Diario de Sesiones 123/2018, de fecha 26/6/2018 - Punto 25

9L/C-1828 COMPARECENCIA DEL GOBIERNO -CONSEJERA DE EMPLEO, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA-, INSTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA CANARIO, SOBRE LA REGULACIÓN DEL ALQUILER VACACIONAL EN EL ACCESO A LA VIVIENDA.

La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Tavío Ascanio): En nombre del Grupo Socialista Canario tiene la palabra su portavoz, doña Dolores Corujo, para tratar la comparecencia del Gobierno -a la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda-, sobre la regulación del alquiler vacacional en el acceso a la vivienda.

La señora CORUJO BERRIEL: Gracias, presidenta.

Señoría, el acceso a la vivienda digna forma parte de esos derechos básicos que contempla nuestro ordenamiento jurídico, junto a la educación o la sanidad. Sin embargo, el derecho a la vivienda no ha encontrado una plasmación de las políticas públicas equivalentes a esos dos derechos básicos. Nadie puede discutir que el acceso a una educación o a una sanidad universal y gratuita no se esté cumpliendo, a pesar de la pérdida de calidad de ambos pilares del estado de bienestar después de años de recortes insoportables. No podemos, sin embargo hablar, de esos mismos términos en derecho a la vivienda; no hace tanto las calles las plazas españolas se llenaron de indignados por la crisis económica, pero, principalmente, por la auténtica emergencia habitacional que suponen los desahucios. Desde esos días, las administraciones de todos los niveles hemos tratado de limitar las consecuencias más dramáticas, han sido sobre todo los ayuntamientos los que se han volcado en tratar de minimizar el impacto de este auténtico drama: ayudas sociales de emergencia, oficinas de mediación con la banca, han sido algunos de los recursos movilizados por los ayuntamientos para tratar de paliar los efectos más brutales de esta situación.

No quiero extenderme en señalar el poco acompañamiento que han encontrado las administraciones más próximas a la ciudadanía en esta tarea. Pero esta Cámara no puede dejar de observar que durante este tiempo las cifras de inversión en políticas públicas de vivienda nunca han sido un elemento a destacar en los presupuestos. Hoy el problema es otro: los lanzamientos, como sabemos, ya no se producen por impago de hipotecas, pues nos encontramos en otra fase, y los incumplimientos en los créditos se produjeron al inicio de la crisis; hoy el problema es la falta de capacidad de las familias para hacer frente a los alquileres. Y, a pesar del tiempo transcurrido, nuevamente sin el acompañamiento de la Administración, que siguen sin asumir que el derecho a la vivienda es algo más que una mera declaración retórica.

Señorías, las dificultades que experimentan las familias para afrontar el alquiler de la vivienda familiar no se debe a una situación coyuntural. Como ya se ha señalado en otras ocasiones, en Canarias convive una débil demanda interna -bajos salarios, altas tasas de paro, alta temporalidad- con una demanda externa pujante, de 16 millones de turistas que en muchos casos, como saben, optan por el alquiler vacacional frente a la oferta alojativa tradicional. El Gobierno de Canarias no puede continuar siendo un mero espectador pasivo de esta realidad; el Gobierno de Canarias no puede continuar dando la sensación de que no tiene nada que ver con lo que está sucediendo y que nada le toca para poder remediarlo. Del lado de la debilidad de la demanda, ya hemos señalado en esta Cámara la necesidad de la implicación por parte del Gobierno en liderar un gran acuerdo que contribuya a dignificar los salarios de nuestra gente y la estabilidad de sus empleos. Nada se ha hecho, y no quisiéramos afirmar que nada se hará. Pero si nada se ha hecho para fortalecer las condiciones de los demandantes, muy poco se hace del lado de intervenir en la oferta.

El Gobierno y la consejera se han despreocupado de actualizar la Ley de Vivienda; se han opuesto a la adquisición de grandes lotes de viviendas cerradas, propiedad de bancos o fondos buitre; han sido incapaces -dentro de su cacareado paquete de rebajas fiscales- de introducir alguna medida para abaratar el acceso de la vivienda a los más desfavorecidos; y ahora, cuando por fin parece que este Gobierno asume el reto de tratar de regular el alquiler vacacional, después de los varapalos jurídicos sufridos, sorprende que en ningún momento se haya pronunciado la consejera de Vivienda del Gobierno de Canarias sobre las bondades o perjuicios que, para el interés general que a ella le toca defender, es decir, garantizar el acceso a la vivienda a toda la población, tiene el borrador de decreto del alquiler vacacional.

Por eso nos hemos visto en la obligación de solicitar esta comparecencia, para que nos haga un análisis de la incidencia que, a su juicio, tendrá este proyecto de ley en el acceso a la vivienda y qué incidencia está teniendo la actual regulación.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Tavío Ascanio): En nombre del Gobierno tiene la palabra la señora consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, doña Cristina Valido García.

La señora CONSEJERA DE EMPLEO, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA (Valido García): Buenas tardes, señorías.

Bueno, empezar diciendo que la despreocupación no sé dónde la ve usted. Cuando salgo, porque salgo, cuando no salgo, porque no salgo. Estamos iniciando un debate sobre el decreto de alquiler vacacional en el que todavía tienen mucho que decir tanto los partidos políticos como cabildos y ayuntamientos. Por tanto, no seré yo la que empiece a posicionarse ni a intervenir en un asunto que no es de mi competencia, aunque afecte, de manera clara, al mercado de vivienda; me parece que no corresponde, y que no es el momento.

Sí, he dicho en esta Cámara en repetidas ocasiones, y sigo diciendo, que es evidente que el alquiler vacacional tiene un impacto tremendo en la oferta de vivienda -en compra o en alquiler- en determinados espacios del territorio español; esto no es un problema de Canarias, pero, desde luego, en un territorio limitado, fragmentado, pequeño, como son muchos de nuestros territorios insulares, tiene un doble efecto perverso, expulsando al residente de oportunidades de alojamiento residencial.

Según los datos que tenemos, con el estudio que hemos hecho para plantear una propuesta de plan canario de vivienda, que saldrá al proceso de participación en la próxima semana, para la participación pública, a través de la web, que convenientemente informaremos, se han valorado determinados datos que le puedo contar someramente, que hablan de esos 16 millones de turistas, de esos residentes -que también se dedican al alquiler vacacional con sus propiedades- y de cómo se ha incrementado la oferta en las plataformas online en un diez por ciento.

Esto ha tenido un impacto en el precio directo de un crecimiento, según los datos de las zonas, también, que coinciden con nosotros, de un 8 %. Estamos hablando de un perfil de propietarios que utilizan plataformas -no voy a dar nombres, no voy a hacer publicidad-, un perfil de propietarios de 43 años de media que alquilan sus viviendas durante una media de 48 días cada ejercicio, en épocas concretas; y en cuanto al perfil del turista que solicita el alojamiento en una vivienda vacacional, la plataforma nos indica que la mayoría -el 97 %- son europeos.

En 2016, 331 000 personas utilizaron estas plataformas para hospedarse en las islas; un 143 % más en comparación con el año anterior. En total hay registrados 10 200 propietarios, con una publicación de, aproximadamente, dieciocho mil anuncios en la plataforma; cabe pensar que hay más alquiler vacacional que el que se detecta en las plataformas digitales.

El inventario de viviendas vacacionales, según el estudio de la Consejería de Turismo, cifra estas viviendas en Canarias en 31 675, 1744 más que en 2016; en un año han empezado a desarrollar la actividad de alquiler vacacional 1744 viviendas más. La oferta total de alojamiento en Canarias fue de 572 910 camas, representándose así, representando así, el 22,87 % del total de 2017.

En cuanto al precio medio de alquiler, va desde 99 euros -superando en unos siete u ocho euros los precios de 2016-; las islas con mayor precio medio de alquiler en viviendas vacacionales son Lanzarote -que llega a los 106-, Gran Canaria -con un precio medio de 105- y Fuerteventura -que es, de las cuatro islas con más turistas, la de menor precio medio, 92,38; pero con una subida muy importante en Fuerteventura en un año de un 18,2 %-; La Gomera es la isla que más ha aumentado su precio medio en un año, pasando de 58,86 a 73 euros.

La oferta y la demanda; donde menos posibilidades hay de alojamiento turístico, la oferta hace que, perdón, la demanda hace que los precios se incrementen en mayor medida.

Canarias está por detrás de Andalucía, Comunidad Valenciana y Cataluña en cantidad de recursos alojativos dedicados al alquiler vacacional; el impacto es similar, y la elevación de precios también es similar -aproximadamente un 8 %-. Pero el problema ya no es el precio del alquiler, sino encontrar viviendas dispuestas al alquiler residencial de manera... con larga estancia.

Es evidente que desde el punto de vista de acceso a la vivienda el alquiler vacacional supone esa desaparición de viviendas en alquiler en muchos lugares para los propios residentes. Y, por supuesto, como es evidente, y ya he expresado, la elevación de los precios. Esto puede, desde luego, regularse, ordenarse, como actividad económica, a través del decreto que, finalmente, decida aprobarse o que finalmente ayuntamientos y cabildos, que tendrán una voz y una posición muy importante en este asunto, decidan para sus islas y para sus territorios.

Pero, sin duda alguna, este es un tema de Estado, este es un tema que va más allá de Canarias, este es un tema que impacta en muchísimos territorios. Y mire, ya, precisamente -creo que fueron declaraciones de ayer, están publicadas hoy, 26 de junio-, el Gobierno pretende modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos; desde luego, parece la única manera de poder controlar el alquiler vacacional, y es a través de la legislación estatal y en todo el territorio.

Además, se habla de ampliar de tres a cinco años el plazo mínimo de contratos de alquiler, de manera que no se pueda desplazar a los inquilinos cuando de repente hay una oportunidad o un momento de explosión turística, y liquidarles el contrato y dejarles en la calle; están planteando desgravaciones fiscales para inquilinos y propietarios. Desde luego, tendrán una difícil tarea, porque necesitan apoyos políticos importantes, y las primeras declaraciones de otros grupos en materia de modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos va mucho más allá de lo que en principio pretende el Gobierno.

Aparte de las declaraciones del señor Sánchez, están las del señor Ábalos, ministro de Fomento, partidario no solo de estas modificaciones -aunque no ha concretado en cuáles- sino que además plantea que las subidas de las rentas estén vinculadas a la evolución del IPC y que no puedan subirse las rentas de alquiler por encima del IPC.

Se plantea también -de momento es solo una idea- que los ayuntamientos -y fíjense que volvemos a hablar de los ayuntamientos que, como usted antes decía, también son los que tienen que asumir y responder a la demanda de los vecinos en busca de viviendas en su municipio-, que los municipios fijen el sistema de precios de alquiler de referencia por distritos. No sé si esto será posible y lo veremos algún día, pero eso es lo que ha planteado el ministro de Fomento para controlar los precios del alquiler y la oferta del alquiler.

Además de beneficios en el IRPF para los propietarios, desgravaciones, si se realizan obras para mejorar, rehabilitar, etcétera, etcétera; llega a comentar que podría haber un 100 % si además alquila la vivienda a jóvenes entre 18 y 30 años.

Quiere esto decir que el problema que tenemos aquí, que está en todo el Estado, está siendo ya planteado por el Gobierno de España; que no sabemos si estas medidas llegarán a buen puerto y si encontrarán el apoyo necesario; que las peticiones de otros partidos van mucho más allá; que no va a ser nada fácil para un Gobierno en minoría modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos, pero desde luego nosotros sí que no podemos hacerlo. Nosotros podemos hacer lo que podemos hacer: sacar a participación ciudadana el plan canario de vivienda y empezar a trabajar para mejorar ayudas de alquiler, que se han doblado este año hasta llegar a 3500 familias; adquirir suelo para volver a animar la construcción de viviendas de protección oficial, con precios razonables y alquileres razonables; establecer medidas que protejan y promocionen a nuestros jóvenes y también a nuestras personas mayores -que con pensiones bajas tienen que vivir de alquiler por haber perdido su propiedad o por no haberla tenido nunca o, incluso, porque viven en edificios, en un cuarto o un quinto piso sin ascensor y tienen que mudarse, y no encuentran a dónde irse-. Muchas medidas dentro del plan que, insisto, sale a participación ciudadana la próxima semana y en el que ustedes también podrán participar.

Y con ese plan vamos a hablar con el Estado, porque el Plan Estatal de Vivienda, que se aprobó recientemente, tampoco... (Corte de sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo).

La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Tavío Ascanio): ... minutos, señora consejera.

La señora CONSEJERA DE EMPLEO, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA (Valido García): Tampoco recogió el impacto del alquiler vacacional en territorios como Baleares y como Canarias, donde vivimos una situación muy complicada, porque desde luego no les será a ustedes ajeno que en Baleares el problema se multiplica por la escasez de territorio, y que ahora, en verano, donde todo lo ocupan turistas, en determinados pisos viven hasta diez personas para trabajar estos dos meses.

Por tanto, necesitamos y demandamos desde Baleares y desde Canarias que el plan estatal sea revisado para establecer medidas de ayuda, de colaboración en esos territorios en los que el alquiler vacacional nos está dejando sin alojamientos.

Por otro lado, la distribución del plan estatal tiene más de una década, y las cosas han cambiado mucho en el Estado español. Queremos una revisión de los criterios con los que se reparten los fondos, no todos los territorios tienen los mismos problemas de vivienda, y como la vivienda es un derecho, creemos que también el plan estatal tiene que tener una mirada especial a aquellos espacios que tienen esta... (Corte de sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo).

La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Tavío Ascanio): Pasamos a la intervención de los grupos no solicitantes de esta comparecencia.

En nombre del Grupo Mixto, tiene la palabra el señor diputado don Jesús Ramón Ramos Chinea.

El señor RAMOS CHINEA: Gracias, señora presidenta.

Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señora consejera. También buenas tardes al señor consejero de Turismo.

Para nosotros este no es más que otro de los problemas más ocasionados, pues, por no tener una estrategia turística definida. Un modelo que además otros territorios similares quieren tener como ejemplo como son el resto de archipiélagos de la Macaronesia; que el Señor les coja confesados, pues, si copian nuestro modelo al mínimo detalle.

Coincido con usted, señora consejera, en que queda mucho por decir en el tema del alquiler vacacional y que el consenso debe ser también fundamental. Me ha llamado mucho la atención porque haya sido precisamente en La Gomera donde más ha subido el precio del alquiler vacacional, porque es que a la vez contrasta que es en el lugar pues donde mejor conviven ambos sistemas, tanto el residencial como el vacacional; de ahí lo complejo de este tema y que depende también pues de los diferentes territorios.

De hecho, la importancia que ha tenido para nosotros este tema, de hecho nuestro portavoz en el mes de septiembre del 2017 preguntó al propio consejero de Turismo sobre este problema, el aumento del precio residencial en las zonas turísticas; y la verdad es que Canarias es la quinta comunidad con los precios de alquiler más elevados de España -y siguen subiendo-, es un fenómeno debido, precisamente, al alquiler vacacional -porque recordemos que a más inmuebles dedicados al alquiler vacacional, menos inmuebles quedan para usarlos como uso residencial y, por tanto, el aumento de los precios también es uno de los motivos-.

En el mes de abril Canarias fue la segunda comunidad autónoma con mayor subida de los precios de alquiler hasta un 7 %, solo superada por Baleares, lo que eleva el precio medio del alquiler a 450 euros en el archipiélago. Si a todo esto le añadimos que nuestro archipiélago es una de las comunidades autónomas con los salarios más bajos, pues tenemos un problema bastante grave para los canarios y canarias para que puedan acceder a una vivienda en régimen de alquiler. El precio se ha duplicado en las islas más turísticas, como pueden ser Lanzarote y Fuerteventura.

Casos como personas que necesitan trasladarse a zonas turísticas o a otra isla por motivos laborales y no pueden acceder a una vivienda de alquiler a precios razonables lo que les obliga a residir lejos del lugar del trabajo, lo que aumenta sus gastos y muchas veces incluso tienen que renunciar a ese trabajo; casos en los que el propietario se niega a renovar los contratos de alquiler residencial para dedicar su inmueble al alquiler vacacional o exige un aumento abusivo del alquiler para renovar dicho contrato.

El turismo vacacional no podemos obviar que es una demanda real, de ahí esa necesidad de regularlo y, cómo no, de establecer límites, y ahí creemos que el Gobierno no ha sido lo suficientemente valiente y no ha debido pasar la pelota a los ayuntamientos porque sabemos todos de los límites que tienen de personal los ayuntamientos y ahí sí creemos que debería haber sido un poco más valiente el Gobierno de Canarias en establecer esos límites.

La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Tavío Ascanio): En nombre del Grupo Parlamentario de Nueva Canarias tiene la palabra su portavoz, el señor diputado don Román Rodríguez Rodríguez.

El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ (Desde su escaño): Señora presidenta. Señorías, buenas tardes.

Desde luego, es un tema apasionante y relevante; el derecho a la vivienda es un derecho constitucional, claramente quebrado por la crisis económica que expulsó a cientos de miles de familias de sus viviendas; a decenas de miles de familias, aquí, en esta tierra nuestra, de su vivienda habitual. Esto se ha agravado por la ausencia de política de vivienda por parte del Gobierno de Canarias que tiene competencias exclusivas en la materia, con lo que a la crisis económica se añade la inacción del Gobierno de Canarias; pero, por si fuera poco, esto se empeora por el fenómeno del alquiler vacacional completamente descontrolado, desregulado, que está tensionando el mercado de la vivienda privada de venta y de alquiler, de forma que en Canarias podemos decir, de forma categórica, que este derecho constitucional está absolutamente quebrado: o eres rico rico o no tienes opción de acceder a una vivienda porque ni aun teniendo dinero en algunos casos -hemos visto el caso de los profesionales de la educación o de la sanidad con salarios muy dignos- han tenido dificultades para conseguir viviendas en las zonas turísticas del archipiélago.

Por lo tanto, a esto solo cabe una respuesta política, en el ámbito estatal regulando sin duda ninguna e interviniendo en la materia; me alegro que la ministra de Turismo, aun reconociendo de que no es competente, haya dicho que hay que actuar, que hay que establecer directrices comunes en esta materia porque el descontrol es absoluto.

Es necesaria esa ley de arrendamientos, adaptarla a nuevas circunstancias y proteger a los inquilinos, proteger a las familias; es necesaria una política turística aquí que establezca límites rigurosos, y el decreto apunto a algunos planteamientos en positivo, para establecer límites rigurosos en relación al alquiler vacacional; y, sobre todo, señora consejera, hay que activar una política de vivienda en Canarias que recupere el protagonismo de esta comunidad en la satisfacción de ese derecho tan elemental, tan básico, que es poder vivir bajo un techo para proyectar la vida que a cada uno o a cada una le interese. Y eso hoy está absolutamente quebrado; ni el Gobierno de Canarias en su vertiente de la vivienda ni en su vertiente turística ha estado a la altura de las circunstancias y creo que, desgraciadamente, la intervención del Gobierno de España va a ser necesaria para poner un cierto orden y una cierta jerarquía. Añado que estas regulaciones entre más arriba, mejor; habitualmente pienso de otra manera, pero entre más arriba, mejor; entre más cosas digan las leyes estatales y las leyes canarias, mejor; como dejemos el asunto al ámbito local ganarán los malos y, si no, al tiempo.

La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Tavío Ascanio): En nombre del Grupo Parlamentario Podemos tiene la palabra la señora diputada doña Natividad Arnaiz Martínez.

La señora ARNAIZ MARTÍNEZ: Gracias, presidenta.

En primer lugar es importante destacar que el fenómeno del alquiler vacacional es algo nuevo, tal y como ahora lo conocemos, y los instrumentos que ahora mismo tenemos para regularlo por tanto no lo contemplan y no lo tienen previsto; tenemos instrumentos de planeamiento territorial urbanístico -que no lo contemplan- y que va a ser inviable que puedan adaptarse para contemplarlo; y además de esto, ni siquiera las regulaciones colectivas, como pueden ser los estatutos de las comunidades de propietarios tampoco pueden controlarlo, y no lo pueden controlar porque necesitan el acuerdo unánime de la comunidad y esto es algo que será imposible.

Y Canarias no tiene competencias en la materia, salvo que haga una ley específica como hizo Baleares. ¿Esto qué es lo que va a suponer?, pues además de perjudicar gravemente al acceso a la vivienda, va a crear inseguridad jurídica porque este decreto va a acabar de nuevo en los tribunales, es decir, en nuestra opinión lo que se está haciendo es una auténtica chapuza.

A usted, como consejera de Vivienda, esto le afecta directamente y sí puede hacer cosas; lo que debe hacer es exigir una ley específica de vivienda vacacional como la que tiene Baleares y que de verdad regule este fenómeno; es su deber exigirlo y colaborar si su intención es la de proteger a la vivienda y a los ciudadanos; y también es su deber aumentar de forma suficiente el parque de vivienda pública porque con esto se reduciría mucho el impacto del alquiler vacacional, pero esto no lo está haciendo.

Con este borrador de decreto se vulnera el artículo 47 de la Constitución, que defiende el derecho a una vivienda digna y adecuada por varias razones: primero porque no se podrá a asegurar este derecho por la dificultad de convivencia que muchas veces hay entre residentes y turistas, debido, pues, a las diferentes rutinas y horarios que pueden generar ruidos y molestias; pero es que además ya estamos sufriendo el encarecimiento de los alquileres y, como vemos, se está expulsando ya a los inquilinos, y este decreto así no lo va a frenar. Mallorca esto lo ha frenado permitiéndolo solo en viviendas unifamiliares.

Y no solo se incumple la Constitución con este decreto, también la legislación estatal básica del suelo, que habla de una vivienda adecuada, accesible y libre de ruido; exige a los poderes públicos -respecto a la actividad turística- que hagan un uso turístico responsable, y hoy por hoy este decreto no lo es por los efectos que está produciendo sobre los residentes.

Por último recordarle que las zonas residenciales son mayoritariamente financiadas por dinero público en equipamientos y dotaciones, usted lo sabe bien -escolares, sanitarios, asistenciales, deportivos, etcétera-; la cuestión es que todos estos equipamientos no los utilizan los turistas, los utilizan los residentes, y si expulsamos a los residentes de esas zonas lo que haremos será sobrecargar otras zonas e infrautilizar estas. Esto lo que va a ser es suponer un auténtico despilfarro para recursos públicos y también privados.

Así que le pedimos que se empeñe en hacer esta ley... (Corte de sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo).

La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Tavío Ascanio): En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra su señoría el señor portavoz adjunto don Miguel Jorge Blanco.

El señor JORGE BLANCO (Desde su escaño): Gracias, señora presidenta.

Hemos oído la intervención de la señora consejera en relación con este tema. Yo, la sensación que tengo después de la intervención de todos los portavoces en esta materia es una demonización sobre la figura del alquiler vacacional y que el alquiler vacacional, en definitiva, es el responsable último de todos los males en materia de política de vivienda que existen en Canarias. Esa es la sensación que a mí, particularmente, me ha quedado en relación con este tema en particular.

A mí me gustaría decir una cosa, y yo creo que eso lo deben de compartir todos: el alquiler vacacional es un modelo turístico que ha llegado a Canarias para quedarse, quedarse durante mucho tiempo. Es un nuevo modelo turístico. Siempre subimos a la tribuna a decir Canarias tiene que cambiar su modelo productivo, yo todavía ni al presidente del Gobierno ni a ninguno le he oído decir cuál es el modelo productivo que cada uno de ustedes propone en Canarias -un territorio escaso, fragmentado, con pocos recursos naturales-; yo todavía no he oído decir cuál es el modelo; porque está muy bien subirse a la tribuna, decir eso, pero después no ofrecer cuál es la propuesta de cada uno de ellos. Y con este tema es lo mismo, el alquiler vacacional es un nuevo modelo turístico que se va a quedar en Canarias muchos años y, por tanto, lo que yo creo que tiene que hacer el Gobierno es acometerlo con rotundidad, es decir, no escondiendo, no escondiendo el Gobierno, escondiéndose el Gobierno. El decreto que usted ha sacado a información pública, señor consejero, esconde al Gobierno, abandona usted sus responsabilidades y se las otorga a los ayuntamientos y a los cabildos para que haga cada uno lo que estime conveniente, con la posibilidad -ya lo dije yo el otro día- de que si todos se pusieran de acuerdo se prohibiría el alquiler vacacional porque todo el mundo a través de sus planes generales podrían hacerlo, y eso es un disparate, porque es una tipología turística que es más una cuestión de carácter legal que tiene que regular el Gobierno o el Parlamento a través de las normas correspondientes porque, en fin, porque lo que no podemos hacer es que en mi casa yo pueda autorizarlo y en la casa del vecino que está a 50 metros, en otro municipio, se prohíba.

Así que yo creo que, sinceramente, es verdad que existen problemas pero la solución que aporta el Gobierno es echar más gasolina al tema; en vez de autorizar el alquiler vacacional, que es un tipo turístico, una tipología turística, donde tiene que estar, que es en los suelos turísticos, lo que hace es reducirlo a suelos de carácter residencial y urbano. Evidentemente, la burbuja en el suelo residencial urbano crece mucho más, porque cuanto menos suelo dé usted o produzca usted la posibilidad de crear alquiler vacacional, pues, más... (Corte de sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo).

La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Tavío Ascanio): En nombre del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario tiene la palabra su señoría la señora diputada doña Nereida Calero Saavedra.

La señora CALERO SAAVEDRA (Desde su escaño): Buenas tardes.

Y gracias al proponente por esta iniciativa, porque nos permite ahondar en un asunto que en un momento especialmente complicado como este por el aumento de la llegada de turistas, pues... que ha provocado también un aumento de la llegada de la demanda de vivienda por los trabajadores del sector turístico y que acaba incidiendo en el mercado en una espiral que dada la limitada oferta, pues, puede acabar llevando a la especulación.

Y, por supuesto, también existe un factor añadido, que es la vivienda vacacional, que ha alterado el mercado, generando un recorte en la oferta de alquileres convencionales y, por tanto, una inflación de precios.

Nuestro grupo advirtió desde un principio que al alquiler vacacional había que ponerle límites, porque provocaría problemas de vivienda, y la próxima comparecencia que le pedirán, consejera, pues será sobre la destrucción de empleo, probablemente, porque sin duda la va a provocar si sigue desarrollándose de esa manera.

A ello le sumamos también la existencia de una importante bolsa de vivienda vacía, a medio construir, sin acabar o embargadas por entidades bancarias o crediticias que ahora permanecen en una situación de stand-by, en unos casos debido a disputas judiciales pero en otros por intereses especulativos.

Además muchas de estas viviendas son propiedad directa o indirectamente de entidades bancarias que han sido rescatadas -o, si queremos entrecomillarlo, "ayudadas" con dinero público-, en una frase: que en España hemos tenido gobiernos tan benefactores con los bancos que cuando fue necesario socializamos sus pérdidas por el ladrillo, los rescatamos, las pagamos todos con nuestros impuestos, y ahora también tenemos que asumir la socialización de su afán especulativo -también por el ladrillo- pagando de nuestros bolsillos precios extras por la vivienda.

Lo que le pregunto, consejera, es muy concreto, ¿qué medidas podemos tomar para frenar esta espiral diabólica del ladrillo, que acaba con el día a día y con el futuro, sin duda, de muchísimas familias? O dicho de otra manera, ¿cómo podemos presionar o facilitar que por un lado esa bolsa de vivienda cerrada o medio construir entre de una de vez en el mercado, que lo haga a precios razonables y que además el alquiler vacacional se desarrolle en términos de cordura y consecuencia social?

Y para acabar, en cuanto al alquiler vacacional, solo recordar que nosotros hemos advertido desde un inicio sobre varias cuestiones: primero, que cada zona turística es distinta, que no se puede legislar de forma homogénea y rígida, porque lo que vale en Arona seguramente no vale para Corralejo; y que no se puede liberalizar totalmente el alquiler vacacional, que más del 60 % de su oferta está realmente en manos de grandes mayoristas, que simplemente optan por esta fórmula frente a los hoteles convencionales o los apartamentos porque, dicho claramente, así se gana más, consejera, aunque socialmente, como hemos visto, nosotros perdamos en cuanto a precios de alquiler, en cuanto a acceso a la vivienda, en calidad del destino e incluso en pérdida de empleo como seguramente acabaremos viendo.

La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Tavío Ascanio): Pasamos a la segunda intervención del grupo proponente de esta comparecencia. Para su intervención tiene la palabra la señora doña María Dolores Corujo Berriel.

La señora CORUJO BERRIEL: ... nos sorprende que de repente usted disponga de un análisis tan profundo, eso sí, de los datos que tiene el Gobierno sobre la vivienda vacacional pero poco sobre la incidencia de la regulación del alquiler vacacional en las condiciones de acceso a la vivienda.

(El señor vicepresidente primero, De la Hoz Fernández, regresa a su lugar en la Mesa y ocupa la Presidencia).

Nos sorprende porque, como le dije antes, hasta ahora no le conocía opinión al respecto. Como sabe, la Consejería de Turismo todavía no ha colgado en la página web de Transparencia el proyecto de decreto, y por eso tampoco conocemos los informes que puedan haber o no, o si usted dispone de ellos, o de los responsables, también, del Instituto Canario de la Vivienda. De momento lo único que conocíamos era la opinión del presidente, la opinión del consejero de Turismo, del viceconsejero y de un grupo variopinto de responsables políticos de Coalición Canaria, pero de la consejera más afectada por la decisión colegiada del Gobierno, nada de nada.

Vamos a ver, señora Valido, vamos a intentar hacer un ejercicio deductivo, a ver si ambas podemos llegar a la misma conclusión: los trabajadores y trabajadoras del sector turístico, los representantes sindicales, llevan años alertando de las malas condiciones laborales y salariales del sector sin que ustedes hayan intentado poner remedio. Si en las zonas turísticas se concentra la actividad comercial, hotelera y apartahoteles, es lógico que los trabajadores y trabajadores turísticos y sus familiares residan mayoritariamente en zonas no turísticas cercanas a esos municipios.

Si ustedes sacan un decreto que dice que el alquiler vacacional solo se podrá desarrollar en zonas no turísticas, a la par que existe una fuerte demanda por las mismas, no es aventurado pensar que muchos de esos propietarios y propietarias de segunda vivienda las van a retirar del mercado de alquiler tradicional para concentrarlas en el alquiler turístico, y si hablamos de empresas o de fondos de inversión, de lo que estamos hablando, pues todavía con mayor razón.

Solo este factor -la retirada del mercado de un número importante de inmuebles- limitará la oferta y, muy probablemente, como está ocurriendo, encarecerá los precios a los residentes. Usted, como consejera de Vivienda, es responsable de que esos residentes tengan garantizada una solución habitacional, y de momento, hasta hoy, no conocíamos su opinión, señora Valido; convendrá conmigo en que esto, al menos, es un poco raro.

Yo no sé si a usted no le ha llegado la problemática surgida de otras regiones turísticas sobre este fenómeno; no sabemos si no ha oído hablar de los maestros y maestras interinos que les toca la plaza en la isla de Lanzarote o Fuerteventura y no encuentran una vivienda que se puedan costear con un sueldo de empleado público. Porque la oferta, señora Valido, se concentra principalmente en el turismo vacacional.

Usted parece que, o bien es ajena a esa realidad, o bien se resigna ante la misma; en cualquier caso, dice muy poco del Gobierno que usted representa. Señorías, como saben, recientemente, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, la señora Maroto, ha anunciado que tratará de homogeneizar las reglas del juego en esta materia -que hoy se concentran completamente delegadas en las comunidades autónomas- para establecer unos mínimos a nivel nacional. En Canarias, este Parlamento ha instado al Gobierno a acabar con la absoluta deslegalización del alquiler vacacional, de manera que el desarrollo reglamentario no sea libre para el Gobierno, sino que se establezcan unos mínimos en la ley de ordenación de turismo.

Ustedes llevan toda una legislatura retrasando la modificación del decreto, y se han negado a cumplir con el mandato parlamentario que les obliga a tratar y a traer un proyecto de ley que fijaría esos mínimos; y ahora, cuando apenas resta un año de su mandato, es cuando se han decidido a perfilar el futuro decreto.

La tarea que tiene el Gobierno por delante, no lo voy a negar, es muy difícil; los intereses, para conjugarlos, son muy complicados, pero fíjese que lo que le voy a decir: nosotros entenderíamos que el Gobierno de Canarias no acertara a la primera o que, acertando, las condiciones del mercado variaran y, por tanto, dentro de unos años también tendríamos que cambiarlo, o no servirían para nada.

El consejero y viceconsejero de Turismo se están reuniendo con los municipios, cierto, con los cabildos también, con los hoteleros de Las Palmas, con los hoteleros de Tenerife, con las asociaciones de alquiler vacacional... claro que es una tarea complicada conjugar todos esos intereses, ¿pero sabe con quién no se ha reunido el consejero? ¿Sabe usted cuáles son los únicos intereses sin un interlocutor que negocie con el Gobierno? Pues se lo voy a decir, señora consejera: con las casi doscientas sesenta y siete mil personas que, según el informe Arope, acumulan retrasos en el pago de la vivienda en los últimos doce meses, a las más de dieciséis mil personas inscritas en el registro de demandantes de vivienda protegida; pero que no estén organizados, que carezcan de interlocutores, no significa que no tengan intereses que proteger. Y la persona llamada a defenderlos es usted, señora consejera.

Por eso desde el Partido Socialista le exigimos que deje de ponerse de perfil, que no se resigne a que los únicos intereses a conjugar en la regulación del alquiler vacacional sean los de los hoteleros, sean las de los fondos de inversión o las de los pequeños propietarios; que tome conciencia de una vez que esta regulación está afectando, y va a afectar, a las personas con pocos recursos, que no pueden acceder al acceso de una vivienda a precio de mercado.

Porque aquí se está dando una paradoja, que daría para una tirada o una tira, la verdad, cómica, si no fuera por las graves consecuencias que, obviamente sociales, se están produciendo. Tenemos, por un lado, los fondos de inversión, que están comprando edificios enteros de viviendas a los bancos a precio de coste, para después transformarlos, como bien saben, en viviendas vacacionales y competir con los hoteles sin cumplir con los estándares turísticos. Eso es lo que está pasando. Y mientras eso pasa, el Gobierno de Canarias, usted, como consejera, se niega a hacer la misma, la misma operación, para poner a disposición a las personas con pocos recursos, esas viviendas sociales; esto es, señorías, de locos. Y, para colmo, se va a modificar la regulación que ampara la actividad económica, y la consejera, escondida, no se sabe bien dónde ni por qué o ni de quién.

Señora Valido, lo que le vamos a rogar, y a exigir, por parte del Partido Socialista es que usted asuma su responsabilidad. Yo estoy convencida que tiene la misma percepción y la misma preocupación. Pero, mire, haga valer los intereses de los ciudadanos y ciudadanas que no pueden acceder a una vivienda, y, por una vez, aunque sea por una vez, demuestre que puede solucionar los problemas que le ha tocado gestionar.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Muchas gracias, señora Corujo.

Turno de la señora consejera de Política Social y Vivienda, señora Valido.

La señora CONSEJERA DE EMPLEO, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA (Valido García): Bien, señorías.

Me van a permitir que no vaya uno a uno, porque han coincidido en muchas cuestiones, y lo primero que quiero hacer es una valoración y una reflexión general a lo que ha sido el problema de la vivienda en el Estado español, no en Canarias, en el Estado español y por supuestísimo en Canarias, pues, durante la última década.

El problema de la vivienda es un problema que además se ha intentado enfrentar por los distintos gobiernos de España de distintas maneras; podemos recordar aquello de los pisos de dos por dos, podemos recordar multitud de propuestas de los gobiernos del Estado para resolver un problema tan gordo como el de la vivienda.

Pero justo en ese momento apareció una crisis, enorme, que, como ha dicho el señor Román Rodríguez, desplazó a cientos de miles de familias de sus viviendas. Y en paralelo a eso, se dejaron de recibir los fondos con los que se subvencionaba la construcción de las viviendas de protección oficial, con los que se ayudaba a la gente más vulnerable, acumulando así comunidades autónomas como esta una deuda que hasta el año pasado no hemos podido terminar de liquidar.

Y mientras eso pasaba en el Estado español -como decía el señor Román Rodríguez-, mientras cientos de miles de familias perdían sus hogares, no solo el Gobierno de España, con sus acuerdos y sus rescates, no planteaba ninguna opción a los desahucios sino que no cumplía con los acuerdos que tenía con las comunidades. Y así muchas obras previstas tuvieron que pararse, y así es ahora cuando estamos retomando planes, suelos, proyectos que tenían muchos municipios que nunca llegaron a hacerse; uno de ellos ya en construcción en El Paso, en La Palma, esa es una de las obras que se quedó tirada hace una década, cuando dejaron de venir los fondos; Arrecife no, Arrecife es un planteamiento nuevo, Arrecife es una... una negociación con el ayuntamiento hace un año, para tener viviendas públicas en una isla que es de las que peor situación tiene.

Luego, no creo que se pueda decir ni que nos hemos despreocupado ni que no hemos hecho nada ni que nos estemos escondiendo de nada; el plan canario sale a participación ciudadana la semana que viene, se estructura para recibir las alegaciones y las aportaciones, plan canario que no existe desde el año 2012; más de tres mil ayudas de alquiler, y estamos promoviendo construcción y negociando con el Estado, y esperamos que este nuevo Gobierno, en el Plan Estatal de Vivienda, contemple medidas excepcionales para los territorios que tienen este impacto del alquiler vacacional.

Este decreto no ha hecho más que empezar a caminar, ni siquiera está en fase de exposición pública, por tanto, usted no me puede reprochar que no hayamos informado, porque no estamos en ese momento; tenemos que informar y lo haremos, cuando llegue el momento, porque no estamos en esa fase, pero tendremos que informar y lo haremos.

Mi opinión respecto al alquiler vacacional la he expresado en multitud de lugares, en multitud de medios de comunicación. Y se la repito una vez más: el alquiler vacacional, decía el PP, parece que estamos demonizando algo que es una nueva forma también de economía para muchas familias; yo no lo demonizo, el alquiler vacacional, les guste o no les guste, como se ha dicho por aquí, ha venido para quedarse, existe en todo el mundo desde hace mucho tiempo; nosotros tenemos la bendita manía de pensar que algunas cosas que nos ocurren a nosotros de repente son nuevas y nos pasan solo a nosotros, y es verdad que a nosotros nos toca preocuparnos por este territorio pequeño, al que afecta muchísimo el alquiler vacacional. Pero yo les invito a darse un paseo por las legislaciones de medio mundo y a ver cómo han fracasado en el control del alquiler vacacional, desde la ciudad de Nueva York, pasando por París o por Berlín, no tienen manera de controlarlo, es muy muy difícil.

Por tanto, territorios como el nuestro tienen muy limitada la posibilidad de llegar a medidas que tengan verdadero impacto; por eso aquí se habla de la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos, por eso aquí se habla de medidas fiscales que conduzcan a los propietarios a priorizar el alquiler residencial al alquiler vacacional, a que les sea rentable, a promoverles interés en un alquiler estable, seguro, que les ayude, además, a desgravar fiscalmente. Y esas medidas las tiene que tomar el Estado español, no las podemos tomar nosotros; nosotros informaremos respecto del decreto cuando haya un debate en el que ayuntamientos y cabildos también expongan sus fórmulas y sus formas de control a un fenómeno que está -insisto- en todo el mundo, y que no vamos a eliminar aquí, vamos a convivir obligatoriamente con el alquiler vacacional, como ha pasado en tantísimos territorios. Andalucía tiene nuestro mismo problema, no ha encontrado ninguna varita para resolverlo. Pregúntele a Susana Díaz, pues yo estaré encantada de hablar con ella y que me diga cómo ha hecho ella que el alquiler vacacional no impacte a las familias que buscan un alojamiento en las zonas... en unas zonas que, aunque estén a equis kilómetros, tienen un atractivo turístico brutal, aunque estén... aunque estemos hablando de los pueblos blancos, a varios kilómetros de Zahara de los Atunes o de Tarifa; alquiler vacacional. Entre usted en las plataformas y mire alquiler vacacional en Andalucía, en Cádiz, en Huelva, en Sevilla. Tampoco han conseguido un decreto, una fórmula que lo controle.

Por tanto, si tenemos que convivir como están conviviendo territorios de todo el mundo, la única manera, y esa es mi opinión, independientemente -la opinión que usted quiere oír-, independientemente del debate abierto que creo que puede ser muy muy rico con ayuntamientos y con cabildos para establecer medidas, no hay medidas como la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos o como la desgravación, las medidas fiscales u otro tipo de medidas que a nivel estatal se puedan tomar en cuanto a precios. Nosotros no nos despreocupamos, llevamos un año y medio trabajando intensamente para poder presentar antes de...

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Señorías, por favor, guarden silencio.

La señora CONSEJERA DE EMPLEO, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA (Valido García): ... llevamos un año y medio trabajando intensamente para liquidar deudas, para presentar un plan antes de irnos para hacer crecer las convocatorias, para dar muchas más ayudas de alquiler; estamos haciendo muchas cosas y vamos a seguirlas haciendo. Y espero que el nuevo Gobierno de España, cuando nos llamen para firmar el convenio -que sigue sin firmarse-, podamos hablar del plan estatal y espero que todos los consejeros socialistas que se sentaban conmigo, que criticaron aquel plan, y que pedimos otras cosas, y que pedimos otro tratamiento, espero que no hayan cambiado de opinión, espero que sigan pensando lo mismo; y espero que las mismas propuestas que hacíamos en el esas conferencias sectoriales en vivienda, espero que sigan estando en la mesa, y que ahora con un Gobierno socialista y con una mayoría en la sectorial de consejeros que no son del Partido Popular tengan el valor de poner en marcha todas las cosas que pedían cuando estaban en la oposición, porque eso nos va a ayudar mucho a resolver problemas. Así que espero que con la colaboración de ustedes, sinceramente, si las propuestas que hicieron las mantienen yo les aseguro que vamos a tener más fondos, más medidas y vamos a tener medidas para el control del alquiler vacacional que nos van a ayudar mucho en Canarias. Eso es lo que pedían, eso es lo que pedimos y ahora que están gobernando esperamos poder contar con ello.

Nosotros vamos a seguir trabajando en poder promover esas viviendas VPO, pero, mire, independientemente de que haya algunas viviendas que podamos comprar ya le digo yo que la mayoría de los lotes que se nos ofrecen no están en las condiciones que tienen que estar, algunos no tienen ni la habitabilidad, algunos tienen problemas de planeamiento, otros necesitan una enorme inversión y los precios que están poniendo son precios que una administración pública no se puede permitir. Con nosotros no pueden especular porque no tenemos dinero para ir a los precios que quieren ir; lo puede hacer un hotel para convertirlo en apartamentos, pero no lo puede hacer el Gobierno de Canarias para convertirlo en viviendas sociales, en viviendas de alquiler social. Nosotros sacaremos un concurso y veremos qué es lo que se presenta, a los precios que podemos pagar; no podemos alimentar la especulación, no podemos estar en ese juego, necesitamos medidas de Estado valientes para resolver el crac de la vivienda de los últimos diez años.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Muchas gracias, señora consejera.

Dígame, señora Corujo.

La señora CORUJO BERRIEL (Desde su escaño): Gracias, presidente.

Por inexactitud simplemente quería aclarar a la consejera que la única...

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Un minuto, señora Corujo.

La señora CORUJO BERRIEL (Desde su escaño): Gracias.

... que la única iniciativa que se ha traído a este Parlamento para tratar el acceso a la vivienda a través de medidas fiscales, de bonificación de medidas fiscales, ha sido por parte del Grupo Socialista que se ha registrado y que esperamos y deseamos que podamos debatir lo antes posible, una vez que informe el ministerio. Lo digo por el tema competencial. Nosotros desde la oposición sí que hemos hecho nuestro trabajo.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Gracias, señora Corujo.

Señora consejera.

La señora CONSEJERA DE EMPLEO, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA (Valido García) (Desde su escaño): ... por "explicar" yo me refería a que cuando tenían la responsabilidad no lo hicieron, ahora pueden hacer, claro, lo que quieran.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Gracias, señora consejera.

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  • 9L/C-1828 Sobre -Consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda-, sobre la regulación del alquiler vacacional en el acceso a la vivienda.


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