Diario de Sesiones 116/2018, de fecha 25/4/2018 - Punto 4

9L/I-0033 INTERPELACIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO PODEMOS, SOBRE CONDICIONES EN LAS QUE SE HA PROCEDIDO A LA CONTRATACIÓN Y SUBCONTRATACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE DE LOS CURSOS DE FORMACIÓN DEL SERVICIO CANARIO DE EMPLEO, DIRIGIDA A LA SEÑORA CONSEJERA DE EMPLEO, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Siguiente orden del día: interpelación, del Grupo Podemos, sobre condiciones en las que se ha procedido a la contratación y subcontratación del personal docente de los cursos de formación del Servicio Canario de Empleo, dirigida a la señora consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.

Para su defensa, el señor Déniz.

(Rumores en la sala).

El señor DÉNIZ RAMÍREZ: Gracias, señor presidente. Señorías.

Todo el mundo sabe que al objeto de promover la formación... Señor presidente, por favor, si...

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Señorías, por favor, guarden silencio.

El señor DÉNIZ RAMÍREZ: Todo el mundo sabe que al objeto de promover y desarrollar, también, las políticas de empleo un aspecto importante es la formación. Todos los años se aprueba una resolución convocatoria para las subvenciones, para que muchas empresas y también particulares, digamos, se apunten, se ofrezcan para las acciones formativas, que son dirigidas prioritariamente para desempleados, pero no todo el mundo es desempleado. Son propuestas de formación, cofinanciadas con el Fondo Social Europeo en un 80 %, que vienen a ser en torno, anualmente, en torno a los treinta, treinta y tres, treinta y cuatro millones. El año pasado recuerdo que eran unos treinta y tres millones y medio de euros. Y suelen impartirse alrededor de unas quinientas acciones formativas, para lo cual se contratan alrededor de mil docentes. Esos son los datos, más o menos, que anualmente se van repitiendo en Canarias, unos mil profesores acreditados.

Uno de los problemas que nosotros hemos detectado, y que es el motivo principal de esta interpelación, son las condiciones laborales de los docentes, de las personas que son contratadas para realizar este tipo de formación, ya que su remuneración ha bajado considerablemente y, en cambio, la financiación, es decir, la parte que se tiene que implementar para salarios y sueldos, incluso ha aumentado. Este colectivo de profesorado incluso lo ha llegado a denunciar en fiscalía, lo que pasa es que la fiscalía les ha planteado que las denuncias tienen que ser individuales y a empresas concretas. Eso ha significado que muchas denuncias se echen para atrás, pero, bueno, está en un impasse en la fiscalía.

Hay que decir que estas acciones formativas son gestionadas por el Servicio Canario de Empleo, a través de centros colaboradores, que pueden ser públicos o privados. Adelanto que la mayoría de estos centros, en más de un noventa por ciento, son privados. Incluso le llegué, una vez, a oír a la consejera de Educación que solamente dieciséis acciones formativas son impartidas en centros de FP. No sabemos en qué año. Y nosotros, bueno, eso es lo que hemos advertido.

Nosotros, cuando una vez dijimos que los centros de FP en Canarias deberían también llevar a cabo este tipo de acciones formativas, no estamos diciendo que sean exclusivamente los centros de FP. Lo que me parece es que -y es una consecuencia de nuestra moción- muchos centros de FP deberían aportar también las infraestructuras que tenemos para que estas acciones se desempeñen; y además porque es un dinero, el que les viene por este tipo de formación, que puede incluso modernizar las tecnologías, los locales, en fin, los talleres que se tengan, y no todo este dinero tiene que ir a renovar el material que algunas empresas van acumulando de año en año. Es decir, la realidad es que más de un noventa por ciento de estos centros que las imparten son privados. Es decir, que si el total, casi el total de la impartición de estas acciones formativas son privados, estamos hablando, señorías -y es un dato de interés, que deberíamos cuestionarlo aquí-, de que anualmente las entidades privadas reciben en torno a unos treinta y tres millones de euros que gestionan. Es una realidad dudosa que en el pasado también ha levantado bastantes ampollas y ha tenido bastantes problemas con la justicia. Estaba recordando el caso del Icfem, que miren que tardó en resolverse y además no a gusto de todos, precisamente porque hubo un dinero que se cedió en subvenciones, en materia de subvenciones, para realizar este tipo de cursos y no se supo nunca dónde fue.

¿Cuáles son las causas de esta precariedad? El Servicio Canario de Empleo delega la gestión de estos cursos a las empresas colaboradoras. Estas empresas, además, proponen al servicio canario los docentes, que luego son acreditados por el Servicio Canario de Empleo. Y a partir de aquí empiezan las irregularidades, que es por lo que dije anteriormente que se ha llevado a la fiscalía. ¿Cuál es el nudo gordiano del asunto o la vaina del problema? Pues empezamos diciendo que la mayoría de las empresas no contratan directamente a los docentes, la mayoría de las empresas lo que hacen es subcontratar a otra empresa. Y ahí empieza el problema y el sumidero por el cual empieza el Gobierno canario, el Fondo Social Europeo a tirar dinero, a botarlo y no se sabe bien a dónde se va. Es el viejo truco de la subcontrata de la subcontrata. De esta manera ni las empresas colaboradoras ni los docentes establecen una relación directa. Estas últimas no conocen ni a sus trabajadores, señorías, ya que el contrato se establece con la empresa subcontratada, así como la prestación de servicios.

Hay que decir también que muchas de las subcontratas son las mismas empresas, que tienen determinadas otras subempresas, CIF, incluso hay empresas que se ha detectado, por ejemplo, en Fuerteventura prestan el CIF a otras empresas de Tenerife, que además acceden a este tipo de concursos.

La mayoría de los contratos que se hacen, muchos son contratos mercantiles. Implica que los docentes tienen que darse de alta como autónomos por una prestación de servicios. Lo cual redunda, además, en una mayor precariedad. A veces la subcontrata también ofrece un contrato laboral pero pagando muchísimo menos.

La realidad es que a los trabajadores se les paga un 65 % menos de lo que deberían percibir. Es decir, a los docentes que imparten estos cursos se les paga un 65 % menos de lo que deberían percibir según se publica en el real decreto que publica un manual de gestión para estos cursos. Manual de gestión que se renueva todos los años. En dicho manual se establecen todas las directrices para las empresas de formación, para el alumnado, horarios, cantidades, temario, contratación, tipo de cursos, etcétera, etcétera. En la página 43 del que yo leí, aunque las páginas suelen modificarse anualmente, pero los costes directos, sueldos y salarios, se publica que el 40 % del total de la subvención tiene que ir para sueldos y salarios de docentes, el 40 %, y a nadie le cuadra. La realidad, bueno, después de un estudio que ellos hicieron, le correspondería cobrar a cada docente entre 33 y 49 euros por hora trabajada. 33 y 49 euros, eso es lo que está estimado en sus estudios; en cambio, están cobrando entre 8 y 20 euros. Y esa es la realidad, están cobrando entre 8 y 20 euros cuando deberían estar cobrando casi el doble. Se pregunta el cuerpo docente dónde está ese dinero y a dónde va; y nos preguntamos también algunos diputados: ¿estamos tirando el dinero?, ¿dónde se está yendo ese dinero?, ¿a qué bolsillo?, ¿se están enriqueciendo algunos empresarios? Creemos que más bien lo segundo, señorías, y ejemplos tenemos.

Hasta julio del 2017, aun estando permitida por ley la subcontratación de empresas, esta se ha venido utilizando como tapadera, a nuestro juicio, para que el dinero que tenía que llegar a los docentes íntegramente, el 40 % de esa financiación total, se fuera quedando por el camino en un entramado de empresas y cursos sin mucho sentido y también difícil de seguirles la pista. Tampoco digamos que la inspección se ha lucido mucho en el seguimiento.

Pero es que en julio del 2017 se aprueba otro decreto, que solo permite la subcontratación a personas físicas, por lo que las empresas beneficiarias no podrán subcontratar a otras empresas. Eso es un decreto de julio del año pasado. El decreto de julio del año pasado establece que -y leo- "la impartición de las acciones formativas contenidas en los programas señalados en el apartado anterior se realizará por entidades de formación acreditadas"; y dice: "Estas entidades no podrán subcontratar con terceros la ejecución de la actividad formativa que les ha sido adjudicada. A estos efectos, la contratación por la entidad adjudicataria de personal docente para la impartición de la formación no se considerará subcontratación. Por contratación de personal docente se entiende exclusivamente la contratación de personas físicas". Personas físicas. Y esto se sigue haciendo. Es decir, el decreto establece en julio que solamente se puede contratar, las empresas, directamente al profesorado, pero, en cambio, se sigue subcontratando, y la consejería lo sabe. Nosotros ya le adelanto que exigimos más control e inspección y más determinación en el cumplimiento y la defensa de los trabajadores y los contratos, y también de los decretos que ustedes mismos también establecen.

La cuestión es la siguiente, señorías -y vuelvo otra vez a recordar el asunto del caso Icfem: la cantidad de dinero que se embolsa o se pierde en esta subcontratación y que no redunda en una mejor calidad, en una mejor docencia ni en una mejor calidad del empleo. Entonces, desde nuestro punto de vista, esta ley tendría que estar aplicándose ya.

Las empresas están pagando entre 10, 20 euros a los docentes y me parece que es un problema. Porque nosotros estamos hablando aquí constantemente, nos llenamos la boca hablando de la calidad del empleo, de la mejora de las condiciones laborales, de los problemas que tenemos en hacienda, porque no hay empleos de calidad que permitan tal y resulta que nosotros estamos fomentando esto.

A nosotros nos gustaría saber cuál es la opinión de la consejera. Luego le hablaré de otro tipo más de irregularidades, pero me parece que este decreto, que salió el año pasado, en julio, debería estarse cumpliendo y, según nuestros cálculos, va a venirse a aplicar en el 2019. Mientras tanto, los docentes, en vez de estar cobrando entre 33 y 49 euros, van a seguir cobrando 10, 20 euros.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Gracias, señor Déniz.

Turno de la señora consejera.

La señora CONSEJERA DE EMPLEO, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA (Valido García): Buenos días de nuevo.

Señor Déniz, lo primero que quiero es dejarle claro que, si hay algún tipo de irregularidad, la preocupación desde luego la compartimos y también la perseguimos, y que los medios para perseguir las irregularidades y además poderlas condenar los conocemos todos.

Desde el Servicio Canario de Empleo, y a lo largo de los últimos años, se han establecido unas condiciones que, además, con la modificación del decreto del año 2017, al que usted ha hecho mención, tratan de imposibilitar ese tipo de trucos o de trampas. ¿Hace imposible que alguien pueda hacer la trampa? No. Pero ni en este sector ni en ningún otro. Partiendo de ahí, de que siempre hay personas en los juzgados por hacer trampas y por no cumplir la ley, me gustaría que no generalizáramos a un sector que mayoritariamente cumple con sus obligaciones y responde a lo que se le demanda; y que tampoco habláramos de que se tire dinero ni habláramos del Fondo Social Europeo, porque el dinero de formación viene de la distribución sectorial, son fondos del Estado.

Verá usted que son muchísimos más los empleos que se generan que los que ha comentado, pero, para dejar claras cuáles son las condiciones de la contratación, recordar que estamos hablando de entidades beneficiarias de una subvención, como usted bien ha dicho, para la impartición de cursos y que se subvencionan no solo las retribuciones, sueldos u honorarios, también los gastos de la Seguridad Social, a cargo del centro, costes de preparación, impartición, tutoría, evaluación imputable a los formadores, desplazamientos, alojamiento y también manutención, en los casos en los que estos profesionales tienen que desplazarse a islas donde su especialización no es posible. Seguimos exigiendo que el 40 %, como mínimo, debe dedicarse al pago de estos profesionales. Y estamos siendo mucho más exigentes y, si usted habla con el sector, seguramente se lo dirán, se han pronunciado en los medios de comunicación, en las formas de justificar, garantizándonos las retribuciones al personal docente.

Está prohibida, como usted ha dicho, la subcontratación y si alguien lo sigue haciendo, señor Déniz, va a tener muchos problemas para justificar sus gastos y va a tener que reintegrar dinero, porque habrá hecho algo que no está permitido, como bien se ha dicho, desde el 2017.

Los trabajadores pueden ser por cuenta propia o por cuenta ajena. Pueden ser personal de la academia, pero también pueden contratarse profesionales especializados para impartir determinadas materias que sean profesionales independientes. Lo que ya no se puede hacer es contratar a otra empresa para que haga la formación para la que tú has pedido una subvención. Y también, por supuesto, se estipula que en muchas ocasiones el trabajador puede ser el titular de la academia. En ocasiones son formadores, que son los propios docentes los que crean esas academias y tienen que justificar las adecuadas cotizaciones a la Seguridad Social, IRPF, etcétera.

Desde luego hacemos todos los controles que podemos y que entendemos en legalidad para garantizar esa buena atención a las retribuciones, que, insisto, no pueden estar por debajo del 40 % de la subvención, y con la prohibición de la subcontratación de empresas y los acuerdos con la Inspección de Trabajo tratamos de vigilar al máximo y controlar que no se produzcan las situaciones que usted ha denunciado. Insisto, evidentemente no puedo yo en esta tribuna decir que no se producen algunas situaciones de ese tipo, pero siempre invito a denunciarlas, a ponerlas en conocimiento de la Inspección de Trabajo, a ponerlas en conocimiento del Servicio Canario de Empleo o, como usted mismo ha dicho, a recurrir a la justicia ordinaria cuando se incumple la ley, sea un docente de una academia de formación o sea cualquier otro trabajador de cualquier otro sector. Lo que quiero, de alguna manera, es negar la generalización de que este es un sector donde todo el mundo estuviera haciendo esto, donde se estuviera tirando el dinero y hubiera, como usted ha dicho, algunos bolsillos enriqueciéndose. Yo creo que este tipo de afirmaciones hace mucho daño a un sector que está haciendo un trabajo y muy importante.

Usted ha hablado de 33 millones. Yo le diré que la formación de este año supone 44 millones de euros, pero también le diré que esos 44 millones de euros suponen nada más y nada menos que 1518 cursos y la contratación de casi cuatro mil docentes.

Bajando a las cifras, usted me hablaba de 1000, hablamos de 3036 docentes, que en algunos casos, en algunos cursos, donde son necesarios más de un docente, estaríamos hablando de casi cuatro mil docentes. Con las denuncias que nos constan en la actualidad, el porcentaje de situaciones vamos a decir sospechosas de investigar o de vigilar es mínimo. No llega al 0,2 % de todo el empleo que generan los centros de formación. Y es por lo que insisto en la no generalización, en no colgar el sambenito, en no llamar a todo el sector igual, en no decir que todos los trabajadores están igual y mi compromiso con usted de perseguir aquellos que no están cumpliendo la ley y perseguir aquellos que no están retribuyendo adecuadamente a sus docentes, y para eso -recuerdo de nuevo- tenemos la Inspección de Trabajo. Independientemente de todas las medidas que un docente tiene derecho a tomar, si se incumplen sus derechos, si se incumple la ley, yo les invito también a que contemos con la Inspección de Trabajo para inspeccionar todas aquellas situaciones que sean sospechosas.

Yo creo que desde el Servicio Canario de Empleo se han puesto en marcha todos los controles necesarios, se requieren las nóminas, se requieren las cotizaciones, se requiere la Seguridad Social, y cuando hay una denuncia, aunque sea velada o una sospecha, se investiga y se persigue. Y desde luego en este momento le puedo garantizar que, aunque en ocasiones la presión de ese 40 % que, mínimo, hay que dirigir a las retribuciones pueda ser discutida por algunos sectores, como lo hemos visto en los medios, le puedo asegurar que en nuestro ánimo está seguir manteniendo esa exigencia y persiguiendo el cumplimiento, insisto, de la legalidad.

Y ya termino esta primera intervención invitándole de nuevo a que trabajemos de manera conjunta y que aquellas cuestiones -si usted dice que están en la fiscalía, pues, en mejor sitio no pueden estar para la investigación-, pero si usted tiene sospecha de casos concretos, los traslademos también a la Inspección de Trabajo, pero no generalicemos, no hablemos de este sector vinculándolo a casos del pasado, que han sido cerrados, que supusieron la persecución de mucha gente durante muchos años que hoy son inocentes. A mí me parece que venir a sacar eso en este momento no es necesario. Si a usted le preocupan los docentes de hoy, las academias de hoy, trabajemos juntos para garantizar el cumplimiento de la legalidad.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Gracias, señora consejera.

Turno del proponente de la interpelación, del Grupo Podemos, el señor Déniz.

El señor DÉNIZ RAMÍREZ: Bien, acepto el reto: vamos a trabajar juntos. Yo le propongo que usted acepte una reunión con representantes de los docentes, donde a ellos se les explique. Porque el caso es que las denuncias que la fiscalía desestimó es porque precisamente la gente que denunciaba, como en muchas ocasiones, tenía miedo de perder sus puestos de trabajo, tenían miedo de denunciar nominativamente a la empresa, porque el fiscal les exigía precisamente que dieran nombres y apellidos de la empresa tal, y mucha gente se echó p'atrás. Entonces la denuncia está ahí. Yo le propongo a usted entonces que se reúna con los docentes y después, cuando termine de hablar, quedamos en un día y en una hora.

Vamos a ver, yo no estoy generalizando, es decir, estoy hablando precisamente de las empresas que subcontratan. Yo sé que hay muchas personas que ofrecen voluntariamente su experiencia y también su empresa para que otra gente joven, desempleada, se forme. Yo no estoy generalizando, y soy consciente de ello. Además sé también que muchos docentes tienen sus propias empresas y se dedican a eso en vida. Es decir, que generalizaciones, las justas. Pero, ahora, usted lo que no puede decir es que eso no se está produciendo.

Y que se ha enriquecido gente, mire, yo sí le puedo dar nombres y apellidos, no aquí en el micrófono, gente millonaria en Canarias con empresas de formación, que además tienen otras empresas. Si no, le dan un paseo a usted por Fuerteventura un día, por La Gomera también y aquí, en Santa Cruz de Tenerife. Vamos, tranquilamente, y le enseño cuáles son las empresas y las propiedades y demás.

Vamos a ver, además, según recoge el manual de gestión, la obligación de tutorizar, de establecer las guías, los temarios, digamos, preparar los materiales y todo eso, pero es que eso después no está reflejado en la factura que la empresa colaboradora con el Servicio Canario de Empleo -digamos la empresa A- presenta. La empresa A al Servicio Canario de Empleo no le presenta una factura tal cual, no es la factura del docente, sino lo que la subcontrata, en este caso... -estamos hablando de la gente que subcontrata, que son más de los que usted está diciendo, ¿eh?; usted está diciendo que prácticamente no hay, eso no es verdad, eso no es verdad-. Lo que presenta la empresa colaboradora con el Servicio Canario de Empleo, es decir la adjudicataria, es una factura donde se dicen gastos genéricos y de docencia, porque el docente ahí no está obligado ni... Y además le dicen que no ponga en la factura todo lo que de trabajo hace, no solamente dar clases sino además preparar guías y todo esto. Es decir, que las facturas que se están dando al Servicio Canario de Empleo no, digamos, recogen todo el trabajo docente. ¿Vale?, que además.

Se dice además, y se quejan muchos docentes, de que entre la empresa A y la empresa B, la subcontrata, se están pactando determinados salarios, hay pactos, y eso además lo han denunciado determinados directores de programas de formación. Hay pactos para establecer las cuantías, y todo eso redunda en detrimento de las condiciones laborales de los docentes. Ya le dije antes los sueldos que estaban...; están entre 8 y 20 euros, cobrando, por hora, cuando usted misma acaba de reconocer que tienen que cobrar el 40 % del total de la subvención, y ese 40 % significa entre 33 y 49 euros, por hora, y no lo están haciendo. De hecho, los que trabajan para alguna empresa pública, ayuntamientos y demás, sí están cobrando, aunque también se dan casos en los que muchos ayuntamientos se benefician de los proyectos, proyectos de formación en alternancia con el empleo. Se están beneficiando, están usando a determinados trabajadores como mano de obra barata, por menos de seiscientos euros al mes, y muchas veces con ocho horas de obras y servicios y sin derecho a prestaciones de desempleo. Eso lo están haciendo algunos ayuntamientos actualmente, acogidos a los PFAE -proyectos de formación en alternancia con el empleo-, para cubrir necesidades de áreas municipales que en realidad deberían ser cubiertas por trabajadores contratados. Eso se está haciendo en esta isla. Yo creo, en ese sentido -permítame que dude-, yo creo que el servicio de inspección, que usted dice, no está haciendo todo lo que debería hacer, no está haciendo lo que debería hacer, y hay mucho dinero que efectivamente se está yendo por el sumidero.

Además, estamos hablando del dinero que se detrae de ese 40 %, pero es que el restante, el restante, un dinero que se va en alquileres, en compra de ordenadores, materiales, contratación de personal -contratación de personal a veces minúscula en relación con el volumen de trabajo que deberían desarrollar-, publicidad, herramientas, equipos, uniformes, etcétera. Ahí también me parece a mí que, digamos, el servicio de inspección debería afinar más, porque también es otro sumidero por el cual se está yendo mucho dinero de ese fondo. A ver si vamos a tener que devolver no solamente los fondos del muelle de Agaete, la ampliación del muelle de Agaete, sino también los de programas de formación.

En definitiva, a nosotros, claro, nos viene a la memoria el caso ese famoso, que yo creo que también ha hecho bastante daño al sector, pero es que precisamente de lo que estamos hablando es para que no se produzcan otros asuntos que tengan que ver con la corrupción y con el uso fraudulento del dinero. Entendemos que ustedes deberían ponerse más, ya le digo, reunirse con los docentes y ver los casos...

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Muchas gracias, señor Déniz.

Turno de la señora consejera.

La señora CONSEJERA DE EMPLEO, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA (Valido García): A ver, señor Déniz, lo primero, yo no le he negado que haya empresas que han utilizado o, incluso, que puedan estar utilizando en la actualidad ese modelo de subcontratación que, con el decreto del 2017 que publicamos, está prohibido, pero la gran mayoría está cumpliendo la legalidad y aquellos que no la estén cumpliendo tendrán muchos problemas cuando tengan que justificar los fondos recibidos. Hasta el año pasado podían hacerlo, era una cuestión legal y respetable. Por tanto, no vamos ahora a perseguir como ilegal algo que no lo ha sido. Podemos hablar de que ahora no lo es, porque se prohíbe, pero no podemos perseguir lo que tenía un marco jurídico que lo amparaba.

Yo estoy encantada de reunirme con los docentes, como me reúno con todos los colectivos que solicitan o que quieren reunirse conmigo. Yo sé que ha habido reuniones con el Servicio Canario de Empleo y, desde luego, yo no tengo ningún problema y a través de usted, si usted es el interlocutor de esos docentes, a través de usted fijamos las reuniones oportunas con la gente del Servicio Canario de Empleo, que está en el día a día del control de esta formación y de estos fondos para poder bajar a todo el detalle que usted quiera y a todos los datos que usted quiera en esa reunión; la preocupación que tenemos todos de garantizar que el dinero se utilice para lo que se tiene que utilizar, que los docentes estén adecuadamente retribuidos y que no se cometan irregularidades. Por tanto, yo espero que esa reunión que podamos tener pronto le dé un poco más de tranquilidad, no digo que lo deje totalmente tranquilo porque podamos decirle que lo que usted dice no existe. No, yo nunca he dicho eso y empecé mi intervención diciéndole que hay que perseguirlo. Es que yo no puedo garantizarle que no haya gente que no esté haciendo trampas y que encuentre formas de hacerlas, pero en este sector y en todos los demás. Y yo creo que no conviene tachar a este sector de manera, como he dicho, generalizada. Le invito a que hagamos esa reunión y usted conozca con profundidad lo que en el Servicio Canario de Empleo se hace y cómo se hace para garantizar esa calidad en el empleo que nos preocupa a todos y cuál es el papel, incluso, de la Inspección de Trabajo ante cualquier sospecha cuando acuden a este tipo de centros.

Yo no tengo mucho más que decir, porque en mi primera intervención ya le he contestado y en esta segunda, más allá de incidir en que su preocupación también es la nuestra, invitarle a que en esa reunión pueda usted contar con más datos que le den un poco más de tranquilidad a la expresada desde esta tribuna.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Muchas gracias, señora consejera.

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  • 9L/I-0033 Sobre condiciones en las que se ha procedido a la contratación y subcontratación del personal docente de los cursos de formación del Servicio Canario de Empleo, dirigida a la Sra. Consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.


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