Diario de Sesiones 119/2018, de fecha 22/5/2018 - Punto 25

9L/IDC-0003 INFORME DEL DIPUTADO DEL COMÚN. INFORME ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.

La señora PRESIDENTA: A continuación el informe del Diputado del Común, al que le damos la bienvenida nuevamente en esta su casa y también le damos la palabra.

Un honor, como siempre, recibirle, señor Saavedra.

El señor DIPUTADO DEL COMÚN (Saavedra Acevedo): Buenos días, señora presidenta. Señoras diputadas. Señores diputados.

Como he sido siempre un fiel cumplidor de los reglamentos quiero advertir a la presidenta que me voy a atener al orden, a la cuestión, pero rompiendo mis esquemas, como a mí me gusta improvisar, hoy voy hacer una pequeña referencia inicial a un hecho casual, que he coincidido. Mañana se va a rendir homenaje al presidente de esta Cámara, don Victoriano Ríos; con él compartí las arriesgadas tareas de lucha por la democracia como profesor no numerario de la Universidad de La Laguna, nos costaba muchísimo conseguir algún representante de la Facultad de Medicina, pero lo conseguimos con él y algún otro. Y luego, como parlamentario aquí y, posteriormente, también como senadores, trabajamos codo con codo en la defensa de los intereses de Canarias. Y por eso mañana no puedo estar.

Pero sí quería comenzar recordando el hecho casual de que, volando esta mañana desde La Palma a esta isla de Tenerife, me he enterado del fallecimiento ayer de César, César Sánchez. Y dirán ustedes "¿quién era César Sánchez?". Me ha alegrado ver en el periódico que habla César del Luther King. Pues César era uno de los que, al comienzo de los setenta, luchamos por el relanzamiento del Partido Socialista Obrero Español en Canarias, reuniéndonos en el Ateneo, y él creo que era Alfonso García Ramos el que lo definió, muy irónicamente, era el obrero de Tierno Galván, porque había trabajado en la empresa municipal de transportes en Madrid, había sufrido las represalias de la dictadura y se vino para acá y empezó a trabajar en el Luther King, y, como tal, siempre fue un hombre leal, más de izquierda que yo, naturalmente, pero eso no quita para que hoy le dedique yo esta memoria a estos dos, que forman parte de la Transición; porque la Transición no fue, como algunos quieren reducir hoy, un hecho de cuatro, sino que la Transición fue un fenómeno de muchos miles de trabajadores, de intelectuales, de funcionarios, comprometidos con el trabajo, con el trabajo con riesgo por la democracia. Por esto, señora presidenta, me he permitido salirme del punto del orden del día como homenaje a estos dos representantes y recordando esa transición política, porque ahora la memoria histórica a veces se queda reducida más acá o más allá, pero no con la transición política. Bien.

Quería también romper con el sistema de decirles el número de quejas y empezar basándome en las intervenciones de los portavoces de los grupos parlamentarios en el momento en que, hace unos quince o veinte días, presenté este mismo informe en la comisión parlamentaria correspondiente; y por si allí no hubo oportunidad, y por si me van a insistir en las cuestiones, yo quería hoy darle así, de pasada, algún punto en relación con estas.

Por ejemplo, la señora González, del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, me planteaba el tema de por qué teníamos tantas quejas vivas. Las quejas vivas son las que se unen a las nuevas pero que vienen de atrás, de informes recogidos en otros años, y que en unos casos se deben al fenómeno natural de que las quejas que entran a partir del mes de septiembre del año 2017, informe al que me estoy refiriendo ahora, pues serán vivas en el informe del año 2018 porque no estarán resueltas ni han sido resueltas antes del 31 de diciembre. Y si a eso le añadimos algunas otras, que por razón de la materia y de la complicada normativa se dilatan en las respuestas las administraciones públicas, pues hay algunas, efectivamente, que les sorprenderá a ustedes que pueda haber quejas vivas del año 2014. A una de esas me referiré a continuación.

Eso explica, junto con la autocrítica que me corresponde, y que lo hicimos público a la sociedad canaria, que al establecer un nuevo programa informático en la tramitación de todas las quejas fue un programa que nos regaló el Defensor del Pueblo de Andalucía gratuitamente, insisto, pero que su aplicación siempre conlleva en todas las empresas momentos, meses, parones, retrasos, adaptaciones, formación del personal, y eso explica que, a lo mejor, haya un número mayor de quejas vivas reflejadas en las estadísticas de este informe.

A los portavoces, que fueron la señora Monzón y el señor Marrero, del Grupo Podemos, volver a insistirles que les preocupaba el número de... o las referencias a las quejas anónimas. Las quejas anónimas son aquellas que nos llega una persona pero hay que pedirle datos de identidad, concretamente si tiene algún documento en relación con la queja que plantea. Porque el otro día nos llega, por ejemplo, una queja, "que estoy preocupado por la situación de El Teide", y, claro, hay que localizar a esa persona y decirle "pero qué quiere usted que averigüemos para saber a qué administración me dirijo"; y esos, a veces contestas, y otras veces no contestas. Y según la ley no se puede tramitar y se quedan ahí como anónimas. Si el tema, aun siendo anónimo, consideramos que es de interés general, iniciamos una queja de oficio para que, diríamos, el impedimento legal no, diríamos, paralice conocer los datos de un problema que tiene trascendencia general para la sociedad canaria.

El portavoz del Grupo Popular, señor Jorge Blanco, hizo una referencia, precisamente, como le he dicho, a una queja del año 2014, la 1474. Y me sorprendió, porque yo no me acordaba de qué iba el tema, como es natural. Y se trataba del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que ocupó suelo privado sin ningún procedimiento expropiatorio. Se plantea, como es obvio, el ciudadano, que sigue percibiendo los recibos y sigue pagando el IBI, estando ocupado por... sin poder disponer de ese suelo. Empiezan las solicitudes de informes, han pasado varios alcaldes, la culpa no es de los alcaldes, ni de los concejales, sino que es la culpa de un jefe de servicio o de un técnico, un letrado que no contesta, y hay una acumulación de solicitudes de informe, yo incluso he tenido que tomar el teléfono para hablar con el actual concejal de Urbanismo para decirle que me mande de una vez, porque si no lo declaro obstruccionista, aunque él no tenga ninguna responsabilidad en el asunto.

Pero ahí tienen un ejemplo de dónde hay que buscar a veces las responsabilidades, que no solo son los cargos políticos, los cargos públicos, sino también determinados funcionarios o la complicada normativa territorial y urbanística que tenemos.

Me planteó también el señor don Gustavo Matos, portavoz del Grupo Socialista Canario, los problemas de los historiales médicos. He tenido incluso un caso de una magistrada que ha presentado una querella por fallecimiento de su marido en los servicios de urgencia unos infartos, y se encontró con que la magistrada ha solicitado una serie de documentos, y los documentos no se los han facilitado, cosa que sí hemos logrado a través del Diputado del Común.

Y quiero dejar constancia que en materia de sanidad siempre hay una magnífica colaboración en relación con estos temas, porque son problemas de responsabilidad patrimonial como consecuencia de algún posible fallo profesional o imprudencias o hechos fortuitos, pero que hay que esclarecer, y en ese caso la consejería está respondiendo y facilitando nuestra tarea en materia de quejas de esa naturaleza.

Y, finalmente, la señora Beato, portavoz del Grupo Nacionalista Canario. ¿Por dónde está? Aquí. Gracias. Me planteaba el tema particular de Venezuela.

También el señor Matos me había planteado el tema de los presos canarios en el extranjero y, efectivamente, estos días se está celebrando o se estaba determinando si un caso de un canario que ha pasado en prisión varios años, que había sido condenado, que el Tribunal Supremo anuló por quebrantamiento de forma, y estaban pendientes, estaba en libertad pero con limitaciones, esperando la celebración o no celebración del nuevo juicio. Estos días he estado en contacto con la cónsul general de nuestro país en aquella república.

Pero volviendo al tema de Venezuela, ha habido dos cuestiones: una que se planteó en comisión y que la casualidad, y se lo he dicho el pasado jueves, se lo anticipé a la consejera doña Cristina, que el Defensor del Pueblo se ha movilizado a petición nuestra, desde hace ya bastantes meses, y recibimos el escrito solo voy a limitarme al final, el escrito de salida del Defensor del Pueblo, del 25 de abril, nosotros lo hemos recibido a principios, el 8 de mayo.

Bien, como ustedes saben, las pensiones, en virtud del tratado bilateral de Seguridad Social entre España y la República de Venezuela, los que han trabajado allí y han cotizado allí pero retornan o se vienen para acá, tienen derecho a recibir la pensión que les paga el instituto venezolano o, en el caso contrario, el Instituto Nacional de la Seguridad Social español si se quedan allí y han trabajado aquí. Entonces, desde el 1 de enero del año 2016 hay algunos miles de ciudadanos que residen en las islas que no han recibido ni un euro, ni un bolívar, de su pensión. Y es una situación dramática, que me movió a recibir a algunos colectivos, a plantear el tema al Defensor del Pueblo.

Se ha dirigido al INSS. El INSS, en mi opinión, pues ha mostrado una insensibilidad o el someterse a rajatabla a lo que dicen las leyes, pero no ha aceptado tres recomendaciones que le formuló el Defensor del Pueblo para facilitar a... incluso apoyándose en dos sentencias del Tribunal Supremo, para que las administraciones autonómicas o el Estado puedan cubrir, anticipar, como lo queramos calificar, alguna ayuda a estas personas que están atravesando esta situación, que no pueden acceder a las pensiones no contributivas porque figuran como pensionistas en el registro nacional. Y todo a base de factores legales que imposibilitan resolver la cuestión. Aquí se ha planteado por la consejera, lo hemos hablado, que sea la PCI sé que está muy sensibilizada y comparto con ella su preocupación, hallar una fórmula aunque sea por una sola vez, pero que... Y concluyo.

El Defensor del Pueblo me dice que ante la negativa a aceptar las tres recomendaciones leo el párrafo final, "esta institución -el Defensor del Pueblo- discrepa con la falta de aceptación del criterio expuesto, por lo que ha acordado dar por finalizada la actuación llevada a cabo ante la citada secretaría de Estado, y -con letra mayúscula- elevar el contenido de estas mismas recomendaciones a la ministra de Empleo y Seguridad Social para su estudio y resolución".

Yo he hecho trasladar este escrito a los portavoces de los grupos parlamentarios nacionales que tengan representación en Canarias para que formulen o hagan lo que estimen oportuno en el control al Gobierno en el Congreso de los Diputados o en el Senado, y yo espero que al final encontremos una fórmula para resolver este problema.

Volviendo, diríamos, al esquema tradicional, aludiendo a alguno de los aspectos, cuestiones que no abordé en la comisión... es que yo creo que requiere, por lo menos aquí, una referencia. Algo he oído en relación con la problemática de los jóvenes del portavoz del Grupo Mixto, don Casimiro lo he visto antes de la sesión, una hora antes, acerca del futuro de los jóvenes. A mí, más que los jóvenes, me preocupan los ante-jóvenes, los niños. Y creo que hay estadísticas que nos ponen en mal lugar en relación con el número de escuelas infantiles que tenemos, y sé que hay argumentos, por parte de la consejera de Educación, que está aquí presente, y con la que he intercambiado el tema acerca de la extensión del número de escuelas infantiles en Canarias.

Yo en mi época de alcalde creé cinco en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y están funcionando. ¿Que tiene un coste tremendo? De acuerdo. Pero estamos hablando de que estamos saliendo de la crisis; que hay más recursos; que los presupuestos del Estado, que esperemos que se aprueben, lo digo ajeno a cualquier posición parlamentaria o grupo, se aprueben para permitir el acceso a la hacienda canaria de una serie de recursos que les va a permitir pues, o bien por remanentes, el próximo mes de julio, abordar la distribución de unos recursos, imprevistos o previstos.

Bien, yo espero que cuando el movimiento feminista, que ha adquirido un protagonismo importantísimo en nuestro país, empiece por concretar que la liberación de la mujer-madre, solo puede venir a través de escuelas infantiles, gratuitas, que podrán ir a trabajar, si no, nunca podrán ir a trabajar, y si encima están en paro, sosteniendo a las niñas, es decir, esa es la auténtica liberación. Entonces, yo pido a miembros del Gobierno, mujeres de la oposición, perdón, que sean sensibles a esta cuestión. Porque desde el niño es donde empezamos a educar en valores y tenemos que educar en valores para evitar esa sociedad dislocada que empieza a configurarse en Europa; y que estamos viendo ejemplos como el de Italia, ese pacto alucinante, donde he leído ayer que se excluye para ser ministro ser masón. O sea, parece que han resucitado la ley franquista del año 1940, pero si esto es un país democrático como Italia, y consta ahí que no se puede ser ministro por ser masón.

Entonces, los extremismos, dislocados, que en Austria, en Alemania también, han adquirido una potencia, puede llevarnos a Europa a revivir situaciones muy dramáticas y desagradables. Entonces, únicamente podemos contrarrestarlas educando desde la fase infantil a nuestros niños. Si, encima, la natalidad en Canarias ha disminuido, pues el coste será menor, salvo que llegue población de inmigración y vengan a llenar nuestras aulas, como ha ocurrido en los últimos años.

De manera que yo es lo que, un poco saliéndome del papel, pero creo que por conciencia ética, total, creo que la educación infantil es clave para configurar el futuro de Canarias, y que, si hay dinero, por favor, elijan bien y pongan este entre los temas claves.

Siempre se ha aludido al problema de los recursos presupuestarios escasos o los de personal, afortunadamente estamos cambiando de rumbo en otras materias, como ha ocurrido con la dependencia, donde el número de beneficiarios se ha incrementado; ya señalé que el tema es que hay que incorporar, de la forma que sea, el sistema estatal de dependencia, la ayuda a domicilio para, de esa manera, no solo conseguir unos recursos que no se están consiguiendo actualmente, pero también para colocarnos en la posición que nos corresponde a todas las comunidades autónomas en los informes que el Imserso, mensualmente, nos facilita a todos. Creo que hay una mejoría, en el informe así lo reflejo, en relación con la gestión de la dependencia de los años anteriores.

En relación con el tema de la vivienda, ahí, es otra de las cuestiones que nos encontramos con una parálisis en la inversión pública como consecuencia de los años de crisis, pero que ahora a mí me sigue preocupando que se aprueba un proyecto -no lo voy a mencionar para que no digan que soy anti tal-, un proyecto por el Consejo de Gobierno de 222 millones para siete kilómetros y medio de carretera. Bien. Ustedes reflexionen si eso es prioritario o no es prioritario, en relación con los temas de residencias de mayores, de centros de día, que en materia de dependencia hace falta, y que lo van a hacer en una política sensata de la consejería con los cabildos, y haciendo convenios, además, de cuatro años y no estar pendiente cada año todo el personal cuando hay cambios de gobierno, pendientes de los presupuestos, de cuándo les pago o si no les pago a trabajadores que han sido contratados en las áreas de los servicios sociales de municipios y cabildos, que viven en esa inseguridad y que a través de esos convenios se superará esa problemática.

De manera que piénsenlo, reflexionen, establezcan... acierten en establecimiento de las prioridades que la sociedad canaria refleja a través de este informe.

La situación del menor, también, no es solo el tema del mayor el que me ha venido preocupando, sino que también el tema del menor es una de las cuestiones que seguimos sin atender, ¿por qué? Seguimos con un Pacto Canario por la Infancia, que se encargó... del año 2014, que tenía que elaborar el segundo plan. Hasta ahora no se ha elaborado. No solo eso, sino que luego se celebró en esta sede adjunta, el acto con la Unicef en noviembre de 2016, insistiendo en la necesidad de actualizar las normas, porque ha habido dos leyes orgánicas del año 2015 que obligan a hacer una evaluación, el impacto que en la política de menores tiene cualquier norma, entonces, sé que se está negociando un convenio con la Universidad de La Laguna, que apoyamos totalmente, para que se establezcan mecanismos para elaborar esos informes que, repito, están establecidos por dos leyes orgánicas del año 2015.

Entonces, esas faltas de adaptación de la normativa, pues... no creo que se pueda imputar a falta de recursos económicos, porque si, repito, si se acude a la universidad y la sociedad canaria, hay entidades suficientes como para hacer esa evaluación o crear unos mecanismos automáticos para que cualquier decreto o proyecto de ley que llegue a esta Cámara cuente con el informe de ese impacto sobre los menores.

En fin, no quiero prolongar mi intervención, y sí decir que la novedad también que recoge este informe es la... diríamos, la proyección hacia otros países de la actuación del Diputado del Común. Por vez primera, el Parlamento de Canarias creo que cuenta con un programa, financiado por la Unión Europea, como RUP como región ultraperiférica, y que es el programa Demos, y que junto con Portugal es decir, con Azores, Madeira, Canarias, Canarias es la región líder, hemos hecho un proyecto hasta el año 2020 con Cabo Verde, Senegal y Mauritania para contribuir al fortalecimiento de esta institución. Son países que tienen una democracia en algunos casos muy débil, o en algunos casos diríamos poco débil, que no llegue casi a sobrevivir el caso de Mauritania, y que nos corresponde a nosotros, como países próximos, y hablando de la Macaronesia, pues, concretando en hechos concretos, creo que la tarea de difusión entre los estudiantes y los medios de comunicación de esos países, de los papeles que tiene la institución, que a veces se ha ocultado por una decisión de Naciones Unidas con las comisiones de derechos humanos, pero que no hacen las tareas que un Defensor del Pueblo viene desarrollando en los países más democráticos. Estamos ahí y, vamos, estamos en el segundo año de aplicación, y creemos que podemos hacer una aportación al fortalecimiento de los derechos humanos en esos países africanos.

Y yo, para concluir, quería terminar, por supuesto... déjense de aplausos, porque el año pasado me aplaudieron y me tienen otra vez aquí (risas en la sala), y no, y no. Muchas gracias, pero, por favor, ¡cumplan los pactos! (Continúan las risas en la sala). Cumplan los pactos y elijan al sucesor.

Yo quería, como es natural, después de seis años y medio de trabajo con el personal de la institución, agradecer el trabajo que el personal laboral y funcionario administrativo y de manera especial el personal técnico, que está mal llamado asesor, pero que son los que mantienen la vida de la institución; por sus conocimientos jurídicos es imprescindible contar con gente preparada, y el equipo que configura la institución desde el punto de vista técnico es de primera categoría, de división de honor. Y lo digo como profesor de Derecho del Trabajo y lo digo también como gestor público en un área tan importante, y por eso en esta despedida quería que constara en acta mi agradecimiento, al igual que el agradecimiento a todas esas administraciones que han ido mejorando las relaciones con la institución mediante el crecimiento del número de quejas que se han archivado por resolución que han pasado desde el año 2011 hasta el actual, han dado un salto, como se refleja en las palabras de introducción del informe que les presenté y que todo eso refleja la actitud del Gobierno, la actitud de los diputados que no están en el Gobierno, que están controlando al Gobierno, y que aquí tienen esa radiografía social de lo que es Canarias; no digo que sea la completa, hay muchas cosas que no se reflejan, algunas veces en los medios surgen otros problemas como más importantes y, sin embargo, no se traslada en las quejas. Pero este es el retrato que tienen ustedes para trabajar a la hora de hacer programas, a la hora de hacer presupuestos, a la hora de determinar prioridades.

Yo, siguiendo a Machado, digo que me voy ligero de equipaje, igual que llegué hace muchos años a la vida política y como muchos más; no vengo a presumir de esto porque, a pesar de la preocupación que las encuestas reflejan sobre la clase política, yo creo que son más los honestos que los deshonestos.

Muchas gracias a todos.

(Aplausos en la sala).

La señora PRESIDENTA: Espero que el Diputado del Común entienda que no le hayamos hecho caso y que además lo valore positivamente como una cuestión de consideración. El aplauso ha sido unánime por parte de todos los miembros de esta Cámara y, por tanto, me alegro que no le hayan hecho caso a la petición que ha hecho el Diputado del Común de no aplaudirle, porque creo que era merecido.

Continuamos ahora con la intervención de los grupos, de menor a mayor, por tiempo máximo de diez minutos. Empezamos por el Grupo Mixto.

La señora MENDOZA RODRÍGUEZ: Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, señor Saavedra.

En primer lugar, agradecerle una vez más su comparecencia en esta sede. Como siempre, es un placer escuchar sus conclusiones y, por supuesto, las medidas necesarias que debemos de adoptar para esta tierra.

El informe nos ayuda a conocer la realidad de los problemas y adversidades a los que se enfrenta día a día la sociedad canaria. No cabe duda de que el Diputado de Común se trata de una institución esencial para la defensa de los intereses y los derechos de todas las canarias y canarios y, sobre todo, para la supervisión de la actividad de la Administración pública canaria.

En esta línea, según el informe presentado, el pasado año fueron 20 932 las personas que acudieron al Diputado del Común, de las cuales 11 854 fueron presenciales, y entre ellas 6091 fueron mujeres y 5763 fueron hombres. Esas 20 932 asistencias se convirtieron en 1795 quejas, cabe decir que la mayor parte de esas quejas, pues, se sitúan en el área de servicios sociales. Estas cifras, que no son solo cifras, sino rostros de personas que claman por dar solución a las injusticias y defender sus derechos e intereses que, por supuesto, son legítimos.

Las eternas listas en materia de dependencia con altos índices de personas que fallecen antes de recibir la asistencia a la que tienen derecho es solo una muestra de todos los aspectos aún pendientes en materia de servicios sociales, una materia que es esencial para garantizar la igualdad de todos los canarios y canarias.

En la pasada Comisión de Gobernación decía usted, señor Saavedra, que se notaba una mejoría en la gestión de la dependencia, con un incremento de personas reconocidas con PIA y estamos de acuerdo, es el camino correcto, pero aún así es abrumador el lapso de tiempo, incluso de años, que aún tardan en tramitarse estos programas.

Usted también apuntaba que venimos ocupando los últimos lugares en los informes mensuales que realiza el Imserso sobre la aplicación de la ley en las distintas comunidades autónomas y se observa que hay un agujero en las prestaciones a domicilio, una de las prestaciones establecidas en la legislación estatal, y es que en estos informes consta que solo hay 24 prestaciones a domicilio en Canarias.

No obstante, también usted apuntaba que esto no es del todo cierto por cuanto los ayuntamientos sufragan con sus propios recursos muchísimas ayudas que cumplen tal finalidad, aunque no se encuentran reconocidas como tales, lo que conlleva que, al no estar reconocidas como prestaciones a domicilio de las contempladas en la ley estatal, estas se están sosteniendo con recursos propios de Canarias en lugar de estar disfrutando de los recursos provenientes del Estado.

En cuanto a los servicios sociales, nos encontramos con que el índice de población en riesgo de pobreza en Canarias, pues, es abrumador; aún estamos lejos de la igualdad y esto, por supuesto, afecta a desigualdad existente entre hombre y mujeres.

Por otro lado, en el año 2017 se percibe un aumento de las quejas registradas con respecto al año anterior: un incremento del 10,13 % de las quejas presentadas frente a la Administración pública canaria, y en una subida de un 17 % de las quejas presentadas frente a la Administración General del Estado, mientras que, curiosamente y afortunadamente, bajan más de un 6 % las quejas presentadas contra ayuntamientos. Las administraciones, por lo que se ve, deberían de seguir el ejemplo de las entidades locales, precisamente las entidades que están más próximas al ciudadano, ya que muestran un descenso del 6 % en las quejas.

Por cierto, en cuanto a las quejas frente a la Administración insular, tanto el Cabildo de La Gomera como el de El Hierro y el de Fuerteventura son los cabildos con menor número de quejas.

Por otro lado, nos preocupa la falta de colaboración reflejada también en el informe, sobre todo en cuanto a la falta de remisión en plazo por algunas administraciones públicas de Canarias de los informes presentados, que producen la consiguiente demora de la investigación y, por tanto, la consiguiente demora en la resolución de los problemas planteados en los ciudadanos. Aunque también es cierto que el informe contiene que se ha mejorado en colaboración con las investigaciones realizadas, disminuyendo el número de requerimientos remitidos respecto a años anteriores; vamos mejorando, todos los datos no son negativos.

Por otro lado, en cuanto a los motivos de los archivos de las quejas producidas en el año 2017, encontramos un porcentaje muy positivo, y es que el 85 % se ha producido por solución del problema.

Por supuesto, también, señor Saavedra, que estamos de acuerdo con que la educación infantil no es que sea importante para Canarias sino que es importantísimo, es el futuro de todos los niños y niñas de Canarias.

Otra vez más, por su labor darle las gracias, por sus recomendaciones y, señor Saavedra, yo, por si acaso, le voy a decir hasta luego.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Mendoza.

Turno ahora para el Grupo Nueva Canarias, señora González.

La señora GONZÁLEZ GONZÁLEZ (doña María Esther): Gracias, presidenta. Señorías. Señor diputado del común, buenos días, buenas tardes ya.

Como bien decía o dice hoy en la columna Rafael Gil: el informe anual del Diputado del Común es un diagnóstico social de primer orden ya que permite tomar el pulso socioeconómico de cómo está la ciudadanía en Canarias. Dice también que el Diputado del Común es el refugio último del ciudadano en la defensa de sus intereses, especialmente cuando atañen a cuestiones que no pueden solucionar por la vía judicial, principalmente por falta de recursos; y entonces, en base a esto, yo también voy a romper con la tradición de hablar del número de quejas presentadas, de las actuaciones del Diputado del Común o de las quejas incoadas de oficio, por poner ejemplos, y voy a centrarme en la supervisión de la actividad de las administraciones públicas canarias, esa que hace el Diputado del Común.

Y quiero empezar en materia de discapacidad. Lo primero que reseña el informe es la falta de medidas efectivas implementadas por el Gobierno de Canarias que le permitan tramitar y resolver, sin demora injustificada, los procedimientos relativos a la valoración y a la calificación del grado de discapacidad. Pero, además, señor Saavedra, señorías, todos sabemos que esto no es nuevo ni es exclusivo del año 2017: a lo largo de los años se han venido sucediendo repetidas recomendaciones que son aceptadas por las administraciones pero, sinceramente, llegados a estas alturas, da la impresión que es para que usted se calle señor Saavedra, porque la realidad es que no se nota, a día de hoy, ningún cambio positivo. Especial referencia a los ciudadanos, tal como hace usted en el informe, de la isla de La Palma, que, pese a la existencia de un convenio entre la comunidad autónoma y el cabildo insular para la elaboración del procedimiento del grado de discapacidad, tampoco este ha sido un mecanismo que haya favorecido la diligencia en la tramitación de estas solicitudes.

Respecto a las condiciones básicas de accesibilidad y de no discriminación, también, como bien dice el informe, la normativa canaria sobre accesibilidad universal sigue sin adaptarse al marco legal internacional y estatal, además del hecho de que en años anteriores las administraciones habían aceptado las recomendaciones hechas en los informes del Diputado de Común sobre la exigibilidad del cumplimiento de las condiciones básicas de accesibilidad y de no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones, así como para las infraestructuras y los medios de transporte existentes. Sin que, hasta el momento, tampoco se le haya dado solución a este problema y sin que, aparentemente, por lo menos el Gobierno de Canarias, pretenda darle solución a corto plazo. Como usted bien dice, en el año 2018, en los presupuestos del año 2018, no existe esa partida económica específica para dotar el fondo para la supresión de las barreras que se determina en la ley de supresión de barreras físicas y de la comunicación.

En materia de dependencia, en la situación de dependencia de Canarias se aprecia una cierta mejoría. También lo dije el año pasado. Pero por eso yo creo que ya a estas alturas nadie lo discute, pero cuando en Canarias el total de personas beneficiarias con derecho a una prestación es de 35 898 y las personas beneficiarias que reciben algún tipo de prestación de dependencia es de 19 417... en definitiva, existen en Canarias 16 481 personas con derecho a alguna prestación que no recibe, "cierta mejoría" dista mucho, entiendo, del concepto de justicia. Y cuando sabemos que el problema de la dependencia tiene solución, se soluciona con dinero y se soluciona con gestión, pues, el tema se vuelve aun más preocupante. Supuestamente dinero hay más, lo que por lo visto no hay es buena gestión, no ha mejorado. Y el problema sigue siendo el mismo.

Y ya precisamente por ese mayor presupuesto, porque ya hay más dinero, pues tampoco vale el que permanentemente se le siga echando la culpa al Gobierno de España. Y menos aún, también lo dije en su intervención en su informe el año pasado, cuando dedicamos anualmente 160 millones para farolas y bordillos y parking, que tenían que haber ido destinados a servicios públicos fundamentales y, además, también, porque se pierden hasta tres millones de euros anuales en dependencia que aportaría el Estado, debido a la incapacidad de las administraciones canarias, del Gobierno de Canarias, de incorporar al sistema de ayudas económicas aquellas que prestan los ayuntamientos, pues parece que echarle la culpa a otro ya no es una justificación.

Y si además a eso le sumamos el importante retraso que sigue existiendo en la tramitación de las solicitudes de reconocimiento de la situación de dependencia y acceso a los recursos del SAAD, superándose ampliamente el plazo de los seis meses para tramitar y resolver el número de solicitudes registradas en Canarias que el 31 de diciembre del 2017 era de 47 444, de las cuales solo tienen dictámenes 35 898. Entonces, en estos casos ya el tema se vuelve más que preocupante, se vuelve indignante, por lo que no es de extrañar el significativo incremento de la dependencia o en dependencia, que ascendió a los 224 expedientes, un 164 más que en el 2016, de los que el 51 % 87 eran de personas en condición de grado de dependencia III, es decir, que tenían pérdida de autonomía.

Y en todo este tema y para más abundamiento, la queja iniciada de oficio por el Diputado del Común sobre los avances en la elaboración y aprobación del nuevo plan autonómico para la prevención de autonomía personal, como exige el nuevo SAAD por acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales, dice usted en el informe, y del Sistema para la Autonomía y Atención de la Dependencia, se establecieron en el año 2013 los criterios, recomendaciones y condiciones mínimas para la elaboración de los planes autonómicos de prevención de las situaciones de dependencia y promoción de la autonomía personal, para lo que se debió crear una comisión técnica interadministrativa, con el fin de su elaboración en un plazo de doce meses, es decir, en el año 2014. Pero la realidad es que esta comisión técnica, que sepamos, ni se ha creado ni mucho menos se ha desarrollado el correspondiente informe.

Según dice en su informe, el 28 de junio del 2017, la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda le comunicó que estaban teniendo encuentros con los cabildos, bueno, pues, que tienen que llevar a cabo, desarrollar ese plan con los cabildos, que son los que llevan a cabo la actuación. Pero la realidad, insisto, es que un año más tarde, pues, seguimos en el mismo sitio; debe seguir hablando con los cabildos.

Y en el área de vivienda continúa sin darse, o lo que es peor, sin atisbarse solución a uno de los grandes problemas que existen en Canarias: el de hacer efectivo el derecho a acceder a una vivienda digna y adecuada. Tal y como manifiesta su informe, son muchos los canarios que aún presentan problemas habitacionales, y la necesidad de ser adjudicatarios de viviendas públicas destinadas a alquiler social continúa en Canarias sin resolverse.

El informe dice o manifiesta que el Diputado del Común ha solicitado a las administraciones implicadas que busquen nuevas fórmulas de resolución a este conflicto social y para que comience a dar una respuesta inmediata a aquellas familias que viven en Canarias en absoluta precariedad habitacional. Y yo, sinceramente, solo por curiosidad, me gustaría saber qué respuesta le han dado. Porque, por saber qué respuesta, porque la realidad es que hechos, hasta este momento, no hay ninguno.

Y además, por último, y en materia de vivienda, hacer referencia a las quejas relativas a la preocupación ante la carencia de viviendas libres para poder optar a un alquiler, ya que en la mayoría de los casos estas viviendas que están vacías se encuentran destinadas al alquiler vacacional.

En el área de hacienda, especial mención al hecho de que se ha seguido incrementando el número de quejas relativas a embargos en cuentas corrientes en la vía de apremio, ya sea por un procedimiento irregular en cuanto a las notificaciones, pero que lo que sí que es más preocupante, y que ya hemos denunciado en esta cámara, es que en la mayoría de los casos se produce sobre sueldos y pensiones inferiores al salario mínimo interprofesional, más allá de los límites fijados por el ordenamiento jurídico vigente, máxime en las circunstancias económicas actuales, tal como dice su informe.

Destacamos, además, entre otras, la queja número 16/24 de la Administración tributaria canaria y del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane.

Yo, por último, señor Saavedra, decirle que, aunque comparto con usted el hecho de que es necesario solucionar de manera urgente los acuciantes problemas en materia de mayores, de menores, de discapacidad, de dependencia, de vivienda, que existen en Canarias, también le digo que, si queremos que Canarias siga desarrollándose económicamente, que siga creando puestos de trabajo, o que tenga la posibilidad de que se creen puestos de trabajo, y que, además, tengamos o podamos cubrir todas las necesidades y derechos que tienen los canarios, entre ellos la movilidad y la conectividad, también es necesario hacer carreteras u otro tipo de infraestructuras; y entiendo, además, que usted, mucho mejor, incluso, que los que estamos aquí, lo debe de saber, porque no en vano ha sido dos veces presidente de esta comunidad autónoma.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora González.

Turno ahora para el Grupo Parlamentario Podemos. Señora Monzón.

La señora MONZÓN NAVARRO: Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenido, señor Saavedra, a todo el equipo que le acompaña de sustitución, el Diputado del Común; suponemos que este será, por fin, el último año en el que vamos a poder valorar el informe que presenta usted al frente del Diputado del Común, y queremos agradecer el trabajo que, como institución, se hace día a día.

Usted lo ha dicho: este informe lo que viene a decir es una radiografía de la situación que hay en Canarias, pero nosotros nos atrevemos a decir que esta es la punta del iceberg, porque, evidentemente, las quejas que llegan al Diputado del Común no son todas. Es una institución consolidada, pero no es del todo conocida, y de aquí tenemos que animar a toda la ciudadanía a que acuda al Diputado del Común, a que presente reclamaciones, que presente quejas ante cualquier situación de indefensión en que se vean que su tramitación ante las distintas administraciones no se ve tramitada en las condiciones que debe hacerse.

En la mayoría de sus informes, cuando habla de cada una de las áreas, en cada una de las administraciones, es recurrente el mismo tema: falta de medios personales para poder tramitar y para poder dar ese servicio a la ciudadanía en la calidad que ellos requieren, y eso lo comentamos en la comisión, y no quiero dejar de decirlo en este pleno, son, no es casual, estas son políticas, políticas de desmantelamiento de lo público, políticas en las que a través de las tasas de reposición y a través de otras políticas de personal se destruye lo público para dar salida a lo privado; para dar salida a lo que unos dicen externalización, que no deja de ser, de otra manera, evitar que la calidad en los servicios públicos sean los garantes, que son los empleados públicos en cada una de las administraciones, los que deban dar este servicio.

Su institución tiene que controlar esas malas praxis, y creemos que tiene que ser cada vez más independiente, y tener también más medios para poder realizarla. Queremos preguntarle sobre su satisfacción sobre la resolución de esas quejas, de esas que se archivan, porque en su satisfacción está también la satisfacción de aquellos que acuden al Diputado del Común. No sé si hay algún medidor también de la satisfacción de aquellos usuarios que acuden al Diputado del Común para saber si, efectivamente, la tarea que desempeña el Diputado del Común tiene efectos ante toda la administración, ante todos los responsables de los poderes dentro de la administración, y resuelven satisfactoriamente esas tareas.

No voy a entrar tampoco en datos, porque ya lo hemos dicho, los comentamos en la Comisión de Gobernación, Justicia e Igualdad y Diversidad, pero sí nos gustaría hacer algunos, dentro de esos datos, algunas cuestiones que creo que son importantes. Por un lado, la colaboración de las administraciones públicas hacia las quejas que se presentan por los ciudadanos y que usted acude a esas administraciones para que, al final, se resuelvan.

Hay 257 resoluciones recordando el deber legal de colaborar; 257 de un total de quejas de 1795 para este año. 94 advertencias de declaración de obstruccionismo y una declaración de obstruccionismo. Usted ya nos comentaba en la comisión que muchas de estas no se declararon obstruccionistas porque se levantaba el teléfono y se le decía a la administración pertinente "oiga, usted no está colaborando"; y quizás es una falta de sensibilidad el hecho de no colaborar y que al final colaboraban, no porque quisieran hacerlo, sino por no verse en este informe, a lo mejor diagnosticados como obstruccionistas.

Entre ellas Política Territorial, Hacienda, Trabajo y Función Pública y Vivienda, son de las más, de las que más retraso daban respuesta a sus reclamaciones. Usted ya me contestó con el tema del turno de oficio, perdón, las que son de... las que ustedes hacen de oficio, las reclamaciones, las quejas que no prosperan, en muchos casos por anonimato, lo decíamos porque es verdad que muchas veces se criminaliza a quien denuncia. Esa, sobre todo en municipios pequeños, en islas no capitalinas, pequeñas también, puede que ese anónimo quiera que llegue esa queja y que se resuelva, pero tiene miedo a ser identificado y, por tanto, bueno, usted ya nos comenta que no es un tema de identificación, sino es un tema de que no llegue toda la labor, con lo cual entendemos que esa función de actuar de oficio cuando hay anonimato es importante.

Las mayores quejas al Gobierno de Canarias, un 51 %, un 28 % en los ayuntamientos, aunque ha disminuido un 6 %, y un 17 más a la Administración del Estado. Nos llama la atención el Cabildo de La Palma, el Ayuntamiento de Arrecife, el Ayuntamiento de Arucas, el Ayuntamiento de Firgas y el Ayuntamiento de Valsequillo en Gran Canaria, que, con poca población en valores absolutos, son las que mayores quejas tienen; no sé si es por mal funcionamiento o por mayor sensibilidad de la población que habita en estos territorios.

La vulnerabilidad de las personas. Aquí se ha hablado ya de la dependencia, sobre todo del grado de discapacidad de lo que se tarda; 101 reclamaciones más que el año anterior del total de 310, que en porcentaje es muy elevado.

Accesibilidad y discriminación: el 4 de diciembre de 2007 acababa la moratoria para la accesibilidad, usted lo ha dicho, las prioridades en los presupuestos, todos tenemos que aprender dónde están esas prioridades tanto del Gobierno como de los grupos que apoyan unos presupuestos donde no ponen la accesibilidad de las personas, las más vulnerables, en primer lugar.

El hecho de que la gran dependencia, el grado III, sean el mayor número de quejas el 51 %, por la tardanza, precisamente, de ese reconocimiento. El PIA también; ya hemos hablado que en distintas islas tenemos velocidades diferentes a la hora de resolverlo, y yo me pregunto que, cuando son competencias del Gobierno de Canarias y un registro único, cómo es posible que haya estas dos velocidades en distintas administraciones y, si hay convenios con los cabildos, desde luego el Gobierno de Canarias es el que tiene que suplir este tema.

Aparte de la dependencia, de los PIA que hemos hablado, de los PEAP, yo quiero hablar también de la violencia de género. Más coordinación entre las administraciones, usted lo comenta, entre los cabildos y los juzgados de violencia contra la mujer; medidas de protección a la maternidad, ¿dónde están los servicios de protección de riesgos laborales en estas enfermeras que han tenido que cursar quejas porque no se les traslada de puesto de trabajo para poder tener esa capacidad de defensa hacia su embarazo, hacia no poner en peligro su bebé, el niño que están esperando?

Salud y sanidad. También se ha hablado aquí, las listas de espera, que no podemos decir que... no podemos consentir que se diga que son estructurales, que no se resuelva desde el Servicio Canario de la Salud también, que tarda mucho en responder a las solicitudes de los historiales clínicos de las personas.

El área de educación. Usted ha nombrado de 0 a 3 años, pero no solamente es una liberación de las mujeres, es un compromiso y una obligación de una sociedad que quiere que toda la sociedad en su conjunto, además, vengan nuevas personas a esta sociedad y que no se nos envejezca la población, porque si no necesitaremos de la inmigración para poder seguir avanzando como sociedad.

Alumnos que necesitan necesidades educativas especiales, esto es otro problema también importante. Usted hablaba del menor, y no quiero dejar de pararme cuando lo del menor, una pena que no esté la consejera en estos momentos, porque tuvimos en el pleno pasado una comparecencia con el informe de Unicef, algo que usted además ha comentado, y algo que nos sorprendió es que la consejera desconociera el Pacto Canario por la Infancia; no sabía que existía este pacto 2014, firmado por todos los grupos parlamentarios, algunos nos hemos unido con posterioridad porque en ese año algunos no estábamos la Fecam, la Fecai. ¿Dónde está el segundo plan de la infancia?, pues nosotros también se lo preguntábamos a la consejera. Ya le digo, es una pena que no esté, pero desde luego parece que no es una de las prioridades tampoco de este Gobierno, que no pone a las personas en primer lugar. Tenemos aprobada una comisión de estudio para la infancia en este Parlamento y para la adolescencia, y esperemos que se ponga en marcha y que, efectivamente, sea capaz de dar todas las políticas transversales necesarias en todas las materias, en todas las áreas de gobierno donde se ponga al menor en primer lugar porque es el futuro, y que, si queremos construir una sociedad donde, efectivamente, haya igualdad de oportunidades, no podemos dejar atrás a nadie y los menores, evidentemente, son nuestro futuro.

Usted, además, en temas de servicios sociales plantea en su informe el hecho de que ha solicitado a servicios sociales que le dijera la evaluación de las relaciones de puestos de trabajo, la evaluación del personal que presta estos servicios en los servicios sociales durante los últimos años, algo que aún, según este informe, está sin contestarle y no le han contestado, yo... no están aquí presentes, pero si nos escuchan, pues, el llamamiento, yo creo que por unanimidad de este Parlamento, de que respondan y que contesten cuál es esa evolución de personal, si realmente se están poniendo los medios donde tienen que ponerse, que es en las personas que tienen más problemas.

Problemas de vivienda. Usted lo comentaba antes: quejas que se han incrementado en un 18 % el derecho constitucional a la vivienda, eso es esencial; tenemos que saber cuántas viviendas vacías tenemos aquí en Canarias, necesitamos ese censo regulado, y que siempre haya alternativa habitacional para todas aquellas personas que tienen problemas en estos momentos.

El derecho al agua, a la energía, a los bienes comunes, bueno, que no quería tampoco dejar de nombrar problemas, por ejemplo, en política territorial, sobre todo por la inactividad de la Administración sobre la mayoría de las quejas de obras ilegales; obras que se declaran ilegales pero que no se resuelven, que al final no llegan a buen término.

Y hay un dato dentro de ese informe que me llamaba poderosamente la atención, en el Ayuntamiento de Arico, aquí en Tenerife, donde la Agencia de Protección del Medio Natural ahora, antes Urbano y Natural, tenía una resolución para restaurar la legalidad urbanística en este municipio, que con la nueva Ley del Suelo, esta que parece que es tan estupenda, pues fue sometido de nuevo a un nuevo pronunciamiento, relativo a una prescripción urbanística de las obras. Así es como defendemos el territorio en Canarias.

En definitiva, y ya para terminar, señor Diputado del Común, solo decirle que la sociedad necesita una institución que, efectivamente, vele por los derechos fundamentales de las personas, porque es ese paso antes de la justicia, una justicia que después hablaremos de ella, que tiene mucho que mejorar, y que no es accesible a todos los ciudadanos, a esa ley que debería ser igual para todos.

Desde aquí, pues, seguir animando a ese trabajo, a todo el equipo, a todos los funcionarios, a todos los empleados que están en el Diputado del Común, y seguir luchando por mejorar Canarias.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Monzón.

Turno ahora para el Grupo Parlamentario Popular, señor Jorge.

El señor JORGE BLANCO: Gracias, señora presidenta.

Señor Saavedra, bienvenido al pleno de la Cámara. Ya pasó usted el otro día por la comisión y nos dijo, en fin, nos expuso cuáles eran las líneas maestras del informe sobre las actividades del Diputado del Común en el año 2017. Ahí le manifesté nuestro apoyo a su trabajo, a su dedicación, a su esfuerzo, en una institución tan importante como el Diputado del Común, que viene a defender ni más ni menos que los intereses, los derechos de los ciudadanos de Canarias, fundamentalmente, los ciudadanos más vulnerables, los que más necesitan de la Administración pública para poder tener una vida digna y desarrollar, en su plenitud, esa vida.

Tenemos una sociedad, vivimos en sociedad, donde la intervención de la Administración pública en todos los órdenes de nuestra vida es cada vez mayor, donde la Administración pública a través de las normas, de los decretos, las leyes, en fin, la propia ejecución ejecutividad de la Administración, regula, participa, prácticamente, insisto, en todos los órdenes de nuestra esfera privada; y, por tanto, siempre es bueno tener a alguien que los ampare, ampare a aquellos que se sienten desprotegidos por parte de las actuaciones de la Administración pública. Y por eso le doy las gracias de verdad.

A lo largo del año pasado, lo han dicho algunos de los manifestantes, de los intervinientes con anterioridad, no quiero cansarles a todos otra vez con la retahíla de iniciativas o de quejas, 20 900 actuaciones con los ciudadanos, de las cuales 1795 fueron quejas presentadas. Yo coincido con la diputada, con la señora portavoz del Grupo de Podemos, que me parecen pocas quejas, frente a lo que nos molesta a todos la Administración pública en general me parecen poquísimas quejas las 1700, quizás es la poca cultura que hay de utilización de la figura del Diputado del Común y, por tanto, creo que sería bueno hacer alguna labor también de promoción de lo que significa el Diputado del Común y de las posibilidades que ofrece a los ciudadanos de Canarias para poder expresar sus disgustos con la Administración pública.

Ganan las quejas sobre discapacidad, sobre hacienda las perras son las perras, señor Saavedra, sobre el funcionamiento de la justicia, sobre los menores y las familias numerosas; los servicios sociales en general. En total, de todas las actividades de los asuntos sociales, referidos a asuntos sociales, tenemos 541 quejas, lo que da a entender todavía que tenemos una Administración pública, en relación con esas actividades, bastante frágil y manifiestamente mejorable, porque si no fuera así pues probablemente las quejas hubieran sido menores.

La Consejería de Empleo y Asuntos Sociales ocupa 429 quejas del total, frente a 86 de Sanidad.

Me llama la atención también de su informe la poca colaboración de las administraciones. Todavía tenemos muchas llamadas de atención del Diputado del Común al Gobierno de Canarias porque no contestan a los requerimientos que el Diputado del Común le hace. La palma de todo ello se lo lleva la señora Barreto, no porque sea de La Palma, sino porque es la campeona en no responder al Diputado del Común respecto de las quejas y también el señor Ortega, estaban los dos antes por aquí, se han ido, no sé si es porque sabían que les iba a tirar de las orejas en mi intervención. Pero, en cualquier caso, llama la atención que del área de Política Territorial esté, digamos, en el ranking de los que pasan un kilo, permítanme la expresión, de la labor del Diputado del Común.

Hay 182 resoluciones emitidas sobre el fondo del asunto, esto es importante destacar porque, en definitiva, viene el Diputado del Común a proponer la modificación de distintas resoluciones, de distintas medidas, proponiendo incluso cambios en los criterios de actuación de la Administración para adoptar soluciones mucho más ágiles y más rápidas.

Antes mencionó usted, señor Saavedra, la queja 14 famosa del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria... No, le decía que mencionó usted en su intervención la famosa queja 14, sobre ocupación de un bien privado por parte de la Administración pública, en este caso Las Palmas de Gran Canaria. No sé si usted el otro día se lo tomó por el sentido de que usted era el responsable; nada más lejos de la realidad. Además, usted me rectificó y me dijo que no era bajo su mandato sino bajo otro mandato anterior, pero tampoco se lo dije así, quiero decir que, como usted bien dijo en la tribuna, la mayoría de las veces los alcaldes o los responsables políticos de estas cosas es que ni se enteran porque se quedan en manos de las instancias funcionariales o técnicas y, desde luego, quien menos responsabilidad evidentemente tiene son los alcaldes correspondientes.

El otro día me quedé con un detalle importante que me parece que es bueno destacar y explorar por parte del Diputado del Común, que es la labor de mediación. Dijo usted que había actuado como mediador y que no le fue mal la cosa, no sé si ahora que deja usted el Diputado del Común, eso esperamos todos, puede usted dedicarse a las labores de mediación en el futuro; pero sí que es verdad que es una labor interesante que se puede explorar por parte de la institución del Diputado del Común para resolver circunstancias como las que expuso usted el otro día en su intervención en la comisión. Me parece un camino a tratar y a buscar como nuevas iniciativas que el Diputado del Común pueda hacer.

No me entretengo mucho más, señor Saavedra, simplemente desearle lo mejor en el futuro, para usted, que tenga usted buena salud, que cuando deje el Diputado del Común se dedique a lo que de verdad le gusta; esto también probablemente le ha gustado, pero en una nueva etapa, pues, desearle todo lo mejor.

Yo tenía el convencimiento de que el informe de hoy lo iba a hacer otro Diputado del Común, pero un ataque de cuernos a última hora de algunos grupos impidieron que eso fuera así y, por tanto, ha tenido usted que venir otra vez a darle el informe. Pero le he de decir, para su tranquilidad, que ese ataque de cuernos ya ha terminado, ahora el matrimonio ha vuelto a estar bien avenido y además le anuncio que el parto va a producirse próximamente, un parto múltiple en el que todas las fuerzas políticas hemos llegado, parece ser, a un acuerdo final. Así que estese usted tranquilo que el año que viene, desgraciadamente porque para nosotros es un honor que esté aquí, no va a dar usted el informe de gestión. En cualquier caso, salud y suerte.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Jorge.

Turno ahora para el Grupo Socialista, señor Matos.

El señor MATOS EXPÓSITO: Sí. Señora presidenta, señorías, señor diputado del común, y un saludo especial también a su equipo.

Dicen que hay instituciones que prestigian a las personas y personas que prestigian a las instituciones. Señor Saavedra, usted está en el segundo de los supuestos, usted ha prestigiado, prestigia cualquier responsabilidad que ha tenido a lo largo de su historia política, y esta de Diputado del Común también, y le damos las gracias.

Tal es así, don Jerónimo, que hoy, incluso aquellos que querían hacer desaparecer la institución, le reconocen el trabajo y, además, en algún momento determinado de esta larga negociación incluso en algún momento han querido presidirla, así que fíjese si ha prestigiado usted la institución que hasta a quienes querían hacerla desaparecer les ha hecho usted cambiar de opinión.

Decía también, el otro día atribuí la cita incorrectamente a otra, en fin, a otra fuente, realmente se cita en una de las obras de Shakespeare que dice que "lo que sucede conviene", y, bueno, al final lo que ha sucedido en relación a la elección de su sustituto, en fin, que pasará probablemente a la historia parlamentaria de Canarias, y algunos lo estudiarán en el futuro, pues lo que sucede conviene porque al final ha provocado que haya un acuerdo unánime de todas las fuerzas políticas; nos ha obligado a negociar, a saber pactar. Afrontamos una etapa política, seguramente donde tenemos que acostumbrarnos a saber acordar y pactar en el futuro, usted ha sido un ejemplo a lo largo de su trayectoria política de que el acuerdo y el pacto no es malo, todo lo contrario, y también tenemos que hacer didáctica los que estamos aquí hacia la ciudadanía de que el acuerdo no es deshonroso sino que forma parte de una habilidad política que cada vez los ciudadanos nos van a hacer más exigible a los que nos sentamos aquí hoy y a los que nos sentemos seguramente en la próxima legislatura.

Hoy, curiosamente, hay una huelga de jueces. Es extraño en nuestra historia democrática que quienes forman parte de un cuerpo, de una institución, que suele ser, en fin, poco proclive a reivindicar sus derechos de la manera en que hoy lo hacen, pues, lo hayan hecho. Digo esto porque yo no comparto que la institución del Diputado del Común no sea una institución conocida, creo que es una institución muy conocida en Canarias y muy prestigiada; lo digo porque justamente hoy que usted da su informe y se produce esta huelga de jueces es posible que sea, obviamente es una casualidad, pero pone de manifiesto cómo en un momento de ciertas dudas sobre las instituciones democráticas por parte de los ciudadanos, sin embargo su institución ha sido durante estos años permanentemente un refugio de confianza por parte de los ciudadanos de Canarias. El aumento de las quejas no ha hecho sino prestigiarle, es decir, es un buen termómetro de cómo es una institución respetada, querida por parte de los ciudadanos; y tiene que ver con algo muy elemental, y es que todo el mundo sabe que cuando llama al Diputado del Común hay alguien al otro lado.

Quienes terminan por solicitar la intervención del Diputado del Común previamente, en la mayoría o inmensa mayoría de los casos, han vivido un peregrinar por las administraciones. Puertas cerradas, teléfonos que no responden y ciudadanos ante la gran maraña administrativa que son incapaces de hacer valer sus derechos más elementales.

No es una casualidad, por ejemplo, que el mayor número de quejas se produzcan en el ámbito de las políticas sociales, por ejemplo, en la dependencia, que sigue siendo el área donde más se reclama la presencia del Diputado del Común; en vivienda; en otros asuntos que tienen que ver con derechos sociales.

Es usted la institución que mejor defiende a los que menos tienen. La ha prestigiado. La ha puesto en el primer puesto del ranking de esas instituciones a las que los ciudadanos tocan cuando tienen problemas graves, problemas que las administraciones son incapaces de resolver. No solo tiene que ver con la calidad del servicio sino con, digamos, la calidad humana, la calidad en sí misma del servicio, sino la calidad humana que se presta desde la institución.

Yo, siempre que tengo la oportunidad de hacer esta valoración del informe del Diputado del Común, me gusta referirme a algunos asuntos que no son de los más llamativos, pero que también tienen un hueco en el trabajo que hace el Diputado del Común; me refiero a dos, ya uno de ellos don Jerónimo ha hecho alusión. Uno tiene que ver con los expedientes de responsabilidad patrimonial que inician los ciudadanos y ciudadanas frente a la Administración. Son expedientes que tienen que ver con que un ciudadano reclama un daño que se le ha producido un daño material o un daño personal, por lo que antes se llamaba un funcionamiento anormal de los servicios públicos: una negligencia en el Servicio Canario de Salud; un accidente de tráfico porque hay una carretera en mal estado de conservación; alguien que demanda unos perjuicios como consecuencia de un expediente administrativo que acabó incorrectamente. Y cuando el ciudadano trata de pelear contra la Administración, porque la Administración ha funcionado incorrectamente y le ha generado un daño, se encuentra nuevamente con esa fría maquinaria administrativa que, en la mayor parte de los casos, ni siquiera le responde. Lo cual le obliga a una batalla judicial, a la contratación de letrados, a pelearse otra vez con la Administración para que le suministre la información en el caso de las negligencias médicas, por ejemplo.

Y esto es un toque de atención al Gobierno. Hay alguna pregunta parlamentaria planteada; tenemos aquí al consejero de Presidencia para que tome nota sobre este asunto. Es importante que en aquellos casos que dependen del Gobierno de Canarias se, digamos, articulen procedimientos para agilizar estas cuestiones. Porque recuerden que luego tiene que ir al Consejo Consultivo, a emisión de informe, hay unos plazos de prescripción que obligan a los ciudadanos muchas veces a acudir a la vía judicial cuando todavía ni siquiera tienen una respuesta, acudir al silencio administrativo, que luego puede producirse durante el procedimiento no en un silencio sino una resolución expresa; es decir, un calvario añadido a la reclamación que tiene que ver con un daño producido por la propia Administración.

Y otra es la situación de los presos canarios en el exterior. Sé que no es una cuestión de números, porque no son muchos, aunque Canarias es probablemente la segunda comunidad autónoma con más ciudadanos encarcelados en prisiones fuera de España, en unas condiciones terribles, donde en algunos casos han sido abandonados por la Administración central del Estado, que tiene algunas obligaciones respecto de ellos; no funcionan bien las asistencias consulares, hay muchos canarios pasando situaciones verdaderamente dramáticas en prisiones que no reúnen los mínimos requisitos de derechos humanos, principalmente en prisiones en Latinoamérica.

Señor Saavedra, ha sido un placer. A mí personalmente me une con usted una amistad, una relación de tiempo, y el destino me ha dado la suerte de poderme subir aquí al atril, despedirme ya unas cuantas veces de usted desde el atril, y este es un privilegio que me quedo para mí. Y le traslado todo el cariño, el aprecio personal, de parte del Grupo Parlamentario Socialista.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Matos.

Turno ahora, para cerrar estas intervenciones, del Grupo Nacionalista Canario, señora Beato.

La señora BEATO CASTELLANO: Gracias, señora presidenta. Señorías. Señor Saavedra.

En nombre del Grupo Nacionalista Canario le damos la bienvenida y le agradecemos también la referencia y el homenaje que ha tenido para con Victoriano Ríos, un referente para el nacionalismo canario y una de las personas que ha contribuido a prestigiar la política en Canarias. Muchísimas gracias.

Vuelve usted a este pleno, contra todo pronóstico, después de su despedida el año pasado y bromeaba usted y miraba a alguna parte de la bancada para que se cumplan los pactos. Desde el Grupo Nacionalista Canario esperamos que ahora sí, que se ha retomado el diálogo con todos los grupos de la Cámara, culmine un acuerdo que permita renovar no solo el Diputado del Común sino el resto de las instituciones de relevancia estatutaria.

Y, entrando en el informe, nos sumamos al reconocimiento que ha hecho, sobre todo al esfuerzo de los ayuntamientos, que van cumpliendo a pesar de las carencias de personal, con las plantillas mermadas, sin poder cubrir las plazas por la limitación de las tasas de reposición. Y nosotros le sugeríamos que en informes futuros, además de tirar de las orejas a las administraciones que hay que seguir haciéndolo, se debería descender en el análisis sobre la realidad, sobre todo de los ayuntamientos y de las administraciones pequeñas, y cómo la institución del Diputado del Común puede contribuir mucho a mejorar esa administración, las administraciones canarias, que sufren carencias de personal, que sufren las limitaciones de la regla de gasto, que sufren las restricciones impuestas por las políticas de austeridad. Y es injusto que no se permita a los ayuntamientos invertir, usar ese superávit que tienen en los bancos, para destinarlo a las políticas que demandan los ciudadanos, a las políticas sociales, y usted ponía el ejemplo de la educación de 0 a 3 años, y estamos de acuerdo con usted que es un asunto fundamental; pero es una cuestión que está a caballo entre lo asistencial y lo educativo, porque a los niños de cero, de un año, hay que cambiarles pañales, por lo tanto, es un tema complejo, y es un tema de Estado, es una cuestión de Estado, y ni siquiera las leyes, ni siquiera la LOE del Partido Popular en el 2006, la del Partido Socialista en el 2006, ni la Lomce, del PSOE en el 2013, han reconocido esa etapa ni como obligatoria ni como gratuita.

Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es tratar este asunto como un asunto de Estado para que no haya discriminaciones entre administraciones, entre comunidades autónomas y entre ayuntamientos, que sí puedan destinar recursos a escuelas infantiles, y que se trate un modelo desde el Estado, porque es muy importante y coincidimos con usted.

Los informes son una foto fija, y yo propondría mirar la foto en tres dimensiones, porque es verdad que no todos los ciudadanos que se dirigen al Diputado del Común, no todos los que tienen problemas se dirigen al Diputado del Común, pero también es verdad que no todos los que están contentos con algún servicio público se dirigen y salen a la calle, por ejemplo, para manifestar que las cosas les han ido bien. Y en algunos casos, pues, las quejas son puntuales y, en ese sentido, pues nos gustaría también reconocerlo.

Reconoce el informe la mejora en los servicios sociales, y ha puesto usted sobre la mesa la realidad, la singular realidad de Canarias, con un sistema de dependencia en el que intervienen las tres administraciones públicas; y cualquier balance, cualquier informe, cualquier análisis, tiene que reconocer ese sistema especial de la dependencia en Canarias. Y también reconocer que el Estado solo aporta el 20 % de los recursos: el resto se asume con los esfuerzos de ayuntamientos, cabildos y Gobierno de Canarias.

Y en el 2017 se trabajó con más de cuatro mil expedientes en el área de dependencia. Alcanzó el mayor nivel, se alcanzó el mayor nivel del sistema de toda la trayectoria, con cerca de diecinueve mil quinientas personas reconocidas, beneficiarias, y los informes también indican que se ha incrementado en más de un 40 % los beneficiarios. Por lo tanto, en ese contexto es en el que debemos analizar las quejas del Diputado del Común. Se trabaja de forma constante para agilizar los expedientes, para simplificar los trámites y para buscar fórmulas que contribuyan a la mejora de la dependencia.

Usted citaba el Plan de Infraestructuras Sociosanitarias, con más de seis millones de euros, que se ejecutará en tres años en convenio con los cabildos, que va a reforzar las plazas sociosanitarias para dar respuesta a una población canaria que envejece cada día más.

Y la situación de los menores es otra de las preocupaciones. Se han incrementado los recursos para la protección a los menores, 30 000 000 con recursos propios por el Gobierno, 10 600 000 para asistencia a los ayuntamientos a menores en exclusión social. Y el pacto por la infancia que mencionábamos obligaba a hacer un estudio previo, eso es lo que ha hecho el Gobierno, un estudio previo con las dos universidades, que es el que va a dar la situación para hacer esa estrategia, y ya la ley del menor, la modificación de la ley del menor, se encuentra en exposición pública y está en plazo de alegaciones, y animamos a cualquier ciudadano que pueda hacer alegaciones, porque está abierto hasta el 29 de mayo.

Y tiene mucho que ver la situación de la pobreza infantil con la situación de la pobreza en general, y los bajos salarios en Canarias, la precariedad, lo que ha permitido la reforma laboral, la precariedad del empleo, los salarios tan bajos, todo eso, la temporalidad, todo eso tiene que ver, tiene mucho que ver con ese asunto.

Mencionaba también usted la situación de la vivienda. Es un capítulo que la crisis paró en rotundo, ¿por qué? Porque no se hicieron construcciones nuevas, y ahora se están retomando, el plan estatal, también lo paralizaron desde el año 2012, y aun así no tenemos que olvidar que hay más de catorce mil familias que viven en viviendas públicas, y hay que añadir las 4500 viviendas de Visocan también con ayudas de alquiler. Hay que hacer mucho más, y en eso se está, y ahora se empiezan a retomar las nuevas promociones.

Y usted sabe, más que nadie, que gobernar es priorizar, y que, aunque hay asuntos importantes, hay que ver Canarias en su conjunto y las necesidades en su conjunto, y las carreteras también son necesarias. Preguntemos a las miles de personas que cada día pierden tiempo y dinero en las colas, por ejemplo, de la TF-5, para ir al médico, para ir a la universidad, para ir a hacer alguna gestión o para ir a trabajar. Por lo tanto, hay que hacer esfuerzos también en carreteras.

Y mencionaba usted a los pensionistas canario-venezolanos; es un una preocupación de nuestro grupo parlamentario, hemos traído varias iniciativas a este Parlamento, nuestro senador Pablo Rodríguez, de El Hierro, también las ha llevado al Senado, y Ana Oramas también al Congreso de los Diputados. Es una situación grave, seguimos esperando que el Gobierno de España haga cumplir a Venezuela el convenio bilateral, pero también cumpla con las sentencias, porque ya hay sentencias, como usted apuntaba, que están condenando al INSS a pagar esos complementos a mínimos, y también estudiar la posibilidad de una pensión no contributiva, porque la literalidad de la norma no nos puede llevar a que se sufran estas condiciones que están sufriendo estos pensionistas.

Señor Saavedra, también el problema de la brecha salarial, la igualdad y la educación en valores para acabar con la lacra de la violencia de género, los recursos que hay que poner.

Y nos vamos despidiendo, esperando que esta vez sí sea la definitiva, no porque queramos que se vaya, sino porque usted ha dicho que quiere retirarse a descansar, como se merece. Es usted de las personas, y estamos de acuerdo, que la política hay que prestigiarla, y es usted de esas personas que ha prestigiado la política. Estamos seguros que seguirá, como siempre, velando por los derechos fundamentales de los canarios y trabajando por una Canarias mejor allá donde se encuentre.

Muchísimas gracias, señor Saavedra.

La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señora Beato, muchísimas gracias.

Una vez fijada la posición por todos los grupos, damos por concluido este punto.

Y hacemos un receso, señorías. Reanudamos a las diecisiete horas.

(Se suspende la sesión a las catorce horas y cincuenta minutos).

(Se reanuda la sesión a las diecisiete horas y cuatro minutos).

La señora PRESIDENTA: Buenas tardes, señorías. Reanudamos la sesión plenaria.


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