Diario de Sesiones 113, de fecha 10/4/2018
Punto 33
9L/C-1703 COMPARECENCIA DEL GOBIERNO -CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD-, INSTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO NACIONALISTA CANARIO (CC-PNC), SOBRE EL II ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO Y DE CONDICIONES DE TRABAJO Y SU INCIDENCIA PARA LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.
La señora PRESIDENTA: La última comparecencia que creo que nos permite el orden del día de hoy, que sería la 1703, a instancias del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, al consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, sobre el segundo acuerdo... (Rumores en la sala). Decía, sobre el segundo acuerdo para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo y su incidencia para la Comunidad Autónoma de Canarias.
Para la defensa de la misma, señora Beato, cinco minutos.
La señora BEATO CASTELLANO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, señor consejero, el pasado 9 de marzo se suscribía el acuerdo alcanzado entre el Gobierno de España, a través del ministerio de Hacienda y Función Pública, y las organizaciones sindicales, Comisiones Obreras, UGT y CSIF. Se trata del segundo acuerdo para la mejora del empleo público y de condiciones de trabajo. En su parte expositiva, fundamenta que es posible porque estamos en un escenario de mejora de la situación económica y presupuestaria. Asimismo, pone de manifiesto el reconocimiento a la labor del personal al servicio de las administraciones públicas y su compromiso con los valores del servicio público. Reconoce el esfuerzo colectivo que han realizado los empleados públicos en los años más duros de la crisis como contribución al interés general y a la mejora de la situación económica.
Compartimos esa afirmación: los empleados públicos han contribuido a que España salga adelante, como también lo han hecho pensionistas, autónomos, pequeñas y medianas empresas, familias y, sobre todo, los más débiles. Sin lugar a dudas, el esfuerzo colectivo ha sido de toda la sociedad española.
Este acuerdo se une al primer acuerdo alcanzado en marzo del 2017, que se denominó, entonces, "Acuerdo para la mejora del empleo público". El segundo, que hoy analizamos, incluye el matiz de la mejora de las condiciones de trabajo. Al grupo nacionalista este acuerdo nos parece una buena noticia, como fue una buena noticia el del pasado año. Primeramente, porque es fruto del consenso entre el Gobierno y los sindicatos más representativos; en segundo lugar, porque es un síntoma claro de que las cosas parece que comienzan a cambiar, después de tantos años de una legislación estatal que obligo a comunidades autónomas y a corporaciones locales a eliminar derechos a los empleados públicos, años de pérdida de poder adquisitivo por las bajadas y la congelación del salario también impuestas -incluso la imposición de la eliminación de la paga extra, que luego hubo que devolver-, de congelación de plantillas por la imposición del Estado, limitando las tasas de reposición e impedir cubrir las jubilaciones. Después de años de secuestro, por el Estado, de la capacidad y la autonomía de la negociación colectiva, después de todo esto, estos acuerdos apuntan a un cambio de tendencia. Por tanto, no podemos más que aplaudir un acuerdo en el que se recogen mejoras en el empleo y en las condiciones de trabajo, en el que se incluyen incrementos salariales, donde se incorpora la reducción de la temporalidad y la estabilidad en el empleo público, en el que se incrementan las tasas de reposición, por el que se puede recuperar la capacidad y la autonomía para la negociación colectiva.
Sin embargo, también tenemos algunas observaciones que hacer a este acuerdo. En nuestra segunda intervención, comentaremos algunas cuestiones que nos llaman la atención y que nos producen algunas reservas. Consejero, nuestro grupo parlamentario le ha pedido esta comparecencia para conocer las impresiones del Gobierno de Canarias respecto a este segundo acuerdo marco y, sobre todo, cuáles son las implicaciones del mismo para la Comunidad Autónoma de Canarias, especialmente en materia presupuestaria, por el alcance que puedan tener los acuerdos en materia retributiva y los incrementos que prevé.
Y por otra parte, quizá pueda también explicarnos en esta comparecencia qué camino tenemos ya recorrido y cómo se ha avanzado en Canarias en el cumplimiento del primer acuerdo marco del pasado año 2017.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Beato.
Turno para el Gobierno, señor consejero.
El señor CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD (Barragán Cabrera): Buenas tardes, señora presidenta, señorías.
El Gobierno de Canarias valora el segundo acuerdo de mejora de empleo público, firmado entre la Administración del Estado y las organizaciones sindicales más representativas a nivel estatal, como bien se ha dicho el pasado mes de marzo, de forma positiva. Y esto es así porque supone un paso decisivo hacia la recuperación de los derechos de los empleados públicos tras varios años de restricciones derivadas de la situación económica, y compartimos que es de justicia comenzar a devolver a los empleados públicos parte de su sacrificio por superar la crisis económica.
Qué duda cabe de que constituye un elemento motivador que redunda en la mejor prestación de los servicios públicos la mejora de las condiciones de trabajo de los empleados públicos en aspectos tan esenciales como sus retribuciones, sus horarios de trabajo y sus derechos de conciliación con la vida personal y familiar.
En primer lugar, aplaudimos que se amplíe el margen de reposición de efectivos. El Gobierno de Canarias ha venido manifestando reiteradamente que lo deseable sería la desaparición de las llamadas tasas de reposición. Pero cualquier ampliación de las mismas, como la que se prevé en el segundo acuerdo, es una buena noticia para Canarias, porque, por un lado, permite una mayor reposición de efectivos perdidos y con ello una mejor dotación de recursos humanos y, por otro, porque el empleo público es un buen generador de empleo.
Así pues, Canarias está en condiciones este año de aprobar una oferta pública de empleo ordinaria, vinculada a la reposición de efectivos, y también una oferta adicional de plazas para la estabilización del empleo temporal. Al hilo de esto último, también valoramos que el segundo acuerdo universalice el proceso de estabilización del empleo temporal, abarcando ahora el conjunto de la Administración pública, porque ello nos va a permitir reducir la tasa de temporalidad en todos los sectores de la actividad pública, incluido el sector empresarial y fundacional público.
No podemos negar el hecho de que, en los últimos años, fruto de las restricciones en materia de gasto de personal, Canarias ha visto aumentado su empleo público temporal en sectores tan esenciales como la educación, la sanidad y los servicios sociales, y ahora el inicio de una recuperación económica nos debe llevar a reducir las tasas de temporalidad en el empleo público, lo que va a suponer un efecto positivo muy importante en la organización, un empleo estable es garantía de un servicio público eficiente y de calidad.
Valoramos también la recuperación retributiva que emprende el segundo acuerdo firmado, porque, de hecho, se une al camino emprendido por parte de esta comunidad autónoma, en la que, por ejemplo, en los presupuestos de este año se han implementado importantes medidas retributivas. El Gobierno de Canarias cumplió en 2017 con el aumento retributivo derivado del primer acuerdo y plasmado en los presupuestos generales del Estado, y cumplirá en 2018 con el aumento retributivo previsto en el segundo acuerdo. En efecto, el segundo acuerdo prevé un aumento retributivo del 1,5 % y es factible asumir esta medida porque, de hecho, los presupuestos de Canarias para este año ya lo prevén.
El segundo acuerdo prevé la posibilidad de alcanzar un aumento adicional del 0,25 % en función de la evolución del producto interior bruto y, si bien habrá que esperar a lo que finalmente determinen los presupuestos generales del Estado, las cuentas de Canarias estarían preparadas para hacer frente a ese aumento adicional.
El Gobierno de Canarias valora también que el Estado devuelva a las comunidades autónomas su autonomía en la negociación y regulación de aspectos esenciales del empleo público -como ha comentado la diputada Socorro Beato- como son los relativos al horario y jornada de trabajo, las retribuciones a percibir en caso de baja médica, las medidas de conciliación, entre otros. Ámbitos de negociación que eran suyos antes de la crisis económica y que ahora son devueltos.
Así pues, el Gobierno de Canarias ha venido manifestando en diferentes foros, y en especial en las mesas de negociación, su firme voluntad de abrir un proceso de negociación en todas las materias abordadas por el segundo acuerdo. De forma prudente y razonable, entendemos, como, de hecho, así lo han manifestado todas las administraciones autonómicas y la estatal en el seno de la Comisión de Coordinación de Empleo Público, que debemos esperar a la aprobación de los presupuestos generales del Estado para este año y exactamente en qué términos son aprobados, o, en su defecto, de no aprobarse, qué medidas del segundo acuerdo finalmente llevará el Estado a alguna norma con rango de ley.
No podemos negar en este sentido que existe un razonable margen de incertidumbre en cuanto a la forma y a los tiempos en que el segundo acuerdo de mejora del empleo público verá la luz. Es, por lo tanto, una voluntad prudente la que tiene el Gobierno de Canarias, siendo además conscientes de que la posibilidad de implementar buena parte de las medidas previstas en el segundo acuerdo surge como consecuencia de que somos una autonomía cumplidora con el gasto público y que, por lo tanto, las mejoras que se implementen deben ser el resultado de un equilibrio entre el merecido reconocimiento a los empleados públicos y la garantía, y la garantía, de seguir siendo una comunidad autónoma alineada con sus obligaciones financieras y presupuestarias.
No cabe la menor duda de que la implementación del segundo acuerdo supondrá un impacto organizativo y económico para la Administración pública de Canarias para la que hay que prepararse y hay que articular de forma escalonada.
Especial consideración debe tenerse en relación con los aumentos retributivos que el segundo acuerdo prevé para los siguientes ejercicios, porque ello trae consigo un innegable aumento del capítulo I de nuestro presupuesto y, por lo tanto, habrá que analizar con detalle cómo seguir garantizando, por una parte, los servicios públicos esenciales y, por otra parte, darle solución a lo que dice este segundo acuerdo. El resto de las medidas previstas en el segundo acuerdo, como son la posibilidad de reducción de la jornada anual en el sector público, la complementación hasta el 100 % de las retribuciones en caso de incapacidad temporal, la posibilidad de dotar fondos adicionales para la acción social o la revisión de los complementos retributivos supone igualmente un doble impacto. Un impacto económico que el Gobierno de Canarias ha de ponderar para poder saber exactamente hasta dónde puede llegar esta comunidad en los próximos ejercicios presupuestarios sin poner en riesgo la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera, así como la prestación de los servicios públicos esenciales. Y un impacto en la organización, pues alguna de las medidas propuestas, como ustedes habrán visto ya, señorías, inciden en el tiempo efectivo de prestación de servicios y existen sectores de la Administración, como la sanidad y la educación, que son más sensibles a este tipo de medidas por lo que exige un mayor esfuerzo de análisis, prudente, y de corresponsabilidad que el Gobierno de Canarias entiende que van a hacer suyos también todos los agentes actuantes en el reto histórico de mejorar el empleo público en Canarias.
Por ahora, nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor consejero.
Intervención ahora de los grupos.
Grupo Mixto, señora Mendoza.
La señora MENDOZA RODRÍGUEZ: Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señor consejero.
Anunciar públicamente un incremento de las retribuciones de los empleados públicos del 8,75 % en tres años se trata de un mensaje, como mínimo, con poco rigor. Y lo digo porque en realidad la parte segura es del 6,5 %; el resto, el 1,5 % evolucionará paralelamente al comportamiento del PIB, mientras que el 0,55 % se vinculará íntegramente al cumplimiento del objetivo de déficit de las administraciones públicas en 2020.
Aunque el acuerdo no hace ninguna referencia a la evolución del IPC, se tiene que contemplar para poder saber si en realidad se va a recuperar el poder adquisitivo perdido. Basándonos en los datos sobre variación del IPC que facilita el INE y sin olvidar el recorte que aplicó el Gobierno de Zapatero en 2010 y sin olvidar otros recortes aplicados por la comunidad autónoma, podríamos cuantificar la pérdida del poder adquisitivo más o menos en un 16 %. El acuerdo contempla un aumento salarial si el PIB experimenta unos incrementos del 3,1, del 2,5 y 2,5 % para 2017, 2018 y 2019. Atendiendo a las previsiones del incremento del PIB, según diversos organismos, haremos un ejercicio de imaginación y supondremos como válida la media y le aplicaremos las proporciones en función de la evolución del PIB. El aumento retributivo del periodo de vigencia del acuerdo es de un 0,85 % adicional que, sumado al aumento fijo, da una cantidad global de un 3 %. El acuerdo, además, contempla un aumento del 0,55 aplicado en 2021 si se cumple el objetivo de déficit público en 2020. El objetivo de déficit de las administraciones públicas para 2020 se sitúa, según varios organismos, en un amplio abanico de cifras negativas que, a simple vista, hacen difícil creer que pueda cumplirse el objetivo de déficit en 2020, cuanto menos porque podemos entrar en un periodo de desaceleración económica, tal y como indican los datos de evolución del PIB.
El contenido retributivo del acuerdo es confuso y está sujeto a excesivos condicionantes futuros que solo se confirmarán, o no, con el paso del tiempo. El aumento retributivo del personal de las administraciones públicas que anuncian, superior al 8 % en tres años, puede quedarse en un 3 % si la evolución de los macroindicadores económicos, tanto del IPC como del PIB o del déficit público, no es muy favorable y todo apunta a que hay muchas posibilidades de que así sea.
Y respecto a la tasa de reposición, es una obviedad que la prestación de servicios públicos de calidad requiere no solo mantener las plantillas actuales, sino que en muchos casos es imprescindible aumentarla para entender el incremento de demandas y el establecimiento de nuevos servicios. Esta premisa es válida...
La señora PRESIDENTA: Señora Mendoza, muchas gracias. Sabe que con los tres minutos no damos más tiempo, lo siento.
Turno ahora para el Grupo de Nueva Canarias, señora González.
La señora GONZÁLEZ GONZÁLEZ (doña María Esther): Gracias, presidenta.
Señor consejero, el 9 de marzo se firmó el segundo acuerdo general de la Función Pública y esto es, obviamente, una muy buena noticia. Pero de la misma manera que eso es una buena noticia -que es indudable que es una buena noticia- entiendo que también es indudable que el oportunismo electoralista de esta medida que no tiene otra razón que la minoría con la que gobierna el señor Rajoy necesita urgentemente llevar a cabo un golpe de efecto y, además, más aun después de la revuelta de los pensionistas. Lo que no nos dice el Gobierno de España y no nos dice el señor Rajoy es qué es lo que va a explicar..., es más, qué es lo que va a explicar y cómo va a convencer el hecho de a los funcionarios les suban, teóricamente, un 8,79 % en tres años mientras que a los otros, a los pensionistas, pues se les suba bastante menos, un 3 % las pensiones más bajas y hasta el 1 % de las pensiones entre 9800 y 12 400 euros.
Lo de mi palabra "teóricamente", pues, para no repetirme, asumo el planteamiento o la exposición que ha hecho la portavoz del Grupo Mixto porque, efectivamente, si tomamos ajustes sobre el 8,79, pues se nos puede quedar en un 2,69 %. En cualquier caso, el documento dice que el acuerdo tiene su razón de ser en la mejora de la situación económica y presupuestaria y en reconocimiento de la aportación que ha supuesto el trabajo de los empleados y empleadas al servicio de las administraciones públicas para haber alcanzado la situación económica actual. Y yo lo que me pregunto es: ¿es que los pensionistas, los que en estos momentos son pensionistas, mientras estaban en activo -porque hay que reconocer que muchos de ellos, además, eran funcionarios públicos-, no contribuyeron a sostener el país y no pusieron su granito de arena para que España mejorara la situación económica?
Yo le reitero: muy buena noticia el acuerdo 2018-2020 sobre empleados públicos, sobre todo porque supone eliminar tensiones y crispación entre el Gobierno de España y los empleados, pero es falso que el acuerdo sea fruto de un reconocimiento de la labor de los trabajadores públicos y del compromiso con los valores de servicio público, el acuerdo ha sido fruto de esa necesidad de contrastar la rebelión de los pensionistas.
En cualquier caso, usted ha dicho que, efectivamente, va a suponer un coste que en el 2018, yo entendía que en el presupuesto estaba asumido un 1 % no el 1,5, pero, en cualquier caso, ha pasado un mes desde la firma de este acuerdo y entiendo que ya tenían que tener una previsión económica, no era analizar de aquí al futuro. Tener una previsión económica de cuál va a ser el coste en el 2018, en el 2019 y en el 2020, porque no solo es el coste de la subida salarial es el coste de lo que significan la reducción de horas de trabajo y la reducción por conciliación. A mí me gustaría que nos dijera o nos avanzara cuál va a ser ese coste.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora González.
Turno ahora para el Grupo Podemos, señora Monzón.
La señora MONZÓN NAVARRO: Buenas tardes a todos y a todas.
En tres minutos va a ser imposible que podamos desgranar este segundo acuerdo, pero tendremos ocasión de hablar en materia de personal de lo que nos viene de ahora en adelante.
Sí decir, en grandes pinceladas, que, bueno, habla de mejora del empleo público y realmente nosotros somos muy críticos, este acuerdo no mejora el empleo público. El retomar otra vez la negociación, un derecho que era de los empleados públicos en Canarias, evidentemente, era un derecho, con lo cual es recuperar lo que se tenía que tener..., es decir, esa negociación, que se usurpó por parte del Estado por medio de un decretazo, la pérdida de derechos. La propia negociación tiene que ser una realidad evidentemente, no solo en las retribuciones sino también en la penalización, como decía, cuando se está de baja por enfermedad, en la jornada, en todos los permisos y licencias, conciliación de la vida laboral, etcétera, etcétera.
Sí nos preocupan algunas otras cuestiones dentro de este acuerdo que tienen que ver más con la Comunidad Autónoma de Canarias, y estoy en una cosa de acuerdo con usted, sin que sirva de precedente, y es con respecto a la desaparición de la tasa de reposición, algo que no entendemos cómo todavía es el Estado quien define cuál es la tasa de reposición en cada una de las administraciones cuando la realidad es muy diferente. En Canarias tenemos una realidad muy específica, y es que tenemos, en el ámbito de la Administración general, que sería el apartado en que le correspondería competencia a la Dirección General de Función Pública y su consejería, tenemos más de 7000 laborales y 3600 funcionarios, esta es la realidad que tenemos, y una tasa de temporalidad enorme.
Aparte de esa temporalidad, de la que hablaré en un momento, decir también que tenemos un envejecimiento de nuestros empleados públicos. En quince años se nos podrá jubilar el 50 % de los empleados públicos que tenemos en Canarias, ¡en quince años, esto es un problema tremendo! Yo no sé qué previsión tiene el Gobierno de Canarias con respecto a esta situación, pero, tal y como está la tasa de reposición en estos momentos y solo el incremento del 18 % que nos da el Estado, significa que vamos a tardar en recuperar la plantilla que hemos perdido durante todos estos años de crisis, más esta jubilación que tendremos dentro de quince años, vamos a tardar cincuenta y seis años como sigamos con la misma tasa de reposición. Y esto, evidentemente, lo que va a suponer es que desaparece la Administración pública tal y como la conocemos, al final se van a externalizar todos los servicios, que no sé si es realmente lo que quiere el Partido Popular a nivel del Estado con este acuerdo.
Yo, como le decía, con respecto al empleo temporal en Canarias, somos muy críticos también. Tenemos un problema tremendo con el tema de la temporalidad en Canarias, sabemos que hay una mesa técnica, que ahora está paralizada por una sentencia de las RPT, porque tampoco sabemos las plazas. Tenemos otro problema, que son los indefinidos por sentencia que no están ocupando ninguna plaza por una mala praxis, en general, en todos estos años del empleo público y, evidentemente, con la gran temporalidad que tenemos -estamos hablando de más de 3800 empleados públicos que son temporales-, no sabemos exactamente cuáles son los procedimientos. Sabemos que hay una propuesta, en este caso, de sindicatos que tienen representación en Canarias -Intersindical Canaria, Sepca y Cobas- y queríamos saber si hay alguna valoración por parte del Gobierno sobre este acuerdo.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Monzón.
Turno ahora para el Grupo Popular, señor Estalella.
El señor ESTALELLA LIMIÑANA: Gracias, señora..., no sé cómo llamarla ya... "Señora presidente", me sale así, pero, bueno.
Señorías, buenas tardes, o buenas noches casi.
Señora Monzón, estoy de acuerdo no hay tiempo suficiente, no; es imposible, ¿no?, hablar de esto en tan poquito tiempo.
Y, señora Mendoza, si se reduce el salario, palo, bien; si se mantiene el salario de los empleados públicos, palo; y si se incrementa, palo también al Partido Popular. La verdad es que a veces no entiendo cómo funciona este negocio.
Este acuerdo viene a demostrar que la apuesta, en su momento, no era equivocada. O sea el Gobierno de Mariano Rajoy tuvo la valentía de tomar las decisiones adecuadas para lograr la situación de la que ahora disfrutamos. Es que nos olvidamos de muchas cosas. Cierto es que hay muchos asuntos que arreglar aún, pero no es menos cierto que sin esas decisiones hoy no estaríamos hablando de crecimiento ni de este acuerdo; a lo mejor siquiera estaríamos hablando de plena autonomía en la dirección económica de este país, quién sabe, pero ese escenario que ahora nos parece imposible era muy probable en aquellos momentos. Ahora toca recoger los frutos de los esfuerzos, devolver a los colectivos que más se sacrificaron en aquel momento y, entre ellos, el de los empleados públicos.
Para los empleados públicos este acuerdo es bueno, tanto para ellos como para la Administración y los administrados. Para los empleados, porque se fijan subidas salariales que pueden llegar -pueden llegar- a un acumulado del 8,79. Y para la Administración, porque impulsa el desarrollo de una manera adecuada y eficiente, la planificación de los recursos humanos y la adecuación de las plantillas a las necesidades reales de los ciudadanos. También a las administraciones cumplidoras, que podrán alcanzar una tasa de reposición más allá del 100 % en algunos casos. Y también en las incumplidoras, que tendrán sus limitaciones. Y otorga capacidad de negociación colectiva a cada Administración pública para establecer otras jornadas de trabajo, reparto anual de la jornada de trabajo, atender las necesidades de los ciudadanos, de los trabajadores para sistemas específicos de jornada continua en el cuidado de hijos menores de 12 años, conciliación para el cuidado de personas mayores, discapacitados, etcétera. En definitiva, un avance extraordinario en el ámbito salarial y en el impulso del empleo público.
Deseamos que el Gobierno de Canarias haga un buen uso de las capacidades que este acuerdo le otorga en materia de reestructuración de la jornada laboral y de la capacidad que le atribuye en materia de reposición de plazas y creación de nueva plantilla.
Termino manifestando que, esta cantinela que muchos susurran, de la que el estribillo es el Partido Popular es el enemigo del trabajador y el ogro del empleado público, demuestra este documento exactamente lo contrario, que el Gobierno Popular es un Gobierno responsable, que toma decisiones que son sostenibles en el tiempo y que no gobierna, como otros, de cara a la galería pensando simplemente en los titulares periodísticos para llevarnos a una década desastrosa.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor diputado.
Yo no tengo duda de cómo llamarle, "señor diputado", como tampoco tengo duda de cómo se llama la señora presidenta del Congreso de los Diputados: "señora presidenta del Congreso de los Diputados". Muchas gracias.
Continuamos. Grupo Socialista, señor Matos.
El señor MATOS EXPÓSITO (Desde su escaño): Señora presidenta.
La verdad es que uno no deja de asombrarse, ¿no?, porque tenemos la suerte de tener a la primera presidenta del Parlamento de Canarias a lo largo de su historia y que algunos traten de hacer bromas en relación con la denominación del cargo que ocupa la presidenta a mí me parece que eso forma parte de otro sitio. Y no deja uno de sorprenderse de que esto ocurra. Así que nuestra solidaridad, nuestro respeto hacia la presidenta de esta Cámara: la primera mujer que la preside desde que comenzó esta etapa democrática.
Miren, por supuesto, yo no le voy a hacer la broma al consejero que le hice esta mañana al de Industria y Energía sobre si era un mal o buen cocinero, porque me consta que usted es un buen cocinero, así que no se la voy a hacer. Miren, la realidad de las cosas es que, en este país, desgraciadamente, cuando se intentan o se empiezan a recuperar determinados derechos sociales, al final terminan siendo vinculados a si nos van bien o mal las cosas. Lo ha descrito perfectamente la portavoz de la Agrupación Socialista Gomera. Bien el incremento salarial de los empleados públicos, por supuesto, ¿quién no se va a alegrar, señor consejero?; pero lo cierto es que se ha vinculado a si nos van bien las cuentas. Es decir, la crisis la pagamos entre todos, entre todos rescatamos a los bancos, entre todos, incluidos los trabajadores públicos, a través de sus impuestos, les hemos soltado una pasta indecente a las entidades financieras de este país para recuperarlas. Pero cuando la recuperación empieza a ser una realidad, sobre las espaldas de los trabajadores de este país, se les dice "oigan, ahora que empieza a ir bien, ya veremos si les vamos subiendo el sueldo en función de que se vayan cumpliendo o no los objetivos de déficit, si nos va bien el producto interior bruto, etcétera, etcétera". ¿De verdad que los salarios, por ejemplo, de los altos directivos del IBEX 35 o de los altos directivos de esos bancos a los que rescatamos con dineros públicos están vinculados al PIB, verdad que no? ¿Por qué siempre el lado estrecho del embudo para los que tienen que soportar sobre las espaldas de su trabajo diario el rescate social de este país? Eso es una medida injusta, por donde se mire. Y, además, es irse de fiesta y que lo paguen los demás. El Gobierno ha dicho le voy a subir el salario a los empleados públicos, bienvenido, pero que lo paguen las comunidades autónomas. Y no nos dicen cómo. Encima nos aprietan, desde el punto de vista de las cuentas, para que las comunidades autónomas cumplan, cuando el primer incumplidor del objetivo de déficit precisamente ha sido el Gobierno de España.
Así que buenas noticias, sí, pero las tomamos con precaución. Le animamos, al consejero, a que no pierda de vista la letra pequeña de ese acuerdo y veremos qué efectos reales tendrá en los empleados públicos de Canarias.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Matos, agradezco también sus palabras.
Grupo proponente, Nacionalista. Nuevamente, señora Beato.
Diez minutos.
La señora BEATO CASTELLANO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, señor consejero.
Nuestro grupo coincide y comparte la mayoría de las observaciones que ha hecho el resto de grupos parlamentarios. En definitiva, escepticismo, incertidumbre, prudencia y responsabilidad también en la lectura del acuerdo.
Decíamos en nuestra primera intervención que nos parecía un buen acuerdo, pero que tenemos nuestras reservas al respecto. Veamos. Se pone el énfasis en las mejoras retributivas con un horizonte temporal a tres años, 2018-2020, compuesto por una parte fija y una parte variable, ligada -la variable- al crecimiento de la economía española y, en el caso, del tercer ejercicio, del 2020, también al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria previstos en la ley orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Además, aparece un concepto de la posibilidad de que algunas administraciones públicas incluyan también fondos adicionales.
Por primera vez hay una vinculación de los incrementos salariales a la evolución del producto interior bruto, de forma que la mejora de la economía -dice el acuerdo- se pueda trasladar a las retribuciones. En 2018, los empleados públicos podrán llegar a percibir, entre fijo y variable, hasta un 1,75 % más en sus nóminas. En el 2019, hasta un 2,50 % más en sus nóminas y, en el siguiente año, la subida podría llegar hasta el 3,85 %. Al final del acuerdo, los empleados públicos podrían alcanzar una subida acumulada del 8,79 % de salario. Y decimos "podrían" porque solo se sumarán la parte variable y los fondos adicionales si se cumplen las previsiones económicas, es decir, el crecimiento del PIB, que se fija en el acuerdo para cada año, además del cumplimiento del objetivo de déficit en el año 2020.
Visto esto, largo me lo fiais. Esperemos que no se convierta en el cuento de la lechera. En primer lugar, porque las medidas con impacto económico están supeditadas, primeramente, a la aprobación de los presupuestos generales del Estado, cuyo desenlace es, cuando menos, incierto en la actual situación parlamentaria, con la crisis catalana y hasta la última crisis de los másteres. Y no queremos pensar que sea una medida electoralista del señor Montoro, consciente de la dificultad para llevarla a cabo.
En segundo lugar, porque están condicionadas al cumplimiento de los requisitos de estabilidad presupuestaria y de déficit público. Nos preocupa que puedan darse discriminaciones entre administraciones o que la mala gestión de algunos la acaben pagando los empleados públicos. O que las comunidades mejor financiadas tengan más recursos para incentivar a su personal. En definitiva, empleados públicos de primera y de segunda, si se comparan nóminas y posibles derechos.
Y aquí entramos en otra de las medidas: la negociación colectiva. Se devuelve a las administraciones públicas la negociación colectiva, pero también condicionada a que se cumplan las reglas de estabilidad presupuestaria y del déficit. Las comunidades y ayuntamientos que cumplan las tres reglas de déficit, deuda y gasto tendrán capacidad para negociar, el resto no tendrá capacidad para negociar y no recuperarán derechos. También en esto tenemos que mostrar reticencias, porque la negociación colectiva dependerá de dos partes, requiere de más tiempo y consenso. Otra vez, largo me lo fiáis. Pero sobre todo nos preocupa que de lugar a grandes diferencias entre empleados públicos y, por tanto, al éxodo y al cruce de unos y otros entre administraciones, de manera que los empleados se vayan a donde las administraciones tienen mejores condiciones laborales.
En cuanto a la creación de empleo y el incremento de las plantillas, vemos positivo que, por fin, en el año 2018, se incremente la tasa de reposición de efectivos hasta el 100 %; aunque también se vuelve a condicionar a que se cumplan los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y distingue entre administraciones cumplidoras y no cumplidoras. Y es positivo, no obstante, también, que para la Policía la tasa de reposición pueda alcanzar el 115 %, una oportunidad, antes hablábamos de los mermados efectivos de las policías locales, y es una oportunidad de incrementar los efectivos en los ayuntamientos y también en nuestra policía autonómica. Aquí la dificultad puede venir, además, en cómo se va a gestionar ese ingente número de plazas y la cantidad de procesos selectivos que habrá que convocar.
En cuanto al proceso de estabilización, se extiende a todos los colectivos y sectores de las administraciones públicas y a todo su sector público -el año pasado era solo la Administración general, ahora incluye también empresas y entidades- de todas las plazas desempeñadas de forma temporal hasta el 31 de diciembre del 2017.
En este punto, le queremos preguntar cómo va el proceso en la Comunidad Autónoma de Canarias. Hay unas medidas en la ley de presupuestos incorporadas en las enmiendas y queremos saber cómo va ese proceso.
Vamos terminando. En definitiva, son todo buenas medidas: incremento de salarios, incremento de plantillas, estabilidad del personal temporal y estímulos a los empleados públicos. Sin embargo, hemos visto que hay matices a cada una de ellas, sobre todo porque, con algunas medidas, más parece aquello de que el Estado nos ha invitado a todos a comer, pero es el que elige el restaurante, el que elige el menú a la carta y serán el resto de administraciones públicas las que paguen la cuenta y recojan la mesa, y las que tendrán que aguantar la enorme presión que... de sus empleados públicos y afrontar los costes derivados de estos acuerdos.
Por otra parte, nos preocupa que se demonice a los empleados públicos. Esto no nos parece un tema menor. El acuerdo puede fomentar y, de hecho, fomenta prejuicios respecto a los empleados públicos y da lugar a que sean vistos como privilegiados, cuando de lo que se trata es de recuperar derechos, de recuperar de los recortes de la crisis. Seguiremos apoyando que la recuperación económica llegue a los empleados públicos pero que llegue también a los pensionistas, que llegue también a los autónomos, que llegue también a los más débiles y al común de los ciudadanos, de todos los ciudadanos, que también han hecho un esfuerzo importante.
Finalmente, algo que nos parece también importante: echamos de menos medidas para el desarrollo de verdaderas políticas de gestión de personal. Estos acuerdos no abordan medidas para mejorar la gestión del empleo público, ni preparan a la Administración pública ni a los empleados públicos para hacer frente a la modernización de la Administración pública. Nos referimos al necesario desarrollo del tantas veces olvidado Estatuto Básico del Empleado Público en asuntos como la ineludible implantación de medidas para la evaluación del desempeño. Se pierde la oportunidad de abordar la carrera profesional para premiar a los mejores, fomentar la formación, la capacitación y la especialización de los empleados públicos, en definitiva, medidas no tanto cuantitativas como cualitativas para avanzar en la mejora de la Administración pública. Todas estas y muchas más cuestiones, que son de fondo, que son estructurales, no las aborda este acuerdo, y en esto tenemos que ser críticos. Nos parece que ya es hora de abordar, de acometer también esas cuestiones.
Y finalmente, echamos de menos una mayor apuesta por la igualdad entre hombres y mujeres. Es verdad, el acuerdo se firmó el 9 de marzo, después de la jornada sin precedentes del Día Internacional de la Mujer, y esperamos que el Gobierno de España haya tomado nota de lo que ocurrió el día 8 de marzo en las calles y de lo que pasó y que esas medidas también se tengan en cuenta, se adopten medidas en el empleo público y en las administraciones públicas.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Beato.
(El señor Estalella Limiñana solicita la palabra).
Turno ahora... Señor Estalella, me está levantando la mano, ¿quiere decir algo? Dígame.
Como no es habitual, no está ni el micrófono preparado...
El señor ESTALELLA LIMIÑANA (Desde su escaño): Sí, pero como tampoco es habitual que yo tenga un rifirrafe con la señora presidenta, porque no es mi manera de ser, simplemente quería manifestarle que, en ningún caso, quería molestarle, simplemente seguir con el pequeño debate que hay acerca de cómo llamarla.
Yo, a pesar de que el término "presidente", la denominación es neutra y con el "señora presidente" delante entendía que estaba bien. Usted, entiendo que se entiende más cómoda con el "señora presidenta"; yo, a partir de ahora, haciendo caso a su manera de entender su posición, pues, adoptaré esta manera de llamarla.
Y si le he faltado en algo, le pido mis..., humildemente... (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señor Estalella, no entienda mis palabras como un rifirrafe con usted, nada más lejos de mi intención. Sabe que no suelo intervenir en los debates, no lo hago, pero en esta ocasión había una alusión directa, en distintas ocasiones a lo largo de la sesión plenaria de hoy. Y le aseguro que no es una cuestión de comodidad, es una cuestión de reivindicación, que es diferente y es distinto.
Por tanto, entiendo que no es quién soy, sino lo que uno representa, y significa hablar de diputadas y de diputados, una lucha en la que nos ha costado muchísimo tiempo llegar hasta aquí.
Pero yo se las acepto y, en ningún caso, nunca me lo tomé como nada personal, y menos viniendo de usted, señor Estalella. Muchas gracias. (Aplausos).
Señor consejero.
El señor CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD (Barragán Cabrera): Gracias, señora presidenta.
En primer lugar, lo que quiero plantear a todos los que han hablado de este acuerdo refiriéndose a otros asuntos que también tienen importancia, como son las pensiones, la recuperación del dinero prestado a los bancos, cómo lo han pasado los pensionistas, los autónomos y demás, decirles que sí, que coincido con ese planteamiento, ¿no?, todo se podría plantear; pero lo cierto es que en este caso los sindicatos no sé plantearon todas estas cuestiones de que sus señorías están hablando para cerrar el acuerdo, pero lo cierto es que han cerrado un acuerdo con el Estado en marzo de este año. Los sindicatos que han cerrado ese acuerdo no son tampoco hermanitas de la caridad negociando, me imagino que alguna de las observaciones que sus señorías hacen sobre el acuerdo las habrán tenido en cuenta.
Y los acuerdos se hacen..., en este caso, es un acuerdo que no materializa o lo desarrolla, sino que se ha quedado, como es lógico, porque muchas de esas acciones tienen que tener rango de ley, y tiene que tener una norma que lo prevea; en este caso, la ley de presupuestos generales del Estado, que es la norma que normalmente marca esa línea, o, como se ha dicho, con cualquier otra norma de rango de ley.
Por lo tanto, señorías, pudiendo coincidir con alguna de las apreciaciones que se han hecho, vamos a centrarnos de nuevo en el acuerdo firmado. Y en ese sentido, señorías, se han hecho algunas observaciones. La señora Mendoza decía "hombre, tienes que hacer la previsión ya del IPC de lo que va a ocurrir en el año 2018 y 2019". Se hacen previsiones, hay proyecciones, usted sabe que a finales de junio todos los gobiernos hacen una previsión de lo que es el escenario presupuestario y se intentan hacer una idea de esto, pero lo cierto es que, hasta que no se culmine y se apruebe una norma en los presupuestos, no dejan de ser proyecciones, más o menos acertadas, pero no dejan de ser proyecciones, ¿no?
La señora González ya nos pedía cuáles son las previsiones para el año 2018 y 2019. Hombre, en principio, señora González, estamos intentando ver..., el acuerdo es reciente, es de marzo, estamos ahora intentando ver, en este caso, con los sindicatos que se sientan en nuestras mesas cómo plantear empezar a ejecutar el acuerdo, que es una de las medidas. Y para eso, tanto los sindicatos como nosotros, somos conscientes de que, hasta que no tengamos alguna de la literatura puesta en los presupuestos en una norma de rango de ley, va a ser difícil iniciar cosas concretas. Lo que sí hemos manifestado -lo dije antes- es nuestra voluntad de sentarnos a negociar las medidas de este acuerdo. Por lo tanto, haremos una planificación, un planning, junto con ellos de cómo vamos a ejecutarlo, ¿no?
La señora Monzón me hacía varias preguntas y le contesto; no tienen que ver muchas de ellas con lo que es el acuerdo que hemos hecho o que ha hecho el Estado, con el tema de la RPT y la sentencia. He dado instrucciones, tanto a los Servicios Jurídicos como a mi departamento, de que no recurramos esa sentencia y que, por lo tanto, vayamos al cumplimiento de la sentencia. Bueno. Y, por lo tanto, una vez cumplida la sentencia tenemos que plantearnos cómo hacer las nuevas RPT, y para eso el Gobierno necesita modificar algunos acuerdos que tenía en Consejo de Gobierno y estamos preparando la modificación de esos acuerdos del Consejo de Gobierno para que todas las consejerías vuelvan hacer sus RPT. Como usted sabe, el Gobierno anterior había tomado una decisión de que toda la RPT fuera de forma conjunta, y lo que volvemos es al sistema tradicional y que cada organización o representación de sindical en cada uno de los departamentos negocie la RPT de esos departamentos. Obviamente, con todas las observaciones que dice la sentencia.
Nos habla también de la estabilización del empleo. No está parada por la sentencia, está parada, precisamente, a expensas de que se amplíe a todos los sectores de la Administración, a petición de los sindicatos, y el acuerdo que tenemos que se amplíe a toda la Administración. Por lo tanto, la sentencia no tiene nada que ver, ¿no? Estamos en esa negociación y lo plantearemos en ese momento.
El señor Estalella, obviamente, hizo todo lo posible por defender el acuerdo como Partido Popular y en lo que sí coincido con el señor Estalella es en que todos los acuerdos tienen que tener una garantía de que puedan ser sostenibles en el tiempo. Y aquí se ha hecho mucha referencia a la estabilidad, al tema presupuestario, pero es que no podría haber otro acuerdo; yo, si hubiera negociado el acuerdo, también lo hubiera negociado con condiciones también sujetas, porque no hemos salido de la crisis, estamos saliendo de la crisis. Por lo tanto, es lógico que el acuerdo tenga algunas medidas de prevención de que si las cosas no ocurren como creemos que van a ocurrir, como se prevé que van a ocurrir, tenga algunos elementos que puedan sujetar el acuerdo, y eso lo hubiéramos hecho nosotros también así. Es lógico que tengamos algunas medidas, no coercitivas pero sí medidas de prevención de que, tal y como vaya yendo la economía, se puede ir comportando el acuerdo. Pero en principio ya un dato cierto: con los datos que se manejan para el 2018 no solamente se va a subir el 1,5 sino el 0,25 con los datos ya reales. Y ya veremos el año que viene, hay una subida salarial más importante y ya veremos si la economía efectivamente lo deja hacer.
Lo que estaba comentando antes, que para nosotros es muy importante también, es que esta medida tiene que ir muy acompasada con lo que son los intereses generales también de la comunidad autónoma y, por lo tanto, de los ciudadanos a los que atiende. Y que una medida de este tipo, por ejemplo, la de la subida salarial en el capítulo I, no puede ir en detrimento -y ahí espero encontrarme con todas sus señorías de acuerdo conmigo-, no pueden ir en detrimento de que políticas, en este caso, las políticas sociales del Gobierno se pudieran ver perjudicadas porque tenemos que, necesariamente, ir a la subida del capítulo I. Ahí tendremos que buscar siempre también el punto de equilibrio.
Y el señor Matos ha hecho una observación, también, vinculada a otras políticas, el tema de los bancos, vinculado a si nos van bien las cuentas... Yo creo que tiene..., está claro que los sindicatos hubieran preferido un acuerdo más claro, más nítido, ¿no?, pero era lógico que, tal y como está situación, hubiera algunas prevenciones de ejecución en el acuerdo, señoría.
La señora Socorro Beato ha hecho también referencia el tema del escepticismo. Nosotros el escepticismo sobre algunas de las medidas lo planteamos sobre la dificultad material que tiene ejecutar algunas partes del acuerdo. Ya lo hemos estado hablando con los sindicatos y poner en práctica, a nivel de las comunidades autónomas, algunas de las medidas va a costar. Ya les adelanto que, dada la alta tasa de temporalidad que tiene esta comunidad autónoma, a llegar al 8 % de estabilidad temporal en el empleo público de Canarias no me voy a comprometer, es imposible que lo consiga; ya me daría yo con un canto si consigo que se quede en el 12, el 13 o el 14 %. Pero no les puedo asegurar que el objetivo marcado allí del 8 % se vaya a conseguir, o tenemos ni los mecanismos ni la capacidad para hacerlo en ese espacio de tiempo con garantía.
Y, por último, también quiero comentar que sacaremos este año una oferta adicional de estabilización, cuyo número de plazas y categorías tenemos que negociar, y esto va a ser aparte de la oferta ordinaria de empleo. Esas son las medidas que les puedo anunciar con respecto a lo que vamos trabajando a partir de ahora. Y sí pondremos una oferta, por lo que hemos estado hablando, cuando los sindicatos nos piden en las mesas de negociación abrir este proceso, nosotros ya estamos trabajando en algunas tareas concretas. La del sueldo se va a ejecutar porque tenemos capacidad para este año, y, en este caso, una de las más complicadas, por lo menos de las que yo veo más complicadas, que es la de la reducción de la jornada a las treinta y cinco horas, que dan tres años para hacerla, eso lo tenemos que hacer porque, si todos coincidimos en que ahora mismo tenemos un problema con la tasa de reposición, aplicar una medida de esas de forma inmediata traería unos problemas gravísimos a la comunidad autónoma. Y piensen solamente no en la Administración general, sino, en este caso, en sectores como la sanidad o la educación. He estado hablando con ellos de esta acción y espero que podamos llegar a un acuerdo de hacerlo gradualmente y de tal forma que podamos, efectivamente, cumplir, cumplir eso, y seguir prestando los servicios públicos esenciales de esta comunidad.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor consejero.
Señorías, suspendemos la sesión y nos vemos mañana a las nueve de la mañana.
Recuerden los portavoces que a las once y media recibimos a la presidenta de la Comunidad Autónoma de Baleares, por si quieren acompañarnos, aunque estamos en pleno, pero alguna representación de los grupos, ¿de acuerdo?
Muchas gracias, señorías. Hasta mañana a las nueve...
(Pausa).
