Diario de Sesiones 125, de fecha 17/7/2018
Punto 34

9L/PPLC-0004 DEBATE DE TOMA EN CONSIDERACIÓN. PROPOSICIÓN DE LEY, DEL CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA, PARA LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE ORGANIZACIÓN DE LOS CABILDOS INSULARES CANARIOS PREVISTO EN LA DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOCUARTA DE LA LEY 7/1985, DE 2 DE ABRIL, REGULADORA DE LAS BASES DEL RÉGIMEN LOCAL. CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA.

La señora PRESIDENTA: Pasamos ahora, señorías, como habíamos acordado en la Junta de Portavoces, a la toma en consideración de la proposición de ley del Cabildo Insular de Fuerteventura para la aplicación del régimen especial de organización de los cabildos insulares canarios, previsto en la disposición adicional decimocuarta de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Saludamos al presidente del Cabildo de Fuerteventura, quien va a defender esta proposición de ley, y también saludamos a los miembros de la corporación insular de Fuerteventura y que han venido en la tarde de hoy. Sean todos bienvenidos y bienvenidas.

Señor presidente tiene la palabra. Ah, perdón. Disculpe. Antes, en lo que se acerca, le tengo que dar la palabra al secretario primero para que dé la lectura del criterio del Gobierno.

El señor SECRETARIO PRIMERO (Cabrera González): Rosa Dávila Mamely, secretaria del Gobierno de Canarias, para que conste y surta los efectos procedentes, certifica:

"Que en el acta de la reunión celebrada por el Gobierno el día 11 de junio del 2018 figura, entre otros, el siguiente acuerdo cuyo tenor literal se transcribe:

Conforme a lo expresado el Gobierno, tras deliberar y a propuesta conjunta del presidente, de la consejera de Hacienda y del consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, acuerda manifestar su conformidad a la tramitación de la proposición de ley del Cabildo Insular de Fuerteventura para la aplicación del régimen especial de organización de los cabildos insulares canarios previsto en la disposición adicional decimocuarta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local".

La señora PRESIDENTA: Cuando quiera. Tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DEL CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA (Morales Martín): Gracias, señora presidenta. Señorías. Compañeros portavoces del Cabildo de Fuerteventura. Muy buenas tardes a todos.

Comparezco, efectivamente, como usted acaba de comentar, ante esta Cámara para dar cumplimiento al acuerdo plenario del Cabildo de Fuerteventura, en sesión celebrada el pasado 16 de abril que, conforme a lo previsto en el artículo 136.3 del Reglamento de este Parlamento, designa a esta presidencia para la presentación de la proposición de ley para la aplicación del régimen especial de organización de los cabildos insulares canarios, previsto en la disposición adicional decimocuarta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, cuya toma en consideración se debate en este punto.

Los 110 299 habitantes que a 31 de diciembre pasado registraba oficialmente nuestra isla, un 67 % de ellas y ellos, nacidos fuera de allí. Vivimos en un territorio y conformamos una sociedad cargada de potencialidades, que ha duplicado su población en menos de dos décadas y que atraviesa un momento de importantes transformaciones. Tres millones trescientos mil turistas representan, por otra parte, una envidiable base sobre la que consolidar una economía que, fundándose en el conocimiento, la diversificación y una cada vez más estrecha relación entre los sectores económicos, aprovecha, en primer lugar, el caudal de formación que, sobre todo, han alcanzado miles de jóvenes en una isla que, con la próxima puesta en marcha de la escuela de arte y diseño, continúa ampliando la oferta universitaria y de formación profesional.

Resuelve, además, las graves dificultades de acceso a la vivienda que sufren muchas familias; para cientos o miles de personas el primer problema al que han de enfrentarse, por encima, incluso, del tradicional problema del empleo. Incluso, la carencia de vivienda es, en muchos casos, el motivo por el que se ven en la imposibilidad de aceptar una oferta de trabajo y, además, que esta economía supere determinados desajustes, que sigue presentando nuestra estructura de empleo, con unas ocho mil personas paradas, mientras que desde algunos sectores se reitera la queja acerca de la dificultad, cuando no imposibilidad, de encontrar quienes ocupen puestos de trabajo de media cualificación.

Todo ello dentro de una clara apuesta por la sostenibilidad, mayoritariamente conscientes como lo está cada día más la sociedad majorera de que Fuerteventura va encontrando el modelo de desarrollo que garantice el bienestar de su gente. Y ese modelo nunca pasará por la cantidad, que nos convertiría en destino turístico mediocre -reduciendo, además, la calidad de vida de la población-, sino en el cuidado y puesta en valor de una tierra y un paisaje singularmente atractivo. Pasará ese futuro, en definitiva, porque Fuerteventura se parezca cada vez más a sí misma.

Una red de espacios escénicos por todo el territorio insular o el parque tecnológico, en el que se desarrollan programas de la importancia del Open i-Sland o el Geo Innovation 2030, son expresión de los equipamientos de los que se ha ido dotando Fuerteventura para ofrecer alternativas culturales, de formación y empleo a su población.

Una ciudadanía, además, que coincide masivamente en exigir que continúe el actual ritmo de creación y cobertura de plazas y de inversión en infraestructuras hasta que, como primer objetivo, se equiparen a la media de Canarias los deficitarios medios con los que aún cuenta la atención sanitaria en la isla, como exige, en segundo lugar, que avancen a un ritmo menos premioso imprescindibles infraestructuras para el desarrollo equilibrado del territorio, como el eje norte-sur, esa autovía que unirá los puertos de Morro Jable y Corralejo, en estos momentos con un tercio ejecutado; la conexión a internet, en especial en las zonas del interior; o las inversiones en todos los puertos del Estado y de la comunidad autónoma.

Por otra parte la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, ha supuesto un cambio importante del régimen organizativo y competencial de los cabildos insulares, en el sentido que proclama su exposición de motivos cuando se refiere a la necesidad de llevar a cabo una transformación de las administraciones públicas, puesto que existe la conciencia generalizada de que las mismas deben adaptarse a las demandas sociales, lo que ha determinado que, en los últimos años, se hayan acordado diversas medidas para la reforma de las administraciones públicas, justificadas por la necesidad de llevar a cabo una contención del crecimiento del gasto público, pero que deben tender a la consecución de mejoras en la eficacia, calidad y eficiencia del sector público con la finalidad de alcanzar una mayor y mejor satisfacción de las necesidades ciudadana; es decir, para la prestación de servicios públicos demandados con la máxima eficiencia y calidad.

Dando cumplimiento al mandato contenido en el artículo 23 del Estatuto de Autonomía de Canarias mediante la Ley de cabildos se lleva a cabo la regulación del régimen específico de los cabildos insulares, con la que se trata de dotarlos de un marco normativo ajustado a sus necesidades, contemplando en un solo texto legal las especificidades que le son propias y que las distinguen y separan de las diputaciones provinciales, a las que tradicionalmente se les ha asimilado, cuando bastante poco tienen en común con las mismas, ni desde la perspectiva jurídico-política, ni desde el punto de vista social. En este sentido, dicha regulación se propone abordar los siguientes aspectos:

La modificación del régimen organizativo de los cabildos insulares, en orden a dotar a los mismos de la organización adecuada para el ejercicio de las funciones que les han sido atribuidas por la legislación autonómica, pues se ha constatado que las previsiones orgánicas, que respecto de los mismos se contienen en la legislación básica estatal, resultan inadecuadas para que los cabildos insulares puedan ejercer las amplias responsabilidades que se les han atribuido con eficiencia, eficacia y calidad.

La introducción, en segundo lugar, en su régimen de funcionamiento de normas que garanticen el control de las competencias que tienen -tenemos- atribuidas, las previsiones necesarias para dotar de la mayor transparencia a la gestión de los cabildos insulares, que se articulan en el marco que resulta de la reciente ley: Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, mediante, por una parte, el derecho de acceso a la información, recogido en la ley, y que regirá con carácter general para todas las administraciones públicas, y mediante el establecimiento de una concreta y detallada relación de la información, que se debe hacer pública por los cabildos insulares, sin perjuicio de que por estos puedan adoptarse medidas complementarias que incrementen el elenco de obligaciones de publicidad. En este importante terreno, además, el cabildo de Fuerteventura alcanza ya un notable en la evaluación de transparencia más reciente.

Y, como corolario de las anteriores, hay que precisar el sistema de relaciones entre la Administración pública de la comunidad autónoma y los cabildos insulares, que, en todo caso, debe girar en torno al principio de colaboración y cooperación. En cualquier caso, el reforzamiento orgánico y funcional de los cabildos insulares, en tanto que instituciones de la comunidad autónoma, al que conducen las medidas que deben adoptarse, y que se recogen en el articulado, en modo alguno puede interpretarse como menoscabo de su condición como órganos de gobierno, administración y representación de las islas, ni en la consideración de estas como entidades locales.

Pues bien, a partir de ese cambio que supuso la entrada en vigor de la Ley de cabildos, impulsar la consecución de las demandas colectivas de la sociedad majorera, y gestionar los problemas y oportunidades que enfrentamos, es decir, liderar la Fuerteventura de este tiempo, exige nuevas estructuras y regímenes organizativos a la altura de esos importantes retos, en especial en el momento en el que se complican sobremanera los procesos administrativos y se requiere, cada vez más, unas administraciones que planifiquen con rigor y tiempo cada una de sus intervenciones.

Eso es lo que se propuso esta institución insular en la modificación, aprobada también por amplio consenso en los comienzos de la presente legislatura, del reglamento de organización y funcionamiento, que un comité técnico revisa en la actualidad, para ajustarlo a los contenidos de los capítulos uno y dos del título décimo de la Ley de bases. Unos contenidos que incorporan destacadas innovaciones, como el refuerzo del Consejo de Gobierno como órgano ejecutivo, reservando al pleno una gran potencialidad deliberante y fiscalizadora de la acción de gobierno; la creación de la asesoría jurídica a la presidencia, el Consejo de Gobierno, y los órganos directivos, comprensiva, además, de la representación y defensa en juicio del Cabildo; el establecimiento de la figura de las coordinaciones y direcciones generales, que hagan más eficaz el cumplimiento y desarrollo de los objetivos políticos por parte de la estructura administrativa; la desconcentración de funciones en los departamentos cuyos titulares forman parte del Conejo de Gobierno insular; el fomento de la participación ciudadana como contenido fundamental de la nueva ordenanza.

Además, en un cabildo que cuenta con buenos, con magníficos, profesionales, se crean o refuerzan áreas vitales en estos momentos, como pueden ser planificación estratégica, innovación, transparencia, nuevas tecnologías y administración electrónica, energía, participación ciudadana o igualdad. Nuevas -o reforzadas- unidades que tratan, por otra parte, de posibilitar una eficaz colaboración en el presente. Además, colaboración administrativa y coordinación con los seis ayuntamientos de la isla, a los que la institución insular ha venido apoyando desde hace décadas con la prestación de servicios de la importancia de la producción y distribución de agua potable o el cuidado periódico de la red municipal de caminos rurales, y a los que se suma un potente programa inversor, soportado en muy buena parte por el fondo de desarrollo de Canarias, porque las siete instituciones, locales e insular, de Fuerteventura apostamos con decisión desde el primer momento en formación y empleo, energías renovables, embellecimiento, asfaltado de caminos, infraestructuras deportivas, sociosanitarias y turísticas, zonas comerciales abiertas, transporte o seguridad y emergencias.

La solicitud de todos los ayuntamientos de la isla para que sus planes, programas y proyectos sean tramitados por los órganos ambientales insulares que nuestro cabildo creó como consecuencia, e inmediatamente después de la entrada en vigor de la Ley del Suelo, son un ejemplo de esa cooperación que, haciendo economía de escala insular, estamos y tenemos clara voluntad de continuar desplegando.

Dicho sea de paso, de la mano también siempre de ayuntamientos y cabildos, interpretando, representando y, cuando ha sido necesario, movilizando, a la sociedad insular, hemos conseguido poner en su sitio, que es lejos de Fuerteventura, a quienes -con el petróleo primero, con las torretas en estos momentos- pretenden imponernos modelos extraños a lo que la mayoría queremos para el presente y el futuro de nuestra isla.

En resumidas cuentas, y termino, este cabildo les solicita, señorías, la toma en consideración -y posterior aprobación- de esta proposición de ley, con la que damos un paso más hacia las nuevas estructura y régimen organizativo del gobierno insular que demanda la Fuerteventura de estas primeras décadas del siglo XXI.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor presidente.

Turno ahora para los grupos parlamentarios, de menor a mayor, de conformidad con el artículo 83 de nuestro Reglamento. Comenzaría el Grupo Mixto, señor Curbelo, diez minutos.

El señor CURBELO CURBELO: Muchas gracias, presidenta. Señorías.

Buenas tardes a todos y a todas, en primer lugar, al señor presidente del Cabildo de Fuerteventura y a los distintos portavoces de los grupos que le acompañan en esta tarde: sean todos bienvenidos.

Creo que se trata de una ley que es importante que señalemos que, en Canarias, cada una de las islas, está orientando su modelo de crecimiento y de desarrollo de futuro. Gran Canaria y Tenerife tienen su modelo, Lanzarote y Fuerteventura tienen el suyo, y el resto de las islas del archipiélago.

Es verdad que esta proposición de ley, que tiene el respaldo prácticamente unánime del Cabildo de Fuerteventura intenta, lógicamente, buscar una estructura organizativa del cabildo que le permite la normativa legal, que le permite la ley. Y yo tengo que resaltar, hoy, aquí, que los cabildos canarios, que son, en su doble condición, administraciones locales, pero administraciones de la comunidad autónoma, son órganos de gobierno en el ámbito insular que tienen competencias prácticamente en todas las materias, salvo sanidad, educación, servicios sociales, justicia; y, después, los cabildos canarios tienen que organizarse de tal manera que planifiquen su desarrollo y su crecimiento en función de las competencias, insisto, de una parte que tienen como administración local, y de otra, y especialmente, de las competencias transferidas de la comunidad autónoma a los cabildos canarios, que no son pocas. Otra cosa bien distinta es que vengan amparadas de los medios suficientes o no, pero en definitiva son muchas, y desde luego los cabildos necesitan organizarse.

Y, en este caso, se trata de un proyecto de ley bastante sencillo, tiene dos artículos y una disposición final. El primero de los artículos consiente el cambio administrativo y organizativo al Cabildo de Fuerteventura, respetando el mecanismo que prevé la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; y el segundo artículo habilita al Cabildo de Fuerteventura a llevar a cabo todos estos cambios organizativos en un periodo de tiempo de seis meses, aproximadamente.

Es verdad que la legislatura está a punto de concluir, yo intuyo que no haya ningún grupo parlamentario que enmiende ninguno de los artículos que hoy se plantean aquí, por tanto que va a entrar en vigor, sin lugar a dudas, antes de concluir la legislatura. Y la disposición final, que en definitiva recoge la normativa correspondiente para que entre en vigor la misma, que es, en definitiva, al día siguiente de su publicación.

Por tanto, mi grupo parlamentario va a apoyar este proyecto de ley -faltaría más- y va a apoyar este proyecto de ley porque va a ser necesario. La nueva organización que plantea el Cabildo de Fuerteventura, ojalá, ojalá, los cabildos de La Palma, todavía no llegan a los 75 000 habitantes, El Hierro y La Gomera lo pudiéramos hacer, es verdad que la normativa en este caso no lo prevé, pero lo que sí es cierto es que la complejidad que tienen los cabildos en materia de competencias y de organización es tan amplia que, lógicamente, le viene bien la misma.

Yo tengo la posibilidad, al ser presidente de un cabildo, de vivir en directo cuál es la problemática que tienen los mismos desde el punto de vista organizativo; por tanto, creo que la oportunidad que plantea el Cabildo de Fuerteventura me parece que es magnífica para orientar el modelo que ha descrito, ese modelo sostenible, y para trabajar en las distintas materias en la organización territorial de Fuerteventura. Me parece que es excepcional.

Señalar aquí -porque no siempre tengo la oportunidad de hacerlo, y no siempre todos los ciudadanos tienen la oportunidad de escuchar- muchas veces se entiende y se compara, erróneamente, a los cabildos canarios con las diputaciones, y no tienen nada que ver, absolutamente nada que ver, no tienen, además, nada que ver ni siquiera en el modo de acceder a la responsabilidad de la presidencia del cabildo, que es elegida directamente por los ciudadanos, que es el cabeza de lista más votada y, además, los consejeros y consejeras son electos en urna; y no ocurre así en otros ámbitos territoriales.

Y lo propio ocurre también con la definición competencial de los cabildos canarios, los cabildos canarios son auténticos órganos de gobierno en el ámbito insular que, además, tienen una trayectoria muy larga, una trayectoria centenaria. Y además de todo lo dicho por el señor presidente del Cabildo de Fuerteventura, su sistema de organización, de cooperación con los ayuntamientos, el trabajo, en definitiva, en cada una de las áreas para planificar el futuro de la isla de Fuerteventura, tenemos que decir, con sinceridad, que nosotros creemos que en este momento es más necesario que nunca, sobre todo en un momento en que algunos no llegan a creer que hay que poner límites al crecimiento. Yo soy de los que cree que hay que poner límites al crecimiento y hay que tener un modelo y definir los modelos correspondientes; y, por tanto, lo digo desde una isla que, con veintiún mil habitantes de población de derecho, tiene su modelo. Nosotros no queremos crecer, queremos crecer en calidad más que en cantidad, digo desde el punto de vista del número de habitantes, no solo de la población residente sino también flotante.

Por tanto, nosotros vamos a apoyar esta proposición de ley y entiendo, indudablemente, como señalaba antes, que no tiene ninguna posibilidad, desde nuestro punto de vista, que se produzcan enmiendas. Por tanto, hoy no me queda nada más que decirles, señor presidente, señor Marcial, que enhorabuena, que organice usted el cabildo pensando no en los ciento y pico de años ya que hemos vivido, además, con un reconocimiento institucional. Son los cabildos canarios, y es verdad que los ayuntamientos también y la comunidad autónoma, pero son los cabildos canarios los órganos de gobierno en los que más creen los ciudadanos. No lo digo yo lo dicen las encuestas permanentemente; pero, en cualquier caso, auténticos órganos de gobierno que van a responder a los ciudadanos y que lo hacemos día a día con la mejor voluntad, con la máxima eficacia y pensando en un futuro mejor, en este caso usted para los ciudadanos y ciudadanas de Fuerteventura y, el resto, que tenemos responsabilidades, para los ciudadanos de cada isla.

Así que enhorabuena, muchas gracias y que pronto la organización que hoy se pretende por parte del cabildo en esta proposición de ley sea una realidad porque estoy completamente seguro de que va a repercutir en el interés de los ciudadanos de Fuerteventura.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Curbelo.

Turno ahora para el Grupo de Nueva Canarias, señor Campos.

El señor CAMPOS JIMÉNEZ: Muchas gracias, señora presidenta.

Cómo no, por supuesto también, dar la bienvenida a este Parlamento, siempre es un placer contar con los presidentes de una de las instituciones más importantes en nuestro organigrama organizativo y competencial como es el caso de cualquier presidente del cabildo que sea. Por tanto, esa bienvenida al presidente del Cabildo Insular de Fuerteventura.

También agradecer y darles la bienvenida a los distintos portavoces y las portavoces de los diferentes grupos políticos; me van a permitir, por supuesto, una consideración muy especial a los compañeros de Nueva Canarias y de manera particular a nuestro consejero, don Alejandro Jorge.

Nosotros vamos a apoyar de manera clara -como no puede ser...-, yo creo que va haber unanimidad en este sentido y coincido con lo que decía el portavoz del Grupo Mixto, don Casimiro Curbelo, que difícilmente podemos presentar enmiendas a una ley tan escueta, pero tan clara y, además, perfectamente definida a través de la disposición adicional decimocuarta de la Ley 7/85, reguladora de las bases de régimen local, absolutamente necesario en una isla que, como bien comentaba el presidente, ya con más de cien mil habitantes podría haberse dado este paso, incluso, hace algún tiempo; momento en el que la isla de Fuerteventura superó, de manera notable, esas setenta y cinco mil personas que a través de esta disposición adicional decimocuarta faculta a los distintos cabildos insulares, a través, obviamente, del acuerdo plenario en el propio cabildo, y luego a ratificación a través de ley de este Parlamento.

Y, sobre todo, porque es necesaria esa adaptación a un nuevo modelo organizativo, a una nueva estructura y un nuevo régimen organizativo, para un cabildo que, como organización local, como ente local, necesita crearse esos nuevos espacios, o sea, nuevas estructuras, por tanto, nuevas herramientas para atender de manera correcta al conjunto de la ciudadanía, en este caso, de la isla de Fuerteventura.

Y me va a permitir que haga un inciso, en este momento, para hablar, precisamente, de la importancia de ser capaces de adaptarnos a unas entidades, las locales, y da igual hablar de ayuntamientos como hablar de cabildos insulares, que están pasando un momento tremendamente delicado. Lo hablaba en días anteriores con representantes de fuerzas políticas de alcance estatal, con el Partido Socialista y el Partido Popular, la capacidad de reflexionar, por supuesto, también, cada uno de los grupos que tenemos representación en el Congreso de los Diputados, ser capaces de reflexionar, en la medida en que las leyes que se aprueban en el Congreso de los Diputados, la mayoría de las ocasiones, sobre todo las que tienen que ver con alcances competenciales que terminan desarrollándose, al final, en ayuntamientos..., y en este caso también, como entidades locales, los propios cabildos insulares, generando leyes que han ido encorsetando, de manera más que notable, el día a día de estas corporaciones; un encorsetamiento que casi impide, en la práctica, el desarrollo de algo tan elemental como el elemento fundamental para el que nos presentamos como cargos públicos por el que aspiramos dirigir entidades como pueden ser en este caso el Cabildo Insular de Fuerteventura, y es gobernar para la gente, hacer políticas, intentar transformar la realidad de aquellos que más lo necesitan. Creo que ha sido un diagnóstico interesante de muchos de los principales problemas de la isla de Fuerteventura, que casi pueden ser clonados a la mayoría o al resto de las islas; y uno de ellos, por ejemplo, fundamental, es el de la vivienda, pero podríamos hablar de muchos otros.

Pero decía que se han ido aprobando leyes, estamos ante una oportunidad histórica con un nuevo Gobierno a nivel estatal que han ido encorsetando. El punto de partida fue la Ley de racionalización y sostenibilidad de las entidades locales, los ayuntamientos, fundamentalmente, pero es verdad que a través de, luego, numerosos decretos con empoderamientos muy potentes de los habilitados nacionales por encima de la figura de los distintos representantes en ayuntamientos, y, en este caso también, cabildos. Y hemos llegado a la última fase hace pocos días de una serie de medidas que han ido entorpeciendo el día a día de aquellos que tienen la capacidad y la obligación de administrar, y es la Ley de contratos de la administración pública.

Quiero hacer esta reflexión porque en fondo tiene mucho que ver con lo que se presenta aquí hoy, el que una organización como el Cabildo Insular de Fuerteventura tome conciencia de que es necesario o absolutamente imprescindible dotarse de una nueva estructura, de un nuevo modelo organizativo, para dar respuesta a la gente, pero esto no es suficiente; si no somos capaces -por eso pedía ese inciso y aprovechaba esta intervención-, si no somos capaces de modificar esas leyes estatales que han ido estrangulando la acción diaria en muchas de nuestras instituciones locales, a pesar de esa estructura que obviamente puede facilitar, vamos a seguir encontrándonos con numerosos problemas, serios problemas, para poder llevar a cabo todas las políticas que de verdad queremos, obviamente con el control público, con la fiscalización necesaria, con los mecanismos en el ámbito de la contratación, de la fiscalización de los recursos, la transparencia... por supuesto que sí, pero no a los niveles a los que lo hemos ido dirigiendo poco a poco, sobre todo, a través de esas leyes estatales.

Por tanto, de la misma forma que nuestros compañeros en la institución insular apoyaron, de manera clara y decidida, esta iniciativa, desde Nueva Canarias en el Parlamento de Canarias, la admitimos a trámite y vamos a apoyar, y ya anunciamos, desde ahora, que no presentaremos obviamente ninguna enmienda tampoco en el ánimo de que cuanto antes sea una realidad y que el propio cabildo, a través de esos seis meses que tiene para desarrollar las competencias que a partir de la aprobación de la ley tendrá, pueda ser una realidad, incluso, en esta misma legislatura.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Campos.

Turno ahora para el Grupo Parlamentario Podemos, señora Arnaiz.

La señora ARNAIZ MARTÍNEZ: Gracias, presidenta. Buenas tardes.

Nuestro posicionamiento político sobre esta ley mantiene la dirección que marcó nuestro grupo de Podemos en el Cabildo de Fuerteventura, y nos apoyamos también en el informe emitido por el secretario general del mismo cabildo.

Entendemos que la disposición adicional decimocuarta de la Ley 7/1985, y que regula las bases del régimen local, debe tener aplicación en el Cabildo de Fuerteventura, ya que, en su apartado 1 b), especifica claramente que las normas a las que se refiere serán de aplicación en los cabildos insulares que lo soliciten de islas cuya población sea superior a 75 000 habitantes. Por tanto, en la primera cuestión sobre el ámbito no hay ninguna duda.

Entendemos que con esta ley se pretende una mejora en cuestión de organización de la institución insular, y que de alguna forma pueda tener así una mayor capacidad de control sobre su funcionamiento, esto permitiría que la institución adapte su funcionamiento y su organización a las peculiaridades y necesidades de este territorio insular. Desde nuestro grupo, por tanto, creemos que determinados matices aplicados a nivel organizativo y, de ser bien empleados, podrían positivos.

Entre los cambios que se señalan en la ley, están las funciones de la secretaría general, se modificarían algunas de sus actuaciones. Y de aprobarse esta ley en algún caso se la liberaría de cierta responsabilidad directa en cuestión de análisis jurídicos; esta responsabilidad recaería en su lugar en una asesoría jurídica propia, que se crearía a través de la incorporación de personal directivo propio o también externo, pero que tuviera experiencia acreditada. También se habla de la creación de un órgano de apoyo al Consejo de Gobierno, nosotros consideramos que, en realidad, con la entrada en vigor de la Ley de Cabildos de 2015, ya se habían dado grandes pasos en esta dirección; pasos en relación a las potestades y responsabilidades que recaerían en el presidente del cabildo y en la junta de gobierno, por lo que la aplicación de esta normativa, que se plantea ahora, creemos que no va a suponer un gran cambio en este aspecto, pero, en lo general, sí creemos que puede producir mayor especialización, mayor control y mejoras en la gestión.

Fuerteventura, a día de hoy, es la única isla que falta de las que cumplen los requisitos por habitantes para pedirlo, es la única que falta por incorporar estos cambios; y con la aprobación de esta ley se equipararía al resto, implantando la ley que es conocida como la Ley de las grandes ciudades.

Estas modificaciones le van a suponer, al Cabildo de Fuerteventura, la contratación de nuevos puestos de trabajo de categoría A1. Y parece ser que esto no ha generado ninguna queja en otras islas, como en Lanzarote o en La Palma, pero lo que sí que es cierto es que hemos sabido que ha habido problemas en Lanzarote, concretamente, para cubrir algunos puestos, por las dificultades que ha supuesto encontrar profesionales cualificados, y que cumplan los requisitos para incorporarse a estas nuevas plazas, pero, en cualquier caso, esto son otras cuestiones que habrá que resolver.

En definitiva, creemos que es una buena oportunidad para impulsar la institución majorera, y que, si se desarrolla bien, esta normativa sería positiva. Esperamos que la aplicación de esta normativa sea desarrollada en beneficio de la organización y de la gestión de la institución insular, y que revierta en el bienestar de una isla, como Fuerteventura, que, ciertamente, está necesitada de una buena gestión y organización eficaz.

Por tanto anunciamos nuestro voto positivo al respecto.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Arnaiz.

Turno ahora el Grupo Parlamentario Popular, ¿señora Montelongo? Sí, tenía dos levantadas. Señora Montelongo.

La señora MONTELONGO GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta. Señorías, ciudadanos de Canarias.

Quiero que mis primeras palabras sean hoy para dar la bienvenida al presidente del Cabildo de Fuerteventura y a mis compañeros de corporación. Bienvenidos a la casa de la palabra, a la casa de Canarias.

Y, de manera especial, quiero agradecer a mi portavoz que me dé la oportunidad, hoy, de defender a Fuerteventura, aquí, desde esta tribuna, que en definitiva, no es otra cosa que lo que nos han pedido los ciudadanos con su voto, aunque ustedes saben que esta oportunidad y esta responsabilidad no se me permite ejercerla en el Cabildo de Fuerteventura.

Señor presidente, hoy creo que es una ocasión importante, y cualquier proyecto que se precie tiene que tener bien definido sus objetivos, sus líneas de actuación, y a mí me gustaría tener la oportunidad, que hoy tengamos la oportunidad, de trazar las líneas y estrategias y las líneas de acción que nuestra isla necesita.

Señor presidente, han pasado quince años después de que se aprobara esa modificación de la ley, y, bueno, ya que Lanzarote y La Palma dieron el paso desde el año 2005, bueno, nunca es tarde si la dicha es buena, y hoy Fuerteventura está dando el paso. Después de reflexionar, después de programar, y, supongo, después de tener todas esas líneas estratégicas bien definidas.

Pero creo que este paso que estamos dando hoy, señor presidente, nos tiene que servir para definir hacia dónde vamos con Fuerteventura, nos tiene que servir para... qué queremos hacer con nuestra isla de Fuerteventura; una de las islas de mayor potencial económico, turístico, medioambiental, social y también político.

Pero, ojo, también de éxito se puede morir. Por lo tanto, es necesario que, en esos aspectos, en los que usted sabe que yo apoyé esta proposición de ley, y ya he convencido a mi grupo parlamentario para que también lo haga hoy, aquí, usted ha planteado o hemos planteado unos aspectos en la regulación, como es la modificación del régimen organizativo, en orden a dotar a los mismos de la organización adecuada para el ejercicio de las funciones, con eficacia, con eficiencia y con calidad. Y esto, señor presidente, no puede hacerse sin la ayuda de los excelentes profesionales, funcionarios, que tenemos en el Cabildo de Fuerteventura.

Ahora bien, para que el funcionariado tenga un buen clima laboral, lo importante es dotarle de protocolos claros y establecidos de cómo es el funcionamiento. Porque, señor presidente, hacer encuestas sexuales, además de ser hiriente, en realidad, no sirve para nada. Por lo tanto, tenemos que plantearle a estos funcionarios que hay liderazgo, señor presidente, tenemos que dotar a estos funcionarios de... que tenemos dirección. Y así, con esto establecido, podemos permitir que este cabildo se adapte a la Ley de contratos, y no suspender conciertos, no suspender eventos deportivos, comprar suministros, comprar folios. Esto es un aspecto importante en el que yo también estoy de acuerdo, señor presidente.

En relación a la introducción en un régimen de funcionamiento de normas que garanticen el control de las competencias atribuidas, creo que es sumamente importante, señor presidente, lo que tenemos por delante. Y, mire, usted decía antes que tenemos que definir territorialmente lo que queremos ser; y yo estoy de acuerdo con usted, porque no puede ser que la pasada legislatura tanto Coalición Canaria como Partido Socialista elaboraran el PIOT del todo prohibido y, ahora, en esta legislatura, Coalición Canaria y Partido Socialista han elaborado el PIOT de las treinta mil camas turísticas nuevas. Tenemos que definirlo, señor presidente, tenemos que ponernos manos a la obra para decidir qué queremos hacer con Fuerteventura.

Y, mire, en cuanto a competencias, la gestión del agua tenemos que... todos nuestros esfuerzos para que las pérdidas millonarias que tenemos en el consorcio no se sigan produciendo. Los vertidos de aguas residuales no se pueden permitir en un paraíso como es la isla de Fuerteventura, donde, hoy, está cerrada al baño la playa de Corralejo.

Mire, hay proyectos maravillosos, la Fundación Tindaya, o la caracola de Pepe Dámaso, esto nos tiene que servir para que estos proyectos, o de verdad salgan adelante, o digamos la realidad de lo que va a pasar. Yo apuesto por ellos, y bien lo sabe, señor presidente. Pero no podemos seguir con la publicidad y la propaganda, tenemos que pasar a la acción. Y creo que esta proposición de ley nos tiene que permitir que esto sea una realidad. Y, por supuesto, un cabildo de Fuerteventura no puede dejar de gastar -como ha pasado en la liquidación el presupuesto de 2017- ¡28 millones de euros!

Esto, señor presidente, también lo tenemos que arreglar, porque, mire, el 62 % de las inversiones de obra pública en la isla de Fuerteventura se han quedado sin ejecutar. 23 millones de euros. Tenemos que terminar la biblioteca de Gran Tarajal, señor presidente. ¿El museo arqueológico?, una realidad; el mirador de Pepe Dámaso; las infraestructuras sociales que necesita la isla de Fuerteventura, y que están incorporadas en el Fdcan. No tenemos un problema de dinero. Tenemos un problema de gestión, señor presidente. Y tenemos que arreglarlo, porque estas infraestructuras son necesarias para todos los ciudadanos.

En el apartado c), dotar de mayor transparencia a la institución. Claro que sí, tenemos además una ley que tenemos que cumplir. Yo misma estoy esperando por unas preguntas y una solicitud de información -que ha pasado ya un mes, cuando tenemos cinco días-, o el parque tecnológico, señor presidente, un instrumento muy potente, pero en el que tenemos que tener la posibilidad de acceder a la información. No puede ser que los responsables no comparezcan a peticiones de la oposición, sin saber qué está pasando, y solo se nos convoque para la aprobación de las cuentas. Un esfuerzo mayor, señor presidente, y ahí también estamos de acuerdo con usted en esta proposición de ley.

Y, por último, si me permiten, quiero citar hoy al padre de los cabildos, al majorero, al precursor de los cabildos, a Manuel Velázquez Cabrera, su frase, cuando dijo: la comunidad autónoma nace de cada una de sus islas, y no al revés. Por lo tanto, en el último apartado, donde pedimos mayor cooperación Gobierno de Canarias-Cabildo de Fuerteventura, tenemos un enorme trabajo por delante que definir. Señor presidente, tenemos que aprovechar esta proposición de ley, y lo que ella establece, para conseguir que el eje norte-sur sea una realidad después de 22 años.

Hoy mismo la prensa local recoge que Corralejo, el tramo de Corralejo, se sigue retrasando. Tenemos una buena noticia: ha salido a licitación el hospital. Despacito, pero ya lo tenemos. Pero tenemos que conseguir que el eje norte-sur...

La señora PRESIDENTA: Disculpe que la interrumpa, señora Montelongo, disculpe que la interrumpa.

Estamos casi ante un debate del estado de la nacionalidad insular del cabildo de Fuerteventura, y estamos en otra iniciativa que ruego... no, si, yo he dejado hablar, pero, que estamos debatiendo lo que estamos debatiendo. (Rumores en la sala).

Siga, señora Montelongo, siga.

La señora MONTELONGO GONZÁLEZ: Con todos mis respetos, señora presidenta, he hecho referencia a todas y cada una de las líneas de actuación que, a su vez, planteó el presidente. Si me lo permite, por favor... y sobre todo la libertad de los argumentos. Gracias.

Por último, señor presidente, en cuanto a la relación con el Gobierno de Canarias, las infraestructuras que necesita la isla, mire, hay una plataforma ciudadana que quiere un hospital geriátrico. Nosotros le vamos a apoyar para que esa relación con el Gobierno de Canarias convierta en realidad lo que la ciudadanía nos está pidiendo.

No puedo dejar de mencionar...

La señora PRESIDENTA: Señora Montelongo, espere, para que le escuchen, espere, le paro el tiempo, ruego silencio, señorías, para que escuchen a la señora Montelongo. Siga.

La señora MONTELONGO GONZÁLEZ: No puedo dejar de mencionar el muelle de Gran Tarajal, y hacer, como hizo el presidente, nuestro agradecimiento a la Armada, por esa labor de limpieza de esos fondos, y de la contaminación, de aquel desastre ecológico que se produjo. Tenemos que buscar una solución para el puerto de Gran Tarajal, y también para el puerto de Corralejo, porque la creación de empleo y riqueza pasa por ahí, señor presidente, por estar dotados de infraestructuras económicas que generen obra pública, que generen riqueza, y que generen empleo.

Y para ir terminando, señora presidenta, bueno, tenemos seis meses para poner en marcha esta proposición de ley. Yo espero que lleguemos a tiempo. Yo, si fuera la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, lo haría. Merece la pena por Fuerteventura. Es más, yo hoy le digo, y quiero anunciarlo desde aquí, a todos los majoreros, que yo sí lo haré.

Nada más, y muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Montelongo.

Turno ahora para el Grupo Socialista.

Señor Álvaro Lavandera.

El señor ÁLVARO LAVANDERA: Gracias, presidenta, señorías.

Quiero dar la bienvenida, este 17 de julio de 2018 al señor presidente del Cabildo de Fuerteventura, y al resto de miembros, compañeros y compañeras de corporación del Cabildo que le acompañan.

Y la verdad es que poco se puede añadir sobre la iniciativa, a lo ya planteado por el propio señor presidente del Cabildo de Fuerteventura, y a lo expuesto por los que me han antecedido en la palabra.

La regulación de las grandes ciudades, tras su entrada en vigor el 1 de enero de 2004, supuso un avance en la llamada parlamentarización de las entidades locales incluidas en su ámbito de aplicación.

En este sentido, y aunque se limita la capacidad de decisión del pleno, se refuerza su ámbito de control político sobre los órganos de administración municipal, en este caso insular, y se determinó también la colegiación de la toma de decisiones, residenciándolas en la junta de gobierno local, frente a la normativa básica, que las ponía en manos del presidente o presidenta de turno, viéndose obligado a acudir este o aquella al mecanismo de la delegación para dotar de agilidad al despacho ordinario de los asuntos.

Como saben, hoy, lo que nos ha pedido el Cabildo de Fuerteventura, haciendo uso de la potestad que le confiere la disposición adicional décimo cuarta de la Ley de bases de régimen local, es que una ley del Parlamento les confiera este régimen. Nos lo ha pedido el Cabildo de Fuerteventura con un amplio apoyo y consenso dentro de la propia corporación; 19 votos a favor y solo 2 abstenciones.

Desde el Partido Socialista anuncio que nuestro grupo votará favorablemente a la toma en consideración de esta proposición de ley del Cabildo de Fuerteventura y, además, trataremos que tenga una ágil tramitación en sede parlamentaria para que entre en vigor a la mayor brevedad posible.

Es un mecanismo del que ya han hecho uso otros cabildos, como ya se ha dicho, el de La Palma en el año 2005, o el de Lanzarote en el año 2006, y que no merman en modo alguno su capacidad para dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas de cada una de esas islas; aunque con la misma claridad que decimos que no suponen un obstáculo para la buena gestión, también decimos que tampoco aportan soluciones mágicas que garanticen un buen uso de los recursos públicos, aunque, ya le digo, que deseamos que los cambios supongan un refuerzo y mejora de la capacidad del gobierno del cabildo, como gobierno insular que es.

Se trata, en definitiva, de respetar el modelo de gestión del que se han querido valer las instituciones insulares, dentro de los márgenes que les confiere el ordenamiento jurídico. Un respeto que compartimos desde la lealtad institucional del que nos gusta hacer gala en el Partido Socialista.

Las instituciones tienen estos mecanismos para relacionarse y para tomar decisiones. El cabildo solicita, el Parlamento aprueba. Por eso siempre hemos reclamado su respeto; respeto para esta lealtad interinstitucional, y por eso nos alegra que la razón que hoy traiga a esta Cámara al señor presidente del Cabildo de Fuerteventura sea esta proposición de ley. Y le digo esto porque, en su intervención, como mencionó el Fdcan, nos vino a la memoria aquella Comisión General de Cabildos del 12 de diciembre de 2016, a la que acudió, junto con otros compañeros suyos, para saltarse el orden del día fijado previamente, para faltarle el respeto a los diputados y diputadas que estábamos allí presentes; y para faltar al respeto a la presidenta del Parlamento, generando, a nuestro juicio, un lamentable espectáculo a cuenta del Fdcan, unos fondos que, pasado el tiempo, no han mejorado la calidad de vida de los canarios y canarias, tal y como usted ha afirmado -no lo podemos compartir-. Tampoco mejora esa calidad de vida el asfaltado de caminos rurales.

Esa calidad de vida de la que no tenemos, desde luego, ningún resultado palpable del resultado del Fondo de Desarrollo de Canarias, porque es que el propio Gobierno de Canarias insiste en incumplir la ley y no traer los resultados del desarrollo de esos fondos a esta Cámara, tal y como es exigible, para esconder, evidentemente, su fracaso.

Por eso nos alegra enormemente que hoy nos visite en positivo, para hacer una propuesta dentro de la legalidad, y para que aquellas actitudes hayan quedado aparcadas.

Señorías, el Partido Socialista va a seguir defendiendo la necesidad de mantener vivo el diálogo interinstitucional, y el diálogo con todas las fuerzas políticas para seguir buscando soluciones que beneficien a los canarios y las canarias. Fuerteventura, señor presidente, es un paraíso bañado en las aguas del Atlántico, con sus fortalezas, oportunidades... pero también con sus debilidades y amenazas. Es, por desgracia, la isla, de toda Canarias, con menor número de plazas sociosanitarias por habitante -da igual el rango de edad-. Es una isla donde la vivienda se convierte en un imposible para muchos jóvenes; es una isla donde... tiene problemas estructurales en cuanto a la oferta educativa y la oferta sanitaria, y ese déficit sigue sin resolverse; es una isla en que, en los últimos años, la desigualdad ha sido cada vez mayor entre sus habitantes; es la única isla que, según el estudio publicado por la Fundación DISA, en septiembre del año pasado, la única isla que, entre el 2000 y el 2014, su población perdió renta, donde la renta per cápita es menor en 2014 que en el año 2000; 14 años, desde luego que han tenido un resultado negativo para esa calidad de vida, y que sé que a usted le preocupa tanto como a nosotros y como al resto de las fuerzas políticas, y que esperamos que sea reversible con el paso del tiempo; una isla en la que los jóvenes no se pueden emancipar; una isla en la que los mayores no tienen los cuidados necesarios, desde luego, es un modelo de sociedad que es muy mejorable, y ese paraíso, en determinados momentos, se puede convertir en un infierno.

Por eso, señor presidente, como somos conocedores de la realidad de Fuerteventura, quiero que vea en los diputados y diputadas, por la isla de Fuerteventura, pero por el resto de la Cámara también, de los 60 diputados y diputadas que hoy nos sentamos aquí, en aliados para Fuerteventura, para la búsqueda de soluciones de los graves problemas que tiene Fuerteventura y también para desarrollar las grandes oportunidades, que usted también ha mencionado, y que también tiene la isla de Fuerteventura. Unas soluciones que, como siempre, buscaremos desde el respeto al ordenamiento, a las instituciones y a las mayorías articuladas en las mismas en torno a los grandes acuerdos, a los principios de colaboración y cooperación que deben girar en torno a las relaciones entre la Administración pública autonómica, los cabildos insulares y esta institución. Porque aquí, señor Morales, estamos para defender el interés general de los canarios y canarias que viven en cada una de las ocho islas y, evidentemente, en mi querida isla de Fuerteventura.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Álvaro Lavandera.

Turno ahora para cerrar los grupos, al Grupo Nacionalista, señora Beato.

La señora BEATO CASTELLANO: Gracias, señora presidenta. Señorías. Buenas tardes, señor presidente del Cabildo de Fuerteventura. Y buenas tardes también a los miembros de la corporación insular que están representados hoy en esta Cámara, el Grupo Coalición Canaria, PSOE, el Partido Progresista Majorero y Nueva Canarias, bienvenidos.

Comparece, señor Morales, para defender una proposición de ley a iniciativa del Cabildo de Fuerteventura, en virtud del reconocimiento estatutario a la iniciativa legislativa que los cabildos, como instituciones de la comunidad autónoma, tienen atribuidas.

En 2003 la Ley de medidas para la modernización del gobierno local, también conocida como la Ley de grandes ciudades, modificó la Ley de régimen jurídico, la Ley reguladora de las bases del régimen local, adicionándole dos nuevos títulos: uno de ellos, el título X, referido al régimen de organización de los municipios de gran población; además, le añadió la disposición adicional decimocuarta, sobre el régimen especial de organización de los cabildos insulares, que prevé la aplicación del régimen de organización y funcionamiento de los municipios de gran población a los cabildos insulares, que opera de forma automática en las islas con más de ciento setenta y cinco mil habitantes y, en el caso de las islas con población superior a setenta y cinco mil habitantes, requiere que la decisión se tome por una ley de este Parlamento, a iniciativa del pleno de la corporación insular. Y en eso estamos en esta iniciativa, que se trata de un trámite meramente formal para posibilitar la aplicación de ese régimen al Cabildo Insular de Fuerteventura.

En 2015, en Canarias se dio un paso importante en la regulación de los cabildos; el hito fue la aprobación por unanimidad en esta Cámara de la Ley de cabildos insulares, que introdujo una nueva regulación de los cabildos integrando en una ley específica su régimen jurídico, contemplando, por una parte, su carácter de corporaciones insulares como órganos de gobierno, administración y representación de las islas como entidades locales y, además, de acuerdo con la configuración del Estatuto de Autonomía de Canarias los reconoce como instituciones de la comunidad autónoma, incrementando sus potestades sin detrimento, por supuesto, de su naturaleza de administración local y la autonomía en la gestión de los intereses propios de la isla.

Por ello, dando cumplimiento al artículo 23 del Estatuto de Autonomía, la Ley de cabildos fija un marco normativo ajustado a sus necesidades y a la realidad de Canarias. En esta línea introdujo la modificación del régimen organizativo de los cabildos para dotarlos de una organización más adecuada para el ejercicio de sus funciones, una vez constatado que las previsiones de la legislación básica que los equiparaba a las diputaciones provinciales no funcionaba en Canarias. Introdujo, también, en su régimen de funcionamiento, normas para garantizar el control de las competencias que tienen atribuidas y estableció, además, las previsiones para dotar de mayor transparencia a la gestión, regulando el derecho de acceso a la información y estableciendo la relación de la información que deben hacer públicas los cabildos.

Y, finalmente, delimita el sistema de relaciones entre la Administración pública de la comunidad autónoma y los cabildos insulares, que, en todo caso, gira en torno al principio de lealtad institucional y de colaboración y cooperación institucional. La Ley de cabildos contempla, por tanto, un reforzamiento orgánico y funcional de los cabildos insulares en tanto instituciones de la comunidad autónoma además de su condición de órganos de gobierno, administración y representación de las islas.

Después de la aprobación de la Ley de modernización local, que entró en vigor en el 2004, estamos ante una disparidad de regímenes en los distintos cabildos insulares, puesto que, aquellos que no reunían los requisitos de población previstos en la disposición adicional decimocuarta, se rigen por la organización del régimen anterior, salvo que, en el caso de que superen los setenta y cinco mil habitantes, una ley de este Parlamento, a iniciativa del pleno, decida extender la aplicación del régimen de los municipios de gran población. Los cabildos de las islas de Tenerife y Gran Canaria ya cuentan con este régimen, también La Palma -desde el año 2005- y Lanzarote -desde el año 2006-.

Acreditado el censo poblacional de Fuerteventura y, sobre todo, por la decisión casi unánime de su cabildo insular, se presenta esta proposición al Parlamento para acogerse a este régimen. Una proposición muy sencilla de tan solo dos artículos, un trámite formal pero que es necesario legalmente, por imperativo legal, que, sin embargo, es de gran importancia para el Cabildo Insular de Fuerteventura porque le otorgará un plus en su régimen organizativo que va a mejorar su gestión interna. Pero, sobre todo, va a permitir una mayor descentralización de los servicios insulares, mayor cercanía y proximidad al ciudadano y mayor transparencia. Un reforzamiento de su estructura, con una estructura más robusta, que, además, dará mayor fluidez a la colaboración del cabildo con los seis ayuntamientos de la isla. Ya el gobierno insular está trabajando en la aprobación del régimen; que se adapte, en el reglamento, que se adapte a esta nueva normativa.

Señor presidente, ha esbozado usted un proyecto sobre la isla de Fuerteventura con problemas aún por resolver -como el de la vivienda, el empleo, unas mejores infraestructuras sanitarias y el desarrollo equilibrado del territorio con el eje norte-sur-, y hay, señor Lavandera, una corresponsabilidad, porque cogobernamos en esta legislatura y cogobernamos también en la pasada legislatura. Por tanto, hay una corresponsabilidad en la búsqueda de soluciones a los problemas de las islas. Porque la isla proyecta su futuro basado en un turismo sostenible, en sus potencialidades como plató natural para la industria del cine, en una apuesta por la tecnología potenciando la actividad de su parque tecnológico, y, por tanto, con un futuro muy importante por delante.

El Grupo Nacionalista Canario Coalición Canaria-PNC defiende Canarias como un solo pueblo integrado por ocho realidades distintas, cada una con sus singularidades. Canarias es isla y nación y, por tanto, la contribución de cada isla es importantísima al proyecto global de Canarias. En la medida que Fuerteventura crezca, que crezca su economía y que crezca su capacidad de creación de empleo, será bueno para la isla y será bueno para el conjunto de Canarias.

Nuestro grupo parlamentario apoyará esta proposición de ley, apoyará el trámite, que se agilice el trámite parlamentario, convencidos de que será un gran avance en la organización del cabildo insular, en la calidad de la prestación de los servicios a los ciudadanos, que va a favorecer el impulso de la isla y, por ende, el crecimiento de Canarias en su conjunto.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Beato.

Señorías, voy a llamar ahora a votación para la toma en consideración por parte de esta Cámara de esta proposición de ley del Cabildo Insular de Fuerteventura.

(Suena el timbre de llamada a votación). (Pausa).

Ruego señorías ocupen los escaños. Dejen paso.

Señorías, comienza la votación (Pausa).

Señorías, 52 votos emitidos: 52 sí, ningún no y ninguna abstención. Por tanto, por unanimidad de todos los presentes, la toma en consideración del Cabildo Insular de Fuerteventura.

(Aplausos).

Gracias a su presidente y a todos los miembros de la corporación que nos han acompañado en la tarde de hoy.

Gracias.

(Ocupa un escaño en la sala el señor vicepresidente primero, De la Hoz Fernández).