Diario de Sesiones 108, de fecha 6/3/2018
Punto 24
9L/C-1265 COMPARECENCIA DEL GOBIERNO -CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD-, INSTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO NACIONALISTA CANARIO (CC-PNC), SOBRE EL PLAN DE INFRAESTRUCTURAS JUDICIALES.
La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Tavío Ascanio): Doy la palabra al Grupo Nacionalista, comparecencia al consejero de la Presidencia, Justicia e Igualdad, sobre el Plan de Infraestructuras Judiciales.
Tiene la palabra, en nombre del Grupo Nacionalista Canario, la señora diputada doña Socorro Beato Castellano.
La señora BEATO CASTELLANO: Gracias, señora presidenta. Señorías, señor consejero, buenas tardes.
En materia de infraestructuras judiciales, ya en este pleno hemos hablado en relación con infraestructuras concretas, fundamentalmente, la ciudad de la justicia en Santa Cruz de Tenerife y el palacio de justicia en Puerto del Rosario, que, por otra parte, sabemos todos que son las más prioritarias a la vista de cómo están colapsadas esas instalaciones actuales en ambas islas.
En su primera comparecencia como consejero en la Comisión de Gobernación, Justicia, Igualdad y Diversidad, en febrero del pasado año, cuando nos trasladaba los objetivos y las líneas de actuación de su departamento, nos decía que, en materia de justicia, la prioridad era desarrollar la Estrategia de modernización de la justicia, que se había aprobado recientemente, como herramienta de planificación que incluye unos objetivos y las líneas a desarrollar para alcanzar un servicio público de justicia transparente y abierto a la ciudadanía, en el que las infraestructuras, por supuesto, tienen especial relevancia. Por eso nos decía, también, que daría continuidad a un nuevo plan de infraestructuras judiciales, que el anterior equipo estaba preparando y que, como antes apuntábamos, priorizaría la construcción de las infraestructuras en Santa Cruz de Tenerife y en Puerto del Rosario.
El Grupo Nacionalista Canario le ha solicitado esta comparecencia para conocer cuál es el estado de tramitación, en qué fase se encuentra ese nuevo plan de infraestructuras judiciales y cuándo podría estar prevista su aprobación. Además de las infraestructuras que hemos citado, ¿qué otras actuaciones nuevas va a contemplar ese plan, qué intervenciones están previstas para remodelar, rehabilitar o ampliar las sedes existentes y, sobre todo, cuáles son las previsiones para adaptar las infraestructuras actuales a las exigencias de la nueva Oficina Judicial y Fiscal?
Para la consecución de una Administración de justicia eficaz y transparente, el objetivo de aprobar una planificación, un plan de inversión de infraestructuras se incluye dentro de las propuestas de trabajo de esta legislatura. No solo es necesario cubrir las necesidades de los partidos judiciales de Santa Cruz de Tenerife y Puerto del Rosario, también La Orotava y el Puerto de la Cruz precisan de una decisión que podría ser la de unificar en una sola infraestructura en el valle ambas sedes. Además, son necesarias intervenciones en Granadilla de Abona, por poner algunos ejemplos, en la isla de Tenerife; también en Gran Canaria, en San Bartolomé de Tirajana, Telde o Santa María de Guía; y en Santa Cruz de La Palma o Los Llanos de Aridane, entre otras.
Por eso, hoy queremos hablar de infraestructuras judiciales en Canarias, en Canarias en su conjunto, sin perjuicio de que podamos detenernos, seguramente, un poco más en alguna concreta. Pero nos gustaría que nos diera una visión global de cómo se van a cubrir las actuales necesidades que hay en todas las islas, cuál es el presupuesto previsto y cuál sería el periodo para su ejecución. Suponemos, seguramente, que será un presupuesto elevado; no obstante, no hay que olvidar que esas nuevas infraestructuras pueden, a su vez, ahorrar muchos costes en ahorro, sobre todo en alquileres y en eficiencia energética. Sigue habiendo demasiados alquileres con oficinas dispersas, algo que, además, resta eficiencia al servicio público de la justicia.
En términos de comodidad, también ahorrarán inconvenientes a los funcionarios de la Administración de justicia, que podrán trabajar en entornos más adecuados a las necesidades de un servicio moderno. Y, por otra parte, evitarán también inconvenientes a los ciudadanos, incomodidades a los ciudadanos que demandan, que precisan de unas infraestructuras acordes con los nuevos tiempos.
Por tanto nos gustaría saber cómo van a concretarse las infraestructuras que actualmente se encuentran excesivamente dispersas, cómo las va a concentrar y también en qué medida va a atender la necesidad de adaptar los edificios eliminando barreras arquitectónicas y sus incomodidades actuales.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Tavío Ascanio): Tiene la palabra el señor consejero don José Miguel Barragán Cabrera, consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
(El señor consejero hace uso de los medios audiovisuales).
El señor CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD (Barragán Cabrera): Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías.
La elaboración de la II fase del Plan de Infraestructuras para la Administración de Justicia de Canarias se puso en marcha por el equipo anterior y nosotros dimos continuidad a esta iniciativa al entender que se trata de una necesidad para Canarias. Mi intención el llevarlo al Consejo de Gobierno lo antes posible para su aprobación, pero hoy aquí quiero adelantarles cuáles son las principales actuaciones y costes previstos. Si bien les avanzo que algunas ya están en marcha, también les adelanto que la prioridad del plan es la puesta en marcha de la construcción de la nueva sede judicial de Puerto del Rosario y de la ciudad de justicia de Santa Cruz de Tenerife.
La planificación de la que hablo contempla las actuaciones en esta materia hasta el año 2031, con la meta de poner en funcionamiento un nuevo modelo organizativo para gestionar la Administración de justicia de forma centralizada, mediante la constitución de los servicios comunes procesales en el marco del diseño y planificación de una nueva estructura bajo el modelo de las nuevas oficinas Fiscal y Judicial, lo que supone un cambio de paradigma en el funcionamiento de la justicia en general.
Para adoptar un solo criterio, los costes, de los que hablaré en cada actuación, no son temporalizados antes de IGIC. Con este criterio, el plan requeriría una inversión hasta el año 2031 de 258 millones de euros. Si contemplamos también el valor del dinero en el tiempo y añadimos la inversión necesaria en otros conceptos como estudios, proyectos y direcciones de obra, la cuantía podría estar aproximada en ese tiempo de unos 425 millones de euros.
Buscamos reunificar las sedes dispersas y concentrar el desarrollo de la actividad judicial y fiscal en un único inmueble por partido, cambiar el modelo de Oficina Judicial atomizada por un diseño de Oficina Judicial tipo que potencie las estructuras y servicios comunes, modernizar los espacios que ocupan los jueces, fiscales, letrados de la Administración de justicia y funcionarios de la Administración de justicia, eliminar las dependencias arrendadas, racionalizar el gasto corriente, hacer accesibles los edificios que no lo sean e integrar las oficinas de atención a las víctimas del delito y la mediación en espacios judiciales independientes.
El plan contempla que los edificios que se construyan a partir del 31 de diciembre del año 2018 sean de titularidad pública. Estos edificios tienen que ser de consumo de energía casi nulo. Y después si quieren les explico cuál es la terminología de "casi nulo" que emplea la Unión Europea.
Dicho esto, vamos a empezar por el partido judicial de Las Palmas de Gran Canaria. Por una parte, prevemos la futura construcción de un nuevo Palacio de Justicia de Las Palmas, con una superficie de 18 400 metros cuadrados a un coste estimado de 18,5 millones de euros. Pero la prioridad inmediata es llevar a cabo la rehabilitación y el mantenimiento de las cubiertas y fachada del actual edificio, obras que alcanzarán los 434 000 euros y que ya se están ejecutando. Con carácter prioritario, queremos llevar a cabo la ampliación del edificio del Instituto de Medicina Legal a fin de incorporar despachos forenses y la casa del menor, que será, aproximadamente, una ampliación de unos 870 metros cuadrados adicionales con un coste de 1,6 millones de euros.
También en Gran Canaria, en el partido judicial de San Bartolomé de Tirajana, se contempla la remodelación del interior del edificio existente, trabajos que cubrirían un área de 5300 metros cuadrados a un coste de 5 millones de euros y una ampliación de 12 800 metros con una inversión de 13,4 millones de euros, para formar un conjunto uniforme con el edificio matriz en el que se ampliará la clínica médico-forense.
Por su parte, en el partido judicial de Telde, el edificio de juzgados fue inaugurado en enero del 2003 y alberga todos los órganos judiciales más los servicios comunes y archivo. Solo precisa de una remodelación de algunas partes para adaptarlo a la nueva Oficina Judicial.
Y en el partido judicial de Santa María de Guía, ya se han contemplado los trabajos para convertir dos viviendas de jueces en desuso en Oficina Judicial, unos 207 metros con un coste aproximado de 185 000 euros. Y se realizarían las obras de mantenimiento en la cubierta del edificio, la adecuación del inmueble a la nueva oficina judicial y reaprovechamiento de espacios existentes: unos 2418 metros a un coste de 1,4 millones de euros.
En el partido judicial de Arrecife, la intervención consistiría en la adaptación del edificio a la nueva Oficina Judicial, que es lo mismo previsto para los partidos judiciales de Arucas, Arona, Güímar, Icod de los Vinos, Valverde y San Sebastián de La Gomera. En el caso de Icod de los Vinos, se está ejecutando una actuación previa para eliminación de barreras arquitectónicas y aprovechamiento de antigua planta de la vivienda, por un importe de 199 000 euros.
Y en el partido judicial de La Laguna, el edificio existente es de reciente construcción, dispone de una tercera planta destinada a ampliación de las dependencias judiciales, que ahora está vacía, parte de la cual se está terminando ahora para albergar dependencias, con un coste aproximado también de 200 000 euros.
En cuanto al partido judicial de Puerto del Rosario y de Santa Cruz de Tenerife, tenemos previsto levantar edificios nuevos. En el primer caso, se trata de un edificio de 19 400 metros, que costaría aproximadamente unos 19,2 millones de euros, y se encuentra en tramitación el concurso de ideas para redacción de proyecto. Ya, de hecho, se va a cumplir el mes de que está publicado el preaviso en el boletín oficial de la Unión Europea y la idea que estamos contemplando es que antes de que finalice el mes de marzo o a principios del mes de abril ya se haga el concurso de ideas para la construcción de ese edificio.
En la capital tinerfeña, como ya saben, estamos en conversaciones para definir lo antes posible la ubicación de la ciudad de la justicia, de la cual dependerá, como es lógico, la actuación definitiva. Como ya he explicado en otras ocasiones y por eso mismo no repetiré ahora, las posibilidades que brindan las parcelas de El Sobradillo y la de Cabo Llanos son completamente distintas. En todo caso, les puedo adelantar que el inmueble previsto contempla una superficie de 129 330 metros cuadrados para satisfacer las necesidades actuales y costaría -el costo aproximado-, unos 145 millones de euros para albergar cuatro usos diferenciados: el Tribunal Superior de Justicia, la Audiencia Provincial, los órganos judiciales unipersonales agrupados por jurisdicciones y el Instituto de Medicina Legal.
Por lo demás, los dos proyectos coinciden. En ambos, la planta bajo rasante será de uso restringido, limitada a las personas usuarias del edificio y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Los aparcamientos serán destinados a la magistratura, judicatura, fiscalía, secretaría, medicina forense, servicio oficial y demás personal judicial, con medidas de seguridad y control. Los calabozos también tendrán esclusa de seguridad. Los ascensores de servicio serán independientes y dispondrán de dos específicos que conectarán con los pasillos al juzgado de guardia, salas de visita, fiscalía, menores y demás juzgados y secciones de la audiencia, evitando el contacto con el público. También los recorridos a la sección de menores de la fiscalía, juzgados de menores y equipos técnicos se configurarán de forma que se evite el contacto con personas adultas detenidas. En cuanto al reconocimiento en rueda, permitirá el acceso separado de las personas detenidas desde los calabozos y de quienes deban reconocerles.
Por otra parte, en el partido judicial de Granadilla de Abona, tenemos previsto construir un edificio de unos 11 349 metros, con un coste aproximado de 11 millones. Lo mismo cabe decir respecto del partido judicial de Santa Cruz de La Palma, donde la superficie a edificar sería de 12 100 metros, y la de Los Llanos de Aridane, que tendría 9100 metros.
En cuanto a los partidos judiciales de La Orotava y el Puerto de la Cruz, proponemos dos intervenciones en una estrategia que los unificaría en un edificio judicial. Por un lado, estamos remodelando ya el edificio existente en La Orotava para la eliminación de barreras y aprovechamiento de la antigua vivienda, que son unos 237 metros, y por otro, construiremos un nuevo edificio de 15 200 metros con una inversión de 19,9 millones para optimizar los recursos y aumentar la eficacia de la Administración.
En resumen, lo que planteamos es construir la ciudad de la justicia de Santa Cruz de Tenerife y nuevas sedes para los palacios de justicia de Las Palmas de Gran Canaria, los juzgados de Puerto del Rosario, de Granadilla de Abona, de La Orotava, Puerto de la Cruz, de Santa Cruz de La Palma y de Los Llanos de Aridane. Todo esto sería una inversión aproximada de 425 millones. Y, además, completaríamos las ampliaciones o mejoras en las infraestructuras existentes del Instituto de Medicina Legal y en el Palacio de Justicia, ambos en Las Palmas de Gran Canaria, así como en los juzgados de La Laguna, además de la adaptación de la nueva Oficina Judicial en los partidos judiciales de San Bartolomé de Tirajana, Telde, Santa María de Guía, Arucas, Arrecife, Arona, Icod de los Vinos, La Orotava, Güímar, Valverde y San Sebastián de La Gomera, con un coste total de 32 millones de euros. Entre otros aspectos, estas mejoras persiguen dar una prestación satisfactoria de un modo diferenciado a las víctimas de violencia de género, sean mujeres o menores.
Estoy convencido de que la planificación que acabo de explicar ayudará a mejorar el trabajo de quienes habitualmente trabajan en el ámbito judicial en espacios adecuados para el desempeño de su función y, por supuesto, a dignificar el servicio que recibe la ciudadanía que acude a los juzgados mediante dependencias adecuadas que es el centro de nuestras...
La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Tavío Ascanio): ¿Quiere un minuto más, señor consejero, o se lo dejo...?
El señor CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD (Barragán Cabrera): No, no hace falta.
La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Tavío Ascanio): De acuerdo.
El señor CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD (Barragán Cabrera): Perfecto, gracias.
La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Tavío Ascanio): Pasamos a la intervención de los grupos no solicitantes de esta comparecencia.
En nombre del Grupo Mixto, tiene la palabra la señora diputada doña Melodie Mendoza.
La señora MENDOZA RODRÍGUEZ (Desde su escaño): Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías, buenas tardes, señor consejero.
A ver, señor consejero, nosotros vamos a comenzar hablando de la infraestructura judicial que más tiempo de debate nos ha llevado en esta Cámara, que no es otra que el palacio judicial de la avenida Tres de Mayo, que se sabe que se quedaba pequeño desde 1996, o sea, desde el momento de su apertura. La construcción de una ciudad de la justicia para el partido judicial de Santa Cruz de Tenerife, señorías, lleva ya demasiado tiempo, demasiado tiempo..., siendo objeto de debate.
Si desde su apertura se quedó pequeño, veinte años más tarde, sus dimensiones son absolutamente irreconciliables con la realidad de la justicia canaria. Y esta situación, junto con otras condiciones, nos ha llevado a juzgados desbordados, falta de personal, señalamiento de juicios para dentro de dos años... Esa es la realidad judicial de Canarias. Esto nos ha llevado a afirmar, tristemente, que más vale un mal acuerdo que un buen pleito.
No vamos a negar, en este sentido, que también ha sido uno de los condicionantes la litigiosidad de ese desbordamiento de los juzgados, así como los continuos recortes.
Señor consejero, yo creo que es hora... Bueno, ya lo ha hecho con este plan, parte lo ha hecho con este plan, de asumir un firme compromiso con la justicia en Canarias. Necesitamos contar con una ciudad de la justicia en Santa Cruz de Tenerife en un corto plazo y, si somos coherentes con la reclamación que ha puesto casi de acuerdo a la totalidad de los afectados, jueces, fiscales, procuradores, abogados, y también que nosotros compartimos, la ciudad de la justicia debería estar ubicada en Cabo Llanos.
También queremos saber qué otras medidas van a adoptarse para evitar el colapso en los tribunales de Canarias. Y preguntamos esto porque todos los problemas de infraestructuras judiciales de Canarias no van a quedar resueltos simplemente con hacer la discutida ciudad de la justicia. Son muchos los frentes abiertos que debemos solucionar, ya que, de lo contrario, no salvaguardaremos el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de todos los canarios y canarias.
Y con respecto al documento, a este nuevo plan de infraestructuras que nos ha presentado aquí in situ esta tarde, por supuesto que todo lo que sea mejorar -que no es poco todo lo que tenemos que mejorar- por supuesto que nos parece positivo. Ya cuando tengamos el documento y lo podamos examinar pues podremos hablar con mucha más propiedad.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Tavío Ascanio): En nombre del grupo parlamentario de Nueva Canarias, tiene la palabra su señoría la señora diputada doña Esther González González.
La señora GONZÁLEZ GONZÁLEZ (doña María Esther): Gracias, presidenta.
Consejero, la verdad es que ya es el tercer plan que nos anuncian. El primero que teníamos, la última vez que usted compareció, si no recuerdo mal en noviembre, en este Pleno, dijo que el plan era 2018-2032, ahora estamos en el 2017-2031, pero realmente documentos no hemos tenido ninguno.
En cualquier caso, en el pacto de gobernabilidad que se firmaba en el 2015 y que según el presidente del Gobierno sigue siendo la hoja de ruta de este Gobierno, ya se determinaba que la prioridad era un plan de inversiones en infraestructuras judiciales para los próximos ocho años -hablo del año 2023 y no del año 2031- en el que se determinaba que como prioridad era el Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife, el de Puerto del Rosario, el de La Orotava y el de Granadilla.
A mí lo primero que me gustaría saber es cuál es el saldo del I Plan de Infraestructuras Judiciales, porque, realmente, por lo menos en los dos años y nueve, u ocho..., sí, ocho o nueve meses que llevo en esta Cámara, he estado oyendo hablar de dos planes de infraestructuras judiciales, pero los proyectos, lo que hay dentro, lo mismo. Y básicamente, el de Santa Cruz de Tenerife y el de Puerto del Rosario.
Con respecto al de Puerto del Rosario, que tenía el problema del suelo, de aprobación del plan general, después de que querían el suelo de Defensa... El convenio ya está firmado, y a mí lo que me gustaría saber es, habla de un concurso de ideas, que saldría para marzo, que entiendo que sobre julio o por ahí era cuando estaría terminado, pero mi pregunta es ¿es un concurso de ideas con proyecto o después se iniciará la licitación del proyecto? Porque si eso es así e inicia la licitación en junio, pues va a adjudicar el proyecto para final de año. Y mi pregunta es ¿qué va a hacer con los 900 000 euros que tiene en el presupuesto para el año 2018? Porque es que igualmente el año pasado había 400 000 euros para lo mismo, que no se utilizaron, que después se modificaron para otras actuaciones y que, de pronto, lo que hizo fue desviar o modificar la insularización que tenía el gasto.
Con respecto al de Santa Cruz de Tenerife, usted hace diez meses nos dio varias razones contundentes por las que tenía que estar en El Sobradillo. Unas económicas, otra porque garantizaba la necesidad en los sesenta o setenta años próximos y, además, porque las alternativas de Cabo Llanos estaban ya en una zona colmatada y no era posible hacerlas allí, porque la colmataría aún más.
Entonces, yo lo que no entiendo es si usted está cargado, o por lo menos eso dio a entender en noviembre, estaba cargado de razones para que fuera en El Sobradillo, cuál es la razón por la que ahora ya estamos analizando si va a ser en un lado y en el otro, habla de que los dos proyectos son iguales... Entonces, yo, insisto, no entiendo los argumentos que usted esgrimió en noviembre y me gustaría que nos explicara cuál es el cambio de opinión.
La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Tavío Ascanio): Grupo Parlamentario Podemos, tiene la palabra su señoría la señora diputada doña María Concepción Monzón Navarro.
La señora MONZÓN NAVARRO: Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos.
Señor consejero, cuando hablamos de infraestructuras judiciales, cuando hablamos de la eficacia y la eficiencia en la justicia, esto va asociado a la inactividad total de esta Administración en cuanto al cumplimiento de estos planes de infraestructuras. Si nos remontamos y buscamos información sobre el plan de infraestructuras, sobre todo de estas dos obras principales de las que se ha hablado aquí, como son el Palacio de Justicia de Santa Cruz y el de Puerto del Rosario, nos tenemos que remontar a más de diez años, que estamos hablando.
Bueno, en el 2009, el que era entonces el consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad, diputado que tenemos aquí presente (señalando al señor Ruano León), hablaba en Fuerteventura de la prioridad del Palacio de Justicia de Puerto del Rosario, en la isla de Fuerteventura. Estamos en 2018, una obra que tenía que haber comenzado este año y usted me dice que estamos todavía en ver cuál a ser el proyecto en esa convocatoria de ideas para ver cómo va a ser ese palacio de justicia. Por lo tanto, permítame que le diga, de esa inactividad, de la lentitud para resolver problemas que, cuando vayan a estar realizados esos palacios de justicia, me da la sensación que van a quedarse otra vez obsoletos o van a quedarse pequeños nuevamente.
Tenemos muchos problemas en muchas de los partidos judiciales. Si hablamos de Santa Cruz de Tenerife, bueno, quiero decir que en la página web del Gobierno de Canarias, en su consejería, habla del II Plan de Infraestructuras Judiciales, en este caso 2017-2032 -ya no sé cuáles serán las fechas exactas-, pero, bueno, aparece toda la documentación del Palacio de Justicia de Santa Cruz. Parece ser que es la única prioridad que tiene este plan de infraestructuras, no aparece ninguna de las otras partidas que usted ha ido nombrándome, pero aquí sí aparece esa documentación de todo lo que es el Palacio de Justicia de Santa Cruz. Y, efectivamente, si uno mira la documentación que aparece -cosa que agradecemos, pero nos gustaría que estuviera la información de todo el resto de partidos judiciales-, vemos las dificultades que tienen en Santa Cruz. Por ejemplo, el Instituto de Medicina Legal, que comparte, además, aparte de ser reducido el espacio, lo comparte con la Universidad de La Laguna; tenemos un coste de arrendamientos de más de 1 200 000 euros por todas las oficinas que están arrendadas, por lo tanto, hay que tener diligencia y ponerle más asunto a este tema.
Por otro lado, en Granadilla de Abona también eran infraestructuras que estaban pendientes nada más de que hubiera una cesión de terrenos, supongo que esto ya está resuelto, no lo ha indicado antes. Y también la que es la de La Orotava-Puerto de la Cruz, que se tiene el terreno para poder iniciar esas obras, que nos gustaría que nos dijera si efectivamente es así.
Y nada más. Decirle, además de todas estas infraestructuras, que no solamente es la parte de los edificios, que evidentemente también ha habido problemas con las vistas cuando son casos complejos, en los que hay muchos testigos, lo que no hay espacios, y aparte de dar dignidad, precisamente, a todas las víctimas que tienen que acudir a los juzgados, no solamente en las instalaciones de los juicios, sino también en las retención, en los calabozos, etcétera, etcétera.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Tavío Ascanio): En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora diputada doña Luz Reverón González.
La señora REVERÓN GONZÁLEZ: Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señor consejero.
Yo la verdad es que tenía preparada esta intervención, pero creo que le voy a repetir lo mismo que le han dicho las personas que me han precedido en el uso de la palabra, ¿y sabe por qué? Mire, mi grupo parlamentario lleva dos legislaturas hablando de esto, dos legislaturas hablando de esto, tanto en sede parlamentaria como en la Comisión de Gobernación. Y, a día de hoy, nos viene con un tercer plan de infraestructuras -que nos hubiese encantado tenerlo para haberlo estudiado- y dice ahora que va a acabar en el 2031. Sinceramente, no creo que sea serio, no creo que sea serio, después del caos que, en estos momentos, están padeciendo las salas de justicia, que no tengamos un plan, pero un plan efectivo, un plan real. O sea, me parece muy bien que usted tenga los números, me parece muy bien que usted tenga las ubicaciones, pero no me ha dicho cuándo se va a finalizar un proyecto y cuándo se va a finalizar otro. Realmente, eso es lo que están esperando los operadores jurídicos.
Y para centrarme ya en los dos asuntos de los que siempre se ha hablado en esta Cámara. El palacio que está pendiente de hacerse en Puerto del Rosario, como ha dicho la compañera de Nueva Canarias, parece que es a través -y usted también lo ha dicho-, a través de un concurso de ideas. ¿Qué tipo de concurso de ideas, cuál es el plazo, hay proyecto, no hay proyecto? O sea, ¿con qué plazos cuenta? O sea, de nada nos vale venir todos los años, pedir una comparecencia y que usted nos hable de un nuevo plan, porque tengo la sensación de que cada año usted tiene un nuevo plan, le cambia, rueda los años, dependiendo de cómo le interese, y sinceramente no nos da ninguna solución.
Y después, en relación con el Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife, es verdad que ya se ha hablado bastante sobre este palacio de justicia, ha creado bastante crispación entre los operadores jurídicos. Usted es verdad que en esta sede parlamentaria dio explicaciones de por qué había que acudir a la zona del Sobradillo y por qué era mejor esa zona y no mejor la de Cabo Llanos; es verdad que, una vez que se ha sentado con los operadores jurídicos, parece que es mejor la zona de Cabo Llanos. Señor consejero, Cabo Llanos, El Sobradillo..., pero hay que hacerlo, hay que hacerlo ya, o sea, no se puede permitir estar todavía hablando con el Ayuntamiento de Santa Cruz a ver qué parcelas... Yo entiendo que las parcelas son complicadas, entiendo que son parcelas de Educación, todo eso lo entiendo, pero es que ¿cuántos años más vamos a seguir hablando de esto?, ¿vamos a venir el próximo año a hablar de un cuarto plan de infraestructuras donde tengamos los mismos proyectos?
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Tavío Ascanio): En nombre del Grupo Parlamentario Socialista Canario, tiene la palabra su señoría el señor diputado don Gustavo Matos.
El señor MATOS EXPÓSITO (Desde su escaño): Señora presidenta, muchas gracias. Se le olvidó el Adolfo, que lo suele usted recordar.
Señor consejero, le tenemos a usted, y le tengo, por un consejero exquisito en las formas. Hoy permítame que le ponga un cierto pero a ese buen talante que suele usted mantener con los grupos parlamentarios, porque nos hubiera gustado que esta comparecencia se produjese, sé que no es a petición propia, se la hace el grupo que le mantiene en el Gobierno, pero esta comparecencia hubiera sido mejor tenerla cuando ya el plan estuviera aprobado y los diputados hubiéramos tenido acceso a él para poder estudiarlo con tiempo y hacerle a usted, pues, las preguntas correspondientes. Supongo que lo vamos a poder hacer en cuanto esté aprobado este plan, y estudiarlo con más profundidad.
Visto ahí en la pantalla, rápidamente, no parece un mal plan, sobre el papel. Tampoco puedo decir lo contrario porque una buena parte del plan lo hizo su predecesor en el cargo y le dejó parte del trabajo hecho. Sobre el papel es un buen plan. Yo, además, como profesional del ramo, veo esas oficinas y veo esos tribunales y estoy deseando verlos en directo, ¿no? Pero lo cierto es que vamos a esperar a poder, digamos, estudiar con cierto detenimiento y con rigor ese plan.
Sí que me surgen algunas cuestiones y algunas dudas que ya le vamos planteando aprovechando la comparecencia. Obviamente, el plan, por muy bien que esté, si no tiene dotación presupuestaria no sirve. Desde luego, con la dotación presupuestaria de este año, que para algunas cuestiones, también es verdad que tampoco puede despejar más cosas, porque tiene serias dudas urbanísticas, por ejemplo, en algunos proyectos, decidir dónde va... Pero, bueno, con las partidas presupuestarias que tiene este año en el presupuesto esto no se puede llevar a cabo. O sea, ¿qué compromiso presupuestario va a tener en los siguientes ejercicios para poder llevar a cabo algunos de los proyectos que tiene este plan? Ese es, digamos, el quid de la cuestión, si va haber o no va haber fondos para ejecutar alguna de estas infraestructuras.
Me voy a referir, como se imaginará el consejero, al Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife. Nosotros le reconocimos en su momento el gesto de parar la decisión de ubicar el proyecto en El Sobradillo y replantearse la posibilidad de que fuera en Cabo Llanos; no íbamos tan desencaminados cuando decíamos que no era imposible ubicarlo ahí. Pero sí nos gustaría aprovechar esta comparecencia y preguntarle cómo va, desde el punto de vista urbanístico, sabiendo que, el Plan General de Ordenación Urbana de Santa Cruz, hubo una sentencia que lo declaró nulo, cómo va desde ese punto de vista, qué negociaciones, qué acuerdos o qué conversaciones está manteniendo en estos momentos con el Ayuntamiento de Santa Cruz a efectos de ver la posibilidad real, aparte de la disponibilidad de los suelos de que urbanísticamente pueda ir el palacio de congresos en la zona de Cabo Llanos.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Tavío Ascanio): Vamos a la segunda intervención del Grupo Nacionalista, proponente. En su nombre, tiene la palabra, nuevamente, la señora Beato Castellano, doña Socorro.
La señora BEATO CASTELLANO: Gracias, señora presidenta.
Cuando ponía el consejero la primera diapositiva, hacía referencia a la primera fase del 2003 al 2016 y la segunda fase del 2017 al 2031. Y es que a menudo tendemos a olvidarnos de dónde venimos y cómo han evolucionado las cosas en este periodo de autogobierno. Desde que Canarias asume, allá por el año 97, las competencias en materia de justicia, no podemos negar que se ha avanzado y se ha avanzado mucho. Después del traspaso de competencias, hay un periodo para preparar las infraestructuras hasta que, en el 2003, se acomete el primer plan, la primera fase con una planificación, inicialmente, hasta el 2010. Entonces se priorizan partidos judiciales que tenían en aquel momento mayores necesidades, como Arrecife, en Lanzarote, o Arona, en Tenerife, y se les dota de modernos edificios judiciales, una decisión que permitió, entre otras cosas, asumir la crisis de los cayucos en el tiempo en el que la oleada de cayucos de inmigrantes de forma clandestina llegaban al archipiélago.
En Canarias han sido evidentes los avances en infraestructuras para el funcionamiento de la Administración de justicia, también en materia de medios materiales, sobre todo en la informatización del sistema de gestión procesal Atlante, en todas sus versiones. En todas sus versiones, porque es un ejemplo para todas las comunidades autónomas y ha sido un ejemplo de premios a nivel del Estado ese sistema vanguardista de gestión procesal.
Los esfuerzos, por tanto, de Canarias han sido evidentes en lo que a esta comunidad le compete. Porque tengamos en cuenta que esta es un área en la que hay un reparto, llamémoslo, singular de competencias, en el que el Ministerio de Justicia asume la potestad normativa para organizar el sistema procesal y los recursos de la Administración de justicia. Por otra parte, en materia de gobierno de los jueces y magistrados, es el Consejo General del Poder Judicial el competente y a las comunidades autónomas como a Canarias, que tenemos transferidas las competencias, nos corresponde la gestión de la Administración de justicia, es decir la administración de la Administración de justicia. Y es en este ámbito en el que Canarias puede moverse y en el que puede poner a disposición los mejores recursos materiales, humanos y las mejores infraestructuras posibles para que la justicia en Canarias funcione de manera eficiente.
En materia de infraestructuras judiciales se trabajó, como decía, muy intensamente en la VI Legislatura, en esa primera fase del plan de 2003 a 2010, hasta el 2011, evidentemente, dentro de las limitaciones impuestas por la crisis. Porque la primera fase de ese plan 2003-2010, inicialmente, tuvo que deslizarse hasta el 2016 obligados por la crisis. Pero aun así, la buena planificación y algunas decisiones presupuestarias permitieron que la pasada legislatura fuera una realidad la ciudad de la justicia, en Las Palmas de Gran Canaria, y los juzgados de La Laguna, en Tenerife, de los más avanzados hasta el momento. En ambos partidos el vuelco fue importantísimo: se ahorraban miles de euros en alquileres y se mejoraba el servicio de justicia con unos edificios modernos dotados con los mejores medios. Pero no todo han sido grandes infraestructuras. Además de eso, nunca se ha dejado de atender el mantenimiento, la remodelación y la adaptación de los edificios.
Cuando incluimos esta comparecencia en el orden del día, sabíamos que era inevitable detenernos en la ciudad de la justicia de Santa Cruz de Tenerife, inicialmente, inicialmente, programado como palacio de justicia, asentado en una parcela singular en Cabo Llanos. Singular por su forma triangular y por las dificultades que entraña llevar a cabo un proyecto que dé respuesta a las necesidades del partido judicial en Santa Cruz con esas características de parcela. En el año 2008, se puso esto en conocimiento de los operadores jurídicos; había dos parcelas propiedad del Gobierno: la parcela triangular en Cabo Llanos y una parcela mucho más grande con grandes posibilidades -posibilidades desde el punto de vista del aparcamiento, ventajas para evitar la entrada de tráfico a la ciudad-, en El Sobradillo. Pero se decide entonces mantener el edificio en Cabo Llanos, y yo lo que quisiera recordar... Bueno, se convoca un concurso de ideas y se concluye con un proyecto. Pero entonces se hablaba de un palacio de justica y ahora estamos hablando de un concepto diferente; estamos hablando de un concepto, el Gobierno habla de evolucionar hacia un campus de la justicia en Santa Cruz. Por lo tanto, hay que analizar qué necesidades requiere ese nuevo modelo, ese cambio de concepto.
Y en esa decisión se tiene que acertar sobre qué parcela es la más adecuada y cuál es la ubicación más adecuada, en ese sentido se está trabajando con el ayuntamiento y con los operadores jurídicos, pero es al Gobierno al que le corresponde tomar la decisión. El ayuntamiento está colaborando, los operadores jurídicos están colaborando y el Gobierno ha de valorar y tomar su decisión. Desde nuestro grupo insistimos en lo que siempre hemos pedido, que se haga un esfuerzo de consenso para lograr lo que todos queremos: la mejor ciudad de la justicia para Santa Cruz. Y si se asume una decisión, que se asuma con todos los costes y todas las consecuencias, si esa decisión va a suponer cambios en planeamiento y los costes en tiempo que suponga, pero asumámoslos todos.
En cuanto a Puerto del Rosario, nos alegramos de que hayan culminado las gestiones para que el ayuntamiento haya puesto ya a disposición la parcela al Gobierno de Canarias. Nos gustaría que concrete cuáles son las previsiones, a la vista del anuncio publicado el pasado mes de febrero en el Diario Oficial de la Unión, sobre el concurso de ideas para el anteproyecto de este nuevo edificio, cuál es el presupuesto previsto para el concurso de ideas y cuál es el presupuesto previsto finalmente para la obra en la que se concrete ese palacio.
Y vamos terminando. No hay duda de que nos ha presentado un plan muy ambicioso, muy ambicioso en términos de infraestructuras, muy ambicioso en términos económicos y muy ambicioso en el plazo para su ejecución. Nos ha dado una visión global de las intervenciones que son necesarias en todas las islas y mi grupo ha visto cumplidas las expectativas de lo que esperábamos de esta comparecencia; que no era otra cosa que hacer un seguimiento del asunto, hacer un seguimiento de cómo iba el plan y cuál es el entramado de infraestructuras en el que se está trabajando para culminar la red en las islas, teniendo en cuenta, por supuesto, la realidad territorial del archipiélago. Habrán de resolverse muchas cuestiones, como la financiación -usted hablaba de más de 425 millones de euros en términos globales lo que esto podría suponer- y también la disponibilidad de las parcelas, porque hay que tener en cuenta que las parcelas, en la mayoría de los casos, no dependen del Gobierno y son otras administraciones las que tienen que cederlas.
Lo importante es que el Gobierno está en disposición de aprobar un plan y un diseño de cuál es el modelo de las infraestructuras judiciales que son necesarias para las islas y cómo llevarlas a cabo para que sean capaces de adaptarse y poder hacer frente a las nuevas exigencias de una Administración de justicia moderna y eficaz, donde se ahorren costes en alquileres, se ahorre consumo energético -¿nos puede ampliar ese concepto que usted apuntaba de consumo energético casi nulo?- y se mejore la situación en ámbito de trabajo de los profesionales de la Administración de justicia y se mejore el acceso a la justicia de los ciudadanos con unos edificios modernos y accesibles.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Tavío Ascanio): Para su segunda intervención, en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor don José Miguel Barragán Cabrera, consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
El señor CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD (Barragán Cabrera): Gracias, señora presidenta.
En primer lugar, llevo un año y algunos meses: es imposible que año tras año esté presentando un plan aquí, ¿vale? Segundo, porque no existía tal plan, y lo digo porque hay algunas intervenciones en ese sentido.
El plan de infraestructura judicial, hay un plan del año 2003 al 2010; después hay un vacío por el tema de la crisis y mi antecesor, en noviembre del año 2016, del año 2016, noviembre del año 2016, encarga la segunda fase del plan de infraestructuras para los próximos años. Y el arquitecto al que se le adjudicó la propuesta hace una previsión desde el año 2017-2018 hasta el año 2031-2032 en varias calificaciones: muy urgente, de alta necesidad, de media necesidad, de tal forma que se planifica lo que puede ser, en este caso, la planificación en esos años de cuáles son las prioridades con las obras.
Se han concentrado sus señorías en dos obras, en las dos que más hemos discutido aquí, y hemos pasado de puntillas. Como recordaba antes, el plan, me han pedido que lo plantee, efectivamente, no ha ido al Gobierno, la ficha financiera es la que he apuntado, aproximadamente, y efectivamente, en el plan tendrá que ir el cuadro de las prioridades y, por lo tanto, la asignación de las anualidades que podría llevar la construcción de ese edificio.
Vamos a ver, no se me podrá acusar a mí de no querer construir el edificio de la ciudad de la justicia de Santa Cruz de Tenerife de forma inmediata, precisamente por los mismos argumentos que algunas de sus señorías han dicho, ¿no? Más de diez años, esto es imposible, la cantidad de alquileres..., en todos esos argumentos coincidimos. Y, además, sabiendo que teníamos un suelo, propiedad de la comunidad autónoma, en Santa Cruz de Tenerife, que es apto desde el punto de vista de la movilidad y del número de metros cuadrados necesarios para hacerlo. Y, entre otros, ustedes, señorías, me pidieron oye, reflexiona, mira a ver si cabe alguna posibilidad de hacerlo en Cabo Llanos, y atendí a esa petición, sabiendo que la parcela que teníamos era una parcela muy complicada. Pero he aquí que el ayuntamiento dice oye, yo estoy dispuesto a negociar con la propiedad de ver la posibilidad de modificarla, y nosotros hemos hecho una contribución: hemos comprado una parcela que ya era nuestra y hemos puesto dinero a finales del año pasado para comprar la otra parcela de Gestur para que si el problema era la movilidad de la parcela educativa, la comunidad autónoma ha puesto ese recurso a su disposición.
¿En qué fase estamos ahora mismo? Llevamos varias reuniones con el ayuntamiento, con su equipo técnico. También la consejería está siendo asesorada por la Consejería de Política Territorial, porque, obviamente, hay parte de lo que son las consecuencias y las complicaciones urbanísticas sobre las que mi departamento no tiene por qué estar perfectamente documentado y buscamos esa documentación en Política Territorial. Estamos con ese asesoramiento.
La situación de resolverlo en Cabo Llanos no es tan fácil como simplemente tomar la decisión en Cabo Llanos o en El Sobradillo, ya les adelanto esa situación. Desde el punto de vista urbanístico, usted ha comentado la situación del plan. Afortunadamente, a la parcela que nos ocupa, tanto de El Sobradillo como esta, no le afectaría la modificación del plan y, por lo tanto, eso no es un impedimento para que podamos trabajar una u otra opción. También es verdad que el ayuntamiento está buscando la posibilidad de que en la modificación del plan general esto quede medio resuelto, pero tenemos algunos problemas. Es decir, todo ese complejo de ampliación de Santa Cruz también tiene muchos convenios, muchos acuerdos con los propietarios de las zonas que nosotros tendremos que saber cómo se resuelven. Porque, coincidirán conmigo, señorías, en que una cosa es que esta consejería se dedique a construir edificios de infraestructuras judiciales y otra es que convirtamos a la Consejería de la Presidencia en un promotor urbanístico de las zonas, en la que yo me vea como consejería llegando a acuerdos con terceros en las zonas de compensaciones como consecuencia de los acuerdos que estas personas adquirieron con el ayuntamiento en su día. Por lo tanto, todo eso hay que verlo con detenimiento antes de tomar una decisión.
Lo que sí hemos hecho, y anticipo la noticia, es que uno de los problemas también que se decía que no existía, la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz nos dice que sí puede ser un problema. Es decir, para colocar una infraestructura de ese tipo, con una concentración de gente en la misma parcela que teníamos, hay que hacer un estudio de movilidad, el mismo que se nos exigía para El Sobradillo, pero ahora para esta zona. El cambio de ubicación de la dirección de las calles y la falta de aparcamientos en la zona, aparte de los que pueda llevar el propio edificio judicial, hay que mirarlo con detenimiento. La consejería va a pagar el estudio de movilidad, va a incorporar ese estudio de movilidad en la zona para tener toda la seguridad sobre lo que vamos a hacer.
Y en esa fase estamos, ¿no? Estamos en esa fase de seguir estudiando esa cuestión. Por lo tanto, señorías, si me piden que estudie la situación y no tengo el suelo a disposición de la consejería, no me pueden decir que por qué no construyo el edificio. Si sus señorías se ponen de acuerdo, yo tiro para el Sobradillo sobre la marcha, porque allí tengo el terreno y podemos encargar el concurso sobre la marcha. Ahora, no me digan falta infraestructura, se está usted gastando dinero en alquileres y no construye el edificio. No, no: tenemos sitio donde construirlo, otra cosa es que no nos gusta ese sitio y queremos ver el otro.
Puerto del Rosario. En Puerto del Rosario, las negociaciones del ayuntamiento para el tema con los militares han concluido, está constituida la junta de compensación y, por lo tanto, ya hay acuerdo municipal de los terrenos puestos a nuestra disposición. Faltan algunos detalles y por eso estaban..., ya habíamos sacado el concurso de ideas en el boletín de la Unión Europea, y la idea que tengo es que ese concurso salga, aproximadamente, a finales de este mes, principios de abril, ya en nuestro boletín, para que se presenten las personas que quieran concursar a ese concurso de ideas. La idea es tener ese proyecto a finales de año y, efectivamente, ir a la adjudicación del concurso..., perdón, proyecto de construcción de la obra.
También, de forma paralela, afortunadamente, los militares nos han dejado entrar ya, se están haciendo todos los estudios de la parcela, veremos si hace falta hacer un estudio geológico también de la parcela y, por lo tanto, estamos trabajando de forma paralela para no perder tiempo.
Y el resto de las infraestructuras que se han comentado aquí, hay gente que nos ha planteado el tema de los alquileres de las nuevas sedes judiciales. Obviamente, tendremos que ir a nuevos alquileres en Santa Cruz de Tenerife para albergar los juzgados de nueva creación en el municipio de Santa Cruz de Tenerife.
Creo que le he contestado a la portavoz de Nueva Canarias sobre el tema de El Sobradillo y Cabo Llanos y cómo surge el documento. Y, por supuesto, en el documento analizaremos, no tengan cuidado, desde que esté aprobado por el Gobierno, tiene también una memoria de qué edificios judiciales se han construido, cuánto han costado esas construcciones y remodelaciones durante el periodo 2003 y, en este caso, hasta el 2017. Porque, aunque hubo una época de crisis, también se fueron culminando y rematando algunas de las infraestructuras que quedaban pendientes. Y por lo tanto, sobre El Sobradillo y Cabo Llanos, yo no he cambiado de opinión; lo que he sido es serio, atender una petición que me hacía incluso alguna de sus señorías, también los responsables que operan en el mundo judicial en Santa Cruz y comprometerme a estudiar esa parcela antes de ir a otra.
En el caso de Santa Cruz..., la portavoz de Podemos, la idea que nosotros tenemos con el tema de Santa Cruz, señoría, es que el Instituto de Medicina Legal también se construya nuevo, porque coincidimos plenamente con el análisis que se ha hecho del Instituto de Medicina Legal.
Y en el caso del Partido Popular, ya le insistí antes, no estamos en un plan todos los años, y he comentado también su preocupación tanto por Puerto del Rosario como el palacio de justicia.
El portavoz del Partido Socialista me reprocha que no lo tuvieran ahora en este momento y yo lo reconozco: el plan no está aprobado por el Gobierno. Me han pedido una información preliminar, pero espero poder llevarlo pronto al Gobierno y que sus señorías cuenten con el plan íntegro, ficha por ficha, en este caso, evaluando cada una de las actuaciones que queremos hacer, y ahí, en ese momento, pues, me brindo también a la posibilidad de tener una segunda comparecencia y ampliar, ya con el plan aprobado, qué es lo que se puede hacer y si las prioridades son las que están planteadas.
Me planteaba también la portavoz del Grupo Nacionalista Canario alguna pregunta en concreto. Porque en estas construcciones a partir del año 2018 también queremos ser, desde el punto de vista energético, eficientes, ¿no? Ya algunos de nuestros edificios plantean eso, pero es verdad que el término de energía "casi nulo" puede sonar a raro, pero en realidad es un término que aparece en el Real Decreto 56/2016 que define las características de las auditorías energéticas, y que es un concepto que viene, en este caso, de la Directiva 2010 de la Unión Europea, del Parlamento Europeo y del Consejo del 19 de mayo de ese mismo año, relativa a la... (Corte de sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo. La Presidencia le concede un minuto adicional). Y, por lo tanto, la idea es que, también en este caso, todos los edificios de nueva construcción y la adaptación de los viejos, vayan también a la mejora del consumo energético de todos esos edificios.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Tavío Ascanio): Pasamos a la siguiente comparecencia.