Diario de Sesiones 119, de fecha 22/5/2018
Punto 30

9L/C-1799 COMPARECENCIA DEL GOBIERNO -CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD-, INSTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA CANARIO, SOBRE LA JUSTICIA EN LAS ISLAS.

La señora PRESIDENTA: Damos por finalizada esta comparecencia y vamos a la siguiente, señorías, que es acumulada, son dos comparecencias, la 1002, a instancias del Grupo Parlamentario Podemos, al consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, sobre imagen, prestigio y credibilidad de la justicia. Y también la acumulamos con la del Grupo Parlamentario Socialista, también al consejero de Presidencia, sobre justicia en las islas.

Para intervenir en el nombre del Grupo Parlamentario Podemos, ya está aquí la señora diputado Monzón, ávida, presta y dispuesta.

Cuando quiera, señora diputada.

La señora MONZÓN NAVARRO: Buenas tardes a todos y a todas.

Empiezo con este titular que salía hoy: "Jueces y fiscales afrontan hoy su cuarta huelga en la democracia". Aparte de las demandas que tienen a nivel estatal, todos sabemos en la justicia las competencias que corresponden al Estado, pero hay otras cuestiones que sí corresponden a la Comunidad Autónoma de Canarias, entre otras, son los medios. Esta mañana a una pregunta que se le hacía a usted, decía, señor consejero, que encontraba satisfechos a los agentes jurídicos; debe ser que hablamos con agentes jurídicos diferentes o con profesionales del sector y actores de la justicia en Canarias diferentes, porque en esta comparecencia y aquí quiero aprovechar para agradecer a todos aquellos que han colaborado y se han sentado con este grupo parlamentario para preparar esta comparecencia... precisamente, la realidad de la justicia en Canarias, la imagen, el prestigio y la credibilidad, que un pilar básico y fundamental en un Estado de derecho tiene, en estos momentos creo que es mala y muy mejorable.

Si nosotros habláramos de la justicia, y precisamente esa imagen que queremos reflejar en una realidad, dijéramos que la justicia es igual para todos, probablemente nos encontraríamos con que la mayoría de la población no aseveraría esta frase; diría que no es igual la justicia. Si habláramos de que la ley es igual para todos en esto quizás estuviéramos todos más de acuerdo; sí es verdad que la ley es igual para todos, el problema es que para quienes las incumplen y para quienes son los acusados, para quienes son víctimas, ofendidos o perjudicados, al final entienden que la justicia no es igual porque no se aplica de la misma manera. Y esta situación que es la credibilidad que al final tiene la ciudadanía con respecto a lo que es la justicia, nos tenemos que plantear que si esta justicia en Canarias tiene los medios suficientes para garantizar la igualdad de todos los ciudadanos en igualdad de derecho. Nosotros creemos que no. Y hay muchas desigualdades que van desde la desigualdad económica hasta la desigualdad en salud, la desigualdad en género, la desigualdad en nacionalidad, incluso muchas de estas desigualdades se juntan también en la mismas personas que cuidan a la justicia.

Uno de los problemas que tiene la justicia es la infrafinanciación del turno de oficio. Esta mañana usted lo comentaba, ya sabíamos los recortes que ha habido, pero es que además de la situación o de la dignificación del trabajo de los abogados de turno de oficio, nosotros lo que queremos hablar, además, es del derecho a la asistencia jurídica; creemos que es que las personas que acuden o que tienen que acudir al turno de oficio deben tener garantizada la mejor opción para resolver sus conflictos, y para eso no solo hablamos de las demandas, de la contestación y la vista, también hablamos de las reclamaciones previas, de las conciliaciones, de los recursos de derechos administrativos, de los trámites de nacionalidad y extranjería, muchos más. Y, además, hablamos también de, una vez el reo, los trámites posteriores, por ejemplo, el tercer grado, todos estos, además... otros trámites que tienen que ver con los procedimientos de familias, por qué se excluyen las asistencias, la conciliación, por qué una separación o un divorcio no se puede realizar con una interpelación en el notario. En esto, al final, tenemos que ir a la justicia, lo que lo hace mucho más lento y, además, colapsamos esa justicia.

Es habitual, además, que un abogado de oficio tenga tal multitud de asuntos que, por ejemplo, en un juzgado de guardia tenga que hacer, a la vez tenga que estar en varios sitios, cosa que es imposible, y por supuesto esto, aparte de que sufre la víctima en este caso, que tiene que esperar, al final, evidentemente, cuando un abogado está saturado la calidad del servicio disminuye. La carga razonable del trabajo en los juzgados de guardia tiene que ser una de las prioridades, los juzgados de violencia de la mujer en los turnos de oficio.

También hablamos de la falta de salas con respecto a la asistencia a las víctimas para que al final incluso las sentencias de conformidad se puedan realizar con privacidad y con la máxima protección de las presuntas víctimas.

Quiero hablar ahora del Instituto de Medicina Legal. El Instituto de Medicina Legal vive una situación, sobre todo en la provincia de Las Palmas, en el ámbito laboral, bastante anómala, si me permite decir la expresión. El cese de la directora de este instituto, después de un estudio psicosocial encargado por los propios trabajadores o representantes de los trabajadores, evidencian graves problemas en cómo se resuelve este servicio. Creemos que esto requiere de una mayor atención de la dirección general de la justicia. Sabemos que los trabajadores han pedido reiteradamente reuniones con la dirección general de la justicia y no sabemos por qué no se le pone remedio. Pero, aparte de esto, lo más gravoso sería para los ciudadanos, aquellos que nos hablan que todo lo que es el equipo psicosocial, trabajadores sociales y sicólogos, para un informe del Instituto de Medicina Legal, pericial, la media es casi de doce meses para esos informes. Esto es actualmente inasumible. Pensemos, simplemente, en una menor, víctima de una agresión sexual, que tenga que esperar para una atención doce meses.

Nombramientos en la Dirección General de Relaciones con la Justicia. Señor consejero, se está nombrando funcionarios interinos en puestos de responsabilidad sin tener la capacidad y la experiencia para resolverlo, también cuerpos y escalas que se nombran en esta dirección general que no tienen la especialidad que requieren los puestos de trabajo; todo esto ralentiza, y es la desesperación, así nos lo transmite el personal.

Ya tenemos en la Administración general hecha la promoción interna y los nombramientos están a punto, no entiendo por qué nombramos interinos si tenemos personal que está aprobando esas oposiciones...

La señora PRESIDENTA: ¿Un minuto más, señora Monzón, o termina?

La señora MONZÓN NAVARRO: Si me deja, porque yo calculaba que era más tiempo. Ya sé que se han recortado los tiempos, pero...

La señora PRESIDENTA: No, no. Son siempre cinco.

La señora MONZÓN NAVARRO: ...(sin micrófono)

La señora PRESIDENTA: No, pero tenga usted un minuto más, por favor.

La señora MONZÓN NAVARRO: Vale. Perfecto.

Se lo agradezco, porque así lo termino... Vale. Muchas gracias.

Termino. Simplemente le recordaba, señor consejero, que si ya tenemos las oposiciones de los administradores generales y funcionarios de carrera, muchos de ellos vienen con promoción interna, con experiencia y más conocimiento, serían aquellos los que tendrían que ocupar esos puestos de responsabilidad y no el personal temporal.

También decir en este minuto, antes de que empiecen con los siguientes temas que haré en la segunda intervención, hablar también de los contencioso-administrativos. La Administración de la comunidad autónoma, y muchas administraciones también y yo hablo de la comunidad autónoma, que es la que conozco con más... no se resuelven muchos de los contenciosos en vía administrativa, y también se obliga a ir hacia la jurisdicción, hacia la asistencia jurídica también en esos temas de contencioso-administrativos; y yo creo que tenemos que ser más responsables a la hora de que todas esas reclamaciones, todos esos recursos positivos de reposición se resuelvan por la vía administrativa y no se obligue a ir a los juzgados.

Después seguiremos con más temas.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Monzón.

Pero con las acumuladas siempre es al principio cinco, y después tienen un minuto más, once, y..., pero es siempre igual, pero no hay problema, se le da un minuto más, por supuesto.

La otra comparecencia es a solicitud del Grupo Parlamentario Socialista Canario, el señor Matos.

El señor MATOS EXPÓSITO: Señorías, señor consejero.

Hoy la verdad es que ha coincidido que este pleno se celebre el mismo día que se han puesto de acuerdo por primera vez en la historia de la democracia jueces, fiscales, que han parado hoy, que han hecho una huelga, algo -lo decíamos esta mañana- inusual en un colectivo que no suele ser demasiado ruidoso a la hora de reivindicar sus condiciones de trabajo; a esto hay que añadirle que otros operadores jurídicos llevan tiempo también reivindicando mejoras en la Administración de justicia. Y esto es una responsabilidad de todos, no es una responsabilidad solo del Gobierno de Canarias, obviamente, sino que yo diría, casi, los mayores problemas que atraviesa la justicia en este momento tienen que ver con competencias relacionadas o que son, digamos, titularidad del ministerio.

Tenemos que hacer, además, un debate profundo, serio, riguroso, pero también sereno, porque es una cuestión importante. Estamos hablando, sobre todo, cada vez que hablamos de esta cuestión, del ejercicio de la tutela judicial efectiva por parte de ciudadanos que acuden a los tribunales de justicia a dirimir sus problemas de ámbito civil, mercantil, laboral, social, familiar... y es una cuestión que nuestra democracia, han pasado varios gobiernos a lo largo de estos treinta y tantos años de democracia en este país, incluidos algunos de mi gobierno, y no hemos sido capaces de modernizar la justicia en España, y esta es una asignatura pendiente y tenemos que hacer todos un poco de autocrítica. Pero también tiene que llegar el punto, el momento, en el que España se comprometa de verdad con la modernización de su propia Administración de justicia.

Y esto no se hace con medidas improvisadas, como han venido algunas de las que se han ido tomando, que pueden ser consideradas positivas, tomadas en consideración por separado, pero algunas han estado mal planificadas, mal dotadas presupuestariamente, y algunas de ellas incluso se han adoptado en contra del criterio generalizado de todos los operadores jurídicos.

Hoy han parado 203 de 272 jueces, han parado 123 fiscales, casi el 74 % han secundado el paro en Canarias. No nos olvidemos, además, de que también hay dos colectivos demandando cuestiones básicas, como son, por ejemplo, los letrados, en relación con el servicio del turno de oficio.

Por tanto, creo que ha llegado el momento de que nos tomemos en serio este debate. Que demos un paso más como grupos parlamentarios, como Gobierno autónomo y como Gobierno de España en un compromiso con una justicia del siglo XXI. Creo que es una tarea común, creo que es un, digamos, un objetivo que todos compartimos y que todos tenemos algo que decir, y al que todos tenemos, obviamente, algo que aportar.

Faltan juzgados en Canarias. Es una responsabilidad del Gobierno de España, porque tiene la competencia, a través de la ley de planta judicial, de crearlos. Y luego está la responsabilidad del Gobierno de Canarias de dotarlos de material y de personal.

Tenemos una comunidad autónoma con muchísimos litigios, porque tiene que ver también con nuestro modelo social y económico; es una comunidad autónoma turística, con un motor turístico importante, eso genera en sí mismo una conflictividad judicial mayor que en otras comunidades autónomas, en todos los ámbitos: en el mercantil, en el laboral, en el penal, etcétera.

Faltan juzgados. Faltan medios técnicos y humanos en los juzgados. Falta dotar al turno de oficio de medios dignos; no puede ser que el turno de oficio, que garantiza un derecho fundamental para los que menos tienen, siga siendo financiado en las espaldas de los letrados y de las letradas que, digamos, hacen una labor, a veces no tan conocida, que garantizan ellos más que los poderes públicos ese derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

Por eso es muy oportuno que hoy tengamos esta reflexión, en positivo, haciendo autocrítica pero también intentando aportar ideas y aportando soluciones; porque, insisto, detrás de cada expediente judicial que se amontona en un juzgado, en malas condiciones, ahí hay un problema familiar, hay un problema social, hay un problema económico de una pequeña, mediana empresa, y nuestra obligación es dotar a la Administración de justicia de medios humanos, técnicos, profesionales que garanticen, de verdad, que ese derecho fundamental se ejerza en condiciones plenas, y esa es nuestra responsabilidad. Y vamos a escuchar al consejero qué nos tiene que decir.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Matos.

Turno ahora para el Gobierno, señor consejero.

El señor CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD (Barragán Cabrera): Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señores consejeros; perdón, señores diputados y diputadas, algunos serán consejeros, quedo mejor.

Vamos a plantear... porque hay una parte de algunas de las cuestiones que han hecho sus señorías en las que no voy a entrar; no voy a entrar porque no es mi competencia y, si me preguntan fuera de aquí, investido de otra autoridad, puedo contestarle en lo que quieran, en opiniones partidarias, pero como consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, en este momento, creo que debería hacer una delimitación entre lo que son las competencias del Estado, muchas de ellas nombradas, obviamente nosotros nos hemos manifestado que estamos de acuerdo con muchas de las reivindicaciones que se hacen, pero no sería mi papel en este momento ponerme a juzgar esa actuación en torno a la justicia.

Y otra cosa distinta me refiero porque ha coincidido hoy, como ha dicho bien el señor Matos, la huelga de jueces y fiscales, y otra cosa, efectivamente, en todos los temas que nosotros tenemos que hacer como Administración autonómica; es decir, las infraestructuras que se necesitan en la comunidad autónoma de las cuales ya di cuenta el otro día del plan de infraestructuras, cómo lo tenemos planteado y cuáles eran nuestras dos prioridades básicas. Y antes decía el señor Matos, hablando de infraestructuras, yo pondría, aparte de decir hacen falta nuevos juzgados y, por lo tanto, si no tenemos las infraestructuras hacerlos, también deberíamos de reflexionar si la planta judicial necesita una remodelación; es decir, si los juzgados ahora, en el siglo XXI, están colocados allí donde se necesitan. En ese sentido de debate sereno, franco y tranquilo hacia dónde deben estar instaladas esas infraestructuras.

Por lo tanto, nosotros, ahora, de los cinco juzgados nuevos, dos están abiertos ya y, por lo tanto, los tres que quedan, algunos en Fuerteventura y otros aquí en Santa Cruz de Tenerife, vamos a intentar, efectivamente, cumplir los plazos que el 30 de septiembre estén en funcionamiento. Que estén abiertos y, por lo tanto, ahora salió a concurso el otro día, concurso no, perdón, salió en el boletín la petición de los nuevos locales, estamos esperando poder decidir cuáles de ellos vamos a utilizar. Después sacar el concurso, de adecuar esas infraestructuras para que el 30 de septiembre, efectivamente, estén dotados de material y lo podamos sacar adelante. Por lo tanto, desde el punto de vista de las infraestructuras, hay un plan, hay un diseño de cómo hacerlas, y las dos prioridades que tiene la comunidad autónoma, como he dicho, en el palacio de justicia de Puerto del Rosario y su distrito y en el caso de Santa Cruz, el palacio de justicia, o la ciudad de justicia, como a mí me gusta comentarlo.

Para los que tengan más interés ahora en saber cómo está, ya saben que está lanzado el concurso en Fuerteventura, esperamos tener alguna propuesta de ideas en los plazos establecidos, y en el caso de la ciudad de la justicia, como saben, estamos pendientes de un informe de movilidad, pactado con el ayuntamiento, estamos pendientes de que nos lo entreguen, la fecha de entrega de ese documento era finales de este mes, y, por lo tanto, estaríamos en junio en disposición de volver a hablar con el ayuntamiento, volver a hablar con nuestra consejería de política territorial, porque un cosa es dónde pueden ir los juzgados, y otra cosa es, y ya se los adelanto, no tengo intención, ni siquiera como consejero de la Presidencia, Justicia e Igualdad, de convertirme en promotor inmobiliario en la ciudad de Santa Cruz, ¿vale?

Por lo tanto, cuando esos terrenos pudieran estar a disposición, lo que ha hecho el Gobierno, como ustedes saben, es facilitar que allí pueda haber una actuación urbanística, pero a quien le corresponde la actuación urbanística debería ser a la institución municipal, y nosotros estamos dispuestos, como no podría ser de otra forma, a colaborar para que eso ocurra si, efectivamente, el informe de movilidad nos dice que allí debe estar la ciudad.

Y después están el resto de las actuaciones que quería comentar. En cuanto a las actuaciones que tenemos también, obviamente están los servicios, los servicios que prestamos, ¿no? En este caso vamos a empezar por algunos elementales, que parece que no son nada pero cuestan mucho dinero: el servicio de limpieza, que estamos ahora intentando sacarlo nuevamente, y el servicio de seguridad, que ya está adjudicado, ¿no? Ya están las nuevas empresas operando en todo lo que es la seguridad de los servicios, en este caso, de la comunidad autónoma.

Después tenemos la ampliación del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas, que iniciaremos las obras de la denominada Casa del Menor que esperamos concluir en el año 2019 y, por otra parte, estamos trabajando en el decreto sobre oficinas de asistencia a las víctimas del delito, que conllevará la creación de dos oficinas en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, que suponen implementar la normativa europea y nacional de los derechos de las víctimas.

Y, asimismo, también quiero comentarles que estamos trabajando en la integración del sistema de gestión procesal Atlante II para incorporar las salas de vista, y estamos implantando equipos multifunción en los edificios judiciales que funcionan en red. Y también está integrado con Atlante de manera que se facilite el trabajo a los operadores judiciales avanzando en el expediente judicial, con la finalidad de llegar al objetivo de papel cero que este Parlamento nos ha encomendado. Y para la grabación de vistas en Canarias saben sus señorías que se emplean dos sistemas, uno que funciona en las 61 salas de vistas y polivalentes de la ciudad de justicia de Las Palmas, y en el resto, en el resto de los órganos judiciales, justicia digital; y hemos venido actualizando las salas donde funciona justicia digital, desde el año pasado, para permitir la integración de Atlante.

Ya tenemos cuarenta salas integradas y prevemos que el resto lo esté en el transcurso del segundo semestre del año, el mismo plazo que manejamos para la actualización de las salas de la ciudad de la justicia de Las Palmas, que deberán renovarse obligatoriamente este año.

En esta línea, las comunicaciones telemáticas entre los órganos judiciales y la policía autonómica canaria y las policías locales, se desarrolla a través de una integración propia con el sistema de gestión de expedientes policiales Sigesca, que funciona de manera bidireccional, con prestaciones como la presentación de atestados y solicitudes, está en activo para todos los juzgados de instrucción, y a partir de la próxima versión del Atlante esperamos que llegue a todos los órganos judiciales. En todo caso, desde el mes pasado hemos retomado las conversaciones con la Guardia Civil y la Policía Nacional para la integración telemática de los atestados y comunicaciones a través de Lexnet, si bien antes tenemos previsto desarrollar una herramienta de minuta electrónica, solicitada por los propios jueces de instrucción, que previsiblemente integraremos en la próxima versión de Atlante. Y asimismo, colaboramos con la fiscalía superior para facilitar el control de notificaciones telemáticas a través del gestor procesal.

En cuanto a la firma electrónica, también hablando de esa parte de servicios que prestamos, se está desplegando, por ahora con éxito y sin incidencias, en órganos unipersonales de todas las jurisdicciones, y ahora lo hacemos en los juzgados de orden penal y en los juzgados mixtos, y ya está presente en más del 40 % de los órganos judiciales. Y por otra parte, seguimos atendiendo la petición de refuerzo, tanto en los juzgados como para la fiscalía, dentro de las posibilidades presupuestarias, lo que ha permitido, por ejemplo, que las cláusulas suelo no se ralenticen en Canarias por falta de personal dependiente de la comunidad autónoma.

En definitiva, venimos trabajando en distintos frentes para facilitar la mejora de la prestación de estos servicios en justicia que consideramos prioritarios.

Y quería detenerme con el tema que sus señorías han comentado del turno de oficio.

Nosotros también nos hemos reunido, como sus señorías, con los colegios de abogados, y no podemos nada más que reconocer que, efectivamente, ha habido un recorte importante en un momento determinado de la historia, creo recordar que casi un 20 % de los ratios que se cobraba en aquel momento, y que todo el mundo, como está viendo que la economía mejora, queremos resolver todos los problemas en el mismo momento. Y yo les hablo de las prioridades, ¿no? Tendremos que atender este problema, no soy capaz ahora mismo de decirles en qué porcentaje, hemos trabajado, en este caso, con los colegios de abogados de cuáles son sus propuestas, ellos tienen una propuesta de cómo ir incrementándolo hasta alcanzar la cifra que nos habíamos planteado, o mejor dicho, que estaban con anterioridad de la crisis, y vamos a trabajar sobre esa línea, de ponernos de acuerdo en un planning de cómo podemos ir mejorándola. Insisto, dentro de lo que también sus señorías marquen como prioridades presupuestarias para toda la comunidad autónoma.

Y en cuanto al otro tema que se me ha planteado del Instituto de Medicina Legal, efectivamente, hay un informe, pero no solamente por el informe se ha decidido hacer un relevo, en este caso la sustitución de la directora por la subdirectora en el Instituto de Medicina Legal de Las Palmas, y, por ahora, es la primera actuación que hemos hecho.

De todas formas, también le digo que no vamos a actuar a golpe de que lo digan los sindicatos, es decir, que nos digan los sindicatos lo que tiene que hacer la Administración; otra cosa es que lo negociemos, pero no a golpe de titulares ni a golpe de exigencias por los medios de comunicación. Ni me caracterizo por mandarles mensajes, verán que yo tampoco he mandado mensajes de ese tipo a través de los medios de comunicación, y con diálogo y consenso con las mesas podremos trabajar todas las posibilidades para mejorar el funcionamiento de los institutos de medicina legal de Las Palmas y de Tenerife.

No sé si me queda alguna cosa más de la... ¡ah!, falta de juzgados en Canarias, que también lo planteaba el señor Matos, dentro de las cosas que se han planteado.

Estamos de acuerdo, sabe que nuestras reivindicaciones, conjuntamente con, en este caso, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, más las peticiones que suelen haber por los... existir, perdón, por los operadores jurídicos, y todos los años hacemos un esfuerzo por pedir los nuevos juzgados que creemos necesita la ciudadanía de Canarias. En este caso, en este último caso, si no recuerdo mal, hemos alcanzado un número de los objetivos que nos habíamos planteado, se nos quedan cosas pendientes, y vamos a seguir reivindicando, en este caso en las peticiones de este año, la posibilidad junto, insisto, con los operadores jurídicos y fundamentalmente con la opinión del TSJ de nuevos juzgados en las islas Canarias.

Estoy en disposición de que, si no he aclarado todas las observaciones ahora a las señorías peticionarias de la comparecencia, hacerlo en la segunda intervención.

Nada más y muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor consejero.

Turno ahora para la fijación de los grupos. Grupo Mixto, señora Mendoza.

La señora MENDOZA RODRÍGUEZ (Desde su escaño): Gracias, presidenta.

Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señor consejero.

A nadie nos gusta leer el titular de prensa que hemos leído todos en la mañana de hoy: "Un 74 % de los jueces secunda el paro en Canarias".

Pero cuando hablamos de la imagen, prestigio y credibilidad de la justicia no podemos perder de vista que es fundamental que los ciudadanos no dudemos de este poder. Eso no quiere decir que no podamos opinar, no podamos hablar en esta Cámara de ello y poder intentar buscar soluciones, además de que quedan muchas cosas que hacer en este poder; pero si los ciudadanos no podemos confiar o vamos a poner en tela de juicio la credibilidad de este poder, va a ser complicado. Evidentemente, hay titulares que en nada benefician, y menos a aquellos jueces, fiscales, funcionarios, forenses, procuradores, letrados y el resto de personas que prestan sus servicios en la Administración de justicia, que además lo hacen a pesar de los escasos medios de los que disponen muchos juzgados de nuestras islas, y que hemos puesto de relieve en numerosas ocasiones en esta Cámara.

Titulares, también, como "un juez en el banquillo de los acusados", nos dan una visión nefasta, o no del todo correcta, de lo que debería de ser la justicia en nuestras islas.

Una situación que no viene sola, y es que si nos fijamos también en el panorama nacional la misma sombra de incertidumbre se cierne sobre la justicia en toda España. Temas como la sentencia de La Manada, o las recientes recusaciones, o los magistrados apartados del caso Gürtel, provocan que la ciudadanía cada vez tenga más motivos para desconfiar de aquellos que se supone que tienen que velar por todos ante la ley, o sea, que todos seamos iguales ante la ley.

Pero, precisamente, el hecho de que se investigue a todos y a todas por igual también debe de renovarnos la fe en un sistema en el que son muchos más los jueces y magistrados que velan día a día por hacer de nuestro mundo un mundo más justo que los que no, pero muchas veces y, desgraciadamente, aunque sean pocos, hacen mucho más ruido.

Pero, señoría, al igual que el resto de comparecientes, los problemas con la imagen de la justicia no van a cambiar mientras que el ciudadano acuda a los juzgados de Canarias y se encuentre con procedimientos que se dilatan indebidamente en el tiempo; se encuentran con instalaciones viejas, o con equipamientos antiguos, o con juzgados que no tienen sala de atención a los menores. Todos estos temas los hemos traído en reiteradas ocasiones a esta Cámara, por eso yo le pregunto, señor consejero, ¿qué medidas van a adoptarse para llevar a cabo las medidas recogidas en la estrategia de modernización de la justicia en Canarias a todos los juzgados de las islas? Usted sabe, precisamente, que la estrategia no recoge actuaciones en los juzgados de todas las islas y en algunos de ellos es más que necesario los medios, los recursos humanos y los medios materiales.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Mendoza.

Turno ahora para el Grupo Nueva Canarias, señora González.

La señora GONZÁLEZ GONZÁLEZ (doña María Esther): Gracias, presidenta.

Señor consejero, tanto usted como el señor Matos han planteado que el debate en esta comparecencia sea un debate sereno y tranquilo, pero la realidad es que en materia de justicia el patio está muy muy revuelto. Está revuelto a nivel de toda España y revuelto, obviamente, en Canarias. Los jueces y fiscales, con la espada levantada, hoy en huelga general, exigiendo un refuerzo de la independencia judicial y una mejora de la Administración de justicia y, además, recuperar los niveles salariales retributivos perdidos en el 2010. Los secretarios judiciales también en pie de guerra exigiendo mejoras salariales. Los colegios de abogados reivindicando, por de pronto, la dignidad en el turno de oficio.

Además, dicen los jueces y los fiscales que llevan muchos años reclamando mejoras estructurales y garantía en la independencia que no se han puesto de manifiesto y que ahora o se ponen de manifiesto o lo que van hacer es abrir un calendario de movilizaciones que sacará a la calle a este colectivo que, como bien dijo el señor Matos, pues no era, no solía gritar mucho, no es muy reivindicativo, pero que consideran que en este momento la causa lo merece. Quieren, además, despolitizar la justicia, a ver si con ello además mejora la imagen que de ella tienen amplios sectores sociales, porque la realidad es que la ciudadanía hoy tiene una imagen muy negativa del poder judicial.

Los últimos sondeos realizados por importantes consultoras ubican a la justicia en el peor lugar de entre todas las instituciones y organizaciones, en general detrás de los partidos políticos, del poder legislativo y de los gobiernos; falta de comunicación y lentitud explican la mala imagen de la justicia española, pero, además, eso explica la mala imagen, pero no la desconfianza de los ciudadanos sobre la independencia, esta viene determinada por el convencimiento popular que existe, no solo en Canarias sino en toda España, que hay una justicia para pobres y otra justicia para ricos. La ciudadanía ha dejado de creer en la justicia, y hay casos como el del juez Alba, la implicación de otros magistrados, los magistrados separados del caso Gürtel o, fundamentalmente, la sentencia de La Manada, no hacen más que afianzar este descrédito.

El Diputado del Común, además, en su informe, en el que vimos esta mañana, el del 2017, manifiesta que en el área de justicia se llevaron, durante el año 2017, 1111 actuaciones entre gestiones telefónicas, atenciones presenciales a la ciudadanía y resoluciones presentadas que se recibieron 157 quejas y que, además, 38 de esas quejas el mayor número de las que se diligenciaron en el área de justicia estaban relacionadas con el funcionamiento de los juzgados y tribunales y, en particular, con la dilación en los procedimientos judiciales. Y, además, este informe concluye reiterando que persiste el colapso en los órganos judiciales desde Canarias con efectos negativos en todos los ámbitos y, además, apelan, no es el primer año que lo hace, a que la Administración autonómica ponga remedio a esta dilación, dote a los juzgados y tribunales de Canarias de los medios necesarios para su buen funcionamiento.

En definitiva, consejero, una percepción de que la justicia no es igual para todos, de que es lenta e ineficiente y la convicción de que la justicia está politizada y la política judicializada. Y este caos está en toda España y en Canarias, y, además, como floritura del bizcocho en Canarias tenemos además el problema y el lío que se ha montado con el Instituto de Medicina Legal. Y como floritura del bizcocho, la estrategia de modernización de la justicia que usted consideraba y lo puso de manifiesto en este Parlamento que ayudaría a mejorar el trabajo de quienes habitualmente trabajaban en el ámbito judicial, que mejoraría los espacios para que hagan un adecuado desempeño de su función, y la realidad es que, de momento, esto no es así.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora González.

Turno ahora para el Grupo Parlamentario Popular, señora Reverón.

La señora REVERÓN GONZÁLEZ: Gracias, presidenta. Buenas tardes de nuevo, señorías. Buenas tardes, señor consejero.

Mire, a mi grupo parlamentario lo que nos preocupa es la situación actual de los medios materiales y personales de la justicia en Canarias. Y nos preocupa de esta manera que esta mañana mi portavoz, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, le hacía un pregunta, y cuál es nuestra sorpresa cuando ella le hablaba de la situación de la justicia en Canarias -y ahora le voy a recordar sus palabras- y usted le decía que los operadores jurídicos en Canarias estaban satisfechos, esa fue su expresión. Por tanto, sí me gustaría, como mi portavoz no tuvo la réplica, porque todos sabemos que en las preguntas solamente hay un turno de intervención, me gustaría que me explicara qué operadores jurídicos o a qué operadores jurídicos usted se refiere cuando dice que están satisfechos. Y mire, le digo esto porque simplemente con una fotografía de ir a los juzgados se sabe la situación caótica en la que viven los mismos.

Mire, la portavoz de mi grupo parlamentario le recordó que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias consideró sumamente grave la situación de los juzgados de lo penal; el Diputado del Común hoy también en su informe, y además también se lo recordó la portavoz de mi grupo parlamentario, el colapso que había en estos momentos en los órganos judiciales; también la portavoz de mi grupo parlamentario le habló de la obsolescencia que en estos momentos está en muchos de los juzgados. Por tanto, sí me gustaría, de verdad, señor consejero, yo le voy a invitar e incluso si no tiene un medio de transporte, yo le llevo, que no sea por la mañana, porque nos va a coger las colas de la TF-5, le voy a invitar a que vaya usted a los juzgados de Granadilla o a los juzgados de Icod de los Vinos, o le voy a invitar una mañana a los juzgados de lo social de aquí, de Santa Cruz de Tenerife; un día además que se estropee el aire acondicionado y vea usted a los operadores jurídicos, entre otros, los abogados y abogadas con toga, para que vean lo que está pasando, porque realmente esos son los operadores jurídicos que están sufriendo en estos momentos la condiciones en las que se encuentran las instalaciones de justicia.

Y, mire, sí quiero recordar que llevamos tres años de legislatura y, si retrocedemos al inicio, cuando el presidente del Gobierno tomó posesión, pues sí es verdad que adquirió una serie de compromisos, y entonces me gustaría destacar uno de sus compromisos. El presidente del Gobierno de Canarias dijo, que destacó, perdón, la modernización de la justicia con la finalidad de que la administración sea más eficiente para la ciudadanía y motivante para las personas que cada día desarrollan en ella su trabajo. Y, señoría, después de lo que le he dicho creo que nada más lejos de la realidad, creo que todo esto ha quedado en un saco roto.

También es cierto que no sería justa si no hiciera el reconocimiento que en su momento le hizo el Ministerio de Justicia en relación con las, bueno, el programa informático de la gestión procesal Atlante; pero es verdad que después de la gestión y después de la implantación de ese sistema, el siguiente paso era la implantación del expediente judicial electrónico, y dijo el presidente del Gobierno de Canarias: así como la implantación de una app de la justicia, una innovadora iniciativa que ofrecerá a los ciudadanos y profesionales de la información una concreta información sobre sus expedientes judiciales o sobre la actividad judicial a través de sus dispositivos móviles. Sinceramente yo, a día de hoy, y mi grupo parlamentario, desconocemos si esto existió no, y por tanto sí nos gustaría que usted, en su segundo turno de réplica, nos contestara.

Y, por último, sí me gustaría comentar lo siguiente, vamos a ver: la situación de las infraestructuras en estos momentos en Canarias. Es verdad que en el plan de infraestructuras se establecieron como dos prioridades, por un lado, Puerto del Rosario, como usted bien ha dicho, y, por otro lado, el palacio o la ciudad de la justicia en Santa Cruz de Tenerife. Y, sinceramente, no voy a hablar del Puerto del Rosario porque, evidentemente, ya está en marcha, pero lo que no está en marcha es lo que está pasando en estos momentos en Santa Cruz de Tenerife. Usted ha hablado de que existe un plan de movilidad, pero ¿a partir de septiembre qué va a pasar? Por tanto, sí me gustaría que nos dijera, en estos últimos doce meses que le quedan, qué es lo que va a hacer.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Reverón.

Turno ahora para el Grupo Nacionalista, señora Beato.

La señora BEATO CASTELLANO: Gracias, señora presidenta. Señorías, señor consejero.

Se está aprovechando esta comparecencia para pedir explicaciones al consejero de asuntos que no son de su competencia y, en algún caso, también se aprovecha para desviar de lo que realmente está pasando hoy y que sí es competencia del Estado.

Por tanto, la primera consideración que tenemos que hacer es sobre el reparto competencial, los jueces y magistrados dependen del Consejo General del Poder Judicial y del Ministerio de Justicia; por tanto, debe quedar claro, meridianamente claro, y los ciudadanos deben saber que los paros y las reclamaciones de jueces y magistrados en los últimos meses reclamando más independencia, más medios, más plazas de jueces y fiscales, la recuperación salarial son todo reivindicaciones que van referidas al Ministerio de Justicia. Y en lo que compete a Canarias hay un rumbo trazado, se está llevando a buen ritmo la estrategia de modernización de la justicia, el gestor procesal Atlante está haciendo su papel como herramienta interoperable para implantar el expediente electrónico; y el plan de infraestructuras avanza a buen ritmo, las obras prioritarias: el palacio de Puerto del Rosario ya está caminando; y están caminando las mejoras en la accesibilidad creando nuevos servicios como las salas Gesell que están garantizando derechos a menores y a mujeres víctimas de violencia. Y la otra obra prioritaria, que era el palacio de justicia de Santa Cruz, la ciudad de la justicia de Santa Cruz, pues se sabía en Cabo Llanos la decisión no era inmediata y conllevaba un plazo, y así, así, se asumió.

En cuanto al turno de oficio, en 2010 el Estado obligó a reducir a esta comunidad autónoma más de mil millones de euros el presupuesto. Se tomaron decisiones difíciles; todos hicimos sacrificios. Es verdad que con el esfuerzo de abogados y procuradores se está garantizando del derecho a la tutela judicial efectiva, pero también con el esfuerzo presupuestario del Gobierno. En Canarias se paga y se paga en plazo. Y además, pese al déficit de la financiación estatal, Canarias es la quinta comunidad autónoma con más inversión por ciudadano en servicios de asistencia jurídica gratuita, la quinta comunidad, y no lo digo yo, lo dice el informe del Observatorio de la Justicia Gratuita en España. Estamos de acuerdo: es el momento de recuperar paulatinamente derechos, en el marco de lo posible. Habrá que cuantificar qué es lo que piden los colegios de abogados, solo el incremento de los actuales baremos está en torno a los dos millones de euros, y piden también otros conceptos. Hay que saber qué cuesta y saber cómo se prioriza. Y esperamos que el debate sea tranquilo, porque nunca escuché al señor portavoz del Grupo Parlamentario Socialista reclamar esto al anterior consejero.

La justicia es lenta, y una justicia lenta no es eficaz, y la confianza de los ciudadanos se resiente. Cuando los jueces se convierten en tertulianos, cuando salen a la calle con la toga puesta, cuando se dedican a tuitear adivinanzas, también deben analizar en qué medida están dañando la imagen y la credibilidad de la justicia.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Beato.

Por el grupo proponente, Podemos, primero de ellos, señora Monzón, once minutos. Ahora once minutos, señora Monzón. Once.

La señora MONZÓN NAVARRO: Señor consejero, no me contestó a los equipos psicosociales del Instituto de Medicina Legal, que eso sí es competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias; están externalizados y la verdad en una situación lamentable, muchos de ellos con pocos medios. Y decíamos ese retraso de doce meses, pero que, se lo recuerdo, que usted nos decía si alguno que se había quedado pendiente para que nos responda a esta pregunta.

Hablábamos de que además en 2015 el Partido Popular introduce el 324 de la ley punto final. Acaba de decir la comparecencia Coalición Canaria que la justicia es lenta, pero la justicia no es más rápida cuando reducimos el tiempo para poder hacer una instrucción en seis meses. ¿Qué es lo que es la realidad que están haciendo jueces y fiscales?, pues sobreseimientos, es decir, tener que, digamos, archivar temporalmente las causas para que esos plazos no corran y al final no se pueda llegar al fondo de las cuestiones, porque en seis meses, con los medios materiales que hay actualmente y humanos, es imposible en muchos de los casos resolverlo. ¿Cuál es la consecuencia de esto?, que en esa situación cuando están sobreseídos los casos la protección a las víctimas no se pueden aplicar, es decir, que los juzgados no pueden hacer medidas de protección. Por tanto, créame que esto no es que sea una mala imagen, esto es la realidad de la justicia.

También en 2015, después de un gran retraso, se traspone la directiva europea del estatuto de las víctimas; usted comentaba, la Ley 4/2015 (la señora diputada hace uso de medios audiovisuales). Yo les he puesto esta imagen, porque creo que es muy gráfica y me gustaría que la pudieran ver, porque en esa imagen habla y está en mayúsculas y subrayado, bueno, habla de los derechos que tienen las víctimas. Este es un documento que está en el programa Atlante, que se le da a todas las víctimas. Y ven, subrayado, en mayúsculas, le pone: insertar lugar en que se encuentra dicha oficina. No aparece. Y les digo ¿saben por qué no aparece?, porque no existe. No existe la oficina para las víctimas.

Esta Ley 4/2015 es una buena ley, pero tiene un grave problema, que no tiene presupuesto. Por lo tanto, los derechos de las víctimas son papel mojado.

Por lo tanto, nos preguntamos dónde está la protección de las víctimas. Usted ya ha dicho que se va a crear esta oficina. Nos gustaría preguntarle en los años anteriores si ha habido presupuesto para la creación de esta oficina, ¿dónde han quedado esos presupuestos?, ¿en qué se han gastado? Y espero que en esto nos lo diga exactamente.

Toda esta situación supone que, al haber oficinas para información de las víctimas -que, bueno, entre otras cosas están las ayudas públicas a las que tienen derecho a acceder quienes están lesionados o como resultado de muerte o con lesiones graves, etcétera, etcétera, genera una sobrecarga entre jueces y fiscales que tienen que suplir estas carencias en esta información. Por tanto, esto es un mal funcionamiento, porque deberían ocupar su tiempo en esa actividad, que debe ser competencia en infraestructura del Gobierno de Canarias.

A propósito del Atlante, déjeme decirle que todas las plantillas está redactadas en género masculino, excepto las de vigilancia penitenciaria que, precisamente, las redactó una mujer.

Además, señor consejero, además de que hablamos de esta oficina de información a las víctimas que nos parece del todo grave que se no hayan dotado hasta este momento, tenemos también el tema de las traducciones, interpretaciones a las víctimas extranjeras y también a los acusados. Canarias vive del turismo y, por tanto, también en los conflictos judiciales tenemos muchas personas extranjeras que tienen derecho no solamente a una interpretación, a intérpretes en ese momento, sino también a la traducción de todos los documentos que requiere todo lo que son las vistas, las resoluciones, las diligencias, etcétera, etcétera. No hay recursos y, por tanto, hay un déficit en la traducción de estos documentos. Esto compromete las instrucciones en los juzgados y puede dar lugar a nulidad por indefensión. Los escasos traductores que existen viajan mucho, tienen que estar en todos los juicios, y le preguntamos si usted va a poner más medios a esto, uno de los medios que sí dependen de la comunidad autónoma, que es precisamente el de la traducción, la interpretación.

Servicios sociales y programas de libertad vigilada. Esta es la actividad asistencial, también tanto a las víctimas como también a los acusados. El Gobierno de Canarias tiene que ejercer también estas competencias asistenciales. Y cuando en procedimientos judiciales o expedientes de la fiscalía se aprecia la conveniencia de disponer de recursos sociales, al final estos resultan que no están, que no se pueden cumplir la función que necesitan, y esto, desde luego, es también una escasa salvedad, en el sentido de salvaguardar los derechos, en este caso, de las personas.

No puede ser, además, que en un juzgado de guardia de cualquier partido judicial no cuenten con la posibilidad efectiva de que la persona sea la víctima, o en este caso el autor del delito, que quede en libertad no reciba la protección o la asistencia social inmediata y adecuada.

Además están las medidas de libertad vigilada, esas que están en el artículo 106 del Código Penal -i), j), del Código Penal. No se establecen por el Gobierno de Canarias y, por tanto, estos programas formativos, laborales, culturales, de educación sexual, u otros similares que imponen sentencias judiciales, pues, lo que sucede es que no se realizan, no se llevan a cabo. No son programas que se hagan en el ámbito penitenciario, no son competencia del Estado, son competencia de la comunidad autónoma canaria y, en este caso, los jueces y fiscales no pueden exigir el cumplimiento de estas sentencias firmes porque el Gobierno de Canar... del Gobierno de Canarias, perdón, no permite el cumplimiento efectivo de estas medidas de reinserción y control.

Vamos a hablar también de la mediación, la incapacidad del Gobierno de Canarias con respecto a la mediación. El Gobierno de Canarias ha venido prometiendo y proclamando reiteradamente la plena aplicación de la figura de la mediación como instrumento de modernización y eficacia de la justicia, dentro de las previsiones legales en los diferentes órdenes judiciales.

A partir de ley de mediación 15/2003, reformada en el 2005, y con el reglamento del 2007, no se ha hecho nada real, salvo repetitivas declaraciones bienintencionadas, pero ya le digo que estamos en una verdadera situación de abandono sobre es... la mediación en la modernización de la justicia, que no se ha hecho efectivo este recurso para numerosos casos, que pudiera resultar de gran utilidad y, además, disminuir los casos que llegan a la justicia y que están saturando, aparte de esa lentitud que hablábamos. Especialmente en el orden jurisdiccional penal, que es todavía más gravoso, donde se contempla la mediación y la justicia restaurativa; nada se ha hecho a este respecto, además del esfuerzo que se ha hecho en formación, en este caso de fiscales, pues, en el caso del Gobierno de Canarias no se ha hecho nada al respecto, es absolutamente incapaz de actualizar en este ámbito jurisdiccional.

Tenemos también una justicia a dos velocidades, porque tenemos que hablar de que no solo están las islas capitalinas, sino las islas no capitalinas, donde, desde luego, si de la situación que estamos hablando ponemos ejemplo en las islas capitalinas, nos podemos imaginar la situación de las no capitalinas. Usted hablaba de las salas Gesell, esas salas específicas donde psicólogos hacen la declaración a los menores en una situación, en un ambiente donde se intenta preservar su bienestar y salvaguardar el bienestar de los menores, y que usted dice y, bueno, nos alegramos de que ahora se vayan a habilitar esas salas Gesell también en las islas no capitalinas, donde no existen. Hasta ahora había una en Santa Cruz, en Las Palmas de Gran Canaria, en Telde creo que hace una semana se abría otra de ellas, y entendemos que se tiene que ir por ese camino.

Otra imagen, otra realidad de la justicia en Canarias es el habilitar más alas en nuestros hospitales, especiales para internos que tienen problemas de salud, antes hablábamos de las desigualdades que verían, y una de ellas es la salud. Cuando acuden en algunos hospitales donde no hay alas reservadas tienen que ir con cuerpos y seguridad del Estado, que también son deficientes, hay que decirlo, cuando hablamos de medios es que al final tenemos escasez en todo ello. Esto, ¿qué ha sucedido? Que, precisamente, por falta de medios humanos, de estas fuerzas para acompañar, nos hemos encontrado con citas de diálisis y citas de quimioterapia que se han tenido que anular para internos que están enfermos. Esto también, en este caso, corresponde a la Consejería de Sanidad el poder mejorar esta situación, sobre todo para que también haya mayor seguridad para los médicos y los pacientes.

No quiero olvidarme de los CIE, porque cuando hablamos de esa asistencia social, otro de los problemas que tenemos es la asistencia social a las personas que están internadas de los CIE y que solo quiero ponerles el ejemplo de la necesidad de mujeres que, después de pasar un periplo migratorio por diferentes países, donde muchas veces han tenido una mala experiencia policial, con países poco garantistas, con otra cultura y otra religión, llegan a Canarias y están en esos CIE con falta de asistencia o no con la asistencia suficiente que se requiere.

Quiero hablar también de los procedimientos y los medios materiales para ciberdelincuencia. En este caso creemos que la justicia penal, en relación con estos delitos que se perpetran, que son con medios tecnológicos, requiere por tanto de una infraestructura tecnológica que esté a la altura, para que esto se pueda realizar. Es verdad que la dotación de dispositivos muy modernos o más adecuados para todos es complicado, pero, al menos, creemos que sí es indispensable que esté en la sección de criminalidad informática de la fiscalía; una de las dos, una por lo menos, en... una de las provincias esté adecuadamente dotada, en cada una de las provincias esté, por lo menos, adecuadamente, esta fiscalía de criminalidad informática.

Hablamos del programa Atlante. Antes comentaba que estaban todos en masculino; no cumplimos la ley de igualdad con respecto a cómo tenemos que, que... que en materia de género tengamos que hacer como, tenemos que hacer el lenguaje. Pero también hay otra duda que se plantea sobre este programa, que es que el poder judicial no controla los datos de este programa; este es un programa del Gobierno de Canarias, no del poder judicial. Cuando los jueces se quejan de la independencia, no solamente por las presiones que puedan haber desde el ministerio... bueno, yo en este caso con el caso de la empresa del Atlante yo le diré que los jueces están ahora mismo en huelga quejándose precisamente de ese tema. Bueno, en cualquier caso le diré que no hay transparencia sobre quién puede acceder a los documentos del Atlante, donde todo va metido en ese programa.

Y me quedan cuarenta y tres segundos, pero no quiero dejar de hablar de mencionar el caso Albagate, porque es que encima ayer, de verdad, asistíamos bochornosamente a las declaraciones de un juez, que quiero recordarles que está... que el Ministerio Fiscal le pide diez años de prisión por presuntos delitos en el ejercicio de su cargo.

Antes hablaban de las personas que prestigian y desprestigian las instituciones; desde luego este señor desprestigia las instituciones, esto no corresponde al Gobierno de Canarias, pero no quería dejar de decir que, desde luego, las sospechas que está dejando en todo, en la justicia, en como que todo es una mafia, me parece que los órganos del poder judicial tienen una falta de reacción suficiente sobre este señor, que no debería estar ejerciendo ahora mismo la justicia en Canarias.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Monzón.

Turno para el grupo... el otro grupo proponente, Grupo Socialista. Señor Matos, once minutos.

Señora Monzón, si es tan amable, por favor, para que el señor Matos pueda empezar.

Señor Matos.

El señor MATOS EXPÓSITO: Sí, gracias, señora presidenta.

Creo que esta es una cuestión, la comparecencia que hemos pedido hoy para hacer un análisis no partidista... he dicho que el compromiso por una justicia del siglo XXI es una asignatura pendiente de la democracia de este país, y en esa responsabilidad tiene parte de, en fin, su alícuota parte, mi partido. Lo he dicho en la tribuna, no hay inconveniente en reconocerlo, señora Socorro Beato, quizás es que antes, por mis responsabilidades en el grupo parlamentario, tenía menos oportunidades de intervenir, ahora puedo intervenir más y lo puedo decir desde la tribuna.

Así que yo creo que... no nos equivoquemos, no hagamos una lectura partidista de esta situación, porque requiere una visión, si me lo permite, de Estado.

Vuelvo a repetir que detrás de los miles de expedientes que se acumulan en los tribunales de justicia de Canarias en el ámbito social, en el ámbito mercantil, en los juzgados de primera instancia, en los juzgados de instrucción, en los juzgados especializados en violencia de género, en los juzgados especializados en cláusulas suelo... detrás de cada uno de esos expedientes hay un problema, un drama, una situación de una familia, de un ciudadano o una ciudadana esperando respuesta. Y eso requiere altura de miras, requiere un compromiso además de todos, de los que hoy están en el Gobierno, de los que hemos estado en el Gobierno y volveremos a estar, de los que nunca han estado en el Gobierno y aspiran a estarlo alguna vez, de partidos que no están en esta Cámara y que pronto lo estarán, seguramente, de sindicatos, de representantes de los trabajadores, de colectivos de profesionales, de colectivos sociales que tienen que ver con la justicia, de todos y de todas.

Por eso hoy les anuncio que el Partido Socialista, el Grupo Parlamentario Socialista, propone formalmente en la Cámara un pacto por la justicia en Canarias.

Que seamos capaces de firmarlo entre todas las fuerzas políticas que tienen representación en esta Cámara y los que no están aquí; que tenga participación, insisto, de los colectivos profesionales, de jueces, de fiscales, de los sindicatos de los trabajadores y de las trabajadoras del ámbito de la justicia; que seamos capaces de hacer una radiografía exacta de las necesidades de la justicia en Canarias, sin reproches, pero sí con compromiso, sabiendo a dónde queremos ir, qué recursos necesitamos. Porque detrás de usted, señor consejero, mientras esté en esa responsabilidad nos va a tener a todos ayudándole, y será bueno para poder luego exigirle al Gobierno de España, que es quien tiene algunas de las competencias importantes en la materia, que tome las medidas correspondientes para hacer de la justicia en Canarias una justicia del siglo XXI, a la altura de lo que se merecen los ciudadanos y las ciudadanas de esta tierra. Repito: proponemos, formalmente, desde el Grupo Parlamentario Socialista, un pacto por la justicia en Canarias. Empecemos hoy a trabajar para que sea una realidad lo antes posible.

Se ha hecho una radiografía por parte de todos los grupos parlamentarios bastante certera de lo que está ocurriendo, también por el consejero. La diputada de Podemos ha descrito -yo creo que con acierto- cuáles son los problemas que viven los trabajadores de la Administración de justicia. Yo creo que doña Luz Reverón ha hecho una buena radiografía, muy gráfica, de las situaciones que viven los letrados y las letradas, por ejemplo, en el día a día de los tribunales; tienen ustedes lo que es saber hacer una vista en el mes de julio, con traje y con toga, les garantizo que se pasa calor. Y estas son cuestiones que finalmente tienen que ver con la calidad de la justicia y, por tanto, con la calidad con la que se presta y se ejerce un derecho fundamental, básico en nuestro Estado democrático.

Y permítame, señor consejero, que me vuelva a detener en el turno de oficio. Decía alguien en una no sé quién de los portavoces, disculpen porque no lo anoté... que en Canarias se pagan -creo que era doña Socorro Beato-, que en Canarias se pagan puntualmente las cantidades correspondientes al turno de oficio. Yo no voy a decir que no es verdad, pero no es exactamente así, es decir, somos de las comunidades autónomas que mejor pagan en relación o en comparación a cómo paga el ministerio en donde tiene responsabilidad con relación al turno de oficio. No se pagan exactamente, en fin, al día, porque lleva unas liquidaciones; esta vez había un retraso que ya se ha arreglado en relación con el último trimestre del año 2017, pero hasta que no llega esa cantidad, pongamos por caso una vista, una actuación que ha hecho un letrado, una letrada en el mes de septiembre del año pasado, acaba de cobrar ahora. Ha estado seis meses soportando, financieramente, bajo su espalda, de su despacho, con sus medios personales, el coste de haber prestado ese servicio y no cobrarlo hasta seis meses después o siete meses después. Y esta es una realidad. Es una realidad: los letrados y las letradas ya están acostumbrados a que esto sea así, pero hay que reconocer el esfuerzo que hacen también los procuradores y las procuradoras, y no me quiero olvidar de los procuradores y de las procuradoras, y hay que agradecérselo.

Pero fíjese que hay algunas cuestiones que agravan el problema. Como bien se ha explicado, no se actualizan los baremos desde el año 2012 y supuso una reducción del 20 % de lo que se cobraba en el año 2012, estamos en el año 2018. No solo ese es el problema, que es grave, sino que además requiere de una revisión de los criterios, no solo desde el punto de vista económico sino de las actuaciones que se pagan. ¿Y cómo se abonan y qué gastos se les pagan a los letrados y a las letradas? Les pongo un ejemplo: un letrado del norte de la isla de La Palma que tiene una vista con jurado en el palacio de justicia de Santa Cruz de Tenerife, una vista que dura varios días, como ya ustedes saben. Ese letrado tiene que todos los días ir y venir desde el norte de la isla de La Palma, recorrerse la isla de La Palma, coger un avión, venir a Santa Cruz de Tenerife, hacer la vista y volverse, hacer el mismo recorrido a la inversa durante cuatro o cinco días porque no se les paga el hospedaje. Luego hay actuaciones que no se abonan directamente, cuando un letrado tiene que ir a hacer un turno de oficio, por ejemplo, a la isla de La Gomera, no tienen ni para comprarse un bocadillo, esto es una realidad. O les pongo otro ejemplo: cuando llega una patera a nuestras costas y hay un abogado de turno de oficio o una abogada en el turno de oficio y les asiste en la primera actuación ante la comisaría, esa se les paga, pero todo el resto de recursos que tienen que hacer después ante Extranjería, de expulsión, etcétera, etcétera, eso no se abona. Y los pagan, y lo hacen los letrados de su bolsillo. Esto requiere una revisión porque hay un compromiso y creo que hay que reconocérselo a los letrados y las letradas en la prestación de este servicio, de este ejercicio del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, pero no puede ser que los ciudadanos dependan, la calidad del servicio que se les presta, de la buena voluntad del letrado o de la letrada, que muchas veces apartan asuntos propios, personales, con los que comen, para poder atender y no dejar tirados, por ejemplo, a estas personas que llegan en un cayuco a una costa, a una playa de nuestra tierra, y cuyas actuaciones posteriores no les son pagadas.

Esta es la realidad de cómo se presta en estos momentos el turno de oficio en Canarias, con baremos del año 2012 recortados al 20 %.

Adquiramos un compromiso, no es tanto coste económico, señor Barragán, los números están, no es tanto; un Gobierno que dice que tiene el presupuesto más importante de la historia de la democracia, pues, no creo que no se merezca hacer un esfuerzo en esta materia. Podemos hacer una cosa: desempolvemos la vieja reivindicación, por ejemplo, de que nos reviertan lo que pagamos los canarios y las canarias en tasas judiciales que el ministerio todavía no ha aclarado a dónde fueron a parar, pero no podemos seguir mirando para otro lado, tiene que ver con la vida cotidiana de un montón de personas. Y por eso reclamamos este pacto por la justicia desde el Grupo Parlamentario Socialista.

Consejero, la mano tendida, diálogo, altura de miras, asunto de Estado. Insisto, pongámonos a trabajar, seamos capaces de ponernos de acuerdo, de ponernos de acuerdo con otros, y seamos capaces de firmar el primer pacto por la justicia en Canarias de todas las fuerzas políticas, insisto, de las que están, de las que no están, de los agentes sociales, de los sindicatos y de todos los que tienen que ver con el mundo de la justicia en nuestra tierra.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Matos.

Turno ahora, para cerrar esta comparecencia, señor consejero.

El señor CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD (Barragán Cabrera): Me han dicho que les conteste en tres minutos. Bueno, intentaremos contestar.

Vamos a empezar por el orden en que se ha planteado el problema. Vamos a ver, el Grupo Parlamentario Mixto nos habla de... hombre, está bien que se hayan instalado salas Gesell, son las primeras que se instalan en esta legislatura, antes ni estaban ni la gente se preguntaba qué era ni sabían que existían; ahora empezamos a instalarlas en las islas no capitalinas y también en las islas capitalinas. Es decir, es un recurso que estamos poniendo en marcha ahora.

¿Que hay juzgados viejos? Por supuesto. Pero ¿tener un juzgado viejo significa que allí se imparta mala justicia? Ah... ¿Que tengamos que mejorar esos medios? Por supuesto. Pero me gustaría que no hiciéramos una asociación, un edificio emblemático viejo... Por ejemplo, en el TSJ de Tenerife no quieren marcharse de ese edificio, del BIC; un edificio BIC que ni siquiera es de justicia. Sí, ¿es un edificio viejo? Sí. Pues cuando le planteamos que en la nueva ciudad de la justicia íbamos a poner un TSJ nuevo completamente moderno, dice "no, a nosotros nos dejas aquí en este edificio", ¿no? Y un edificio viejo no significa siempre que no se pueda modernizar y que pueda estar adecuado para atender a las personas.

Por lo tanto, la modernización de la justicia, la estrategia de modernización de la justicia sigue su ruta, es decir... pero la presentamos el año pasado y estos son los primeros presupuestos que tienen la estrategia de modernización con esa estrategia de modernización aprobada.

Ha coincidido, nos decía la portavoz del Grupo Nacionalista, hombre, ha coincidido el debate, pero, le decía al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, sereno y tranquilo el debate... pues sí, en estos momentos es cuando más sereno y tranquilo; cuando la calle está más revuelta es cuando los que estamos aquí en el Parlamento deberíamos tener un debate sereno y tranquilo.

Hay una cantidad de reivindicaciones que hacen los jueces y fiscales, señorías, en las que yo he manifestado, el primer día en que me preguntaron, que estaba en todas de acuerdo menos en una; y como es política, era una cuestión política de cómo interpretar quién elige a los jueces, no me voy a pronunciar, está en las hemerotecas lo que he dicho, pero en todas las demás las compartimos con jueces fiscales esas reivindicaciones que se están haciendo.

Y, después, nos hablaba usted que en el área de justicia el Diputado del Común había hecho algunas observaciones sobre el funcionamiento de la justicia. Si no me equivoco, si no me equivoco y si no me corrige después, señoría, creo que todas esas reivindicaciones de justicia eran sobre el funcionamiento de la justicia, pero desde el punto de vista de los procesos que se llevaban en la justicia, no porque estuviera mal alguna de las cuestiones que son competencia de la comunidad autónoma, creo recordar, ¿no? Y si no, corrijo inmediatamente. Pero hasta ahora no había tenido yo las quejas en ese sentido, por lo menos en el informe del año 2017.

La señora del Partido Popular, la portavoz del Partido Popular, me trajo a colación la pregunta de su portavoz esta mañana; parece que no quedó bien ella, que tuvo usted que salir ahora a recordármelo, no hablar de lo general sino a recordar lo de su portavoz.

Vamos a ver, señoría, yo las referencias que tengo de los operadores jurídicos dichas públicamente, no en privado las ha hecho el presidente del TSJ, los presidentes de sala, el fiscal general de la comunidad autónoma; es que esta comunidad es de las más colaboradoras de todo el Estado con ellos a la hora de ejercer nuestras responsabilidades. Confundir eso de que se están haciendo las cosas, señoría, con ejemplos claros que usted me trae diciendo: es que no hay aire acondicionado o que trabajamos en condiciones difíciles... Acuérdese que en la primera intervención que hicimos aquí con respecto a la ciudad de la justicia de Santa Cruz de Tenerife, ¿qué dijimos? ¿No hacíamos precisamente esa reflexión?, ¿no la hacíamos desde el Gobierno, de que efectivamente había una cantidad de infraestructuras y que no se estaba dando la cobertura adecuada?, ¿el dinero que nos gastábamos en alquileres?, ¿que necesitaba Tenerife una ciudad de la justicia sí o sí, ya?

Y cuando me pregunta: ¿qué va a hacer usted en estos doce meses que le quedan? Pues mire, antes de estos doce meses tomé una decisión, y la tomé con ellos, y cambiaron, y cambiaron, y tenía claro que había que construirla; teníamos un suelo de la comunidad autónoma perfectamente para ello y tomamos una decisión. Y se me pidió, también por este Parlamento, oye, diálogo, consenso, reflexiona sobre esta cuestión, vamos a mirar si cabe alguna posibilidad de hacerlo abajo. Y en esa posibilidad, no solamente eso sino que ya hemos gastado dinero, señoría, hemos comprado un suelo para ponerlo a disposición de la operatividad, de que pueda cubrirse toda esa parcela, cambiar el colegio hacia otra parcela, y ya el Gobierno ha puesto el dinero el año pasado y ha comprado la parcela, en este caso, de Gestur Tenerife para que esté a disposición.

Sí, ya hemos gastado dinero en esa posibilidad sin saber todavía si, efectivamente, se reúnen todos los requisitos para hacerlo, y estamos en esta fase. A mí me gustaría haberla anunciado como la anuncié la primera vez. Pero, ojo, señoría, hay gente del poder judicial que me hizo la observación de que cuidadito con lo que haces. Y a pesar de mi denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial, como comprenderá, un señor con las puñetas puestas y en un tribunal que te hace una advertencia de esas en los medios de comunicación, yo me las tomo en serio, ¿no? Y, por lo tanto, a partir de ahora con pies de plomo en todo lo que haga, ya sea a donde ellos dicen o donde no dicen. Sí, sí, todo el mundo recordará la polémica intervención de que lo que estábamos haciendo es llevándolo a un sitio para especular urbanísticamente.

Y, por lo tanto, como eso es agua pasada y ahora estamos en lo que estamos, vamos a seguir trabajando en esa línea.

Señorías, todas sus señorías también se han referido... ah, bueno, me queda, antes de referirme al tema del turno de oficio, que ha sido recurrente, a la intervención también de la portavoz del Grupo Podemos. En el Instituto de Medicina Legal yo lo que he hecho ya, en el caso del de Gran Canaria, es sacar a concurso la convocatoria de la plaza de la directora; sea director o directora lo que va a salir.

No coinciden los datos que nosotros manejamos, señoría, de que las periciales tengan los retrasos que usted habla. Puede que usted me traiga un caso en concreto, pero hacer de un caso concreto la generalidad no es buena práctica. A mí no me consta que tengamos esos retrasos, y se da prioridad, como usted sabe, a las víctimas menores. Y en familia, usted sabe que la dirección de los institutos de medicina legal deciden cuáles derivar en función de la urgencia.

En las traducciones, otro de los temas que usted comentaba de los juzgados, nosotros nombramos todos los traductores que nos dicen los juzgados que se necesita nombrar, y no hay límite. No podrá encontrar usted ningún ejemplo que nosotros le hayamos dicho a un juzgado "no se nombra el traductor por falta de dinero". Todos han sido nombrados.

Y en mediación familiar, la tenemos y la estamos impulsando ahora también en Lanzarote, y, como usted sabe, debe ser un elemento que también desarrolle o que sea a petición de los jueces.

Después hay elementos que podría hablar, pero por el tiempo... No tenemos nada que ver con el Semac, me refiero competencialmente esta consejería.

Y en el tema de los internos y el tema de los CIE es una competencia del Estado. Sí, no, es decir, una competencia del Estado, esas dos cuestiones.

En el programa Atlante, que también se ha referido sobre filtraciones, poniendo en tela de juicio... Mire, es el programa más valorado dentro y fuera de Canarias. Cada vez que hemos ido a discutir a Madrid sobre la posibilidad de que hubiera algún programa alternativo para el conjunto del Estado, una mejora del Lexnet y renunciar a nosotros, nos han dicho "no lo hagan, este es el mejor programa que existe y, por lo tanto, deben pelear porque ese programa siga funcionando". No hay nadie del Gobierno que tenga acceso a ese programa Atlante, señoría. Y, además, lo vuelvo a decir aquí ahora: si alguien lo vuelve a decir, hay dos formas de funcionar, uno, si lo dicen, ¿por qué no lo hacen en los tribunales y nos denuncian de que hay filtraciones o que el programa Atlante no funciona? Y dos, en el supuesto caso de que fuera verdad, ¿no cree usted que con la gravedad de esa acusación algún fiscal o algún juez hubiera actuado de oficio, si hubiera la más mínima duda de que eso fuera así?

Tema de turno de oficio. El portavoz del Partido Socialista me ha hecho varias ofertas, entre ellas un pacto por la justicia. A mí la palabra pacto me gusta mucho, pero cuando la usamos mucho, y para todas las cosas, parece que... el remedio del Niño Jesús, y a veces no lo es. Yo le invito a reflexionar sobre lo siguiente: nosotros tenemos el plan de infraestructuras, en este caso, judiciales; tenemos la estrategia de modernización y tenemos una actuación. Me da igual que después lo llamemos pacto, pero tenemos una hoja de ruta, diseñada por el anterior consejero, por el anterior a este y por los anteriores a este, que sigue su hoja de ruta por lo que haya podido hacer yo, y yo lo que no... le propongo, y lo he hecho en alguna ocasión, es ¿por qué no nos ponemos de acuerdo, si estos son los instrumentos, las herramientas que tenemos que desarrollar ahora? Después si lo queremos llamar pacto, lo llamamos pacto. Por ejemplo, la estrategia de modernización, se ha lanzado, ¿hay algo que corregir?, lo podríamos corregir. En el plan de infraestructura judicial, ¿hay algo que corregir?, pues lo podemos corregir. Pero eso son instrumentos tácticos, ya operativos para trabajar. Ahí están desarrollados. Es ahí donde, señorías, creo que nos podríamos poner de acuerdo para empezar a trabajar.

Mire, en el turno de oficio, estando de acuerdo también en toda su observación, en el turno de oficio nosotros pagamos, normalmente, puntualmente desde que se entrega la liquidación. Tenemos el problema de que, efectivamente, hay algunos colegios de abogados que no entregan la liquidación en los momentos que nosotros consideramos razonables. Y nos encontramos, señorías, con el problema de que...

La señora PRESIDENTA: Un minuto más, señor consejero.

El señor CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD (Barragán Cabrera): ...la consejería ha venido funcionando y quizás es un error, y me comprometo a valorar si lo podemos corregir, y es que lo que hacíamos... esperar a que estuvieran todos los colegios de abogados con la liquidación para hacerle la liquidación del dinero. Y es posible que algunos colegios de abogados muy diligentes estuvieran esperando por el resto. Vamos a intentar pagar nada más presentarse la liquidación de cada uno, de tal forma que todo el mundo sepa que cuando no estamos pagando es porque no se ha presentado la liquidación.

Y, señorías, efectivamente, yo creo que con tranquilidad, con serenidad, si hay alguna de las actuaciones que estamos poniendo en marcha que van lentas; si hay alguna de las actuaciones que no son las correctas, en cuanto a la modernización de la justicia en Canarias, en cuanto a las infraestructuras, discutámoslo.

Yo, por ejemplo, les he demostrado a ustedes que, teniendo una posición anunciada con el Gobierno... (El señor consejero solicita un minuto más a la señora presidenta).

La señora PRESIDENTA: Vamos, consejero.

El señor CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD (Barragán Cabrera): ...anunciada con el gobierno municipal sobre esta cuestión, que podía haber dicho "pues no, es una decisión tomada y tiro para adelante con esa decisión"... sí, podría haberlo hecho, es decir, otra cosa es que estuviera mal hecho, señorías, pero lo podría haber hecho. Y hemos reflexionado entre todos, dice, "oye, vamos a reflexionar, serenémonos, y vamos a ver si hay otra opción". Y lo hemos hecho. Y en eso les invito a que, en el resto de las cosas de la consejería, si lo hay, lo hagamos también conjuntamente.

Nada más y muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor consejero. (La señora González González, doña María Esther, solicita la palabra).

Dígame, señora González.

La señora GONZÁLEZ GONZÁLEZ (doña María Esther) (Desde su escaño): Presidenta, quisiera pedir la palabra por el artículo 81, el consejero habló de que, o me contradijo con respecto al informe del Diputado del Común, y me dijo que si no tenía razón le corrigiera, y voy a corregirlo.

La señora PRESIDENTA: Solo en esos términos estrictos en los que ha sido contradicha, señora González, un minuto.

La señora GONZÁLEZ GONZÁLEZ (doña María Esther) (Desde su escaño): Consejero, usted me dijo que el informe del Diputado del Común hacía referencia no a las competencias del Gobierno de Canarias, y le leo, literalmente: el informe concluye reiterando de que persiste el colapso en los órganos judiciales de Canarias, con efectos negativos en todos los ámbitos, y apela, una vez más, a la Administración autonómica para que, sin dilación, dote a los juzgados y tribunales de Canarias de los medios necesarios para su buen funcionamiento.

Obviamente, está hablando de las competencias canarias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora González.

Señor consejero, un minuto.

El señor CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD (Barragán Cabrera) (Desde su escaño): Gracias.

Sí, como le dije, según la observación que tenía, además, estuve hablando esta mañana precisamente con el Diputado del Común, dándome las gracias por la diligente actuación de la Viceconsejería de Justicia en todo lo que nos había pedido.

La observación que usted hace sobre el colapso, en la parte que tenga que ver con lo que sean infraestructuras o equipamientos y servicios, obviamente lo tendremos que hacer. Pero acusarnos a nosotros, como Administración autonómica, del colapso de los asuntos que llevan jueces, también es verdad que no podemos hacer nada; pero en todo lo que sean los medios, obviamente lo haremos.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor consejero.

Señorías, damos por finalizada la sesión de hoy. Mañana a las nueve, y les recuerdo que comenzamos con el dictamen de la comisión de estudio de la reforma electoral, tal como habíamos acordado en la Junta de Portavoces, señorías.

Que descansen.

(Se suspende la sesión a las veinte horas y cincuenta y cuatro minutos).