Diario de Sesiones 66/2017, de fecha 8/3/2017 - Punto 14

9L/PNL-0365 PROPOSICIÓN NO DE LEY, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA CANARIO, SOBRE CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS EN MATERIA DE CONSUMO DEL SECTOR FINANCIERO.

La señora PRESIDENTA: Y correspondería ahora el turno a la PNL 365, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre código de buenas prácticas en materia de consumo del sector financiero.

Para su defensa, el señor Matos.

(Rumores en la sala).

Ruego silencio, por favor. Señorías... (Prosiguen los rumores)

Por favor, ruego silencio.

Señor Matos, cuando quiera.

El señor MATOS EXPÓSITO: Señora presidenta, señorías, buenas tardes.

Setenta y cinco mil millones de dinero público, hasta ahora, invertidos en el rescate de las entidades financieras en este país. Apenas hemos recuperado, según datos del Tribunal de Cuentas, en torno a un 5 %, unos 2 686 millones de euros. Mientras los españoles, y también los canarios, hacíamos un esfuerzo brutal por corregir los excesos de un sistema financiero que había escapado al control de las administraciones públicas, mientras hacíamos ese esfuerzo, mientras nos daban las órdenes de que teníamos que apretarnos el cinturón, mientras se reducían las pensiones, mientras se reducían las ayudas públicas, mientras se reducían, por ejemplo, por parte del Gobierno de España, las aportaciones a Canarias, mientras todo eso pasaba, para poder rescatar al sector financiero de este país, al mismo tiempo, se seguían produciendo desahucios como ejecución de créditos hipotecarios, seguían practicándose abusos, desde el punto de vista contractual, de prácticas de las entidades financieras, que estaban abocando a millones de familias de este país a situaciones muy complicadas, todo al mismo tiempo. Insisto, mientras les pedíamos un esfuerzo brutal a las familias de este país, a las clases medias de este país para rescatar a las entidades financieras, fundamentalmente, al mismo tiempo, no había un contrapeso, no se estaba controlando, no se estaba vigilando al sector financiero, que seguía abusando de los ciudadanos de este país.

Es un momento, no sé si hemos hablado de esto alguna vez en este Parlamento, no lo sé, no estoy seguro, pero creo que es el momento de hacer autocrítica por parte de los poderes públicos. Es el momento de hacer autocrítica por todos los que hemos tenido algún tipo de responsabilidad de gobierno a lo largo de todos estos años en los que hemos mirado para otro lado; durante todos estos años en los que hemos contribuido a la desregularización del sistema financiero; en todos estos años lo que le hemos permitido al sistema financiero hacer exactamente lo que quería, triturando los derechos de los consumidores y usuarios de este país, abocando a miles de familias de este país a situaciones verdaderamente dramáticas.

No podemos, por tanto, rasgarnos las vestiduras cuando hay una gran parte de la ciudadanía de este país que mira a la clase política, a los partidos políticos con gran desconfianza, sobre todo a los que han tenido grandes responsabilidades de gobierno, también el mío. Porque cuando han tenido que sufrir en carne propia los abusos del sector financiero, quienes tenían que ayudarles no estaban; quienes tenían que haber controlado, vigilado, quienes tenían que haberles protegido de unas prácticas financieras que les han abocado en muchas ocasiones, muchas veces a pasar dificultades personales graves o incluso a perder su vivienda, no estaban. Y esto hoy merece la pena decirlo aquí.

Y esto, señorías, no se puede volver a repetir. Y no es verdad que ya todo esté hecho; no es verdad que hayamos pasado página; no es verdad que hayamos aprendido la lección; no es verdad. Y las principales correcciones de los abusos de las entidades financieras no han venido de decisiones políticas; no es verdad. Las mejores correcciones a los abusos de los sistemas financieros de este país con los consumidores y usuarios han venido de la mano de sentencias de los tribunales de justicia, ni siquiera de tribunales de justicia españoles, de tribunales de justicia europeos a los que los ciudadanos han tenido que llegar para poder defender sus derechos y no verse, insisto, triturados en su vida personal, en su vida social o en su vida familiar. Después han venido los cambios políticos, después han venido los cambios legislativos: todavía queda mucho por hacer. Por eso es muy importante, somos legisladores, señorías, tenemos la responsabilidad de legislar. Y también recae en nosotros la responsabilidad de controlar a quienes durante mucho tiempo no fuimos capaces o no supimos controlar.

Mientras todo esto pasaba, en Canarias veintidós mil personas afectadas por las preferentes, cincuenta mil personas en este momento afectadas con créditos hipotecarios referenciados con el índice de referencia de préstamos hipotecarios, más de noventa mil canarios en estos momentos afectados por las cláusulas suelo. No les quiero recordar productos financieros tóxicos, como las swaps, el capítulo de las preferentes...; la lista es larguísima. Pero a día de hoy todavía estas prácticas se mantienen, muchas de ellas, no han sido eliminadas de las prácticas por parte de las entidades financieras; no es verdad. Y las administraciones todavía tienen una actitud tibia frente a las entidades financieras. Yo tengo que decir, y lo digo aquí, me parece que se ha quedado a medio camino, por ejemplo, la decisión que ha tomado el Gobierno de España, que ha tenido sus apoyos parlamentarios, en relación con la obligatoriedad de devolver las cantidades indebidamente cobradas en relación con las cláusulas suelo, después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea haya dicho que eran retroactivas, cosa que... Hemos tenido que llegar a, en fin, a los que son juristas, hemos tenido que llegar a Europa para que nos recuerden lo que se aprende en primero de la carrera de Derecho: que cuando algo es nulo simplemente no existe en el ordenamiento jurídico y que, por lo tanto, hay que reponer a las partes en el papel en el que estaban antes de que se produjese la condición de nulidad. Hemos tenido que llegar a Europa para eso. El Tribunal Supremo dijo que, en fin, en una, yo lo digo con el debido respeto, en una interpretación discutible de que no había retroactividad en las cláusulas suelo a pesar de que eran nulas. Era evidente, y lo dije en la Comisión de Industria, de Comercio, cuando le pregunté al consejero, que no me cabía en la cabeza, como jurista, además, que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no admitiese la retroactividad de las cláusulas suelo.

Cobros de intereses moratorios, los cobros de gasto de constitución de hipotecas, siguen produciéndose. Insisto, han sido sentencias de los tribunales las que han ido cambiando las cosas. Y miren, hay algo que podemos hacer. Es verdad que estamos en una comunidad autónoma, tenemos un marco legislativo que es el que tenemos, el que nos da nuestro Estatuto y el que nos da nuestro régimen jurídico: no podemos entrar en legislación que le corresponde estrictamente al Estado, pero sí podemos hacer cosas.

Miren, fui director general de Consumo en la legislatura anterior. Fuimos el primer Gobierno de toda España que mandó a los inspectores de Consumo a las entidades financieras. No se había producido nunca: lo hizo un Gobierno socialista. Costó convencer, tuve una consejera que me apoyó, lo reconozco, y las sentencias judiciales en estos momentos nos dan la razón: lo hicimos bien, teníamos competencias, algunos lo dudaban, teníamos competencias. Solo falta tener voluntad política y aplicar los instrumentos legales de los que disponemos, y en este momento disponemos de uno que yo les propongo, señorías, que hoy le digamos al Gobierno que apruebe -que está en nuestra legislación propia, reguladora de los derechos de consumidores y usuarios- la aprobación de un código de buenas prácticas financieras, un código de buenas prácticas financieras al que luego invitemos a las entidades financieras a que lo asuman, sería de obligatorio cumplimiento a partir de que lo asumiesen.

Pero sobre todo, señorías, busquemos algo que es de justicia y que hoy les pido a este Parlamento, les pido a sus señorías que apoyen: que no haya ni un céntimo de euro de dinero público, recaudado con el esfuerzo de todos los canarios, en una entidad financiera que siga incumpliendo los derechos de los consumidores y usuarios de Canarias; que el Gobierno de Canarias no ponga un céntimo de euro, que no contrate con entidades financieras que sigan incumpliendo sistemáticamente los derechos de los consumidores y usuarios. No podemos dar otra respuesta que esa a los ciudadanos de Canarias que se ven todos los días en una batalla jurídica, en una batalla legal interminable en la defensa de sus propios intereses; que su dinero, recaudado a través de los impuestos, no acabe en las entidades financieras que abusan de ellos. Es algo que les proponemos desde el Grupo Socialista también en nuestra proposición no de ley.

Aprobemos este código de buenas prácticas -luego hablaré de las enmiendas-, tenemos competencias. Existen códigos de buenas prácticas a nivel nacional -algunos como el del Real Decreto-Ley 6/2012, que fue ratificado en la Ley 1/2003, de 14 de mayo, o el que establece el Real Decreto-Ley 1/2015-, pero son simplemente únicamente a efectos de los créditos hipotecarios, no contemplan otro tipo de prácticas financieras como pueden ser los intereses moratorios abusivos, como pueden ser los gastos que se les aplica a ciudadanos cuando dejan simplemente un descubierto, por ejemplo, en una tarjeta de crédito. Están absolutamente indefensos ante las entidades, se merecen que los sesenta hombres y mujeres que hoy nos sentamos aquí en el Parlamento, además, les mandemos un mensaje a las entidades financieras y a ellos: se acabó la impunidad, las entidades financieras no pueden seguir haciendo lo que quieren.

Ojalá tuviéramos un marco regulatorio mejor, le corresponde al Gobierno de España en algunas materias mejorar esta legislación, pero en lo que nos toca, en lo que podemos hacer, como es, por ejemplo, aprobar este código de buenas prácticas para las entidades financieras que operan en Canarias, lo podemos hacer: no poner dinero en entidades financieras que siguen incumpliendo los derechos de los consumidores y usuarios de Canarias, también lo podemos hacer y yo les pido hoy, señorías, a todos los grupos parlamentarios, que apoyen esta propuesta del Grupo Socialista.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Matos.

Esta PNL tiene tres enmiendas. Por orden de entrada en el registro, Grupo Podemos.

Para la defensa de la misma, señora Monzón, cinco minutos.

La señora MONZÓN NAVARRO: Buenas tardes a todas y a todos.

El día 9 de diciembre de 2016 tuvimos en la Comisión de Industria, Energía y Comercio precisamente una comparecencia para hablar de los derechos de los usuarios en relación con las prácticas bancarias, con las malas prácticas, con los abusos de las entidades bancarias y la relación que tenían todos los usuarios precisamente con estas entidades. Y en ellas pusimos de manifiesto, precisamente, todas esas prácticas que podemos entender abusivas, esas prácticas que mantienen en escalas desiguales al usuario de las entidades bancarias y a los bancos respecto a ellos. Y cuando hablábamos precisamente de todas esas malas prácticas, hablábamos de cuál tenía que ser la solución, es decir, qué es lo que tenía que producirse para evitar que esas entidades bancarias pudieran abusar; una de las maneras, precisamente, por la falta también de formación financiera que tenemos todos los españoles, en general, y los canarios también, por supuesto.

En ese sentido va la enmienda que nosotros presentamos, en el sentido de que el sistema educativo en la actualidad no forma a las personas en materia financiera básica. Simplemente se da la asignatura de Economía como una asignatura optativa en el Bachiller; pero, evidentemente, somos casi todos analfabetos en materia de temas financieros básicos y mercantiles en relaciones con entidades bancarias y, sin embargo, la propia normativa nos obliga a tener esa relación con las entidades bancarias para casi todo. De hecho, ustedes saben que uno de los temas es que -no solamente para obtener subvenciones, etcétera-, los pagos que no se pueden hacer, sino una cierta cantidad a nivel de caja, digamos, de efectivo, tienen que hacerse siempre a través de entidades bancarias. Con lo cual, la relación para vivir, para cualquier tema, cualquier ciudadano tenemos que relacionarnos con las entidades bancarias.

¿Qué se consideran buenas prácticas? El Banco de España define que se entienden por buenas prácticas bancarias aquellas que, sin venir impuestas por la normativa contractual o de supervisión y constituir un uso financiero, son razonablemente exigibles para la gestión responsable, diligente y respetuosa con el cliente de los negocios financieros. Eso es lo que serían las buenas prácticas. Y se entiende por usos financieros aquellos usos mercantiles y bancarios comúnmente aceptados en las plazas de que se trate, todo lo que hablábamos antes de la relación.

Las entidades bancarias están lejos de adaptarse, en la mayoría de los casos, a las necesidades de los clientes, a las necesidades de los consumidores, aquellos que mantienen relaciones con ellas. Y como hablaba en materia general, poco formados, y no hablo de poco formados solamente las personas que tengan o no estudios, sino de gente con estudios especializados que están especializados en unos estudios que tampoco tienen que ver con materia financiera. Y aunque esto va cambiando y cada vez los consumidores son más exigentes con las entidades bancarias y también, como ha dicho aquí el proponente, es precisamente a través de los consumidores, de los clientes lo que se está consiguiendo es que se cambien esas prácticas bancarias a través de ir a los tribunales y que, al final, sean los tribunales europeos los que tengan que estar dando las razones a los usuarios de los sistemas bancarios o de las entidades bancarias.

Por tanto, evidentemente, tenemos que crear más presión, creo que debe haber más presión en ese sentido, y porque, por otro lado, son los propios trabajadores de la banca los que se encuentran presionados por sus propias empresas para vender productos, porque tienen que cumplir con unos objetivos claros a la hora de mantener sus puestos de trabajo en las entidades bancarias, y todo esto se ha convertido también a veces, incluso como pasaba en las preferentes, algún director de entidad bancaria -recordarán ustedes- que decía que no sabía exactamente ni cuáles eran las consecuencias del producto que estaba ofreciendo a sus propios clientes, ¿no?, algo que nos parece del todo un poco absurdo, pero, en fin.

Es verdad que las buenas prácticas bancarias tienen que ir acompañadas de cambios normativos, cambios económicos y, sobre todo, con una mayor transparencia y protección de los clientes de las entidades bancarias. Hablábamos antes de qué cosas deberían estar en esas buenas prácticas bancarias: entendemos que debe estar todo lo que tenga que ver con prácticas de préstamos y créditos, con cláusulas limitativas de la variación de los tipos de interés, por los instrumentos de cobertura de riesgo del tipo de interés, por todos los depósitos de esas operaciones de fondos que tenemos con las entidades bancarias, también con el tema de las tarjetas que todos usamos, los pagos aplazados, los descubiertos en nuestras cuentas corrientes cuando suceden..., y, por tanto, se comentaba aquí que existen dos... Bueno, un código que tiene que ver con los préstamos hipotecarios con aquella sentencia, y la última que se estaba intentando por parte del Estado, que tiene que ver con la cláusulas suelo, sabemos ya que las entidades bancarias se han opuesto totalmente a ese código de buenas prácticas y se niegan a asumir que su cláusulas suelo sean nulas indicando que sí han dado una buena información a los usuarios.

Por tanto, esto es lo que tendremos que cambiar, y desde el Grupo de Podemos vamos a apoyar esta propuesta sabiendo que tenemos una transaccional...

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Monzón.

Turno ahora para otro grupo enmendante, Grupo Nacionalista, señora Beato.

La señora BEATO CASTELLANO: Gracias, señora presidenta. Señorías, buenas tardes.

Poca relación de reciprocidad existe entre consumidores y entidades bancarias. Los consumidores estamos avocados a adherirnos a condiciones redactadas de antemano por una entidad bancaria sin poder influir en su contenido. Es difícil entender algunas redacciones, por lo general, ambiguas e ininteligibles por un ciudadano medio, y este desconocimiento es el que ha contribuido a que proliferaran prácticas abusivas como las comisiones por gastos indebidos, las cláusulas suelo y techo poco transparentes, los redondeos al alza, la manipulación del euríbor -que alguna entidad la ha hecho-, las comisiones por reclamación de posiciones deudoras, los intereses de demora abusivos, la asunción de costas o la renuncia a fuero, etcétera, etcétera.

Se han producido algunas correcciones, como decía el proponente, la mayoría denunciadas por el Defensor del Pueblo, como la última que hacía sobre la falta de información en las comisiones por las tarjetas de crédito, también por la lucha, la incansable lucha de las asociaciones de consumidores, ha sido fundamental y también por las sentencias de los tribunales. La última la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea aplicando la Directiva 93, sobre cláusulas abusivas, que ha marcado un hito reconociendo la retroactividad total de la devolución íntegra de lo abonado en razón de la cláusula suelo desde el inicio de la relación, contraviniendo la doctrina del Tribunal Supremo en el 2013. Los titulares de hipotecas ahora verán satisfecho y podrá recuperar lo abonado; está por ver su aplicación a las pymes, a los autónomos, qué ocurrirá con las demandas judiciales, cómo se concretará el procedimiento.

Como decía el proponente, hay algunos antecedentes de códigos de buenas prácticas en el ámbito estatal para algunas cuestiones concretas, como el Código de buenas prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual, al que se encuentran adheridas diversas entidades bancarias, y el recientemente aprobado Real Decreto -en enero- de medidas urgentes de protección a los consumidores en materia de cláusulas suelo, que lo que hay que conseguir es que se cumpla de verdad por las entidades bancarias.

El compromiso del Grupo Nacionalista está con la protección de los consumidores frente a las cláusulas abusivas y las prácticas bancarias poco transparentes y contrarias a derecho. Insistimos en que hay que exigir a las entidades bancarias que actúen con la máxima transparencia y proporcionen a los consumidores la máxima información de manera clara y sencilla respecto a cualquiera de sus productos bancarios.

Por eso, anunciaremos que votaremos a favor de la iniciativa, si bien albergamos algunas dudas sobre la competencia material de la comunidad autónoma (ininteligible) en materia de servicios financieros y la capacidad técnica, sobre todo la capacidad técnica, de abordar un tema tan complejo y directamente relacionado con el Banco de España. Pero hay un interés social en el asunto, y por eso entendemos que debe ser estudiado, y sin olvidar también los códigos existentes en el ámbito del Estado. Por eso planteamos que el que se elabore desde Canarias venga a cubrir los vacíos y las lagunas en los códigos ya vigentes.

En consecuencia, hemos planteado una enmienda de adición que en el punto primero comenzaría con lo siguiente: "En el marco de sus competencias y en lo no previsto en los códigos de buenas prácticas del Estado", y seguiría con el texto completo de la PNL.

Nosotros, como decimos, anunciamos la votación favorable, sobre todo si acepta apoyar nuestra enmienda.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Beato.

Turno ahora del Grupo Mixto, que también tiene enmiendas. Señor Ramos Chinea.

El señor RAMOS CHINEA: Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías.

Nuestro grupo parlamentario va a apoyar esta proposición no de ley para que se cree este código de buenas prácticas en el sector financiero y bancario dentro de nuestra comunidad autónoma, ya que desde hace años siguen reproduciéndose situaciones insostenibles con respecto a la práctica generalizada de incluir un conjunto de cláusulas abusivas que los bancos imponen a sus clientes en sus contrataciones; incluso se opta por el desahucio de familias cuando existen otras alternativas.

Hablamos, por supuesto, de casos escandalosos, como son las preferentes o las cláusulas suelo, que han creado alarma social y un gran número de afectados, quienes, en vez de tener una respuesta clara y una defensa de los intereses de los consumidores por parte de las administraciones, lo han debido ganar en los tribunales durante años de litigios, incluso llevando los casos al tribunal europeo, que ha sentenciado a favor de las devoluciones a los afectados.

Lo que no es posible es que nos quedemos inactivos cuando está claro que es una ganancia ilícita que se consigue al aprovecharse de la necesidad que tiene la gente de obtener un crédito, ya sea para comprarse una casa y conseguir un hogar o para cualquier otro proyecto o negocio.

Señorías, con este código de buenas prácticas en el que se registren aquellos bancos que cumplan el requisito primordial de estar dispuestos a implementar unas garantías al consumidor a la hora de prestar su servicio, sin duda llegaremos a avanzar en darles una solución rápida a los eventuales desacuerdos, lo que reducirá la litigiosidad y la judicialización de estos conflictos, además de velar por que no se reproduzcan conductas tan vergonzosas como las que todavía subsisten.

Por eso, una entidad financiera que cumpla con la ciudadanía está más cerca del interés general y, por tanto, debería ser tenida en cuenta con respecto a las necesidades de financiación pública y a posibles contratos. Estamos seguros de que, una vez se ponga en marcha la medida, cada vez más entidades financieras estarán dispuestas a adaptarse y a participar de este código de buenas prácticas, además de que este efecto llamada será, a su vez, secundado por más administraciones públicas.

Y es por eso que hemos puesto nuestra enmienda. Entendemos que, si se recomienda que se adscriban a esta medida los 88 ayuntamientos de las islas a través de la Fecam, si queremos que sea efectiva en toda Canarias, no debemos dejarnos a los siete cabildos insulares detrás. Es por lo que nuestra enmienda incluye a las corporaciones insulares, para que valoren el sumarse a este código de buenas prácticas en el sector financiero; al fin y al cabo, la idea es que se salvaguarde el interés de la ciudadanía, con lo que una respuesta cohesionada de todas las administraciones públicas sin duda hará replantearse a estas entidades que vuelvan a caer en malas prácticas.

Para ello se debe elaborar este código por parte del Ejecutivo, de forma que sea efectivo y ofrezca las plenas garantías para controlar su cumplimiento, que no dudamos de que lo pueda hacer en un margen de tiempo aceptable. Pero debe hacerse con todo el rigor, porque, al final, el perjuicio que se hace a nuestros ciudadanos es consecuencia de un abuso del derecho y de posibles lagunas jurídicas. No caigamos, pues, en el error ni permitamos que se pueda hacer una interpretación laxa de este código, atémoslo bien de forma que su interpretación sea inequívoca y que proteja a los ciudadanos, ahora y en el futuro. Una vez terminado, se debe promocionar entre las entidades financieras para que se adapten lo antes posible a este código y, luego, en base a quién se quiera suscribir y cumpla con él, pues, entonces, se debe premiar esta decisión y darle prioridad a la hora de contratar los servicios financieros por parte de las respectivas administraciones.

Reconocemos que puede ser difícil llevar a cabo esta iniciativa, pero debemos intentarlo en la medida de lo posible. Al fin y al cabo, somos competentes en defensa del consumidor, un área que necesita un mayor impulso.

Reiterarle, señor Matos, que apoyaremos su proposición no de ley y espero que ninguna pelusilla le impida aceptar nuestra enmienda.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ramos Chinea.

Pido al portavoz socialista en esta materia que fije posición, señoría...

Y ruego silencio, por favor.

El señor MATOS EXPÓSITO (Desde su escaño): En relación con la enmienda de Coalición Canaria, queda aceptada. En relación con la enmienda de Podemos, señora presidenta, hemos llegado a un acuerdo para transar la redacción, es muy sencilla. Quedaría de la siguiente manera: "A promover la formación en materia financiera en el sistema escolar de Canarias". Es lo que hemos transado, quedaría así redactada.

Y, con respecto a la de la Agrupación Socialista Gomera, decirles que por supuesto la aceptamos, y sin pelusilla le digo que estoy seguro de que el Cabildo de La Gomera será el primero en aprobar su código y aceptar las reglas del juego.

La señora PRESIDENTA: Vamos, señor Matos, que reabren después el debate. Muchas gracias.

Posición, ahora, del resto de los grupos. Quedaría Nueva Canarias.

Señora González.

La señora GONZÁLEZ GONZÁLEZ (doña María Esther) (Desde su escaño): Gracias, presidenta.

Señor Matos, decirle que desde Nueva Canarias entendemos que esto, además, puede representar un hito histórico, entre otras cosas, para que las entidades financieras queden retratadas, porque, al ser el código de buenas prácticas de adhesión voluntaria, pues eso va a permitir a los canarios saber cuáles son las entidades financieras que en teoría pueden ser de toda su confianza y cuáles no pueden ser, para que además, dentro de esos códigos de buenas prácticas, se incluya, o la banca se acostumbre a incluir como objetivos no solo el beneficio financiero, sino además también conceptos como la lealtad a sus clientes y además la sensibilidad hacia las realidades económicas y personales de sus clientes en cada uno de los momentos. O sea, en definitiva, que al final la banca a sus clientes les dé el paraguas o les ofrezca el paraguas cuando llueve y no, como ha ocurrido históricamente, que cuando hace sol te dejen el paraguas y cuando llueve te lo quitan.

Entonces, en este sentido, entendemos que no solo es necesario que la banca se convenza de que se puede hacer negocio sin hacer usura, sino que, efectivamente, como usted ha dicho, es necesario eliminar la connivencia que ha existido hasta este momento entre los poderes públicos y la banca privada. Por eso, obviamente, estamos de acuerdo en la creación de los códigos de buenas prácticas. Estamos de acuerdo con el planteamiento del Grupo Mixto de que no solo sean los 88 municipios de las islas y el Gobierno de Canarias, sino también los siete cabildos y por supuesto que las administraciones públicas no lleven a cabo contrataciones con aquellas entidades que no se adhieran a los códigos de buenas prácticas.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora González.

Quedaría, para finalizar, el Grupo Popular. Señor Estalella.

El señor ESTALELLA LIMIÑANA: Buenas tardes, presidenta. Buenas tardes, señorías.

Compartimos con el grupo proponente el ideal de la contratación de servicios financieros por parte de la Administración pública con entidades que desarrollen actividad bajo la premisa de banca responsable. ¡Cómo no, cómo no!

En los antecedentes de la proposición, cita las indeseables prácticas que algunas entidades practicaron en algún momento y que nuestro grupo por supuesto desaprueba. Pero esta situación, seguramente, no volverá a producirse: la legislación y las sentencias han modificado el panorama bancario español. En su exposición, en los primeros cinco minutos, se dedicó usted a pintarnos el desolador panorama que ocurrió en su momento y que, efectivamente, como digo, difícilmente volverá a aparecer.

No tengo apenas tiempo, pero no quisiera dejar de señalar que estoy absolutamente de acuerdo con la proposición de Podemos de promover la formación en materia financiera básica a los alumnos de la ESO y que usted ha incorporado en su proposición. Por supuesto, el saber no ocupa lugar y mucho menos en esta actividad que es diaria para cualquier ciudadano.

Nosotros pensamos que esto es un brindis al sol. El Gobierno de Canarias no tiene competencias en la materia. La tarea que usted propone... Ya le adelanto que le vamos a decir que sí, que participamos de esta opinión, que queremos banca responsable, que queremos entidades públicas que contraten con banca responsable y que haya unos códigos éticos en las prácticas bancarias. Pero lo que usted propone es una tarea titánica, porque un código de buenas prácticas financieras o bancarias requiere que todos y cada uno de los elementos financieros que componen la cartera sean sometidos a un riguroso análisis y marcar un intervalo de acción en el que se puede mover la entidad, y esto no es competencia del Gobierno de Canarias, a pesar de que existe una ley de protección al usuario, pero esa ley se refiere -la Ley 3/2003- a productos no bancarios, a productos elaborados, a productos hortofrutícolas... Sí, es así, es así (ante gestos del señor Matos Expósito desde su escaño). Y por tanto, en eso vamos a estar de acuerdo, en que queremos que las administraciones públicas contraten con banca responsable, pero déjeme la duda de que el Gobierno de Canarias tenga competencias.

Por tanto, aceptamos también de buen grado la aportación del Partido Nacionalista Canario, que acota esta proposición de esta manera.

Muchísimas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Estalella.

Señorías, ya han intervenido todos los grupos. Llamo a votación en los términos acordados. (La señora presidenta acciona el timbre de llamada a votación. Pausa).

Señorías, entren, por favor, ocupen sus escaños. Comienza la votación, señorías. (Pausa).

Señorías, 53 votos emitidos: 53 síes, ningún no, ninguna abstención.

Queda aprobada por unanimidad esta proposición no de ley.

(Aplausos).

Vamos a la siguiente, señorías.

Más información
Otros formatos
Iniciativas tratadas
  • 9L/PNL-0365 Sobre código de buenas prácticas en materia de consumo del sector financiero.


Parlamento de Canarias · C/Teobaldo Power, 7 · 38002 S/C de Tenerife · Mapa · Tel: 922 473 300 Fax: 922 473 400
Glosario de términos · Mapa de contenidos · Aviso jurídico