Diario de Sesiones 118, de fecha 9/5/2018
Punto 9
9L/PL-0011 DEBATE DE PRIMERA LECTURA. PROYECTO DE LEY DE RÉGIMEN JURÍDICO DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS EN CANARIAS.
La señora PRESIDENTA: Continuamos con el orden del día, señorías. Vamos ahora a las leyes, señorías. En primer lugar, la ley, proyecto de ley, de Régimen Jurídico de Inspección Técnica de Vehículos en Canarias.
Tiene la palabra para fijación de posiciones, primero intervención del Gobierno por diez minutos (rumores en la sala).
Ruego silencio. Quienes abandonan el hemiciclo, señorías, para que nos permitan continuar.
El Gobierno va a intervenir.
Silencio, por favor. Señorías, continuamos en el pleno, si son tan amables, y a las personas que nos acompañan gracias.
Ruego silencio, por favor.
Cuando quiera, señor consejero.
El señor CONSEJERO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA, COMERCIO Y CONOCIMIENTO (Ortega Rodríguez): Gracias, presidenta.
El motivo de esta iniciativa no es otro que el de adaptar la legislación de las ITV, que se rigen por un decreto, y que queremos que tenga un ámbito jurídico de mayor envergadura.
El decreto del 2007 incluye referencias relativas a la financiación de las concesiones que se otorgan a las prestaciones de ITV y, por lo tanto, se recoge en la norma que los concesionarios deben comunicar con un año de antelación la continuidad o la pretensión de continuar con la prestación del servicio.
Por lo tanto, a partir de ahí se establece una situación en la que hay que hacer un cambio de las ITV, en la que hay personas trabajadores que están afectos, hay instalaciones, y hay que ordenarlo.
Es consecuencia de eso que esta iniciativa que se lanza tiene un objetivo, que es la implantación de un sistema de autorización administrativa para la inspección técnica de vehículos en Canarias permita, como ya consiguió aquello, mantener la mejora del servicio y, además, consiga un beneficio mayor para los usuarios y, además, consiga mantener el empleo y generar empleo.
Hay normativa aplicable al objeto de la iniciativa. Normativa de la Unión Europea, la Directiva 2014/45, de la Unión Europea. Hay también normativa del Estado, que también hemos tenido que tomar en cuenta y también se ha analizado si cabía una alternativa cero, y se ha comprobado, se ha comprobado que no. Se ha solicitado la memoria económica adecuada, se ha hecho la evaluación del impacto económico que va a tener, la evaluación del impacto financiero en los ingresos y gastos de la administración autonómica... se ha realizado también análisis de impacto sobre los planes y programas generales y sectoriales, se ha analizado análisis de impacto sobre los recursos humanos, el análisis sobre la necesidad de adoptar medidas en relación con la estructura organizativa... un análisis de otros aspectos que puedan tener implicación en la estructura o en el régimen presupuestario, y también en las normas que regulan las tasas y precios públicos y privados, y el resultado que va a tener en una relación coste-beneficio.
También se ha analizado la cuantía previsible de cargas económicas sobre los destinatarios u otras personas que estén afectadas, y también se han traído, se han visto otro costes sociales que pueda tener esta iniciativa.
Además, se ha dispuesto de otra documentación y de informe de participación, de informe sobre el impacto por razón de género, del informe del impacto sobre el tejido empresarial, y del análisis de impacto normativo requerido por normas sectoriales que deban realizarse tanto en el momento de preparación como en la distribución del proyecto.
En resumidas cuentas, dado que la competencia relativa a la prestación del servicio de inspección técnica de vehículos fue transferida a la comunidad autónoma y que nos encontramos en una situación que queremos mejorar el servicio de las ITV y adecuarlo a un marco normativo superior al que luego, del que luego puedan emanar normas de rango inferior, que hagan que el servicio funcione, es la razón por la que traemos esa iniciativa.
Muchas gracias, señorías.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor consejero.
Turno de fijación de los grupos parlamentarios, de menor a mayor, por diez minutos.
Comenzamos por el Grupo Mixto. Ramos Chinea, ¿señor Ramos Chinea, sí? No hay más, entiendo que si...
El señor RAMOS CHINEA: Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señor consejero.
Estamos ante el debate de primera lectura de una ley que, aunque parece sencilla e inocua, puede tener un efecto considerable en la seguridad vial de nuestras carreteras, y en los servicios que se prestan en las inspecciones técnicas de vehículos de nuestra comunidad autónoma. La Agrupación Socialista Gomera tiene la absoluta certeza de que esta ley será buena. Pero hay que trabajarla en las enmiendas, para que en algunas islas no nos quedemos sin inspección técnica de vehículos cuando se acabe el régimen de concesiones.
Se lo digo con todas las letras a los gomeros y a los herreños que nos escuchan, también a sus señorías, y al consejero de Industria para que coja buena nota de ello. En 2025 se acaba la concesión. Quienes prestan el servicio de ITV en estas dos islas lo que proponen, nada más y nada menos, es que los herreños y gomeros vayamos a La Palma a pasar la ITV porque no les es rentable permanecer en estas dos islas.
Señorías, según los datos del Istac, en La Gomera hay casi 15 000 vehículos, y se matricularon, solo el año pasado, en torno a 500. ¿Cómo es posible que las empresas no nos vean como viables? Es algo que los gomeros no podemos entender, sobre todo si recuerdan que, precisamente, en el pleno anterior nuestro portavoz hacía una pregunta en pleno pues por el colapso de las ITV de La Gomera y la demora considerable que hay para la cita previa.
Por eso esta es un ley en la que ya les anunciamos que presentaremos enmiendas en aras de proteger el interés público de los ciudadanos, y para evitar que se haga una liberalización sin racionalidad ni control de estos servicios que, recordemos, son necesarios, obligatorios, y que deben estar asegurados en todas y cada una de nuestras islas. Y el texto actual de la ley, aunque en el espíritu tiene cosas buenas, como tratar de consolidar las plazas de los trabajadores, que están actualmente trabajando en las instalaciones con algún tipo de concesión administrativa, o fijar un sistema sancionador.
Pero lo cierto es que, luego, en la práctica, el texto de este proyecto de ley permite la liberalización plena del sector, por lo que no asegura que las empresas deban coger las ITV a las que se les extingue esta concesión y prorrogar a los trabajadores. Todo lo contrario: ahora las empresas podrán irse donde quieran si ya no les es rentable la zona. Y aunque la comunidad autónoma se convierta en propietaria de facto del material y de las instalaciones, y se pongan mecanismos para conseguir que una nueva empresa proceda a la subrogación de los trabajadores, nadie asegura que esto ocurra si no hay empresas interesadas. Esto, claro, que hay que asegurar estos aspectos, y no dejarlas en la buena voluntad de futuribles, y debemos enmendar.
Por ejemplo, señorías, en el texto del que debatimos hoy, en su artículo segundo, apartado tercero, dice: "cuando dificultades técnicas o económicas impidan a los operadores privados la prestación del servicio de inspección técnica de vehículos en una isla o parte de ella, la consejería competente en materia de industria podrá asumir la gestión del servicio por cualquier forma de gestión directa o indirecta que permita la legislación aplicable".
No se entiende que una ley que se emite desde el Gobierno de Canarias se limite a decir que el Gobierno podrá asumir. No, señorías. El proyecto de ley debería decir de forma clara que asumirá, aunque sea temporalmente, hasta que se implante una empresa, para no perder este servicio en las islas donde podemos quedarnos sin ITV, y si hace falta que se prorrogue el régimen de las concesiones o un método análogo.
No podemos culpar a las empresas, sus intereses son legítimos. Se mueven en conceptos de rentabilidad, pero el Gobierno debe velar por el interés general de todos los canarios y saber que los textos legales tienen unas consecuencias prácticas cuando se aprueban. Y tal y como está configurado el texto corremos muchos riesgos, por lo que espero que en la fase de enmiendas podamos corregir estas cuestiones.
En la reunión que mantuvimos con las empresas, excepto en el abandono del servicio de las ITV de las islas de La Gomera y de El Hierro, como ya comenté, que es donde no coincidimos en absoluto. Sí compartimos muchas ideas que nos parecieron interesantes, y la principal idea que debemos tener cuando trabajamos en esta ley es que no somos, ni de lejos, la primera comunidad autónoma que ha legislado sobre el tema. Y paradójicamente siempre ha pasado lo mismo, tanto en Madrid, Castilla-La Mancha o La Rioja, por ponerles algunos ejemplos, se apostó inicialmente por una liberalización plena del servicio.
Sin embargo, desde los estudios y las experiencias que nos transmitieron se evidenciaba una desventaja notable en este sistema, y este es que las ITV, para competir entre ellas, no tratan de dar mayores niveles de calidad en el servicio, todo lo contrario. A pesar de que suelen ponerse en marcha más talleres habilitados. Lo que se hace es hacer la vista gorda ante deficiencias en los vehículos para que el índice de rechazo de quienes van con sus vehículos a estas instalaciones sea mucho menor, y los propietarios perciban a estas ITV como que es fácil de pasar los controles, lo que provoca un efecto llamada y un menoscabo de la seguridad vial de nuestras carreteras.
No hace falta que les recuerde que normalmente los ciudadanos percibimos que pasar la ITV es un trámite impuesto, y no muchos lo hacen de buena gana, a pesar de lo necesario que es este servicio para que la mecánica de nuestros coches esté en perfectas condiciones, de forma que no seamos un peligro para otras personas que circulan por las vías, para los peatones o incluso para nosotros mismos.
Para nosotros está claro que debemos reflexionar previamente a la aprobación definitiva de la ley, para articular desde el inicio algunas medidas que han tomado las comunidades que son veteranas en esto y llevarlas a cabo. El primer sistema sería hacer varias inspecciones a lo largo del año a cada una de las ITV para que no compitan a la baja, sancionándolas en caso contrario o incluso quitándoles la licencia, pero para ello deberíamos reforzar mucho el escaso personal que hay actualmente prestando el servicio de inspección en nuestra comunidad autónoma. Y a pesar de que el texto legal pone que las inspecciones serán continuas, pues no establece un mínimo de periodicidad ni de inspecciones anuales a cada ITV.
Otros modelos son los de obligación de implantación con un límite territorial para que no compitan las ITV entre sí. A pesar de que podría ser una solución para asegurar fijar las ITV en toda la extensión de nuestro territorio para que no se muden estos servicios a las zonas más pobladas, como serían las dos zonas metropolitanas de nuestra isla, lo cierto es que este sistema debemos hilvanarlo para dar cobertura a la población y que no se perjudique a unas empresas o a otras.
Un tercer modelo que nos proponen sería la de obligar a las nuevas empresas a que presenten un estudio de viabilidad económica, no solo de su proyecto empresarial sino también de la incidencia que podrían tener en otras ITV de la zona. Pero las últimas dos soluciones chocan con una realidad, que es que solo se prima a las ITV que están ya instaladas, evitando la inserción de otras nuevas.
Sin embargo, lo que demuestran las propuestas y el estudio que hay detrás es que no podemos dar paso a la liberalización plena del servicio, porque nuestro territorio es fragmentado e insular, y porque pasar la ITV es una obligación de la población, pero no lo es que tengan la obligación de costearse un viaje de ida y vuelta en barco, y perder muchas horas de su tiempo, solo porque en su isla se han quedado sin este servicio.
En fin, nosotros esperamos que el resto de los grupos tengan la sensibilidad necesaria para trabajar en las enmiendas y la ponencia para que no ocurra esta situación en el futuro.
Entrando a valorar el texto presentado, nos encontramos en que la exposición de motivos hace referencia a las necesidades que tenía antes Canarias, que incluso se trasladaba una ITV móvil a las islas donde no existía este servicio. A nosotros nos consta que en La Graciosa, la anterior consejera, la señora Luengo, se aseguró de que fueran a hacer estas inspecciones. Ahora, por lo que nos han comentado, desde que operan barcos de mayor calado, capaces de llevar vehículos, lo que se hace es que los habitantes de La Graciosa trasladen sus vehículos a Haría, aunque se han detectado problemas operativos que esperamos que se resuelvan para que también cuenten con este servicio.
Con respecto al articulado no hace falta que les recuerde lo que opinamos sobre asegurar en el segundo artículo que ninguna isla se quede sin ITV. Con respecto a la extinción de las concesiones, nos gusta que en espíritu se asegure que en las disposiciones los puestos de trabajo se prevea la continuidad del servicio, pero tenemos que quitar algunas expresiones que dejan esta decisión a la voluntad política del gobernante de turno. Nosotros nos oponemos, no por falta de confianza, sino porque es una obligación, que creemos que hay que cumplir sí o sí con los canarios. Está claro que a pesar de que la ley prevé que se hagan las gestiones con suficiente previsión antes de que se extingan las concesiones si por casualidad de la vida no hay empresas interesadas la consejería se verá en la... con las instalaciones en la mano, y los trabajadores a la espera, y creemos que en el extremo caso de que ninguna empresa se interese se debe llegar a la gestión directa, sin entrar en opciones sino como una obligación al menos mientras se busca concesionaria para no paralizar el servicio ni tener a los trabajadores parados.
En cuanto al régimen sancionador hemos leído varias veces el texto propuesto y no encontramos alusiones a que se puedan imponer sanciones a las ITV que tengan continuas quejas de los ciudadanos o se demuestre, con hechos, que se demoran mucho en el tiempo a la hora de dar una cita.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ramos Chinea.
Turno ahora para el Grupo de Nueva Canarias, señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ PÉREZ: Gracias, señora presidenta. Señorías. Señor consejero, buenas tardes.
También dar un saludo especial a los trabajadores de las ITV que hoy nos acompañan también aquí en este pleno.
El Decreto 93/2007 permitió liberalizar el sector de las ITV para dar una mayor cobertura y mejor prestación de los servicios a los usuarios, implantando el sistema de autorización administrativa para la inspección técnica de vehículos, en sustitución del régimen concesional, lo que ha posibilitado un notable incremento en la oferta de estaciones de ITV.
En cuatro años el número de ITV abiertas en Canarias ha pasado de 15 a 30 estaciones. Lo que ha llevado aparejado un notable aumento del empleo en el sector y ha supuesto un beneficio considerable para muchos usuarios del servicio que, actualmente, tienen más posibilidades de elección y no tienen que sufrir largos tiempos de espera para ser atendidos.
La aprobación de este decreto supuso que Canarias fuera una de las comunidades autónomas pioneras. Esto fue motivado por el fuerte crecimiento del parque automovilístico experimentado en 2005 en Canarias, que aconsejaba adelantar el proceso de liberalización en las zonas concesionales, mediante el definitivo establecimiento del régimen de autorización administrativa para la prestación del servicio de inspección técnica de vehículos.
El objetivo era aumentar el número de operadores que pudieran prestar servicio de inspección técnica de vehículos, elevar la competitividad entre los mismos, así como mejorar y abaratar el coste del servicio, acercándolo a los usuarios, y reduciendo los tiempos de espera.
Desde el Grupo Parlamentario de Nueva Canarias, entendemos que con la tramitación de este proyecto de ley tenemos una excelente oportunidad para aprender e incorporar la experiencia de otras comunidades autónomas que nos han precedido en esta actualización normativa, evitando los errores ya cometidos.
No debemos olvidar, señorías, que la seguridad vial es el último fin de este servicio.
Todos sabemos que el objetivo máximo de la empresa privada es conseguir el máximo beneficio, y en las ITV el beneficio lo da el cliente, por lo que cuantos más clientes se tengan, más beneficios se obtienen. Esto puede conducirnos a la picaresca de intentar captar más clientes a costa de la calidad de las revisiones de los vehículos, con el peligro que esto supone para la seguridad vial.
De la lectura de esta ley, junto a un análisis previo de los problemas sufridos en otras comunidades autónomas, desde el Grupo Parlamentario de Nueva Canarias pensamos que esta ley puede ser mejorada en el trámite de enmiendas.
Señorías, la etapa de crisis económica ha agravado el tradicional problema de carencia de medios humanos en las administraciones públicas, y parece lógico que una proliferación de estaciones dificulta enormemente la capacidad inspectora de la Administración, que si bien delega en la entidad nacional de acreditación, ENAC, el proceso de acreditación, según la Norma 17020, ya conocemos que, ocasionalmente, hay entidades que no superan el proceso de acreditación, debiendo suspender la actividad, lo que podría suponer volver a llamar a inspección aquellos vehículos que ya han obtenido una inspección favorable de la misma.
En un contexto de libre competencia, el ejercicio de una actividad empresarial por parte de la Administración pública es, en general, anómalo, lo que no quiere decir que no pueda darse cuando haya circunstancias que así lo justifiquen.
En este contexto, echamos de menos, desde nuestro grupo parlamentario, una solución alternativa para aquellas estaciones deficitarias, que se sabe cuáles son, para recurrir a esta anomalía en circunstancias excepcionales y que no se pudieran prever, y me refiero, como ya ha manifestado el señor Ramos Chinea, a las estaciones de La Gomera y El Hierro cuyas concesiones, como ya saben, terminan en el año 2025.
También, señorías, debemos tener en cuenta al personal de las estaciones de las empresas concesionarias, que llevan prestando sus servicios desde finales de los años 80, y tienen unas condiciones laborales muy consolidadas. Podría suceder que estas estaciones concesionarias tengan un bajo interés durante el proceso de reversión de las mismas. Así, cuantas más estaciones existan, y, si no hay un límite claro para la oferta del servicio en cuanto al número de estaciones, menos interesantes son estas desde un punto de vista económico, puesto que con un aumento de nuevas estaciones, el umbral de rentabilidad de las tradicionales con acuerdos económicos laborales preexistentes es más complicado.
En este proyecto de ley consideramos acertado que se hayan recogido algunas de las propuestas planteadas en anteriores sesiones plenarias como es, por ejemplo, en el capítulo del régimen sancionador, la extensión de la responsabilidad, no solo al director técnico, sino también a la entidad mercantil que desarrolla la actividad de inspección técnica, así como que se tipifiquen las infracciones y sanciones administrativas.
Por lo tanto, señorías, debemos aprovechar el periodo de enmiendas para enriquecer el texto que hoy se nos presenta y lograr, entre todos los grupos parlamentarios, una ley de régimen jurídico de la inspección técnica de vehículos de Canarias con el mayor consenso posible.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Rodríguez.
Turno ahora para el Grupo Podemos, señor Déniz.
El señor DÉNIZ RAMÍREZ: Señora presidenta, señorías.
Darles la bienvenida a los compañeros y compañeras de las ITV, al comité de empresa, porque me parece que es gente importante que tiene mucho que decir en este sentido y que, desgraciadamente, y yo entiendo, y ya lo comentaré luego, que nos se les ha, digamos, consultado sobre su experiencia, no se ha puesto en valor su experiencia a la hora de aportar lo que ellos han visto. Y son personas que, ya digo, han suplido en todo caso la carencia de inspección que el Gobierno, quizás el Gobierno canario, tenía que haber hecho y no lo ha hecho. Por lo tanto, darles la bienvenida.
Nosotros creemos que este régimen, esta ley que se trae hoy aquí al Parlamento, es un salto más en el proceso largo, un proceso en el que llevamos ya bastante tiempo, hacia la liberalización total de este servicio. Una liberalización que no siempre ha tenido en cuenta prestar un buen servicio, entendiendo 'buen servicio' no solamente porque haya menos cola, sino también porque, digamos, las revisiones se hagan con total rigurosidad; y tampoco en la cuestión que ha tenido que ver con garantizar el empleo.
No siempre las liberalizaciones benefician a la ciudadanía. Es más, todo lo contrario. En el caso de las eléctricas, la telefonía, la sanidad... aquí llevamos toda la mañana hablando de la privatización sanitaria, es decir, no siempre esto redunda en el beneficio de la ciudadanía en general, todo lo contrario. Lo que se hace es maximizar el beneficio, y aquí algunos diputados han planteado este tema, maximizar el beneficio en la inspección técnica de vehículos significa cuantos más clientes tengamos mejor, cuantos menos rechazos mejor. Es decir, pone en riesgo un problema importante que afecta a todas las personas de esta comunidad, tengamos o no vehículo, todos nos desplazamos.
Por lo tanto, es una cuestión seria que nosotros creemos que quizás el Gobierno tenía que haber incidido más en esta cuestión, el Gobierno tendría que implicarse más en la necesidad de tener un convenio nacional canario, o regional, como ustedes quieran, para todas las islas, y no un convenio por empresa. Porque esto es una cuestión que afecta a la seguridad, ya digo, de todas las personas, tengamos bien el coche o mal, el que viene detrás o el que viene delante a lo mejor lo tiene peor que nosotros, pero, en definitiva, es un problema que nos afecta a todos.
Y los trabajadores han planteado en numerosas ocasiones... Hay once documentos de los que yo tengo constancia de peticiones de revisiones de exigencia de reuniones, y todavía la consejería que usted preside, señor Ortega, no se ha reunido con ellos. Por lo tanto, trabajadores que se ven sometidos a presiones para intentar agilizar las inspecciones cuando, además, el reglamento dice que tienen que tener un tiempo más estipulado, con una serie de inspectores, técnicos, gente formada... y el reglamento no se ha cumplido, el reglamento de organización y régimen jurídico de la concesión de inspecciones técnicas de vehículos no se ha cumplido como nosotros creemos que debe cumplirse.
No se trata de agilizar más para favorecer la picaresca, es decir, cuanto antes tenga la pegatina, mejor; no se trata de eso. Yo creo que aquí tenemos que ser todos un poquito más serios e intentar eliminar en todo lo posible lo que tenga que ver con la picaresca, porque esto es un problema que, ya digo, afecta a personas, a vidas humanas, y en los últimos tiempos han salido algunos informes sobre cómo se han triplicado algunos accidentes debido a que no se ha realizado el control suficiente.
Se han triplicado, por ejemplo, el número de accidentes en guaguas, incendios en guaguas de Titsa, de la empresa Titsa de Tenerife, ahí tienen ustedes los documentos. Incluso, dada esa circunstancia, hay incluso voces del empresariado que plantean si no fuera mejor también que el Gobierno tomara otra vez toda la concesión. Pero bueno, sobre eso plantearé algo a continuación.
Hay una relación, desde nuestro punto de vista, entre liberalización o privatización, y precariedad e inseguridad. Hay una relación directa con la precariedad de los trabajadores, eso que usted llama competitividad para mejorar ha significado que muchas empresas presionen a sus trabajadores con contratos precarios, que se les obligue a abrir los domingos, en horario de domingo, para intentar obtener más clientela...
Nosotros pensamos que no todo vale con tal de no perder la cuota de mercado, señorías. Y aquí tenemos un problema bastante serio. Por lo tanto, insisto, el Gobierno tiene que implicarse en esto porque a veces el mercado no lo regula todo, normalmente, desde nuestro punto de vista, regula casi nada, y por lo tanto... (ininteligible) a todos los sectores.
La precariedad tiene que ver con que no se cumple con el personal mínimo, tiene que ver con que se abren estaciones únicamente con dos inspectores, o un supervisor y un director. En algunos tramos del día no están todos los trabajadores que el reglamento indica que tiene que haber. La formación se está haciendo como algunos másteres que se han hablado en esta situación política que vivimos, es una formación bastante precaria. Y además se sufren bastantes presiones, los trabajadores tiene presiones internas debido al volumen de producción que tienen que sacar adelante, y además debido a presiones externas, cuando vienen flotas de camiones de compañías de transporte escolar, de coches de alquiler, de compañías de alquiler, digamos, estas exigen que las inspecciones sean mucho más laxas y se haga la vista gorda en cuestiones que, para nosotros, son fundamentales porque estamos preocupados por la seguridad. Entonces son presiones del tipo de que, bueno, pues no se hace en el tiempo que deberían hacerse.
El transporte escolar y pesado es un asunto muy delicado, y las denuncias que hay, y usted le constan que están en la consejería, es que no se hacen en el tiempo deseable, no se miran cuestiones que tienen que ver con el acondicionamiento interno, líquido de frenos, etcétera, etcétera. Y nosotros no podemos permitirnos el lujo de que usted me diga: no, es que estadísticamente que se incendia una guagua no tiene que ver en relación a todas las que hay. Pero mire, es que esta estadística aquí no vale. Por lo tanto es complicado.
Y estos trabajadores que han denunciado malas prácticas se han visto muy presionados. En el caso, por ejemplo, el año pasado fueron despedidos dos trabajadores, dos trabajadores, precisamente por no querer entrar por el aro en el que algunos empresarios le obligaban a entrar. Denunciaron, fueron despedidos. Y esta es la realidad.
Por lo tanto, yo insisto, aquí los que han velado por la seguridad nuestra, de todas las personas que conducimos, o que normalmente nos desplazamos en vehículos, son algunos trabajadores. Y tenemos dos despedidos ahí.
Sobre el tema de inspectores, ya se lo comenté el lunes. Nosotros creemos... en el anterior decreto se estipulaba que tiene que haber un inspector..., perdón, un interventor de la Administración por cada estación. Y resulta que para treinta estaciones de ITV en Canarias, tenemos apenas tres, dos y pico, y además en condiciones que no son las más óptimas para realizar este tipo de intervenciones.
Por lo tanto, nosotros en esta ley vamos a presentar una enmienda para que se estipule claramente cuál debe ser el número aconsejable de inspectores por número de estaciones.
En cuanto a la subrogación, se ha eliminado el artículo 11, que existía en decretos anteriores, sobre el tema de la subrogación. Aquí tenemos un problema, las empresas que terminan la concesión el año que viene, si no se les adjudicaba o si hay estaciones que no son adjudicadas a determinadas empresas, ¿qué va a pasar con los trabajadores?
Nosotros tenemos una batalla fundamental, creo que todos estos grupos de esta Cámara tenemos una batalla fundamental en la disposición única, la disposición final única, donde se dice que, salvo razones de excepcional interés -tenemos que definir qué son razones de excepcional interés-. Yo entiendo que el asunto de La Gomera y El Hierro es un tema delicado, aunque la concesión finaliza en 2005, pero entendemos que es de excepcional interés también si una estación actual con una cantidad de trabajadores y de clientes no es adjudicada, ¿qué pasa con esos trabajadores? Me parece que eso tiene que quedar claramente en la ley. El tema de la subrogación o el tema de que, incluso, sea la Administración la que se ocupe de gestionar esa estación. Porque además significa que un mejor servicio, es decir, hay más estaciones, más personas, menos colas, en fin.
Luego sobre el tema de los bienes patrimoniales. A nosotros nos preocupa el asunto de los bienes patrimoniales. Me parece además y hay algunas empresas que están planteando, empresarios, que están planteando algunas propuestas en este sentido. Yo creo que nosotros no tenemos que regalar. El tema de los bienes patrimoniales de la comunidad autónoma no solamente es la maquinaria que tenemos, es que son también los solares. Impresionante que al precio de suelo como está actualmente, en fin, difícilmente algunas empresas van a poder competir. Entonces eso es un tema que tenemos estar claro, no sé si después el señor consejero tendrá que intervenir, pero entendemos que tiene que ser fundamental.
Se está planteando el arrendamiento. La Ley de patrimonio del Gobierno de Canarias lo permite el arrendamiento o el alquiler. Incluso hay algunas empresas que están planteando que se le adjudique sin concurrencia pública. A los trabajadores también creo que les interesa esta cuestión. Pero ya le digo, en todo caso entendemos nosotros que el Gobierno de Canarias antes de vender de forma barata y a un precio absolutamente ridículo todo el patrimonio que tenemos, se debería plantear claramente lo del arrendamiento. Me parece. Pero bueno, en todo caso es una cuestión que tenemos que seguir discutiendo.
Y luego sobre las reuniones que ha habido se plantea se ha planteado que..., se hizo una lista de evaluación de proyectos, se convocó a determinados... a empresarios. Y yo creo que no estaban todos los sectores afectados como indica en el texto. Se dejó fuera a las personas que ya digo velan por nuestra seguridad.
Entendemos que en este nuevo texto tienen que verse algunas irregularidades, en función de las experiencias que hemos tenido en el pasado. Inspecciones que se hacen fuera de boxes, algunos trucos y picaresca. Creo que tenemos que discutir claramente el tema de si arrendamos sin concurrencia. Si limitamos, por ejemplo, hay algunas empresas... Me permite usted un minutito más, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Un minuto más.
El señor DÉNIZ RAMÍREZ: Gracias.
Hay algunas empresas que se quejan, por ejemplo... (se produce un corte del sonido). Vale. Gracias, señora presidenta.
Hay algunas empresas que se quejan de la acumulación de muchas estaciones en un espacio geográfico muy concreto. Y eso no solamente no favorece el mejor servicio sino que además lo anula. Hay una competitividad que yo creo que, en este caso, es errónea. Hay empresarios que están planteando limitar la acumulación de estaciones. Por ejemplo, en la ley a lo mejor se podía recoger que en equis kilómetros determinados no tenga que haber más de una empresa. Yo creo que eso se podría regular. Luego el tema del arrendamiento o el alquiler.
En definitiva nosotros lo que planteamos es que tenemos que hacer lo posible por aprender de los errores que se han cometido, mejorar el servicio, garantizar la estabilidad de los trabajadores y procurar que las inspecciones sean realmente eso: inspecciones. Donde se favorezca la seguridad, que a todos nos interesa.
Muchas gracias, señorías.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Déniz.
Turno ahora para el Grupo Parlamentario Popular, señor Hernández.
El señor HERNÁNDEZ MIRANDA: Gracias, presidenta, buenos días. Saludos a los representantes de las empresas de inspección técnica de vehículos. Señor consejero.
Señorías, nos enfrentamos a un proyecto de ley muy escueto. 13 artículos, 3 capítulos, y en temas, también. Realmente promueve el establecimiento de una autorización administrativa como título habilitante y formas de prestación del servicio, como corrige el consejo consultivo; disposiciones relativas al antiguo régimen concesional y, finalmente, el régimen sancionador específico.
El recorrido normativo relativo a la puesta en marcha de la prestación de este servicio, tal como nos recuerda la propia exposición de motivos, se inició con la transferencia, en el año 84, por el Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias, la cual asumió en ese momento directamente la construcción de las estaciones de ITV en varias islas. Posteriormente, dos normas autonómicas han marcado el devenir de este sector. Por un lado el decreto 94/86, donde se estableció un régimen mixto de explotación, el cual sería, bien gestionado directamente por la comunidad, o a través de empresas en régimen concesional; y por otro lado, el Decreto 93/2007, actualmente en vigor, que estableció el régimen de autorización administrativa para la prestación del servicio de la ITV.
La puesta en práctica del régimen de autorización administrativa supuso un gran paso, una gran dinamización del sector, lo que ha permitido duplicar el número de estaciones, ha supuesto un importante aumento de empleo, mejorando la calidad del servicio, acercándolo a los usuarios, y reduciendo los tiempos de espera.
Un posible cuestionamiento de la legalidad del procedimiento de otorgamiento de esas autorizaciones administrativas hace que el Gobierno pretenda avalar y confirmar el régimen de autorización administrativa para la prestación de la ITV, junto con el proceso de reversión y las garantías jurídicas que deben de llevar consigo, elevarlo, por tanto, a una norma de rango superior, rango legal, para darle la mayor cobertura y la mayor seguridad jurídica, además de una ley autonómica que establezca un régimen sancionador específico.
La normativa que establece los criterios básicos, sobre los que da soporte a esta nueva regulación autonómica, la encontramos en la Directiva 2014/45, relativa a las inspecciones técnicas periódicas de los vehículos de motor, y cito la directiva, porque aunque en la exposición de motivos también habla del Real Decreto 920/2017, aún, todavía, no en vigor, hasta el 18 de mayo, como norma básica del Estado, conviene señalar el comentario del consultivo a resultas de un informe del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, donde se da cuenta de la tramitación entonces del proyecto de real decreto, y en la que ya anticipa que somete a la consideración la posibilidad de esperar a dicha publicación, debido a que la directiva establece aspectos en cuanto a los requisitos y a la supervisión de las estaciones de ITV, que al trasponerse pueden establecer preceptos que se solapen con alguna de las previsiones del proyecto de ley que está en estudio.
Y este punto no es nada baladí, ya que de esa lectura no puede deducirse que la administración autonómica, al tramitar la iniciativa, tuviera, tal como dice literalmente el consultivo, cabal conocimiento del texto de este nuevo reglamento estatal.
Señorías, en otro orden, la eclosión de las nuevas ITV, que se produjo a partir del decreto 2007, consagró el principio de autorización administrativa, título habilitante que pretendemos elevar a rango legal. Y esto se produjo en un régimen de libre competencia empresarial, sin exclusividades territoriales, como también consagra la norma sobre la que estamos debatiendo. De hecho, se pasó de 15 ITV de aquella época hasta las 30 actuales. Es verdad que ese impulso se produjo a partir del año 2013, después de superar algunos conflictos en el ámbito judicial. Por ello nos cuesta reconocer, o admitir alguna de las propuestas del sector, dirigidas a establecer unas bases de planificación territorial, ya sea por criterios geográficos, de rentabilidad económica, o basada en criterios de distancia entre estaciones de ITV.
Las nuevas ITV se han ido posicionando con criterios netamente empresariales y, por tanto, de rentabilidad económica inherentes a cualquier negocio, compitiendo entre ellas y, por tanto, es el mercado el que, de forma natural, ha ido estableciendo, sobre todo, es verdad, en las islas capitalinas, el número de ITV operativas por su rentabilidad. Y ello no ha provocado empeorar el servicio, sino todo lo contrario: ha conseguido extender las ITV por toda la geografía insular, insulares, acercando al usuario este servicio, y ha ido extendiendo la calidad del servicio en base a esa competencia entre las diferentes empresas. Salvado, eso sí, o exceptuado de esta realidad, por la lejanía o por la doble insularidad, las islas menores, donde antes y ahora, se pretende que el Gobierno de Canarias garantice la gestión del servicio por cualquier forma de gestión directa o indirecta.
Señorías, la realidad es que en nuestra comunidad autónoma, los datos que hemos obtenido sobre el funcionamiento de las ITV en estos últimos años pone de manifiesto una normalidad en términos de funcionamiento y en términos de incidencias de las mismas. Comprobamos, por ejemplo, que en el año 2016 en Canarias pasaron la inspección técnica 1 264 538 vehículos de todo tipo, con un total de 350 005 defectos, tanto leves como graves, lo que representa un 18,97 % del total en la primera inspección. Cifras y porcentajes muy similares al del territorio nacional.
En relación con el número de reclamaciones presentadas en las ITV, observamos que en el año 2016 hubo 286 reclamaciones de las 30 ITV establecidas, frente a las 214 del año 2017, un descenso en términos absolutos, es verdad, de 72 reclamaciones, que puestas en relación con el número de inspecciones superadas, pues, evidentemente, hacen evidencia de un número irrelevante de reclamaciones de un servicio, evidentemente de cara al usuario, siempre mejorable, pero evidentemente gestionado en calidad y muy cercano del usuario.
Ahora bien, al margen de las aportaciones que en el trámite de enmiendas podamos realizar, hemos de poner el foco durante este proceso y, a continuación de su aprobación, en el Real Decreto 920/17, porque es la normativa básica frente a una materia compartida, normativa básica que regula la inspección técnica de vehículos, y deberá hacerse porque, por un lado, establece las bases mínimas de ese régimen de ITV; y por otro lado, porque a la aprobación de la ley autonómica deberá el Gobierno con carácter inmediato modificar el decreto autonómico, del año 2007. Servirá, por tanto, para acomodar y actualizar el régimen de autorización administrativa para la prestación del servicio de las ITV.
La nueva regulación estatal, que entrará en vigor el 18 de mayo de este año, plantea con carácter general los requisitos en cuanto a personal, formación, instalaciones, equipos, procedimientos de inspección, destinados a garantizar la calidad, con el fin de contribuir a la mejora de la seguridad vial y la protección del medio ambiente. Obliga a las estaciones, obligará a las estaciones, a disponer de herramientas de lectura, de diagnóstico, que se conectan con los ordenadores. Facilitará la libre elección de estación de ITV cuando el resultado sea desfavorable en la primera inspección. Fijará, por otro lado, la obligatoriedad de acreditar las ITV como entidad de inspección, atendiendo a la norma internacional UNE-ISO 17020, y actualizará los requisitos de cualificación del personal. Para los inspectores, se va a exigir como nivel mínimo la titulación de Técnico Superior de Automoción.
Señorías, si alguien tenía alguna duda sobre los modelos de gestión, sobre los alcances de los mismos, la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 15 de octubre de 2015 disipa varias de las cuestiones prejudiciales planteadas, y declara, por un lado, excluido de la aplicación de la directiva de servicios a este sector de la ITV. Por otra parte, determina claramente que las actividades de las ITV no participan del ejercicio del poder público, en el sentido del artículo 51 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, establece que son los Estados miembro los que tienen plena competencia para establecer el modelo de gestión, pero respetando las grandes libertades, y por tal motivo impidiendo las restricciones a la libertad de establecimiento.
Llegado a este punto, buena parte de las comunidades autónomas llevan adoptando y adaptando modelos de gestión de las ITV que, posiblemente, incumplan el derecho de la Unión Europea, y examinados sus contenidos, será el órgano ejecutivo de la Unión Europea quien pueda exigirles en su caso responsabilidades.
Canarias, por el contrario, se estará ajustando, con esta iniciativa, al marco comunitario.
Procederá, en todo caso, reitero, con carácter urgente modificar el Decreto 93/2007, para adaptarlo al nuevo real decreto, y además aportará las garantías suficientes a los operadores del sector, en un proceso que ahora mismo ya se ha iniciado de reversión, con una primera fecha de finalización de las concesiones el próximo año, y que afecta a nada menos que diez ITV situadas en las islas de Gran Canaria y Tenerife. Garantías y seguridad jurídica que demandan también los trabajadores del sector y, sobre todo, los usuarios de este servicio, que han visto en los últimos años mejoras apreciables en el servicio de la inspección técnica de vehículos, y que no querrán verse perjudicados.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Hernández.
Turno ahora para el Grupo Socialista, señor Matos.
El señor MATOS EXPÓSITO: Sí.
Señora presidenta, señor consejero, señorías.
Un saludo desde el Grupo Parlamentario Socialista a los trabajadores de las estaciones de ITV.
Bueno, esta es una ley necesaria. En términos generales es un buen texto. Habrá que... tendremos oportunidad de poderlo enriquecer y aportar algunas cuestiones en el trámite de enmiendas.
Es una ley que, bueno, puede parecer, digamos, muy técnica, pero que tiene que ver con la vida cotidiana de casi todos, o de todos, por lo menos de todos los que tienen un vehículo en esta tierra, que somos unos cuantos, porque no nos olvidemos que Canarias es, probablemente, uno de los territorios de toda la Unión Europea con más densidad de tráfico y con mayor número de vehículos por habitante, por supuesto de España, y uno de los más altos de Europa. Por tanto, estamos hablando de algo cotidiano, aunque no lo parezca.
Y estamos hablando, además, de un lugar en el que se ha producido en los últimos años un envejecimiento del parque móvil, que se sitúa en una edad media de unos doce años, aproximadamente. Por tanto, es un asunto de la vida cotidiana de -insisto- de los ciudadanos de esta tierra, aunque parezca una norma eminentemente técnica.
Dicho esto, hay que añadirle una cuestión, que me parece que está en el origen de las decisiones que se tienen que tomar, o que deben tener, al menos, inspirar la normativa, es que pasar la ITV no es voluntario, es que si no pasas la ITV acarrea una sanción, la retirada del permiso de circulación del vehículo, y en fin, no es algo que el ciudadano elija hacer o no hacer, es una obligación. Y si el Estado ha impuesto una obligación, correctamente, para mejorar la seguridad vial, para que todos los propietarios de vehículos, a partir de determinada antigüedad, deban pasar esas inspecciones, debe garantizar que los ciudadanos puedan realizarlas sin que eso tenga un coste personal más allá de lo, en fin, digamos asumible por un ciudadano corriente y normal.
Bueno, pagar las tasas, desplazarte, perder un tiempo de tu vida personal, laboral o lo que sea, vale, está bien, pero cuando empiezan a ponerse más dificultades que esas para que un ciudadano o ciudadana pueda cumplir con una obligación que les impone el Estado, que de no cumplirla acarrea una sanción -la retirada del permiso de circulación-, empezamos a hablar de que algo empieza a fallar. Lo digo porque la ley lo que hace es básicamente consolidar en una ley lo que ya estaba en un decreto, liberalizar el sector, parece que es una idea acertada, pero se debe hacer no perdiendo de vista, lo haremos en el trámite de enmiendas, algunas cuestiones.
La primera es que tenemos que garantizar, que no solo en las islas no capitalinas, sino dentro de las propias islas mayores, mal denominadas mayores o islas capitalinas, un ciudadano no tenga por qué desplazarse hacia las áreas metropolitanas, o hacia sitios donde la libertad de mercado hace que los empresarios que estén interesados en la instalación de estas empresas las coloquen en los lugares donde van a obtener un máximo rendimiento, eso es legítimo por parte de las empresas, obviamente. Harán sus estudios de mercado, sus estudios de movilidad y verán dónde es más rentable, desde el punto de vista de la captación de clientes, de ciudadanos obligados a pasar esas inspecciones, dónde situarlas. Esto puede significar que, terminado el régimen de concesión, haya determinados lugares que no son rentables para las empresas. Sin embargo, es una obligación para el ciudadano pasar la inspección.
Algo tenemos que madurar entre todos los grupos parlamentarios para garantizar que esta obligación de todos los ciudadanos se presta en condiciones de igualdad en cualquier punto, o las máximas condiciones de igualdad en todos los puntos de las islas, especialmente en las islas no capitalinas. No parece razonable que, llegado el momento, no sea rentable para un empresario tener una inspección técnica de vehículos en una isla como El Hierro, La Palma o en determinadas zonas de Fuerteventura, como nos recordaba ayer don Iñaki Álvaro Lavandera, en una reunión que hablábamos de este asunto, y que a partir de ahí estos ciudadanos tengan que, a lo mejor, llegado el momento, desde La Gomera o desde El Hierro o de cualquier otra isla, tenerse que desplazar a una isla mayor para poder pasar la inspección. Eso no es razonable ni tiene por qué el ciudadano asumir de su coste, digamos, más allá, como decía antes, de lo razonable, el cumplimiento de una obligación como es pasar esa inspección técnica de vehículos.
Luego hay algunas cuestiones en la ley en las que el informe del Consultivo nos apunta. Está el tema de las normas de calidad, que hay algunos ajustes que hacer en la normativa, también los procesos de reversión, que hay algún ajuste que hacer en el texto, pero bueno, yo creo que son más de técnica jurídica que de fondo.
Pero sí que tenemos, desde el Grupo Parlamentario Socialista, la preocupación de qué va a pasar con los trabajadores del sector de esas concesiones que se van terminando, que la liberalización no produzca, a ver cómo podemos mitigar ese impacto en la normativa, si es que podemos, no produzca una precarización del empleo, del trabajo de esas personas porque la competencia, como antes decía don Francisco Déniz, ha hecho que efectivamente haya puntos de inspección que abren sábados, domingos, festivos, fantástico para los que no quieren perder o no pueden perder un tiempo de su vida personal o laboral para pasar las inspecciones; pero eso significa que hay alguien que está trabajando un fin de semana, y eso hay que ver si se está haciendo en condiciones de que no haya una precariedad laboral, que al final esta liberalización la terminen pagando los ciudadanos de las islas menores porque van a tener un peor servicio, y los trabajadores de las estaciones porque van a tener una precarización de su empleo.
Estas son las dos, digamos, cuadernas que el Grupo Parlamentario Socialista va a tratar de utilizar a la hora de intentar enmendar el texto en el periodo que se abre a partir de ahí. Insisto, una ley necesaria, una ley que técnicamente creemos que es correcta, necesita algunos ajustes, y estas dos cuestiones que nosotros vamos a intentar vigilar muy de cerca en el trámite parlamentario.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Matos.
Turno ahora para el Grupo Nacionalista Canario, señora Beato.
La señora BEATO CASTELLANO: Gracias, señora presidenta. Señorías. Señor consejero. Saludamos también desde el Grupo Nacionalista Canario a los representantes de los trabajadores del sector de las ITV en las islas.
Este es un servicio que ha ido mejorando con los años en las islas y los resultados son evidentes. Desde principios de los años 80, en el que la Administración de la comunidad autónoma asumió el servicio directamente con la construcción y la explotación de estaciones en Tenerife, Gran Canaria, La Palma, Lanzarote y Fuerteventura con una unidad móvil además que se trasladaba al resto de las islas después, posteriormente, el decreto del año 86 que ya establece un régimen mixto de gestión directa, por un lado, por la comunidad autónoma y de gestión por empresas bajo el régimen de concesión. En base a eso se convocaron los concursos, un bloque en el año 88 en Gran Canaria y en Tenerife, y en el 95 en el resto de las islas.
En la actualidad persisten 15 concesiones: 10 en Tenerife y Gran Canaria, que son las primeras que finalizan en el próximo año; y cinco en Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, El Hierro y La Gomera, que expiran en el 2025.
Paulatinamente el Gobierno también fue pasando a gestión privada las estaciones que asumió públicas, pero, aun así, todos recordamos las colas y las dificultades para tener una cita en la ITV a pesar de los esfuerzos de los trabajadores por ofrecer el mejor servicio posible. Por eso se planteó permitir la entrada en el mercado a nuevos operadores para incrementar la competencia, garantizar el servicio e incrementar el empleo también. De ahí, el decreto del año 2007, que define un nuevo modelo de gestión, exclusivamente, el sistema de autorización administrativa; y la presente ley lo que hace es elevar el rango de ese decreto del 2007, elevar el rango a ley para darle más garantías de seguridad jurídica a los operadores, a los trabajadores y a la seguridad vial, estableciendo la condiciones para la reversión de las concesiones y los derechos de los trabajadores. Además de establecer la tipificación de las infracciones y la sanciones correspondientes.
La ley -y lo decía el portavoz del Grupo Popular- es bastante avanzada porque incluye los parámetros de la directiva europea del año 2014, los del real decreto del 2017, que incorpora la directiva al ordenamiento jurídico y, además, sigue el pronunciamiento de la sentencia europea del tribunal europeo, que establece que la directiva de servicios no es de aplicación a este sector.
Esta es una ley con un trasfondo muy importante -lo han dicho los anteriores portavoces-, importante para la economía de las islas, importante para la seguridad vial e importante, por tanto, de gran relevancia, para todos los ciudadanos; pero sencilla en extensión porque solo tiene trece artículos, por lo que mi grupo anuncia que planteará la posibilidad de reconducir su tramitación a través del procedimiento abreviado previsto en el Reglamento para simplificar y agilizar su tramitación.
La ley, como decíamos, confirma el régimen de autorización administrativa, que ha demostrado su utilidad a lo largo de estos años, permitiendo liberalizar el sector para dar mayor cobertura y mejor prestación del servicio a los usuarios.
La implantación de este sistema ha posibilitado un importante incremento de las ITV en las islas, pasando de quince a treinta ITV en la actualidad, y ha supuesto un impulso al sector con el consiguiente incremento de los puestos de trabajo, dando salida, además, a cientos de estudiantes de la Formación Profesional en las islas. Por lo tanto, ha sido un buen sistema, que ha sido además un beneficio para los usuarios: todos los canarios y canarias necesitamos pasar la ITV, y actualmente tenemos muchas más posibilidades de elección y no tenemos que sufrir los largos tiempos de espera que antes teníamos que soportar.
Desde nuestro grupo trabajaremos para enriquecer esta ley. La primera prioridad del Grupo Parlamentario Nacionalista es asegurar unos estándares mínimos de calidad y rigor en el servicio, y creo que hay una buena base en el régimen de infracciones y de sanciones que se establecen en la ley. No obstante, estaremos vigilantes en el seguimiento del índice de rechazos para garantizar que un aumento de operadores no produzca el efecto indeseado de relajar los criterios de inspección para no rechazar vehículos y, por lo tanto, captar clientes o fidelizar a clientes.
Y estamos de acuerdo con establecer criterios para garantizar ese mayor control desde la administración, y el consejero ya ha anunciado esta semana en comparecencia que ya se está trabajando en un decreto que va a desarrollar todos esos aspectos reglamentarios que van a garantizar esa seguridad.
Y trabajando en esta ley también uno piensa en la seguridad vial y la importancia de esto, pero también pensamos en los ciudadanos, en que todos tenemos que pasar la ITV, y el coche, para muchos, es el medio de vida; y para la mayoría de la clase media que hace muchos sacrificios para tener el cochito a punto y pasar la ITV. Y tampoco debemos olvidarnos de todas esas personas, porque somos todos y mucha gente que pagar la ITV, pasar la ITV, que lo bloqueen en la ITV... es un gran quebradero de cabeza.
En segundo lugar, nuestra prioridad es garantizar el mantenimiento de los puestos de trabajo. La ley, al regular la extinción de las concesiones, hace hincapié en mantener los derechos del personal que trabaja en las ITV, así se plasma expresamente en el artículo 5, que obliga a la subrogación de las obligaciones laborales. Nosotros haremos aportaciones para que quede muy claro, con todas las garantías en la ley, el mantenimiento de los derechos de los trabajadores y el mantenimiento de todos los puestos de trabajo.
Y nuestra tercera prioridad, en la línea del resto de grupos, es la garantía del servicio en todas las islas. Es evidente que, en un mercado abierto, las reglas del mercado marcan la ubicación de las estaciones en las zonas de mayor población o en las zonas de mayor número, mayor parque móvil, en detrimento de zonas con menor volumen. Esto puede llevar a una sobreoferta en algunas zonas y una ausencia de oferta en otras, y aquí nos preocupa y trabajaremos para establecer mecanismos para la garantía del servicio en islas como La Gomera y en El Hierro. En este sentido anunciamos que formularemos alguna enmienda para establecer criterios que permitan garantizar, a pesar de que la ley ya los establece, pero garantizar, del todo, la igualdad en el servicio en las islas menos pobladas de La Gomera y El Hierro.
Creo que hemos, todos, en las intervenciones que me han precedido, todos compartimos, me parece que compartimos los mismos objetivos y, entre todos, con las enmiendas que podamos aportar para enriquecer el texto, conseguiremos garantizar el servicio, garantizar los puestos de trabajo de los trabajadores, garantizar la seguridad vial de los ciudadanos.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Beato.
Señorías, hemos concluido las intervenciones de todos los grupos, del Gobierno y todos los grupos. Por tanto, ya hemos procedido a este debate de primera lectura. No hay enmiendas. Por tanto, damos por concluido este punto y pasamos al siguiente.
