contar con una evaluación estratégica ordinaria, sobre todo cuando se determine que esos proyectos pueden tener efectos significativos sobre el medio ambiente, pero eso no significa que neguemos la importancia que puedan tener estos instrumentos y, por ejemplo, les digo: hace unos días conocíamos la designación del Roque de los Muchachos como emplazamiento alternativo para instalar el Telescopio de Treinta Metros, promovido por la Universidad de California y por instituciones científicas de China, Japón, Canadá y la India; como saben, de confirmarse su emplazamiento en La Palma, la instalación superará el término municipal de Garafía para adentrarse en el de Puntagorda, que no tiene prevista en su ordenación esta infraestructura. El Gobierno de Canarias, con el marco actual, lo único que ha podido hacer es declarar el proyecto de interés estratégico para reducir los plazos a la mitad, si contáramos con otros instrumentos podríamos dar un mayor impulso a este asunto. He puesto el ejemplo del telescopio, pero me vienen a la cabeza infraestructuras sociosanitarias en islas como la de Fuerteventura, que presenta un mayor déficit de plazas de este tipo.
Señorías, los socialistas y las socialistas creemos en la vigencia de las directrices de ordenación, pero consideramos que tenemos que dotarlas de mecanismos para que sus objetivos sean realmente operativos, por ello defendemos su vigencia con carácter reglamentario, siempre y cuando esta deslegalización venga acompañada de una ley como esta, que agiliza el planeamiento.
En cuanto al suelo rústico, compartimos plenamente la necesidad de facilitar la obtención de rentas complementarias a las agrarias a los productores, y también creemos que si esas rentas van a depender del uso del territorio donde se localiza la producción agrícola este uso debe ser complementario en términos funcionales al agrario, y por ello nos estamos planteando definir mejor en la ley las garantías de este uso complementario, no queremos que este instrumento sea la puerta de entrada para invertir de facto un uso rústico por un uso urbanístico del territorio.
Por último, esta norma, de aprobarse, va a suponer un antes y un después desde el punto de vista jurídico, porque hay operadores que han de aplicarla y se van a encontrar de la noche a la mañana un nuevo marco jurídico donde cuestiones interpretativas que antes estaban definidas ahora estarán por definir. Por eso creemos que es muy importante prever un potente desarrollo reglamentario, que puede ser fragmentado inicialmente para después refundirse en un texto global que contribuya a llenar las lagunas que pueda tener incorporadas esta norma.
Llegados a este punto, y sentadas las bases del posicionamiento del Grupo Socialista, voy a responder a la enmienda a la totalidad del Grupo Parlamentario Podemos.
Señora Noemí, señora Santana, si quiere ser socialista o cambiar el PSOE afíliese al partido de Pablo Iglesias, pero el del pelo más corto.
(Aplausos desde los escaños del GP Socialista Canario).
Señorías, ustedes presumen de la importancia que en los orígenes de su formación política tuvo el entorno universitario, por ello creo que sería bueno que incorporásemos a este debate metodología científica.
Tras un análisis objetivo de su enmienda, nos parece que la misma casa perfectamente con la famosa falacia del francotirador, por si no la recuerdan es aquella en la que una persona dispara aleatoriamente a un granero y después pinta dianas alrededor de los disparos para acto seguido autoproclamarse francotirador. Ustedes dicen que la comunidad autónoma renuncia a ordenar y planificar territorio, ustedes hablan de subterfugios para propiciar pelotazos políticos. Lo que no dicen es que la legislación puede llegar a ser, incluso, más permisiva que la propuesta en este proyecto, lo que no dicen es que este proyecto, lejos de renunciar a la planificación y a la ordenación del suelo, prevé hasta 30 figuras de ordenación y gestión, de las que solo 11 pueden iniciarse a iniciativa privada, y siempre bajo la tutela de las administraciones públicas, y cumpliendo con todas las previsiones legales vigentes. Ustedes vienen con la idea de que todo lo que no plantee Podemos nace por motivos especulativos y se dedican a pintar dianas alrededor del trabajo de los demás para después autoproclamarse los únicos defensores del medio ambiente.
Y nos piden coherencia quienes votaron en contra, quienes votaron con el PP en junio para que no pudiéramos formar gobierno.
(Aplausos desde los escaños del GP Socialista Canario).
La señora PRESIDENTA: Señorías, por favor, señorías.
La señora ALEMÁN OJEDA: Nosotros también defendemos...
La señora PRESIDENTA: Señorías, respeto, por favor.
La señora ALEMÁN OJEDA: Nosotros defendemos Canarias con uñas y dientes, pero también la defendemos con argumentos, esa es la diferencia, mírense eso.
Señorías, como dije hace un momento, este es un proyecto de ley que, de aprobarse, supone un antes y un después, una norma que viene a dar un vuelco a la regulación vigente en materia de ordenación del territorio. Una norma de este calado es normal que genere discrepancias, que genere posiciones enfrentadas, las ha generado en los colegios de arquitectos, en las organizaciones empresariales, en las organizaciones sindicales, en los colectivos ciudadanos, en los distintos niveles de la Administración, las ha generado en el propio Gobierno, las ha generado en mi partido... Algunos han querido poner el foco en esas diferencias, parece que lo importante es eso, lo importante, no el resultado, sino el procedimiento, la manera.
Desde esta tribuna quiero mostrar mi orgullo por militar en un partido político en el que todas mis compañeras y compañeros pueden expresar argumentos a favor y en contra de esta norma. Y en esta Cámara quiero mostrar mi satisfacción por estar apoyando a un Gobierno que debate los asuntos importantes para Canarias, un debate que ya ha puesto cambios en un texto que inició su tramitación en el seno del Ejecutivo. Este debate, estas discrepancias nos han permitido disponer de más criterios aún para sacar adelante una mejor norma, habrá quien siga viendo en este proceso algo negativo, al Grupo Socialista le parece enriquecedor.
No quiero cerrar mi intervención sin hacer una reflexión. La ordenación del territorio, máxime en una región como la nuestra, sea del signo que sea, persigue objetivos muy ambiciosos. Su aplicación por parte de las administraciones públicas y por los operadores privados tiene que someterse a múltiples variables que en ocasiones pueden suponer, y de hecho han supuesto, resultados indeseados por el Poder Legislativo. Fruto de ello, su aprobación nunca ha estado exenta de polémica y ha sido muy difícil darle estabilidad. En este sentido, quiero recordar que este proyecto ley pretende aglutinar hasta tres leyes y que desde que Canarias asumió la competencia legislativa en esta materia no ha existido una sola legislatura donde no se haya modificado, donde no se haya introducido una modificación en la ordenación del territorio. Yo les confieso que he intentado contarlas y más de 16 seguro. Por ello creo que tenemos que huir de planteamientos pesimistas que pretenden ver la fuente de todos los males de esta tierra en la modificación de este tipo de normas, pero también evitar exceso de triunfalismos que nos dificulten en un futuro modificar nuestro criterio si se demuestra que esta ley no es la adecuada.
Señorías, acabo como empecé, en la tramitación de esta norma el Grupo Socialista va a ofrecer responsabilidad, diálogo y respeto a las mayorías parlamentarias y esperamos lo mismo del resto de grupos.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Alemán.
Por el Grupo Nacionalista, señor Ruano.
El señor RUANO LEÓN: Señora presidenta. Señorías. Miembros del Gobierno de Canarias.
Hablar el último siempre tiene algunas complicaciones desde el punto de vista de la atención de las personas que te escuchan y alguna ventaja en relación con la posibilidad que tienes de intentar rematar, completar, terminar algo que otros previamente han empezado y eso me permite, dos horas después de la intervención de la consejera de Política Territorial y a continuación de la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista Canario, referirme a una cosa que ciertamente parece sencilla, pero acredita hoy que, al parecer, no hay tanta mayoría social contra la ley, porque deduzco que siete escaños del Grupo de Podemos más cinco escaños de Nueva Canarias suman 12 y creo que esos van a ser los apoyos, en su caso, no sé si a las dos enmiendas, o a una, o cada grupo apoyará la suya, a la totalidad de devolución, que es el debate en el que estamos esta tarde.
Le había pedido, además en una lógica y con una ortodoxia del debate que decidimos en la Junta de Portavoces, que no fuera tal, decidimos que no habría un turno en contra de una enmienda a la totalidad, y podríamos haber intervenido en contra de la enmienda a la totalidad del Grupo de Nueva Canarias, en contra de la enmienda a la totalidad del Grupo Podemos y, después, los demás grupos fijar posiciones, podríamos haberlo hecho así, pero decidimos no hacerlo así, sino que los grupos enmendantes defendieran sus enmiendas y después cada grupo fijara posición y, a su vez, hablara de las enmiendas a la totalidad.
A su vez, también le pedí a la portavoz socialista que intentara, por intentar dividirnos el tiempo, centrarse más en la enmienda de Podemos para yo poder hacerlo en la de Nueva Canarias.
Y quiero empezar, antes de entrar en ello, haciendo un repaso, señora consejera, porque han pasado dos horas y quizás algunas ideas clave del proyecto de ley es necesario que salgan esta tarde meridianamente claras después de tanto ruido, de tanta presunta mayoría social con la que algunos nos han amenazado.
En primer lugar, hay que decir que el proyecto de ley se basa en la no regresión de las decisiones que hemos tomado en materia territorial y medioambiental durante muchísimos años, desde los años ochenta, y la portavoz socialista hacía un repaso de aquellas primeras leyes de ordenación y conservación de los años ochenta que encabezaba el Gobierno socialista de entonces, de don Jerónimo Saavedra, con su consejero Javier Domínguez Anadón. Entonces, podemos decir que se introduce una primera llamada en torno a una cultura sobre el suelo y el territorio que es muy importante, pero esa primera llamada se completa en los años noventa con una ley, importante ley, la de 1994, que fue la Ley de Espacios Naturales de Canarias, y por recordarle, respecto al procedimiento, al portavoz de Nueva Canarias lo siguiente: no es cierto que el proceso de participación de aquella ley fuera mucho más extenso que este. Si quiere le recuerdo, puedo recordarlo, era yo bastante más joven que ahora pero fui el redactor del anteproyecto porque era secretario general técnico de la Consejería de Política Territorial, y puede usted, dado que los ha citado, preguntarle al entonces consejero, Fernando Redondo, o al entonces director general de urbanismo, de Disciplina Urbanística, con el que compartí tiempo y trabajo, Faustino García Márquez.
Quiero decir con eso que se ha ido construyendo una cultura en torno a la conservación, y usted, don Román, tiene la manía de intentar siempre patrimonializar aquella que se refiere al corto periodo de tiempo, al periodo de tiempo..., en definitiva, a la legislatura en la que usted fue presidente del Gobierno de Canarias, que encabezaba Coalición Canaria, cuando usted era miembro de Coalición Canaria, y yo consejero con usted, sí señor (ante un comentario del señor Rodríguez Rodríguez desde su escaño). Es verdad que tenía poco ver con el territorio en aquel momento pero, ciertamente, consejero con usted. Pero es importante decirlo porque acostumbra a patrimonializar esa idea como si, de un lado, usted, así lo hace, siempre nos señala, esta mañana, incluso, se atrevió a decirnos regionalistas, y siempre nos señala a nosotros como nacionalistas de derechas, y que usted patrimonializa hoy lo que usted denomina el nacionalismo de izquierdas. Yo lo veo más cerca de Podemos, la verdad, bastante más cerca y compitiendo por ese espacio político, básicamente un espacio muy fundado en una isla, en la isla de Gran Canaria.
Creo que es muy importante que sepamos que la ley busca lo que se dice: simplificar, racionalizar y actualizar, y lo hace con rigor en torno a una serie de decisiones estructurales. No se tocan los espacios naturales protegidos ni la Red Natura 2000, se contiene el consumo de suelo rústico, el uso residencial en suelo rústico se reconduce a los asentamientos rurales, se plantea siempre la compactibilidad o la ciudad compacta con la continuidad del suelo urbanizable respecto del urbano, se hace prácticamente imposible clasificar nuevo suelo con destino turístico, y en lo posible se busca siempre, y se busca con este instrumento normativo, ser ley única, ley única y de eficacia directa. Con eso, a su vez, tomamos decisiones que son fundamentales.
Los objetivos y principios rectores de la ley son facilitar la actividad económica y social en los suelos aptos, y, paralelamente, conservar, mantener la protección y conservación de los espacios y los suelos más valiosos de las islas, lo dijo la consejera cuando se refería a los espacios naturales protegidos; y estamos hablando, por tanto, de una Ley del suelo y de espacios naturales protegidos. Y ese trabajo... -y ahora nos referiremos a algunas de las cuestiones que se señalaban en las enmiendas como perniciosas-, no voy a repasar las importantes leyes que deroga porque lo han hecho los otros portavoces que me precedieron, el portavoz Popular o la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, pero es muy importante decir que estamos construyendo un texto legal para el tiempo que nos toca vivir, y cuando analizamos el pasado tenemos siempre la tendencia a juzgar el pasado y a hacer, algunos en sentido positivo y otros en sentido negativo, a olvidar que se vive cada tiempo en relación con lo que fue aquel tiempo. En consecuencia, cuando se tomó la decisión de hacer las directrices, en 2003, se tomaba una decisión después de un documento que le quiero recordar, don Román, dirigía el vicepresidente Adán Martín, que se llamaba "el documento verde". Por tanto, cuando se hizo aquel trabajo, Coalición Canaria hizo un planteamiento de reforzar la ley, el Texto refundido de la ley de ordenación del territorio y de la ley de espacios naturales, del año 2000, provocando normas de aplicación directa y normas directivas. Y a lo largo del tiempo el texto refundido ha sufrido en torno a 15 modificaciones y las directrices en torno a 6-7 modificaciones, si no recuerdo mal.
Es cierto que hoy, tras la crisis, tenemos un gran obstáculo desde el punto de vista normativo que tenemos que resolver. Y eso no se hace olvidando la cultura que hemos forjado durante más de treinta años en la construcción de esta autonomía. No lo vamos a hacer nosotros, ni vamos a recibir lecciones, porque de un lado se nos ofrece o se nos hace una expresión apocalíptica de lo que va a pasar, que prácticamente cuando acababa su intervención se nos caía el infierno de Dante encima, y paralelamente nos dice que cuando se abra el periodo de enmiendas a ver si empezamos a negociar. Yo le voy a repetir nuevamente a usted y a todos lo que he dicho como grupo mayoritario de la Cámara: el consenso es un método, el acuerdo, el resultado. El método de consenso requiere respeto a las normas de convivencia que nos hemos dado todos, y de forma continua, en todo el trabajo, incluso en la Junta de Portavoces ponernos de acuerdo en el calendario de tramitación de la ley, a pesar de que nosotros tendíamos la mano, tendíamos la mano y recibíamos una mordida frente a nuestro ofrecimiento de consenso. Y vamos a tener el periodo más largo de enmiendas al articulado que ha tenido ningún proyecto de ley, pero le he pedido el compromiso a usted y le hemos pedido los grupos mayoritarios que entonces tomamos aquel acuerdo, el Grupo Socialista y el Grupo Nacionalista, que sea para trabajar, para, a partir de la calificación de las enmiendas, que se ha de producir el 9 de enero, trabajar en la ponencia intensamente, y para que la ley tenga el tiempo necesario, pero no más del tiempo necesario. Porque no puede ser que estemos trasladando continuamente a la opinión pública de una parte que es que esto es un procedimiento antidemocrático, no participativo..., cuando lo real es que el expediente que acompaña a este proyecto de ley es de los expedientes más extensos de cualquier iniciativa legislativa que hayamos conocido en este Parlamento.
Quisiera, señoría, decir, por tanto, que partimos de un principio de no regresión, que partimos de la cultura del suelo como un recurso natural y partimos del valor de los espacios naturales. Cuando entremos en el contenido quisiera hacer una precisión en torno a cuestiones que se discuten que creo que son imprescindibles. Intentaré, por tanto, aprovechar el tiempo del que dispongo para poderlo hacer. Pero no quiero dejar de hacerlo sin hacer alguna referencia, me parece de absoluta cortesía parlamentaria, aun cuando la portavoz socialista lo hizo muy bien, en relación con la enmienda de Podemos. Alarmar y deformar la realidad como forma de hacer política es populismo. Y hay quienes lo hacen desde el ámbito de la derecha y ganan elecciones en Estados Unidos, y hay quienes lo hacen desde el ámbito de la izquierda y tienen muy buenos resultados en las elecciones de España o en Grecia. Eso es populismo, porque es engañar, porque no se dice la verdad, ni se hacen propuestas concretas para mejorar. Esta es la cuestión.
El compromiso con el trabajo público es hacer propuestas dirigidas a que la situación real obtenga una respuesta y no se esté tergiversando diciendo, por ejemplo, que esta ley lo que pretende es hacer un Eurovegas en San Mateo. En fin, vamos a intentar ser un poquito más serios e intentar no tomarle el pelo a la gente, por humilde que sea, porque eso es lo que hacen algunos, no me refiero a todos, porque, incluso, veo algunas caras y creo que en algunas caras de ustedes hay sin duda personas con un gran compromiso social, que yo respeto, pero otras, desde luego..., muy dudosa canalización real de los intereses verdaderos de la ciudadanía. Bienvenida, doña Noemí (ante la entrada en la sala de la señora Santana Perera).
Por tanto, en este sentido, quería decir que, cuando la enmienda habla de rechazar el proyecto de ley porque el espíritu de la misma no representa los intereses de la mayoría social del archipiélago, quisiera saber dónde está la mayoría social, porque, de momento, la mayoría social se representa por un Parlamento libremente elegido, y de momento, aparentemente, 48 diputados y diputadas pueden estar a favor, por lo menos los tres grandes grupos...
(Aplausos en la sala).
En fin, en cuanto a las cuestiones que se refieren al contenido, yo quiero dar las gracias al Grupo Nueva Canarias, especialmente al apoyo técnico del Grupo Nueva Canarias, a Fermín Delgado, porque, desde luego, es un hombre que trabaja muchísimo, que tiene muy buena fe, y seguro que si hubiera muchos más como él el acercamiento de los nacionalistas sería real y posible.
Ahora bien, cuando esto se traduce en otros modos de hacer las cosas y en la búsqueda de espacios desde el punto de vista personal, resulta mucho más complicado el acercamiento.
Mire, del debilitamiento se habla, incluso se nos ha cuestionado acerca del modelo, del modelo de Canarias, y nosotros nunca hemos dejado de decir, lo repetimos, que los nacionalistas canarios creemos que Canarias es isla y es nación, creemos completamente en eso, y lo materializamos, o lo intentamos materializar, dentro de la mayoría con la que contamos; es decir, tenemos que contar con apoyos de otros grupos parlamentarios porque no tenemos 31 escaños nuestros en el Parlamento, y acordamos, pues, normalmente con esos principios, que Canarias es isla y es nación. Y en ese sentido, no recibimos tampoco lecciones quienes fueron, fuimos, los defensores de la lucha contra el petróleo en Canarias, contra las extracciones petrolíferas en las aguas de Canarias.
(Aplausos en la sala).
Señor Rodríguez, no nos preocupa, no tenemos preocupación por los proyectos de interés autonómico e insular, ninguna, porque debería más preocuparle, como han señalado algunos otros portavoces, la aplicación que se está produciendo del artículo 47 del texto refundido actual, se está exceptuando prácticamente todo. ¿Y a quién se exceptúa? A aquellos que tienen dinero o unos buenos abogados, a quienes tienen capacidad para presentar con abogados y arquitectos buenos proyectos que sean capaces de superar el listón del artículo 47.
Y por decirle, por concretarle cosas que ya le anticipaba la señora consejera, mire, le leo las comunidades autónomas donde hay proyectos de interés autonómico, muy semejantes a la regulación que tiene..., que por cierto, son proyectos que van a ser sometidos, como dijo doña Nayra, a la evaluación ambiental, llevan participación ciudadana y son de ejecución inmediata, proyectos en Andalucía, en Aragón, en Cantabria, en Castilla La Mancha, en Extremadura, en Galicia, en Madrid, en Murcia, en Navarra, en La Rioja, en Valencia... Después del pleno le puedo dar la referencia exacta de las leyes, para no perder más tiempo en esta ocasión.
El tema del suelo rústico ha sido otra de las críticas que se han realizado, y yo quiero decir una cosa muy importante, aun cuando por los portavoces que intervinieron anteriormente aclararon muchas cosas. Es muy importante vivir en el campo y vivir del campo para aplicar la legislación de la que estamos hablando, es decir, nosotros, cuando acordamos o cuando hemos acordado esa adenda, lo que hemos dicho es que no tenemos ningún problema en aclarar usos en el suelo rústico, pero nosotros partimos de que los usos complementarios van a ser de los profesionales, de los profesionales de la agricultura y de la ganadería que viven de la agricultura y de la ganadería y que pueden obtener una renta complementaria con usos que no son residenciales, lo digo porque algunos están hablando, están señalando, están criticando, están falseando el contenido real de las previsiones de los artículos 60 y siguientes del texto refundido. Vivir en el campo y vivir del campo requieren apoyos reales, como dijo don Casimiro Curbelo, a la gente que vive en el campo, para que no sigamos con migraciones interiores del campo a la ciudad y para que la gente pueda vivir y pueda tener los mejores servicios posibles en sus pueblos, en sus ciudades, para poder seguir viviendo de lo que produce la tierra o de la ganadería.
Creo que estamos en condiciones, a su vez, de valorar algunas cosas, algunas cuestiones que plantea la enmienda a la totalidad respecto a las ordenanzas provisionales, insulares y municipales, los programas de actuación sobre el medio urbano o los convenios urbanísticos, que pueden ser objeto de alguna precisión, pero el objetivo que señalaba el presidente en una de las muchas preguntas que se le formularon en su momento en Pleno se va a cumplir con este proyecto de ley, y este proyecto de ley va a ser realmente un proyecto por la simplificación, vamos a trabajar sobre la idea de que el planeamiento puede tener un carácter monofásico, y eso no mengua la necesidad de que, en relación con la parte estructurante del planeamiento, podamos tener una evaluación ambiental que sea realizada por un órgano autonómico que no tiene que responder a la discrecionalidad de la que se ha hecho uso en la Cotmac, que más que discrecionalidad se ha convertido en arbitrariedad. Por tanto, eso se hará con arreglo a procedimientos reglados, tal cual pactamos en junio del pasado año Coalición Canaria, PNC y el Partido Socialista.
Señorías, acabo diciendo que el proyecto de ley no es bueno, es muy bueno, el proyecto de ley es excelente en su orientación y de una gran calidad técnica. En mis cinco años como diputado, la anterior legislatura y esta, el mejor proyecto de ley que he conocido.
El proyecto de ley va a representar para nosotros un antes y un después en el modo de afrontar las cuestiones del suelo donde se pueden hacer cosas frente al suelo donde no se pueden hacer cosas. Y creemos, señorías, que esto es suficiente para decir que votaremos no a las enmiendas a la totalidad.
Estaba esperando, señora presidenta, por el...
La señora PRESIDENTA: Un minuto más, señor Ruano.
El señor RUANO LEÓN: Digo, para no terminar sin explicar de verdad por qué votaremos no a las enmiendas a la totalidad, porque las enmiendas a la totalidad son una expresión, las dos presentadas, de demagogia y de populismo. No vamos a apoyar esas enmiendas de totalidad y, aun con ello, don Román, y también doña Noemí, esperemos que haya alguien de su grupo más dialogante en la correspondiente ponencia, tendemos la mano, tendemos la mano sobre la idea de que el acuerdo es posible siempre que se haga desde la verdad, y la verdad es que este es un proyecto de ley excelente en su orientación, de gran calidad técnica y que va a representar una gran oportunidad para el desarrollo económico y social de Canarias.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ruano.
Señorías, tras la intervención de todos los grupos, voy a llamar a votación para proceder a votar las enmiendas a la totalidad.
(La Presidencia hace sonar el timbre de llamada a votación).
Señorías, vamos a votar, en primer lugar, la enmienda a la totalidad del Grupo Podemos. Comienza la votación.
(Pausa).
Señorías, 59 votos emitidos: 12 síes, 47 noes, ninguna abstención.
Vamos a continuación a votar la enmienda a la totalidad del Grupo de Nueva Canarias. Comienza la votación.
(Pausa).
Señorías, votos emitidos, 59: 12 síes, 47 noes, ninguna abstención. Queda, por tanto, también rechazada esta enmienda a la totalidad, las dos enmiendas a la totalidad producidas.
(La señora consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, Barreto Hernández, pide la palabra).
Señora consejera, ¿pide la palabra?
La señora CONSEJERA DE POLÍTICA TERRITORIAL, SOSTENIBILIDAD Y SEGURIDAD (Barreto Hernández) (Desde su escaño): Gracias, señora presidenta.
Solo para agradecer a la sala, hoy al Pleno, haber admitido, haber tomado en consideración el proyecto de Ley del suelo, agradecer a los grupos parlamentarios que la han defendido y han votado a favor de que se tramite, en contra de las enmiendas a la totalidad, pero también esperar y desear que haya un debate en el que podamos llegar a ese consenso del que hablaba el portavoz del Grupo Nacionalista y que al final salga, como decía, la mejor Ley del suelo para Canarias.
Muchas gracias.
(Aplausos en la sala).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora consejera.
Señorías, concluido el debate de primera lectura, la Mesa del Parlamento ordenará la apertura de un plazo hasta el 30 de diciembre de 2016 para la presentación de enmiendas al articulado de conformidad con lo acordado en la reunión de Junta de Portavoces del 31 de octubre de 2016 y designará la comisión competente para su tramitación. Asimismo, acordaremos habilitar el mes de enero de 2017 para la tramitación de dicha iniciativa y que la mesa de la comisión se reunirá el próximo día 9 de enero de 2017 con el objeto de nombrar ponencia y calificar las enmiendas que hayan sido presentadas.
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