Diario de Sesiones 101/2017, de fecha 13/12/2017 - Punto 12

9L/PNL-0525 PROPOSICIÓN NO DE LEY, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR, SOBRE EL REFUERZO DE LA ESTRUCTURA DE PERSONAL DE LA CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Siguiente proposición no de ley, instada por el Grupo Popular, sobre el refuerzo de la estructura de personal de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

Para su defensa, señora Reverón.

La señora REVERÓN GONZÁLEZ: Gracias, presidente. Señorías.

Quiero empezar esta proposición no de ley recordando, como todos ustedes saben, que las competencias en materia de carreteras son de la comunidad autónoma. Por lo tanto, el Gobierno de Canarias tiene competencias exclusivas y plenas en la planificación, en la construcción y en la conservación de la red viaria.

Por eso, señorías, el motivo de la presente PNL es conseguir que todas las intervenciones en esta Cámara, relativas a las carreteras de Canarias, no queden en saco roto. Y digo esto porque si algo ha quedado patente en esta Cámara es que la situación de las carreteras en Canarias, por uno u otro motivo, ha sido objeto de debate, de comparecencias, de preguntas, de proposiciones no de ley, por todos los grupos políticos. Ya se ha advertido en numerosas ocasiones que el principal cambio que ha tenido Canarias en los últimos cincuenta años es su transformación como destino turístico, con cambios estructurales en el territorio, necesariamente ligados a la movilidad de las personas y al transporte de mercancías.

Por lo tanto, parece que el objetivo lo tenemos todos claro, que es avanzar hacia una movilidad sostenible en el archipiélago. Para ello, son necesarias la mejora y la optimización de nuestras infraestructuras, contemplando los sistemas, manteniendo y adaptando los que ya existen a las nuevas demandas y a las nuevas tecnologías, y siempre en la búsqueda de una mayor eficiencia.

Es preciso tener en cuenta, además, que, en Canarias, más del cuarenta por ciento de la población trabaja en un municipio diferente de aquel en el que reside, y este dato puede considerarse como un problema en aquellas islas donde la concentración de habitantes por metro cuadrado es demasiado alta.

Es el caso, por ejemplo, de la isla de Tenerife, donde, a día de hoy, los graves problemas de congestión parece que no tienen solución, aunque desde el Gobierno de Canarias se ha manifestado públicamente que uno de sus objetivos es dar respuesta y solución a estos problemas que padecen cada día los tinerfeños, que tienen que sufrir unas interminables colas. La realidad, sin embargo, a día de hoy, es que esta solución no ha llegado.

En marzo de este año, el señor consejero de Obras Públicas nos anunciaba el inicio del proceso de licitación para la redacción del proyecto técnico en relación con la construcción del nuevo carril bus-VAO que se pretende ejecutar en la TF-5. A día de hoy, todavía no sabemos nada de nada. Por tanto, creo que puedo llegar a afirmar sin riesgo a equivocarme que la situación nos preocupa y, por ende, nos ocupa a todos.

Señorías, el pasado pleno, ante una proposición no de ley presentada por el Grupo Nacionalista Canario, desde mi grupo parlamentario, presentamos una enmienda que fue rechazada por su proponente por entender que no era oportuno incluirla en su texto. Lo que se pretendía con la enmienda era buscar las herramientas legales precisas para mejorar la gestión en la Consejería de Obras Públicas, toda vez que, con un grado de ejecución a 30 de septiembre del 20 %, era evidente que mejorar la gestión es imprescindible y es necesario.

Y, si tenemos en cuenta que el presupuesto de la Consejería de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias crecerá en este año 2018 un 89,69 % respecto a este año 2017, para un total de unos 353 millones de euros, de los que el 71 % irá destinado a carreteras, está claro que algo está fallando. Nada vamos a conseguir si mejoramos la financiación y no mejoramos la eficacia en la gestión.

Por tanto, entiendo y entendemos en mi grupo parlamentario que tenemos que hablar de la estructura del personal de la Consejería de Obras Públicas. Señorías, el Estatuto Básico del Empleado Público supone no solo un conjunto de normas reguladoras de las relaciones del empleo público y el establecimiento de unos principios generales aplicables a dichas relaciones, entre los que cabe destacar, por supuesto, el servicio público; sino que también es un sistema integrado de gestión de las personas que forman parte de esa gran empresa que es la Administración pública, en sus diferentes esferas.

La propia exposición de motivos del estatuto básico señala que "las administraciones públicas y las entidades públicas deben contar con los factores organizativos que les permitan satisfacer el derecho de los ciudadanos a una buena Administración". Y, sin duda, uno de los factores clave es el personal al servicio de la Administración. "El sistema de empleo público -continúa, además, la exposición de motivos diciendo- que permite afrontar estos retos es aquel que hace posible atraer a los profesionales que la Administración necesita, que estimula a sus empleados para el cumplimiento eficiente de sus funciones y responsabilidades, les proporciona la formación adecuada y les brinda suficientes oportunidades de promoción profesional, al tiempo que facilita una gestión racional y objetiva, ágil y flexible, atendiendo siempre al continuo desarrollo de las nuevas tecnologías".

Señorías, la inminente aprobación del proyecto de ley de presupuestos para este ejercicio 2018 va a suponer, como todos sabemos, un aumento considerable en todas las áreas del Gobierno. Incluso podemos llegar a afirmar que nos encontramos ante uno de los mejores presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias. Concretamente, como ya he comentado, el presupuesto de la Consejería de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias va a crecer casi un noventa por ciento. En consecuencia, señorías, la Administración debe cuidar, motivar y extraer lo mejor de su valor más preciado, que son sus trabajadores. La base de cualquier organización son los empleados que la hacen posible, con independencia de la categoría que tengan, la función que les haya sido encomendada y la jerarquía que ostenten dentro del organigrama. Todos son igual de importantes porque forman parte de ese gran engranaje que hace avanzar a la organización.

Señorías, no es la primera vez que se habla en esta Cámara de la falta de empleados públicos en la comunidad autónoma, lo que se evidencia en que no se presta un servicio con la eficacia y la eficiencia necesarias. Está claro que la modernización de las administraciones públicas, la simplificación administrativa de la que tanto hemos hablado y la administración electrónica no sirven de nada si no hay personal para trabajar y tramitar los expedientes.

Por eso merece la pena recordar el artículo 103 de la Constitución española, en su apartado primero, que dice que "la Administración pública sirve con objetividad a los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización y desconcentración, con sometimiento pleno a la ley y al derecho". Esta afirmación que contiene el artículo 103.1 de la Constitución española de que la Administración pública sirve con objetividad a los intereses generales es el eje sobre el que debe gravitar toda la actuación de la Administración pública. El interés general se configura, de esta forma, como un principio constitucionalizado, que debe estar presente y guiar a cualquier Administración pública.

La consecuencia inmediata no es otra sino que la Administración pública no goza de ese grado de autonomía que tiene, en lo que son los sujetos, el derecho privado. La actuación de la Administración pública debe estar guiada siempre por la búsqueda y la consecución del interés público que le corresponde, sin nunca apartarse de este fin propio. Y, para la consecución de este objetivo, la Administración debe dotarse del personal necesario que sea garante de los derechos de todos los ciudadanos. Por ello, hay que tener en cuenta que, en la Administración pública, el personal es el mayor valor que tiene.

Y, señorías, si acudimos al anexo de personal de los presupuestos del ejercicio 2017, y en los que se van a aprobar en 2018, la realidad de la Consejería de Obras Públicas es la siguiente, y es que, en el programa 451A, puestos reales en el año 2017 son 83; puestos vacantes, 32; y puestos reales en el año 2018 son los mismos, 83; y puestos vacantes, 31. En definitiva, visto el anexo de personal y el grado de ejecución de los presupuestos, consideramos justificada, por tanto, esta proposición no de ley.

Miren, si con 294 millones de euros solo han sido capaces de ejecutar algo menos del veinte por ciento del presupuesto en los primeros nueve meses de este año, esperar que en el 2018 ejecuten con los mismos mimbres el cien por cien de los 352 millones parece, cuando menos, una utopía. ¿De verdad esperamos que con un 37 % menos en la plantilla la ejecución, por ejemplo, del Convenio de Carreteras, con un incremento del 128 %, alcance el próximo año unos niveles siquiera asequibles? No debemos, señorías, engañarnos a nosotros mismos esperando un milagro que difícilmente va a ocurrir.

Si no se refuerza, a través de los mecanismos legales existentes, la estructura de personal de la consejería, de nada servirá haber mejorado la financiación. Y, aun así, me temo que, por la forma en que se ha dirigido este departamento en los últimos años, estemos ante un callejón sin salida. Si esto no cambia, el problema de la Consejería de Obras Públicas -y, por ende, de las carreteras de Canarias- solo se resolverá, y si me lo permiten, parafraseando a Umberto Eco, demostrando que no tiene solución. Y a esto, señorías, no debemos resignarnos. O por lo menos mi grupo parlamentario no se quiere resignar.

Por eso solicito a través de esta proposición no de ley que "el Parlamento de Canarias inste al Gobierno de Canarias a que refuerce, a través de los mecanismos legales existentes, la estructura de personal de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, al objeto de cumplir y ejecutar el presupuesto del año 2018".

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Muchas gracias, señora Reverón.

Turno del Grupo Mixto, señora Mendoza.

La señora MENDOZA RODRÍGUEZ (Desde su escaño): Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías.

Señora Luz Reverón, coincidimos en gran parte de su PNL. No sé si por defecto profesional, pero parte de su intervención es parte de mi intervención.

El potencial humano constituye en toda organización el factor principal e indispensable para prestar servicios de calidad y lograr las metas y objetivos fijados. El artículo 103 de nuestra Constitución, en su primer punto, expone: "Las administraciones públicas sirven con objetividad a los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al derecho".

Principios que son complementados con los expuestos en la Ley 40/2015, reguladora del Régimen Jurídico del Sector Público, en la que se reflejan, entre otros, los principios de buena fe, lealtad institucional, planificación y dirección por objetivos, interoperatividad, eficiencia, economía, participación ciudadana y acceso a la Administración por parte de las administraciones en condiciones de igualdad. (El señor vicepresidente primero, De la Hoz Fernández, abandona la Presidencia, que es ocupada por la señora vicepresidenta segunda, Tavío Ascanio).

Y yo pregunto, señorías: ¿cómo van a conseguirse estos nobles objetivos? ¿Cómo van a conseguirse sin el potencial humano suficiente, máxime cuando precisamente es el factor principal e indispensable para prestar servicios de calidad y lograr las metas y objetivos fijados?

Nos encontramos ante unos presupuestos generales que podrían denominarse de justicia, unas cuentas con las que se pretende recuperar el terreno perdido durante la crisis, los presupuestos de mayor cuantía de nuestra historia. En concreto, 8239 millones de euros destinados preferentemente a los servicios públicos esenciales, a la sanidad, a la educación y a los servicios sociales, de trascendental importancia para nuestras islas.

Pero también incrementa -y mucho- el presupuesto de la Consejería de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias, que se ocupa de una materia tan esencial como las infraestructuras viales. Y es que las carreteras se convierten en un condicionante esencial en la calidad de vida y en el desarrollo de unas islas caracterizadas por la fragmentación de su territorio, por la lejanía, por la difícil orografía y la casi total inexistencia de alternativas en cuanto a medios de transporte que no vayan por carretera.

De este modo, señorías, si queremos hacer realidad el desarrollo y el impulso que nos permiten estos presupuestos y que plantean, indudablemente, pues, entonces, deberemos contar con los medios necesarios para ponerlos en práctica. Y es por eso que Agrupación Socialista Gomera votará a favor de la presente PNL, con el firme convencimiento de que el potencial humano, los trabajadores, es el factor determinante para conseguir una buena labor por parte de la Administración.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Tavío Ascanio): En nombre del Grupo Parlamentario de Nueva Canarias, tiene la palabra la señora diputada doña Esther González González.

La señora GONZÁLEZ GONZÁLEZ (doña María Esther) (Desde su escaño): Gracias, presidenta.

Señora Reverón, antes que nada, hacerle una matización: el incremento del 90 % en los presupuestos de la Consejería de Obras Públicas y Transportes es un incremento teórico. Estamos hablando de la comparativa de la inicial del 2017 con respecto a la del 2018, porque realmente los presupuestos no han crecido en nada. O sea, si nos quedamos en el convenio en 219 millones, se habrán incrementado los 19 millones esos; como tenían poco dinero en carreteras y habían gestionado tanto, pues, 19 millones de fondos propios y, en transporte, pues, 400 000 euros, porque el resto ya está en el 2017, en los presupuestos del 2017.

Sí es cierto que tendrán que gestionar bastante más, en cualquier caso, en el 2018, porque como no se lo han gastado en el 2017, pues, esperemos que sí lo hagan en el 2018. No obstante, decirle que Nueva Canarias va a apoyar esta proposición no de ley.

Pero también decirle que no estamos convencidos de que esta sea la solución. E incluso, o sea, si el Gobierno estuviera dispuesto a acatar, pues, lo que se le plantea en esta proposición no de ley y a poner el personal, los recursos humanos necesarios para que la relación de puestos de trabajo esté completa, pues, tampoco creo que la gestión sea mucho mayor. Porque es que el problema no es, por lo menos, el problema fundamental no es un problema de recursos humanos. El problema fundamental es un problema de gestión y es un problema de dirección. Y la gestión y la dirección -en este caso, de una consejería- no son responsabilidad de los empleados públicos; son responsabilidad del equipo directivo, que es el que tiene que gestionar, el que tiene que dirigir, el que tiene que coordinar y el que tiene que negociar. Y eso no lo hacen los empleados públicos.

Fíjese, sin que sirva de precedente, este planteamiento que le estoy haciendo coincide -e insisto, sin que sirva de precedente- con el que tiene el presidente del Cabildo de Tenerife, que le ha dicho al consejero de Obras Públicas que se ponga las pilas, que su problema no es un problema de recursos -y, además, refiriéndose específicamente a los recursos humanos-, sino que es un problema de gestión. Cierto es que se puso las pilas, pero, claro, como se ha puesto las pilas parcialmente, exclusivamente con las carreteras de Tenerife, insisto, dudo que se vaya a solucionar. No obstante, sí consideramos que los medios personales, en esta consejería como en cualquier otra, son necesarios, y por eso vamos a apoyar esta proposición no de ley.

La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Tavío Ascanio): En nombre del Grupo Parlamentario Podemos, tiene la palabra el señor Marrero.

El señor MARRERO MORALES (Desde su escaño): Buenas tardes.

El Partido Popular pide, y yo creo que con razón, el que se refuerce el funcionariado en Obras Públicas porque hay temores, efectivamente, de que, si este año han sido incapaces de ejecutar en la consejería la totalidad de los presupuestos -ni se acercaba al 50 %-, pues, entonces, para el año que viene, triplicándose o más, pues, sería muy difícil.

A nosotros explicar que no crezca el número de trabajadores en una consejería nos resulta un poco difícil, pero lo voy a hacer, porque lo tengo que contextualizar. Es decir, ustedes hablan de que una buena gestión de la Administración pública es un derecho de la ciudadanía -estamos de acuerdo- y de que el funcionariado es una clave de ello.

Nosotros estamos por que se profesionalice la función pública hasta los sectores más elevados posible, para que así no esté taponando gente que está designada a dedo en determinadas cuestiones, pues, la progresión interna.

Por otro lado, estamos también de acuerdo con que, cada vez que haya que encargar informes dentro de una consejería, se utilice a ese funcionariado para hacerlo, pero no que se hagan informes externos, como se hace habitualmente. Esa sería otra de las cuestiones.

Y, por otra parte también, nosotros lo que nos planteamos es que el funcionariado tendría que tener una protección legal, una protección legal, porque por sus manos pasan muchas veces presuntas -a veces- irregularidades, en algunas ocasiones, y que no es capaz de denunciarlas porque no está protegido legalmente. Entonces, ante esa situación, nosotros nos planteamos una serie de prioridades, y las prioridades nuestras están en, por ejemplo, que gran parte del dinero que se ha anticipado durante estos años para obras públicas en Canarias, detrayéndolo de educación, de sanidad o de otros lugares, en estos momentos no vuelve, cuando llega el Convenio de Carreteras, no vuelve otra vez a educación, a sanidad, etcétera. Por tanto, nos gustaría que, antes de que creciera en obras públicas, que debe crecer también, debería crecer el funcionariado en los otros sectores que he nombrado antes.

Por tanto, es ahí por lo que no vamos a apoyar esta PNL, porque decimos que hay una prioridad de este grupo, que es que en los servicios sociales, en educación y en sanidad crezca el funcionariado, porque es necesario para ello.

Por tanto, de alguna manera, lo que sí nos planteamos es que tendría que ser una voluntad política de este Gobierno con el Gobierno del Estado que, en vez de apostar por continuar con tanta obra pública, que se hagan las necesarias, las imprescindibles, las urgentes, se apueste por negociar que el dinero que se transfiriera a Canarias o que el que pudiéramos tener se dedicara preferentemente a las personas, a las necesidades y a superar esa situación de pobreza y exclusión social.

La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Tavío Ascanio): En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Corujo.

El señor CORUJO BOLAÑOS (Desde su escaño): Gracias, presidenta.

Efectivamente, hemos hablado, por uno u otro motivo, mucho de carreteras y de infraestructuras en este Parlamento, pero ha habido un motivo fundamental, que es la falta de fondos derivada del incumplimiento del Convenio de Carreteras, que incluso lo hemos hablado en esta misma sesión.

Es cierto que esta PNL proviene, o al menos una parte fue una enmienda en el pleno pasado, estábamos de acuerdo con aquella enmienda, aunque no fue admitida. Por tanto, estamos de acuerdo ahora en que sí creemos que hay que hacer ciertas matizaciones. Una ya se hizo anteriormente; la hizo, en concreto, la portavoz de Nueva Canarias cuando se refiere al incremento de los fondos para carreteras, incremento del Convenio de Carreteras. En realidad, lo que usted debería decir es "cumplimiento con lo acordado por primera vez desde 2012 hasta la fecha". No se ha incrementado nada, se ha ido a la línea de lo que había que haberse hecho desde el principio.

Por tanto, existe un factor fundamental, que es el personal, efectivamente; pero un factor fundamentalísimo, que son los fondos. Por tanto, yo lo que le ruego es que, el mismo principio constitucional de defensa del interés general, que defendemos para la ejecución a través de la contratación de personal, defendámoslo para la ejecución a través de contar con fondos y del cumplimiento de convenios entre dos administraciones que deberían respetarse mutuamente y, por tanto, cumplir con lo acordado. (La señora presidenta se reincorpora a su lugar en la Mesa).

Por tanto, el compromiso con el interés general de aquí vamos a llevarlo a Madrid, es el mismo; no decir, como se ha dicho, que las carreteras de Canarias se las paguen los canarios, que los sobrecostes solamente los vamos a pagar hasta una parte, 400 millones, cuando sabemos todos que alcanza los 800 millones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tiene razón en que, efectivamente, habría que dotar de personal, aunque yo discrepo en que ese sea el motivo del no avance de la ejecución presupuestaria, ¿por qué?, yo creo que ahí hay un problema de gestión. Cuando se ejecuta, a 30 de septiembre de este año, un 19,44 % del presupuesto, el problema que hay no es de personal: es de gestión.

Además, usted, en su intervención, me ha dado una idea, porque se refería a los presupuestos de la comunidad autónoma, al anexo de personal, que tenía 83 puestos reales, veintipico vacantes. Pues, le voy a contar una cosa: yo fui a comprobar los presupuestos que ejecutó mi compañera Ornella Chacón, de cuya gestión estoy muy orgulloso, y tenía puestos reales 87, tenía 27 vacantes. Y, sin embargo, ejecutó un noventa y nueve coma noventa y no sé cuántos por ciento del presupuesto.

Por tanto, el problema no es solamente de personal. Indudablemente, el problema es de gestión, y es ahí, señor consejero, que además le agradezco que esté aquí para decirle que se tiene que poner las pilas. Me posiciono por primera vez al lado de Carlos Alonso y, efectivamente, ejecute.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Corujo.

Turno para el Grupo Nacionalista, señora Beato.

La señora BEATO CASTELLANO: Gracias, presidenta. Señorías.

El Grupo Nacionalista apoyará esta iniciativa. No vamos a reiterar por qué no han podido cubrirse las jubilaciones en los últimos años como consecuencia del bloqueo de las tasas de reposición. Y, mire, quien favorece los mecanismos para la contratación en la legislación básica es el Estado, y en los últimos años no los ha favorecido. Pero, en ese marco que ahora se está abriendo, el Gobierno de Canarias está tomando medidas para reforzar la estructura de personal, declarando como sector prioritario, agilizando las OPE, sacando e impulsando las convocatorias. La RPT se está tramitando y creará nuevas plazas en ese departamento. Pero hay que ir más allá, no basta solo con más personal.

Lo primero es que el Estado garantice los fondos para poder planificar. Y, hecho esto, hacen falta medidas para agilizar los procedimientos con mecanismos de simplificación y de reducción de cargas administrativas. La Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias introduce mecanismos que van a favorecer, pues, actuaciones como la puesta en disposición de los terrenos, las declaraciones de impacto, necesarias para la tramitación de los expedientes de contratación. También se pueden agilizar los expedientes con fórmulas como la tramitación anticipada.

Y, afortunadamente, la nueva ley de contratos que entrará en vigor en marzo impone una menor burocracia para licitadores y mejor acceso a las pymes, a la contratación. Crea la figura del procedimiento abierto simplificado, y el Gobierno va a aprovechar esa figura como un procedimiento muy ágil que debería, en teoría, permitir que el contrato estuviera adjudicado en un mes desde la convocatoria de la licitación. Simplifica al máximo: por ejemplo, elimina la documentación a un solo sobre, elimina la garantía provisional, favorece la división en lotes. Y eso va a poder facilitar que los empresarios, las empresas pequeñas, las pymes canarias, puedan acceder a estos contratos -y no solo las grandes empresas-. En definitiva, una tramitación más sencilla, eso sí, sin detrimento de la seguridad jurídica, de la publicidad y la transparencia de los contratos.

También hay que insistir en fórmulas de gestión más ágiles, como la colaboración interadministrativa con los cabildos y con los ayuntamientos, en la que el Gobierno también trabaja, las encomiendas de gestión o las asistencias técnicas.

La consejería va a aplicar todas estas medidas. En los últimos años, han venido del Estado entre 50 y 70 millones. Con el nuevo convenio, esperemos que vengan muchos más. Hay que activar, hay que recuperar el tiempo perdido, activar la obra pública, generar empleo y resolver los colapsos en islas como Tenerife. Tiene por delante la consejería ese gran reto, lo va a intentar con todos estos mecanismos, no solo...

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Beato, se acabó su tiempo.

Señorías, tras las intervenciones de todos los grupos, llamo a votación. (Suena el timbre de llamada a votación). (Pausa).

Señorías, comienza la votación. (Pausa).

Señorías, 53 votos emitidos: 47 síes, 6 noes y ninguna abstención. Por tanto, queda aprobada, señorías, esta proposición no de ley.

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