Diario de Sesiones 126, de fecha 18/7/2018
Punto 4

9L/IAE-0004 INFORMES Y AUDIENCIAS A EMITIR POR EL PARLAMENTO. PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2018: MINISTERIO DE FOMENTO.

La señora PRESIDENTA: Empezamos de... artículo 83, diez minutos, Grupo Mixto.

No, como lo hablamos en la junta, no sé si dijimos para este siete o diez. Sinceramente, no... ¿lo dejamos así, señorías? ¿Siete o diez? Vamos a... vamos a diez y ya está; o siete más tres, como ustedes quieran, no hay problema.

Venga, siete más tres o diez y ya está, y se ciñen a los diez, eso sí, ¿de acuerdo?

Venga, señor Curbelo.

Señorías, por favor, pido silencio.

El señor CURBELO CURBELO: Buenos días, presidenta. Señorías.

Bueno, yo creo que, a pesar de la hora que es, siendo la última sesión previa al mes de agosto, yo creo que vale la pena que dediquemos algunos minutos, con atención, al acontecer de los presupuestos generales del Estado y el contenido de los mismos, especialmente en la aplicación de la bonificación al transporte de pasajeros en general, pero también de forma especial de Canarias con la Península y Baleares, Ceuta y Melilla.

Yo creo que es importante que hagamos alguna reflexión política porque las cosas no están discurriendo, voy a decir con normalidad, para la defensa del interés del futuro de esta tierra. Y me viene a la memoria, de los siete presidentes que han gobernado nuestro país, inclusive la más reciente de Pedro Sánchez -cuento inclusive los dos de la transición, pero me sitúo no tanto en Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo Sotelo sino a partir de Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero, Rajoy y Pedro Sánchez-, y miren, siempre, siempre ha habido inconvenientes para que entiendan la realidad de Canarias, siempre ha habido problemas y cada conquista ha sido una lucha constante y en cada etapa se ha logrado lo que se ha logrado, no corresponde hoy aquí hacer una reflexión acerca de las cosas que en ese momento fueron gestionadas para Canarias; pero después de la aprobación de los presupuestos generales del Estado me da la impresión que con el vaivén de lo que está ocurriendo estamos haciendo grande a Rajoy; no, de verdad, ¿saben por qué? Porque, miren, si echamos mano a los presupuestos generales del Estado... porque no tendría por qué haber grandes problemas; es verdad que la bonificación al transporte, es decir, para Canarias el lunes 16 del mes de julio tiene que ser un mes y un día que pase a la historia de esta tierra, porque la bonificación al transporte de una comunidad alejada, que tiene dificultades para la cohesión territorial y social, tiene una importancia capital. Y si echamos mano a los reales decretos enviados -e, inclusive, el más reciente en el día de ayer-, las cosas, yo no sé si es por desconocimiento del propio ministerio o porque hay algún totum revolutum para no llegar a donde queremos llegar, y esto me preocupa. Y me preocupa porque, independientemente de la posición política de cada uno de los grupos parlamentarios, el Gobierno de España ha de ver a Canarias con una visión de Estado, y nosotros desde aquí tenemos que ver al Estado como tal, pero todos los grupos parlamentarios, inclusive el Grupo Socialista, que ahora le toca compartir y defender lo que sea defendible, porque yo he visto también en Canarias defender lo indefendible -no me refiero, señora Dolores Corujo, al Grupo Parlamentario Socialista, que a lo mejor alguna vez puede tener la tentación también-; lo que quiero decir es que la visión de Estado tiene que ser para que, teniendo pleno conocimiento de la realidad de los intereses de Canarias, defenderlos aun cuando el Gobierno del Estado piense lo contrario. Es verdad que es difícil que un grupo parlamentario canario se enfrente en sentido contrario, no es habitual, pero hay que hacerlo; si tuviéramos que hacerlo hay que hacerlo porque si no, no defenderíamos los intereses de Canarias.

Digo todo esto porque nosotros en el dictamen que vamos a proponer como informe vamos a rechazar todas las pretensiones del Gobierno de España, del Ministerio de Fomento, y las vamos a rechazar porque la tarifa bonificable, no es correcto ese término, el término correcto sería tarifa o precio de los servicios regulares a prestar en Canarias, y sabemos todos que representa una violación flagrante de la Ley del Régimen Económico y Fiscal. Y, además, la tarifa bonificable es distinta a lo que se recoge de forma real en los presupuestos generales del Estado aprobados para este año 2018, en esa disposición adicional 147 de la Ley de Presupuestos. Por tanto, el acuerdo de Consejo de Ministros, que no es necesario inicialmente el real decreto-ley sino basta el acuerdo de Consejo de Ministros para que sea aplicable y para que sea..., porque claro, yo creo que a nosotros, a mí personalmente, lo más que me preocupa, como grupo parlamentario y como ciudadano canario, es si estas tarifas o estos precios a los servicios que pretendemos van a ser una realidad durante toda la vida, porque ahora se pretende recular un poquitito respecto de los avances que se han producido. Y a mí, sinceramente, estas cosas me preocupan.

Mire, ayer el presidente del Gobierno hablaba de una acción de gobierno con tres grandes asuntos: uno era las políticas para atender el desempleo en nuestro país; otro, las pensiones; y, por último, Cataluña. Pero tenemos que empezar también a decirle desde todos los grupos parlamentarios, y, además, fíjense, qué curioso, en este asunto los grupos parlamentarios y este Parlamento necesitan unidad de acción. Yo sé que el Partido Popular ahora lo tiene más fácil para hacer una crítica, es verdad que antes estaban un poquitito maniatados por el voto cautivo o el voto necesario -no cautivo- en el Congreso de los Diputados para aprobar los presupuestos; pero, sinceramente, es necesario que haya unidad. Y digo que la tercera cuestión era Cataluña, pero, sin embargo, las referencias, cuando hace referencia a Canarias el propio presidente, algo así como lo remite a los ministros; un presidente del Gobierno tiene que tener en su cabeza la agenda canaria, porque si no tiene la agenda canaria y la desconoce, hay tentaciones de incumplimiento. Porque yo, sinceramente, no me creo, no me creo el desconocimiento del señor ministro de Fomento, los contenidos de los dos borradores de real decreto-ley enviados a Canarias, y que, desde luego, el último fue ayer, que recibimos y que analizamos en Mesa y portavoces; yo, sinceramente, no le encuentro mucho sentido.

Por tanto, rechazamos el contenido del real decreto -que ya traíamos para informe-, el contenido del real decreto de ayer -que debe ir en la misma línea que estamos comentando-.

Y digo todo esto porque, fíjense que es curioso, los grandes asuntos de Canarias -entre ellos la agenda canaria-, pero los grandes asuntos de Canarias, todos, están por resolver: nuestro Régimen Económico y Fiscal; el Estatuto -que se supone que están avanzando en la buena dirección- y el nuevo sistema de financiación autonómica -que ya el propio presidente del Gobierno anunció que se pospondría-. Y me preocupa, sinceramente, que los grandes asuntos de Canarias justo coincidan en un momento casi de aproximación a la etapa preelectoral y, además, en un momento donde hay un desconocimiento de muchos aspectos que, lógicamente, tienen que estar muy claros.

Y, en lo relativo al transporte, creo que es un error flagrante el que se está cometiendo y que todos los grupos parlamentarios debemos enmendar la plana al propio ministerio para salvaguardar derechos que nosotros creíamos haber conseguido como conquistas, y que lógicamente pueden tener algún revés en el devenir de su aprobación. Así que, yo creo que por esa razón tenemos que trabajar todos en una misma dirección.

Y al Grupo Parlamentario Socialista pedirle que la interlocución y el trabajo que todos tenemos que hacer, pero, especialmente, los homólogos del Gobierno de España, tiene que ser de una forma constante porque, de lo contrario, tendríamos algunos inconvenientes que, lógicamente, no vendrían bien ni para el interés de los canarios ni para la cohesión del propio grupo y la proyección política de mayo de 2019; ahí tenemos que hacer énfasis de una forma clara. Así que...

La señora PRESIDENTA: Un minuto más, señor Curbelo.

El señor CURBELO CURBELO: Así que concluyo fijando la posición, que es, lógicamente, la posición de todos los grupos que hemos firmado el texto del acuerdo, rechazando las pretensiones, pero además fundadas; ayer en Mesa y portavoces lo veíamos con claridad, cómo va en contra de todo, en contra de todo, de nuestro Régimen Económico y Fiscal, de la propia Ley de Presupuestos Generales del Estado aprobada, de la propia Constitución..., en fin, de todo. Por tanto, no hay ninguna razón y, desde luego, yo espero que haya una rectificación y que prevalezca por encima de todo el interés de los canarios y el trabajo que se ha logrado hasta aquí en los contenidos de los presupuestos generales del Estado, que es una conquista histórica y que no puede dar ni un milímetro de marcha atrás con la defensa y la cohesión de todos.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Curbelo.

Turno ahora para el Grupo de Nueva Canarias, señor Rodríguez.

El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Señora presidenta, señorías.

Creo que la emisión de los informes de este Parlamento, en relación a las modificaciones de la legislación singular -exclusiva- del Régimen Económico y Fiscal, es una de las grandes tareas de esta Cámara. Esta Cámara representa al pueblo de Canarias, elige al Gobierno -le controla-, hace leyes, pero, sobre todo, esta Cámara tiene que defender los intereses generales y, entre ellos, el acervo económico y fiscal que hemos construido durante décadas y que, afortunadamente -con escasa cobertura-, la Constitución nos da esa oportunidad y, también -de manera insuficiente-, el Estatuto de Autonomía.

De manera que la emisión de un informe cuando las Cortes Generales... y dicen que el Gobierno -esta es una duda jurídica-... producen modificaciones sobre el Régimen Económico y Fiscal, están obligados a remitir los contenidos de esas modificaciones a esta Cámara, para que esta emita informe, preceptivo pero no vinculante. En el nuevo estatuto estamos buscando y hemos encontrado un camino -todavía insuficiente- para que las modificaciones no puedan ser unilaterales, sino que al menos se puedan negociar esos cambios, aunque el Parlamento esté en contra. De manera que hoy lo que ejercemos es la obligación legal de la disposición adicional tercera de la Constitución y del artículo 46.3 del Estatuto, emitiendo el informe, en este caso sobre un real decreto, de manera rotundamente negativa; en este informe que hemos suscrito los seis grupos parlamentarios, decimos rotundamente que no estamos de acuerdo en ese decreto.

Esta Cámara, referido a los presupuestos generales del Estado del año 2018, emitió también un informe favorable en relación a las modificaciones de los aspectos económicos y fiscales del REF el pasado 12 y 13 de junio, esa sesión plenaria. Y, entonces, emitimos un informe favorable, porque los contenidos modificados en el texto de la Ley de Presupuestos del año 2018 habían sido trabajados, consensuados y suponían avances sobre la legislación preexistente.

En esta ocasión venimos a esta Cámara con un informe negativo, desfavorable, a un decreto que, desde nuestro punto de vista, es totalmente innecesario, vulnera de manera flagrante la Ley de Presupuestos y, además, contradice la Ley del REF del 94 y, también -aunque eso no tenga valor legal pero sí político-, el texto ya aprobado en ponencia del REF en sus aspectos económicos que se tramita en las Cortes Generales.

Recibimos un decreto con sorpresa: primero, porque si algo deja claro la disposición adicional centésima cuadragésima séptima -la 147- de forma categórica, nítida, que no precisa regulación, que no precisa desarrollo, que no se puede modificar por decreto, es que las bonificaciones a los residentes de los archipiélagos balear y canario, y de Ceuta, Melilla, tenemos derecho al 75 % de la bonificación sobre la tarifa regular de manera indefinida. Y esto solo lo puede cambiar otra ley, nunca un decreto. Nunca un decreto. Porque es contrario a la legalidad, y el decreto que estamos discutiendo y el que anoche se recibió es contrario a la legalidad, vulnera el mandato inequívoco de la Ley de Presupuestos en la disposición 147, que es indiscutible, que no precisa reglamentación; y el mejor dato es que no hay nada en el decreto que no... que sea correcto que no esté en la ley, lo único que añade el decreto en discusión es sustituir "tarifa regular" -expresamente dicho en la Ley de Presupuestos- por "tarifa bonificable". Por lo tanto aquí no hay ningún desarrollo reglamentario; reproduce mal el texto de la disposición 147.

De manera que ni se necesita decreto y, de existir decreto, este es completamente contrario a la ley y perfectamente recurrible ante los tribunales ordinarios, porque los decretos son recurribles ante los tribunales ordinarios por quien tenga la habilitación pertinente.

De manera que hoy decimos que no rotundamente.

Ayer ocurrió un hecho insólito, insólito, que yo tengo que hacer referencia. Porque yo me creo mucho esto que nosotros hacemos, yo no estoy aquí por casualidad, yo represento una parte de la ciudadanía y vengo aquí a defender un ideario, unos principios, un programa y, sobre todo, a nuestra gente. Y no es de recibo que un Parlamento, al que se le ha remitido un texto, esté en reunión y reciba a las ocho y media de la tarde un nuevo decreto retirando el anterior; yo sostengo que esto solo se lo hacen a Canarias, estoy seguro de que no hay Gobierno de turno que se atreva a hacer esto con el Parlamento de Cataluña, con el Parlamento de Euskadi, por poner dos ejemplos.

Pero, además, cuando hemos leído tranquilamente la propuesta del nuevo decreto, es también para votarla desfavorablemente, porque es más grave que este, porque no solamente elimina lo de bonificable, pero nos introduce referencias legales a la legislación de la Ley de Presupuestos del año 2013, a la disposición adicional -justamente- decimotercera, donde habla de tarifa bonificable. Es decir, nos intentan engañar.

De manera que hoy, por razones políticas y legales, porque es competencia nuestra, porque es nuestra responsabilidad, decimos que no a la necesidad de un decreto y decimos que no a un decreto que cambia la ley, y no lo puede hacer. Y no lo puede hacer, porque las leyes no las cambian los decretos, sino las leyes las cambian las leyes. Y, por lo tanto, es decisivo que hoy tengamos claro los representantes del pueblo de Canarias en esta Cámara que decimos que no a este decreto porque retrocede en nuestros derechos, porque pretende modificaciones por una vía legal no habilitada, como es un decreto reglamentario innecesario, para restar derechos que nos ha costado conseguir, y el mejor ejemplo fue el voto favorable a este mismo informe, en el pleno del 12 y 13 de junio, y, por si hubiera duda, en el mes de abril este Parlamento, a propuesta de Nueva Canarias, reiteró nuestra demanda de sustitución de tarifa bonificable por tarifa regular.

De manera que yo creo que es muy importante, señoría, muy importante que este Parlamento tenga claro cuáles son nuestras responsabilidades, y no podemos aceptar, a ningún Gobierno de ninguna naturaleza, no importa su color, retroceder ni un solo milímetro en nuestros derechos y, desde luego, si lo hacen, pues será en contra de la opinión de la soberanía popular de este pueblo, en contra de sus instituciones, y nos veremos en los tribunales. Los que tengan habilitación en el Tribunal Constitucional -que esta Cámara está habilitada para ello-, si fuera el rango pertinente y, si no, los tribunales ordinarios.

No es de recibo. No se necesita decreto, y el decreto que se plantea modifica la ley de forma arbitraria e interesada, y esto no es nuevo. Los que tenemos cierta experiencia en este debate en los últimos veinte años, es reiterado, persistente, determinados sectores de la estructura funcionarial, con el beneplácito político, que insisten, una y otra vez, en considerar las bonificaciones al transporte de personas y mercancías como un privilegio, que no lo es; a pesar de las bonificaciones del 75 % en la movilidad entre islas en barco y en avión, entre Canarias y el resto del Estado, yo les aseguro que sigue siendo más barato mover personas y mercancías en el continente que en el archipiélago. Y, por lo tanto, no hablamos de privilegios; los mesetarios no lo entenderán, pero para eso está esta Cámara, para eso está este pueblo y sus instituciones, y tenemos que defenderlo con uñas y dientes.

Mi propuesta, por lo tanto, además de rechazar contundentemente esta propuesta de decreto, fuera de lugar, innecesaria, ilegal, que trata de recortar nuestros derechos, es que convoquemos un nuevo pleno para rechazar el siguiente decreto. Porque el error que podríamos cometer es que el decreto nuevo no sea también considerado y se emita el informe pertinente, porque entonces sí tendrían cobertura para hacer modificaciones más difíciles de cuestionar, si este acto -absolutamente, bueno... formal, evidente- del informe, se emita.

De manera que hoy debemos rechazar -porque lo hemos suscrito todos- este informe contrario, denegando, desfavorable, al decreto, cuestionando la modificación de tarifa bonificable por, perdón, de tarifa regular por bonificable, porque es innecesario. Y les añado una cuestión, hay un dato: el Consejo de Ministros, contrariamente a sus propias palabras y actos, emitió un acuerdo del Consejo el pasado día 13, y una resolución que tiene una coletilla. Y la coletilla tiene tela: esto será así hasta que venga una norma y lo cambie.

Bueno, pues le decimos a quien pensó eso que la única norma que puede cambiar esto es otra ley, y si otra ley cambia este derecho nos veremos donde haga falta. Por lo tanto, propongo, además de este tema, un nuevo pleno para rechazar con la misma contundencia la nueva propuesta de decreto, porque es exactamente igual de ilegal...

La señora PRESIDENTA: Un minuto más, señor Rodríguez.

El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ... lesiva y contraria, el texto que nos enviaron anoche a las ocho y media de la tarde.

Y no puede este Parlamento eludir, en absoluto, la necesidad de una respuesta a través de un informe que debe ser, como mínimo, igual de contundente que el que ahora hemos sufrido los grupos parlamentarios, y espero que votemos en consecuencia todos los diputados y diputadas presentes y que no permitamos, porque vendrán más cosas, yo no me aventuro todavía a hacer calificaciones y valoraciones del nuevo gobierno, al que nosotros hemos apoyado, pero los primeros indicios generan mucha preocupación.

Pero también les aseguro, nosotros, partido pequeño, vamos a defender con uñas y dientes todos los avances que el presupuesto y las leyes hemos conseguido, con muchas dificultades, en defensa de los intereses de esta tierra. De manera que espero que en esto, al menos, estemos de acuerdo.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez.

Turno ahora para el Grupo Parlamentario Podemos, señora Santana.

La señora SANTANA PERERA: Señoras y señores diputados, si tuviéramos que buscar un símil cinematográfico a todo lo acontecido con la bonificación del 75 %, yo no dudaría en buscar la referencia en La historia interminable. Y todavía parece que nos queda por andar; de hecho, corremos el riesgo de tener que habilitar un pleno en agosto para poder dar solución de una vez por todas a todo este asunto.

Pero si algo se ha demostrado durante todo este tiempo es que si hay voluntad política no hay excusa jurídica, por muy premeditada que esté, que se sostenga. Lo vimos en este Parlamento, por ejemplo, cuando se nombraron los órganos dependientes de la Cámara, cuando algunos sostenían que la Ley Canaria de Igualdad no exigía la paridad en los órganos. Vimos que en la primera tanda no se cumplía, sin embargo, cuando todos nos sentamos, cuando todos dialogamos, cuando todos consensuamos, logramos en esta Cámara que esos órganos dependientes hoy sean paritarios, y esto también está ocurriendo de alguna manera con la bonificación del 75 %; ni decreto-ley ni real decreto ni seis meses ni final de año, no existe premeditada excusa cuando la voluntad política se pone por delante. Todo ello vino acompañado, eso sí, del correspondiente teatro, con acusaciones cruzadas, reproches y culpabilidades de todo tipo: que si Nueva Canarias redactó mal la enmienda, que si Coalición Canaria estaba más preocupada de la foto que por la redacción, que si el Partido Popular sí que sabía que esa enmienda podía estar mal redactada y se calló para ahorrarse unos meses, o que si el PSOE ha montado toda esa escenita para arrogarse que ellos vinieron a encontrar la solución.

Hemos tenido también que escuchar cosas, por ejemplo, a Nueva Canarias yo le escuchado decir que esto es un hito histórico, he escuchado a Coalición Canaria decir que vamos a acabar con una injusticia social y solo me falta escuchar a Ciudadanos decir que Albert Rivera ha liderado todo este asunto.

De verdad, nosotros no vamos a ser partícipes de todo esto; nosotros sabemos la realidad, y es que esto no es un privilegio para los canarios y canarias, que es un derecho, que lo que hace es ayudar a nuestra ciudadanía a que pueda transitar libremente y sin ningún tipo de obstáculos o trabas por el resto del territorio del Estado español.

Ahora bien, sí que nos planteamos muchísimas cosas. Creemos que el debate no se acaba aquí, con esta aprobación -si es que se aprueba- de esta bonificación del 75 % -que parece que sí, que es una realidad, aunque nos queden muchísimas cosas por esclarecer-, pero creo que la reflexión debe ser aún más profunda: debemos de hablar que... de por qué no establecer que esta es una ruta de obligado servicio público y fijar unos precios máximos, para que así no sean las compañías aéreas o las operadoras las que se lleven con el beneficio, todo el mundo sabe, que está con la mosca detrás de la oreja, de que estas compañías aéreas en un par de meses puedan incrementar el precio de esos billetes, dada la excusa de que ahora el consumidor directo, pues, va a pagar menos con esa bonificación y no va a ser tan consciente del precio final del billete, pues entonces, oye, se aprovechan de esto e incrementan los precios. Ya lo hemos visto, hemos visto incluso sentencias judiciales a alguna compañía aérea por este tipo de malas praxis, de malas conductas, y no podemos seguir permitiéndolo, por lo tanto creemos que la solución es esta: ruta de obligado servicio público y establecer un precio máximo.

Por otro lado, también cuestiones como el por qué tenemos que subvencionar el billete de avión a aquellas personas que viajan en primera o en business; si estábamos hablando de un derecho, ¿vale?, yo creo que esto ya se empieza a convertir en un privilegio: quien quiera viajar en primera clase o en business que se lo pague él mismo para viajar con todo el confort o las comodidades si quiere; pero cuando estamos hablando que casi el 50 % de la ciudadanía de nuestro territorio está en riesgo de pobreza y exclusión social, cuando muchísimas personas que ni tan siquiera se pueden plantear el coger un avión o un barco y viajar porque no tienen dinero para llegar a final de mes, señores, hablar de que esto acaba con las injusticias sociales y que es un hito histórico me parece, sinceramente, exagerado e injusto con nuestra propia sociedad.

Por otro lado, hay otras cosas que resolver, como, por ejemplo, qué hacemos con todas aquellas familias canarias que han tenido que irse a otros territorios, bien del Estado español, también de la Unión Europea, pero, en este caso, vamos a hablar del Estado español, que es donde se aplica la bonificación del 75 %; se han tenido que ir fuera porque no encontraban oportunidades laborales en Canarias y, en este sentido, uno, cuando desarrolla su vida en otro lugar, pues tiene al final que establecer su residencia allí, pues, para poder acudir al centro de salud, para poder escolarizar a los niños y a las niñas. ¿Y luego, qué pasa?, que cuando quieren visitar a sus familiares aquí en Canarias no se pueden beneficiar de esta bonificación, por lo tanto estamos cometiendo esta injusticia con estos canarios y canarias, muchos de ellos que se han visto forzados al exilio laboral, porque aquí en Canarias con un... con más de un veinte por ciento de tasa de paro ya me dirán ustedes las dificultades que tiene nuestra gente para encontrar trabajo.

Miren, nosotras lo tenemos clarísimo: creemos que aquí, evidentemente, el ministerio no está obrando con toda la solvencia que debería, incluso los compañeros del Partido Socialista Canario -yo creo que ahora lo dirán en su intervención- también tienen sus dudas sobre cómo se han redactado estos documentos, por ejemplo, el que nos hicieron llegar ayer a última hora intentando pareciera corregir los errores, pero que al final no se corrigen los errores, incluso a veces se profundiza en ellos. Entonces, en este sentido, por supuesto que nosotros firmamos y avalamos ese informe que se ha elaborado desde aquí, desde el Parlamento de Canarias; sabemos que la realidad de nuestra tierra es una realidad insular, una realidad alejada, a casi dos mil kilómetros del resto del Estado español, nos hace tener que buscar estas alternativas para competir en igualdad de condiciones o para tener los mismos derechos que el resto de la ciudadanía del Estado español, y por eso siempre lo vamos a defender a capa y espada, pero a lo mejor el debate es más profundo, no solo con las ideas que ya les desarrollé sino también el debate del ajuste territorial y el papel que debe jugar Canarias con respecto al Estado español.

Nuestro Régimen Económico y Fiscal y nuestro hecho diferencial debería venir reflejado y anclado en la Constitución, no solo en nuestro Estatuto de Autonomía, para que así no tengamos que depender de esa voluntad del Gobierno de turno de reconocer lo que es un derecho para los canarios y canarias.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Santana.

Turno ahora para el Grupo Parlamentario Popular, señora Navarro.

La señora NAVARRO DE PAZ: Gracias, presidenta. Señorías.

Comparezco en esta tribuna para fijar la posición de mi grupo, el Grupo Popular, en relación al informe de esta Cámara sobre el proyecto del Real Decreto enviado por el Ministerio de Fomento por el que se modifica la cuantía de la subvención del transporte regular aéreo y marítimo de conformidad con lo previsto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2018.

Pero antes permítanme un pequeño paréntesis para destacar el hito histórico que Canarias ha vivido al inicio de esta semana: el pasado lunes, como todos sabemos, entró en vigor el aumento del descuento hasta el 75 % para los residentes en el archipiélago y el 100 % para las mercancías en los trayectos entre la Península y las islas o las islas y la Península. Un aumento de la bonificación de los viajes que algunos en los despachos del Ministerio de Fomento entienden como un lujo cuando solo es un derecho, un derecho de todos nosotros, los canarios; un derecho que nos permite acercar el archipiélago a la Península. Una fecha clave, señorías, que ha sido posible gracias a los acuerdos del Partido Popular con Coalición Canaria y Nueva Canarias que ha permitido dar vía libre a unos presupuestos generales del Estado históricos para las islas. Tanto quien en un principio los rechazó pues hoy, fíjense ustedes, hoy los asume y además gobierna con ellos.

Pero, bueno, dicho esto, y volviendo al objeto de esta comparecencia les anuncio el rechazo de mi grupo, el Grupo Parlamentario Popular, al proyecto del real decreto que envió el Ministerio de Fomento con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica, el aumento de la bonificación al transporte de pasajeros y mercancías entre Canarias y la Península.

Por lo tanto, señorías, y creo que debe quedar muy claro, mi partido, el Partido Popular, mi grupo parlamentario, votará a favor del informe desfavorable de esta Cámara y lo hace por dos motivos muy claros: el primero, porque rechazamos el criterio de bonificación sobre la tarifa bonificable que recoge el proyecto de decreto y, segundo, porque rechazamos la elección de la figura del real decreto elegida por el ministro Ávalos para la puesta en marcha de la medida. Pero, al mismo tiempo, mi grupo parlamentario entiende que el rechazo al procedimiento debe ser también un claro correctivo a la insensibilidad demostrada con Canarias por los responsables de Fomento, una actitud entre la chapuza y la conspiración que ha sembrado de dudas el inicio de esta nueva aventura de Gobierno. Al final tengo que ser honesta, y hablo en nombre de mi grupo: nos hemos decantado por la chapuza o hemos descartado, mejor dicho, la chapuza porque desde luego nadie puede ser hasta un nivel tan incompetente como parece ser el responsable del ministro, del Ministerio de Fomento que no solo en una ocasión sino en dos, pues, nos envía dos informes a cual peor.

Han pasado dos semanas esperpénticas en las que el ministro -y lo digo con el máximo respeto- se rió de Canarias sin preocuparse de la frustración que generaba en miles de canarios que han tenido que retrasar sus vacaciones o no han podido beneficiarse de los descuentos por la arrogancia y el desconocimiento del Gobierno de Sánchez. Solo desde este prisma se pueden entender, no una sino dos, las maniobras de Fomento para retrasar lo más posible la entrada en vigor del descuento del 75 % en los vuelos entre Canarias y la Península.

Y recordemos, hagamos un poco de historia: primero dijo que hacía falta un real decreto y que tardaría seis meses en tramitarlo, en el mejor de los casos; luego redujo el plazo a cuatro meses en lugar de seis; y, finalmente, el pasado viernes el Consejo de Ministros autorizó la inmediata entrada en vigor del descuento. Y la pregunta que nos hacemos, pero no solo nosotros sino que nos la hacen los canarios también en la calle: ¿en qué quedamos? ¿Hacían faltas seis meses para tramitar el descuento o se podía hacer, si de verdad se quería, de un día para otro? Creo, señorías, que la respuesta es muy clara: no había voluntad política para que los canarios disfrutáramos de los descuentos desde el minuto uno. ¿Por qué? Porque parece que el Gobierno del Partido Socialista ha decidido revisar todos los logros históricos conseguidos con el Gobierno del Partido Popular. Ahí está -y tomen ustedes nota- el aplazamiento de la reforma de la financiación, la amenaza de imponernos el impuesto de sucesiones y donaciones, el intento de recortar 14 millones de euros del Convenio de Obras Hidráulicas para 2018 y el frenazo al acuerdo para financiar infraestructuras hidráulicas durante los próximos diez años por valor de casi mil millones de euros. Y todavía no sabemos qué sorpresa nos deparará este Gobierno cuando afrontemos la firma del resto de convenios pendientes que forman parte de la ya conocida agenda canaria.

Señorías, debemos ser conscientes que con el Gobierno del Partido Socialista el centro de poder se ha desplazado al norte peninsular; Canarias hoy ha dejado de ser una cuestión de Estado y ahora los socios de Gobierno son los independistas y los populistas.

Desde luego nosotros lo vamos a hacer, y yo le pido al resto de los grupos con presencia en esta Cámara que lo hagamos todos, que todos estemos vigilantes porque a los socialistas parece que les molesta que Canarias haya conseguido, por fin, ponerse en pie de igualdad en materia de derechos y recursos con el resto de las comunidades autónomas de este país, pero, bueno.

No quiero terminar sin decir que estas son las consecuencias lógicas a un cambio irresponsable de gobierno, un cambio, por cierto, de gobierno que fue posible gracias al apoyo de quienes hoy algunos hemos escuchado desde esta tribuna poner el grito en el cielo ante tamaño atropello. Yo espero que este paso por el purgatorio -porque, no nos engañemos, esto va a ser un purgatorio-, pues, les haga reflexionar y en el futuro busquen socios de gobierno como mínimo fiables, como mínimo que cumplan con los compromisos que asumen.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Navarro.

Turno ahora para el Grupo Socialista, señora Corujo.

Silencio señorías, por favor.

La señora CORUJO BERRIEL: Muchas gracias, presidenta. Señorías.

La verdad que escuchando a determinados portavoces de grupos políticos como el Partido Popular hablando de agenda canaria cuando hemos tenido, esta Cámara precisamente, que llevar a los tribunales a esa mayoría absoluta que permitió perder cantidades millonarias de euros en materias básicas como es la educación, la sanidad, carreteras, infraestructuras turísticas, desalación del agua; resulta, la verdad, que algo paradójico, pero bueno, esto es de la política: cuando estás en el poder justificas lo injustificable y cuando nosotros tenemos la responsabilidad de gestionar y de resolver los errores que han cometido otros, pues, obviamente este es uno de ellos que voy a intentar explicar.

Señorías, el Grupo Socialista, como ya han adelantado el resto de grupos, vamos a respaldar el informe en esta Cámara. Lo hacemos porque compartimos el criterio de la introducción del término bonificable aplicado a la tarifa y que se excede de lo expuesto en la Ley de Presupuestos, y por las previsiones que también hemos introducido, como bien saben, en la ponencia del REF. Y por más que pueda parecernos adecuado, como decía la portavoz de Podemos, si todas tarifas han de ser bonificables, por igual, como en el caso de la business que debemos contemplar.

Pero, con independencia del contenido del informe que hoy aprobamos, lo cierto es que el descuento del 75 % -lo voy a repetir porque parece que no se ha dicho con claridad-, el descuento del 75 % ha comenzado a aplicarse, señoría, desde el pasado lunes; lo digo para que quede claro y que quede constancia en acta. Es decir, es decir, señoría, que nuestra gente... No se pongan nerviosos señores del PP (ante comentarios de la señora Navarro de Paz). Es decir...

La señora PRESIDENTA: Disculpe, señora portavoz...

La señora CORUJO BERRIEL: ... que nuestra gente...

La señora PRESIDENTA: Portavoz, disculpe.

Pido silencio, por favor.

Venga. Continúe.

La señora CORUJO BERRIEL: Es decir, que nuestra gente ha comenzado a beneficiarse de ese descuento, que viene a sumarse a otros anteriores.

Pues yo no quiero -ni queremos olvidar-, desde el Partido Socialista, recordarle -que sé que molesta, en esta Cámara, de forma mayoritaria- que ha sido un gobierno socialista, uno con Felipe González al frente, el que elevó la bonificación del 25 al 33 % señorías. Fíjense qué curioso. Después volvimos nuevamente a comprometernos con otro presidente, con otro presidente, con José Luis Rodríguez Zapatero, que volvió a subir las bonificaciones, llevándolas al 50 %. Y hoy volvemos a asumir esa responsabilidad del 50 al 75 %. Curiosamente, curiosamente, resolviendo los problemas creados por otros.

Señorías, el Partido Socialista...

La señora PRESIDENTA: Disculpe, señora Corujo...

La señora CORUJO BERRIEL: Gracias, señores del PP.

La señora PRESIDENTA: ... Disculpe, señora Corujo...

La señora CORUJO BERRIEL: Señoría.

La señora PRESIDENTA: ... Esperen, esperen...

La señora CORUJO BERRIEL: El Partido Socialista...

La señora PRESIDENTA: ... Señorías. Señora Corujo, espere, espere, portavoz, espere, espere.

Señorías. Señorías, vamos...

La señora CORUJO BERRIEL: Me encanta esta pasión general...

La señora PRESIDENTA: Espere un momento, señora Corujo.

La señora CORUJO BERRIEL: ... por un asunto...

La señora PRESIDENTA: Señora Corujo, espere. Tengo el..., iba a decir el teléfono, el tiempo parado.

Señorías, pido silencio. Y también que se abstengan de realizar gestos, sus señorías, que no son adecuados, por favor.

Continúe, señora Corujo.

La señora CORUJO BERRIEL: Bien, por finalizar. Comenzábamos con un presidente socialista, con Felipe González, continuamos con José Luis Rodríguez Zapatero y terminamos la bonificación del 75 % también con un presidente socialista, Pedro Sánchez.

Señoría, al Partido Socialista ha tenido... en todo momento la importancia, como bien sabe, y acabo de explicar, de la conectividad accesible para todos y para todas en los territorios extrapeninsulares. El Partido Socialista ha apostado siempre por igualar a la gente de esta tierra con políticas que disminuyan el peso y las consecuencias de nuestra lejanía con el territorio continental, y lo ha hecho siempre, eso sí, por convencimiento, sin chantajes, sin mercadeo y sin compraventas de última hora que producen desajustes como los que hemos padecido en estos últimos días. No sabremos nunca si se trató de un error en la redacción de la enmienda presentada por el Partido..., bueno, por Nueva Canarias, Coalición Canaria y el Partido Popular, o por si el contrario, que lo cierto que es lo que pensamos, fue una jugada de Montoro, como tantas. Pero lo cierto es que el acuerdo adoptado para incrementar la bonificación no era operativo en sí mismo, y eso ha quedado constancia. A no ser, señoría, que ustedes, los portavoces que me han precedido en la palabra, sepan más que los abogados del Estado y que tengan infinitamente más conocimiento de lo que son los reglamentos que hemos aprobado que nos hemos dado entre todos.

Esta enmienda, esta enmienda de última hora que molesta, forzada una posterior intervención del Gobierno de España, y podemos estar de acuerdo -y en eso sí, de acuerdo o no- en el mecanismo para hacer efectiva la bonificación, pero no puede, no puede discutirse precisamente eso, que no estaba lista, que no estaba lista. Y por más que discrepemos en cómo resolver esta situación. Al final se ha hecho, y se ha hecho con celeridad, y quiero recordar, quiero recordar, que los presupuestos generales del Estado no entraron en vigor -porque creo que lo olvidaron-, no entró en vigor hasta el 5 de julio, y fue precisamente una semana después, en un acuerdo del Consejo de Ministros, cuando pudo aplicarse la bonificación y darle una medida transitoria, porque también debo recordar -y que les quede presente- que ni siquiera había partida presupuestaria para aplicarla. Pero, eso sí, señor Román, seguramente, y señora María Australia, ustedes saben más que el propio Gobierno y que los abogados del Estado, de eso no tengo yo ninguna duda.

Sí, señoría, se ha hecho como, repito, aunque molesta, con celeridad, o al menos con una rapidez muchísimo mayor de la que estamos acostumbrados.

Y es que no se puede -esto es importante-, no se puede hablar de celeridad si nos referimos, señoría, a los 30 millones de euros que se incorporaron en los presupuestos generales del Estado del 2017, señor Casimiro. No, esto sí que es celeridad. No podríamos hablar de celeridad de esos 30 millones de euros que se incorporaron en las enmiendas en los presupuestos generales del Estado del 2017, que es la partida del Ministerio de Agricultura; algunos, algunas de esas partidas vinculadas a obras hidráulicas, presentada por los grupos que apoyaron al Partido Popular, por Coalición Canaria y por Nueva Canarias. Bien, en ese afán, ¿no?, de apoyo a la derecha. En su mayoría, para que lo sepamos, no se han ejecutado estas inversiones, y el consejero de Agricultura, que llevaba durante casi un poquito más de tres años callado, ahora se ha acordado y le ha venido la prisa, la preocupación y su capacidad y necesidad de gestión e inversión en esta materia.

Tampoco se ha visto celeridad de los 10 millones para luchar -eso sí no interesa mucho en esta Cámara, algunos por lo menos-, para luchar contra la pobreza y para ampliar ese plan concertado, después de constatar que tenemos casi el 50 % de la población en situación de riesgo de exclusión social. ¿Y sabe por qué le digo que no ha habido celeridad? Cuando la secretaría de Estado tardó cinco meses en firmar la resolución transfiriendo los recursos. Aquí hubo un silencio cómplice. No se puede hablar de celeridad cuando después la señora Valido, aparte de esos cinco meses de la secretaría de Estado, tardó otros cinco meses más para firmarlos con los ayuntamientos. Eso sí, no estábamos hablando de la bonificación del 75 %, estábamos hablando, señoría, de pobreza, de pobreza infantil; de que tenemos al 44,6 % de la población en esta tierra en riesgo de exclusión social. Eso no interesa porque no vende tantos titulares. Pero ni una palabra de la señora Oramas criticando el retraso de la Secretaría de Estado, ni una palabra criticando el retraso de la señora Valido, como les decía, en la firma con la Fecam.

A juicio, ahora precisamente, en julio -me acaba de aportar un dato un compañero-, a julio del 2018, de los 160 millones de los presupuestos de la Dirección General de Dependencia solo se han gastado 20 millones. Esta es de la celeridad de la que estamos hablando.

Lo mismo podemos decir de los 2 millones para luchar contra la violencia de género: cinco meses tardó también, nuevamente, la secretaría de Estado en sacar la resolución, y tres meses después el señor Barragán en firmar los convenios con los cabildos. Ni una sola palabra sobre estas dilaciones. Al final, señorías, quiero concluir con que yo creo que todo el mundo que nos está escuchando tiene una conclusión clara sobre lo que ha ocurrido y, desgraciadamente, es inevitable.

El Gobierno de Canarias, Coalición Canaria y algunos más no tienen prisa, en absoluto, en ejecutar los presupuestos y las políticas, y las políticas vitales para garantizar el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas de esta tierra, especialmente los más vulnerables. Las prisas les entran con un tema que entienden, que entienden de interés mediático; las prisas les entran, además, cuando se dan cuenta de que no se puede tratar de desgastar, de que pretenden, perdona, desgastar, a un Gobierno, a un Gobierno progresista, que no les gusta, nunca les gustó.

La señora PRESIDENTA: Señora Corujo, un minuto más, por favor.

La señora CORUJO BERRIEL: Y la propia moción de censura. Doble vara de medir, señoría. De un idilio -silencio cómplice con la derecha-, a su malestar por un Gobierno progresista que tiene, y que pone el acento en las personas. Y mienten, mienten y engañan, porque mentir y engañar también es ocultar la verdad, y ustedes ocultan que la chapuza de enmienda negociada con el Partido Popular no permitía la entrada en vigor de la nueva bonificación con carácter inmediato.

Y les entiendo. Entiendo a algunos por qué están preocupados: las encuestas, las encuestas les sitúan mal, mal; hay un amargo panorama. Se acaba un ciclo. Se acaba un ciclo y comienza otro. Y ven, además, cómo ese partido aliado preferente se desploma día a día, haciendo imposible su...

La señora PRESIDENTA: Se acabó, he dado un minuto a todo el mundo igual. He dado un minuto a todos por igual, señora Corujo, para ser ecuánimes con todos.

Tiempo ahora, turno ahora, señorías para el Grupo Nacionalista.

Señorías, señorías, por favor. Señorías. Señorías, ¿quieren...? No me hagan hablar por nombres y apellidos a diputados y diputadas, señorías, está el portavoz nacionalista esperando. Gracias.

El señor RUANO LEÓN: Señora presidenta, señorías, buenos días.

Sinceramente, no esperaba la intervención de la portavoz socialista, no creía que, una vez suscrito el informe que conjuntamente hemos suscrito, pudiera tener una intervención del tenor que ha tenido, porque aquí se ha preguntado, se está hablando del elefante, y usted nos ha venido a hablar de la hormiga (risas en la sala). (Aplausos).

Es lo que se hace cuando no se quiere hablar de lo que hay que hablar. Porque la pregunta versa sobre otro asunto y, dado que ustedes cofirmaron el informe que hoy vamos -previsiblemente- a aprobar, lo razonable es que hubieran adaptado la intervención a ese texto. En fin, con independencia de las discrepancias que, desde el punto de vista de la intervención de esta mañana, pudieran tener, en este caso, con el Grupo Parlamentario Popular en relación al modo en que se gobierna o no se gobierna España.

Nosotros intentaremos referirnos realmente al fondo del asunto, y el fondo del asunto no tiene nada que ver con, por lo menos, la mitad de su intervención.

Mire, y por otra parte, yo no tengo ningún complejo en discutir con ningún abogado del Estado, ¿sabe? Ninguno. Ningún complejo. Como canario, cuando voy a Madrid, como canario, defiendo los intereses de Canarias con toda la vehemencia con quienquiera que se siente frente a mí. Muy recientemente tuve muchísimas conversaciones con el secretario general del Ministerio de Presidencia y para las Administraciones Territoriales -que era, por cierto, un abogado del Estado-, con el cual pudimos llegar, después de muchas discusiones, a muchos acuerdos y a algunos desacuerdos, en relación con nuestro estatus normativo que va a definir nuestro futuro, cuál es la propuesta de Estatuto de Autonomía que la próxima semana conocerá la Comisión Constitucional del Congreso.

Por tanto, señora Corujo, no se obnubile usted con la posesión de los abogados del Estado, haga usted de socialista canario, haga usted que sea cierto eso de PSC, aunque a veces predomine más, pues, el dominio de esa estructura de Estado que, de alguna manera, siempre condiciona mucho el papel de los partidos estatales con presencia en Canarias.

Dicho esto, dicho esto, yo quiero acordar, tenemos un texto que hemos cofirmado, usted ha puesto la firma voluntariamente -aunque el registro ya estaba cerrado se pudo arreglar-, la ha puesto, la firma, voluntariamente en un texto que hemos cofirmado los seis grupos. ¿Por qué?, porque, mire, estamos ejerciendo, como decíamos ayer en la junta de portavoces una de las -y dijo antes el portavoz de Nueva Canarias-, una de las funciones más importantes que corresponde a este Parlamento. ¿Cuál es? La que tenemos amparada en la disposición adicional tercera de la Constitución. Para nuestra desgracia, la disposición adicional tercera no es suficiente desde el punto de vista de la garantía material de nuestro Régimen Económico y Fiscal, pero desde luego es una garantía formal que ha servido muchas veces para que cosas como las que se pretenden volver a hacer hayan sido imposibles de ejecutar gracias a los recursos planteados por este Parlamento, primero a la ley del año 1996, que pretendió establecer lo que entonces se denominaba "título de transporte con derecho a subvención", o a la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013, en lo que entonces se denominó, por primera vez, "tarifa bonificable", que es el contenido, que es el término que introduce nuevamente el Gobierno socialista en el proyecto de decreto que nos ha enviado el pasado... la pasada semana, sobre el cual estamos informando, y en el día de ayer tarde cuando hace remisión, a su vez, a la nueva regulación de la disposición adicional decimotercera de la Ley de Presupuestos Generales de 2013, que se modificó en la Ley de Presupuestos Generales de 2017. Consecuentemente, seamos coherentes con esa posición.

El Parlamento de Canarias ha ejercido su derecho a interponer recursos de inconstitucionalidad cuando no se nos ha pedido el informe, ahora que se nos pide el informe defendamos el tema sustantivo, pongámonos de acuerdo en eso, no hagamos de corifeo de actitudes que seguro que ustedes tampoco comparten, tampoco comparten como socialistas canarios, de abogados del Estado y otra estructura de Estado a la que se... por definición hacemos el rendibú o nos inclinamos frente a pretensiones que son absolutamente rechazables, y este es el tema que estamos tratando hoy; hemos venido a hablar del elefante no de la hormiga.

Por tanto, intentemos incluso... escuchaba a doña Noemí antes en su intervención, cuando hablaba de otros temas que son materia para discutir, compartimos cómo... qué podemos hacer con establecer precios máximos, a ver si es viable eso en un marco de obligaciones de servicio público, cuando el mercado está funcionando en competencia, porque necesitamos la autorización de Bruselas para eso, lo sabe. Tenemos algunas cuestiones difíciles, de difícil resolución, como es la que hoy acoge al grupo denominado Canarios Sin Alas, que se refiere a canarios que residen fuera y que tienen muchísimas dificultades porque no son residentes de acuerdo con la normativa de régimen local y, por tanto, eso tiene una problemática complicada, no imposible de resolver pero complicada.

Pero lo que le quiero decir es que no hablamos de eso tampoco ahora, porque tenemos que centrarnos en este momento en hacer piña, de verdad, hacer piña, porque en este momento, en este momento, hay otra intención, que además se constata, no ya con el texto que estamos informando sino con el nuevo texto remitido, otra intención de limitar, de que seamos nosotros los que paguemos la colusión de intereses de las empresas operadoras aéreas en la subida de precios, y eso no se nos puede imputar a los residentes canarios. Esta es la cuestión; se pretendió hacer con la regulación del 96, se pretendió hacer con la regulación de 2013 y se pretende hacer ahora con la regulación que, por otra parte, no solo, no solo -decimos en el informe- es contrario a lo que ya dijimos en los sucesivos informes que hemos emitido y en los recursos de inconstitucionalidad que planteamos en su momento sino también es contrario a la propia Ley de Presupuestos de este año, con lo cual es ilegal, es ilegal. Tuvimos ocasión de pronunciarnos en este Parlamento a una proposición no de ley que presentó Nueva Canarias y votamos de forma unánime, en la cual hicimos un pronunciamiento expreso sobre que no compartíamos y rechazábamos enteramente el término "bonificable". Lo hicimos. Por tanto, seamos consecuentes con eso y no admitamos un cambio respecto a la regulación que establece la Ley de Presupuestos de este año y que, por sí, por ser norma posterior deroga a la norma del año pasado; simplemente, aunque no haya una derogación expresa, está cambiando la regulación del pasado año. Por tanto, atengámonos a la Ley de Presupuestos de 2018, que tiene la regulación que nosotros pretendimos, defendamos esa regulación.

En cuanto al tema del informe, del desarrollo o de si estaba mal o no redactada la enmienda, como usted ha señalado, señora Corujo, ni siquiera es el debate, porque, si usted pensaba eso, no tenía que haber firmado la propuesta de informe en donde la segunda parte de la propuesta de informe se refiere a que la ley permite, con un acto ejecutivo del Gobierno, proceder, como se ha procedido el pasado viernes, a aprobar un acuerdo. Por tanto, nosotros entendemos que no es necesaria la norma regulatoria, y si se va hacer una norma regulatoria lo que no pueden cambiar son las previsiones de la ley, porque el principio de legalidad obliga, de acuerdo con el artículo 97, al Gobierno de España a cumplir la legalidad, y la ley es producto, obviamente, de las Cortes Generales. El Gobierno tiene que respetar la legalidad.

Este es el contexto, señorías, y este es el pronunciamiento, no nos desviemos ahora, no desviemos la atención; el Gobierno del Partido Popular, cuando estaba, cumplió sus compromisos y nosotros a quien ha cumplido, reconocemos que ha cumplido; ahora pedimos al Gobierno de España, aunque haya situado su política territorial en otras partes, en otras partes, a que no se confunda la lealtad que hemos mantenido de forma sistemática con todos los que han gobernado España con nuestro compromiso de que lo que hemos acordado se cumpla, está en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018 y deben cumplir enteramente las previsiones respecto de ese convenio, de ese acuerdo y respecto de todos los convenios que están por desarrollarse. Este es el contexto.

Los acuerdos forman parte de nuestro trabajo, el trabajo que hacemos en Madrid, no digo yo ni me lo apropio que sea solo de Coalición Canaria-PNC o de Nueva Canarias, no es así, no es así, hay concurso natural en cuando gobernaba España el Partido Popular...

La señora PRESIDENTA: Un minuto más, señor Ruano.

El señor RUANO LEÓN: ...cuando ha gobernado el Partido Socialista también, por remontarnos a la cita de Zapatero que usted hizo y por decirle que no fue, no fue Felipe González quien subió el 33 %, porque eso está, lo dice la sentencia del 164, el 33 % está desde el año 1962; si quiere le transcribo, lo leo, pero tengo 40 segundos ahora: Sentencia 164/2014, en el Decreto-Ley 22/1962, de 14 de junio, sobre subvenciones a las líneas de Canarias, Ifni y Sáhara español, que entonces establecía un límite de 33 %, sentencia del Tribunal Constitucional.

Señorías, señorías, en conclusión, mantengamos la unidad de acción de este Parlamento frente a la pretensión del Gobierno de España, cualquiera que sea su signo, y en este momento les toca a ustedes, para defender nuestros intereses.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Una vez concluidas todas las intervenciones, vamos a votar.

(La señora presidenta hace sonar el timbre de llamada a votación). (Pausa).

Señorías, les significo que en relación al escrito de rectificación que han presentado los grupos el día 17 de julio, con registro de entrada 6847, los servicios adaptarán el título en relación a una omisión que se ha hecho del nombre completo del real decreto al que ha lugar. ¿De acuerdo? (Asentimiento).

Por tanto, comenzamos la votación, señorías. (Pausa).

Señorías, 56 votos emitidos: 56 sí, ningún no, ninguna abstención.

Aprobada por unanimidad el informe en relación al real decreto sobre bonificación al transporte de pasajeros. Por unanimidad de todos los presentes.

Señorías, se levanta la sesión.

(Se levanta la sesión a las doce horas y treinta y seis minutos).