Diario de Sesiones 72/2017, de fecha 5/4/2017 - Punto 6

9L/C-0961 COMPARECENCIA DEL GOBIERNO -CONSEJERA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTES-, INSTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA CANARIO, SOBRE EL ALQUILER VACACIONAL.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Por lo tanto, seguimos con el orden del día.

Comparecencia de la consejera de Turismo, Cultura y Deportes, instada por el Grupo Socialista Canario, sobre alquiler vacacional.

Para su defensa, señora Cabrera.

Señorías, guardemos silencio, por favor. Señora Cabrera, cuando quiera.

La señora CABRERA NODA: Gracias, señor presidente. Buenos días, a todos y a todas. Señora consejera.

Todos somos conscientes que el fenómeno del turismo ha ido evolucionando vertiginosamente, de manera que ya no existe un único modelo de consumo. Hoy en día, asistimos a la proliferación de nuevos nichos de esta industria, lo que ha provocado que surjan nuevas líneas de explotación alojativa. La realidad de nuestro contexto turístico ha evolucionado, nuevos elementos se han ido incorporando al mismo, lo que obliga a la Administración a establecer un marco normativo que les dé cabida y sea sensible al respecto. Y estos no son otros que la vivienda de alquiler vacacional, que, sorprendentemente, tienen un peso y alcance mayor del que cabía esperar.

El Gobierno de Canarias, principalmente las consejerías de Turismo y Política Territorial, tiene, si me permiten la expresión, un papelón. Deben formular una propuesta de regulación que es materialmente imposible que concilie los intereses de todos los sectores implicados. Hay necesidad expresa de adaptar una realidad vieja a los nuevos tiempos. Además, existe una variable que no podemos obviar y que, creo, está detrás; no de la necesidad de una regulación, sino de la urgencia de proceder a la misma. Me refiero al nuevo papel del consumidor turístico que contrata directamente sus servicios sin un turoperador como intermediario. Un esquema que está cada vez más en auge, auspiciado por una normativa europea caracterizada por la liberalización de servicios y sobre todo por la oferta online.

Llegados a este punto, creo que tenemos dos premisas claras con las que trabajar. Por un lado, la liberalización que revivimos, que ha venido para quedarse. Y, por otro, la decisión que se tome para regular las compatibilidades de usos en suelo turístico no va a cubrir el cien por cien de las expectativas de todas las partes.

El Gobierno y el Parlamento de Canarias decidieron hace tiempo que las islas debían contar con una regulación de la oferta turística, de la alojativa y de la complementaria, pero siempre van a existir actividades y usos que se van a quedar fuera de regulación y, en consecuencia, siempre va a existir un conflicto de intereses con los que cumplen con los estándares.

El Grupo Parlamentario Socialista ha sido en todo momento meridianamente claro en la defensa de las mejoras de las condiciones laborales del sector turístico, pero difícilmente podemos exigir a las empresas hoteleras que creen más y mejor empleo si damos patente de corso a cualquier competencia desleal. Y, por el contrario, creemos que una familia que decide invertir sus ahorros en una vivienda cerca de la playa para obtener una renta tiene el mismo derecho que una multinacional hotelera a hacerlo.

No hay, señora consejera, una solución infalible sobre este asunto, y la que planteemos para hoy puede que no valga para dentro de cinco años, pero debemos afrontar este debate con determinación y con el objetivo claro de la búsqueda del interés general, sin la pretensión de arrogarnos la defensa de uno u otro sector.

Nada más de momento, gracias.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Muchas gracias, señora Cabrera.

Para su primera intervención, la señora consejera de Turismo, Cultura y Deportes.

La señora CONSEJERA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTES (Lorenzo Rodríguez): Muchas gracias, presidente. Buenos días, señoras y señores diputados.

Como todos ustedes saben, la polémica en torno a la regularización o no de las viviendas vacacionales es un debate que se extiende más allá de la realidad que viven las comunidades autónomas con clara presencia de turistas. En cada comunidad autónoma y en cada ciudad la realidad se vive de una manera diferente y el debate en torno a las posibles soluciones a implementar ha de ser, lógicamente, diferente. En cualquier caso, hallar una solución a esta compleja situación del alquiler vacacional no es sencillo, ya que es necesario conciliar posturas de los numerosos sectores cuyos intereses entran en conflicto en el marco de esta nueva modalidad turística.

Desde la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias hace tiempo que estamos trabajando en la necesidad de la modificación del vigente Decreto 113/2015 e identificando los puntos más conflictivos o que menos respuesta satisfactoria ha causado aquella regulación en sus apenas dos años de vigencia. Cuando se aprueba el reglamento de viviendas vacacionales en el año 2015 se pretendía llenar el vacío normativo existente respecto de esta forma de explotación turística de las viviendas, que podía estar dando cobertura a situaciones de intrusismo y competencia desleal que van en contra de la calidad de los destinos turísticos.

En estos términos precisos justificó el legislador estatal del 2013 la modificación de la LAU, de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Precisamente, la exclusión del ámbito de aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos de esta modalidad de uso de las viviendas, que hizo el legislador, como digo, en el año 2013, y su remisión en cuanto a su régimen jurídico a la normativa sectorial que hubiera de aprobarse por las comunidades es lo que sirvió de fundamento para la aprobación del reglamento. Un reglamento que desde su aprobación ya evidenció que no daba respuesta, como dije antes, satisfactoria a todos los colectivos.

En este sentido, se planteó como objetivo abordar esta situación analizando con detenimiento la nueva realidad que representa la vivienda vacacional. Ese uso turístico que se da a las viviendas con el objetivo no solo de subsanar deficiencias advertidas en nuestro reglamento, sino profundizar en este fenómeno, no solo desde el punto de vista jurídico, sino también desde el social, sirviendo al efecto la experiencia adquirida en estos dos años. Es consciente esta consejería de que, sea cual sea el régimen que finalmente acordemos para su modificación, con dificultad dará cumplida respuesta a todos los intereses. Será el interés público, el general de todos los ciudadanos que residen en Canarias, como no puede ser de otro modo, el único interés al que deberá dar respuesta la propuesta que salga de este departamento y la norma que habrá de aprobar el Gobierno de Canarias.

En todo caso, podemos garantizar que la nueva regulación que se adopte será fruto de una profunda reflexión al tiempo de regular adecuadamente el uso de las viviendas turísticas, sin perder de vista en ningún momento el objetivo fundamental de mantener y preservar que Canarias siga siendo considerada como un destino turístico de calidad.

También adelantamos que en esta revisión del régimen jurídico se hace necesario el examen conjunto, coordinado y sistemático de varios e importantes factores que han de incidir en la futura regulación; los factores que voy a citar a continuación. De un lado, la consideración como actividad económica que supone el uso turístico de las viviendas, lo que exige el respeto a las exigencias derivadas del principio de libertad de empresa y de unidad de mercado, con la necesidad de evitar límites injustificados al desarrollo de la actividad. Al propio tiempo, sabemos que la protección de los derechos de los consumidores, usuarios turísticos, la protección del medioambiente y del entorno urbano con la necesidad de garantizar el desarrollo armónico y sostenible de nuestro territorio, o los objetivos de la política social y cultural son límites que, motivadamente, pueden incidir y limitar el libre ejercicio de cualquier actividad económica. De otro lado, la constatación de la creciente incidencia que en el mercado inmobiliario del alquiler de viviendas está teniendo y puede seguir alcanzando.

La permisividad de esta actividad económica en núcleos de población de carácter residencial, la actual regulación permite sin discriminación que los propietarios de viviendas en suelo residencial las destinen a uso turístico y no al alquiler para viviendas, por su mayor rentabilidad económica. Cualquier regulación seria y rigurosa que haya de proponerse no puede soslayar esta realidad social, este cambio que se está produciendo en el mercado de alquiler de viviendas, ni desconocer la necesidad de garantizar el derecho a la vivienda y las políticas públicas que tienden a ello, que tiene la máxima expresión en la Ley 2/2003, de Vivienda de Canarias. En todo caso, debe advertirse que la decisión final se basará en datos objetivos, contrastables y que deben provenir de fuentes oficiales de información.

Tampoco podemos obviar las repercusiones que el uso turístico de viviendas produce en el entorno urbano, alterando la configuración de nuestros pueblos y ciudades al convivir el tradicional uso residencial con el nuevo turístico que propicia la vivienda vacacional. Los hábitos, los horarios, las aptitudes y necesidades de los residentes y de los visitantes son diferentes, circunstancias que con anterioridad han sido tenidas en cuenta por el legislador, precisamente, para limitar los usos mixtos del suelo. No queremos decir con ello que la nueva regulación deba ser restrictiva en este punto, solo se quiere poner de manifiesto e introducir como un elemento más de reflexión estas consecuencias de la apertura en general de toda vivienda al uso turístico. Por ello, la nueva regulación, sin perder en ningún momento su primacía turística -de hecho, está regulado como una modalidad de alojamiento extrahotelero- debe tener en cuenta la legislación vigente sobre el territorio y el suelo, pues hay que ordenar coherentemente y con criterios de racionalidad los usos del suelo.

En este punto concreto se hace necesaria una interpretación integradora y global de nuestro ordenamiento jurídico, tanto del que regula la actividad turística como del encargado de ordenar el territorio y el suelo. Solo una interpretación coordinada de estos regímenes jurídicos podrá ofrecer una solución coherente y lógica a la problemática que lleva consigo la vivienda vacacional. Deberá valorarse de forma especial la conveniencia y necesidad de implicar a las administraciones locales, toda vez que el uso turístico de las viviendas se integra afectándonos en el entorno urbano, en la configuración de los núcleos de población y bien debieran ser objeto de la oportuna planificación urbanística, que me consta que ya están realizando tanto ayuntamientos como cabildos para contemplar también la vivienda vacacional en sus suelos urbanos.

En este sentido, creemos que la actual regulación y los efectos que su aplicación práctica produce pueden contradecir otros principios y regulaciones establecidas a nivel legal. Así, por ejemplo, el principio de especialización de usos en las zonas turísticas y el de evitación de la residencialización de las zonas turísticas -la Ley 2/2013, de Renovación y Modernización Turística de Canarias- deberá ser examinado conjuntamente con otros principios como el de promoción y fomento del acceso de la ciudadanía canaria a una vivienda digna y adecuada, especialmente de aquellos que disponen de menos recursos, y también fomentar y velar por la dedicación efectiva de las viviendas al uso habitacional, de acuerdo con la función social del derecho de propiedad sobre las mismas.

En todos los casos, finalidades y principios rectores exigidos a nivel legal, como lo es igualmente en el texto refundido vigente de la ley de ordenación del territorio, y también en el proyecto de ley del suelo: el de la correcta planificación y el uso racional y sostenible de los espacios urbanos para mejorar las condiciones de vida en las ciudades y en el campo, combinando los usos de manera funcional y creando entornos seguros, saludables, energéticamente eficientes, accesibles y el de promoción de la vivienda.

La realidad de todos estos principios obliga a realizar un examen que permita determinar de forma correcta y ajustada al conjunto del ordenamiento la implantación del uso turístico de las viviendas en nuestro territorio.

Como han podido comprobar y todos conocemos, es un tema muy complejo, no puede negarse, con repercusión no solamente en Canarias, por supuesto, en todas las otras comunidades del Estado español, también en importantísimos destinos turísticos. Esta complejidad es la que ha aconsejado el estudio detenido y exhaustivo que se está llevando a cabo desde esta consejería, que se encuentra en un estado muy avanzado, y que permitirá, sin perjuicio de la tramitación que corresponda, contar un borrador de decreto en fechas próximas.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Gracias, señora consejera.

Turno de los grupos no solicitantes. Por el Grupo Mixto, señor Ramos Chinea.

El señor RAMOS CHINEA: Gracias, señor presidente.

Buenos días, señorías. Buenos días, señora consejera.

La Agrupación Socialista Gomera está completamente a favor de la regulación del alquiler vacacional ya que supone un alto porcentaje de la oferta alojativa que tenemos en las islas occidentales, de la cual forma parte la isla de La Gomera.

Concretamente en Valle Gran Rey, el municipio del que vengo, pues, llevamos muchos años conviviendo con este modelo turístico y la verdad es que nunca ha habido ningún problema, más bien el único problema es la norma, que creo que se hace necesaria su modificación.

Este modelo supone una fuente de ingresos para muchas familias y para una gran parte de estas familias esto fue una apuesta de futuro, donde invirtieron todos sus ahorros. La regulación es importante para regularizar una actividad económica que supondrá un ingreso importante para las arcas públicas, pero además puede establecer unos estándares de calidad, como usted ya ha bien dicho, pero también creo que puede también establecer unos de seguridad, que es muy importante para los clientes potenciales o los visitantes potenciales que podamos tener.

Es una oferta alojativa que encaja perfectamente con el desarrollo turístico de las islas como La Gomera, El Hierro y La Palma. El desarrollo -del cual hablaremos en la siguiente comparecencia- atrae a un turista con un perfil diferenciado, es decir, un turista que normalmente se organiza sus propias vacaciones y que no tiene nada que ver con el turismo de masas y, por tanto, con grandes turoperadores. Al no contratar paquetes vacacionales, el gasto en el destino es mayor, por lo que su contribución a la economía de la zona también se incrementa. Es un turista respetuoso con la naturaleza y al que le gusta integrarse en el medio que le rodea, tanto con la población como, pues, ya he dicho en la propia naturaleza. Es un turista asiduo de nuestras islas, es decir, que lo tenemos fidelizado, y además tiene un alto número de pernoctaciones. Usted misma, señora consejera, nos ha comentado en alguna comparecencia que ha aumentado el número de turistas que se organizan sus propias vacaciones de forma individual; pues quizás también este modelo turístico, el alquiler vacacional haya podido influir en ello.

Por todo esto hace necesario un cambio en la modificación del Decreto 113/2015. Precisamente, fue una de nuestras propuestas de resolución en el anterior pleno que fue aprobada. Es una forma más, también, de diversificar nuestra oferta turística y nuestro turismo y también, pues, bueno, puede ser una solución para paliar también los posibles efectivos que tenga el brexit en el futuro.

Y, señor consejera, en este asunto que afecta a tantos canarios voy a ser particularmente muy pesado y vigilante, tal como le dijo también ayer el señor Rodríguez, y si un grancanario es pesado, ni le cuento lo que es un gomero.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Muchas gracias, señor Ramos Chinea.

Por el Grupo de Nueva Canarias, señor Campos.

El señor CAMPOS JIMÉNEZ: Buenos días, señora consejera.

Volvemos a hablar de alquiler vacacional. Yo voy a intentar, en tres minutos -hay poco espacio-, ante un tema que ha generado tanta polémica, tanta controversia, tantas posiciones encontradas, voy a intentar no hacer un discurso apocalíptico sobre todos los males que trae este sistema, pero tampoco..., y sobre todo voy a intentar dejar la idea de que tampoco estamos ante la solución a todos los males de nuestro modelo productivo, de nuestras familias en el ámbito turístico y, por supuesto, del empleo.

Estamos ante una modalidad que creo que todos coincidiremos que es imparable. Usted presentaba no hace mucho unos datos del enorme crecimiento en los últimos años de una actividad que, probablemente, lleva existiendo muchísimo tiempo, quizás con otro perfil, quizás con otro matiz, pero que en los últimos años se ha ido consolidando. Y, por tanto, como es una modalidad que está ahí, que afecta a miles y miles de personas en esta tierra, que está afectando a la configuración de nuestro modelo turístico, de las personas que llegan a Canarias, lo que sí está claro es que debe regularse. Y debe regularse incluso mucho más allá, y a nosotros no nos parecía mal el decreto que aprobó el Gobierno a finales de la legislatura pasada, pero entendemos que debe ir incluso mucho más allá. Y este ir más allá de repente no tiene por qué significar que no se pueda desarrollar esta actividad turística en suelo turístico; lo que sí tiene que hacerse es que cualquier decisión que se tome tiene que tener el absoluto consenso entre todos los sectores implicados y, obviamente, entre el propio sector turístico.

No podemos olvidar también la enorme afección que está provocando en aquellos ámbitos residenciales donde se desarrolla esta actividad. La incidencia que el alquiler vacacional está teniendo en los ámbitos residenciales. Primera afección: desaparición casi absoluta del mercado de viviendas o precios absolutamente prohibitivos, y esto, quizás, hace un año y medio..., nosotros nos referíamos a que no podíamos permitir que en Canarias llegue a pasar lo que está pasando en Ibiza, donde es absolutamente imposible acceder a una vivienda, o lo que estaba pasando en algunos barrios, por ejemplo, de Barcelona. Y digo que hace un año y medio se podía hacer el discurso, el problema es que hoy, a día de hoy, esa es la realidad de algunos de nuestros municipios turísticos. Hablemos de Yaiza, hablemos de Corralejo. Esta es la realidad que está sucediendo donde el acceso a una vivienda de alquiler para alguien que vive en ese municipio o trabaja en ese municipio es absolutamente inaccesible. Están desapareciendo casi en su totalidad.

Por tanto, con un elemento fundamental el de la capacidad de carga, que es el que hemos definido en todo momento para nuestro modelo turístico, porque hemos definido que nuestro modelo turístico, y hemos legislado en esa vía, debe de ser de muchísima calidad para poder competir en ese sector con otros destinos, es por lo que decimos sí a una regulación, pero con unos enormes criterios en el sentido de exigencia, de cumplimiento, de fiscalización posterior y, por supuesto, donde seamos capaces de hacer convivir los dos sistemas sin perjudicar a nuestro modelo turístico y a nuestro modelo social.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Muchas gracias, señor Campos.

Por el Grupo Podemos, señora Delgado.

(La señora Delgado Luzardo tropieza cuando se dirige a la tribuna).

La señora DELGADO LUZARDO: Gracias, presidente. Gracias a todas sus señorías por preocuparse por mí y por mi estado de salud. Estoy bien.

Buenas tardes, buenos días, señorías.

Señora consejera, ¿qué está pasando que no han podido aún cambiar el decreto de turismo vacacional? ¿Es que se ven prisioneros entre una lucha de intereses particulares, una guerra privada a ver quién se lleva la mayor tajada del turismo? Ahí están, por un lado, los clásicos intereses de los hoteleros y, por el otro, el de los empresarios y banqueros que están poniendo sus vistas en el nuevo negocio que puede suponer el alquiler vacacional.

El juego de poder puede cambiar mucho y también, por supuesto, la fisonomía de nuestra tierra si esto se hace sin control. Quieren usar hasta la RIC para construir viviendas por toda la geografía canaria y dedicarlas a esta actividad. El descontrol, el disparate, la especulación, la destrucción del territorio puede llegar a todas partes sobre todo si se aprueba la nueva ley del suelo, que lo permitiría, volverá la inflación, la burbuja inmobiliaria, la imposibilidad de la mayoría de la gente de alquilar una vivienda de forma permanente o incluso de comprarla.

Mire, olvídese de los intereses privados de esa minoría en guerra y piense en lo que es de más interés general. Regule la actividad pensando en la mayoría, haga de esta actividad riqueza para la gente de Canarias, para aquellos ahorradores de toda la vida que se compraron un par de viviendas y las quieren alquilar ahora; a esos es a los que hay que permitírselo. No queremos que esto sea el nuevo pastel para los fondos de inversión ni de las multinacionales, ni de la RIC de los empresarios que no quieren pagar impuestos. Por eso esta actividad debe permitirse para todo el mundo y en todas las zonas, pero con una cantidad muy limitada y que no exceda de una capacidad de carga sobre el territorio; ahí está la clave. Establezca, por ejemplo, un cupo por propietario: pueden ser dos o hasta tres casas en alquiler vacacional por propietario. Establezca un cupo por zonas: por ejemplo, un 10 % en medianías, un 20 % en ciudades, un 40 en zonas turísticas. Una actividad que, además, debe hacerla accesible para la gente que nosotras defendemos y no pueden estar obligándolos a llevar una contabilidad ni modelos trimestrales; debe estar exenta de IGIC y declararse en el IRPF a través de los beneficios del capital...

Veo que no me va a dar tiempo de seguir. Solo... si pudieran ser diez segundos...

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): No puedo, señora Delgado. Lo siento, lo siento.

Turno del Grupo Popular, señora Pérez.

La señora PÉREZ BATISTA: Muchas gracias. Buenos días, presidente, señorías.

El Gobierno canario lleva, como bien saben, desde el año 2015 prometiendo la modificación del decreto de alquiler de vivienda vacacional, y en estos dos años lo único que hemos oído son falsedades, excusas y medias mentiras para evitar..., o medias verdades para evitar modificar el decreto.

Y ello que, desde el Grupo Popular, creemos que nos encontramos ante el fenómeno de la democratización de los beneficios del turismo alojativo. Hasta hace pocos años somos conscientes de que estos beneficios del sector alojativo se repartían entre unos pocos, y esos pocos, desafortunadamente, eran capital nunca canario, sino capital exterior; por lo que, como hemos mencionado en otras ocasiones, con la oferta del alquiler vacacional sale el sol para todos y no solamente para unos pocos.

Sin embargo, y a pesar de ello, el Gobierno canario sigue sin querer regular las viviendas vacacionales ubicadas en los suelos turísticos, porque, miren, no nos engañemos, el 48 % de las viviendas vacacionales se encuentra en suelo turístico, casi o más de seiscientas mil camas quedan evidentemente fuera de la normativa y esto hay que regularlo.

Porque las viviendas turísticas son, señorías, para las familias canarias una fuente de ingresos que a muchísimas les permite llegar a final de mes. Pero es que, además, esta modalidad permite a una familia de clase media, con cinco o seis integrantes, poder visitar Canarias, porque, evidentemente, con la modalidad hotelera no podrían podérselo permitir. Pero es que esta modalidad permite que una pareja de jubilados que quieran pasar dos, tres, meses en Canarias, de clase media, puedan hacerlo, porque la modalidad hotelera, evidentemente, por recursos económicos no se la podrían permitir.

Señora consejera, es que hay camas para todos. Es compatible la convivencia del sector hotelero con el alquiler vacacional. Porque una vivienda de alquiler vacacional no le hace la competencia a un hotel de cuatro, cinco estrellas porque venden diferentes productos. Sin embargo, a pesar de ello, Canarias es la única comunidad autónoma que se niega una vez más a regular el alquiler vacacional en los suelos turísticos.

Pero, mire, el Gobierno no solamente le da la espalda a los ciudadanos, también a la Comisión Nacional de Mercados y de Competencia, que lleva desde julio de 2015 requiriéndole para que modifiquen los preceptos del artículo. Porque consideran, y es cierto, que son contrarios a la competencia y que ustedes restringen injustificadamente este uso en las zonas turísticas y mixtos turístico-residencial.

Y, consejera, estas restricciones no sirven para proteger ninguna cuestión de interés general que usted viene aquí a vendernos. Sirve únicamente para limitar la competencia de los operadores establecidos, como son el sector hotelero, que ustedes tanto defienden en este Parlamento. Y ustedes lo único que están haciendo es favoreciendo la restricción de la libre competencia y vulnerando el artículo 38 de la Constitución española.

Mire, termino, consejera, es posible defender los diversos intereses, los del sector hotelero pero también los de la vivienda vacacional, es posible, es compatible...

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Gracias, señora Pérez.

Turno del Grupo Nacionalista Canario, señora Calero.

La señora CALERO SAAVEDRA: Gracias, presidente.

Señora Delgado, doña Astrid, intereses, negocios..., no solo Canarias está tardando, en Baleares gobierna el PSOE junto a Podemos y también llevan tiempo trabajando en una norma y hasta el momento no han podido concretarla.

Dicho esto, buenos días a todos.

Señora consejera, vuelve al Parlamento la preocupación por el alquiler vacacional, ahora ya con una visión más clara tras los estudios realizados y el tiempo transcurrido, que nos ha permitido conocer lo que está pasando en otros destinos y ser conscientes de que hay que tener muchísimo cuidado con este asunto. Creo además que todos los grupos han sido bastante respetuosos, dejándola trabajar con calma para obtener datos reales que le permitan regular lo mejor posible con criterio.

Nuestro grupo mantiene la necesidad de hacerlo a partir de al menos tres claves, que serían asegurar su compatibilidad con la actividad turística convencional teniendo claro cuál es nuestro modelo; asegurar su compatibilidad social teniendo presente lo que está pasando en Baleares o en Palma de Mallorca, vecinos afectados por las molestias, encarecimiento del precio de la vivienda; y la calidad, que es una prioridad irrenunciable: no se debe permitir que quepa todo bajo la etiqueta de alquiler vacacional porque detrás llegará la degradación del destino y el low cost en materia vacacional, pues, debe quedar desterrado de Canarias.

Además, la regulación no puede afrontarse solo desde la normativa sectorial turística, sino que debe ser perfectamente regulado a través de la urbanística y la territorial. Esto supone algo tan sencillo como que no puede dejarse en manos del propietario la decisión última y libre de si su uso va a ser residencial o turístico. Deben ser los poderes públicos los que determinen dónde y en qué condiciones se debe desarrollar la actividad.

Otros aspectos para reflexionar serían, pues, que realmente tiene muy poco que ver la actividad turística en La Palma con la de Fuerteventura, el sur de Gran Canaria o Tenerife: somos realidades distintas y no se debe permitir errores relacionados con hacernos homogéneos de manera artificial, y además contraproducente. Por tanto, dejar a cada cabildo decidir su modelo, dentro de unas líneas, por supuesto, generales, yo creo que podría ser algo bastante apropiado.

Prohibir que esas viviendas usen el término turismo rural, ya que supondría una competencia desleal para este sector, que tiene otros requisitos, como sabemos, y responde a otro tipo de producto. Deben tener las mismas obligaciones que la reglada en cuanto a tributación, normas de seguridad, registro de clientes, seguros, etcétera. Debe haber una inspección turística capaz a la que también estén sometidas todo este tipo de viviendas. Exigir, de alguna manera, que esta actividad requiera de una mínima prestación de servicios, que garantice una mayor contribución social en términos de empleo. Evitar el desplazamiento de la población residente fuera de los núcleos tradicionales y, por tanto, la pérdida de identidad cultural de los mismos. Limitar la oferta, por razones de interés general, teniendo en cuenta la capacidad de carga social, turística y ambiental; por ejemplo, podría ser establecer un porcentaje entre población residente y plazas ofertadas.

En definitiva, aplicar rigor, inteligencia en la regulación para seguir generando empleo, ingresos públicos, equilibrio territorial y redistribución de la riqueza, pero siendo cada vez más competitivos y añadiendo mayor valor a nuestros productos turísticos.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Muchas gracias, señora Calero.

Turno del grupo solicitante, del Grupo Socialista. Señora Cabrera.

La señora CABRERA NODA: Gracias, señor presidente. Señora consejera.

El pasado 23 de septiembre de 2015 debatimos la proposición no de ley de los grupos parlamentarios Nacionalista Canario y Socialista Canario sobre la modificación del Decreto 113/2015, de 22 de mayo, en la que instábamos al Gobierno a paralizar los posibles efectos sancionadores del decreto y la puesta en marcha de un proceso de revisión y reelaboración del mismo en colaboración con todos los agentes e instituciones implicadas. Palabras textuales.

Posteriormente, y ante la falta de respuesta a esta proposición no de ley aprobada por este Parlamento, el Grupo Parlamentario Socialista vuelve a plantear, el 26 de abril de 2016, una iniciativa ante este Pleno en la que se le preguntaba sobre las previsiones de modificación del decreto de alquiler vacacional, a lo que usted respondió: "se ha apostado por el Gobierno para abrir una mesa de diálogo con los afectados; somos conscientes de que la modificación de ese decreto es una oportunidad para aplicar el nuevo estilo con el que el Ejecutivo de Canarias quiere gobernar, desde el diálogo y el consenso, ya que este asunto es prioritario para el Gobierno de Canarias".

Sin embargo, señora consejera, una vez más, y mucho tiempo más tarde, nos encontramos sin respuesta a nuestras reiteradas solicitudes al Gobierno de Canarias para que se revise de manera urgente este decreto. Estamos ante una realidad a la que no podemos seguir dando la espalda y dilatando posibles soluciones que enmendarían la problemática existente; al menos tenemos que intentarlo.

Todos somos conocedores de los efectos negativos que la norma ha venido generando durante todo este tiempo. Mientras, el Gobierno de Canarias, lejos de poner soluciones sobre la mesa, solo da cuenta de la realidad del mercado de la vivienda vacacional, lo que da lugar a que la situación continúe agravándose sin alternativas que lo remedien.

Es necesario hacer frente, entre otras cuestiones, a situaciones actuales nada deseables, como es la burbuja de precios en el mercado del alquiler de la vivienda, desplazando su función social por un interés que conlleva a la expulsión de las clases trabajadoras de aquellos ámbitos donde resulta más rentable dedicar el destino de un inmueble al alquiler vacacional. Nunca antes los trabajadores habían estado tan preocupados por el precio de los alquileres como ahora, trabajadores que, después de la última reforma laboral, han visto muy mermadas sus condiciones laborales, con sueldos escuálidos de los que deben destinar un alto porcentaje a pagarse un alquiler desproporcionado en los últimos tiempos.

Para el Grupo Parlamentario Socialista es tan relevante la clasificación del suelo en el que se encuentran los inmuebles como también la tipología del inmueble que se dedica al alquiler vacacional. Si queremos proteger la función social de la vivienda, y para nuestro grupo eso es prioritario, y evitar los conflictos en la convivencia entre el turista y el residente, debemos consensuar que queden incluidos en la actividad del alquiler vacacional determinados tipos de inmuebles con unas características concretas y acordadas.

Desde el Grupo Parlamentario Socialista apostamos por reforzar las medidas de coordinación con los sectores relacionados con la actividad turística y vacacional con el fin de que el proceso de actualización y modernización del decreto se realice con el mayor consenso posible a partir de una sólida base técnica que dé respuesta a las dificultades que existen, y que entre en vigor en un plazo no superior a seis meses.

En definitiva, señora consejera, es necesario y urgente que se afronte este debate con responsabilidad y agilidad, sobre todo por parte de todos los afectados. Tomar decisiones implica asumir sus costes, pero siempre es mejor esto que caer en la parálisis en la que nos encontramos actualmente.

Nada más. Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Muchas gracias, señora Cabrera.

Para finalizar la comparecencia, la señora consejera de Turismo, Cultura y Deportes.

La señora CONSEJERA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTES (Lorenzo Rodríguez): Bueno, agradecer el tono, las aportaciones y que veo la voluntad de los grupos de construir entre todos propuestas para la modificación del decreto de acuerdo con el interés general de Canarias.

En cuanto tengamos el borrador, que estamos trabajando -no nos hemos quedado parados- como les hemos contado, hemos hecho los estudios para poder hacer un buen diagnóstico y luego los hemos compartido esos datos con todas las islas en las distintas reuniones, con todas las partes implicadas. Ahora estamos en la tarea de la redacción de... de buscar las soluciones jurídicas para... la herramienta para poder modificar ese decreto, tras todos adoptar aquí en esta Cámara la decisión de la modificación. En cuanto tengamos ese borrador, pues, lo vamos a compartir con todos los grupos, vendré personalmente y lo presentaré en la comisión, para que lo puedan también, pues, debatir sus señorías y aportar.

Recordarles que tenemos un decreto, aprobado en el 2015. Esta comunidad autónoma ha regulado la vivienda vacacional, porque todavía hay ciudadanos de Canarias, canarios y canarias, que entienden que el decreto no está en vigor: el decreto está en vigor, está regulado, esta comunidad autónoma lo ha regulado. Cierto es que lo ha excluido de las zonas turísticas y el interés es ver la posibilidad de también incluirlo o regularlo, permitirlo en las zonas turísticas, pero con unos requisitos de estándares de calidad, de seguridad equiparables a lo que nos hemos dado para la oferta reglada, puesto que no queremos poner en riesgo el modelo turístico, un modelo de éxito -las cifras lo avalan-, y, por tanto, no queremos poner en riesgo el principal sector de la economía canaria.

Yo, en mi primera intervención, ya detallé el conjunto de afecciones que la regulación en zonas turísticas, en zonas residenciales, en las ciudades, en los entornos urbanos está teniendo..., el comportamiento que está teniendo, pues, la actividad turística en vivienda vacacional. También hice mención a las afecciones, o la necesaria coordinación con todo tipo de normativa que tiene que tener la regulación futura de esta vivienda vacacional con respecto al derecho a una vivienda digna de los ciudadanos en su entorno de trabajo cercano, la necesaria coordinación con la ley del suelo, el proyecto de ley del suelo próximo, y, por supuesto, el respeto a los recursos naturales, al medioambiente, porque también existe la demanda de que se regule en zonas de protección ambiental, etcétera.

Por tanto, es complicado pero no imposible. Este Gobierno no ha parado de buscar las soluciones para mejorar esta normativa de alquiler turístico, que es compleja. Hemos mantenido muchísimas reuniones no solo en Canarias, sino fuera de Canarias con otras comunidades autónomas que están también con esta dificultad. A nivel europeo también, porque hemos mantenido reuniones en Bruselas también con grupos, precisamente con NECSTouR, la red de regiones europeas, y tuvimos un encuentro específico para precisamente la economía colaborativa y para ver qué indicaciones le damos a Europa o, al revés, ver cómo Europa está respondiendo ante lo que llamamos economía colaborativa. Que quisiera aclarar que no todo lo que se oferta en Canarias es economía colaborativa, recuerden los datos que pude aportar en mi intervención anterior de vivienda vacacional, en los que solamente un 14 % de las camas que se anuncian pertenece a un solo propietario, es decir, que el 85 % tiene más de una vivienda.

Por tanto, economía colaborativa sería o esas familias que citábamos, que queremos darles la posibilidad que tengan sus ingresos con sus viviendas porque también el derecho les asiste y por eso es lo complejo en este asunto. Pero esto es un negocio económico y, por tanto, se debe de regular. No estamos hablando mayoritariamente de economía colaborativa, estamos hablando de una actividad económica y una actividad económica que debe competir en igualdad de condiciones. Si queremos incluirla en las zonas turísticas, por tanto, debe cumplir las mismas reglas del juego que nos hemos dado, que también están en revisión porque las normativas deben ser flexibles y actualizarse constantemente, no tener rigideces. Por tanto, también revisaremos toda la normativa porque tenemos como objetivos, como retos, pues, revisar la ley turística, revisar los decretos de alojamiento, precisamente, a los estándares de restauración, etcétera.

Por tanto, compromiso absoluto de este Gobierno, de esta consejera a sacar adelante una modificación del decreto de vivienda vacacional y, bueno, pues, en el camino esperamos encontrarles a todos ustedes para seguir haciéndonos las aportaciones que nos han hecho, que son, la mayoría, muy razonables porque todos, en definitiva, quieren defender el derecho a una vivienda digna, el derecho a respetar los usos y las costumbres y la vida de las personas en los entornos urbanos y también la libertad de mercado para poder tener una actividad económica reglada, regulada y que contribuya al sostenimiento de los servicios públicos.

Nada más, muchísimas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Muchísimas gracias, señora consejera.

Seguimos con el orden del día.

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