Diario de Sesiones 61, de fecha 7/2/2017
Punto 13
9L/PO/P-1095 PREGUNTA DE LA SEÑORA DIPUTADA DOÑA SOCORRO BEATO CASTELLANO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO NACIONALISTA CANARIO (CC-PNC), SOBRE PENSIONISTAS Y JUBILADOS CANARIO-VENEZOLANOS RESIDENTES EN CANARIAS, DIRIGIDA AL GOBIERNO.
La señora PRESIDENTA: Continuamos, señorías. La pregunta ha finalizado, señorías. (Rumores en la sala).
Señora diputada doña Socorro Beato Castellano -gracias, señorías-, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre pensionistas y jubilados canario-venezolanos residentes en Canarias, dirigida al Gobierno.
Señora Beato.
La señora BEATO CASTELLANO (Desde su escaño): Gracias, señora presidenta. Señorías. Señor consejero.
Desde diciembre del 2015, el Gobierno de Venezuela interrumpió el pago de pensiones a los beneficiarios en el exterior. Esto afecta a pensionistas venezolanos residentes en España y a pensionistas, emigrantes retornados, españoles. Canario-venezolanos que regresan a su tierra después de trabajar y cotizar una vida entera en Venezuela, personas de avanzada edad para quienes su pensión era la única fuente de ingresos no pueden afrontar hoy el pago de la vivienda o costearse sus medicinas. Añaden la incertidumbre de no saber cuándo cobrarán, porque el Gobierno venezolano no les da ninguna respuesta. Desde el Grupo Nacionalista lamentamos esta situación injusta y dramática.
Después de diecisiete meses sin recibir sus pensiones los ahorros se han agotado. Además tienen dificultades para acceder a las ayudas aquí, porque sobre el papel tienen ingresos pero la realidad es que no los perciben.
El Gobierno de Canarias no tiene, es verdad, competencias sobre las pensiones de un Estado extranjero, pero siempre ha sido sensible en sus políticas sociales con la comunidad venezolana. El propio Estatuto de Autonomía reconoce la especial consideración a los descendientes de canarios emigrados que regresan al archipiélago. Por eso le pedimos que interceda con el Gobierno de España para que se implique de manera efectiva, reforzando el diálogo diplomático para hacer cumplir a Venezuela el convenio de seguridad social vigente entre ambos países desde el año 90.
Mientras tanto, esperamos que estudie facilitar el acceso a ayudas de tránsito temporal para los emigrantes retornados cotizantes en Venezuela, que a todos los efectos tienen ingresos pero no pueden acreditar que no los perciben.
Por eso nuestra pregunta es si tiene previsto el Gobierno de Canarias emprender acciones para paliar la difícil situación que sufren los pensionistas jubilados canario-venezolanos residentes en Canarias por el retraso del Gobierno de Venezuela en el abono de sus pensiones.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Beato.
Por el Gobierno, el señor Barragán, señor consejero.
El señor CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD (Barragán Cabrera) (Desde su escaño): Señora diputada, efectivamente usted ha hecho el relato de lo que está pasando ahora mismo con las pensiones y también con las jubilaciones, en algunos casos, de Venezuela.
Lo que quiero decirle -usted lo ha comentado-, las competencias de la comunidad autónoma en cuanto a las relaciones con el país venezolano son limitadas. Aun así hemos hecho esfuerzos de ponernos en contacto con las personas adecuadas en Venezuela, me refiero desde el punto de vista de la autoridad del Estado, a ver cómo se resuelve el problema en este caso en España. Me consta también que las asociaciones se han puesto de acuerdo con la embajada venezolana en España para intentar el mismo objetivo, que efectivamente se cumpla ese acuerdo. Eso irá por otra vía y esperamos que en un momento determinado las autoridades venezolanas empiecen a pagar a los pensionados en este caso en España y, particularmente, en Canarias.
Mientras eso ocurre usted ha comentado un problema social importante, es decir, las personas tienen acreditado que pueden recibir un recurso económico y, por lo tanto, no entran dentro del sistema de ayudas de emergencia social, a las que estamos dispuestos a ayudar, es decir, aquí, a cualquier canario o a cualquier persona que se encuentre en el archipiélago. Efectivamente este es un problema y lo primero que hizo la comunidad autónoma es ponerse de acuerdo con la Fecam a ver si conseguíamos algún criterio único, de tal forma que los aportes de los servicios sociales, me refiero a los informes de los servicios sociales, podían buscar alguna excepcionalidad que permitiera ayudar con recursos públicos, en este caso de los ayuntamientos, servicios sociales en general, recursos de los servicios sociales en general, a esta difícil situación.
Efectivamente vamos a trabajar en las dos líneas: seguir buscando una vía en la que podamos ayudarlos, sabiendo que efectivamente cobran una cantidad; dos, hay ayuntamientos que ya están trabajando con algunas entidades locales, en las que se encuentran con algún tipo de alquiler o algún tipo de hipoteca para que no se produzca el desahucio; y la última, y más importante, que creo que es la que estamos trabajando las comunidades autónomas, conjuntamente con el Estado y con las autoridades venezolanas, es que cuanto antes reciban el dinero, que creo que es lo que realmente están esperando que se cumpla.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, consejero.